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PRESENTAN OBSERVACIONES

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2001.-


Al Sr. Secretario Ejecutivo de

la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos.




Ref: Caso N° 11.670, “Menéndez y Caride”

Estimado Dr. Santiago Cantón:


Víctor Abramovich y Julieta Rossi en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Viviana Krsticevic y María Clara Galvis, por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en el caso que tramita bajo el N° 11.670 decimos:
  1. OBJETO


Venimos a adherir a la presentación efectuada en el día de la fecha por los abogados SERGIO CARLOS BOBROVSKY, HORACIO RICARDO GONZÁLEZ y PABLO DANIEL KNOPOFF, abogados representantes de los sucesores de don AMILCAR MENÉNDEZ, de don JUAN MANUEL CARIDE, de don AMANCIO MODESTO PAFUNDI, de don ANTONIO CARMONA y de doña ANGÉLICA TERESA CUEVAS de CARMONA, todos ello fallecidos después de haber iniciado la presente causa, y de los aún sobrevivientes don ENRIQUE JOSÉ TUDOR, don ÁNGEL AMADEO CHAÑAHÁ y de don EDUARDO AGRO.
Así también, venimos a reiterar las argumentaciones de hecho y de derecho expuestas en nuestra última presentación de fecha 11 de octubre de 2000.


  1. OBSERVACIONES FINALES



II.1. La materia de la presente causa


Tal como sostuvimos en anteriores presentaciones, la materia de esta petición y que esa Comisión debe en definitiva resolver versa esencialmente sobre la violación por parte del Estado argentino del derecho a un recurso judicial efectivo, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante, CADH) y de la garantía del plazo razonable, según lo estipulado en el artículo 8 del citado cuerpo legal. A raíz de las violaciones al derecho al recurso judicial efectivo y al plazo razonable, se ha denunciado la violación de los derechos a la propiedad privada (art. 21 de la CADH), a la igualdad ante la ley (artículo 24 de la CADH), todos ellos con relación al art. 1.1. y 2 de la CADH y los derechos a la salud y al bienestar (art. XI) y a la seguridad social con relación al deber de trabajar y aportar a la seguridad social (artículos XVI, XXXV y XXXVII) previstos en la Declaración Americana.

Reiteramos que no se pretende poner en tela de juicio la política económica adoptada por el Estado argentino, ni discutir las medidas que en materia previsional pone en práctica. No es intención de los peticionarios que esa Comisión determine el monto de los haberes previsionales ni se pronuncie sobre el diseño del sistema previsional o la situación en general de los jubilados. Somos absolutamente conscientes del papel que a esa Comisión se le ha asignado convencionalmente y por tanto del alcance de su misión. Y es precisamente dentro del alcance de sus facultades que pretendemos un pronunciamiento condenatorio respecto de la actuación del Estado argentino en relación a los hechos que se ventilan en el presente caso.


En efecto, las peticiones acumuladas bajo el N° 11.670 denuncian al Estado argentino por violaciones a los derechos humanos consagrados en la CADH. Ni más ni menos. Los peticionarios pretenden entonces que la Comisión resuelva que el Estado argentino es responsable de las violaciones alegadas y no que le indique las medidas económicas que debe adoptar. Los hechos denunciados, Ilustre Comisión, configuran una violación a los derechos de los jubilados en tanto el Estado argentino no les garantiza el acceso a un recurso judicial efectivo, sustanciado en un plazo razonable para el cobro de sus haberes previsionales.
Tal como ha sido debidamente puesto de manifiesto reiteradamente en el curso de la tramitación del caso, las personas jubiladas que se encuentran tramitando el reajuste de sus haberes previsionales están sometidas a un circuito administrativo y judicial interminable que en la mayoría de los casos no logra hacer efectivos los derechos de los que son titulares. Además, la ley 24.463 en sus artículo 16 y 22 permite al Estado oponer como excepción al pago, la limitación de recursos y perpetrar indefinidamente el cobro del reajuste del haber previsional.
Así, por un lado, los procesos judiciales en los que se reclama por reajustes o fijación de los haberes previsionales, duran un plazo excesivo desde el inicio del reclamo administrativo hasta la liquidación y el correspondiente pago de la sentencia judicial firme.
Por otro, aún con sentencias firmes pasadas en autoridad de cosa juzgada, el órgano del Estado encargado de hacerlas efectivas, la Administración Nacional de Seguridad Social –ANSESS- opone innumerables trabas y obstáculos para el pago, como fuera descripto en detalle en anteriores presentaciones.
Por último, denunciamos que la aplicación de la ley 24.463, mal llamada de Solidaridad Previsional en casos concretos viola la CADH. La aplicación de la ley de mención agrava aún más la situación de las personas jubiladas. En este sentido, debemos poner de resalto las normas que claramente implican serias violaciones a los derechos humanos. En efecto, el ANSES puede oponer en su defensa en un proceso de reajuste o fijación de haberes, la limitación de los recursos presupuestarios para hacer frente a la decisión judicial que declara procedente el reclamo y su eventual extensión a casos análogos (art. 16). En tal caso el ANSES podrá ofrecer como prueba pericial un informe de la Auditoría General de la Nación (art. 17). En igual sentido, puede oponer la defensa de limitación de recursos para el cumplimiento de las sentencias condenatorias contra la Administración de la Seguridad Social (art. 22). Dicha normativa implica una diáfana situación de privación de justicia. Con absoluto buen tino, la Sala II de la Cámara Nacional Federal de la Seguridad Social, en la causa "Ciampagna, Rodolfo" expresó que la defensa de limitación de recursos funciona como una "autosentencia absolutoria" a favor del deudor, "lo que entroniza la más escandalosa injusticia en el proceso y reduce al acreedor a la más absoluta indigencia jurídica"1.
Esa Ilustre Comisión debe reparar con atención en que esta situación está conduciendo a que los jubilados fallezcan sin que vean efectivizado su derecho a gozar de una vejez digna contando con recursos económicos para solventar los gastos mínimos para su subsistencia. La duración excesiva del proceso y en consecuencia la ineficacia de los recursos judiciales hace inviable el goce de los derechos a la seguridad social, a la salud, integridad física y psíquica.
Esta situación se ve agravada aún más por la sanción de la ley 25.453, ley llamada de déficit cero, según se explicó en la presentación efectuada por los abogados Bobrovsky, González y Knopoff.

II.2. Las violaciones alegadas


II.2.1. El derecho a un recurso judicial efectivo

Hemos conceptualizado en anteriores presentaciones el derecho al recurso judicial efectivo. No obstante, reiteramos los aspectos salientes de las consideraciones ya volcadas en el curso de la tramitación de este caso y acercamos algunas observaciones adicionales.


A fin de aportar mayor claridad al debate sobre la violación en este caso del derecho a un recurso judicial efectivo, diremos en primer término que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos entiende que el recurso efectivo es inescindible del cumplimiento de la decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Así, el artículo 25 de la CADH que prevé el derecho al recurso judicial efectivo, establece en forma inequívoca:

Los Estados partes se comprometen a: c. garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.


Unicamente puede predicarse la efectividad de un recurso cuando la decisión recaída en el proceso es cumplida por el condenado. De lo contrario, el derecho estaría vacío de todo contenido y significaría poco más que una declaración de principios.
En relación al derecho a la protección judicial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que:

El artículo 25.1. incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos. Como ya la Corte ha señaldo, según la Convención, ‘los Estados partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustaciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1.), todo ello, dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejericio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción’ (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Casos Velázquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales, Godínez Cruz, Excepciones preliminares, sentencias del 26 de junio de 1987, # 90, 90 y 92, respectivamente) (Opinión Consultiva OC-9/97 del 6 de octubre de 1987, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (artículos 27.1., 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie A, No. 9, # 23 y 24).


Debe ponerse de resalto que para que un recurso judicial exista, “no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en un retardo injustificdo en la decisión; o por cualquier otra causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (artículos 27.1., 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie A, No. 9, # 24).
En igual línea de interpretación, la Corte europea considera que la ejecución de una sentencia de cualquier jurisdicción debe ser considerada parte integrante del proceso2. Afirma el tribunal de mención que "el derecho a acceder a un tribunal -art. 6- protege igualmente el cumplimiento de las decisiones judiciales definitivas y obligatorias que, en un estado que respeta la preeminencia del derecho, no pueden resultar inoperantes en detrimento de una parte"3, razón por la cual la ejecución de una decisión judicial no puede retardarse excesivamente.
Reforzando la idea de que el derecho a la protección judicial devendría en una mera formalidad si el reclamante no pudiera hacer valer la decisión que en definitiva recae en el proceso, la Corte europea afirmó que "el derecho de acceder a un tribunal sería ilusorio si el orden jurídico interno de un Estado parte permitiese que una decisión judicial definitiva y obligatoria resultase inoperante en perjuicio de una de las partes"4. En efecto, continúa la Corte, "no se comprendería que el artículo 6.1. describa en detalle las garantías del proceso reconocidas a las partes -equidad, publicidad y celeridad- y que no se proteja al mismo tiempo la ejecución de las decisiones judiciales. Si este artículo debiera interpretarse en el sentido de receptar exclusivamente el acceso a un tribunal y el desarrollo de la instancia, se crearían situaciones incompatibles con el principio de la preeminencia del derecho"5.
Según las consideraciones vertidas hasta aquí, resulta en consecuencia que el principio de la efectividad del recurso judicial se torna ilusorio si la decisión judicial resultante no es efectivizada a través de los medios legales pertinentes.
La sentencia –objeto de todo proceso judicial- que se dicte en un caso concreto debe ser cumplida, caso contrario se torna en una mera formalidad, sin efecto práctico alguno.
Es esta, Ilustre Comisión, la hipótesis que se configura en el presente caso.
En efecto, la situación denunciada, refleja la inexistencia de un recurso judicial efectivo en los términos de la Convención. En este sentido, debemos llamar nuevamente la atención de esa Comisión en el sentido de que en modo alguno las limitaciones de índole presupuestaria pueden oponerse como obstáculos para la efectividad del recurso. En efecto, la primacía del derecho fundamental y subjetivo a la tutela judicial efectiva no puede quedar sin contenido por el principio de la legalidad presupuestaria.
II.2.2. El derecho a que el proceso se sustancie en un plazo razonable

La garantía del plazo razonable constituye un aspecto fundamental del debido proceso legal y es consustancial al concepto de recurso judicial efectivo. Para que un recurso judicial pueda considerarse efectivo, es decir, capaz de producir el resultado para el que fue previsto, indudablemente debe ser sustanciado en un lapso razonable. Un recurso judicial puede devenir inefectivo si el término de su tramitación es excesivo. El plazo en que se sustancia el recurso judicial forma parte de que pueda ser calificado como eficaz.


En este sentido, la Comisión Interamericana ha expresado que “el derecho a un proceso dentro de un plazo razonable que prevé la Convención Americana se fundamenta, entre otras razones, en la necesidad de evitar dilaciones indebidas que se traduzcan en una privación y denegación de justicia de personas que invocan la violación de derechos protegidos por la referida Convención”6.
En el caso bajo examen, la evaluación del plazo razonable debe necesariamente considerar la edad avanzada de los peticionarios, así como el objeto del reclamo ante la justicia, es decir, los beneficios de la seguridad social, de vital importancia para su subsistencia. De hecho, tal como manifestamos anteriormente, la duración exorbitante de los procedimientos determina que las personas jubiladas fallezcan sin que sus reclamos hayan encontrado eco positivo en las autoridades estatales.
Tal como dijimos en anteriores comunicaciones, tanto la Comisión como la Corte Interamericana han receptado la doctrina de la Comisión y la Corte europea en materia de “plazo razonable”.
La Comisión ha expresado que “ni la Convención Americana ni la europea han aclarado el alcance de la expresión ´plazo razonable´, no obstante, “existen muchísimos antecedentes en la jurisprudencia de órganos internacionales de acuerdo con los cuales se ha considerado, a la luz de las circunstancias particulares de cada caso, los siguientes criterios: la complejidad del litigio, la conducta de los demandantes y de las autoridades judiciales y la forma como se ha tramitado la etapa de instrucción del proceso”7.
La Corte Interamericana, por su parte, sostiene que “el artículo 8 de la Convención Americana también se refiere al plazo razonable. Este no es un concepto de sencilla definición. Se pueden invocar para precisarlo los elementos que ha señalado la Corte Europea de Derechos Humanos en varios fallos en los cuales se analizó este concepto ... de acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales (Ver entre otros, Eur. Court H.R., Motta, judgement of 19 February 1991, Series A N° 195-A, párr. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain, judgement of 23 June 1993, Series A N° 262)”8.
Adicionalmente, expresa la Corte que “el estudio de las eventuales demoras en las diversas etapas del proceso, la Corte Europea ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo en el conjunto de su trámite lo que se llama ´análisis global del procedimiento´ (Motta, supra 77, párr. 24; Eur. Court, H.R., Vernillo judgement of 20 February 1991, Series A N° 198 and Eur. Court H.R., Unión Alimentaria Sanders S.A. judgement of 7 July 1989, Series A, N° 157)"9.
En materia civil, la Corte europea ha sostenido que “el punto de partida para la evaluación del plazo razonable debe comenzar el día en que se acude a la jurisdicción competente10.
Ahora bien, si es necesario acudir en primer término a la vía administrativa, es a partir del comienzo de la utilización de dicha vía, el momento a partir del cual se inicia el cómputo del plazo razonable11.
En cuanto al momento que debe considerarse como determinante de la finalización del proceso para evaluar el plazo razonable, la Corte europea engloba el conjunto del proceso. En consecuencia, el mismo debe darse por concluido en el momento en que el interesado es notificado de la sentencia definitiva; en este concepto quedan comprendidas todas las apelaciones que la legislación permita12.
Sin embargo, cuando el que obtiene una sentencia definitiva se ve obligado a realizar diligencias procesales posteriores a dicha sentencia para hacerla efectiva, resulta evidente que el tiempo que demandan esas diligencias o recursos debe computarse como tiempo del proceso. Ello es así, pues el concepto de plazo razonable no puede comprenderse adecuadamente si se lo desvincula del concepto de recurso judicial efectivo. El recurso judicial efectivo, es decir aquel que es realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla, no puede escindirse de la duración del proceso. La duración del proceso es uno de los elementos que determina la efectividad del recurso. En consecuencia, el cómputo del plazo en que se sustancia el proceso debe tomar como momento final aquel en el que la decisión es efectivizada. Así, frente a la necesidad de acudir a la instancia correspondiente a las cortes constitucionales y su vinculación con los cómputos de los tiempos procesales, la Corte europea determinó que deben ser tenidos en cuenta en la medida en que el resultado que se obtenga en aquéllas, pueda influir en el éxito del litigio debatido ante las jurisdicciones ordinarias13.
Por lo demás, esta compresión del plazo razonable se ajusta al entendimiento que ofrece la Corte europea del concepto de recurso judicial efectivo.
En este caso, el éxito del litigio depende de los recursos que los jubilados se ven obligados a interponer para hacer efectivo el fallo judicial ante el órgano administrativo encargado de pagar el crédito. Se ha visto como las diligencias y recursos que deben interponer los jubilados ante la ANSES determina nada menos que el monto del crédito que percibirán y el momento en que cobrarán. Estas cuestiones son consustanciales al éxito del litigio.
Hasta aquí podemos afirmar que de acuerdo a los parámetros puntualizados más arriba, resulta palmaria la violación en que incurre el Estado argentino de la garantía del plazo razonable. Según ya hemos demostrado, en los casos que se ventilan ante esa Comisión, es la conducta recalcitrante de las autoridades estatales en el cumplimiento de las sentencias judiciales la que genera que los procesos se extiendan sine die.
Ahora bien, esa Comisión debe considerar un elemento adicional que indudablemente refuerza la postura de esta parte en el sentido de que el Estado argentino es responsable de la violación de la garantía del plazo razonable. La Corte Europea ha tomado como criterio adicional para evaluar la razonabilidad de la duración de los procesos en el ámbito interno de los Estados, la materia debatida. Así, los procesos de la seguridad social han merecido una protección especial teniendo en cuenta que están en juego derechos urgentes. El tribunal europeo sostuvo en relación al tiempo que requería un tribunal alemán para examinar un proceso de la seguridad social, que se extendía a diez años, siete meses y tres semanas, que de acuerdo a las circunstancias de la causa “... semejante duración se revela anormal, teniendo en cuenta la particular diligencia requerida en materia de seguridad social”14.
En el caso "Lombardo", en concordancia con la consideración de la materia involucrada en el caso, la Corte Europea evaluó la "importancia de aquello que está en juego para el denunciante". En el caso, el denunciante reclamaba en el ámbito interno por los beneficios de la seguridad social. En igual sentido, se pronunció en el caso "Submann c. Alemania", en el que expresó que "el carácter razonable de la duración de un procedimiento se aprecia en cada caso a la vista de las circunstancias que concurran y teniendo en cuenta la complejidad del caso, la conducta de las partes y de las autoridades y la importancia de lo que está en juego para el peticionante en el litigio (ver, el más reciente caso, Phocas c. Francia: 23/4/96, pár. 71)"15.
En aplicación del criterio descripto, la Corte europea ha requerido particular diligencia en casos concernientes a la situación laboral del denunciante16 o su salud mental17.
Por otro lado, y de aplicación estricta al presente caso, la Corte europea ha requerido particular diligencia "cuando la demora tornaría el procedimiento inútil". Así, en el caso "X c. Francia", se requirió excepcional diligencia en un reclamo civil hecho por un hemofìlico contra el Estado en el que se alegaba que se le había realizado una transfusión de sangre negligente por la que había contraído el virus del HIV, considerando la posibilidad de que el peticionante muriera18.
Esa Ilustre Comisión debe apreciar que en el caso bajo examen, los peticionarios reclaman por los beneficios de la seguridad social, materia que ha requerido por la Corte europea, la adopción de una particular diligencia por parte de los tribunales internos y por otro lado, que la demora, en efecto, torna lisa y llanamente inútil el procedimiento. Al respecto, ya hemos puesto de manifiesto la elocuencia de las muertes de los peticionarios sin ver cumplidos sus reclamos.
Por último, en relación a las circunstancias que podrían dispensar la demora, el Estado argentino no puede alegar la cantidad de causas previsionales en trámite. Es de señalar que los Estados europeos no han podido argumentar con éxito la “sobrecarga de trabajo”. Al respecto la Corte europea ha puntualizado que “ ... el artículo 6.1. obliga a los Estados contratantes a organizar su sistema judicial de tal manera que sus tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias”19. En igual orden de ideas, la Corte europea impone una obligación a los Estados parte, que se aplica sin tener en cuenta el costo económico de "organizar el sistema legal de manera tal de permitir a los tribunales cumplir con las exigencias impuestas por el artículo 6.1"20. Se sigue de lo dicho que un Estado puede ser responsabilizado no sólo por la demora en la conducción de un caso particular en el marco de un sistema de administración de justicia generalmente expeditivo, sino también por la omisión de incrementar recursos en respuesta a una acumulación de casos y por deficiencias estructurales en su sistema de justicia que ocasiona demoras21.
II.2.3. El alegado estado de emergencia previsional. Los estados de excepción.

Debemos insistir en que el Estado argentino no puede oponer válidamente la existencia de un "estado de emergencia previsional" a fin de restringir los derechos de las personas jubiladas. Ello por varias razones, cada una lo suficientemente contundente para descartar de plano el planteo del Estado.


En primer lugar, un Estado puede invocar válidamente la existencia de un estado de excepción a fin de restringir con mayor severidad los derechos protegidos en la Convención, si cumple con cada uno de los requisitos previstos en el artículo 27.
El artículo 27 de la CADH establece:

"1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraidas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica); 4 (derecho a la vida); 5 (derecho a la integridad personal o prohibición de la esclavitud y servidumbre); 9 (principio de legalidad y de retroactividad); 12 (libertad de conciencia y de religión); 17 (protección a la familia); 18 (derecho al nombre); 19 (derechos del niño); 20 (derecho a la nacionalidad) y 23 (derechos políticos), ni de las garantías indispensables para la protección de tales derechos.

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión".
Así, el Estado argentino en sus sucesivas presentaciones no ha hecho mención específica de cuál es la crisis económica, la gravedad de la emergencia, los medios utilizados para resolverla, el tiempo que durará la emergencia. Por otro lado, no ha comunicado a los demás Estados parte de la CADH la suspensión de derechos a causa de la emergencia previsional.
Aún más, aceptando por vía de hipótesis la alegación del Estado, de todas maneras la plena efectividad de las garantías judiciales debiera haberse mantenido intacta. Sin embargo, el Estado ha suspendido la vigencia de derechos no susceptibles de restricción en estados de emergencia: las garantías judiciales. La Corte Interamericana ha dicho: "Del artículo 27 se deriva la necesidad genérica de que en todo estado de excepción subsistan medios idóneos para el control de las disposiciones que se dicten, a fin de que ellas se adecuen razonablemente a las necesidades de la situación y no excedan de los límites impuestos por la Convención o derivados de ella"22. Y agregó: "Las garantías sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Como los Estados partes tienen la obligación de respetar los derechos y libertades de la persona, también tienen la de proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías (art. 1.1.), vale decir, de los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia"23.
Resulta de la mayor importancia que el Poder Judicial actúe plenamente durante los períodos de crisis a fin de fiscalizar la razonabilidad de las restricciones a los derechos fundamentales de los individuos.
La imposibilidad legal de cumplir con las sentencias judiciales es claramente violatoria de la Convención. Al respecto, reiteramos que ni el Poder Legislativo ni mucho menos el Poder Ejecutivo, tienen facultades para enervar la actuación del Poder Judicial, prohibiéndoles a los jueces de la Nación la fijación de plazos para el cumplimiento de los fallos favorables a los jubilados y pensionados.
Por otro lado, es de resaltar que tal como ha dicho en reiteradas ocasiones el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es precisamente en momentos de crisis cuando el Estado tiene un deber de protección adicional respecto de los grupos más vulnerables de la sociedad. Al respecto ha dicho el Comité que: "Junto a personas de edad que gozan de buena salud y de una aceptable situación económica, existen muchas que carecen de medios económicos, suficientes para subsistir, incluso en países desarrollados, y que figuran entre los grupos más vulnerables, marginales y no protegidos. En períodos de recesión y de reestructuración de la economía, las personas de edad corren mayores riesgos. Como ha puesto ya de relieve el Comité (Observación General Nº 3, 1990, párr. 12), los Estados Partes tienen el deber de proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad incluso en momentos de graves escaceses de recursos"24.
II.2.4. La recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Por último, debemos reiterar que a la fecha existe ya un pronunciamiento de otro órgano internacional -el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- en relación a la ley 24.463. En noviembre de 1999, el Comité consideró el Segundo Informe Periódico de Argentina (E/199/6/add.16) y las respuestas presentadas por el Gobierno a las cuestiones planteadas por el Grupo de Pre-Sesión (E/C.12/Q/ARG/1).
En sus Observaciones Finales, el Comité resultó contundente en su apreciación de los hechos que se pusieron en su conocimiento. Así, entre las principales causas de preocupación, el Comité manifestó que "nota con preocupación la extensión de la privatización del programa de pensiones. En particular, el artículo 16 de la Ley 24.463 que permite al Gobierno reducir y eventualmente no pagar pensiones invocando apremios económicos" (párr. 18). En consonacia con esta muestra de preocupación el Comité urgió al Estado argentino "a asegurar que su sistema de seguridad social garantice a los trabajadores una pensión mínima adecuada, que no debiera ser unilateralmente reducida ni diferida, especialmente en tiempos de apremios económicos". Consecuentemente, recomienda al Estado parte "que derogue el artículo 16 de la ley 24.463, del 31 de marzo de 1995 de modo de garantizar el pago completo de todas las pensiones" (E/C.12/1/Add. 38).
III- PETITORIO

Es por todo lo expuesto que solicitamos a esa Ilustre Comisión:



1- Declare que el Estado argentino ha incurrido en la violación de los artículos 8, 21, 24, 25 y 26 en relación con los artículos 1(1) y 2 de la Convención, así como los derechos consagrados en el artículo XI y considerados conjuntamente los artículos XVI, XXXV y XXXVII de la Declaración.

  1. Recomiende al Estado argentino la derogación de la ley 24.463, particularmente la de sus artículos 5, 7, 16, 17, 22 y 23.


1 CN Fed. Seg. Social, Sala II, abril 11-1997: "Ciampagna, Rodolfo N", en La Ley, Suplemento de Derecho Constitucional, 17/7/97, pág. 36.

2 Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Immobiliare Saffi c. Italia, sentencia del 28 de julio de 1999.

3 Ibíd., párr. 66.

4 Ibíd. párr. 63.

5 Ibíd., párr. 63.

6 Informe 43/96, Caso N° 11.430 del 15 de octubre de 1996, Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1996, OEA/Ser.L./V/II.95, Doc. 7, rev. 14 de marzo de 1997, pág. 585 y ss, párr. 53.

7 Ibíd.., nota 60, párr. 54.

8 Corte Interamericaca de Derechos Humanos, Caso Genie Lacayo, sentencia del 29 de enero de 1997, Serie C, N° 30, párrs. 77-81.

9 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Genie Lacayo, sentencia del 29 de enero de 1997, Serie C, N° 30, párrs. 77-81.

10 Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Buchholz, sentencia del 6 de mayo de 1981, A 42; Caso Zimmermann y Stenier, sentencia del 13 de julio de 1983, A 66; Pretto y otr., sentencia del 8 de diciembre de 1983; Caso Guincho, sentencia del 10 de julio de 1984, A 81.

11 Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Koning, sentencia del 28 de junio de 1978, entre otros.

12 Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Konig, cit., Caso Engel y otro, setencia del 8 de junio de 1976, A 22, entre otros.

13 Corte Europea de Derechos Humanos, caso Ruiz Mateos, sentencia del 23 de junio de 1993, A 262.

14 Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Deumeland, sentencia del 29 de mayo de 1986, en Revista General de Derecho, núm. 537, Valencia, España.

15 Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Submann c. Alemania, Application Nº 20024/92 del 16/9/96.

16 Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Buchholz c. FRG, párr. 52 (1981) y Obermeier c. FRG, A 179, pár. 72 (1990).

17 Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Bock c. FGR A 150, pár. 48 (1989).

18 Corte Europea de Derechos Humanos, X c. Francia, A 234-C (1992).

19 Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Francesco Lombardo, sentencia del 26 de noviembre de 1992, en Revista General de Derecho, núm. 608, traducción José Gil Castellano, mayo de 1995, entre otros.

20 Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Zimmermann y Steiner c. Suiza, A 66, párr. 29, citado por Harris, D.J., O´Boyle, M., Warbrick, C., Law of the European Convention on Human Rigths, Butterworths, London, 1995, pág. 227.

21 Cf. Harris, D.J., O´Boyle, M., Warbrick, C., cit, pág. 227.

22 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva N° 9, párrs. 20-22.

23 Ibíd.

24 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Nº 6 (1995), Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores, párr. 17 (HRI/GEN/1/Rev.2).





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