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Primer congreso latinoamericano de historia economica


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PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE HISTORIA ECONOMICA

4° JORNADAS URUGUAYAS DE HISTORIA ECONÓMICA

Montevideo, 5 al 7 de diciembre de 2007
Simposio N ° 33.
HISTORIAS DE LAS INNOVACIONES Y LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS EN AMÉRICA LATINA
Coordinadores:

Hernán Thomas (Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología

-Universidad Nacional de Quilmes, CONICET, Argentina).

<hthomas@ciudad.com.ar>

Carmen Sesto (Comisión de Investigaciones Científicas - CIC, Universidad

de Belgrano, UADER, Argentina).

Diego Hurtado (Centro de Estudios de Historia de la Ciencia -

Universidad Nacional de San Martín - CONICET, Argentina).

Título de la ponencia


 LA CORONA, LA TRATA DE ESCLAVOS Y LOS TRAFICANTES: ESTRATEGIAS PARA SU DESARROLLO

Prof. Silvia C. Mallo  Dr. Osvaldo Otero

 CONICET- CEHAC Y CEAC

(Centro de Estudios de Historia Americana Colonial). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata

(Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea. Universidad Torcuato Di Tella)  

Dirección electrónica



smallo@conicet.gov.arotero@fibertel.com.ar

1.- España en la Europa del siglo XVIII


Al iniciarse el siglo XVIII, España se enfrentó con una ruptura dinástica que afianzó el predominio francés, que acompañó la llegada de los Borbones al poder (Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Fernando VII). Comenzó entonces una etapa caracterizada por el surgimiento de una política nacional basada en la defensa y la fuerte centralización de la monarquía, unida al intento de modernización del reino. A lo largo del siglo estimaron Amalric y Domergue, debían agregarse, la ruptura institucional y la ruptura del equilibrio que otorgaba la primacía del centro castellano sobre las periferias atlántica y mediterránea. (AMALRIC Y DOMERGUE; 2001, p. 9)

La “monarquía universal”, basada en la estructura de reinos diferenciados unidos en una relación directa con el rey, fue reemplazada por la “monarquía nacional” que se extiende en los dos primeros reinados del siglo y perduró como proyecto hasta 1787. Estas políticas implicaron fundamentalmente un centralismo cerrado, la estructuración político-administrativa única de todos los reinos, respetando sólo algunos fueros que no afectaran la concentración del control en el Rey. A partir de 1743 surgió, con la impronta del accionar del marqués de la Ensenada, el proyecto de desarrollo de la producción y el comercio, procurando la industrialización que define al mercantilismo francés. El objetivo, centrado en el indispensable fortalecimiento del Estado, se desarrolló tanto en la búsqueda de eficacia administrativa como en su intervención directa en la economía, destinando a América Hispánica el rol de productora de materias primas y consumidora de la industria metropolitana, que profundizaron su carácter colonial. En 1792 el deterioro de la monarquía borbónica fue evidente y preanuncia el proceso independiente.

En el orden internacional resultó difícil para España conservar el equilibrio en sus relaciones con las dos potencias rivales: Francia e Inglaterra, alternando entre la neutralidad y la beligerancia exterior, encararon al mismo tiempo una dinámica empresa de reforma y modernización tanto en su territorio como también en sus dominios ultramarinos. Destacamos asimismo que los espacios coloniales en América, África y Asia reprodujeron los conflictos inherentes a las guerras originadas en Europa. Fue la plata americana la que jugó un papel fundamental en el sostenimiento económico del reino, en la medida que financió el comercio con Extremo Oriente y África. En la etapa comprendida entre los tratados de Methuen (1703) y de  Utrecht (1713) Francia adquiriría un lugar destacado en las relaciones de España hasta el fin de la guerra 1740-1748, cuando con la Paz de  Aquisgrán demostró ignorar las alianzas establecidas por los  dos primeros Pactos de Familia y buscó su propio beneficio. Ya a mediados de siglo XVIII, después de la guerra de Jenkins (1739) quedó demostrado que la nueva dinastía española no dominaba sus vastos espacios. Concomitante con el desmembramiento del Imperio, se produjo la pérdida de territorios hispanos en Europa (Flandes, Milán, Piamonte, Nápoles, Cerdeña, Menorca y Gibraltar). Paralelamente se consolidó económica y militarmente el poderío inglés, mientras Francia, su aliada, perdía el control sobre Canadá y los espacios comerciales en India.

La política española de preservación del equilibrio y la neutralidad, se vio afectada por sucesivas guerras que enfrentaron las alianzas de Inglaterra-Portugal y Francia-España extendiéndose hasta la guerra de los siete años (1756-1763), momento en el que Inglaterra derrotó a Francia e impuso definitivamente su dominio en el espacio Atlántico.

La apertura de los mercados americanos españoles, a los países neutrales y las guerras con Inglaterra 1797-1801 y 1804-1808 constituyó el fin de un proceso, que generó cambios profundos en las relaciones Hispanas con las naciones europeas, sobre todo después de la pérdida casi total de las colonias. (CESPEDES DEL CASTILLO, 1985 p 312-407).

Las rivalidades de las potencias del viejo continente, se dirimieron en territorio americano concentrándose la disputa por los espacios dominados. Pasaron en América del Norte a domino Inglés, Canadá y la mitad oriental de Luisiana. En el Caribe España perdió definitivamente Jamaica, en tanto Inglaterra devolvió a Francia Guadalupe y Martinica, ocupando además Manila y La Habana, momento en el cual importó a la isla alrededor de 10.000 esclavos (1762). Años después, en 1783, la Monarquía española cedió la Florida, permitiendole paralelamente el control del golfo de México y la eliminación del dominio británico de parte de la costa de Honduras y Nicaragua; en el mismo momento los ingleses retuvieron Gibraltar y Belice. Todo ello significó la ruptura de equilibrios regionales, y el comienzo de la desintegración de los territorios coloniales.

En América del Sur la alianza anglo-portuguesa asentada en Brasil y Colonia del Sacramento fue hasta 1750 la base para el comercio con territorios del Plata y del Alto Perú. Finalizado el conflicto con la paz en 1750, que establecieron concesiones al Brasil en la cuenca del Amazonas y Matto Grosso generó al interior del espacio sudamericano, una serie de enfrentamientos internos conocido como guerras guaraníticas en las que se disputó la concesión de los siete pueblos de las misiones jesuíticas (1754-1756). Enfrentamiento que desencadenó la expulsión de los jesuitas en ambos territorios (1759-1767) Finalizado el conflicto en 1777 y sellada la paz con el tratado de San Ildefonso, España obtuvo las islas de Fernando Póo y Annobón en el golfo de Guinea. Paralelamente en 1771, los británicos se asentaron en las islas Malvinas lo que le permitía una base de apoyo en la ruta del Pacífico. En 1787 se desvaneció el optimismo español, produciendo estragos y desaliento en los reformadores, de manera tal que el comercio inglés operó sin limitaciones en los territorios americanos.

Entretanto los Borbones españoles abrieron sus puertos a los franceses (1702) concediéndole “asientos de negros” en América, y a los Ingleses luego del tratado de Utrecht (1713-14). El establecimiento de los denominados navíos de permiso corrió por caminos paralelos con la promoción de las compañías de comercio exclusivo. Alrededor de 1760 se dinamizaron las reformas ultramarinas que tuvieron por aquellos años su mejor momento impulsadas por José de Gálvez, el Secretario de Indias entre 1776 y 1786. Los “ilustrados” tomaron conciencia de la “causalidad circular” que vinculaba las guerras con la estimulación y aceleración de las reformas, en pos de hombres y dinero para la defensa, momento, que coincidió con la muerte de Carlos III, y una situación internacional cada vez más compleja, motivada por la independencia de las colonias inglesas, la revolución francesa y el dinámico deterioro de la misma España continental


2- Políticas borbónicas de modernización

Después de las guerras civiles de comienzos del siglo, se analizó con sentido crítico el panorama, las políticas borbónicas tendieron al reordenamiento y la modernización de las técnicas administrativas y la burocracia estatal. En la segunda mitad del siglo las reformas se profundizaron y siguieron diferentes pasos entre 1763 y 1775, una etapa que podemos identificar como de planificación y experimentación reducida. Entre 1776 y 1788, Gálvez produjo reformas que culminaron con el sistema de intendencias y la creación de nuevas Audiencias entre 1784-1792.

La administración pública entonces, corrió por cuenta del Estado, rescató los oficios públicos enajenados o arrendados anteriormente, pasando entonces de manos particulares a ser ejercidos por funcionarios públicos asalariados, preferentemente profesionalizados, quedando la gestión como una acción directa del Estado el que centró sus políticas en la observancia de la ley y la supresión de la corrupción. Las comunicaciones entre la península y los espacios americanos, se agilizaron estableciendo un eficiente servicio de correo y las políticas económica-financieras de la corona se orientaron a sanear la hacienda pública, aplicando nuevas medidas de regularización fiscal e impositiva, y paralelamente tendieron a disminuir las atribuciones a los municipios y las cortes a través de la exclusión de los sectores medios (AMALRIC Y DOMERGUE; 2001, p. 13-14) Ejemplo de ello fue el plan de reformas, cuyas medidas fueron entre otras la supresión de la venta de oficios públicos (1750), la abolición de privilegios y exenciones a las compañías de comercio (1756). El objetivo de los pensadores “ilustrados” fue la industrialización y capitalización, la creación de una burguesía dinámica, la extensión de la educación, y el establecimiento de un macro-mercado económico de dimensión nacional que se extendía a los y los territorios de ultramar.

La reconstrucción de la marina española siguió el modelo inglés y fue efectiva, especialmente en el espacio Mediterráneo. Entre 1743 y 1754, el marqués de la Ensenada, modernizó y organizó la flota mercante, aumentando la cantidad de buques y el tonelaje de los mismos, empresa cuyo costo corrió a cargo del Estado.

Las deficientes estrategias defensivas de las costas americanas, solo consistieron en el establecimiento de un conjunto de arsenales o apostaderos que actuaron como centros de los departamentos marítimos. Ubicados en suelo metropolitano se encontraban Cartagena, El Ferrol y Cádiz, uno en Filipinas y ocho en América, distribuidos, cinco en el Caribe, y entre ellos el del golfo de México, Veracruz, Cartagena de Indias, Puerto Rico, Cumaná y La Habana, uno en Buenos Aires y otro en el Callao. La tercera parte de los efectivos de la armada junto a los guardacostas fueron destinados al territorio americano, básicamente establecidos en el área central del Atlántico. Se renovó asimismo con un alto costo, el arma de artillería y el cuerpo de ingenieros militares destinados ambos cuerpos a diagramar las tácticas defensivas. Pero la base y el fundamento de las estrategias de defensa estuvo a cargo de fuerzas terrestres que se replegaban para luego contraatacar, una fuerza más barata y eficaz. Hasta 1764 los territorios coloniales estuvieron defendidos por milicias urbanas de infantería y caballería, sin armamento, ni formación teniendo como base de la defensa de las áreas periféricas a los presidios en zonas de frontera. Por aquellos años se crearon las tropas regulares profesionales, organizadas según las Ordenanzas Militares de Carlos III (1768) en regimientos y batallones establecidos en guarniciones permanentes o expediciones procedentes de la metrópoli, que sirvieron por turno. Las milicias en los territorios coloniales fueron organizadas con la denominación de “disciplinadas”.

En lo que se refiere a la renovación de las relaciones con los reinos de ultramar se diseñó una nueva política y se reorganizó el comercio trasatlántico ante la evidencia de la riqueza que generaban las colonias francesas e inglesas en las que ambas potencias se enfrentaban por la colonización de América del Norte, la pesca en Terranova, la producción de cultivos tropicales y el comercio con los territorios españoles productores de plata. Ambos mostraban que una organización eficaz les permitía obtener mayor rendimiento económico y beneficios que no producía para España el extenso territorio dominado incluyendo el comercio que realizaban desde sus bases con los territorios españoles.

El proyecto borbónico estuvo centrado en la búsqueda de la concentración del sector mercantil y la optimización en manos de la metrópoli, políticas que condujeron necesariamente a la liberalización del tráfico y el fomento a través de tarifas preferenciales que ubicaron al comercio español en una situación competitiva. El derrotero seguido para ello fue la copia y adaptación del modelo francés e inglés, adoptando un colonialismo de tipo europeo. Los “ilustrados” sabiendo que al principio sólo podían aspirar a un papel de transportistas e intermediarios de las mercancías extranjeras, consideraron que esas políticas les permitirían una fuerte acumulación de capital público y privado. El comercio español con las colonias pasó entre 1765 y 1779, según los cálculos oficiales del 4% al 10 % y un 30 % de buques españoles transportaron las mercaderías (CESPEDES DEL CASTILLO, 1985 p 312-407) Con el mismo criterio, Fisher realizó otras estimaciones para el período subsiguiente y como resultante del Comercio libre pasó del 38 % (1778) al 52% entre 1782 y 1796. (FISHER. 1999, p 18-19)

Diversas circunstancias y hechos políticos agitaron a América y Europa en la segunda mitad del siglo XVIII. Muestra de ello fueron las rebeliones populares en Nápoles y en España (Esquilache), la independencia norteamericana y las rebeliones andinas, que evidenciaron en la década del ochenta del siglo XVIII la inminente pérdida de los territorios coloniales, hechos que movilizaron a la Corona a proteger dentro de sus dominios las dependencias de las Provincias de Ultramar, tendiendo a estructurar un pacto colonial, que en sus inicios tomaron como base como ya señalamos el modelo francés y más tarde inglés. Aquel modelo se fundaba en colonias productoras de materias primas para la metrópoli y consumidoras de los artículos metropolitanos, cuyos comerciantes lucraban con los fletes y el comercio.

El año clave es 1787, fecha del documento que aquí analizamos, año de la muerte de Gálvez y de la aparición del proyecto del conde de Campomanes (1788) en el que propone regular el trafico mercantil, estableciendo factorías y almacenes reguladores de mercancías, distribuidoras de los fletes y asegurando los tornaviajes. Entre 1787 y 1792 surgió el Imperio, agrupando la metrópoli y sus colonias ultramarinas, descartándose por aquellos años el viejo modelo sugerido en el plan de Aranda
3.- El desarrollo de las economías

La economía española en el siglo XVIII

España ocupaba una posición semiperiférica dentro del incipiente sistema capitalista mundial y estaba sometida conjuntamente con sus colonias a las leyes del crecimiento desigual, que acentuaron los contornos asimétricos que ya se hacían visibles con anterioridad.

En el desarrollo de la economía española la primera cuestión a considerar junto con el aumento de la producción y el consumo, está señalada por el crecimiento ininterrumpido de la población aunque con diferentes dinámicas regionales. Dicho aumento estaba originado en el desarrollo económico que en una economía de tipo tradicional, significaba la expansión agrícola y la disponibilidad alimenticia básica que se concentraba en las áreas periféricas de la España Cantábrica y noratlántica. Galicia aumentaba su población en un 150% y la España mediterránea (Cataluña, Valencia y Murcia) un 260 % (MARTIN, 2000 P. 321-347). La ganadería, más extendida en el interior de la península Castilla y Aragón, también creció básicamente por el aumento de la demanda campesina de animales de tiro para el transporte y de carne para el consumo y también por la reactivación de la demanda exterior de lana de calidad y particularmente la lana merino.

La industria, impulsada por el crecimiento general en los primeros años del siglo, generada por la política borbónica y las propuestas de los reformadores ilustrados, tuvo una recuperación incompleta. El aumento de la demanda en el mercado interno y colonial generó una mayor producción, lo que no significó la ansiada industrialización, sino solamente una tendencia expansiva, que se quebró en la segunda mitad del siglo, momento en el que se inició la retracción y luego un claro movimiento inverso. En síntesis, se trató de una política de fomento industrial centrada en el aumento de la producción sin tener en cuenta las transformaciones sociales. Tampoco calcularon el aumento de la demanda, ni lograron reducir sus costes de producción habiendo tenido problemas de comercialización, el cierre de muchas empresas en el momento que perdieron los privilegios y los monopolios estatales. Se ha señalado que

“…constituye un ejemplo de cómo las mayores inversiones de recursos o la introducción de la tecnología más avanzada podían resultar estériles si no inciden sobre un cierto desarrollo capitalista previo.” (MARTIN, 2000 P. 668)

Empresas mixtas y fábricas reales le permitieron al Estado una intervención directa a través de la creación, gestión y financiación en empresas concentradas de capital fijo y trabajo, donde la organización laboral era todavía gremial (maestros, oficiales, aprendices), con muy bajos niveles de mecanización, integración tecnológica del proceso de producción y división técnica del trabajo. La colaboración estatal fue evidente en el proceso de capitalización en el que aportó (edificios-maquinarias), concedió préstamos o participo en la constitución de sociedades por acciones destinadas en parte a satisfacer las necesidades militares y fiscales, desarrollando la construcción naval en los arsenales de Cartagena, Cádiz o El Ferrol, establecimientos siderúrgicos, que aplicaron nuevas tecnologías de hierro pudelado, rompiendo con la antigua técnica de la forja catalana (Liérganes y la Cavada: 1763] para proveer de material bélico al ejército y la marina. Otras inversiones se vinculaban con la industria de naipes con estanco (Madrid y Málaga) y los artículos de lujo destinados a las clases privilegiadas como los tapices de Santa Bárbara, la Real Fábrica de Cristales y Espejos, los paños de Guadalajara la lencería de León y La Granja, las sedas de Talavera de la Reina y el algodón de Ávila, orientados a la producción de artículos de consumo masivo, entre las que se destacaban los textiles producidos por la nueva industria algodonera catalana. A pesar del apoyo estatal la industria española, predominante siguió siendo doméstica y tradicional, caracterizada por la dispersión geográfica de talleres artesanales una producción de baja calidad basada en el aporte de un escaso capital y la ausencia de integración tecnológica del proceso productivo (MARTIN, 2000 P. 629-668)

El comercio se recuperó basado en la capacidad adquisitiva de las masas populares urbanas y rurales de una población en crecimiento, una demanda estable de productos de lujo importados y lana castellana, de la reactivada industria textil del norte europeo, vino, aguardiente, frutos secos, aceite, hierro y seda en manos de comerciantes extranjeros. El comercio ultramarino también tomó un fuerte impulso basado en la demanda de la producción de plata americana y el crecimiento explosivo de su población. En la segunda mitad del siglo disminuyó la capacidad adquisitiva por el aumento de precio de los productos alimenticios, la baja de los salarios reales y el aumento de la renta de la tierra, que estructuraron un espacio interior asimétrico y desarticulado. España no sólo presenta una gran disparidad de precios, sino que también estaba muy lejos de constituir un mercado nacional integrado existiendo un elevado número de mercados pequeños y fragmentados. Estos conceptos fueron sintetizados por Alberto Martín a G. Tortella quienes señalaron que

este tipo de mercado impide las economías de escala, dificulta la división del trabajo y obstaculiza el progreso técnico limitando la esfera de la competencia, favoreciendo la formación de monopolios y fomentando la especulación " (MARTIN, 2000, p. 671)


Aquellas políticas de la Corona se hicieron evidentes cuando suprimieron las aduanas interiores (1707-1717) y declararon la libre circulación de mercancías (1757), La activa política de obras públicas que se orientó a la construcción de caminos, apertura de canales, obras portuarias y fomento de la construcción naval no alteró la estructura antigua de la producción. El comercio exterior mantuvo el déficit de la balanza comercial financiada con la plata americana y el predominio extranjero que controlaba el crédito y dominaba la exportación de materias primas nacionales. También en este sentido, se hicieron esfuerzos para impulsar la Junta General de Comercio, creando nuevos consulados (1705), reconstruyendo la flota y la marina mercante.

En 1782 un nuevo arancel general de derechos aduaneros no alteró las prácticas vinculadas a pactos privados entre los arrendatarios de aduanas y los comerciantes extranjeros, mercaderes que gozaban además de concesiones comerciales privilegiadas. En 1792 los productos se importaban de Francia (25%), Alemania (24%) e Inglaterra (20 %) entre otros y las exportaciones se realizaban a Francia (16.9%), Inglaterra (15.1%), Italia (10.2), Holanda (8.8%) y Alemania (7.6%) ((MARTIN, 2000 P. 683 695)


La articulación comercial transatlántica

El comercio americano que se había iniciado con la extensión del asiento de negros a extranjeros y el navío de permiso (1713) estuvieron acompañadas por las reformas para la regulación del comercio que si bien no lograron limitar el contrabando practicado con la anuencia de los comerciantes y las autoridades españolas en América, aumentaron el volumen de negocios y demostraron la intención de hacer más eficiente el comercio trasatlántico. Se trata de la creación de la Secretaría de Despacho de Marina e Indias (1714), la creación de compañías privilegiadas (1714-1785), el traslado de la Casa de Contratación a Cádiz (1717), la prohibición de entrada de géneros coloniales importados por extranjeros (1718-1719), el Proyecto para Flotas y Galeones del Perú y Nueva España (1720) que fija el calendario de salida, la construcción de los navíos en España o fija la condición de ser sus propietarios españoles, impone el derecho de palmeo (5 rr ½ por palmo cúbico) y dispone la rebaja de los derechos a la importación del cacao. La guerra con Inglaterra en 1739 y la intervención española en la guerra de sucesión austriaca (1740-1748) aceleraron la sustitución parcial del antiguo sistema por otro de navíos sueltos de registro manteniéndose el monopolio gaditano hasta 1783. Otras disposiciones autorizaban la libre navegación por el cabo de Hornos (1748) y establecía un servicio regular de correos marítimos desde La Coruña (1764). En 1765 se autorizó el comercio directo desde Cádiz, Sevilla, Málaga, Alicante, Cartagena, Barcelona, Santander, La Coruña y Gijón con las islas de Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Margarita y Trinidad y por último a Canarias (1772) en América se extendió a Luisiana (1768) Yucatán y Campeche (1779) Río Hacha y Santa Marta (1776). El comercio entre los territorios hispanoamericanos se liberó y por último el Reglamento de Libre Comercio (1778) vigente durante catorce años, hizo extensiva la liberación a un conjunto dieciséis puertos españoles y veintidós americanos. Once años después se agregaron los puertos mexicanos y venezolanos hasta entonces excluidos (1789). Cádiz siguió controlando sin embargo la mayor parte del comercio con un 70 % de las exportaciones y el 80% de las importaciones. En síntesis el comercio con las colonias creció en forma acelerada entre 1748 y 1778 y el impacto del reglamento quedó mediatizado hasta 1796 cuando comenzó la guerra con Inglaterra, considerándose que el crecimiento del comercio español con las Indias llegó a su límite o techo iniciándose el proceso de descenso de dicha actividad comercial. La guerra misma indujo a la Corona a conceder autorización a los americanos para establecer vínculos mercantiles con la condición de volver con productos españoles y comerciar con los países no beligerantes durante la guerra (decreto de neutrales: 1797).

La economía en las colonias americanas estuvo ligada a la reconstrucción del estado monárquico a través de la ampliación y la centralización del poder así como la expansión general en un proceso de secularización. Era necesario por lo tanto desarticular las redes de poder, reducir la autogestión y el control económico local de las elites encaramadas en las instituciones a través de la compra y venta de cargos y controlar e intervenir en los ámbitos que las reunían, es decir, las instituciones intermedias como cabildos y consulados. Una fiscalidad agresiva y racionalizada, la renovación y eficiencia de la burocracia profesionalizada, y la creación de cuerpos de ejército y marina completaban el panorama. El reordenamiento del espacio y el disciplinamiento de los habitantes generaron movimientos sociales en el área andina. Mientras tanto en el Alto Perú, la rebelión se hallaba instalada desde 1720 y los movimientos sociales de protesta se sucedieron ininterrumpidamente. Juan Santos, Tomás Katari, Chayanta, Atahualpa, Oruro, no cesaron hasta la rebelión de Tupac Amaru entre 1751-1780 y los movimientos de los comuneros de Quito y Nueva Granada (1765-1781). Otros movimientos sociales surgieron en Nueva España todos ellas vinculados entre otras cuestiones a la expansión de las fronteras agrícolas y las hambrunas, provocadas por las sequías y las heladas en los territorios de Chiapas, Michoacán, Papantla y en el Bajío.

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