Página principal

Proceso No 21200 corte suprema de justicia sala de casación penal magistrado Ponente: Dr. Sigifredo de j. Espinosa pérez aprobado Acta N


Descargar 165.53 Kb.
Página1/3
Fecha de conversión21.09.2016
Tamaño165.53 Kb.
  1   2   3

ÚNICA INSTANCIA N° 21.200

Jorge Fuerbringer Bermeo



Proceso No 21200


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. SIGIFREDO DE J. ESPINOSA PÉREZ

Aprobado Acta No. 283

Bogotá, D.C., septiembre nueve (9) de dos mil nueve (2009).



V I S T O S

Se ocupa la Sala en dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del proceso adelantado contra Jorge Fuerbringer Bermeo, acusado como presunto responsable de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y de falsedad material en documento público agravada.



LOS HECHOS
La Procuraduría General de la Nación, a través de su Delegada para la Contratación Estatal, adelantó proceso disciplinario respecto del Dr. Jorge Fuerbringuer Bermeo, que culminó con providencia del 25 de enero de 2000 en la cual le fue impuesta sanción de destitución y simultáneamente se ordenó compulsar las copias que fueron remitidas a la Fiscalía General de la Nación al advertir conductas de connotación penal.
Consisten en que Jorge Fuerbringer Bermeo en su condición de Gobernador del Putumayo, el 5 de junio de 1995 suscribió con la empresa ECM Impresores Ltda. el contrato Nº 034 por la suma de $29’700.000.00, con el objeto de imprimir y publicar 1.000 libros referentes al plan de desarrollo, 2.000 revistas de gestión y gobierno, y 5.000 afiches de sensibilidad para el desarrollo, alusivos a la administración de dicho mandatario, para el cual si bien es cierto no era necesario hacer licitación por la cuantía, de acuerdo con las normas legales aplicables, obligaba, en aras de garantizar los principios de responsabilidad, transparencia y selección objetiva, la fijación de avisos públicos de invitación a los interesados en presentar propuestas y la obtención de un número plural (mínimo dos) de éstas, imperativos cuyo cumplimiento fue omitido.
Sin embargo con posterioridad a la celebración de dicho contrato que contiene una constancia sobre la inexistencia en ese lugar de otras empresas diferentes a la finalmente contratada que pudieran prestar los servicios de impresión y publicación mencionados, y a la orden impartida por el aforado el 7 de junio de ese mismo año autorizando pagar al contratista un anticipo de $14’000.000.00, fueron obtenidas las propuestas de Dipro Ltda., Tecnovélez Impresores, el 7 y 8 de junio de 1995, respectivamente, documentos éstos cuya autoría negaron bajo juramento los gerentes de dichas empresas, Nicolás Concha Lalinde y Jorge Enrique Vélez Arbelaez, respectivamente.
Se estableció también en el curso de esta investigación la existencia de otro contrato similar sin número pero de fecha 9 de junio de 1995, con diferencias parciales del firmado el 5 de junio del mismo año, pues el objeto fue adicionado en cuanto a la impresión de 1.000 “documentos” y la exclusión de los 5.000 afiches.
Pero, además, la fecha de la Resolución Nº 0823 del 8 de junio de 1995 mediante la cual el Departamento del Putumayo constituyó un avance para pagar el citado contrato, fue adulterada en cuanto pericialmente se estableció que sobre el dígito correspondiente al día de expedición fue anotada rudimentariamente la cifra 12, documento que fue descubierto en el curso de la visita especial practicada por la Procuraduría Departamental del Putumayo a la oficina de Presupuesto de la Gobernación mencionada, a raíz del trámite disciplinario que adelantara en contra del aforado.

RELACIÓN PROCESAL :
1. Con fundamento en las copias remitidas por la Procuraduría General de la Nación, el Fiscal General abrió formalmente el ciclo instructivo mediante resolución del 2 de noviembre de 20001, al cual vinculó al ciudadano Jorge Fuerbringer Bermeo, ex―Gobernador del Putumayo, mediante declaratoria de persona ausente, según resolución del 14 de agosto de 20012, ex─funcionario de quien se han podido establecer las siguientes notas civiles: es titular de la cédula de ciudadanía N° 17’119.902 de Bogotá, nació en Mocoa, Putumayo, el 4 de julio de 1945, es soltero, y el 9 de octubre de 1998 fue reconocido por el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos como refugiado bajo el Mandato del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados3, condición que mantiene según lo expresó en memorial que remitiera a esta Corporación el 26 de agosto de 20084.
2. El Despacho del Fiscal General de la Nación mediante resolución del 25 de febrero de 2003 le impuso a Jorge Fuerbringer Bermeo la medida de aseguramiento de detención preventiva y ordenó su captura5 y una vez ejecutoriado el pliego de cargos emitido el 27 de mayo de 20036, la Sala celebró la audiencia preparatoria el 19 de enero de 20077 y el debate público, el 3 de agosto de 20098.

LA ACUSACIÓN :

A Jorge Fuerbringer Bermeo le fueron formulados con base en los hechos previamente descritos, los siguientes cargos:


1. Autoría del delito denominado contrato sin cumplimiento de requisitos legales, descrito en el artículo 146 del Código Penal de 1980, seleccionado por favorabilidad, y complementado, por ser tipo en blanco, con los artículos 24, literal a), inciso 2° de la Ley 80 de 1993, y 3º del Decreto 855 de 1994, para efectos de la escogencia del contratista, normas que se compendia en el siguiente texto:
“El empleado oficial que por razón del ejercicio de sus funciones y con el propósito de obtener un provecho ilícito para sí, para el contratista o para un tercero, trámite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en multa de veinte (20) a 150 salarios mínimos legales mensuales”.

2. Determinación en la conducta punible de falsedad material en documento público, consagrada en los 218 del Código Penal de 1980, agravada por el uso del documento por el autor, conforme al artículo 222 inciso 2º ibídem, normas que la Fiscalía consideró aplicables por favorabilidad.


Este es el contenido de tales preceptos:
“El empleado oficial que en el ejercicio de sus funciones falsifique documento público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años”.
“Si quien usa el documento a que se refiere el inciso anterior (público falso), fuere el mismo que lo falsificó, la pena se aumentará en la mitad”.

AUDIENCIA PÚBLICA :
Los sujetos procesales que concurrieron a dicho acto procesal presentaron las alegaciones cuyo resumen se pasa a consignar:
1. El Fiscal
Pidió condena para Jorge Fuerbringer Bermeo por los siguientes delitos:


    1. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales

Atribuye dicho punible a Jorge Fuerbringer Bermeo porque cuando fungió como Gobernador del Putumayo celebró el contrato de prestación de servicios Nº 034 del 5 de junio de 1995, desconociendo los principios de transparencia, selección objetiva y legalidad, en cuanto no hizo invitaciones a contratar y las cotizaciones que allegó datan del 7, 8 y 9 de junio de 1995, es decir, que fueron obtenidas con posterioridad a la suscripción del referido convenio, evento que demuestra que el arribo de tales documentos tuvo como única finalidad dar apariencia de legalidad al proceso contractual en mención y revelan el convencimiento que tenía el procesado de la ilicitud de su comportamiento.


Este propósito encuentra demostración, además, en la elaboración de otro contrato ficticio de fecha 9 de junio de 1995, de contenido similar al del 5 de ese mes mismo y año, cuyo contenido real está respaldado con el oficio del 7 de junio de la misma anualidad, mediante el cual el Gobernador acusado autoriza al Secretario de Hacienda, Jesús Fernando Checa, el primer desembolso para el pago del anticipo; la Resolución Nº 00823 emitida al día siguiente ordenando un avance para sufragar los gastos de las publicaciones; la anotación del registro presupuestal únicamente en el contrato del 5; y el reconocimiento que de éste convenio hizo Jesús Fernando Checa como verdadero.
La constancia del 5 de junio de 1995 suscrita por el Gobernador Jorge Fuerbringer Bermeo afirmando que ante la inexistencia en el Departamento del Putumayo de empresas que hagan el trabajo tipográfico requerido, decide contratar con CME Impresores, permite inferir que en esa fecha ya había tomado la decisión de contratar con dicha empresa, luego las restantes propuestas fueron incluidas tardíamente y, peor aún, la cotización de Dipro Ltda. resultó ser falsa.
Estima que la excepción para contratar directamente con un contratista y omitir la pluralidad de ofertas, no eximía al acusado de la obligación de invitar con el mencionado propósito contractual a los comerciantes de la ciudad en donde finalmente contrató el trabajo de impresión referido.
Otras irregularidades que destaca es la aprobación de la póliza de garantía el 14 de septiembre de 1995 no obstante haber sido tomada el 9 de junio inmediatamente anterior y que los derechos de publicación del contrato hubieran sido cancelados el 2 de agosto siguiente.

El conocimiento y la voluntad de Jorge Fuerbringer Bermeo de realizar la conducta punible la infiere de la realización de actuaciones posteriores al trámite contractual hasta atacar la fe pública, y la constancia que elaboró sobre la inexistencia de publicista con quien contratar en el Putumayo.


Los testimonios obtenidos por la Procuraduría dan cuenta de la autonomía con que el ex―Gonernador tomó la decisión de contratar con EMC, así lo expresó Juan José Campos y María Victoria Guacales Beltrán; mientras que Jesús Fernando Checa Mora dijo que como le correspondió preparar los textos a imprimir, ―en el mismo sentido depuso el diseñador Nevar Fabián Salas Enríquez―, su intervención en la contratación se limitó a certificar la disponibilidad presupuestal, a entregar el dinero a la empresa contratista correspondiente al último saldo y a recibir el trabajo de impresión.
Y, concluye, la responsabilidad de los procesos de selección es del Gobernador y no lo exime de ella el afán de entregar los trabajos de impresión al Presidente de la República.
Considera que la antijuridicidad del actuar investigado se traduce en la burla del procesado a los controles estatales y en la conculcación de los principios de la contratación administrativa en detrimento del interés general.
1.2. Falsedad en documento público, agravada por el uso realizado por su autor.
Su demostración la funda en el dictamen pericial sobre la adulteración de la fecha de la Resolución Nº 0823 del mes de junio de 1995, en cuanto se cambió la genuina, esto es el 5, por 8, con el propósito de hacer incurrir en error sobre la fecha en la cual fue suscrito el contrato antes mencionado para de esta manera pretender demostrar que se cumplió con el requisito de formular otras invitaciones; y en el uso de dicho documento falso ante la Procuraduría y dentro de esta actuación.

Considera que tal comportamiento es imputable al procesado porque él era el interesado en el señalado designio, razón por la cual debe responder como determinador.



2. El Ministerio Público
Coincide con la Fiscalía en el pedimento de condena por los dos punibles imputados y coincide en las razones esgrimidas.
Reprochó la omisión por parte del incriminado del cumplimiento de los requisitos legales exigidos por numerosas normas del ordenamiento jurídico para la contratación directa, correspondientes a los principios que orientan dicha actividad, y específicamente aludió a la ausencia de invitaciones a los potenciales oferentes para el objeto materia del contrato finalmente suscrito y de cotizaciones plurales auténticas. Además, invocó como prueba del dolo la falsificación de los documentos de dicha índole finalmente obtenidos.
Sostuvo la condición de determinador del acusado en el injusto de falsedad documental, en cuanto obran pruebas que indican que sus subordinados administrativamente cumplieron las órdenes que les impartió durante el iter criminis, tales como, la creación del cheque de $14’000.000 para el pago del primer anticipo del contrato en mención, a favor del Tesorero y no del contratista CME Impresores, y la delegación que hizo al Secretario de Hacienda, Jesús Fernando Checa, para la suscripción del convenio, encargándolo previamente de las funciones de Gobernador.

3. La Defensora de Oficio
Al demandar la absolución de su representado expuso los argumentos que se resumen en los siguientes bloques:

Debe negarse valor probatorio a los testimonios de los funcionarios de la Gobernación que participaron en la celebración del contrato mencionado y en la expedición de los documentos solicitados por la Procuraduría General de la Nación por considerar que sus exposiciones constituyen disculpas de lo ocurrido, orientadas a diluir la responsabilidad propia endilgándosela a los demás. Sin embargo, llama la atención sobre los testimonios de Nevar Fabián Salas Enríquez y Jesús Fernando Checa Mora en cuanto descartan que el acusado hubiera promovido la ilegalidad contractual investigada y, más adelante, resalta que no obstante haber sido encargado de la Gobernación el último nombrado, durante la época en la cual se celebró el referido contrato admitió que se limitó a supervisar técnicamente el objeto del mismo y a entregar al contratista en esta ciudad $2’000.000, en efectivo, en lugar de haber creado un cheque con tal finalidad.

Critica a María Victoria Guacales por no haber asesorado jurídicamente al Gobernador Fuerbringer Bermeo en temas contractuales como estaba obligada a hacerlo y a pesar de haberse enterado de la delegación que éste hizo en Checa Mora para la firma de algunos documentos relacionados con tal actividad, razón por la cual no se debe exigir ahora, a su representado, responsabilidad penal, menos aún si en cuenta se tiene la multiplicidad de funciones a él asignadas y la urgencia que tenía de entregar al Presidente de la República un resumen de sus ejecutorias en material bien impreso, interés este carente de ilicitud.
Plantea la falta de concurrencia del elemento subjetivo del tipo de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en cuanto no se demostró que el acusado hubiera obtenido un aprovechamiento económico al celebrar el contrato mencionado.
Refuta que su representado hubiera usado el documento falsificado ―Resolución Nº 823 del 8 de junio de 1995 de la Gobernación del Putumayo― con el argumento de que no fue presentado por él, sino que fue entregado por el Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento del Putumayo a la Fiscalía en el curso de inspección judicial practicada en el año 2002.
Se refiere a la póliza para decir que si fue presentada y aprobada después de la firma del contrato, tal circunstancia no tiñe de ilegalidad la tramitación del mismo, pues la constitución de la garantía se deriva de la consolidación del convenio.
A partir de la dificultad para establecer cuál de los dos contratos es auténtico, si el del 5 o el del 9 de junio 1995 ―duda que debe resolverse considerando auténtico el de la última fecha anotada―, y ante la posibilidad concreta que tenía el procesado de desaparecer el que presentaba enmendaduras, colige que las cotizaciones fueron presentadas antes de la celebración, documentos éstos cuya falsedad no puede predicarse con base exclusivamente en la ausencia de reconocimiento de las firmas de sus suscriptores pues en estos casos es necesaria la prueba grafológica, y agrega, el único documento cuya falsificación podría admitirse sería el proveniente del testigo que asegura que le cambiaron el segundo apellido.
Rechaza la atribución de dolo al comportamiento de su patrocinado con base en la falsificación documental que se le endilga, en cuanto no participó en tal acción, ni instigó a nadie a realizarla.
De otra parte, opina que no es posible imponer condena de carácter civil, dado que la Fiscalía en la resolución de acusación excluyó expresamente que con los delitos investigados se hubiera causado daño patrimonial alguno.

C O N S I D E R A C I O N E S :

Para poder arribar a las conclusiones que objetivamente corresponden a la fase de juzgamiento que esta sentencia finiquita, se evaluará el caudal probatorio respecto de cada una de las conductas punibles alrededor de las cuales ha girado esta actuación con el fin de establecer si infunden certeza de su realización y de la responsabilidad del acusado, en cuyo caso, a tono con el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, se proferirá sentencia condenatoria, y simultáneamente se examinarán los planteamientos expuestos por los sujetos procesales durante el debate público.



1. ANÁLISIS SOBRE LA AUTORÍA Y RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO
1.1. En el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales:
A Jorge Fuerbringer Bermeo se le acusa de haber tramitado y celebrado el contrato de prestación de servicios Nº 034 del 5 de junio de 1995, cuando fungía como Gobernador del Departamento del Putumayo, con ECM Impresores Ltda., por la suma de $29’700.000.00, sin observar los requisitos legales esenciales de la contratación estatal, particularmente, la contratación directa.
De acuerdo con la descripción típica contenida en el artículo 146 del Código Penal de 1980 (artículo 410 del Estatuto Punitivo de 2000), modificado por el artículo 21 de la Ley 190 de 1995, que define el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, constituyen supuestos fácticos, en primer lugar, ostentar la calidad de servidor público y ser el titular de la competencia funcional para intervenir en la tramitación, celebración o liquidación del contrato, y, en segundo lugar, desarrollar la conducta prohibida consistente en la intervención en tales fases, sin acatar los requisitos legales esenciales para su validez.
En este caso está probado que cuando se celebró el contrato cuestionado, Jorge Fuerbringer Bermeo se desempeñaba como Gobernador del Departamento de Putumayo, según se infiere del acta en la cual consta que tomó posesión de dicho cargo el 2 de enero de 1995 y del certificado expedido por la Tesorería Departamental del Putumayo según el cual en el mes de junio del mismo año ostentaba tal investidura9, además, de conformidad con el art. 11, numeral 3, literal b) de la ley 80 de 1993, tenía competencia para celebrar contratos con cargo a los recursos del Departamento bajo su imperio.
De las tres acciones descritas en la norma invocada se discute si el acusado incurrió en dos de ellas, a saber, tramitar y celebrar el contrato mencionado desconociendo los requisitos legales esenciales, cuya determinación debe hacerse a partir del plexo axiológico inserto en el artículo 209 de la Constitución Política que reza:
“La función administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

Estos valores son desarrollados en la Ley 80 de 1993 que consagra los principios que orientan la actividad contractual estatal, de obligatorio cumplimiento según lo dispone su artículo 23. Son ellos: transparencia (artículo 24) y como expresión de éste el deber selección objetiva de los contratistas (artículo 29); economía (artículo 25); y responsabilidad (artículo 26)


Diversas manifestaciones del principio de transparencia están incluidas en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, a saber:
“1º. La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público, salvo en los siguientes casos en los que se podrá contratar directamente:
a) Menor cuantía.”
(…)
3º. Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público, permitiendo en el caso de licitación el ejercicio del derecho de que trata el artículo 273 de la Constitución Política”.
De acuerdo con el artículo 2º, del Decreto 855 de 1994,
“…el jefe o representante de la entidad estatal, o el funcionario en quien hubiere delegado, deberá tener en cuenta que la selección del contratista deberá garantizar el cumplimiento de los principios de economía, transparencia y en especial el deber de selección objetiva, establecidos en la Ley 80 de 1993”.

El mandato de la selección objetiva de contratistas está conceptualizado en el artículo 29, incisos primero y segundo de la Ley 80 de 1993, en los siguientes términos:


“Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.
Ofrecimiento más favorable es aquel que, teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato, si se trata de contratación directa, resulta ser el más ventajoso para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos, sólo alguno de ellos, el más bajo precio o el plazo ofrecido”.

Para materializar el postulado acabado de definir, el artículo 3º del Decreto 855 de 1994, vigente por la época del proceso contractual investigado (posteriormente derogado por el artículo 2170 de 2002), imponía al servidor público encargado de la gestión precontractual la obligación de invitar públicamente a los potenciales oferentes, a través de un aviso colocado en un lugar visible de la entidad contratante por un término de dos días ―requisito que puede obviarse en los casos señalados en el parágrafo del precepto en referencia, en cuyo caso deberá dejarse constancia escrita―, con el fin de obtener por los menos dos propuestas escritas antes de la suscripción del convenio, condicionamientos de imperioso cumplimiento cuando se trata de un contrato de menor cuantía10 (inciso quinto del artículo 3º del invocado decreto), como del que da cuenta la actuación examinada.


Según dimana del artículo 26 de la pluricitada Ley 80, el principio de responsabilidad impone a los servidores públicos la obligación de buscar el cumplimiento de los fines de la contratación11, vigilar la correcta ejecución del objeto contractual y proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
Tomando como referencia el anterior marco normativo se establecerá si la intervención del ex―Gobernador del Departamento del Putumayo, Jorge Fuerbringer Bermeo, en el proceso de contratación administrativa investigado que generó la suscripción del contrato de prestación de servicios Nº 034 del 5 de junio de 1995, se ciñó o no a los postulados previamente definidos.
La opinión de la Fiscalía sobre dicho tema vertida en la resolución acusatoria y durante el debate público fue afirmativa, y adicionada en cuanto planteó el desconocimiento del principio de legalidad que también orienta la referida actividad pública.
La defensa asumió posición opuesta, de una parte, sosteniendo que con anterioridad a la suscripción del contrato la Gobernación del Putumayo obtuvo tres cotizaciones sobre el material bibliográfico a imprimir, incluida la finalmente escogida, cuya autenticidad se negó a poner en entredicho por considerar que no es suficiente para dar por probada la falsedad de dos de ellas la ausencia de reconocimiento de sus presuntos autores, como sucedió en este proceso; de otra parte, socavando la credibilidad de los servidores públicos que por la época de autos tuvieron algo que ver con la actividad contractual examinada por considerar que distorsionaron la verdad de lo ocurrido por estar interesados en eludir su propia responsabilidad.
La Sala considera que la solución acertada de la anterior discusión impone el análisis cuidadoso del universo probatorio recaudado, tarea que se acometerá examinando los elementos obtenidos en las oficinas del Departamento del Putumayo, con relevancia para el presente asunto, respetando el orden en el cual fueron recaudados, con el fin de establecer cuáles infunden certeza de su autenticidad.
  1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje