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Proceso No 31856 corte suprema de justicia


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Casación: 31856. Inadmisión

EDGARDO ALEXANDER DÍAZ


República de Colombia


Corte Suprema de Justicia


Proceso No 31856

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL


Magistrado Ponente:



JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

Aprobado acta N° 241

Bogotá D.C., cinco (5) de agosto de dos mil nueve (2009).

VISTOS


La Sala resuelve la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por el defensor de EDGARDO ALEXANDER DÍAZ contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, el 30 de enero de 2009, mediante la cual confirmó la dictada por el Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito con funciones de conocimiento de la misma ciudad, el 6 de octubre de 2008, y lo condenó a la pena principal de 60 años de prisión y a la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el plazo de 20 años, como autor de las conductas punibles de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y lesiones al feto.




HECHOS

El juzgador de segunda instancia los resumió de la siguiente manera:

La imputación fáctica aquí realizada consiste en que en horas de la mañana del primero de abril de la presente anualidad, en jurisdicción de la vereda Los Pomos del municipio de la Hormiga, Departamento del Putumayo, EMERSON IVÁN HERRERA RUALES y LUZ MARINA DÍAZ LÓPEZ, ambos profesores y afiliados a la organización sindical ASEP, mientras se movilizaban en una motocicleta fueron abordados por dos sujetos que se trasportaban en un vehículo similar; uno de ellos accionó un arma de fuego en contra de la humanidad de la pareja de profesores y posteriormente procedió a propinarles varias puñaladas con el propósito de culminar su tarea criminal.
La ciudadana DÍAZ LÓPEZ se encontraba en embarazo y su violenta muerte hizo que de igual forma se produjera el deceso de su feto, el cual tenía 7 meses de gestación”.


ACTUACIÓN PROCESAL
1. Por los anteriores hechos, el Fiscal 48 Especializado de Bogotá de la Unidad de Derechos Humanos, el 29 de abril de 2008, presentó escrito de acusación por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y lesiones al feto, razón por la cual la audiencia de formulación de la acusación se llevó a cabo el 16 de junio del mismo año.

2. Celebradas las audiencias preparatoria y del juicio oral y anunciado el sentido del fallo, el Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, el 6 de octubre de 2008, dictó fallo de primera instancia en la que condenó a Edgardo Alexander Díaz a la pena principal de 60 años de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el plazo de 20 años, como autor de las conductas punibles de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y lesiones al feto.


3. Apelado el fallo por la defensa técnica, el Tribunal Superior de Bogotá, el 30 de enero de 2009, lo confirmó en su integridad.
Contra la anterior decisión, el defensor del acusado interpuso recurso de casación.
L A D E M A N D A D E C A S A C I Ó N
La defensa técnica de Edgardo Alexander Díaz al amparo de las causales segunda y tercera de casación presenta tres cargos contra el fallo del Tribunal, cuyos argumentos se sintetizan de la siguiente manera:
Primer cargo
Bajo la nomenclatura de la causal segunda de casación, acusa que el Tribunal dictó sentencia en un juicio viciado de nulidad por violación del debido proceso.

Afirma que la violación del citado derecho fundamental se constituye en que a su defendido no se le permitió contar con el testimonio de Gloria Amparo Arias, en tanto que ésta fue objeto de varias amenazas con el fin de que no compareciera al juicio oral y público.


Agrega que la fiscalía no desplegó ninguna actividad investigativa tendiente a establecer la identidad de las personas que “estaban detrás de estos delitos, para eliminar los obstáculos que estaban dentro del proceso, para que se surtiera una confrontación de pruebas en igualdad de condiciones entre la defensa y el ente acusador”.
Después de reiterar lo anteriormente expuesto, insiste en que a su defendido se le vulneró dicho derecho fundamental.
Segundo cargo
Basado en la causal tercera de casación, acusa que el Tribunal incurrió en un “manifiesto desconocimiento de las reglas de apreciación de las pruebas sobre la cual se ha fundado la sentencia.
Acusa que denuncia un falso raciocinio, en la medida en que el juzgador tuvo que “desarrollar la lógica”, toda vez que una persona que está siendo acusada “de un crimen de esta naturaleza, insiste en ser inocente, lo que decanta la obligación de examinar cuidadosamente el proceso, para establecer que dicen las pruebas tanto de uno como del otro lado”, máxime cuando con ellas se establecería la verdad histórica.

Así mismo, dice que las máximas de la experiencia conduce a predicar que el juzgador debe de examinar, de manera cuidadosa, la unidad probatoria, entre otras cosas, verificar si la misma se produjo correctamente y si está exenta de vicios.


Asevera que el testimonio de Ricardo Alverio Cevallos Coquinche estaba viciado de ilegalidad, por cuanto “no era conductor de una verdad verdadera, ya había sido manipulado por alguien que tenía interés para que se acusara al señor Edgardo Alexander Díaz…”.
Manifiesta que el yerro es trascendente, toda vez que sobre su dicho se tomó la decisión de proferir una sentencia de carácter condenatorio.
De ahí que concluya que el juzgador debió rechazar o desestimar esa prueba.
Tercer cargo
Y, por último, acusa igualmente al juzgador de haber desconocido las reglas que regulan la producción de las pruebas sobre la cual se fundó el fallo de mérito.
Luego de insistir en lo anteriormente expuesto, cita como norma vulnerada el artículo 252 de la Ley 906 de 2004.
En el acápite que llamó “DEMOSTRACIÓN”, insiste en que la prueba sobre la cual se edificó el fallo de condena no cumplió con el rito que condiciona su validez, falencia que condujo a la violación del artículo 252 del Código de Procedimiento Penal.
Por lo expuesto, pide a la Corte casar la sentencia impugnada y, en consecuencia, dictar una de carácter absolutorio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. En el nuevo el sistema procesal, la casación se concibe como un medio de control constitucional y legal que procede contra las sentencias dictadas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos cuando afectan derechos o garantías procesales. Por lo mismo, ha de concluirse que este recurso, concebido como un control constitucional, es consecuencia natural de la función que ejerce la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación, según así lo prevé el artículo 235 de la Carta y, por ende, guardiana de los fines primordiales contemplados en el artículo 180 de la Ley 906 de 2004.
De acuerdo con lo que estatuye la citada Ley 906, para que la demanda sea admitida se requiere que el libelista, además de contar con interés, acredite la afectación de derechos o garantías fundamentales, para lo cual también deberá formular y desarrollar los correspondientes cargos y, por supuesto, demostrar la necesidad de intervención de la Corte para lograr algunos de los fines establecidos para la casación, según lo previsto en el artículo 180 de esa normatividad, es decir, la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios sufridos por éstos y la unificación de la jurisprudencia, propósitos que, como lo tiene dicho la jurisprudencia de la Corte, son los mismos del proceso penal, lo que explica que las causales de casación tengan un diseño dirigido a lograr esos fines.
Así, “el recurso extraordinario de casación no puede ser interpretado sólo desde, por y para las causales, sino también desde sus fines, con lo cual adquiere una axiología mayor vinculada con los propósitos del proceso penal y con el modelo de Estado en el que él se inscribe.
En otros términos, las causales determinan la forma en que procede denunciar la ilegalidad o inconstitucionalidad del fallo y de conducir el debate en sede extraordinaria, pero ellas no son un fin en sí mismo para la viabilidad del recurso, pues ésta debe determinarse por la manifiesta configuración de uno o varios de los motivos normativamente establecidos para lograr el desquiciamiento de la decisión impugnada.
Claro que por razón de ésto no puede llegar a entenderse que el recurso haya sido morigerado en extremo, al punto de quedar librado a la simple voluntad de las partes sin referencia a ningún parámetro legal, y que se convierta en una fórmula abierta para controvertir sin más las decisiones judiciales según el albedrío del casacionista, lo cual repugna a la noción de debido proceso constitucional, pues la admisibilidad al trámite y la prosperidad de la pretensión queda condicionada a la demostración del interés en el censor, la correcta selección de las causales, la coherencia de los cargos que a su amparo pretenda aducir, y la debida fundamentación fáctica y jurídica de éstos, además de la necesidad de acreditar cómo con su estudio se cumplirán uno o varios de los fines de la casación”.1
El recurso extraordinario no es un instrumento que permita continuar con el debate fáctico y jurídico llevado a cabo en el agotado proceso, por lo que no es procedente realizar toda clase de cuestionamientos a manera de instancia adicional a las ordinarias del trámite, sino que debe ser un escrito claro, lógico, coherente y sistemático en el que, al tenor de los motivos expresa y taxativamente señalados en la ley, se denuncian errores bien sea de juicio o de procedimiento en que haya podido incurrir el sentenciador, procediendo a demostrarlos dialécticamente y evidenciado su trascendencia, para de esa manera concluir que la sentencia no es acorde con el ordenamiento jurídico, cuya desvirtuación, se reitera, compete al libelista.
2. En el evento que ocupa la atención de la Sala, surge nítido que el censor no cumplió con los anteriores presupuestos, en tanto que no demostró la existencia del vicio y, menos, los conectó con los fines que informan la casación de acuerdo con el nuevo sistema consagrado en la Ley 906 de 2004.

En primer lugar, surge oportuno recordar que el recurso de casación fue estatuido para denunciar vicios de derecho o de actividad cometidos en la construcción de la sentencia o en el trámite judicial, según el caso. De ahí que le compete al casacionista que postule el yerro a través de las causales de casación contempladas para el efecto, demostrando cómo el mismo logra resquebrajar el fallo, al punto que se impone su casación, con el objeto de cumplir con los fines estatuidos en el artículo 180 de la Ley 906 de 2004.


Así las cosas, vale recalcar que la casación no es el escenario natural para increpar el grado de estimación probatoria sino para denunciar los anteriores vicios, en la medida en que se trata de una impugnación de carácter rogada, correspondiéndole al libelista la postulación del vicio y la demostración del mismo frente a las plurales conclusiones adoptadas en el fallo.
En lo que atañe al primer cargo que el actor postula bajo la supuesta violación del debido proceso por cuanto que la justicia no adoptó las medidas correspondientes tendientes a la comparecencia de la testigo Gloria Amparo Arias, situación que, en su criterio, acarreó que dentro del trámite no hubiese respeto al principio de igualdad entre la fiscalía y la defensa, lo dejó a mitad camino al no demostrar que la hipótesis planteada ocurrió en los términos indicados.
Como se anotó en precedencia, no basta con denunciar un vicio de derecho o de actividad, sino que al casacionista le corresponde enseñar a la Corte su existencia y trascendencia frente a las conclusiones adoptadas en el fallo. En el supuesto que ocupa la atención de la Corporación el libelista limita a informar que la deponente no concurrió a la audiencia del juicio oral y público por cuanto se hallaba amenazada y que los funcionarios judiciales no hicieron nada para ese efecto, sin dar las razones en que se funda su afirmación.
Ahora bien, la Corte advierte que sí la testigo no concurrió al acto público fue por razones atribuibles a ella y no a la justicia. Por ejemplo, el Tribunal examinó el punto, así:
Revisada la actuación, se aprecia que en dos oportunidades por solicitud de la defensa el Juez suspendió la audiencia de juicio oral precisamente para procurar la declaración de la mencionada señora, y se dirigió a las instancias necesarias para procurar las garantías que fuesen necesarias, a pesar de lo cual la testigo no se presentó. Luego es claro que la ausencia de este testimonio no corresponde a una circunstancia que pueda ser superable ni que implique la invalidación de la actuación por falta de diligencia para su práctica”.
Así las cosas, por carecer el cargo de los presupuestos de lógica y debida fundamentación, se impone su inadmisión.
En lo relativo al segundo cargo que el libelista postula por la vía de la causal tercera de casación por una presunta infracción indirecta de la ley derivada de un falso raciocinio, resulta fácil concluir que el actor desconoce los parámetros para demandar dicho vicio en sede de casación.
Al respecto vale nuevamente reiterar que cuando la censura se postula por la vía del error de hecho por falso raciocinio, el libelista debe enseñar a la Corte cuál fue el principio de la lógica, el postulado de la ciencia y/o la máxima de la experiencia quebrantada en el acto de apreciación, de qué manera lo fue y su incidencia con la parte dispositiva del fallo, acto en el cual se deben tener en cuenta los demás elementos de juicio en que se fundó el juicio de condena.
Y, por último, como quiera que dicho yerro se ve reflejado en la aplicación del derecho, también al casacionista le compete que señale a la Corte cómo el mentado vicio condujo a vulnerar la ley, en tanto se aplicó una norma que no gobernaba el asunto y/o se excluyó otra que sí resolvía los extremos de la relación jurídico procesal.
En consecuencia, el casacionista no cumplió con los anteriores parámetros, habida cuenta que la labor demostrativa la centró en informar que los medios de prueba en que se apoyó el juzgador para concluir en el juicio de responsabilidad de su representado, en especial el testimonio de Ricardo Albeiro Cevallos Coquinche se encuentra viciado de ilegalidad, en la medida en que, en su criterio, no fue el “conductor de una verdad verdadera, ya había sido manipulado por alguien…”.

De manera que la citada crítica que el demandante le hace al citado medio de prueba constituye una personal opinión frente a su mérito, carente de la debida demostración.


Por lo tanto, surge indispensable reiterar que la simple discrepancia de criterios no constituye yerro para ser atacado en casación, máxime cuando el juzgador goza de libertad para justipreciar los elementos de juicio sólo limitado por los postulados que informan la sana crítica, cuya trasgresión sí se puede recurrir a través del error de hecho por falso raciocinio, evidenciando la existencia del yerro y su incidencia con la parte dispositiva de la sentencia, evento que aquí no ocurrió.
En tales condiciones, se impone la inadmisión del cargo.
Y, respecto al tercer cargo que el casacionista postula por la vía de la nulidad por desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba, desconoce que dicha hipótesis se debe plantear a través de la casual tercera de casación.
Además, no dio razones de orden probatorio y jurídico tendientes a demostrar la violación de las normas que regulan el proceso de aducción y apreciación de la prueba.
Es decir, el cargo carece de la correspondiente fundamentación que lleve a la Sala a concluir en la existencia del vicio y su incidencia en el fallo recurrido.

Por último, advierte la Corte que la inconformidad del libelista se soporta en el grado de credibilidad que el sentenciador le dio a las probanzas en que se fundó la existencia del hecho y la responsabilidad del acusado, olvidando que el fallo llega precedido a esta sede de la doble presunción de acierto y legalidad, es decir, los hechos y las pruebas fueron correctamente apreciadas, y el derecho estrictamente aplicado, presunción que sólo se derrumba a través de la existencia de un vicio de derecho o de actividad, postulado bajo la correspondiente causal de casación y demostrando su trascendencia frente a la sentencia.


De manera que ante la falta de claridad y precisión en la formulación de los cargos, se impone la inadmisión de la demanda,
Resta señalar que no se observa que con ocasión del fallo impugnado o dentro de la actuación se violaron derechos o garantías del procesado Edgardo Alexander Díaz, como para que tal circunstancia imponga superar los defectos del libelo para decidir de fondo, según lo dispone el inciso 3° del artículo 184 de la Ley 906 de 2004.
Acotación final
En la medida en que contra la decisión de inadmitir la demanda de casación presentada a nombre de Edgardo Alexander Díaz procede el mecanismo de insistencia de conformidad con lo establecido en el artículo 186 de la Ley 906 de 2004, impera precisar que como dicha legislación no regula el trámite a seguir para que se aplique el referido instituto procesal, la Sala ha definido las reglas que habrán de seguirse para su aplicación,2 como sigue:
a) La insistencia es un mecanismo especial que sólo puede ser promovido por el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia por cuyo medio la Sala decida no seleccionar la demanda de casación, con el fin de provocar que ésta reconsidere lo decidido. También podrá ser provocado oficiosamente dentro del mismo término por alguno de los Delegados del Ministerio Público para la Casación Penal -siempre que el recurso no hubiera sido interpuesto por el Procurador Judicial-, el Magistrado disidente o el Magistrado que no haya participado en los debates o suscrito la providencia inadmisoria.
b) La solicitud de insistencia puede elevarse ante el Ministerio Público, a través de sus Delegados para la Casación Penal, o ante uno de los Magistrados que hayan salvado voto en cuanto a la decisión mayoritaria de inadmitir la demanda o ante uno de los Magistrados que no haya intervenido en la discusión.
c) Es potestativo del Magistrado disidente, del que no intervino en los debates o del Delegado del Ministerio Público ante quien se formula la insistencia, optar por someter el asunto a consideración de la Sala o no presentarlo para su revisión, evento último en que informará de ello al peticionario en un plazo de quince (15) días.
d) El auto a través del cual no se selecciona la demanda de casación trae como consecuencia la firmeza de la sentencia de segunda instancia contra la cual se formuló el recurso de casación, salvo que la insistencia prospere y conlleve a la admisión de la demanda.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

R E S U E L V E



INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor de Edgardo Alexander Díaz, por las razones expuestas en la anterior motivación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es viable la interposición del mecanismo de insistencia en los términos precisados atrás por la Sala.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.


JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS

AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER ZAPATA ORTIZ


TERESA RUÍZ NUÑEZ

Secretaria

1 Casación 24026 del 20 de octubre de 2005, casación 24610 del 12 de diciembre de 2005, entre otras.

2 Providencia del 12 de diciembre de 2005. Rad. 24322.



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