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Proceso No 29769 corte suprema de justicia sala de casación penal


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República de Colombia

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Única juzgamiento N° 29.769 -Aud. preparatoria-

IVÁN DÍAZ MATEUS

Corte Suprema de Justicia





Proceso No 29769

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:

Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ


Bogotá, D.C., veintitrés de febrero de dos mil nueve.
V I S T O S
Se pronuncia la Sala sobre las solicitudes elevadas por los sujetos procesales, una vez vencido el término de traslado previsto en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000.

ANTECEDENTES

El doctor IVÁN DÍAZ MATEUS fue elegido Representante a la Cámara por el Departamento de Santander para el período constitucional 2002 – 2006, para cuyo efecto tomó posesión del cargo el día 20 de julio de 2002. Integró la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales de tal célula legislativa.


A través de la Resolución N° M. D. 0517 del 19 de marzo de 2004, le fue concedida licencia no remunerada a partir del primero de abril de la misma anualidad por un término de tres meses. En su reemplazo tomó posesión la señora YIDIS MEDINA PADILLA, quien fungió como Representante a la Cámara hasta el 1° de julio de 2004, fecha en la que se reintegró el doctor DÍAZ MATEUS.

Para la legislatura que avanzaba en el lapso señalado, se debatía en la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Representantes, el proyecto de reforma constitucional N° 267 y 012 de 2004 de Cámara y Senado, respectivamente.


Días previos a la votación final del proyecto, la cual tuvo lugar el 3 de junio de 2004, hizo presencia en la ciudad de Bogotá el procesado IVÁN DÍAZ MATEUS, al parecer y entre otras finalidades, según lo denunció la propia YIDIS MEDINA PADILLA, con la de coartar la libre emisión de su voto en relación con la mentada iniciativa de reforma constitucional -MEDINA PADILLA fue condenada por el delito de cohecho dentro de la radicación 22.453 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de que se acogiera a la figura de sentencia anticipada, por actos de corrupción perpetrados en desarrollo del proceso legislativo en cuestión-.
En la diligencia de indagatoria, la citada dama manifestó que DÍAZ MATEUS la presionó para que el sentido de su voto fuera positivo, es decir, de apoyo al mencionado proyecto. Para lograr tal cometido utilizó como instrumento de presión diversos mecanismos, tales como: (i) manifestaciones atinentes a hacerle notar que en caso de un voto en contra del proyecto, ello pondría en riesgo su vida; (ii) condicionar su estadía en el Congreso de la República como Representante a la Cámara por tres meses más, a cambio del voto positivo del proyecto; (iii) amenazarla con la declaración de insubsistencia de su asesor de confianza en la Unidad de Trabajo Legislativo, Cesar Guzmán; (iv) con la finalidad de concertar su voto, la instó a que se reunieran; y (iv) en fin, hizo cuanto pudo para persuadirla de la importancia de su voto positivo respecto del acto legislativo en comento.
Conforme con los hechos noticiados, la Corte dispuso formal apertura de instrucción en contra de DÍAZ MATEUS ordenando su captura para escucharlo en indagatoria y, rendidos sus descargos, le definió su situación jurídica con imposición de medida detentiva intramural; fenecido el ciclo sumarial, halló suficiente mérito para proferir en su contra resolución de acusación como presunto autor del delito de concusión.

Ejecutoriado el pliego de cargos e iniciada la etapa del juicio, dentro del término de traslado previsto en el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal el procesado IVÁN DÍAZ MATEUS solicita la invalidación de la totalidad de la actuación hasta ahora surtida, en tanto que el agente del Ministerio Público como el defensor del acusado presentaron sendos escritos contentivos de sus respectivas peticiones probatorias. Procede entonces la Sala, a resolver lo pertinente.




Solicitud de nulidad.
Nuevamente esgrime el acusado como causal invalidante de la actuación, la incompetencia de la Corte para conocer del proceso que se le adelanta por la conducta punible de concusión, insistiendo en pregonar el desconocimiento de las preceptivas contenidas en el Parágrafo del Art. 235 de la Constitución Política, como quiera que por encontrarse disfrutando de licencia no remunerada para la época de los hechos que se le endilgan, “no desempeñaba ninguna función pública”.
Temática asaz examinada por la Sala en el decurso procesal, tal como paladinamente así lo admite en su libelo el procesado al reseñar los pronunciamientos de 20 y 30 de mayo de 2008 y 16 de junio de la misma anualidad, como también en la resolución acusatoria y en el proveído por cuyo medio se resolvió el recurso de reposición que contra el pliego de cargos interpuso.
Como la Corte considera que el sustrato fáctico-jurídico expuesto en dichas providencias se mantiene incólume y, como también estima que la discusión sobre dicha materia se encuentra zanjada desde los albores de la investigación, no existe razón plausible para que ahora entre a variar su tesis, motivo por el cual resulta pertinente reproducir los argumentos en ellas expuestos, en cuanto dichos razonamientos conservan su entera vigencia.
Así, en la providencia que calificó el mérito sumarial y con sustento en lo que en oportunidad precedente ya había dicho, puntualmente advirtió:
(…) a DÍAZ MATEUS se le procesa en su condición de aforado por razón del cargo de Representante a la Cámara que ostentaba para el período constitucional 2002-2006, tal como así se acreditó con la certificación pertinente incorporada a la actuación a través de la inspección judicial practicada a la Secretaría de esa célula legislativa; lapso dentro del cual tuvieron ocurrencia los hechos materia de investigación.
Si bien el sindicado gozaba de licencia temporal, una tal situación administrativa no excluye la condición de aforado para la investigación y juzgamiento de conductas que, como la que aquí se le enrostra, pueda cometer un servidor público, calidad esta que, a no dudarlo, como más adelante se verá, conservaba DÍAZ MATEUS.
(…)
“‘Resulta claro para la Sala que el titular de la curul era el doctor DÍAZ MATEUS y que en su reemplazo temporal había accedido la señora MEDINA PADILLA, pues la prueba en tal sentido muestra esa evidencia.
“‘Y, como alguna de las conductas imputadas se finca en la amenaza del titular de despedir el recomendado que su reemplazo temporal había designado en la Unidad de Trabajo Legislativo de no votar afirmativamente la reforma constitucional, precisa afirmar que la eficacia de una tal advertencia y la posibilidad de hacerla efectiva -al igual que prorrogar el período de licencia- estaba ligada necesariamente al ejercicio de la investidura que conservaba el doctor DÍAZ MATEUS, aún a pesar de la licencia de que gozaba, en el entendido que era quien tenía la capacidad -jurídica y material- para ampliar los efectos de la licencia y que por ello MEDINA PADILLA continuara con su condición de congresista; como también hacer cesar las labores de algún integrante de su U.T.L. recomendado por YIDIS.

“‘Unas tales decisiones sólo podían ser adoptadas por el aquí inculpado y no en razón, precisamente, a su persona sino a su calidad de miembro del congreso, y ello porque ostentaba la investidura de tal y así podía ejercerla.


“‘No hay el menor campo a la vacilación respecto a que aquellos objetivos únicamente podían lograrse al ejercer el cargo de congresista titular, lo que implica que al desarrollar el comportamiento que típicamente se le enrostra lo hizo necesariamente en relación con la investidura que ostentaba, aún en suspenso por razón de la licencia.
“‘Por manera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es la competente para conocer de la actuación contra el congresista, aunque en la actualidad no ostente esa condición y aunque para la época de los hechos hubiese estado en licencia temporal que, como se señaló, no excluye la calidad de aforado. Y ello, en la medida en que se estructura la circunstancia exceptiva reglada en el parágrafo del artículo 235 de la Carta en cuanto que la competencia de la Corte se mantendrá –aún sin la calidad de congresista- cuando el delito atribuido tenga relación con el cargo que determinó la calidad de aforado’.
Y en la providencia por cuyo medio la Sala resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el pliego de cargos, recordó lo que acerca del mismo tópico expuso al desatar la impugnación promovida contra el auto que definió la situación jurídica del justiciable. En la mentada ocasión se adujo:
(…) el fuero o privilegio de jurisdicción del que gozan los miembros del Congreso de la República se ha establecido en el nuevo esquema constitucional, por razón de su cargo, durante el desempeño de sus funciones o con ocasión de ellas, a efecto de garantizar la independencia y autonomía del órgano al que pertenecen y el pleno ejercicio de sus funciones constitucionales, ‘de manera que en particular muestra de respeto por la dignidad que la investidura representa, la investigación y el juzgamiento por las conductas punibles que se les imputen se lleve a cabo por autoridades diferentes de aquellas a quienes se atribuye competencia por razón de la naturaleza del hecho (…) Son entonces, el cargo o las funciones discernidas, los factores que determinan la aplicación del fuero constitucional y el rango del tribunal al que le compete conocer del asunto (…)’1 -Se ha destacado-.
Reitera pues la Sala, que la competencia de la Corte Suprema de Justicia para investigar y juzgar a los Congresistas -aforados- dimana de la propia Constitución Política, facultad que le asiste cuando: i) el delito atribuido tiene relación con el cargo que determinó la calidad foral; y ii) cuando el delito atribuido se relaciona con el abuso de la función pública.
La situación que en el presente evento determina la competencia de la Corte para conocer de la investigación que se surte en contra del Dr. DÍAZ MATEUS obedece a la primera hipótesis, como quiera que aún habiendo cesado en el ejercicio del cargo de congresista, la conducta punible por la que se le vinculó al sumario no es ajena al mismo.

En efecto, el delito de concusión sólo puede ser cometido por funcionario público -calidad que, a no dudarlo, ostentaba el sindicado para el momento de la comisión del hecho que se le atribuye-, pues, si bien gozaba de licencia temporal, una tal situación administrativa que, ciertamente, lo apartó transitoriamente del ejercicio de sus funciones, tal como se hizo explícito en la providencia confutada, no excluye su condición de aforado si, como provisionalmente se tiene demostrado, el entonces congresista incurrió presuntamente en conducta al margen de la ley íntimamente ligada a su investidura – Arts. 186 y 235-3 de la Constitución Política-, en cuanto con abuso de tal dignidad, según lo denuncia quien se reputa víctima, la constriñó para que votara favorablemente el proyecto de reforma constitucional que para la época hacía su tránsito en la Cámara de Representantes.


Así, se abusa del cargo cuando el funcionario público se vale del mismo para obtener ventaja patrimonial o de otra índole, cualesquier utilidad, de manera indebida. Y, existe constreñimiento cuando el funcionario público injustamente emplea coerción o amenaza, aún implícitamente, con un mal por sobrevenir. Por consiguiente, en un tal evento bien puede incurrirse en el delito de concusión con sólo el abuso de la investidura que confiere el cargo, sin que exista extralimitación o abuso de la función inherente al mismo.

No es necesario, entonces, que al cometer el hecho el agente se encuentre en ejercicio de sus funciones, pues, el funcionario público que prevalido de tal calidad la invoque para sus protervos fines, incurre en la referida ilicitud aun cuando se encuentre en uso de licencia o en permiso, en cuanto, como en el caso presente, sigue conservando su condición de servidor público, valga decir -para lo que es de interés a este asunto-, su calidad de Congresista.


En suma, como al libelista no le asiste la razón en su prédica de nulidad, habrá de denegarse nuevamente su pretensión invalidatoria que por el factor de competencia ha incoado.
Solicitudes probatorias.
Como ya se anticipó, en el término de traslado común previsto en el Art. 400 de la Ley 600 de 2000, tanto el representante de la Procuraduría General de la Nación como el defensor del procesado presentaron sus respectivas peticiones probatorias. Por razones de orden y método, la Sala expondrá a continuación las pruebas a cuyo decreto se accede dada su pertinencia, conducencia y utilidad. Posteriormente, se reseñarán aquellas que no serán decretadas y las razones para ello. Finalmente, la Sala indicará las pruebas que ha de decretar de oficio.
1. Pruebas solicitadas por la Agencia del Ministerio Público a cuyo decreto se accede:
1.1. Se accederá a la práctica del testimonio de CÉSAR AUGUSTO GUZMÁN AREIZAnumeral 1° del escrito presentado por el señor Procurador Delegado, prueba que igualmente solicita el defensor del procesado en el ordinal 17 de su libelo–.
Si bien dicha declaración ya obra en el proceso, lo cierto es que la misma se allegó a la actuación como prueba trasladada del Rad. 22453 que la Corte adelantó contra YIDIS MEDINA PADILLA; de esta manera se le permitirá al señor Procurador Delegado despejar sus inquietudes acerca de las circunstancias que constituyen el núcleo esencial de la acusación, en cuanto el citado testigo dijo en aquella oportunidad tener conocimiento de las amenazas tendientes a “mover la voluntad de Yidis Medina Padilla” para que votara en determinado sentido el proyecto de reforma constitucional que permitía la reelección inmediata del Presidente y Vicepresidente de la República, máxime cuando fue a él -a GUZMÁN AREIZA- a quien supuestamente el procesado previno de los peligros que podía correr la mencionada ex-congresista en caso de que depositara su voto negativo respecto de la referida iniciativa legislativa; además, por cuanto GUZMÁN AREIZA se vio involucrado en las presuntas amenazas que DÍAZ MATEUS dirigió a YIDIS, en el sentido de declararlo insubsistente en el cargo que ocupaba en la UTL.
No obstante, como se halla acreditado que fue la propia MEDINA PADILLA quien solicitó esa declaratoria de insubsistencia, esta es la oportunidad de aclarar lo concerniente a tan puntual aspecto con la ampliación de la declaración del testigo en mención y, a la par -estima la Sala-, se le garantizaría el derecho que le asiste a la defensa par contra-interrogarlo.
1.2. Del mismo modo, se accederá a la práctica de la inspección judicial al proceso disciplinario que se le adelanta al doctor IVÁN DÍAZ MATEUS con ocasión de los mismos hechos que dieron origen a esta actuación en lo penal, a efecto de trasladar pruebas que por su trascendencia resulten pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos que aquí se ventilan, habida cuenta de “su potencialidad demostrativa”, como lo expresa el agente del Ministerio Público, que pueda resultar de interés para lo que se pretende establecer, esto es, la verdad de lo realmente acontecido.
2. Pruebas solicitadas por el defensor del procesado a cuyo decreto se accede:
2.1. Por su pertinencia, conducencia y utilidad para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, se accederá a la práctica de los testimonios de CÉSAR MEJÍA, JORGE NÚÑEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA ESPAÑA, JORGE HUMBERTO MANTILLA y JESÚS ÁNGEL CARRIZOSA, a quienes se escuchará en desarrollo del acto público de juzgamiento -numerales 8, 9, 11 y 13 del libelo de la defensa-.
2.1.1. Al primero, no sólo porque de oficio ya la Corte había ordenado oírlo en la etapa instructiva, lo cual no fue posible por circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos procesales y de la propia Corte, sino porque en ejercicio del derecho de defensa material el procesado lo citó en sus descargos como directo perceptor de lo que aconteció en la reunión que tuvo lugar en la oficina que ocupaba YIDIS MEDINA PADILLA en el Congreso de la República para la época en que ofició como Representante a la Cámara; sesión en la cual se debatió la posición de quienes apoyaban el proyecto de reforma constitucional y la de quienes se oponían al mismo, y en cuyo desarrollo el procesado discutió acaloradamente con el doctor TELÉSFORO PEDRAZA por lo que sobre esa temática cada uno de ellos decía defender.
Se precisa establecer a través de dicho testimonio, cuál fue la actitud que asumió DÍAZ MATEUS respecto de MEDINA PADILLA en dicha reunión, sabiéndose que el acusado era partidario de la aprobación de la iniciativa legislativa en cuestión, en tanto que YIDIS previamente a la votación había suscrito un documento en el cual se comprometía junto con otros congresistas, a sufragar negativamente.

2.1.2. En relación con NÚÑEZ HERNÁNDEZ, resulta imperioso escuchar su testimonio en la medida en que conforme con la declaración de JOSÉ OBDULIO GAVIRIA VÉLEZ que obra en el proceso, YIDIS MEDINA PADILLA siempre fue partidaria de la reelección presidencial, como lo confirma el acto público que dicha dama organizó en Barrancabermeja, al parecer cuando aún se debatía el proyecto de reforma constitucional, acto al que él -JOSÉ OBDULIO- fue invitado con ocasión del lanzamiento de su libro en el cual se trata dicha temática; acto que, según GAVIRIA VÉLEZ, fue grabado por el citado JORGE NÚÑEZ, quien habrá de poner a disposición de la Corte la referida grabación de ser cierto que la misma se encuentra en su poder.


2.1.3. Respecto de JOSÉ MARÍA ESPAÑA, porque resulta imprescindible averiguar por la veracidad de lo informado por la defensa, acerca de la supuesta pregunta que YIDIS le hizo al testigo sobre las consecuencias de índole legal por la variación de su voto, suministrándole él las explicaciones del caso.
2.1.4. En relación con el congresista JORGE HUMBERTO MANTILLA, porque puede suministrar información acerca de las relaciones existentes entre DÍAZ MATEUS y MEDINA PADILLA con posterioridad a la ocurrencia de los acontecimientos materia de investigación, máxime cuando, al parecer, la dama en mención prestó su apoyo a los citados testigos para sus aspiraciones congresales para el período legislativo 2006-20010.
2.1.5. Y en cuanto al testimonio de JESÚS ÁNGEL CARRIZOSA, se precisa conocer de las relaciones y alianzas políticas habidas entre MEDINA PADILLA y DÍAZ MATEUS, siendo aquél quien presentó a éstos, como lo afirmó YIDIS en la declaración que rindió dentro del proceso disciplinario que le adelanta la Procuraduría General de la Nación y cuya copia allegó el defensor del procesado, conocedor por demás de los pormenores “del acuerdo o pacto” al que YIDIS e IVÁN llegaron para la permanencia por seis meses de la ex-congresista en la Cámara de Representantes.
Como el defensor del acusado no suministró las direcciones en donde pueden ser ubicados los testigos, se le concederá plazo improrrogable de 3 días hábiles contados a partir de la fecha, para que suministre a la Secretaría de la Sala la información indispensable para su citación.
2.2. De la misma manera, se accederá a la ampliación del testimonio de YIDIS MEDINA PADILLA -numeral 18 del escrito de la defensa-, pero con la exclusiva finalidad de que precise cuáles fueron los motivos que la llevaron a solicitar la declaratoria de insubsistencia de su asesor de cabecera CÉSAR GUZMÁN AREIZA, tal como documentalmente aparece acreditado en autos, cuando precisamente ésta es una de las circunstancias en que funda la amenaza de la cual dice la hizo víctima el procesado DÍAZ MATEUS si votaba negativamente la iniciativa legislativa de reforma constitucional tantas veces aludida.
Lo demás que pretende la defensa con dicha ampliación, ya fue suficientemente explicado por YIDIS en su declaración del 21 de agosto de 2008 y en relación con lo cual la defensa tuvo suficiente oportunidad de ejercer el contradictorio; como también en la versión que rindió ante la Procuraduría General de la Nación el 20 de noviembre pasado en las diligencias disciplinarias que el ente de vigilancia y control le adelanta -copia de la misma desde ya ordena la Corte su incorporación a la presente actuación, atendiendo a la petición hecha por el defensor en el numeral 19 de su libelo-, cuyo contenido será objeto de valoración en el momento procesal oportuno.
2.3. Téngase como pruebas los documentos a los que el defensor alude en el numeral 21 de su escrito.
3. Pruebas solicitadas tanto por el Ministerio Público como por la defensa a cuya práctica no se accede:
Se denegarán las declaraciones de LINA ARBELÁEZ, HERNANDO ANGARITA, LUIS ARAUJO y ALBERTO VELÁSQUEZ -numerales, 2° del memorial del señor Procurador Delegado, 5° y 16 del escrito de la defensa-, toda vez que para los fines perseguidos, dichas personas ostentan la calidad de imputados en virtud de los cargos que YIDIS MEDINA PADILLA les enrostró dentro del proceso que a ésta se le adelantó -Rad. 22453- y en el decurso de la presente actuación, al punto que fue necesario ordenar la compulsación de copias con destino a las autoridades pertinentes para lo de su competencia.
Por ello -como ya lo ha dicho la Sala-, resulta inconveniente someterlos a la fórmula del juramento para que se pronuncien sobre aspectos que constituyen el núcleo central de la imputación, asuntos de conocimiento de otras instancias judiciales y disciplinarias. Tanto más cuanto lo que se pretende es que se pronuncien acerca de aspectos que dicen relación con las supuestas presiones de las cuales igualmente fue víctima DÍAZ MATEUS -razón de ser de su proceder, según lo relatado por MEDINA PADILLA en su declaración rendida en este proceso el 21 de agosto de 2008-, por lo que podría surgir para los testigos la posibilidad de autoincriminación.
Una tal circunstancia coloca a la Corte en una difícil disyuntiva, por cuanto nadie está obligado a declarar contra sí mismo -Arts. 33 de la Carta Política y 267 del C. de P. Penal-.
No obstante, las indagatorias o versiones que ya han rendido las citadas personas en el curso de las actuaciones penales o disciplinarias que en su contra se les sigue y cuyas copias se ordenará allegar al presente proceso, cumplen la función de ilustrar a la defensa acerca de sus descargos y, entiende la Sala, en respeto a sus garantías procesales, a ello debe limitarse su participación en este juicio.
4. Pruebas solicitadas por la defensa a cuya práctica no se accede:
4.1. Por los mismos motivos a los expuestos con antelación, se denegarán los testimonios del señor Presidente de la República, doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, del Ministro del Interior y de Justicia para la época de los hechos investigados, doctor SABAS PRETELT DE LA VEGA, y de BERNARDO MORENO -numerales 1°, 4° y 5° del escrito de la defensa-.
Sin embargo, se ordenarán allegar al presente proceso las copias de las diligencias de indagatoria o versiones que cada uno de los ilustres personajes citados con antelación hayan rendido en el curso de las actuaciones penales o disciplinarias que en su contra se les adelanta, con lo cual se suple la necesidad que de esas pruebas dice la defensa tener.
4.2. Se denegará la práctica de los testimonios del ex-ministro del Interior y de Justicia, CARLOS HOLGUÍN SARDI, BENJAMÍN HIGUITA RIVERA y JORGE SEDANO GONZÁLEZ -numeral 2° y 10° del memorial del defensor-, por cuanto para los fines que con dicha prueba se persigue basta, por contarse con suficiente ilustración, con lo que sobre su asistencia a la junta de congresistas del Partido Conservador celebrada el 27 de abril de 2004 y en la cual dicha colectividad decidió casi por unanimidad apoyar la reelección presidencial inmediata, con lo expuesto sobre tan particular aspecto en sus diferentes intervenciones procesales por el propio DÍAZ MATEUS y la señora YIDIS MEDINA PADILLA.
En la presente actuación de lo que se precisa, es establecer fehacientemente la real existencia de los presuntos actos delictivos que MEDINA PADILLA le imputa al acusado, y no si era de obligatoria aceptación para sus miembros la decisión de bancada tomada por el Partido Conservador en la susodicha junta de congresistas, respecto del citado proyecto de reforma constitucional. Por consiguiente, inútil para los fines de la investigación devienen los testimonios solicitados.
4.3. De la misma manera, se deniegan los testimonios de los congresistas HERNANDO ANDRADE, ÓSCAR ARBOLEDA, EDUARDO HENRIQUEZ MAYA y ARMANDO BENEDETTY -numeral 3° del escrito de la defensa-, como quiera que cuando en lenguaje figurado la Sala se refirió al “cerco” o “asedio” al que DÍAZ MATEUS sometió a MEDINA PADILLA para lograr persuadirla de que votara positivamente el pluricitado proyecto de reforma constitucional, lo hizo teniendo presente el testimonio tanto de la propia YIDIS como el de CÉSAR GUZMÁN AREIZA; éste relató -como se expuso en el proveído calificatorio- la manera persistente como el procesado le indagaba por YIDIS, tratando de localizarla, ya telefónicamente, ora requiriéndole por su presencia, a efecto de que dialogaran sobre el tema de la reelección presidencial.
Ni en el contexto de la declaración del mencionado testigo y menos en la que rindió la citada fémina, se alude a quienes su declaración se pide como perceptores de una tal circunstancia, salvo lo que YIDIS afirma tangencialmente acerca de haberlos visto cuando arribó al Palacio de Nariño para entrevistarse con el Presidente de la República y otros altos funcionarios del poder ejecutivo.
Por manera que, en criterio de la Sala, la pertinencia, conducencia y utilidad de esos testimonios para lo que es materia de investigación, brilla por su ausencia.

4.4. Se denegarán los testimonios de EMILIANO RIVERA, HOMERO GIRALDO y ZAMIR SILVA, por cuanto lo que se pretende con sus declaraciones consta en las actas allegadas a la actuación de lo acontecido en la sesión de la Comisión Primera de asuntos constitucionales de la Cámara de Representantes, para la fecha en que se aprobó el proyecto de reforma constitucional que permitió la reelección inmediata del Presidente y Vicepresidente de la República.


De accederse a la pretensión de la defensa, implicaría llamar a la totalidad de los miembros de dicha Comisión para que cada uno de ellos emitiera juicios de valor acerca de la conducta asumida por YIDIS en el seno de la misma para el momento de la votación, lo cual no es la finalidad que se persigue con la presente investigación.
4.5. Se denegarán los testimonios de DARÍO ECHEVERRI, JAQUELÍN REMOLINA y el del Obispo de la Diócesis de Barrancabermeja -numeral 15 del libelo del defensor-. Si lo que se pretende con estas pruebas es probar las excelentes relaciones habidas entre DÍAZ MATEUS y MEDINA PADILLA con posterioridad a lo hechos aquí investigados, ese propósito quedaría satisfecho con el testimonio del congresista JORGE HUMBERTO MANTILLA cuyo testimonio ya se ordenó recibir, por lo cual resultaría superfluo recabar sobre lo mismo.
4.5. Igualmente, se denegará la práctica del testimonio del Oficial de enlace encargado de la seguridad del Congreso de la República, como también oficiar al Ministerio del Interior y de Justicia para los fines indicados en los numerales 12 y 20 del libelo de solicitudes probatorias del defensor, por cuanto todo lo atinente al esquema de seguridad del cual gozaba YIDIS MEDINA PADILLA ha sido suficientemente explicado por ella, tanto en del proceso de la Corte bajo el número de radicación 22453, como en la declaración que rindió con ocasión de la presente actuación.
Además, es preciso advertir que en el proceso obra certificación del Secretario General de la Defensoría del Pueblo, acerca de las diversas denuncias elevadas por YIDIS MEDINA PADILLA por amenazas, atentados perpetrados contra su vida y extorsión de los cuales fue víctima por grupos armados al margen de la ley, y los correctivos adoptados en su caso.2
5. Prueba que se decreta de oficio. Conforme a lo consignado en acta de la sesión del la Comisión Primera de asuntos constitucionales de la Cámara de Representantes -cuya copia obra en el cuaderno original N° 2 del proceso bajo N° de radicación 22453 adelantado contra YIDIS MEDINA PADILLA, el cual se ordenó incorporar a la presente actuación-, la congresista CLARA ISABEL PINILLOS en su intervención ante el seno de dicha Comisión hizo la siguiente manifestación en referencia a MEDINA PADILLA: “Es más, inclusive dijo que el doctor Iván Díaz Mateus, la estaba presionando y le iba a sacar a alguien de la U.T.L., si ella no votaba conforme quería el doctor Iván Díaz Mateus.” -Fls. 16 y 17-.
De acuerdo con lo anterior, la Sala dispone escuchar el testimonio de la doctora PINILLOS para que explique la razón de su dicho.

Para la correspondiente citación, la Secretaría de la Sala se encargará de averiguar por la dirección en donde se la puede ubicar para su comparecencia a la audiencia pública de juzgamiento.


Las anteriores determinaciones se notificarán por estrados a los sujetos procesales, tal como lo demanda el Art. 182 de la Ley 600 de 2000, contra las cuales cabe el recurso de reposición de acuerdo con lo normado en el Art. 189 ibidem.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

1. DENEGAR la nulidad de la actuación invocada por el acusado DÍAZ MATEUS, de acuerdo con lo indicado en el cuerpo de esta providencia.


2. ORDENAR la práctica de las pruebas solicitadas por la agencia del Ministerio Público y el defensor del procesado, conforme con lo señalado en los numerales 1 y 2 de las motivaciones de este proveído.
Para la realización de la diligencia de inspección judicial que se reseña en el numeral 1.2., se comisiona al Magistrado Auxiliar del despacho, doctor Miguel Alfredo Jiménez Osorio, cuya fecha se fijará oportunamente.
3. DENEGAR la práctica de las pruebas solicitadas tanto por el representante de la Procuraduría General de la Nación como por el defensor del procesado, de acuerdo con las argumentaciones expuestas en los numerales 3 y 4 de la presente providencia.
4. Se ordena allegar a la presente actuación las actas de las diligencias reseñadas en los ordinales 2.2., 3 y 4.1. de este proveído.
5. Téngase como pruebas los documentos indicados en el ordinal 2.3. de esta providencia.
6. Se DECRETA como prueba de oficio, la recepción del testimonio de la doctora CLARA PINILLOS ABOZAGLO, conforme con las motivaciones expuestas en el cuerpo de esta providencia.
7. La Secretaría de la Sala librará las comunicaciones pertinentes a las autoridades competentes.
8. Contra las determinaciones aquí adoptadas cabe el recurso de reposición.
Notifíquese y cúmplase


JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Permiso

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Excusa Justificada

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE L.

AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANES

Excusa justificada


YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NUÑEZ

Secretaria

1 C. S. de J., Sala de Casación Penal, Auto Única instancia de 08-08-07, Rad. 16.122.

2 Fls. 150 a 151 del cuaderno de anexos N° 3.



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