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Proceso: ordinario laboral demandante: maria fanny silvestre pinto demandado: benjamin castillo erazo


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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL NEIVA

SALA CIVIL FAMILIA LABORAL
M.P. EDGAR ROBLES RAMÍREZ

PROCESO: ORDINARIO LABORAL

DEMANDANTE: MARIA FANNY SILVESTRE PINTO

DEMANDADO: BENJAMIN CASTILLO ERAZO

RADICACIÓN: 41001-31-05-001-2007-00420-01

ASUNTO: APELACIÓN SENTENCIA

PROCEDENCIA: JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE NEIVA

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO
NEIVA, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ (2010)
En Neiva, siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.), de hoy miércoles veintiocho (28) de abril de dos mil diez (2010), hora y fecha señaladas para llevar a cabo la presente audiencia dentro del proceso de la referencia, los suscritos Magistrados constituidos en Sala de Decisión, y en asocio de secretario designado Ad hoc para esta diligencia, se apresta a proferir la siguiente providencia:
Aprobado por unanimidad el proyecto presentado, se procede a proferir el siguiente FALLO:
ASUNTO
Resuelve la Sala Quinta de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal del Distrito Judicial de Neiva, el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia pronunciada en audiencia de juzgamiento celebrada el 04 de noviembre de 2009 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva – Huila en el presente Proceso.


  1. ANTECEDENTES




    1. DEMANDA

Por intermedio de su apoderado judicial solicita la actora, MARIA FANNY SILVESTR PINTO, las siguientes pretensiones:




  • La existencia de un contrato de trabajo verbal a término indefinido desde el 1° de enero de 1993 al 04 de abril de 2007, el cual termino de manera unilateral sin justa causa por la parte demandada.




  • Que como consecuencia de la anterior se condene al pago las prestaciones e indemnización debidas por despido injusto de la demandante, sumas estas debidamente indexadas.



  • Igualmente se condene al demandado al pago de las costas procesales.




    1. HECHOS

La demandante MARIA FANNY SILVESTRE PINO prestó sus servicios personales a BENJAMIN CASTILLO ERAZO en el establecimiento de comercio BANQUETES CASTILLO de la ciudad de Neiva, en el periodo comprendido entre el 1° de enero de 1993 hasta el 4 de abril de 2007.


El día 27 de febrero de 2003, por iniciativa del demandado, se llevo a cabo una audiencia de conciliación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Territorial del Huila, con el fin de que el patrón le cancelara los 10 primeros años de servicios prestados por la demandante, pero continúo laborando ininterrumpidamente hasta el 4 de abril de 2007, fecha en la cual el patrono termino unilateralmente y sin justa causa el contrato de trabajo. Señala igualmente que durante el periodo en que presto sus servicios trabajaba tiempo suplementario sin que el patrono cancelara lo correspondiente al mismo.
Por último señala que el demandado no le cancelaba lo correspondiente a las vacaciones, auxilio de transporte, dominicales, ni festivos, auxilio de cesantías e intereses a las mismas y que a la terminación del contrato de trabajo no le canceló las prestaciones debidas, ni la indemnización por despido injusto.


    1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDADA

El demandado se opuso a todas las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de prescripción de la acción, cobro de lo no debido y pago; en cuanto a los hechos acepto como ciertos el primero, quinto y trece, y los demás los negó aduciendo haber cancelado a la demandante las prestaciones sociales debidas.




    1. LA SENTENCIA

En audiencia pública celebrada el pasado 4 de noviembre del 2009, el Juez de Primera Instancia declaró la existencia de dos contratos verbales de duración indefinida, el primero que inició el 1° de enero de 1993 y finalizó, por mutuo acuerdo elevado en acta de conciliación ante el Ministerio de Protección Social el 31 de diciembre de 2002; y el segundo desde el 1° de enero de 2003 hasta el 4 de abril de 2007, el cual concluyó de manera unilateral y con justa causa por parte del empleador; declaró cosa juzgada respecto de los derechos laborales surgidos del primer contrato de trabajo que se ajusto entre las partes del proceso, con base en el acuerdo conciliatorio ya referido y condenó al pago de las prestaciones laborales debidas respecto del segundo contrato comprendido dentro del periodo ya señalado y a pagar a la demandante en el Fondo que ella elija o seleccione los aportes para pensión por el periodo de labores comprendido entre el mes de noviembre de 2004 al 4 de abril de 2007; absolvió al demandado de la sanción moratoria e indemnización por despido injusto; declaró no probada la excepción de pago y cobro de lo no debido y demostrada la de prescripción de todos los derechos laborales generados a favor de la demandante por el segundo contrato de trabajo, por el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2003 al 13 de noviembre de 2004; por último condenó en costas, en un 70%, a la parte demandada.


Consideró el a quo que en realidad existían dos contratos de trabajo uno iniciado el 1° de enero de 1993 y que se finiquitó el 31 de diciembre de 2002, mediante conciliación ante el Ministerio de Protección Social, contrato respecto del cual por los efectos del acto conciliatorio consideró la existencia de cosa juzgada. El segundo contrato se ejecutó a partir del 1° de enero de 2003 y hasta el 4 de abril de 2007, el cual terminó por decisión unilateral y con justa causa, teniendo en cuenta que la demandante fue sorprendida por el patrono realizando la conducta inmoral de vender un traje puesto bajo su custodia, lo cual es constitutivo de justa causa para despedir de conformidad con el artículo 7° del decreto 2361 de 1965, razón por la cual denegó la indemnización correspondiente.
Respecto del pago del trabajo suplementario demandado consideró el a quo que no por no existir claridad sobre el tiempo en que se realizó el mismo y cuya remuneración no se verificó, la pretensión debía ser denegada. En el mismo sentido denegó el auxilio del transporte por cuanto no se demostró cual era el valor del salario que devengaba la demandante, y porque a juzgar por las pruebas documentales obrantes dentro del expediente las sumas canceladas a la trabajadora superaba en exceso el salario mínimo, razón por la cual imputó el juzgado tales pagos al auxilio de transporte.
En cuanto a las demás prestaciones, concernientes al segundo contrato de trabajo, acogió las pretensiones de la demanda al considerar que los recibos de pago aportados por la parte demandada, obrante de los folios 25 al 30, no distinguen lo sufragado a cuenta de las prestaciones sociales.
En lo atinente a la sanción moratoria exoneró a la parte demandada por considerar que había actuado de buena fe, al suscribir con la actora un contrato de prestación de servicios independiente, el cual obra dentro del plenario a folio 46.


    1. EL RECURSO

En oportunidad el apoderado de la señora MARIA FANNY SILVESTRA PINTO, interpuso el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia solicitando su revocatoria y en su lugar el acogimiento de las pretensiones de la demanda; en el escrito de apelación lo fundamentó, manifestando su inconformidad, al considerar que no existieron dos contratos de trabajo sino uno solo el que se ejecutó de manera ininterrumpida desde el 1° de enero de 1993 hasta el 4 de abril de 2007.


Sostuvo que si bien es cierto que las partes del proceso llegaron a una conciliación respecto al periodo comprendido entre el 1° de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 2002, el demandado no canceló los salarios y prestaciones conciliadas en aquella oportunidad.
En lo referente al trabajo suplementario manifestó su inconformidad afirmando que se encuentra probada mediante testimonios que efectivamente la demandante cumplía una jornada laboral superior a la establecida legalmente y que sin embargo el juez de primera instancia no reconoció esta prestación.
Sostuvo el recurrente que el juez de primera instancia incurrió en error en cuanto a la valoración de la prueba documental, al darle crédito a una anotaciones ilegibles, repisadas y sin ningún consecutivo, lo que se tradujo en la imputación que hizo el juzgado de los pagos que superaban el salario mínimo, al auxilio de transporte.


  1. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Motiva la competencia funcional de la Sala, la apelación planteada por el apoderado judicial de la demandante, contra la decisión adoptada en sentencia del 04 de noviembre de 2009 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva.




    1. PROBLEMA JURÍDICO

Son varios los problemas jurídicos que aborda en esta oportunidad la Sala, el primero consiste en determinar si existió un solo contrato de trabajo que se desarrolló del 1° de enero de 1993 al 4 de abril de 2007, o fueron dos los contratos que ligaron a las partes en litigio, el primero comprendido entre el periodo del 1° de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2002 y el segundo desde el 1° enero de 2003 hasta el 4 de abril de 2007.


El segundo problema jurídico consiste en establecer si al trabajador se le cancelaban sus prestaciones sociales durante la ejecución del contrato de trabajo; si la terminación del mismo se produjo por decisión unilateral y sin justa causa del patrono, habiéndole cancelado a la fulminación del contrato los salarios y prestaciones debidas.


      1. MARCO NORMATIVO DEL PRIMER PROBLEMA JURIDICO

Decisión 584 del 7 de mayo de 2004 del Consejo Andino de Relaciones Exteriores, de la Comunidad Andina de Naciones.




      1. RESPUESTA AL PRIMER PROBLEMA JURÍDICO

Del examen del expediente se concluye con mediana claridad que durante el periodo en que la demandante MARIA FANNY SILVESTRE PINTO, prestó sus servicios de carácter personal al demandado BENJAMIN CASTILLO ERAZO, se ejecutaron dos contratos de trabajo el primero de carácter verbal e indefinido, tuvo su inicio el 1° de enero de 1993 y que concluyó el 31 de diciembre de 2002, por mutuo acuerdo según acta de conciliación N° 225 del 27 de febrero de 20031, acta mediante la cual se conciliaron los derechos laborales discutidos entre las partes en el referido periodo por reclamación provocada por la demandante asistida por su respectivo apoderado, obligándose el demandado a cancelar la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000) en diez (10) cuotas mensuales de quinientos mil pesos ($500.000), conciliación que se presume válida, al no haberse probado, ni alegado, dentro del proceso que verso sobre derechos ciertos e indiscutibles en consecuencia, al no haberse vulnerado el mínimo de derechos y garantías consagradas a favor de la trabajadora y la irrenunciabilidad que ampara los derechos de la misma, la conciliación realizada produce efectos de cosa juzgada al tenor del artículo 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, como quedo modificado por el decreto 1818 de 1998, artículo 54.2


El segundo comprendido entre el periodo del 1° de enero de 2003 hasta el 4 de abril de 2007, y sobre el cual se firmó un contrato de prestación de servicios que a la postre y según la prueba testimonial se trató de un contrato de trabajo.


    1. SEGUNDO PROBLEMA JURÍDICO

El segundo problema jurídico consiste en establecer si al trabajador se le cancelaban sus prestaciones sociales durante la ejecución del contrato de trabajo; si la terminación del mismo se produjo por decisión unilateral y sin justa causa del patrono, habiéndole cancelado a la fulminación del contrato los salarios y prestaciones debidas.




      1. MARCO NORMATIVO DEL SEGUNDO PROBLEMA JURÍDICO

Artículo 62 del C.S.T. modificado por el Decreto 2351 de 1965 artículo 7, artículo 65 C.S.T. modificado por la Ley 789 de 2002 artículo 29, artículo 177 del C.P.C., artículo 197 del C.P.C., modificado por el decreto 2282 de 1989 artículo 01 numeral 84 y artículo 7 del Decreto 2351 de 1965.




      1. RESPUESTA AL SEGUNDO PROBLEMA JURÍDICO

Sobre el particular la Sala encuentra la decisión de primer grado acertada en razón de que el demandante no cumplió con la carga de probar fehacientemente que en la ejecución del segundo contrato canceló las prestaciones sociales debidas al trabajador, pues de la prueba documental por ella aducida3 no se puede deducir de manera clara que los pagos a los que allí se refiere correspondan a prestaciones sociales de las demandadas, pues lo único que se ha establecido respecto de las mismas es que hacen referencia al pago de salarios.


Establece el artículo 177 del C.P.C, sobre la carga de la prueba, la que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ello persiguen. Al respecto, ha señalado la Jurisprudencia que
Conviene decir, que de antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado.
(...)
Así las cosas, como bien lo determinó el Juez de apelaciones, conforme a lo previsto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al asunto por integración analogía del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, era al accionante a quien le correspondía probar la fecha en que inició y culminó sus labores, lo cual no logró cumplir como lo dedujo la alzada del caudal probatorio recogido, que como atrás se dijo, no es dable revisar en la esfera casacional por virtud de que el ataque se orientó por la senda del puro derecho.”4
Por lo anterior no incurrió el a quo en error facti injudicando pues al momento de apreciar la prueba le dio el alcance y contenido que esta misma Sala le asigna, por tanto al no encontrarse probado el pago de las prestaciones, las pretensiones de la demanda en lo concerniente a este aspecto estarían destinadas a prosperar salvo la concerniente al trabajo suplementario, cuya justificación se realizara posteriormente, pero aclarando que solamente respecto al segundo contrato de trabajo, esto es en el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2003 y el 4 de abril de 2007, razón por la cual se confirmará la sentencia en este especifico aspecto.
En lo atinente a la indemnización por despido injusto, esta se negará, confirmando lo decidido sobre el particular por el Juez de primera instancia, teniendo en cuenta que se ha acreditado que el despido de la actora, acaeció por una conducta inmoral de la trabajadora, consistente en vender un traje puesto bajo su custodia; conducta que al tenor del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965 ordinal quinto, señala como justa causa para despedir.
La Jurisprudencia ha sido enfática en señalar que el empleador debe indicar los hechos completos en que funda la causa para despedir. En sentencia C-594 de 1997, señaló:
8- La Corte considera que para poder determinar si el cargo del actor es válido, es necesario comenzar por precisar el alcance de la obligación que impone la norma demandada, la cual ordena a aquel que termine unilateralmente un contrato de trabajo señalar a la otra parte, “en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación”, ya que “posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos”. El actor entiende que la norma simplemente obliga a la parte que da por terminado el contrato a señalar en abstracto una causa legal de terminación del contrato. Sin embargo la Corte no comparte esa interpretación, pues esta disposición debe ser interpretada conforme al principio de buena fe (CP art. 83) y de acuerdo a su propia finalidad, que es precisamente permitir que la parte conozca con precisión cuáles son las razones por las cuales la otra parte ha decidido unilateralmente dar por terminado el contrato, invocando una justa causa. En ese orden de ideas, se entiende que cuando ese parágrafo señala que la parte debe indicar la causal o motivo que fundamenta la decisión de terminar unilateralmente el contrato, no basta con invocar genéricamente una de las causales previstas por la ley laboral para tal efecto sino que es necesario precisar los hechos específicos que sustentan la determinación, ya que el sentido de la norma es permitir que la otra parte conozca las razones de la finalización unilateral de la relación de trabajo. Así lo ha entendido la doctrina y la propia jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, con criterios que la Corte Constitucional comparte plenamente. En efecto, según esa Corporación, esa norma obliga a expresar “la causa o motivo de la ruptura, a fin de que la parte que termina unilateralmente el contrato no pueda sorprender posteriormente a la otra alegando motivos extraños que no adujo”5. Por ello esa misma Corporación ha considerado que para que se entienda cumplida esa obligación “lo que importa es que la parte afectada se entere del hecho justificante”6, por lo cual ha precisado al respecto:
Conforme al parágrafo del mismo artículo, la parte que hace cesar el contrato debe expresar en el momento de la terminación del mismo cuáles son los motivos concretos y exactos que tiene para tomar esa determinación, sin que posteriormente pueda invocar razones o causas distintas.
Si fuera permisible en la carta de despido se enumeran las causales genéricas que traen el código o una determinada disposición para dar por fenecido justamente el contrato de trabajo, tendría la parte que despidió tanta amplitud para hacer encajar dentro de esas causales y ya en el juicio, cualquier comportamiento, actitud o manifestación de la parte afectada, que podría equivaler a justificar el despido con posterioridad a su realización, lo cual es a todas luces inadmisible (subrayas no originales)7.
Conforme a lo anterior, el cargo del actor no es admisible, pues se basa en una inadecuada interpretación del alcance de la disposición acusada, la cual obliga a la parte que da por terminado unilateralmente el contrato a precisar los hechos concretos y específicos que, según su criterio, constituyen una justa causa para tal terminación, ya que no podrá posteriormente alegar nuevos hechos. La norma pues exige que la parte justifique fácticamente la decisión de dar por finalizado unilateralmente el contrato. En tal entendido, la Corte concluye que el parágrafo demandado, lejos de desconocer la Carta, es un desarrollo del principio de buena fe en el ámbito de las relaciones laborales, pues permite precisamente a la otra parte conocer esos hechos justificantes, a fin de poder defenderse adecuadamente.”8
De acuerdo a la Jurisprudencia y a lo normado en el parágrafo del artículo 62 del C.S.T., el patrono en el momento de fulminar el contrato de trabajo, señaló concretamente los motivos exactos por los cuales lo terminaba unilateralmente, tal como quedó establecido en la prueba testimonial específicamente el de la señor MARIBEL ROMERO RAMÍREZ (folios 80 y 81), quien al preguntársele sobre el motivo del despido señaló que fue por la venta de un traje de los que tenia el patrono para alquilar y que se la había confiado a la trabajadora, afirmando categóricamente que don BENJAMÍN (patrono), se enteró y la despidió. Lo anterior se encuentra corroborado por los testimonios de las señoras SONIA CUENCA CADOZO (folios 74 y 75) y TERESA VALENCIA ORTIZ (folios 85 y 86).
Por lo anterior encuentra la Sala es acertada la decisión del Juez de Primera Instancia de considerar que el despido fue justo, ya que el empleador cumplió con el deber de indicar los hechos por los cuales daba por terminado la relación de trabajo, como lo exige la jurisprudencia.
En lo referente a la sanción moratoria, la Sala modificará la decisión adoptada por el a quo, la cual fundamentó aduciendo la buena fe en la suscripción de un contrato de prestación de servicios independientes entre la actora y el patrono.
El Código Sustantivo Del Trabajo en su artículo 65 modificado por la Ley 789 de 2002 artículo 29 establece que el empleador deberá cancelar al término del contrato de trabajo todos los salarios prestaciones e indemnizaciones, so pena de tener que indemnizar al trabajador con una suma igual al último salario diario por cada día de retardo y hasta por 24 meses, siempre y cuando no haya actuado de mala fe.
En efecto La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral ha señalado respecto de la indemnización contenida en el artículo 65 del C.S.T. que:
La jurisprudencia laboral ha venido sosteniendo desde el extinguido Tribunal Supremo de Trabajo, que el artículo 65 de Código Sustantivo de Trabajo, en cuanto consagre a favor del trabajador una indemnización por la mora del empleador en el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales debidos a la terminación del contrato de trabajo, no es de aplicación automática, pues es necesario examinar las razones atendibles que presenta el empleador para justificar la mora, y que puedan reflejar su conducta antes de y en el proceso, configurativo de buena fe”

(…)

Si obró de buena fe,… queda exonerado de la sanción que prevé el artículo 65 de Código Sustantivo de Trabajo. Si no esa buena fe o no la pudo acreditar el empleador, se reconoce al trabajador la indemnización respectiva. De todos modos, es necesario que el fallador de instancia examine la conducta del empleador para pronunciarse sobre el reconocimiento de la indemnización”9


La imposición de la sanción moratoria no es automática, se requiere la prueba de la mala fe del patrono, la cual se encuentra demostrada por la confesión realizada por la parte pasiva en la contestación de la demanda, al aceptar sin reparo alguno la existencia del contrato de trabajo, en los hechos dos, tres, cuatro, sexto, séptimo, octavo, noveno, decimo, once y doce, corrobora lo anterior el hecho de que el patrono hubiese afiliado a la trabajadora a la E.P.S. Humana Vivir y posteriormente a Salud Colombia, así como también a la Caja de Compensación Familiar (hecho quinto de la contestación de la demanda). No albergaba duda el patrono respecto de la naturaleza jurídica de la relación que ataba a demandante y demandado, así lo confesó igualmente al absolver el interrogatorio de parte que obra a los folios 40 a 42, por tanto tenia conocimiento de su deber de cancelar las prestaciones sociales debidas al trabajador.
Al tenor del artículo 197 del C.P.C., modificado por el decreto 2282 de 1989 artículo 01 numeral 84, que señala que “la confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se presume para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, y la audiencia de que trata el artículo 101”. Por otra parte el artículo 95 del mismo ordenamiento señala los requisitos que debe reunir la confesión, los cuales se encuentran acreditados en este proceso. Son ellos que el confesante tenga la capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado, que versen sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria, que recaiga sobre hechos sobre los cuales la ley no exija otro medio de prueba, que sea consiente y libre y que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga conocimiento.
En consecuencia, las razones que al respecto esgrimió el Juez a quo para exonerar de la sanción moratoria al demandando, no son de recibo por esta Sala, razón por la cual se revocará la decisión de primer grado en este punto, y se condenará al demandado a pagar la sanción moratoria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social, como quedó modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002.
Visto el artículo precitado, corresponderá cancelar al empleador una suma igual último salario diario por cada día de retardo, hasta por 24 meses o hasta cuando el pago se verifique y que si trascurridos los 24 meses este no ha cancelado a partir del mes 25 el empleador pagará al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación. Así las cosas, como el empleador no demostró hacer cancelado al demandante al momento de la terminación del contrato la totalidad de las prestaciones sociales, de le condenará a pagarle la cantidad diaria de $ 16.150; a partir del 05 de abril de 2007 y hasta el 04 de abril de 2009, por concepto de indemnización m moratoria. A partir del 05 de abril de 2009, y hasta cuando el pago total de estos conceptos se produzca, le cancelará intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación, conforme el artículo 65 C.S.T.
Sin más consideraciones, la Sala Quinta Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,


  1. RESUELVE


PRIMERO: MODIFICAR el numeral QUINTO de la sentencia recurrida, en lo que tiene que ver con la sanción moratoria, para en su lugar CONDENAR al demandado BENJAMÍN CASTILLO ERAZO, al pago de la sanción moratoria, en razón de $ 16.150 diarios; a partir del 05 de abril de 2007 y hasta el 04 de abril de 2009, por concepto de indemnización moratoria. A partir del 05 de abril de 2009, y hasta cuando el pago total de estos conceptos se produzca, le cancelará intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación, conforme el artículo 65 C.S.T. En lo demás este numeral quedará incólume.
SEGUNDO: CONFIRMAR los demás numerales de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva Huila, dentro del proceso de la referencia, por las razones expuestas en el presente proveído.
TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia por no aparecer causadas.
De lo aquí resuelto quedan las partes notificadas en la audiencia, de conformidad con el artículo 41 del Código Procesal Laboral y de la SS.
Agotado el objeto de la presente audiencia, se termina y firma en constancia como aparece, por los que en ella intervinieron.
EDGAR ROBLES RAMÍREZ

ÁLVARO FALLA ALVIRA ALBERTO MEDINA TOVAR


ALEJANDRO LIZCANO CÓRDOBA

Secretario Ad hoc

COP__TOMO__FOLIO__AUDIENCIAS DE JUZGAMIENTO – SENTENCIA LABORAL-




1 Folio 12

2 Confrontar artículo 13, 14 y 15 del Código Sustantivo del Trabajo; 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; Decreto 1818 de 1998, artículo 54.

3 Folios 25 al 30

4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 05 de agosto de 2009, Rad: 36549. M.P. Luis Javier Osorio López.

5 Ver Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, sentencia del 24 de mayo de 1960. M.P. Luis Fernando Paredes

6 Ver Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, sentencia del 25 de octubre de 1994. M.P. Francisco Escobar Enriquez.

7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de noviembre 12/86. M.P. Juan Hernández Saénz.

8 Corte Constitucional, Sentencia C-594 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero

9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 23 de abril de 1985. M.P. José Eduardo Gnecco Correa.



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