Página principal

Proceso No 20943 corte suprema de justicia


Descargar 124.32 Kb.
Página3/3
Fecha de conversión21.09.2016
Tamaño124.32 Kb.
1   2   3

CONSIDERACIONES DE LA CORTE




1. Primer cargo: Nulidad por violación del derecho a la defensa determinada por variación de la calificación jurídica (primer cargo de la demanda a nombre de MIRYAM EMMA RODRIGUEZ y primer cargo del libelo a nombre de JOSE DOMINGO RODRIGUEZ):
Por existir identidad en la enunciación, fundamentos y desarrollo argumentativo en los cargos de las demandas relacionadas, la Sala los resolverá de manera conjunta.
Es oportuno señalar que de manera reiterada ha expuesto la Sala que si bien la acreditación de la causal tercera de casación resulta ser más flexible que la requerida para demostrar las otras causales, es imprescindible que el censor proceda con precisión, claridad y nitidez a identificar la clase de irregularidad sustancial que determina la invalidación, plantear sus fundamentos fácticos, indicar los preceptos que considera conculcados y expresar la razón de su quebranto, especificar el límite de la actuación a partir del cual se produjo el vicio, así como la cobertura de la nulidad, demostrar que procesalmente no existe manera diversa de restablecer el derecho afectado, y lo más importante, acreditar que la anomalía denunciada tuvo injerencia perjudicial y decisiva en la declaración de justicia contenida en el fallo impugnado (principio de trascendencia), dado que este recurso especial no puede fundarse en especulaciones, conjeturas o afirmaciones carentes de demostración o en situaciones ausentes de quebranto.
En punto de la censura formulada por la defensa de MYRIAM EMMA RODRIGUEZ se tiene, tal como lo destaca el Ministerio Público, que el impugnante no señala con precisión y nitidez si su queja está orientada a deplorar una calificación jurídica errada en la resolución de acusación o la falta de congruencia entre la providencia enjuiciatoria y el fallo por ser variada sorpresivamente la calificación en este, circunstancias diversas que correspondía plantear al amparo de causales de casación distintas, y con argumentos y fundamentación diferentes.
En efecto, en el primer caso, por tratarse de una equivocada calificación en la acusación, debía el censor plantear su reparo a la luz de la causal primera de casación con el propósito de que sea casado el fallo y se profiera sentencia sustitutiva, siempre que no se varíe el género del delito, y no se desmejore la situación del procesado.
Si la corrección del yerro determina que se proceda por un delito de diverso género (correspondiente a otro capítulo del estatuto penal) o que la readecuación de la conducta vaya en detrimento del incriminado, el reproche debe ser postulado en forma mixta, esto es, al amparo de la causal tercera de casación, pero desarrollado de conformidad con las reglas de la primera causal, dado que se trata de un vicio in iudicando.
Ahora bien, si la pretensión del censor se dirige a reprochar que en el fallo se varió sorpresivamente la calificación jurídica por la cual se acusó, y que en virtud de ello no estuvo en posibilidad de defenderse de tal imputación, le compete encausar su censura por falta de consonancia entre los cargos formulados en la acusación y aquellos por los cuales se le condenó en el fallo, esto es, proponer el reproche al amparo de la causal segunda de casación que se ocupa puntualmente de tal circunstancia, o bien, con base en la causal tercera de esta impugnación extraordinaria por violación del derecho a la defensa, dado que se encuentra conforme con la imputación efectuada en la acusación, caso en el cual no resulta viable el fallo de sustitución sino la nulidad de la actuación.
Como fácilmente se advierte en este asunto, el actor no sujeta la formulación y desarrollo de su cargo a las exigencias de técnica propias de la invocación de la causal tercera de casación, pues aunque señala como irregularidad la sorpresiva variación de la calificación jurídica provisional introducida en el fallo con modificación de la imputación contenida en la acusación, solicita la declaratoria de invalidación de lo actuado a fin de enmendar los “yerros en que, según la sentencia, se incurrió en la calificación jurídica, referida a la forma de intervención en el punible” confusión con la cual viola de manera ostensible el principio de nitidez y precisión que rige este trámite, e incurre en falencia que la Corte no puede corregir en virtud del principio de limitación que rige su competencia en este trámite, y que por tanto, determina el fracaso del cargo.
En cuanto se refiere a los argumentos del defensor de JOSE DOMINGO RODRIGUEZ ROZO se tiene que la Sala no advierte, ni el censor precisa, en qué consistió la “motivación anfibológica en la formulación de cargos en contra del señor RODRIGUEZ ROZO, que generó un vicio de garantía, traducido en el quebranto del derecho a la defensa para el procesado”, pues no atina a puntualizar qué es lo que denomina “una evidente indeterminación en cuanto a la imputación subjetiva, que impidió el ejercicio del derecho a la defensa, ante la ambigüedad e indefinición del vocatorio a juicio en tal aspecto”.
Como puede establecerse, el casacionista falta ostensiblemente a su deber de precisión y claridad en la formulación del cargo, que sólo se queda en el enunciado, pero no procede a desarrollar de conformidad con las reglas atrás señaladas, y tanto menos encamina su esfuerzo a demostrar la injerencia del reparo en el fallo atacado, todo lo cual conduce a la improsperidad del reproche.

No obstante lo anterior, y en aras de verificar la eventual procedencia de la facultad oficiosa de la Corte en punto de la validez de la actuación, encuentra la Sala que los procesados fueron acusados en primera instancia “como coautores de los delitos de estafa - art. 356 C.P. - y uso de documento público falso agravado por participar en la falsificación - art. 222 C.P. - en la modalidad de concurso heterogéneo y sucesivo”, decisión que fue confirmada en segundo grado “por los punibles que atentan contra el bien jurídico de la fe pública” (subraya fuera de texto).


Es pertinente destacar que si bien en la parte considerativa de la acusación de primer grado se dijo que los incriminados debían “responder por la comisión del punible de uso de documento público falso agravado por haber participado en la adulteración, pues, como se ha dicho, son las únicas personas con interés jurídico y económico para realizar tal conducta, son las personas que usaron los documentos apócrifos, y quienes al final se beneficiaron de tal hecho” acto seguido se les acusó impropiamente en calidad de “autores determinadores”.

No obstante, es claro que la concreción de la imputación figura en la parte resolutiva de la decisión, donde sin imprecisiones como la reseñada se les acusó como coautores del referido concurso homogéneo de delitos, circunstancia que denota la ausencia de sorpresa sobre la imputación fáctica de la cual se quejan los defensores para dar soporte a su solicitud de declaratoria de nulidad de la actuación por violación del derecho de defensa de sus asistidos.



A su vez, el a quo los condenó “como coautores responsables de los delitos de FALSEDAD MATERIAL DE PARTICULAR EN DOCUMENTO PÚBLICO AGRAVADOS POR EL USO, cometidos en concurso homogéneo y sucesivo de hechos punibles”; decisión que sobre el particular fue confirmada por el Tribunal.
Por tanto, de las anteriores transcripciones puede concluirse que no es cierto que haya existido inconsonancia alguna entre la imputación fáctica que determinó la resolución acusatoria, y la contenida finalmente en los fallos que conforman una unidad inescindible, pues existe coincidencia entre los hechos por los que se acusó y aquellos por los que se les condenó.
Como lo señala el Delegado de la Procuraduría, es evidente que el a quo procedió a corregir la adecuación que de las conductas imputadas a los procesados se realizó en la acusación, pues si MIRYAM RODRIGUEZ intervino en la falsificación de los reconocimientos notariales impresos en la promesa de compraventa del inmueble de la calle 125 A, así como en el poder otorgado para ceder las cuotas de interés en la sociedad Vallas Ltda y posteriormente usó tales documentos, dicho comportamiento no se adecuaba al artículo 222 del anterior estatuto penal, sino al artículo 220 del mismo, agravado por la circunstancia indicada en el inciso segundo del 222 ejusdem, como de manera reiterada lo ha expuesto esta Sala.
En consecuencia, se advierte que la referida corrección no desconoció de manera alguna la imputación fáctica establecida en la acusación, no se quebrantó de manera alguna el derecho a la defensa de los procesados, pues no fueron sorprendidos con la atribución de circunstancias fácticas diferentes o desconocidas por ellos y sus defensores, y sólo se trató de una corrección realizada por el fallador para dejar incólume los principios de legalidad y el debido proceso que rigen la actuación.
Y aún más, corrobora la ausencia de sorpresa alguna para los procesados en punto de los hechos por los que se les acusó y condenó, el hecho de que, como lo señala la apoderada de la parte civil, obra en la actuación dictamen pericial de Arnulfo Salinas Rodríguez solicitado por Carlos Abondano, apoderado de los actores en los trámites civiles y ante la Dirección Nacional de Impuestos Nacionales (DIAN), en el cual se concluye que la firma y los dígitos que de Alvaro Puig aparecen en la diligencia de autenticación de firmas ante la notaría 23 de Bogotá que figura al dorso del contrato de compraventa del inmueble de la calle 125 A “es producto de una imitación”, y que los sellos notariales, así como la firma del Notario son “producto de una reproducción generalizada”, circunstancia que denota la total ausencia de sorpresa respecto de los delitos y de las imputaciones fácticas y jurídicas por las que se procedió a lo largo del trámite.
Adicional a lo expuesto, en la audiencia pública puntualmente se le preguntó a MYRIAM EMMA RODRIGUEZ por parte de la titular del despacho: “Se elevó acusación en su contra en virtud de la coautoría que del delito de falsedad en documento público agravada por el uso, coautoría puesto que también fue acusado su señor padre. Qué puede ud. decir al respecto?”; sobre lo cual contestó que “…si una promesa es cierta, si puedo acreditarla en cualquier parte paraque (sic) teníamos que deslegitimar poniendo un sello falso sobre algo cierto? Precisamente esto es lo que se está investigando quien (sic) fue la persona que realizó ese sello y la persona que realizó ese sello no puede ser otra distinta de una persona que le interese deslegitimar la bondad de una promesa cierta”.
A su vez, en la vista pública la Fiscal 75 Seccional expresó: “En ejercicio de las funciones propias de mi cargo, me permito solicitar que se profiera sentencia condenatoria en contra de JOSE DOMINGO RODRIGUEZ ROZO y MYRIEM EMMA RODRIGUEZ TAVERA , para que respondan como coautores del delito de uso de documento público falso agravado en los términos del 2º inciso del artículo 222 en cuanto se ha demostrado plenamente la materialidad del delito y la responsabilidad de los procesados”.
Y finalmente concluyó la Fiscal: “Existe certeza de la comisión del delito de falsedad, del uso de los documentos espureos (sic) y de la responsabilidad de los procesados, en ytanto que indicios necesarios y gravísimos apuntan a señalarlo así. Siendo ellos para enumerar solo unos: el de móvil, el de capacidad y la de ser los únicos beneficiados con la acción falsaria, el de manifestaciones posteriores a la comisión y uso de la falsedad, el de mentira, el de falsa explicación entre otros…”.
Sobre el particular el defensor de JOSE DOMINGO RODRIGUEZ señaló que “si bien es cierto el delito de falsedad conlleva intrínsecamente el mutar o cambiar la verdad dentro de estas diligencias que hoy ocupan esta causa nunca por el ente acusador se estableció que JOSE DOMNGO RODRIGUEZ ROZO hubiera alterado la verdad documentada en la promesa de venta…”.
Adicional a lo expuesto, el defensor de MYRIAM EMMA RODRIGUEZ encaminó su esfuerzo en la audiencia pública a acreditar que la promesa de venta del inmueble, así como el poder otorgado para la venta de las aciones sí fueron hechos ciertos, y que por tanto el comportamiento se adecuaría al delito de falsedad para obtener prueba de hecho verdadero, sin que en forma alguna formulara reparo a que su asistida fuera acusada como coautora.
También es pertinente destacar, que no se vislumbra ambigüedad alguna en el pliego de cargos, pues allí se anotó con claridad el delito por el que se procedía, así como la forma de intervención de los procesados en su comisión como coautores, delito y condición por la que fueron finalmente condenados.
Para abundar en la argumentación, pertinente resulta señalar que la Sala al ocuparse de una situación similar expuso que “al haberse acusado y condenado a M.M. como ‘determinador’, este error en el término utilizado para precisar el grado de participación (que es de ‘coautoria’, como se dijo) no entraña materialmente irregularidad ninguna, pues de todos modos dicho acusado conoció enteramente y se defendió de los cargos por los cuales fue sentenciado, siendo entonces el referido yerro conceptual un aspecto meramente nominal que en nada incidió en el derecho de defensa de dicho procesado4.
Por las razones expuestas, el reproche no prospera.

2. Segundo cargo: Falso raciocinio que recayó sobre las pruebas que demostraban que la promesa de venta y el poder sí existieron (segundo cargo de la demanda a nombre de MIRYAM EMMA RODRIGUEZ).

Para comenzar está bien puntualizar que cuando el cargo se sustenta en un error de hecho por falso raciocinio, compete al demandante indicar qué dice de manera objetiva el medio probatorio, qué se infirió de él en la sentencia atacada, cuál fue el mérito persuasivo otorgado, determinar el postulado lógico, la ley científica o la máxima de experiencia cuyo contenido fue desconocido en el fallo, debiendo a la par indicar la proposición lógica, la regla científica, o el supuesto de experiencia que debió considerarse, identificar la norma de derecho sustancial que

indirectamente resultó excluida o indebidamente aplicada, y finalmente, demostrar la trascendencia del error expresando con claridad cuál debe ser la correcta inferencia de la prueba, con la indeclinable obligación de acreditar que la enmienda del yerro da lugar a un fallo esencialmente diverso y opuesto al censurado.
Advertido lo anterior se tiene que en el asunto que determina el estudio de la Sala, el impugnante no atina a demostrar la ocurrencia del yerro denunciado, pues la fundamentación del cargo la circunscribe a plantear su particular valoración de las pruebas y sus personales deducciones, para concluir, sin más, que el contrato de compraventa del inmueble ubicado en la calle 125 A de esta ciudad, así como el poder otorgado para vender las cuotas partes de interés que Alvaro Puig tenía en la sociedad Vallas Ltda en realidad ocurrieron, y que por ello, las falsificaciones se orientaron a demostrar un hecho verdadero.

Entonces, es evidente que el demandante no dirige su actividad a demostrar que al valorar las referidas pruebas, los falladores incurrieron en violación de las reglas de la sana critica, sino que pretende, en manifiesto desconocimiento de la dual presunción de acierto y de legalidad de la que está revestido el fallo, simple y llanamente cotejar su apreciación probatoria con la de los sentenciadores, proceder que no se compadece con las reglas de la técnica casacional propias del yerro postulado.

En efecto, lo anterior se evidencia cuando señala que “en sana crítica esto (que la promesa de compraventa del inmueble estaba al alcance de MIRYAM RODRIGUEZ, se aclara) era suficiente para probar que sí existió una promesa de compraventa entre ALVARO PUIG GARCIA y JOSE DOMINGO RODRIGUEZ ROZO”, o al manifestar que “no haber valorado esa prueba pericial de esa manera (el dictamen pericial del cual concluye el censor la uniprocedencia de las firmas dubitadas e indubitadas de Alvaro Puig, se precisa) es violación de las reglas de la sana crítica”, o también, entre otros apartes, al destacar que “la sentencia le negó valor para demostrar que sí fue un hecho verdadero, que este poder fue conferido y aceptado por lo intervinientes”.

Además, al analizar los fallos de primero y segundo grado que conforman una unidad, pronto se advierte que no se configura de manera alguna el error por falso raciocinio que señala el casacionista, pues, como acertadamente lo señaló el Delegado, el acervo probatorio conduce a concluir, como en efecto lo hicieron los falladores, que el contrato de compraventa del inmueble, así como la cesión de las cuotas de interés de Alvaro Puig García en la sociedad Vallas Ltda no consiguieron consolidarse en vida de este, motivo por el cual, los procesados procedieron a falsear los documentos a fin de dotarlos de mayor valía probatoria dentro del proceso de sucesión de Puig García con las espurias constancias notariales, circunstancia que denota la ausencia de razón en la censura del defensor.


Por tanto, el cargo no prospera.

3. Tercer cargo: Falso juicio de identidad sobre el carácter público de los documentos (tercercargo de la demanda a nombre de MIRYAM EMMA RODRIGUEZ y segundo cargo de la demanda a nombre de JOSÉ DOMINGO RODRÍGUEZ).
Habida cuenta que se advierte similitud en la postulación, desarrollo y exposición argumental de los reproches en los referidos libelos, procede la Sala a resolverlos conjuntamente.
Suficientemente tiene dilucidado la Sala que el error de hecho por falso juicio de identidad tiene lugar cuando el juzgador al considerar el medio de prueba distorsiona su contenido cercenándolo, adicionándolo o tergiversándolo, caso en el cual corresponde al actor, mediante el cotejo objetivo de lo dicho en el medio probatorio y lo asumido en el fallo, expresar sin ambages qué aparte fue omitido o añadido a la prueba, qué efectos se produjeron a partir de ello, y lo más importante, cuál es la trascendencia del yerro en la declaración de justicia contenida en la parte resolutiva de la sentencia atacada, tópico que no puede ser demostrado con la mera exposición subjetiva del criterio del impugnante, pues menester resulta que materialmente acredite que el error condujo a la falta de aplicación o a la aplicación indebida de la ley sustancial en el fallo, esto es, que corregido el yerro, la prueba debidamente valorada en conjunto con las demás modifica sustancialmente el sentido de la decisión reprochada.
En el desarrollo de este reparo es evidente que los demandantes quebrantan las reglas técnicas de la casación, pues no dirigen su actividad a señalar qué apartes de la promesa de compraventa del inmueble o del poder otorgado para la cesión de las cuotas de interés fueron cercenados, adicionados o distorsionados indebidamente por los falladores, sino que su reprobación se orienta a indicar que los referidos documentos son de naturaleza privada, y no pública, como lo asumieron los funcionarios judiciales.
Como fácil puede vislumbrarse, si bien el cargo es formulado por violación indirecta de la ley sustancial determinada por un error de hecho por falso juicio de identidad, su desarrollo y fundamentación se adelantó conforme a la violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación, dado que los censores no orientan el reproche hacia la apreciación de las pruebas, sino que aceptan íntegramente los hechos que se estiman acreditados en el fallo atacado, así como la validez de las pruebas y la valoración que de ellas se plasmó en la sentencia, pero centran la censura en un asunto exclusiva y rigurosamente jurídico-conceptual, en punto de la naturaleza pública o privada de los referidos documentos sobre los que recayó la falsedad.
Tal incorrección técnica, que no puede ser suplida de manera alguna por la Corte en virtud del principio de limitación que rige su competencia en este trámite, es suficiente para desestimar la censura, pero además se evidencia, que tampoco asiste razón a los demandantes pues los documentos sobre los cuales recayó el comportamiento falsario sí son de naturaleza pública, por las siguientes razones:
No se trata de que los varias veces citados instrumentos tengan simultáneamente la doble calidad de públicos y privados como lo señalan los casacionistas, sino que la falsedad consiste en hacer aparecer a Alvaro Puig García en la Notaría 23 del Círculo de Bogotá el 22 de marzo de 1991 autenticando su firma ante el Notario Aldo Buenaventura, declarando que el contenido del escrito es cierto y que las firmas que allí aparecen son suyas, todo ello ratificado con su rúbrica por el funcionario notarial, cuando en verdad se acreditó que Puig García no compareció al mencionado despacho público, y que para aquella fecha el titular de la Notaría 23 se encontraba en licencia.
En consecuencia, no hay duda que la constancia notarial, en cuanto emanada de un servidor público que en ejercicio de sus funciones otorga fe pública de un acto, corresponde a un documento público, independiente de la privada declaración de voluntades contenida en el documento.
Sobre lo expuesto, de tiempo atrás ha dicho la Sala que “cuando el notario manifiesta en el escrito que las firmas que allí aparecen junto con las huellas digitales corresponde a las identidades que los mismos manifiestan, no está avalando o modificando el documento del cual hacen parte. Simplemente le está otorgando credibilidad a sus firmas, con independencia del contenido del escrito. Por ello, este texto notarial conserva su total autonomía y por ser suscrito por un funcionario público, adquiere tal carácter pues lo está haciendo en ejercicio de su cargo5.
En consecuencia, en evidente que acertaron los falladores al proceder por el delito de falsedad de particular en documento público agravada por el uso, pues sin duda alguna, tal es la naturaleza de las conductas objeto del proceso.
El cargo no prospera.

4. Cuarto cargo: Violación directa por aplicación indebida de los artículos 220 y 222 inciso 2º del Código Penal, y falta de aplicación del artículo 222 del mismo (cuarto cargo de la demanda a nombre de MIRYAM EMMA RODRIGUEZ).
Como acertadamente lo señala el Procurador Delegado, es evidente que la censura se encuentra adecuadamente postulada y desarrollada, pues asume los hechos declarados y probados en la actuación; no obstante, su falencia es de raigambre conceptual, habida cuenta que sobre el punto jurídico que plantea el demandante, ya la Sala se ha pronunciado reiteradamente en un sentido diverso al propuesto.
En efecto, no acierta el impugnante al atribuir a los juzgadores de instancia la indebida aplicación de la circunstancia agravante de la falsedad, prevista en el inciso 2º del artículo 222 del anterior estatuto penal, pues el entendimiento que de ella asumieron los falladores para deducirla en este asunto, coincide con lo expuesto sobre el punto de tiempo atrás por esta Sala, esto es, que no se encuentra referida al uso del documento público falso tipificado en el inciso 1º ibídem, sino a las diversas modalidades de falsedad contenidas en los preceptos precedentes.

Sobre el tema ha dicho que si bien “la redacción definitiva del inciso 2º del artículo 222 no fue tan clara en este punto como la del inciso final del artículo 246 del Anteproyecto de 1974; no obstante, la solución jurídica se mantuvo; la referencia que allí se hace al ‘inciso anterior’, apunta al documento público falso como objeto material de la conducta, no a la pena allí consagrada, pues que ella se refiere a la bien distinta hipótesis del simple uso de documento público falseado por otro; por manera que la pena base a la que ha de agregarse el incremento punitivo señalado en el inciso 2º del artículo 222, no puede ser otra que la prevista para la concreta especie de falsedad documental en que haya incurrido el que ahora usa el documento por él mismo falsificado (arts. 218 a 220).


Esta interpretación histórico-sistemática, por lo demás, resulta mucho más coherente en el ámbito de la punibilidad, que la que se desprendería de la mera literalidad del texto examinado, pues si remitimos la agravación punitiva del inciso 2º del artículo 222 a la pena señalada en su inciso primero, tendríase que quien solamente falsifica documento público sería sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión si fuere empleado oficial o de 2 a 8 años si actuase como particular, al tiempo que quien además de falsificar el documento público lo usa, resultaría penado con prisión mínima de un año y un día hasta 8 años y un día, y máxima de 18 meses a 12 años, sanción esta, en promedio, menor de la prevista para el solo delito de falsedad documental, lo que resulta ciertamente ilógico6.

De conformidad con lo anotado, el cargo no prospera.


En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

NO CASAR la sentencia recurrida.


Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.

YESID RAMÍREZ BASTIDAS

HERMAN GALÁN CASTELLANOS CARLOS A. GÁLVEZ ARGOTE

JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO

ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARÓN
JORGE LUIS QUINTERO MILANES MAURO SOLARTE PORTILLA

TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria




1 Auto de febrero 14 de 2002. Rad. 18457.

2 Sentencia del 10 de junio de 1993. M. P. Dr. Gustavo Gómez Velázquez. Rad. 7669.

3 Sentencia del 6 de mayo de 1997. M. P. Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar. Rad. Nº 9478. Sentencia del 4 de agosto de 2000. M. P. Dr. Jorge Enrique Córdoba Poveda. Rad. Nº 13668.

4 Sentencia del 15 de diciembre de 1999. M.P. Dr. Edgar Lombana Trujillo. En sentido similar sentencia del 1º de agosto de 2002. M.P. Dr. Jorge Córdoba Poveda

5 Sentencias del 3 de octubre de 1994. M.P. Dr. Jorge Enrique Valencia; del 13 de marzo de 1997. M.P. Dr. Ricardo Calvete Rangel; y del 8 de noviembre de 2000. M.P. Dr. Alvaro Pérez Pinzón, entre otras.

6 Sentencia del 15 de diciembre de 1999, M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll; en sentido similar sentencias del 21 de febrero de 1984. M.P. Dr. Alfonso Reyes Echandía, del 23 de julio de 2001. M.P. Dr. Edgar Lombana Trujillo y del 23 de mayo de 2002. M.P. Dr. Herman Galán Castellanos, entre otras.

1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje