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Por el derecho a la vida


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Proyecto de Acto Legislativo

POR EL DERECHO A LA VIDA










Proyecto de Acto Legislativo No. 006 de 2011 - SENADO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA HUMANA.”


El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 11 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable y recibirá igual protección desde la fecundación hasta la muerte natural. No habrá pena de muerte.

Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación.

JOSÉ DARÍO SALAZAR CRUZ

Senador de la República


Proyecto de Acto Legislativo No. 006 de 2011 - SENADO
Por medio del cual se adiciona el artículo 11 de la Constitución Política, sobre el derecho fundamental a la vida humana.”


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Honorables Congresistas:


La Constitución de 1991 consagra los principios y valores éticos más significativos del pueblo colombiano, entre los cuales se encuentran la solidaridad y el respeto por toda vida humana.
La institucionalización jurídica del aborto a través de la cual se busca legitimar un proceso dirigido a terminar voluntariamente con una vida humana, rompe una larga tradición jurídica y política de protección de la vida, tan larga como la vida republicana de nuestro país.
Es cada vez más evidente como dicha institución causa un daño irreparable a la mujer, a la vez que repugna con la cultura, valores y aspiraciones del pueblo soberano de Colombia. Como respuesta a esa resistencia cultural frente al aborto se ha producido, desde algunas instancias del Estado y de la sociedad civil, un ataque sistemático contra médicos, hospitales, funcionarios públicos, comunidades educativas y demás ciudadanos que se resisten a su práctica, creando un ambiente de creciente conflicto social.
Los avances médicos y científicos permiten establecer de forma inequívoca que a partir de la fecundación existe un nuevo individuo de la especie humana, el cual ha iniciado un proceso continuo de desarrollo que no se detendrá sino hasta el momento de la muerte.
Nuestra civilización se ha fundado sobre el respeto de toda vida humana, guiada por la convicción ética de que todo ser humano merece la misma consideración y protección, en reconocimiento de su dignidad personal.
Según este principio todo ser humano es persona, independientemente de la voluntad política del Estado, pues se trata de un atributo inherente a la naturaleza humana.
Atributo que se debe reconocer desde el primer instante de la existencia de cada ser humano, y no a partir del cumplimiento de condiciones más o menos arbitrarias, como pueden ser el cumplir con un estándar de calidad genética, el alcanzar un determinado grado de desarrollo biológico o el cumplir con la condición de ser deseado.
La experiencia mundial muestra cómo, a partir del establecimiento del principio según el cual el valor de la vida humana depende del cumplimiento de ciertas condiciones, los estándares de calidad considerados socialmente aceptables se hacen cada vez más exigentes y crece la presión social para que quienes no los alcancen, opten por la muerte.
Por eso la aprobación legal del aborto y la eutanasia conllevan la gradual pero inexorable negación de la solidaridad social, valor supremo sobre el que se cimenta la convivencia pacífica, para implementarse en su lugar una cultura de muerte en la que los derechos de los fuertes prevalecen sobre los derechos de los débiles.
Finalmente, es un procedimiento que la mayoría de las veces atiende una solicitud masculina, al tiempo que causa un profundo daño a la mujer. En los últimos años se ha consolidado un cuerpo significativo de evidencia científica que demuestra como el aborto afecta negativamente a la mujer física, psicológica y socialmente. La presión social ha llevado a que muchas mujeres asuman en secreto los daños que el aborto ha causado en sus vidas, aunque las asociaciones de mujeres “victimas del aborto” están cada vez más extendidas en diversos países del mundo.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el presente proyecto de Acto Legislativo busca reforzar la protección de la vida a que tiene derecho todo ser humano durante cada etapa de su existencia, proteger a la mujer de los efectos devastadores del aborto y fortalecer los cimientos de la solidaridad social, la cual se funda en el reconocimiento de la igual dignidad inherente a todos los seres humanos, independientemente de cualquier condición particular subjetiva (ser “deseado” o no “deseado”) u objetiva (sexo, patrimonio genético, etapa de desarrollo, características físicas o biológicas), frente a la cual se pretenda aplicar un determinado estándar de calidad de vida.



  1. Texto del Proyecto de Acto legislativo

El proyecto de acto legislativo en cuestión contiene únicamente dos artículos a ser sometidos a examen del Honorable Congreso de la República.

En el artículo 1° se propone una adición para complementar el artículo 11 de la Constitución Política, con el fin de reafirmar la intangibilidad del derecho a la vida que por naturaleza le corresponde a todo ser humano, de modo que se haga explícito su alcance en los siguientes términos:

El derecho a la vida es inviolable y recibirá igual protección desde la fecundación hasta la muerte natural. No habrá pena de muerte”.
El artículo 2° se refiere a la vigencia del acto legislativo, el cual regirá a partir de la fecha de su promulgación.



  1. Fundamentos constitucionales

Preámbulo, artículos 1, 2, 5, 11, 12, 13, 16, 17, 44, 46, 93, 94, 95, y 366 de la Constitución Política de Colombia.



  1. Objeto del proyecto

A través de la adición propuesta al texto de la Constitución se busca garantizar a todos los seres humanos igual protección del derecho a la vida, haciendo explícito que este derecho fundamental, presupuesto de todos los demás, debe ser reconocido y respetado por todos los miembros de la sociedad de forma incondicional, y que debe recibir igual protección por parte del Estado durante todo el ciclo de vida del ser humano, independientemente de la etapa de desarrollo en la que se encuentre.

De esta forma, la regulación jurídica de todos los procesos destinados a la eliminación de vidas humanas (tanto del aborto como de la eutanasia, junto a los demás tipos de homicidio voluntario), se reconcilia con los principios y valores fundamentales consagrados en la Constitución Política sobre los cuales se funda el Estado colombiano, a saber: el respeto de la dignidad humana, la solidaridad de las personas que integran la república, la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución Política, la vigencia de un orden justo, la igualdad y la primacía de los derechos inalienables de la persona.

El artículo 11 de la Constitución Política de Colombia quedará, entonces, redactado así: “El derecho a la vida es inviolable y recibirá igual protección desde la fecundación hasta la muerte natural. No habrá pena de muerte”.


  1. Consideraciones



  1. Razones jurídicas



    1. Constitucionales

Como se puede comprobar, nuestra Constitución Política menciona en catorce oportunidades1 la vida como uno de los puntos centrales del ordenamiento jurídico colombiano.

En la tradición jurídica y política occidental se pueden encontrar muchos antecedentes de la centralidad que ha ocupado el derecho a la vida en el elenco de derechos fundamentales, entendido sin limitaciones ni condiciones sujetas a la interpretación del operador jurídico o del gobernante de turno.

Este es un punto de coincidencia entre la tradición clásica iusnaturalista y de la tradición liberal, las dos defensoras de un profundo sentido humanista del derecho y la política, sobre las cuales se fundó el sistema occidental de derechos humanos, universalmente proclamados por la Asamblea General de Naciones Unidas a través de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de 1948.

Declaración que fue suscrita por Colombia y en cuyo Preámbulo se estableció como fundamento de la libertad, la justicia y la paz, a las cuales aspiran todas las naciones, el “reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (subrayados fuera de texto), con el fin de prevenir que se repitan “actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” originados en “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos”.

Espíritu que fue compartido por los 74 delegatarios designados para elaborar la Constitución de 1991, en la cual plasmaron los principios, valores y derechos fundamentales en consonancia tanto con la tradición jurídica liberal y iusnaturalista de nuestro país, así como con la tradición ética y cultural del pueblo colombiano.

Precisamente uno de los temas polémicos debatidos en la plenaria de la Asamblea Constituyente fue el promovido por el constituyente Iván Marulanda Gómez, que propuso incluir en el texto constitucional el derecho a la “libre opción de la maternidad”. Según se explicó ante la Asamblea, con la consagración de este derecho la Constitución habría facultado al Congreso para que a través de una ley autorice el aborto en los casos de grave peligro para la vida de la madre, violación o malformación congénita, o para todos los casos si así lo decidía.

Esta propuesta fue eliminada de la ponencia de las comisiones I y V, relativas a los derechos de la familia y de la mujer, por tratarse de un tema que “necesariamente implica una extensa controversia” la cual podría ser agotada en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente.

El constituyente Marulanda volvió a proponer el texto ante la plenaria el 10 de junio de 1991. La propuesta fue votada en forma secreta por la Asamblea y derrotada de forma contundente por cuarenta votos en contra, veinticinco a favor y tres abstenciones.

Así quedó registrado en el Acta correspondiente a la reunión de la Sesión Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, que tuvo lugar el día 14 de junio de 19912; de esa forma lo consignaron los magistrados Marco Gerardo Monroy y Rodrigo Escobar Gil, en el salvamento de voto a la sentencia C-355 de 2006, indicando que “es de anotar que la interpretación histórica de la Carta revela que la Asamblea Nacional Constituyente descartó el posible derecho de la mujer a abortar y se ratificó la inviolabilidad de la vida humana desde el momento mismo de la concepción. Al respecto, resultan elocuentes las actas correspondientes a las sesiones en las que el asunto se debatió y se votó, que revelan que dicha Asamblea sí rechazó expresamente el derecho de la mujer al aborto, presentado bajo la iniciativa de la libertad de la mujer para optar por la maternidad, y sí consideró que la protección de la vida humana como derecho debía otorgarse al no nacido desde el momento mismo de la concepción.” 3

En el mismo sentido, el entonces constituyente Augusto Ramírez Ocampo expuso de manera precisa el alcance y significado del derecho fundamental a la vida contemplado en la Constitución, al señalar que “la norma y la cláusula consagrada de que la vida es inviolable amparará por mucho tiempo lo que es la sabiduría del Pacto de San José, del cual hace parte Colombia, por virtud de la cual la vida es y tiene que ser respetada desde el momento de su concepción”.4

De esta forma la Asamblea Nacional Constituyente rechazó los intentos de grupos feministas radicales, de abrir una puerta para la legalización del aborto a través de la Constitución Política de 1991.




      1. La jurisprudencia constitucional favorable a la vida del ser humano por nacer

La protección incondicional de la vida del ser humano por nacer es un elemento destacado de la doctrina de la Corte Constitucional, alrededor del cual se ha desarrollado una sólida argumentación favorable a la defensa de toda vida humana, con la única excepción de la Sentencia C-355 de 2006.

En las sentencias C-133/94, C-013/97 y C-647/01, la Corte Constitucional explicó las razones por las cuales la tolerancia frente a una conducta que busca deliberadamente la eliminación de seres humanos por nacer, es contraria a nuestra Constitución:

La vida del nasciturus encarna un valor fundamental, por la esperanza de su existencia como persona que representa […]. No se requiere ser persona humana, con la connotación jurídica que ello implica, para tener derecho a la protección de la vida, pues el nasciturus […] tiene el derecho a la vida desde el momento de la concepción, independientemente de que en virtud del nacimiento llegue a su configuración como persona” (Sentencia C-133 de 1994).

La Constitución protege la vida como valor y derecho primordial e insustituible, del cual es titular todo ser humano, desde el principio hasta el final de su existencia física […]. En criterio de esta Corte, la vida que el Derecho reconoce y que la Constitución protege tiene su principio en el momento mismo de la fecundación y se extiende a lo largo de las distintas etapas de formación del nuevo ser humano dentro del vientre materno, continúa a partir del nacimiento de la persona y cobija a ésta a lo largo de todo su ciclo vital” (Sentencia C-013 de 1997).

De la argumentación de la Corte Constitucional favorable a la protección de la vida del ser humano se pueden identificar cuatro puntos básicos:


  1. La Constitución reconoce la protección de la vida desde el momento de la fecundación sin ninguna discriminación;

  2. La Constitución garantiza el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y la protección de los derechos del que está por nacer (privilegiando el derecho a la vida);

  3. El orden constitucional garantiza el amparo jurídico del ser humano por nacer, del cual se origina la protección especial para la mujer gestante;

  4. En general la Constitución es favorable al reconocimiento de los derechos fundamentales del ser humano por nacer.




      1. el giro de la sentencia C-355 de 2006

El punto angular de la argumentación sobre la que se fundó la jurisprudencia constitucional que tutelaba la vida del nasciturus, vigente hasta 2006, era el reconocimiento del ser humano por nacer, bien como persona o bien como titular del derecho a la vida; argumentación fundada en diferentes estudios de naturaleza científica (médica, biológica y genética), así como en asentadas líneas de pensamiento filosófico, ético e incluso religioso.

La Corte Constitucional de 2006 en el fallo que despenaliza el aborto decide disminuir esta protección, pero lo hace evadiendo la carga argumentativa requerida para justificar el cambio de estatus del ser humano por nacer, desvirtuando toda la evidencia existente en su favor con apenas el siguiente párrafo:

Determinar el momento exacto a partir del cual se inicia la vida humana es un problema al cual se le han dado varias respuestas, no sólo desde distintas perspectivas como la genética, la médica, la religiosa, o las morales, entre otras, sino también en virtud de los diversos criterios expuestos por cada uno de los respectivos especialistas, y cuya evaluación no corresponde a la Corte Constitucional5. (Subrayado fuera de texto)

A renglón seguido, una vez la Corte Constitucional ha reconocido su incapacidad para distinguir el momento en que comienza la vida humana, o mejor su desinterés, procede a determinar a partir de qué momento el ser humano por nacer puede ser eliminado por la voluntad de la madre gestante.

Si seguimos la teoría del discurso práctico de Alexy, se pueden exponer muy claramente las inconsistencias jurídicas en que incurre la Corte Constitucional, en su razonamiento para justificar la despenalización del aborto:

“…la técnica evasiva usada por la Corte Constitucional habría violado en este punto, al menos dos reglas fundamentales (la regla de la no contradicción [por una parte en cuanto contradicción con su propia jurisprudencia vigente, y por otra, al afirmar que la vida del nasciturus no es un derecho, para enseguida proceder a hacer una ponderación de derechos entre los de la madre y los del nasciturus] y, la regla de coherencia [violación consistente en no haber observado el principio de “universalidad”, según el cual debió haber aplicado los criterios de las anteriores sentencias al objeto de la discusión, en tanto que era igual en todos sus aspectos relevantes]), [viola también] tres reglas de razón (la regla general de fundamentación y dos subreglas, una que reconoce el derecho de “todos” a expresar sus razones y otra que prohíbe que un participante se le impida ejercer sus derechos a expresar sus razones, v. gr. médicas, religiosas, genéticas o morales), la regla básica de la carga de la argumentación, o al menos una forma estructural de argumentación dada en virtud de la ratio decidendi de las decisiones anteriores, en tanto tenía como base una regla jurídica válida que presuponía un estado de hecho descriptor de las condiciones de aplicación de la regla, y todas las condiciones de las reglas de fundamentación, en especial la relacionada con la prueba de su génesis histórico-crítica, porque no demostró que las razones anteriores habían perdido su justificación, y además porque no se encargó de «aducir nuevas razones que sean suficientes»6 (negrillas fuera de texto).

Frente a una línea jurisprudencial tan clara y consolidada en defensa de la vida del nasciturus, y ante la falta de interés de profundizar en los argumentos científicos, éticos o filosóficos, es muy difícil encontrar una razón jurídica o sociológica (al momento de presentarse la demanda los colombianos mostraron un 85% de oposición a la demanda7) que justifique el radical giro en “U” de la Corte Constitucional frente a la protección de la vida de los seres humanos por nacer.

Forzoso es concluir entonces, que la motivación del cambio jurisprudencial por cuenta de la mayoría de los magistrados miembros de la Corte Constitucional de 2006 no fue jurídica, sino que se encontraba en otro plano.

En 2005 la organización internacional Women´s Link Worldwide (WLW) a través de la directora de su programa “Género y Justicia”, Mónica Roa (quien actuó ante la Corte Constitucional a título personal) y en desarrollo del proyecto internacional denominado LAICIA (Litigio de Alto Impacto en Colombia por la Inconstitucionalidad del Aborto), demandó los artículos del Código Penal colombiano que penalizan el aborto.

Este proyecto, desarrollado con el apoyo de 11 organizaciones internacionales8, entre ellas la International Planned Parenthood Federation, propietaria de la mayor cadena de clínicas abortivas en Estados Unidos, consistió en un estudio de varios años para preparar la demanda de despenalización del aborto y presentarla en el momento adecuado.

Tal como lo relató Mónica Roa a la revista de la organización Católicas por el Derecho a Decidir “…a partir del 2000...Parte de la estrategia legal fue analizar el perfil de cada uno de los Magistrados y tratar de identificar quienes podrían estar cercanos a la demanda...Es evidente que los magistrados conservadores constituyen una minoría...A partir de este análisis es que se opta por presentar una demanda..."9.

En una conferencia que la misma abogada diera en la New York School of Law en marzo de 2005, explicó muy bien su estrategia: “Legalmente es un caso muy fácil. Es solamente un asunto de voluntad política…Estamos trabajando como un grupo de actores ejecutando una obra de teatro. Todos nosotros tenemos diferentes roles para que mi propuesta aparezca como una posición moderada…La idea es jugar con la mente de los magistrados, de modo que voy a usar perlas y voy a ir poco a fiestas esos días. Todo sea por la causa.”10 (Subrayados fuera de texto).

Women´s Link Worldwide incluso logró que una practicante suya, Mónica Arango, trabajara dentro de la Corte Constitucional durante el tiempo en que se discutió la despenalización del aborto. Mónica Arango hoy sigue promoviendo la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe desde el Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos, organización que financió la iniciativa de Mónica Roa.

En síntesis, la mejor explicación para un viraje tan notorio en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana parece estar en que la mayoría que conformaba la corporación en ese momento, tenía una concepción personal sobre el aborto y el derecho a la vida de los seres humanos por nacer, radicalmente distinta de la que había sido consagrada en la Constitución del 91 y mantenida por la jurisprudencia hasta entonces vigente.




      1. el desarrollo jurisprudencial del aborto a partir de la Sentencia C-355 de 2006

A pesar de que la sentencia C-355 de 2006 reconoció que “la vida del nasciturus es un bien constitucionalmente protegido y por esa razón el legislador está obligado a adoptar medidas para su protección”, resolvió que la penalización del delito del aborto está adecuada a la Constitución Política de 1991 y en forma arbitraria estableció que excepcionalmente no se incurre en el delito de aborto cuando:

  1. El embarazo constituye riesgo para la vida de la mujer;

  2. El embarazo constituye riesgo para la salud mental de la mujer;

  3. El embarazo constituye riesgo para la salud física de la mujer;

  4. Exista grave malformación en el ser humano por nacer que haga inviable su vida;

  5. El embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento;

  6. El embarazo sea resultado de inseminación artificial no consentida;

  7. El embarazo sea resultado de transferencia de óvulo fecundado no consentida;

  8. El embarazo sea resultado de incesto;

Sin embargo, el desarrollo jurisprudencial liderado por algunos magistrados de la Corte Constitucional en sede de tutela, ha extendido la aplicación del aborto mucho más allá de los efectos determinados por la Sentencia C-355 de 2006, promoviendo el aborto como regla general (derecho fundamental), incluyendo en este pretendido derecho los casos de abortos penalizados (legitimando abortos que no cumplen con ninguno de los supuestos autorizados por la sentencia) y presentando como supuestos de aborto legal situaciones que en realidad corresponden a casos de infanticidio11 (en el que se adelanta el parto por cesárea y se causa la muerte a un bebé de ocho meses minutos después de haber nacido).

Además, a través de fallos de tutela se ha creado un ambiente de persecución al sector sanitario que legítimamente se abstiene de participar en la eliminación de seres humanos por nacer, así como de algunos funcionarios públicos que se han marginado de ese tipo de procesos recurriendo a la objeción de conciencia.

Finalmente, la sentencia de despenalización del aborto ha promovido una campaña de reingeniería social en los colegios del país, a través de la denominada “cátedra del aborto”, por medio de la cual se desconoce el derecho de los padres de dar a sus hijos la educación ética y religiosa acorde a sus convicciones, imponiendo una determinada ideología que relativiza el valor de la vida humana, e impone la llamada “Cultura de la muerte”.

Esta situación ha sido aprovechada por organizaciones que promueven el aborto como un método de planificación familiar, para argumentar que en nuestro país es posible abortar legalmente cuando “la maternidad afecta el proyecto de vida que la mujer contempla para sí misma”12.

Estas son algunas de las sentencias de tutela que la Corte Constitucional ha emitido con fundamento en la Sentencia C-355 de 2006:

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