Página principal

Ponente: ministra margarita beatriz luna ramos


Descargar 124.03 Kb.
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño124.03 Kb.


RECURSO DE RECLAMACIÓN 221/2009

DERIVADO DEL AMPARO EN REVISIÓN 1283/2009
RECURRENTE: SUBDIRECTOR DE AMPAROS Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

PONENTE: MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS

SECRETARIA: PAULA maría GARCÍA VILLEGAS.

Vo. Bo.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiséis de agosto de dos mil nueve.
Cotejó:
V I S T O S; Y,

R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil ocho, **********, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso de la Unión, Presidente de la República, Secretario de Gobernación, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Administrador Local de Recaudación de Tepic y Director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en la aprobación, promulgación, refrendo y publicación del texto íntegro de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

En la demanda estimaron violados los artículos 1°, 25, 26, 28 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


SEGUNDO. El asunto se radicó en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, actualmente Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en la referida entidad federativa, cuyo titular una vez seguido el trámite respectivo, celebró la audiencia constitucional el día dieciséis de junio de dos mil ocho y ordenó la remisión de los autos al Centro Auxiliar de la Segunda Región, en términos del Acuerdo General 15/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
TERCERO. Por razón de turno correspondió al Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, resolver el asunto, el cual se terminó de engrosar el día doce de enero de dos mil nueve, con los siguientes puntos resolutivos:
PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de la presente resolución.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en contra de los actos reclamados y las autoridades precisados en el considerando séptimo de esta sentencia, por las razones ahí expresadas.
TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra de los actos reclamados y las autoridades precisados en el considerando octavo de esta sentencia, por las razones ahí expresadas.”
CUARTO. Inconformes con la anterior resolución, el Director General de Asuntos Jurídicos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en ausencia de los Subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, del Oficial Mayor, del Procurador Fiscal de la Federación y del Secretario de Hacienda y Crédito Público, este último en representación del Presidente de la República; el Director General de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Cámara de Senadores; el autorizado de la quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, interpusieron recursos de revisión, los cuales fueron remitidos a este Alto Tribunal.
El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de primero de junio de dos mil nueve, registró el asunto como amparo en revisión 1283/2009, y mediante auto de dos de julio del mismo año, determinó desechar, por falta de legitimación, el recurso de revisión que hizo valer la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, y por improcedentes los recursos de revisión que interpusieron, el Director General de Asuntos Jurídicos y representante legal de la Cámara de Diputados y el Director General de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión.
Asimismo, en dicho proveído se admitieron los recursos de revisión del Presidente de la República y de la parte quejosa.
QUINTO. En contra de la anterior determinación, Sergio Ascary Castro Garibay, Subdirector de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, interpuso recurso de reclamación.
Por acuerdo de diez de julio de dos mil nueve, el Presidente de este Máximo Tribunal lo tuvo por interpuesto; lo registró con el número 221/2009, y ordenó turnar el asunto a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, por lo que se enviaron los autos a la Sala de su adscripción a fin de que su Presidente dictara el trámite relativo para la elaboración del proyecto de resolución.
En diverso acuerdo de fecha tres de agosto de dos mil nueve, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que ésta se avocaría al conocimiento del asunto y ordenó devolver los autos a la Ministra Ponente para su estudio.


C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 de la Ley de Amparo, 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, y punto único del Acuerdo 8/2003 del Pleno de este Alto Tribunal, ya que se interpone contra un acuerdo de trámite dictado por el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. Legitimación y procedencia. El recurso de reclamación fue interpuesto por Sergio Ascary Castro Garibay, quien se ostentó como Subdirector de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, autoridad señalada como responsable en el juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic y recurrente en el amparo en revisión 1283/2009, por lo que se cumple con el requisito de legitimación previsto en el segundo párrafo del artículo 103 de la Ley de Amparo.
Ahora, la personalidad de Sergio Ascary Castro Garibay, como Subdirector de Amparos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quedó acreditada con el oficio sin número mediante el cual interpuso su recurso de reclamación, el cual constituye un documento público conforme al supletorio artículo 1291 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en tanto que tal documento ostenta un sello con el Escudo Nacional que identifica al Poder Legislativo y a la Cámara de Diputados, cuya sola suscripción por el servidor público citado es suficiente para hacer prueba plena de que desempeña tal cargo, sin que por otra parte, la quejosa haya cuestionado lo anterior.
Sergio Ascary Castro Garibay, también demostró ser mandatario de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en términos de la designación que se hizo en su favor2 y de otras personas, tal como aparece en la documental pública que en copia certificada exhibió, la cual obra a foja quince del presente recurso de reclamación.
Asimismo, el presente recurso resulta procedente, conforme al primer párrafo del artículo 103 de la Ley de Amparo, pues fue interpuesto contra el acuerdo de dos de julio de dos mil nueve, dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que desechó por improcedentes, los recursos de revisión que interpusieron quienes se ostentaron como Director General de Asuntos Jurídicos y representante legal de la Cámara de Diputados y como Director General de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión; y desechó, por falta de legitimación, el recurso de revisión que hizo valer la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en contra de la sentencia dictada el dieciséis de junio de dos mil ocho, terminada de engrosar el doce de enero de dos mil nueve, por el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.
TERCERO. Oportunidad. Asimismo, el recurso de reclamación fue presentado dentro del plazo que establece el artículo 103 de la Ley de Amparo, ya que el acuerdo recurrido dictado por el Presidente de este Alto Tribunal, se notificó al Poder Legislativo Federal, Cámara de Diputados, el viernes tres de julio de dos mil nueve, según se desprende del acuse de recibo del oficio SSGA-X-31556/2009, surtiendo efectos el mismo día, por tanto, el plazo de tres días transcurrió del lunes seis al miércoles ocho de julio del mismo año, y si el oficio por medio del cual se interpuso el presente medio de impugnación se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el miércoles ocho de julio del año en curso, resulta inconcuso que se hizo valer dentro del plazo legal, de acuerdo al siguiente calendario:


Julio 2009

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado










1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31





CUARTO. Auto recurrido. El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en proveído de dos de julio de dos mil nueve, en los autos del amparo en revisión 1283/2009, dictó el acuerdo siguiente:
México, Distrito Federal, a dos de julio de dos mil nueve.

Agréguense para que surtan sus efectos legales consiguientes los oficios, pliegos de expresión de agravios y constancias de cuenta, con los cuales se da cumplimiento con el requerimiento formulado mediante proveído de Presidencia de primero de junio del año en curso. Acúsese recibo. Ahora bien, como en el caso el autorizado de la quejosa al rubro mencionada; la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic; el Director General de Asuntos Jurídicos y representante legal de la Cámara de Diputados y el Director General de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, y el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en ausencia de los Subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, del Oficial Mayor, del Procurador Fiscal de la Federación y del Secretario de Hacienda y Crédito Público, este último en representación del Presidente de la República, hacen valer recursos de revisión en contra de la sentencia de dieciséis de junio de dos mil ocho, terminada de engrosar el doce de enero del presente año, dictada por el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Estado de Puebla, actuando en colaboración con el titular del actual Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en términos del Acuerdo General 15/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el juicio de amparo ********** (cuaderno auxiliar de amparo **********) en el que se planteó la inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, y atento a lo dispuesto en el punto Primero del Acuerdo General Plenario 6/2008 de ocho de abril de dos mil ocho, que establece:PRIMERO. Los Juzgados de Distrito enviarán directamente a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación los amparos en revisión en los que se impugnan los artículos 148 al 155 del Código Financiero del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintisiete de diciembre de dos mil siete, y artículos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil siete, ambos vigentes en el año dos mil ocho, en los que se haya dictado o se dictare la sentencia correspondiente y que en su contra se hubiere interpuesto o se interponga el recurso de revisión’; y en virtud de que los recursos de revisión formulados por el autorizado de la parte quejosa y por el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en ausencia de los Subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, del Oficial Mayor, del Procurador Fiscal de la Federación y del Secretario de Hacienda y Crédito Público, este último en representación del Presidente de la República, fueron interpuestos en tiempo y forma legales, procede admitirlos. Por otra parte, toda vez que la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita al aludido órgano jurisdiccional hizo valer recurso de revisión en contra de la sentencia supra citada, en la que se determinó la inconstitucionalidad del artículo 3°, fracción IV, párrafos segundo y tercero, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y como del análisis al fallo recurrido se advierte que con la concesión del amparo no se ocasiona perjuicio alguno a las atribuciones que constitucional y legalmente le encomiendan a dicha representación social la defensa de un interés específico como propio de su función, como podría ser, entre otros, la de perseguir ante los tribunales delitos del fuero federal, casos en los cuales sí tiene legitimación para formular recurso de revisión, aún en tratándose de amparo contra leyes, pero como en la especie el artículo tildado de inconstitucional no otorga facultades a la recurrente para defender un interés específico inherente a sus funciones, sino que establece el sistema para gravar los ingresos obtenidos por la exportación de bienes, lo cual en su caso, únicamente atañe a la parte quejosa y a las autoridades responsables a que se refiere la última parte, del primer párrafo, del artículo 87 de la Ley de Amparo, entonces, es evidente que en términos de lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia, la referida Agente del Ministerio Público de la Federación, carece de legitimación para interponer el medio de impugnación que intenta, razón por la cual procede desecharlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal número P./J. 4/91, así como la tesis de la Primera Sala del mismo Máximo Tribunal, cuyos rubros son del tenor siguiente:MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ES PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y PUEDE INTERPONER LA REVISIÓN AÚN EN AMPARO CONTRA LEYES, SÓLO CUANDO LA MATERIA DE LA LEY IMPUGNADA AFECTE SUS ATRIBUCIONES.’ y ‘MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO PENAL.’; publicadas, respectivamente, en las páginas diecisiete y setecientos veintinueve, de los tomos VII y XXIII, de enero de mil novecientos noventa y uno y enero de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava y Novena Épocas. Finalmente, en virtud de que del análisis de los autos del juicio de amparo materia del presente asunto, no existen documentos a través de los cuales quienes se ostentan como Director General de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Cámara de Senadores y Director General de Asuntos Jurídicos y representante legal de la Cámara de Diputados, ambos del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, hubiesen acreditado su personalidad, es de concluirse que deben desecharse por improcedentes, los recursos de revisión que se interponen con tal carácter. Consecuentemente, atento a lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 84, fracción I, inciso a), 86 y 90 de la ley de la materia; 10, fracción II, inciso a), y 14, fracción II, primer párrafo, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos Tercero, fracción III, y Primero transitorio del Acuerdo 5/2001 del Pleno de este Máximo Tribunal, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, se acuerda:
I. Se admite el recurso de revisión que interpone la parte quejosa y el que se hace valer en representación del Presidente de la República.
II. Se desecha, por falta de legitimación, el recurso de revisión que hace valer la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic.
III. Se desechan, por improcedentes, los recursos de revisión que interponen quienes se ostentan como Director General de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Cámara de Senadores y Director General de Asuntos Jurídicos y representante legal de la Cámara de Diputados, ambos del Congreso de la Unión.
IV. Ténganse como domicilios para oír y recibir notificaciones los que se indican en los pliegos de expresión de agravios de las autoridades responsables recurrentes y como delegados a las personas que se mencionan, con fundamento en el artículo 19 de la Ley de Amparo.
V. Notifíquese; y haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables, debiéndoseles transcribir íntegramente el presente proveído al Director General de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Cámara de Senadores y al Director General de Asuntos Jurídicos y representante legal de la Cámara de Diputados, ambos del Congreso de la Unión, así como a la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita al Juzgado de Distrito del conocimiento; y con apoyo en lo establecido en los artículos 29, fracción II, de la Ley de Amparo y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Procurador General de la República, a quien deberá acompañársele copia de los pliegos de expresión de agravios de los recursos que se admiten, para que dentro del plazo de diez días, contados a partir de su legal notificación, formule el pedimento respectivo, si lo estima conveniente.

VI. Con fundamento en el considerando séptimo, párrafo primero y punto tercero, fracciones I y V, del Acuerdo 5/2007, del Tribunal en Pleno, publicado el veintitrés de febrero de dos mil siete, en el Diario Oficial de la Federación, que a la letra dicen:SÉPTIMO. A efecto de agilizar la resolución de los amparos en revisión a que se refiere el punto séptimo del Acuerdo General 5/2001, se han integrado Comisiones de Secretarios de Estudio y Cuenta, dando lugar a que se difiera el dictado de la resolución en los asuntos respectivos, por lo que debe estimarse que una vez integrada una de esas Comisiones y hasta en tanto el Pleno o las Salas decidan sobre los temas de constitucionalidad correspondientes, se entenderá suspendido el procedimiento en términos de lo previsto en el artículo 366 del Código Federal de Procedimientos Civiles y, por ende, durante ese lapso no correrán los plazos de caducidad previstos en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo.’ y ‘TERCERO. Para el turno de los amparos en revisión y amparos directos en revisión en materia administrativa, se estará a lo siguiente: I. Cuando ingresen tres o más asuntos en los que se planteen problemas análogos de constitucionalidad, la Subsecretaría General de Acuerdos los turnará a las ponencias y dará aviso al Ministro o a los Ministros a los que les corresponda, así como al Tribunal Pleno, a efecto de que éste designe una Comisión de Secretarios de Estudio y Cuenta, la que dentro de los dos meses siguientes deberá concluir el proyecto de resolución relativo […] y V. Cuando el Pleno acuerde la integración de una Comisión de Secretarios de Estudio y Cuenta para los efectos antes precisados, el procedimiento de los respectivos recursos de revisión que se encuentren radicados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedará suspendido y no correrán los plazos de caducidad, hasta en tanto las Salas o, en su caso, el Tribunal Pleno, se pronuncien sobre los temas de constitucionalidad correspondientes.’, respectivamente; en este asunto, no correrán los plazos de caducidad previstos en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo. Finalmente, una vez que el Ministerio Público haya formulado su pedimento o transcurra el plazo previsto en la ley sin haberlo hecho, resérvese el trámite subsecuente de este asunto hasta en tanto este Máximo Tribunal emita criterio acerca del problema central que se aborda en la demanda, en la inteligencia de que se turnaron a las ponencias los amparos en revisión, que a continuación se indican:


Ministros




Juan Silva Meza

406/2008

Sergio A. Valls Hernández

477/2008

José Fernando Franco González Salas

479/2008 (FALLADO)


Asuntos cuyo tema de fondo versan, esencialmente, sobre diversos artículos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, impuesto que también se combate en el presente asunto.
Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien actúa con el Subsecretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz.”
QUINTO. Agravios. La parte recurrente expone los siguientes agravios:
PLENO O SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PRESENTE.
EI suscrito Lic. Sergio Ascary Castro Garibay, Subdirector de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, segundo y cuarto párrafos y 77, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 y 23, apartado 1, inciso I), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 12 y 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; personalidad que se acredita con el escrito de ‘Delegación de Facultades de Representación con Poder General para Pleitos y Cobranzas’, de fecha 16 de octubre de 2008; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones las oficinas que ocupa la Dirección General de Asuntos Jurídicos, sita en Av. Congreso de la Unión No. 66, Edificio E, Piso 4, Col. EI Parque, Delegación Venustiano Carranza en esta Ciudad, Código Postal 15969, y en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, se designan como delegados a los licenciados en Derecho Juan Alberto Galván Trejo, Luigi Enrique Herrera Medina, Jorge Ricardo Jiménez Ramírez, Mario Garzón Juárez, Nuria Fouilloux Meraz, Yeimi Sánchez Jiménez, Socorro Elizabeth Hernández Montes, Ismael Gómez Hernández, Clara González Nava, Pablo Sánchez Canizo, Jaime Israel Díaz Galván, Salvador Hernández Jiménez, Juan Miguel Isaac Rivera Velázquez, Julio César Gallegos Cortez, Nancy Karina Mendoza Petrearce, Nicolás Rangel Vigueras, Jovany Yunuel Robles Zamora y Amalia Bello Orta, así como a los pasantes en derecho Jorge Martín Avilés Vejar, Ana Lilian Díaz Navarro, Alejandro García Cortés, Jorge Arriaga López y Sherilyn Flores Acevedo; con el debido respeto, comparezco y expongo lo siguiente:
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 82 y 103, de la Ley de Amparo, se interpone recurso de reclamación en contra del acuerdo del 02 de julio de 2009 dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia la Nación notificado a esta autoridad el 03 de julio del año en curso, mediante el cual resolvió desechar el recurso de revisión por improcedente, mismo que se interpuso en representación de la Cámara de Diputados, en contra de la sentencia del 12 de enero de 2009, dictada por el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, correspondiente al juicio número ********** (expediente auxiliar **********) promovido por **********, siendo que el mismo fue interpuesto apegado a derecho, por lo que se ocasionan a mi representada los agravios que más adelante se manifestarán.
OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN
Con fundamento en el artículo 103, párrafo primero de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación es procedente en contra de los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros.
Ahora bien, el presente recurso de reclamación es procedente, en virtud de que se interpone en contra del acuerdo del 02 de julio de 2009, dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual resuelve desechar por improcedente el recurso de revisión interpuesto en representación de esta Cámara, a través del Director General de Asuntos Jurídicos, en su calidad de titular de la ‘oficina de asuntos jurídicos’ y representante legal de la Cámara de Diputados.

En ese orden de ideas, resulta procedente admitir el presente recurso de reclamación en términos de lo previsto por el artículo 103, primer párrafo, de la Ley de Amparo.
Asimismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 103, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación se interpone dentro del término de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. En este sentido, se recurre el oficio número SSGA-X-31556/2009 que contiene el acuerdo de trámite del 02 de julio de 2009, del que se tuvo conocimiento hasta el 03 de julio de 2009.
AI efecto, se tiene que el término previsto por el artículo 103, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, surte efectos a partir del 06 de julio del actual, venciendo el 08 de julio de 2009, el término para presentar el recurso de mérito.
A N T E C E D E N T E S
1. En el informe justificado consta la firma del Subdirector de Amparos, el cual fue presentado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, según consta en autos.

2. EI 30 de enero de 2009, se notificó a esta Cámara, a través de la denominada Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), la sentencia del Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, dictada el 12 de enero de 2009, por la cual se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa.
3. En atención a lo anterior, se interpuso el recurso de revisión en contra de la mencionada sentencia, mismo que fue presentado ante el Juzgado del conocimiento, en tiempo y forma legales el 30 de enero de 2009; a través de la FESE, el cual fue suscrito por el Director General de Asuntos Jurídicos, en su calidad de ‘Titular de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión’.
4. EI 02 de julio de 2009, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó el acuerdo mediante el cual resolvió desechar por improcedente el recurso de revisión de mérito.
A G R A V I O
Antes de expresar el agravio del presente recurso, es necesario destacar que esta Cámara ha sido partícipe en todo momento de la colaboración institucional con el Poder Judicial de la Federación, con motivo de la implementación del ‘Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE)’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2007, derivado en su momento, de las miles de demandas de amparo indirecto contra la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, esta Cámara de Diputados como autoridad responsable, se ha notificado de los asuntos que se han incorporado a dicho sistema, atendiendo a la garantía de pronta impartición de justicia.
De acuerdo a lo anterior, y aún ante las diversas fallas tecnológicas que ha tenido el servidor del Consejo de la Judicatura Federal, esta Cámara de Diputados ha cumplido con los objetivos de la FESE, en lo relacionado a las sentencias de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, con base en el Acuerdo General 15/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Cabe señalar, que atendiendo a la renovación anual de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y para estar en posibilidad de continuar en el seguimiento de los asuntos establecidos en la FESE, el 9 de septiembre de 2008 se elaboró un Acta, en la que participaron servidores públicos representantes del Consejo de la Judicatura Federal y el Secretario del entonces Juzgado Primero de Distrito Auxiliar, con competencia y jurisdicción en toda la República y residencia en el Distrito Federal, así como el Director General de Asuntos Jurídicos de esta Cámara en su calidad de titular de esta oficina de asuntos jurídicos, en donde se asentó lo siguiente:
[…]

Hago entrega a Juan Alberto Galván Trejo, quien recibe en favor del Presidente de la Mesa Directiva de la propia Cámara, Diputado César Horacio Duarte Jáquez, una copia del Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), de una copia del acuerdo de la Comisión de Administración del propio Consejo, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la FESE, de un manual de usuario y de un sobre cerrado y lacrado que contiene la contraseña electrónica, que en lo subsecuente tendrá la validez de firma electrónica avanzada, a efecto de estar en posibilidad de acceder al sistema para el envío y consulta de promociones que legalmente le correspondan, documentos, acuerdos y resoluciones contenidos en el expediente electrónico de su interés. [...]’
Con base en lo antes expresado, se demuestra que al utilizar la FESE por parte de esta Cámara, se deja por demostrado que se está actuando en representación de la autoridad, y dejando por sentada la personalidad correspondiente, ya que la ‘Clave Personal’ asignada por el órgano jurisdiccional, tiene los mismos efectos que la firma autógrafa y por ende acredita de que es un servidor público con la plena facultad de actuación en los asuntos relacionados con la FESE, como aconteció en el envío del recurso de revisión relacionado con el juicio número ********** (expediente auxiliar **********).
Asimismo, se hace mención del Considerando Décimo y de los artículos Segundo y Tercero del mencionado Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aplicables al caso concreto: (Los transcribió)
Único. EI Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dictar el acuerdo de trámite que se recurre y desechar por improcedente el recurso de revisión hecho valer en representación de esta Cámara, resuelve lo siguiente:
[…]

Finalmente, en virtud de que del análisis de los autos del juicio de amparo materia del presente asunto, no existen documentos a través de los cuales quienes se ostentan como Director General de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Cámara de Senadores y Director General de Asuntos Jurídicos y representante legal de la Cámara de Diputados, ambos del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, hubiesen acreditado su personalidad, es de concluirse que deben desecharse por improcedentes, los recursos de revisión que se interponen con tal carácter. Consecuentemente, […] se acuerda:

[…]

III. Se desechan, por improcedentes, los recursos de revisión que interponen quienes se ostentan como Director General de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Cámara de Senadores y Director General de Asuntos Jurídicos y representante legal de la Cámara de Diputados, ambos del Congreso de la Unión.

[…] ’

De acuerdo a lo anterior, al desecharse el recurso de revisión interpuesto en representación de esta Cámara, se deja en estado de indefensión a mi representada, al no estudiarse los agravios expresados en el recurso de revisión.
AI respecto, el acuerdo de trámite del 02 de julio de 2009, causa agravio a mi representada, en virtud de que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realiza una aplicación aislada del asunto, ya que al ser la autoridad competente en este caso, para realizar el examen preliminar sobre la procedencia del recurso de revisión para admitirlo o desecharlo, con fundamento en el artículo 90, primer párrafo de la Ley de Amparo, debió analizar la personalidad del promovente del recurso de revisión, en este caso del Director General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, puesto que ello constituye un presupuesto procesal que debe analizar de oficio y, en el caso, de que del análisis realizado estime que no se pudo acreditar dicha personalidad, debió requerir la exhibición del documento correspondiente que acreditara la mencionada personalidad del promovente, dentro del término de 3 días, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría el recurso por no interpuesto. Lo que en el caso concreto no sucedió, toda vez que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechó el recurso de revisión interpuesto por esta Cámara de Diputados por improcedente, sin realizar la prevención correspondiente.

AI efecto, cabe hacer mención, que tal y como se expresó en el capítulo de antecedentes del presente recurso, el informe justificado rendido en primera instancia, se firmó por el Subdirector de Amparos, el cual fue recibido y admitido; en tanto que el recurso de revisión de mérito, se suscribió por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados.
Sirve de apoyo a lo anterior, de acuerdo a una interpretación analógica, lo corroborado por la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI. Julio de 2002. Página: 355. Tesis: 2a./J. 72/2002. Jurisprudencia. Materia(s): Común.
REVISIÓN. SI SE INTERPONE ESE RECURSO POR PERSONA QUE SE OSTENTE COMO APODERADO DIVERSO DEL QUE ACTUÓ EN LA PRIMERA INSTANCIA OMITIENDO ACREDITAR SU PERSONALIDAD, EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ PREVENIRLA PARA QUE EXHIBA EL DOCUMENTO JUSTIFICATIVO CORRESPONDIENTE.’ (La transcribió).
Resultando también aplicable la siguiente tesis:

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX. Junio de 1999. Página: 963. Tesis: 1.40.C.7 K. Tesis Aislada. Materia(s): Común.
PERSONALIDAD EN EL RECURSO DE REVISIÓN. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REQUERIR AL PROMOVENTE PARA QUE SUBSANE SU FALTA DE ACREDITACIÓN AL INTERPONERLO.’ (La transcribió).
De lo antes expuesto, se advierte que en ningún momento el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, requirió que se acreditara la personalidad del promovente del recurso de revisión interpuesto en representación de esta Cámara, con el apercibimiento de ley; por lo que al dictarse el acuerdo de trámite reclamado, se actuó en contra del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vulnerarse en contra de mi representada los principios de certidumbre, buena fe y economía procesal.
Por todo ello, se solicita dejar sin efectos el acuerdo de trámite del 02 de julio de 2009, emitido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En complementación a lo anterior, se considera que existe legitimación procesal del promovente del recurso de revisión interpuesto en representación de la Cámara de Diputados, al actuar en su calidad de Titular de la ‘Oficina de Asuntos Jurídicos’ y con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, que a la letra dice:
Artículo 12. (Lo transcribió).
Siendo aplicable al caso concreto, las siguientes jurisprudencias:
Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII. Septiembre de 2008. Página 231. Tesis: 2a./J 123/2008. Jurisprudencia. Materia(s): Común.
RECURSO DE REVISIÓN. LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO EN LO PARTICULAR, Y NO A TRAVÉS DE UNA SOLA PERSONA QUE ACTÚE EN NOMBRE DE AMBAS.(La transcribió).
Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX. Febrero de 2009. Página: 462. Tesis: 2a./J. 14/2009. Jurisprudencia. Materia(s): Común.
REVISIÓN EN AMPARO. LA PERSONA A QUIEN EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DELEGUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, PUEDE INTERPONER DICHO RECURSO EN DEFENSA DE ESE ÓRGANO DEL ESTADO.’ […]”
SEXTO. Materia del Recurso. Es materia del presente recurso de reclamación exclusivamente la parte considerativa y resolutiva del auto impugnado en que se desechó el recurso de revisión interpuesto por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
SÉPTIMO. Estudio. A juicio de esta Segunda Sala, el agravio hecho valer por el reclamante resulta fundado y suficiente para arribar a la conclusión de que procede revocar el auto reclamado dictado por el Ministro Presidente de este Alto Tribunal, en atención a las siguientes consideraciones:
Como se advierte del considerando quinto, el recurrente se duele, en esencia, de que el auto de dos de julio de dos mil nueve, dictado por el Presidente de este Alto Tribunal, es incorrecto, en virtud de que antes de desechar el recurso de revisión presentado por la hoy reclamante, se le debió prevenir para que en el término de tres días exhibiera el documento que acreditara su personalidad.
En consecuencia, lo que se encuentra a debate es si en el supuesto de que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime que en autos no está acreditada la personalidad del representante legal del promovente de un recurso de revisión, procede desechar el recurso, o bien prevenir al interesado, para que exhiba los documentos justificativos correspondientes.
Al respecto, se considera que le asiste la razón a la reclamante, pues en los casos en que alguna de las partes interponga recurso de revisión en contra de una resolución dictada por un Juez de Distrito y el Presidente del órgano al que corresponda pronunciarse sobre su admisión (Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de alguna de sus Salas o de un Tribunal Colegiado de Circuito) estime que la personalidad con la que se ostenta su representante o apoderado no está acreditada en autos, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 86, 87 y 88 de la Ley de Amparo, deberá examinar si al escrito de agravios se acompaña el documento que acredite plenamente la personalidad del promovente, para que de ser así, se la reconozca en el auto correspondiente o, en caso contrario, la prevenga a fin de que en el plazo legal la acredite, apercibida que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesto el medio de impugnación intentado.
Lo anterior es así porque, si bien es verdad que los numerales 86, 87 y 88 de la Ley de Amparo, en los que se prevén ciertas reglas para la interposición del recurso de revisión, no establecen de manera expresa a favor del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de alguna de sus Salas o de un Tribunal Colegiado de Circuito, la facultad de prevenir al recurrente para el cumplimiento de los requisitos concernientes al recurso de revisión y únicamente el tercero de ellos contempla la figura de la prevención cuando no se exhiba la totalidad de las copias necesarias para dar el trámite correspondiente al recurso de mérito, no menos cierto es que los propios numerales determinan las formalidades que deben cumplirse en la interposición de la revisión, entre las que se establece la obligación del recurrente de presentar el recurso con las copias necesarias para cada una de las partes y la correlativa para el órgano jurisdiccional en el supuesto de que no sea exhibida la totalidad de éstas, de requerir al promovente las presente dentro del plazo de tres días con el apercibimiento que de no hacerlo, se le tenga por no interpuesto el medio de impugnación.
En este contexto, la omisión del apoderado o representante legal de la parte quejosa, tercero perjudicada o autoridad responsable de anexar al escrito mediante el cual se interpone el recurso de revisión el documento respectivo, debe considerarse como una irregularidad o defecto del mismo, lo cual trae como consecuencia que el órgano jurisdiccional, de oficio y de manera obligatoria, deba prevenir al promovente para que corrija, aclare o complete el escrito anexando los documentos idóneos que al mismo deban acompañarse.
Esta obligación adquiere un matiz propio dentro del juicio de garantías, tratándose del tema de la personalidad, porque constituye un presupuesto procesal necesario para la procedibilidad del recurso, pues resulta evidente que sin él no podría darse el posterior trámite; máxime que, como ya ha sido sostenido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 336, con rubro: “PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO”3, la personalidad en el juicio de amparo, a diferencia de otros procedimientos, corresponde analizarla al órgano de amparo considerando que la materia del debate no son intereses puramente privados, sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional.
El estudio oficioso debe realizarse cuando los autos ya se encuentren en la Suprema Corte de Justicia, alguna de sus Salas o el Tribunal Colegiado de Circuito al que corresponda conocer del recurso de revisión, porque su Presidente es a quien compete realizar un estudio preliminar sobre la procedencia del recurso, por encontrarse facultado para admitirlo o desecharlo, tal como lo establece el artículo 90 de la Ley de Amparo. Por tanto, en aras de dar un mejor cumplimiento a los principios de impartición de justicia pronta y expedita contenidos en el artículo 17 constitucional, el encargado debe ser el representante del órgano jurisdiccional al que corresponda conocer del recurso de revisión por ser él a quien, se repite, corresponde realizar un análisis previo sobre la procedencia del mismo y, por ende, quien tiene un conocimiento inmediato de las personas encargadas de representar a las partes en el juicio y los documentos con los que acreditan su personalidad.
Consecuentemente, si el Presidente del órgano jurisdiccional al que corresponda conocer del asunto advierte que el promovente de un recurso de revisión omite acreditar la personalidad con la que se ostenta, deberá prevenirlo para que subsane la irregularidad o deficiencia advertida dentro del término de tres días, apercibido que, de no hacerlo, se tendrá por no interpuesto el medio de defensa.
Sirve de sustento a las consideraciones anteriores, por analogía, la tesis de jurisprudencia número 58, de esta Segunda Sala, y que fue citada por la reclamante en sus agravios, con rubro y texto siguientes:
REVISIÓN. SI SE INTERPONE ESE RECURSO POR PERSONA QUE SE OSTENTE COMO APODERADO DIVERSO DEL QUE ACTUÓ EN LA PRIMERA INSTANCIA OMITIENDO ACREDITAR SU PERSONALIDAD, EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ PREVENIRLA PARA QUE EXHIBA EL DOCUMENTO JUSTIFICATIVO CORRESPONDIENTE. De la interpretación de los artículos 86 y 88 de la Ley de Amparo que establecen los requisitos que debe contener el recurso de revisión, se arriba a la conclusión de que el presidente del Tribunal Colegiado que corresponda, con apoyo en los preceptos mencionados, deberá examinar la personalidad del promovente al recibir el recurso si lo hace persona diferente a la reconocida en la primera instancia porque ello constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso que, de estar satisfecho, así deberá hacerlo constar en el auto admisorio de dicho recurso y, en caso contrario, deberá requerir su exhibición dentro del término de tres días con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no interpuesto, por ser a quien corresponde realizar el examen preliminar sobre la procedencia del recurso de revisión para admitirlo o desecharlo de acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Amparo. Lo anterior obedece a los imperativos del artículo 17 constitucional y responde a los principios de certidumbre, buena fe y economía procesal pues se evita la posibilidad de admitir un recurso que tal vez no interese agotar a quien originalmente corresponde su ejercicio así como los daños graves que se pudieran ocasionar tanto para el sistema de impartición de justicia como a las partes.” (Novena Época. No. Registro: 186432. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI. Julio de 2002. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 72/2002. Página: 355)
En las condiciones relatadas, lo procedente es declarar fundado el recurso de reclamación que nos ocupa y revocar en la parte impugnada por la reclamante el acuerdo de dos de julio de dos mil nueve, dictado por el Presidente de este Alto Tribunal, así como devolverle los autos para que emita un nuevo proveído, en el que tome en cuenta las consideraciones plasmadas en la presente ejecutoria y, una vez hecho lo anterior, acuerde lo que proceda en derecho.
Similares consideraciones fueron sustentadas por esta Segunda Sala al resolver en sesión de doce de agosto de dos mil nueve, por unanimidad de cinco votos, el recurso de reclamación 208/2009, promovido por Sergio Ascary Castro Garibay, Subdirector de Amparos y Representante Legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, siendo ponente la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por el artículo 103 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente y fundado el recurso de reclamación 221/2009 a que este expediente se refiere.
SEGUNDO. Se revoca en la parte impugnada el acuerdo recurrido de dos de julio de dos mil nueve, dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1283/2009.
TERCERO. Devuélvanse los autos a la Presidencia de este Alto Tribunal para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución.
Notifíquese; agréguese testimonio de esta resolución al expediente principal y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y Presidente José Fernando Franco González Salas. El señor Ministro Genaro David Góngora Pimental estuvo ausente por atender comisión oficial.
Firman el Ministro Presidente y la Ministra Ponente, con el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala, que autoriza y da fe.
PRESIDENTE
________________________________

MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

PONENTE

__________________________________________

MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
___________________________________

LICENCIADO MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ.

Esta hoja corresponde al RECURSO DE RECLAMACIÓN 221/2009, DERIVADO DEL AMPARO EN REVISIÓN 1283/2009. RECURRENTE: SUBDIRECTOR DE AMPAROS Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, fallado el veintiséis de agosto de dos mil nueve, en el sentido siguiente: PRIMERO. Es procedente y fundado el recurso de reclamación 221/2009 a que este expediente se refiere. SEGUNDO. Se revoca en la parte impugnada el acuerdo recurrido de dos de julio de dos mil nueve, dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1283/2009. TERCERO. Devuélvanse los autos a la Presidencia de este Alto Tribunal para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. Conste.


En términos de lo previsto en los artículos 3º, 20 y 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

PGV/mcsh.





1 “Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.--- La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes.”


2 “EI suscrito Diputado Federal César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, personalidad que acredito en términos del Diario de los Debates de 28 de agosto de 2008, respetuosamente comparezco y expongo: que de conformidad con lo expuesto por los artículos 70 segundo párrafo y 77 fracción, I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 3°, 17, 21, 22 y 23, numeral 1, inciso I), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en mi carácter de representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a nombre de este órgano legislativo, otorgo y delego facultades de representación con poder general para pleitos y cobranzas, a favor de los señores Iicenciados en derecho Juan Alberto Galván Trejo, […] Sergio Ascary Castro Garibay […], para que comparezcan ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas o jurisdiccionales, tanto federales como locales, civiles, penales, del trabajo. administrativas, municipales; estatales, militares, electorales, con todas las facultades correspondientes a un mandato general, en los términos del primer párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, así como las enunciadas en el articulo dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil Federal, y sus correlativos de los estados de la República, y aún todas las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, entre las que de una manera enunciativa, pero no limitativa, se mencionan las siguientes:

[…]


XIX En materia de amparo, fungir como delegados, rendir informes previos, justificados y desistirse de las demandas de garantías.

Por lo antes expuesto y fundado, a las autoridades judiciales, administrativas, electorales y jurisdiccionales, tanto federales como locales, atentamente solicito se sirvan:

Único. Tenerme por presentado en los términos de este escrito, con la personalidad que me ostento, designando como delegados de la Cámara de Diputados del Congreso de la unión, a las personas que se señalan en el cuerpo del presente escrito, para todos los efectos legales conducentes.

Protesto lo necesario

(Rúbrica)

Dip. Fed. César Duarte Jáquez



Presidente de la Mesa Directiva”

3 Tesis establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, Página 284, Página 284, con el texto siguiente: “Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo”.



La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje