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Proceso No 29769 corte suprema de justicia


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República de Colombia


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Única de juzgamiento N° 29.769

IVÁN DÍAZ MATEUS

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Corte Suprema de Justicia

Proceso No 29769

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


SALA DE CASACION PENAL
Magistrado Ponente:

Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Aprobado Acta No. 76.


Bogotá, D. C., doce de marzo de dos mil nueve.
VISTOS
Resuelve la Corte los recursos de reposición interpuestos, en su orden, por el procesado IVÁN DÍAZ MATEUS contra la negativa de acceder a declarar la nulidad de la actuación, y por su defensor quien impugna la denegatoria de la práctica de algunas de las pruebas que solicitó en el término de traslado establecido en el Art. 400 del C. de P. Penal. En ese mismo orden, se apresta la Sala a decidir lo pertinente.
Sustentación de la impugnación por el procesado

Desde el momento inicial de sus descargos -aduce el procesado a manera de introito de la sustentación del recurso- puso de presente la incompetencia de la Corporación para conocer de esta actuación, “como quiera que la interpretación correcta de lo establecido por los artículos 134, 186, 235 y 261 de la Constitución vigente obliga a inferir, sin resquicio de duda, que no estamos ante un caso en el que persista la competencia de esta alta Corte en razón del fuero de Congresista, sino ante un caso común, que se rige por las reglas generales de competencia establecidas en el código de procedimiento penal y cuyo conocimiento, por tanto, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los despachos judiciales a los que por razones territoriales y funcionales les ha sido asignada esa competencia en las dos instancias establecidas.

En ese orden de ideas -agrega-, el recurso de reposición que interpuso contra el auto que niega la solicitud de declaratoria de nulidad de todo lo actuado en el proceso, desde el auto de apertura de investigación, inclusive, tiene por sustento la violación del debido proceso por el desconocimiento de la garantía del juez natural.

Para demostrar su aserto, el doctor DÍAZ MATEUS dice acudir a “cinco tipos diferenciados de fundamentos jurídicos”, los cuatro primeros coincidentes con los métodos tradicionales de interpretación del derecho -gramatical, sistemática, histórica y lógica- de los cuales se desprende que el supuesto constitucional del fuero de congresista no se presenta en este evento; y el último relativo a los precedentes jurisprudenciales de la Sala y de otros altos órganos judiciales que indican en casos semejantes, cómo “la Corporación se ha abstenido de asumir competencia y ha remitido las diligencias a otras autoridades judiciales.


En desarrollo de su disertación, de la siguiente manera expone sus razonamientos referidos a aquellos métodos de interpretación:
1. Interpretación gramatical.
Mediante una argumentación de tipo gramatical, literal o exegética, método interpretativo a través del cual, como bien es sabido, “se deduce el contenido de las disposiciones jurídicas a partir del significado de las palabras y frases contenidas en los textos legales”, dice el acusado tomar como punto de partida el texto literal del Art. 235 de la Constitución Política -cuya transcripción en sus apartes pertinentes realiza-, para señalar cómo en dicho precepto, junto con el 186 ibidem, se establecen los dos eventos en los cuales es aplicable el fuero de congresista:
i). A quienes en el momento de la investigación y el juzgamiento son “miembros del Congreso”.
ii). A las personas que, como en su caso, ya no son miembros del Congreso, pero que lo fueron con antelación, evento en el cual se les investiga y juzga por “conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas para ese momento. A él -aduce DÍAZ MATEUS- se le debe investigar y juzgar de esta manera, y no por lo señalado por la Corte, esto es, por actos cometidos en relación con el CARGO de Congresista.
Así las cosas -afirma-, frente al primer evento en el que se aplica el fuero de congresista, queda claro que se trata de una competencia general de la Corte Suprema, para investigar y Juzgar a miembros actuales del Congreso por cualquier conducta punible.
Miembro del Congreso” -enseña el procesado- sólo es quien está posesionado en el cargo de congresista, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Congreso -Ley 5ª de 1992-.

A partir de la posesión en el cargo, puede el congresista asumir las funciones propias del mismo; situación contraria ocurriría cuando la persona no está posesionada, por lo que, consecuencialmente, no podría desempeñar las funciones anejas al cargo.


Como para la época en que ocurrieron los hechos que se le endilgan, él -IVÁN DÍAZ MATEUS- no se hallaba posesionado en el cargo, sino YIDIS MEDINA PADILLA como segundo renglón en la lista por la circunscripción electoral de Santander, conforme con lo establecido en el Reglamento del Congreso, era ella quien ostentaba para ese momento la condición de “miembro del congreso” y, por ende, era quien podía ejercer las funciones propias del cargo y no él, como quiera que el cargo es uno solo.
Frente a la segunda hipótesis -en la cual dice el procesado encontrarse- la Competencia de la Corte Suprema de Justicia es limitada, de acuerdo con las previsiones normativas ya vistas.
En efecto, en tratándose de la investigación y juzgamiento de ex-congresistas, la competencia de la Corte Suprema se circunscribe a aquellas “conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas” por el antiguo “miembro del Congreso”, evento en el cual la atribución de la Corte Suprema no es general sino específica; hipótesis esta que no lo cobija -señala el recurrente-, en cuanto para la época de los hechos se encontraba en situación constitucional de “falta temporal”, conforme con lo normado en los Arts. 134 y 261 de la Constitución Política, habida consideración que durante el término de la licencia que se le otorgó “había cesado en el desempeño de las funciones de congresista”.
Por lo tanto, los actos ocurridos en el lapso de esa licencia, no están amparados por “el fuero de congresista”, por cuanto esa cesación en el ejercicio del cargo “impide el desempeño de las funciones que son propias de la actividad parlamentaria, y ambos requisitos son exigidos por la norma constitucional transcrita para que el fuero se mantenga en las hipótesis en las que la Corte investiga y juzga a quienes ya no son miembros del Congreso”.
Ahora bien, la estructura sintáctica de la disposición Superior, esto es, el Parágrafo del Art. 235 de la Carta Política, no permite realizar la distinción hecha por la Corte en el sentido que, para su caso, el fuero se mantiene aunque las conductas imputadas no tengan relación con las funciones desempeñadas como congresista, en el entendido que aún en esa situación de falta temporal así hubiese cesado en el ejercicio del cargo, de todas maneras conservaba el cargo porque no había vencido el período constitucional ni había ocurrido una falta absoluta.
Esa manera de razonar -argumenta el impugnante- no se compadece con el texto literal de dicho precepto, pues, contrariamente a lo afirmado por la Sala, deviene evidente que “respecto de quienes ya no somos miembros del Congreso, la Constitución no establece ninguna distinción entre faltas absolutas y temporales, sino que simplemente dispone que si se ha cesado en ‘el ejercicio del cargo’, entonces el fuero se mantiene solo para las conductas punibles relacionadas con las funciones desempeñadas.
Por esa razón, como en la actualidad no es congresista y la Corte Suprema en reiteradas ocasiones ha manifestado que a él no se le imputan actos relacionados con las funciones ejercidas en tal condición -sostiene el doctor DÍAZ MATEUS-, por no encontrarse en el supuesto de hecho de la disposición normativa que establece el fuero de congresista -Parágrafo del Art. 235 de la Constitución Política-, la Corporación carece de competencia para juzgarlo con ocasión del presente asunto.
Es que, frente a la literalidad de la disposición constitucional en mención -explica-, la consideración de la Sala acerca de que la falta temporal en la que se hallaba para el momento de los hechos no es más que una situación administrativa que no impedía su continuación en el cargo, deviene en interpretación insostenible en cuanto aquel precepto cuando mantiene el fuero para los ex-congresistas, “no alude al ‘cargo’, sino al ‘ejercicio del cargo’, y es evidente que quien está en una falta temporal no ejerce el cargo, así con posterioridad se vaya a reincorporar al mismo”.
En conclusión, basta la simple indagación acerca del alcance de los preceptos constitucionales que regulan el fuero de los congresistas, para entender que dichas normas no tienen aplicación en su caso, pues, amén que en la actualidad ya no ostenta esa calidad, los hechos que se le enrostran ocurrieron cuando no ejercía el cargo de congresista, y esos acontecimientos, además, no están relacionados con las funciones propias de tal cargo, por lo cual ha de imperar la declaratoria de nulidad invocada, habida consideración, itera, de la falta de Competencia de la Corte Suprema de Justicia para el conocimiento de esta actuación.
2. Interpretación Sistemática.
Como segundo argumento para la sustentación del recurso es de tipo sistemático, aduce el impugnante, método interpretativo mediante el cual “el significado de una disposición jurídica se determina teniendo en cuenta el contexto de esa disposición y su relación con las demás normas del ordenamiento jurídico”.
En este caso, la exposición argumental del doctor DÍAZ MATEUS apunta a dos cuestiones específicas:
i). Al yerro en que considera incurrió la Sala, al asimilar la situación constitucional de “falta temporal” en el ejercicio del cargo de congresista a una “situación administrativa”, asignándole unos efectos determinados.
ii). Establecer que dado el carácter excepcional del fuero de congresista, no es dable una interpretación extensiva de las disposiciones que lo consagran.
2.1. Frente al primer aspecto, indica el doctor DÍAZ MATEUS cómo la situación en la que él se encontraba -falta temporal por licencia no remunerada-, tiene un régimen de carácter Constitucional, específico y diferente al de “la situación administrativa” que la Corte le asigna, pues, para Corporaciones públicas, el tema de las “faltas temporales” se encuentra reglado en los artículos 134 y 261 de la Constitución Política -cuya transcripción en lo pertinente realiza-, régimen con una fisonomía y contexto propios, dado su rango Superior.
Tras referirse al origen legislativo de los preceptos en mención, el procesado realiza algunas precisiones acerca de lo que a su juicio, acorde con aquellos dispositivos, constituye faltas temporales, para indicar que el solo rango constitucional de las normas que las establecen, “permiten apreciar que no se trata de una ‘situación administrativa’ como lo ha mencionado la Corte Suprema en varias ocasiones en este caso (…)”.
Así, la falta temporal es suplida por una determinada persona, por “el candidato, que según el orden de inscripción, en forma sucesiva y descendente, corresponda a la misma lista electoral. Esta persona -señala el procesado- no ejercía el cargo de congresista, pero en virtud de la falta temporal, se posesiona como tal, con el ejercicio pleno de las funciones constitucionales de ese cargo mientras dura la falta temporal, y será el único y de manera excluyente quien podrá ejercer las “funciones adscritas al cargo, toda vez que es el único que está actualmente posesionado para ejercer el mismo”, reitera.
Y como el criterio asumido por la Corte Suprema para negar la declaratoria de nulidad solicitada, consiste en señalar que su situación no estaba reglada específicamente por las normas Constitucionales que consagran la falta temporal de los congresistas, sino por el régimen de una “situación administrativa”, concluye la Corporación sosteniendo que la existencia de esa situación administrativa de carácter temporal, no excluye la condición de aforado para la investigación y el juzgamiento, asimilando en este caso el régimen de las faltas temporales de los congresistas a la situación administrativa conocida como licencia temporal, para, a partir de allí, sugerir “que yo pude haber cometido un ilícito ‘abusando del cargo’ que ostentaba a pesar de la falta temporal”.
Frente a esos pronunciamientos de la Sala, señala el doctor DÍAZ MATEUS cómo el régimen funcional de los congresistas no hace referencia a la licencia temporal en el sentido de situación administrativa como lo entiende la Corte, pues una cosa es el régimen de licencia temporal del Congreso establecido en la Constitución Política de 1991 y en la ley 5ª de 1992, y otra la licencia temporal que regula el Decreto 1950 del 24 de Septiembre de 1973.
En efecto, conforme a lo regulado en el Art. 123 de la Carta Política, son tres las categorías de servidores públicos: a) Miembros de las Corporaciones Públicas; b) Empleados públicos; y c) Trabajadores del Estado o trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Cada una de esas modalidades de servidores oficiales se rige por estatutos e instituciones jurídicas diferentes. Tras indicar cuál es el régimen aplicable en cada caso a los miembros de las corporaciones públicas, el acusado hace claridad en el sentido de señalar que ese régimen lo constituye la Constitución Política y la Ley 5ª de 1992, mas no el Dto. 195º de 1973, toda vez que esta normatividad, según lo establece su Art. 1°, “regula la administración del personal civil que presta sus servicios en empleos de la rama ejecutiva del poder público en lo nacional, con excepción del personal del ramo de la defensa”.
Por consiguiente -argumenta el procesado-, deviene incorrecto aplicar por analogía dicha legislación a los congresistas en lo atinente a la situación administrativa de licencia, para el régimen constitucional de faltas temporales.

En este caso, considera el acusado que la Corte no sólo aplica indebidamente este decreto a los Congresista, sino que lo hace erróneamente, toda vez que el decreto señala que la situación administrativa de licencia temporal implica “la separación del cargo público que el funcionario venía desempeñando”, por lo que aún si equivocadamente se llegara a aplicar la normatividad en cuestión, se entendería, según lo dicho anteriormente, que el funcionario se desprendería de su cargo y, por lo tanto, en el evento concreto, el ex-congresista estaría fuera del supuesto que se exige para mantener el fuero constitucional establecido en los artículos 186 y 235 de la Constitución Política.


A manera de símil el justiciable trae a colación un pronunciamiento del Consejo de Estado, referente al tema de la licencia temporal de los concejales, situación que por su naturaleza -deja entrever-, se asemeja a la de los congresistas; en él se señala cómo con la falta temporal hay un desplazamiento irrevocable de las funciones del titular por un término mínimo de tres meses, de tal manera que quien se encuentra en falta temporal no puede reasumir el cargo durante ese tiempo, ni siquiera en ausencia de la persona que lo reemplazó, pues para efectos de las funciones del cargo, el régimen constitucional lo considerase completamente ajeno al ejercicio de sus funciones durante el término de la licencia.
En el presente evento, considera el procesado que como existió un traslado de sus funciones públicas a la señora YIDIS MEDINA PADILLA, ello conduce a concluir que él -el procesado- durante ese lapso era un simple particular, con las consecuencias jurídicas que de ello se deriva en materia de responsabilidad penal, es decir, a la exclusión del fuero de congresista; de no ser así, se llegará al extremo de responsabilizar a dos personas diferentes por el cumplimiento de una misma función pública y el ejercicio de un solo cargo.
En este contexto, a través de una adecuada interpretación sistemática de las faltas temporales de los Congresistas, como en una tal situación se genera una separación completa del cargo por el tiempo en que persista la falta temporal, al congresista que fue elegido originalmente no se le puede tener en ese lapso como “miembro del congreso” y, por lo tanto, carece de fuero de congresista.
Esta fue la situación en que él se encontraba, señala el procesado, en cuanto durante los tres meses de su licencia, su cargo y sus funciones los asumió la señora YIDIS MEDINA PADILLA.
2.2. En relación con el segundo aspecto, al ser el fuero de congresista una excepción a la regla general de igualdad en la aplicación de la ley, en criterio del procesado su interpretación y aplicación deben ser restrictivas, en cuanto ello conlleva unos privilegios parlamentarios que se otorgan en razón del cargo, de la investidura y de las funciones, conforme con lo señalado en la Sentencia C-934 de 2006.
Esos privilegios, son excepciones al régimen general de responsabilidad ante la ley y, por lo tanto, no pueden interpretarse de modo extensivo como lo hizo la Corte en el auto impugnado, en cuyo contexto extendió la aplicación de ese fuero para el caso de alguien que como él -se duele el enjuiciado-, actualmente no es congresista, que tampoco ejercía el cargo de congresista en el momento de la ocurrencia de los hechos que se le imputan, hechos que, por lo demás, tal como se ha reconocido por la propia Sala, tampoco tenían ni tienen relación con las funciones ejercidas como congresista.
Valga decir, en este caso la Corte excedió el régimen del fuero tal como se establece constitucionalmente, circunscrito para el juzgamiento de congresistas, o de antiguos miembros del Órgano legislativo, “pero siempre que los actos se hayan cometido en el ejercicio del cargo de congresista y estén relacionados con las funciones desempeñadas”.
A manera de colofón, expresa el recurrente que, contrariamente a lo afirmado por la Corte en desarrollo de la audiencia preparatoria, en este caso no es aplicable el fuero, pues la falta temporal del congresista excluye la aplicación de las normas que regulan tal figura, durante ese período de ausencia.
3. Interpretación histórica.

Como en el auto impugnado se le otorgan consecuencias jurídicas a la figura del fuero de congresistas relacionadas con la verificación de la competencia, el procesado DÍAZ MATEUS dice acudir igualmente a la interpretación histórica a efecto de la sustentación del recurso, método con el cual se busca “el origen de una norma, o de una Institución, para determinar el significado de los textos legales que la consagran”.


Así se tiene que los términos, “inviolabilidad”, “inmunidad”, “fuero” y “prerrogativas”, han sido utilizados en diferentes sistemas constitucionales para referirse a un tipo similar de garantías dispuestas para la protección del libre ejercicio de las funciones parlamentarias, mecanismos que tienden a asegurar la posición del parlamento y de sus miembros, frente a la intervención de otras instituciones u órganos constitucionales.
Mediante la interpretación histórica por la cual propende el doctor DÍAZ MATEUS respecto de la figura del “fuero”, deja en claro que son garantías establecidas, no para proteger a los sujetos como tal, sino para garantizar las funciones que éstos desempeñan. De tal manera, esas garantías son irrenunciables para los congresistas, pues se reitera, que las mismas no son concedidas en interés personal, sino que se otorgan en relación con las funciones públicas que desarrollan.
Luego de un amplio recorrido histórico acerca de los privilegios parlamentarios que constituyen las figuras del fuero, la inviolabilidad e inmunidad, el doctor Iván Díaz en específica referencia a la figura del “fuero” aún vigente en la Constitución Política de 1991, dice que se trata de instituciones que buscan proteger a los miembros del Congreso, pero con la única finalidad de proteger al órgano parlamentario en su funcionamiento y en su independencia. El fuero, asegura, no constituye una garantía personal del congresista, sino que se otorga en virtud de las funciones que éste desempeña en razón de su cargo.
La interpretación histórica de la figura indica como en el transcurso del tiempo, tanto en Colombia como en el derecho comparado, el fuero no se extiende a quienes no ejercen funciones parlamentarias, pues ese privilegio, reitera, es en beneficio de la independencia del Congreso y de su funcionamiento.
En el evento a examen, el fuero de congresista no se extiende a su caso, como quiera que él -IVÁN DÍAZ MATEUS- ya no integra el Congreso, ni para la época en que ocurrieron los hechos ejercía el cargo de congresista, y menos se le juzga por acontecimientos relacionados con las funciones de congresista, en razón a que las mismas -repite- eran desempeñadas en aquella ocasión por la Señora YIDIS MEDINA.
4. Interpretación Lógica.
La adecuada interpretación de un enunciado normativo, expresa el justiciable, también se puede determinar a partir de las reglas de la lógica, por medio de las cuales se establece, por ejemplo, que el sistema jurídico no debe interpretarse de modo que conduzca a soluciones incoherentes o contradictorias.
En oposición al particular argumento que la Corte Suprema de Justicia hace del Parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política, el procesado DÍAZ MATEUS, a partir de una interpretación lógica, que entre otros aspectos indaga por el sentido y la finalidad de las normas, busca delimitar el marco de aplicación del fuero de congresista, reiterando cómo esta figura tiene por objeto la protección del órgano congresal y no a la persona del congresista.
Así lo ha entendido la Corte Constitucional, en uno de cuyos pronunciamientos, concretamente en la Sentencia C-222 de 16 de mayo 1996, indicó cómo esta figura del “fuero” busca, ante todo, “evitar que mediante el abuso del derecho de acceso a la justicia se pretenda paralizar ilegítimamente el discurrir normal de las funciones estatales y el ejercicio del poder por parte de quienes han sido elegidos democráticamente para regir los destinos de la Nación.
Así pues, carece de lógica que el fuero ampare situaciones en las cuales no existe riesgo de que se paralice ilegítimamente el discurrir normal de las funciones estatales o el ejercicio del poder por parte de quienes han sido elegidos democráticamente, porque entonces, “el fuero no protegería a la institución parlamentaria, sino que se estaría aplicando en clave puramente subjetiva, en relación con un individuo, y ello es contradictorio con el régimen de igualdad ante la ley que la propia Constitución establece.
Por consiguiente, revestir a una persona con el fuero de congresista cuando ya no tiene ninguna relación con el órgano legislativo, como en su caso, máxime cuando los hechos que se le endilgan no se refieren al ejercicio de funciones congresales, constituye una indebida extensión de ese fuero en cuanto excede el sentido constitucional de la figura.
5. Precedentes jurisprudenciales.
La invocación por parte del enjuiciado de precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia que dicen relación con la materia objeto de controversia, tiene por finalidad establecer, aduce, cómo en casos comparables al suyo, la Corte se abstuvo de aplicar las normas sobre el fuero de congresista, declarando su incompetencia para conocer del asunto.
Al efecto, DÍAZ MATEUS cita copiosa jurisprudencia, entre otros, los pronunciamientos producidos el 15 de julio de 1997, Rad. 10.739; 29 de noviembre de 2000, Rad. 11.507; 15 de noviembre de 2003, Rad. 9.786; en los cuales se reitera por la Sala que su competencia para investigar y juzgar a los antiguos miembros del congreso, se limita a las conductas ilícitas cometidas por razón o con ocasión de la función congresal.
La fórmula es la siguiente: “El fuero penal opera con respecto de cualquier delito cuando el congresista está en ejercicio del cargo; si por el contrario el congresista cesó en el ejercicio del cargo, la Corte solo conocerá de las conductas ilícitas ‘que tenga relación con las funciones de congresista’.
En el análisis que de la jurisprudencia hace el procesado, enseña cómo hasta la fecha la Corte ha estado en contra de cualquier intento dirigido a extender o ampliar el ámbito de aplicación de su competencia frente a investigaciones y juzgamiento de ex- congresistas.
La posibilidad de conservar la competencia para investigar penalmente a los antiguos miembros del Congreso que no tienen la calidad de congresistas, no es susceptible de interpretaciones extensivas, analógicas o que obren en detrimento del principio general del juez natural, argumenta el acusado. En tal sentido, la jurisprudencia de la Sala ha sido clara en sostener que por representar el fuero especial de los congresistas una excepción al principio de igualdad formal ante la ley en materia de procesamiento penal, su aplicación debe limitarse a lo dispuesto por el tenor literal de la Constitución, de la ley y del régimen jurídico de los congresistas.
Luego, entonces, no cabe así la posibilidad de elaborar argumentaciones que tiendan a conservar la competencia penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando el delito imputado no se relaciona con el desarrolla de las funciones congresales, o cuando el ilícito tuvo ocurrencia al encontrarse el congresista “separado de su cargo” y, en ese orden, imposibilitado para ejercer las funciones propias del mismo, “como sería el caso del permiso o licencia temporal que nos ocupa”, alega el implicado.

En relación con este último punto, cita el recurrente lo dicho por la Sala en el expediente No 11.507, pronunciamiento según el cual “(…) de conformidad con el Parágrafo del artículo 235 de la Carta Política, la pérdida de investidura del congresista, y el fuero determinante de la competencia para ser investigado y juzgado por la Corte, quedan ligados exclusivamente a la naturaleza de la infracción, pues el precepto constitucional no da lugar a la interpretación extensiva o analógica para prorrogar la competencia de la Corte por hechos atribuidos al ex congresista y no vinculados a la función oficial, no solamente por tratarse de una excepción a las reglas generales que gobiernan la competencia judicial, por ende de alcance restringido aplicable sólo al supuesto fáctico allí contemplado, sino porque la misma ostenta rango constitucional de aplicación prevalerte frente a cualquier otra de inferior jerarquía que disponga lo contrario.


Por modo que, en tratándose de ex-congresistas, a la Corte sólo le asiste competencia para conocer de hechos cometidos por éstos en razón o con ocasión del ejercicio de las funciones desempeñadas, funciones que para los miembros del Congreso se hallan relacionadas en el artículo 6° de la Ley 5ª de 1992, norma cuyo contenido transcribe el procesado en su tenor literal.
Seguidamente, el acusado hace referencia a varios procesos en los que se procedía por conductas delictivas que no tenían relación con las funciones desempeñadas por el ex-congresista, para mostrar cómo la Corte se abstuvo de conocer dichas investigaciones, por lo cual estima que esos precedentes jurisprudenciales, frente a un caso semejante como el suyo, se deben aplicar en éste; es decir, que la Corte carece de competencia para el conocimiento del presente asunto, pues resulta innegable, como así se encuentra demostrado, que para la época en que acontecieron los hechos, él -IVÁN DÍAZ MATEUS, se hallaba separado del cargo, por lo que no desempeñó ninguna función como congresista en el lapso de la licencia de que gozaba, las cuales ejerció durante ese término la Señora YIDIS MEDINA PADILLA, que era quien fungía en el cargo.
Por otro lado, el argumento de la Corte frente al artículo 235 de la Constitución Política, referente a que “...en la medida en que se estructura la circunstancia preceptiva -sic- regulada en el articulo 235 de la carta, en cuanto que la competencia de la Corte se mantendrá, aun sin la calidad de congresista cuando el delito atribuido tenga relación con el cargo”, se aparta del tenor literal del precepto, toda vez que lo que el mismo señala es que: “Cuándo los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio del cargo el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas.” Claro e inequívoco tenor literal que no permite interpretación en contrario.
Concluye insistiendo en alegar el doctor DÍAZ MATEUS, que en virtud a que en la actualidad no detenta la condición de congresista y que los hechos que se le imputan no tienen relación con las funciones desempeñadas como congresista, por la potísima razón que no las ejercía para la época de los hechos investigados, subsiste para él el pleno derecho a que la actuación la adelante el Órgano competente, en atención a la garantía del juez natural.
De ahí su solicitud para que se reponga el auto impugnado, y en su defecto se decrete la nulidad de todo lo actuado, inclusive desde el auto de apertura de investigación, al tenor de lo previsto en el artículo 306-1 del Código de Procedimiento Penal.
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