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Primera Cuestión: ¿Es justa la resolución apelada?


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/// En la ciudad de San Justo, Provincia de Buenos Aires, a los 2 días del mes de abril de dos mil dos, reunidos en Sala de Acuerdos del Tribunal, los señores jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial La Matanza, doctores Sebastián Emilio Iglesias Berrondo, Luis Armando Rodríguez y Diego Carlos Sánchez, a los fines de dictar sentencia en los autos caratulados "ACOSTA, Jorge Bartolomé c/ STORTI, Marcelo s/ DAÑOS y PERJUICIOS", y habiéndose practicado el sorteo pertinente - artículo 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires - resultó que debía observarse el siguiente orden: doctor Sánchez, doctor Iglesias Berrondo, doctor Rodríguez, resolviéndose plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

Primera Cuestión: ¿Es justa la resolución apelada?
Segunda Cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I O N

A la primera cuestión el señor Juez doctor Diego Carlos Sanchez dijo:

I. Antecedentes.


I - 1) A fojas 12/23 comparece el doctor Gabriel Antonio Tedesco, con el patrocinio del doctor Carlos María Gaona Munilla, en representación del señor Jorge Bartolomé Acosta, promoviendo demanda por daños y perjuicios contra el señor Marcelo Storti.
Refiere que, siendo aproximadamente las 9.10 horas del día 24 de febrero de 2000, circulaba el actor en motocicleta por la Ruta Nacional nº 3, con dirección a la rotonda de San Justo. Después de cruzar la calle Sarratea, fue embestido violentamente en su lateral izquierdo por un automóvil Fiat Tempra, patente RXX 156, conducido por el demandado, por la misma ruta y en sentido contrario.
Destaca que el conductor del automotor provoca el accidente al pretender ingresar a la estación de servicio YPF y que, como consecuencia del impacto, sale despedido de la motocicleta sufriendo lesiones de consideración que determinaron su internación en el Hospital Paroissien.
Indica que tramita la causa penal por lesiones culposas y detalla las lesiones padecidas: "a) Politraumatismos con excoriaciones y hematomas en diversas partes del cuerpo; 2) Traumatismo de cráneo con herida cortante en el cuero cabelludo; 3) Traumatismo en ambas muñecas; 4) Traumatismo de columna cervical, con severo latigazo y rectificación de la lordosis". Denuncia secuelas e imputa al accionado la total responsabilidad por el hecho dañoso.
Individualiza cada uno de lo rubros que reclama y los montos cuyo resarcimiento persigue, según detalla: A) DAÑO EMERGENTE: Gastos terapéuticos, asistencia médica, gastos farmacológicos y traslados: $ 800; B) INCAPACIDAD SOBREVINIENTE Y PERDIDA DE CHANCES: $ 50.000;
C) DAÑO PSIQUICO: $ 10.000 y D) DAÑO MORAL: $ 25.000.
En consecuencia, el reclamo asciende a la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 75.800), con sus intereses, o la suma que en más o en menos resulte de la prueba a producirse. Cita en garantía a Omega Cooperativa de Seguros Limitada, haciendo reserva de ampliar la demanda contra quien, en definitiva, resulte ser titular de la respectiva póliza.
Funda su pretensión resarcitoria en derecho, ofrece prueba en apoyo de los hechos denunciados, solicitando se haga lugar a la demanda impetrada en todas sus partes, con expresa imposición de costas.

I - 2) Corrido el traslado de la demanda, el doctor Miguel Angel Morelli comparece a fojas 31/36 en representación de la citada en garantía Omega Cooperativa de Seguros Limitada y del señor Marcelo Eduardo Storti, contestando la acción y acreditando la personería con la documentación obrante a fojas 27/29.


Reconoce la cobertura de la citada en garantía del vehículo Fiat Tempra RXX 156 por póliza nº 5.356.939, cubriendo la responsabilidad civil hacia terceros hasta la suma de $ 3.000.000, por acontecimiento, denunciando a su vez, una limitación respecto de las costas.
Al contestar la demanda, en primer lugar, niega los hechos alegados y rechaza la autenticidad de la documental acompañada por la actora, a menos que se tratare de instrumentos públicos o fuera expresamente reconocida por su parte. Impugna los montos y rubros reclamados por altos y por carecer de sustento fáctico y jurídico.
Formula su propio relato de los hechos destacando que el demandado circulaba normalmente por la Ruta 3 y que, a efectos de realizar una maniobra de giro a su izquierda en su intersección con Sarratea, detiene el vehículo, colocando la señal de giro. Que luego de asegurarse que nadie venía en sentido contrario, comienza el giro y cuando se encontraba completando la maniobra, es imprevistamente embestido por la motocicleta que se desplazaba a toda velocidad, conducida por el actor, sin portar casco protector y careciendo de registro de conducir habilitante. Reconoce la existencia de algunos golpes en el actor, pero no las consecuencias pretendidas en la demanda, señalando además que le prestó ayuda asistencial.
Atribuye al motociclista la responsabilidad de los hechos, ofrece prueba en respaldo de sus dichos y en definitiva, solicita el rechazo de la demanda, con expresa imposición de costas y solicitando, en caso de eventual condena, la fijación de honorarios de conformidad a lo establecido en la ley 24.432.
II. Sentencia.
Producida la prueba ofrecida por las partes, clausurado su periodo a fojas 179/180 y consentido el llamamiento de autos, a fojas 181/191 vuelta, el señor juez A Quo dicta sentencia haciendo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por don Jorge Bartolomé Acosta contra don Marcelo Storti, condenando a éste a pagar al primero, la suma de pesos cuarenta mil seiscientos ($ 40.600.-), con más los intereses desde la fecha del ilícito (24 de febrero de 2000) y hasta el efectivo y total pago a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días, tasa promedio, vigente al inicio de cada uno de los periodos comprendidos y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario (art. 8 de la ley 23.928 y 622 del CC). Desestima la repotenciación de la deuda ( arts. 7 y 8 de la ley 23.928), extiende la condena a Omega Cooperativa de Seguros Limitada dentro del marco del respectivo seguro e impone las costas a la demandada, difiriendo la regulación de honorarios a los profesionales intervinientes para el momento procesal oportuno.
III. Apelación.
Notificada la sentencia a las partes, la misma es apelada por la actora a fojas 196 y por la demandada y citada en garantía a fojas 198, recursos que son concedidos libremente a fojas 197 y 199, expresando agravios a fojas 212/218 la actora y a fojas 219/225 la demandada y la citada en garantía, encontrándose aún vigente respecto a la primera el mandato que fuera renunciado a fojas 209.
A fojas 230/232, la demandada contesta los agravios de la actora, no mereciendo respuesta los expresados por la demandada, por lo que encontrándose vencido el plazo para hacerlo se dicta la providencia de autos para sentencia a fojas 233; la misma es suspendida por resolución de fojas 238 al disponerse, como medida para mejor proveer, una nueva pericia médica y psicológica del actor, cumplidas éstas por la Oficina Pericial Departamental a fojas 245/246, 256/263 (pericial psicológica) y 285/287 (pericial médica).
Los traslados de los informes periciales son contestados solamente por la parte demandada a fojas 268/270 (psicológico) y 291 (médico). Reanudándose los términos, vuelven los autos a despacho a efectos de dictarse sentencia (fs. 294).

III - 1. Agravios.


La sentencia de primera instancia no satisfizo a las partes, que expresan los agravios que les causa.
A fojas 212/218 lo hace la actora cuestionando las sumas indemnizatorias fijadas por el A Quo, que considera bajas, respecto de la incapacidad sobreviniente y el daño moral, atento no se ha valorado adecuadamente -dice- la prueba de autos, las condiciones personales de la víctima, su edad, actividad laboral útil, ingresos cercenados, tratamientos psicológicos, secuelas familiares y sociales, entre otros conceptos.
Se queja además por la cuantificación del daño moral en mérito a que no se ha tomado -sostiene- en cuenta debidamente el sufrimiento en el instante del suceso, tanto físico como psíquico y los posteriores al hecho, las incomodidades, dolencias, temor, la incertidumbre sobre el futuro respecto de las condiciones personales, laborales, culturales y sociales de la víctima.
En resumen, se agravia por cuanto no se ha respetado el principio de "reparación integral", solicitando la elevación de los montos otorgados por estos conceptos
A fojas 219/225 expresan sus agravios la demandada y la citada en garantía consintiendo, en primer lugar, la decisión del señor juez A Quo en cuanto a la atribución de responsabilidad en el hecho dañoso.
Pero se agravian respecto al rubro indemnizatorio por incapacidad sobreviniente, señalando error en el primer sentenciante al tiempo de merituar el daño y fijar la indemnización por lesiones e incapacidad, calificándola de elevada. Advierten que en el caso de autos se está frente a una supuesta incapacidad transitoria por lo que debe analizarse expresamente la inactividad temporal y valorar la pérdida que, como consecuencia del hecho, el actor sufrió.
Critican la sentencia en cuanto a la valoración de las pericias médica y psicológica, señalando que "los argumentos que utiliza el juez y los que se aportan en este escrito, el peritaje médico no puede ser considerado como un modelo en su especie ni aceptarse que produzca un efecto vinculante esclarecedor de la controversia". A su entender el hecho no ha dejado secuelas; hay un 0 (cero) por ciento de incapacidad.
Expresan que la decisión judicial carece de una valoración adecuada de la prueba y de un análisis objetivo o subjetivo integral, determinando que la suma indemnizatoria fijada no guarde relación con el evento de autos.
Sin cuestionar la procedencia del daño moral se agravian por su elevada cuantificación a mérito de la crítica efectuada en párrafos precedentes.

IV. Solución.


En atención a la admisión de la responsabilidad en el hecho dañoso, la cuestión en debate queda acotada a la procedencia y valoración de los rubros indemnizatorios cuestionados.

IV - 1). Incapacidad sobreviniente.



En sentencias dictadas como juez de primera instancia (por ej.: in re "CANDA, Mirta Inés c/SILVA, Juan Jorge y otro s/Daños y Perjuicios -expte. Nº 82.237-/-94- y "RASTELLI de FERREYRA, Enriqueta c/CARO, Carlos y otro s/Daños y Perjuicios -expte. Nº 64.720/-95) sostuve que la incapacidad sobreviniente consiste en la disminución de las aptitudes físicas y/o psíquicas que afectan a la víctima y se traduce en un menoscabo de su plenitud.
Agregué que la indemnización por este rubro cubre no sólo las limitaciones de orden laboral, sino también la proyección que la incapacidad tiene con relación a todas las esferas de la personalidad, (conf. Cám. Nac. Civ., Sala "H", in re "C.E. c/Etmo Remolcador Guaraní S.A.", en La Ley 1995, E, pág. 414, fallo Nº 93.788, por voto de la Dra. Reinoso de Gauna; Sala "F", causa libre Nº 49.512, del 18-12-89; Jorge Joaquín Llambías Tratado de Derecho Civil-Obligaciones-, t. IV-A, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1982, pág. 120, Nº 2373, Aida Kemelmajer de Carlucci en Augusto C. Belluscio, Director, Eduardo A. Zannoni, Coordinador, Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, Ed. Astrea, Buenos Aires 1984, t. 5, pág. 219, Nº 13, entre otros).
Recordé que el doctor Santos Cifuentes, en su voto en autos "Varde, Josefa R. c/Empresa Ferrocarriles Argentinos", (CNCiv., Sala "C", 13-10-92), ha destacado "...que el daño por incapacidad sobreviniente proviene de la vida misma y del vivir en sus posibilidades activas. El derecho de vivir en plenitud obteniendo provecho con las condiciones naturales que se gozan, hasta el tiempo de su desmedro accidental, es el que se ha visto afectado y disminuido. Ese daño a la vida, comprende las disminuciones de las energías vitales psicoorgánicas o psicosomáticas que deben ser reparadas por aplicación de los arts. 1068, 1075, 1079, 1083 y concs. del Cód. Civil. Es un daño material, por cuanto se trata de ponderar las ineptitudes sobrevinientes al empleo y aprovechamiento de aquellas energías".
También dije en aquellas sentencias que en cuanto a la determinación del monto para compensar la incapacidad sobreviniente se ha resuelto que "...debe seguirse un criterio dotado de fluidez, que tenga en cuenta las características particulares de cada caso, valorando la edad de la víctima, sexo, condición social, situación familiar, profesión u oficio truncados, ingresos obtenidos en su desempeño, regularidad de las entradas, posibilidades de progreso, estudios cursados y naturalmente el grado de minusvalía que lo afecta. El derecho a la reparación no se agota en el aspecto vinculado a la incapacidad laboral, sino que comprende todas las manifestaciones y potenciales de la vida en cuanto tengan contenido patrimonial" (CNFed. Civ. y Com., Sala II, 8-5-92 in re "R., J. A. c/Verón Manuel y/o Prefectura Naval Arg., LL 1993-A:219, DJA, 1993-I:534; CNCiv., Sala "F", 12-5-92, in re "Centurión de Moreno, Elvira c/Rastelli, Fabio V. y otro", LL 1993-B:306, entre otros). Igualmente se ha decidido "...En lo que hace a la incapacidad sobreviniente para la valoración de esta indemnización no existen pautas fijas, pues se trata de circunstancias de hecho variables por diversos factores, quedan-do librados al prudente arbitrio judicial en relación a las particularidades de cada caso...", (CNCiv., Sala H in re "C.E. c/Etmo", citada supra). Agregué en las sentencias que refiero que, personalmente y en especial de lege ferenda, no comparto totalmente la doctrina y sobre ello me extendí en las sentencias que había dictado in re "Toppino de Iglesias" (13-7-95) y "Chappe" (29-12--95).
Sostiene la doctora Gladys S. ALVAREZ que '...Es conocido el desasosiego, la incertidumbre y las frustraciones que se generan cuando se trata la cuestión relativa a los montos de las indemnizaciones de daños por lesiones o muertes derivadas de accidentes de automotores (...) Resultan casi cotidianas entre litigantes y jueces, las preguntas: ¿Cuánto se otorga de indemnización por una muerte? (...) ¿Qué Sala está de turno? El modelo propuesto operando en una pantalla a disposición del magistrado permitiría una consulta ágil (...) También debe mencionarse la utilidad de ser consultado el sistema por los litigantes quienes se encontrarán en mejores condiciones para evitar el conflicto judicial (...) El propuesto es uno de los múltiples apoyos informáticos con que puede ser asistida la ardua y sobrecargada tarea judicial que afrontan nuestros magistrados. Los avances tecnológicos y los aportes que desde otras disciplinas puedan efectuarse en aras de lograr que la Administración de Justicia brinde soluciones adecuadas, previsibles y oportunas a los conflictos que se llevan a sus estrados, deben ser receptados con osadía, desdeñando el posible miedo al cambio, con la mirada puesta en un horizonte más amplio' (en Un modelo matemático al servicio de la decisión judicial" (separata de la Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, abril de 1993, pág. 25).
La autora, Juez de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, se había referido al mismo tema en La Ley Actualidad, del 6 de agosto de 1992, recordando antecedentes, entre otros países, de los ESTADOS UNIDOS DE NORTE-AMERICA, la UNION DE LAS REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS e ITALIA, permitiéndome transcribir ahora el de JAPON: '...En materia de cuantificación de daños provocados por accidentes de tránsito, cabe mencionar las investigaciones realizadas en el ámbito de la Facultad de Derecho de "Tohoku Univerity de Sendal" dirigidas por el profesor Tomoyuki Otha. Entre otros fines, se perseguía descongestionar los juzgados abrumados por crecientes demandas generadas a su vez por el crecimiento de la población y del tráfico automotor. Con el apoyo de una teoría de la cuantificación que proveyó de una herramienta teórica de análisis de datos, confeccionaron una tabla de compensación de daños cuyo uso permitiría estimar la indemnización que probablemente fijarían los tribunales en un nuevo caso (...) En este marco teórico se desarrolla la investigación sobre cuantificación de daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito -valor vida, lesiones, daño moral- auspiciada por el Ministerio de Justicia en un proyecto de colaboración institucional (...) El desarrollo final del modelo consiste en un sistema programado en una computadora personal, que permite a jueces y abogados a través de un diálogo interactivo, encontrar las variables del caso y obtener los valores máximos y mínimos de las tendencias prevalecientes en la jurisprudencia (...) Por ello también puede ayudar a los abogados en la preparación de las causas, o ser una guía en las negociaciones entre los representantes de los reclamantes y demandados y las compañías de seguros...'.
Este "Sistema de cuantificación de daños", esta base de datos, que hoy podemos consultar en Internet: www.iijusticia.edu.ar, (como es consultada la base desde antes por la misma Excma. Cámara en el que se desarrolla, v.gr. Sala "F" in re "SCOCCIA, Cristina Antonia c/LINEA 76 S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR y otro s/daños y perjuicios", voto del Dr. POSSE SAGUIER del 17-4-98, Sala "M", in re "Mosera de Ahumada, Lydia Ana Herminia c/Ferrocarriles Argentinos s/Daños y Perjuicios", voto de la misma Dra. ALVAREZ del 15-9-99) es, precisamente, el Proyecto Coparticipado Ministerio de Justicia y Justicia Nacional en lo Civil, Proyectos Informáticos y nos permite conocer que, en casos similares al que hoy estamos decidiendo, se han otorgado las compensaciones que luego precisaré.

IV. - 1 - 1) Concluye el dictamen pericial obrante a fojas 140 que como consecuencia del accidente de autos, el actor "teniendo en cuenta la incapacidad producida por su cervicobraquialgia, la lesión en índice derecho, el síndrome post traumático en cuanto a su desorden mental relacionado con fobias al tránsito dejan una incapacidad física del 25% de la capacidad obrera total, presentando una incapacidad transitoria absoluta, pero debe tenerse en cuenta la pericia psicológica que determinará si el actor puede realizar su trabajo habitual pudiendo pasar a ser una incapacidad permanente parcial (datos tomados de la Tabla de Valuación de incapacidad laborales, Ley 24557)".


De aquél dictamen psicológico (fs. 145/147) resulta que "podemos concluir que a raíz del accidente motivo de la litis ha habido cambios en el equilibrio intrapsíquico del demandante y por tanto en su situación personal, familiar, laboral y social. El cuadro correspondería, según "Baremo de la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Pcia de BsAs"-, a una neurosis depresiva moderada, con un cuadro de incapacidad correspondiente a un grado del 40 al 60%.. En cuanto al tratamiento y su costo, desde el punto de vista psicológico, se considera como tiempo promedio de acuerdo a la condición del actor, dos años de tratamiento a dos cesiones semanales, teniendo en cuanta un costo promedio de 30 pesos cada una, lo que arrojaría un total de $ 5.760.".
De las explicaciones brindadas por el perito médico a fojas 161, respecto del porcentaje de incapacidad consecuencia del síndrome postraumático (punto 16 del dictamen), resulta que el grado de incapacidad del actor se determina entre un 15 y 20 por ciento, teniendo presente -entre otras consideraciones- estudios realizados por Pierre Marie.
Evaluada la prueba sobre la base de los informes profesionales intervinientes que constituyen importante aporte referencial, pero carecen de precisión matemática, los principios en los cuales se apoyan y la concordancia con las reglas de la sana crítica (C.Pr.: 384 y 474), el señor juez A Quo estima innecesario recurrir a un nuevo dictamen del Cuerpo Médico Forense -como se solicitara a fs. 154-, advirtiendo que la "incapacidad psicológica" puede ser superada a través del tratamiento que indica la perito psicóloga (2 años a dos sesiones semanales) y a los fines resarcitorios, no debe confundirse con el menoscabo psíquico irreversible.
Y se concluye por el primer sentenciante a fojas 190: "Atendiendo a la edad de la víctima (35 años), el porcentaje de incapacidad transitorio detectado y la condición social (...) fijo de modo prudencial el rubro como lucro cesante en la suma de $ 30.000 (treinta mil) (arts. 519,520, 1068, 1069, 1086 y cc del Código Civil; arts. 375, 384 y 456 del CPCC)".

IV - 1 - 2) Llegados los autos a esta instancia, fundados los recursos, se resuelve a fojas 238 practicar nueva pericia médica y psicológica del actor a través de la oficina pericial departamental.


Los informes se producen a fojas 260/263 y 285/287.
En el primero (psicológico) se concluye que el actor sufre los "síntomas esperables en personas que han sido sometidos a situaciones altamente traumáticas, en las que se ha visto comprometida la integridad física del sujeto en cuestión. Situación que puede atribuirse al accidente y que diera origen a la presente causa ya que por las características y la magnitud del mismo lo convierten en un suceso capaz de originar los signos antes citados. El evaluado padece de un cuadro de estrés postraumático (...). Lo que ha tornado en un bloqueo psicológico, con imposibilidad de implementar los considerables recursos personales de que dispone, acompañado de un estado de ánimo depresivo con explosiones de ira". Además se recomienda tratamiento y en cuanto a la duración y posibilidades de recuperación son imposibles de predecir por depender de cuantiosas variables. Al momento de la evaluación el peritado presenta una incapacidad psíquica absoluta para realizar cualquier actividad laboral. La que podrá revertirse con el tratamiento citado. (fs. 263).
Por su parte, en el informe médico obrante a fojas 285/287, se afirma que el actor presenta "compromiso neurógeno a nivel cervical sin actividad denervatoria actual, constituyendo una radiculopatía cervical de grado leve; semiflexión de la falange del dedo índice derecho con alteración de la función de pinza (índice - pulgar derecho) de tipo leve, compatible con posible lesión cápsulo-ligamentaria sin alteración a nivel muñeca y cicatriz consolidada en el muslo. Presenta además, impedimento parcial de realización de tareas o actividades físicas de máximo esfuerzo y sujeto a la implementación de tratamiento fisiátrico, sin necesidad de tratamiento quirúrgico. A modo de conclusión y sobre la base del Baremo de la ley 24.557, para el caso de limitación funcional del dedo índice y del cuadro de limitación funcional a nivel cervical, la incapacidad es de un 14% parcial y permanente de la capacidad total".
Estos informes fueron observados por la demandada a fojas 268 y 291 discrepándose con los expertos; como se sostiene a fojas 291 el perito médico emite su informe sin que se hayan realizado los estudios por él sugeridos (fs. 286), lo que le impide contestar con rigor científico algunos puntos periciales (fs. 286v., 12 y 14).
Por los principios científicos y técnicos en que se fundan, y concordancia con los demás elementos de autos, teniendo presente lo expuesto, propongo admitir las experticias en los términos de los artículos 384 y 474 del Código Procesal, excepción hecha de los porcentuales de incapacidad física y síquica, y de los costos de tratamientos, respecto a los cuales se admiten parcialmente las impugnaciones. Coincido así con el colega de primera instancia que, con iguales citas legales (fs. 188v./189) afirma que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos médicos, si bien constituyen un importante aporte referencial, carecen de precisión matemática y por ende su valoración judicial es amplia.
Ha decidido nuestro Superior Tribunal Provincial "que probado el daño el monto de la indemnización, ha sido diferido por ley al soberano criterio del Juez y este a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos, ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia" (SCJBA. Acuerdos y Sentencias T-1982, página 99; 1974, T. II, página 315, entre otros).
Es oportuno recordar ahora lo supra establecido respecto al resarcimiento por incapacidad. Por otra parte debemos tener en cuenta la posibilidad de recuperación de la víctima en aquellas dolencias o lesiones, según los tratamientos que mencionan las experticias, no obstante las diferencias que merecen resaltarse entre ellas en cuanto a la extensión del tratamiento (y por ende su costo) y su posible resultado.
Teniendo en cuenta los precedentes de casos próximos clasificados por la Base Montos de la Oficina de Proyectos Informáticos de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (no los he encontrado en las otras Bases) publicado en www.iijusticia.edu.ar, a la que me referí supra, propondré fijar este perjuicio.
Estos casos, por ejemplo, son el resuelto por la Sala "G" el 12 de junio de 2001 en autos "A., R.O. c/Ttes. Automotor Plaza S.A." en el que al actor de la misma edad que nuestro reclamante (35 años), ocupación (obrero), estado civil (casado), sexo (masculino) siendo también conductor, con un porcentaje de incapacidad del 14% de la total (secuela funcional por traumatismos en columna cervical y psíquica) se estableció la compensación por incapacidad sobreviniente en la suma de $ 17.000.- y por daño moral en la de $ 9.000.- O el resuelto por la Sala "A" el 27 de febrero de 1998 en autos "V., R.Q. c/Manuel Neira" en el que al actor de la misma edad que nuestro reclamante (35 años), ocupación (obrero), estado civil (en este caso concubino), sexo (masculino), con un porcentaje de incapacidad del 18% de la total (secuela funcional por amputación del dedo índice de la mano izquierda) se estableció la compensación por incapacidad sobreviniente en la suma de $ 12.000.- y por daño moral en la de $ 8.000.-
En mérito a lo expresado y teniendo en cuenta las condiciones personales de la víctima, es decir: su edad (35 años a la fecha del accidente, instruido según declaración de fs. 7 de la causa penal, pero desconociéndose su grado), condición laboral (obrero, mensajero y luego repartidor de volantes), social y familiar (casado, conviviendo en un departamento humilde de edificio Monoblock, con esposa y dos hijos menores; declaraciones testimoniales de fojas 12 y 14 del beneficio de litigar sin gastos), las lesiones, tratamiento e incapacidades que resultan de las pruebas periciales, tanto médicas como psicológicas (sin perjuicio de lo antes expresado respecto a su porcentual del 14%) y demás condiciones personales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1068, 1083, 1086 y concordantes del Código Civil y 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, propongo admitir parcialmente el agravio de la demandada y reducir el rubro por incapacidad sobreviniente a la suma de pesos diecisiete mil ($ 17.000.-).

IV - 2) Daño Moral.


Respecto a este daño debo recordar que, si bien alguna doctrina y jurisprudencia relacionan su cuantía con el daño patrimonial (por ej.: la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, 16-6-78, in re "Vuoto, Dalmero S. y otro c/ Telefunken Argentina, S.A.I.C.", ED 81:312, y muchos otros, lo establecen en el 20%), y en algunos casos hay -efectivamente- relación entre la magnitud de uno y otro daños, no coincido porque estimo hay autonomía entre los perjuicios material y moral porque "la reparación conferida por daño moral no tiene por qué guardar proporción alguna con la relativa al daño material, el que inclusive puede no haberse configurado" (conf. CNCiv. y Com. Fed., Sala I, 11-10-85, ED 118:503).
Con el doctor Jorge J. Llambias podemos decir que "el daño moral es una lesión en los sentimientos, por el sufrimiento o dolor que padece la persona, que no es susceptible de apreciación pecuniaria" (Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, Tomo I., pág. 329, párrafo Nº 256) y con el doctor Jorge Bustamante Alsina que "Para probar el daño moral en su existencia y entidad no es necesario aportar prueba directa, lo cual es imposible, sino que el juez deberá apreciar las circunstancias del hecho lesivo y las calidades morales de la víctima para establecer objetiva y presuntivamente el agravio moral en la órbita reservada de la intimidad del sujeto pasivo (...) Nadie puede indagar el espíritu de otro tan profundamente como para poder afirmar con certeza la existencia y la intensidad del dolor, la verdad de un padecimiento, la realidad de la angustia o de la decepción" (Teoría General de la Responsabilidad Civil, 8º edición, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, pág. 244; el mismo autor en su comentario al fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, 29-9-92, in re "Fernández, Ana M. y otros c/Domecq, S. A. y otros", Cuestiones de responsabilidad civil que suscita el acto ilícito homicidio, LL, 1993-A:347), y "en cuanto a la cuantía del daño, conviene puntualizar que si el perjuicio no es mensurable por su propia naturaleza, no se puede establecer por equivalencia su valuación dineraria. Se debe recurrir en tal caso a pautas relativas según criterio de razonabilidad que intente acercar la valuación equitativamente a la realidad del perjuicio" (Equitativa valuación del daño no mensurable, LL, 1990 -A:654).
Y más recientemente la colega doctora Matilde Zavala de Gonzalez (Cuánto por daño moral, LL, 1998 - E: 1057), contestando la pregunta del título expresa: "En el Derecho de Daños significa la pregunta del millón (...) La medida de la indemnización resulta, necesariamente, de una creación artificial y, hasta ahora, permanece en el misterio de la intuición del juez (...) El daño moral es incomensurable (...) La única solución reside en acudir a tablas elaboradas sobre criterios que no son esencialmente matemáticos (...) En definitiva y aunque las soluciones indemnizatorias no sean previamente consensuadas entre los tribunales, se propicia el conocimiento de precedentes, sobre todo con apoyo informático...".
Como ha decidido la jurisprudencia "La indemnización por daño moral comprende las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes que, en el supuesto de lesiones, se configura por el conjunto de padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho, y que tiene por objeto reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos" (SCBA Ac 54767 S 2/7/95, Juez San Martín (SD). Autos "Alonso de Sella Patricia y Otro c/ Dellepiane Angel s/ Daños y perjuicios", en DJBA 149, 161 AyS 1995 III, 15 ; SCBA 52258 S 2/8/94, autos Gómez Aurelio y otros c/ Agri Antonio s/daños y perjuicios" Juez Vivanco (SD), DJBA 147, 177, AyS 1994, 208, ED 160, 403); "el instituto del daño moral se aplica cuando se lesionan afecciones legítimas de una persona o cuando se ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos o que hayan perturbado la tranquilidad y el ritmo normal de vida" (CNCiv., Sala "D", ED 61:779; ídem Sala "E", ED 42:311, ídem Sala "F", ED 100:309).
En la reparación del daño moral no domina la idea de una pena para el responsable, sino la de compensar de alguna manera el daño causado a la víctima.
Aceptadas la responsabilidad del demandado en el hecho dañoso y las lesiones sufridas por el actor, su tratamiento y secuelas (tanto físicas como psíquicas), es innegable la procedencia del daño moral; es reconocido por la propia demandada apelante que a fojas 224v. no se agravia por su procedencia sino por su monto, que considera elevado.
En este orden de ideas, atendiendo los extremos citados y las particularidades del caso, las lesiones sufridas por el demandante, el tratamiento practicado, su rehabilitación, la incapacidad admitida, su edad, estado civil, ocupación y demás condiciones personales al momento de producción del accidente, teniendo en cuenta los precedentes de casos similares de la Base antes mencionada, propongo hacer lugar parcialmente al agravio y fijar la compensación por este concepto, en la suma de seis mil pesos ($ 6.000.). modificándose de esta manera la cuantificación de la instancia de origen (arts. 1078 del CC y 165 del CPCC).

Voto a la cuestión propuesta por la negativa.

A la primera cuestión, los doctores Rodríguez e Iglesias Berrondo, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhieren y votan por la negativa.

A la segunda cuestión el señor juez doctor Sánchez, dijo:

Conforme el resultado obtenido en la primera cuestión, corresponde modificar la sentencia de primera instancia en cuanto a los montos establecidos para los rubros "Incapacidad Sobreviniente" y "Daño Moral", los que se reducen a las sumas de diecisiete mil ($ 17.000.-) y seis mil pesos ($ 6.000.-), respectivamente, fijándose el monto total de la condena en pesos veintitrés mil seiscientos ($ 23.600.-), a la fecha del evento dañoso (24 de febrero de 2000), con más los intereses a partir de ese momento y hasta el efectivo y total pago a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días, tasa promedio, vigente al inicio de cada uno de los periodos comprendidos y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario (art. 622 del Código Civil).
Costas en la Alzada a la demandada y citada en garantía, sin perjuicio del resultado de los recursos y en atención a la naturaleza de la acción indemnizatoria por daños y perjuicios (arts. 68, segundo párrafo, y concs. del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad (art. 51 de la Ley 8904). Así lo voto.

A la misma cuestión, los señores jueces doctores Rodríguez e Iglesias Berrondo, por iguales consideraciones y fundamentos a los precedentemente expresados, adhieren votando en el mismo sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA


AUTOS Y VISTOS: Conforme el resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede: 1) Se modifica la sentencia de primera instancia en cuanto a los montos establecidos para los rubros "Incapacidad Sobreviniente" y "Daño Moral", los que se reducen a las sumas de diecisiete mil pesos ($ 17.000.-) y seis mil pesos ($ 6.000.-), respectivamente, fijándose el monto total de la condena en pesos veintitrés mil seiscientos ($ 23.600.-), a la fecha del evento dañoso, con más los intereses a partir de ese momento (24 de febrero de 2000) y hasta el efectivo y total pago a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días, tasa promedio, vigente al inicio de cada uno de los periodos comprendidos y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario (art. 622 del Código Civil). 2) Costas en la Alzada a la demandada (art. 68 segundo párrafo del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la Ley 8904). Regístrese. Notifíquese. Oportunamente Devuélvase.


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