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Políticas públicas de igualdad de género: hacia una igualdad efectiva a través de la educacióN* Rafael Enrique Aguilera Portales Rosa Enelda López Fuentes


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Políticas públicas de igualdad de género: hacia una igualdad efectiva…, pp. 29-50.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO: HACIA UNA IGUALDAD EFECTIVA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN*

Rafael Enrique Aguilera Portales **

Rosa Enelda López Fuentes ***

RESUMEN

El trabajo analiza la implementación de políticas públicas ciudadanas en y para la igualdad, mediante la concientización de no discriminación y no violencia contra las mujeres, empleando elementos como la persuasión, sensibilidad y argumentación desde la perspectiva de género, que generen un cambio en los patrones culturales incluyentes de hombres y mujeres en un plano de sus relaciones, permitiendo una mayor participación equitativa de las mujeres en todas las áreas del espacio público.


PALABRAS CLAVE

Igualdad de género, políticas públicas, discriminación educación, perspectiva de género.



SUMARIO
1. El reto de la desigualdad en la nueva sociedad postindustrial 2. Contexto de la violencia de género a nivel global 3. La Igualdad como valor político-jurídico del Estado de Derecho. 4. Política pública educativa como medida de prevención en el tratamiento de la violencia contra las mujeres. 5. A modo de conclusión 6. Bibliografía.



Todos somos iguales, pero unos más que otros. George Orwell, Animal Farm
Libertad, igualdad: palabras-ilusión, sin duda, pero no obstante conmovieron a Francia y al mundo, y todavía los conmueven; palabras que dan sentido a la vida. Añadiría a ellas la fraternidad, que no es, al igual que la libertad y la igualdad, un principio frontispicio de la Declaración de derechos, sino un deber. Si la libertad no es nada sin la igualdad, si la libertad sin igualdad no es sino el privilegio de algunos. ¿Qué sería la igualdad sin fraternidad? SOBOUL, A., La revolución francesa.
1. El reto de la desigualdad en la nueva sociedad postindustrial

En la actualidad, vivimos en sociedades nacionales profundamente desiguales en todos los ámbitos de la vida social, cultural, económica, política y jurídica. Igualmente, asistimos a un mundo globalizado1 donde existen profundas y terribles desigualdades entre los distintos países. En los últimos tiempos, la economía internacional globalizada ha generado diariamente un gran número de excluidos, marginados, discriminados, los nuevos parias. Pero, el problema no radica sólo en la constatación de la existencia de diversas formas de desigualdad en nuestras sociedades, sino que con demasiada facilidad y frecuencia nos hemos acostumbrado a sus distintas modalidades, a tal nivel y grado que no nos inmutamos ante ellas, las vemos naturales y cotidianas, incluso nos hemos inmunizado ante su presencia. A veces, lo más evidente es cualquier cosa menos evidente, lo más obvio es todo menos obvio. La evidencia y obviedad de la desigualdad y la discriminación como hecho sociológico internacional se vuelve cotidiano y normal, sin duda, esto nos impide ver con claridad, distinción y nitidez nuestra propia realidad.

“El valor de igualdad, si bien puede considerarse como una exigencia constante de la vida colectiva, ha variado en lo referente a la intensidad de su reivindicación, así como en cuanto a su alcance y contenido a lo largo del proceso histórico. Así, se comprueba que en distintas épocas se ha dado preeminencia a diferentes aspectos de igualdad al conectarse este idea con exigencias religiosas, políticas, raciales o socioeconómicas.”2

En mediados del pasado siglo la incorporación de las mujeres al mercado laboral generó nuevas formas de conflicto, coacción y violencia tanto física, psicológica como económica. La equiparación salarial se convirtió en una demanda importante de las mujeres al igual que la progresiva eliminación de las prácticas de acoso sexual en el trabajo. La dignidad y el desarrollo de la personalidad son el sustrato para el ejercicio del resto de derechos fundamentales. La consecución de la autonomía económica es el soporte para la satisfacción de las necesidades básicas de todo ser humano. En este sentido, el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación conforman un postulado básico y fundamental del actual Estado democrático y social de derecho.

Desgraciadamente, la realidad es bien diferente en nuestras sociedades donde siguen vigentes elementos como la discriminación, sexismo, acoso y la violencia cotidiana que se ejerce contra las mujeres3, en diversas modalidades, como lo indican las cifras en América Latina que estiman que casi un 70% de los pobres y más del 65% de los analfabetos en América Latina son mujeres, aunado al hecho de que en materia de violencia intrafamiliar, la conducta abusiva, se dirige en contra de las mujeres y niñas dentro del seno familiar, los datos demuestran que alrededor del 70 % de los casos. Esto sin duda constituye un grave problema social y político. Por otro lado, la realidad nos demuestra que muchas mujeres difícilmente acceden a puestos laborales, en la mayoría de los casos, puestos precarios y peor remunerados que los hombres, igualmente el acceso a cargos, órganos o espacios de gobierno social, económico y político en la sociedad es minoritario a diferencia de los hombres.

La referencia que marca el análisis de resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares4 en función de la evolución de los tipos de violencia contra las mujeres casadas o unidas de 15 años y más en México, comparando los años 2003 y 2006, se observa una disminución de los índices de violencia emocional, económica, y sexual; sin embargo, resulta significativo el incremento de los índices de violencia física a que está sometida este sector de la sociedad a nivel nacional.

En este sentido, las cifras en México en particular oscilan en los siguientes porcentajes: de las 21.6 millones de mujeres casadas o unidas de 15 años y más, 35% reportó haber padecido algún tipo de violencia en el año previo al momento en que fueron entrevistadas, generándose una disminución porcentual del 44% a un 35% correspondientes en el año 2003 y 2006 respectivamente. Por lo que, respecto a este indicador de violencia, se generó la violencia emocional de un 35.4% a 26.6%, violencia económica de 27.3% a 20.1%, violencia sexual de 7.8% a 6%, evidenciando un descenso en estos rubros. Sin embargo, se indica el aumento de violencia física en 0.9 puntos porcentuales, ya que en 2003 se revela un rango de 9.3% incrementándose esta cifra en 2006 a 10.2% y en el pasado año 2007 se incrementó el 13.4%.

La IV Conferencia Mundial de las Mujeres celebrada en Beijing, China en el año de 1995, planteó la obligación internacional de todos los Estados soberanos de formular, planificar y poner en práctica en su agenda pública el diseño de políticas públicas con perspectiva de género, que a manera de prevención, eliminen las formas de violencia contra las mujeres, así como, se alcance la supresión de los obstáculos que impidan la igualdad no sólo de derechos, sino actitudes y hechos en la convivencia cotidiana entre mujeres y hombres. Igualmente, se insistió mucho desde la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada en 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificada por España en 1983, hasta las Conferencias Mundiales de Nairobi en 185, El Cairo en 1994 y Beijing en 1995, incluyendo el Tratado de Ámsterdam que convirtió la igualdad en un principio fundamental de la UE, son numerosas las Cumbres, los Encuentros y los Acuerdos Internacionales que dan prueba del enorme avance en el reconocimiento del derecho a la igualdad.

Por consiguiente, a pesar de ser la igualdad reconocida como un derecho fundamental del ser humano, no hemos alcanzado todavía una relación plenamente equitativa entre mujeres y hombres, por esta razón, hoy en día, el problema de equidad de género sigue constituyendo una de las principales exigencias, retos y desafíos de nuestros países latinoamericanos en vías de desarrollo.

Por tanto, en este estudio pretendemos plantear la necesidad de implementar políticas públicas educativas como medida de prevención y corrección de roles, creencias y actitudes preestablecidos por la sociedad, generadores de violencia contra las mujeres, creencias derivadas de patrones culturales que producen y reproducen sistemáticamente obstáculos para alcanzar definitivamente la igualdad de los género.



2. Contexto de la violencia de género a nivel global

En primer lugar, la violencia contra las mujeres puede ser definida de forma genérica como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”5. En este sentido, la violencia contra la mujer se ha materializado como un grave problema de salud pública, que vulnera los derechos humanos más elementales de las mujeres.

En este contexto, el movimiento feminista6 articulado actualmente como un movimiento social emancipatorio, plantea acciones que tienen como objetivos realizar determinados fines políticos con énfasis en la idea de que la subordinación de las mujeres hunde sus raíces en una serie de restricciones legales y consuetudinarias que impiden la participación de las mujeres en el espacio público7, por lo que, interviene a lo largo de la evolución histórica de los derechos de las mujeres en distintos rubros como son la educación, la sanidad, el empleo y la participación política entre otros. El movimiento feminista “nos permite acceder a una explicación social y antropológica de la violencia contra la mujer, señalando que la situación que ésta vive tiene su origen en sociedades sexualmente organizadas en las que atendiendo al sexo al que se pertenece se asignan ciertas actividades y ciertos patrones de conducta socialmente esperados y aceptados”.

El concepto de género8, planteado originariamente por los autores Money y Stoller ha estado vinculado al tratamiento sobre la desigualdad entre hombres y mujeres. Por lo que, conceptualmente la noción de género se define como “una categoría de análisis necesaria para el estudio de la mujer y lo femenino, que debe incluirse en todas las disciplinas, puesto que no se es solamente humano sino que se es un sujeto con género”9. Dicha construcción del concepto de género se puede dividir en tres momentos históricos: la primera fase es la interpretativa, la cual define la idea de género; la segunda la concepción ética, donde se legitima con la normatividad de la división genérica; y una tercera fase donde se discute el poder que un género se ha conferido sobre el otro y se lucha por la democracia de los géneros.10



3. La Igualdad como valor político-jurídico fundamental del Estado de Derecho

En la mayoría de los ordenamientos jurídicos constitucionales de los distintos Estados democráticos y sociales de derecho el principio de la igualdad es un valor-guía fundamental tanto en el plano ético, político, jurídico como económico y social. La igualdad es un valor normativo y axiológico referencial11 que inspira el desarrollo e implementación de nuestros Estados democráticos y sociales de derecho hacia una mayor integración social, política, jurídica y económica. No obstante, la igualdad como categoría fundamental posee un carácter multiforme, complejo y multidimensional por lo que nos encontramos ante un concepto complejo, paradójico, controvertido, polisémico que conviene dilucidar y aclarar con mayor profundidad y hondura por la enorme diversidad de sentidos, aristas y direcciones que presenta.

La igualdad posee innumerables facetas y dimensiones, podemos hablar de la dimensión moral, política, económica, social y jurídica de la igualdad12, por lo cual, tenemos que atender a una enorme diversidad de horizontes ideológicos y doctrinales. La igualdad es una aspiración, un constructo, un artificio, una exigencia, un sueño, un impulso13 inscrito en la historia humana, aunque debemos señalar que la modernidad política y jurídica ha sido, precisamente, el momento histórico decisivo cuando este valor normativo ha adquirido mayor fuerza y expansión.

Existe una clara y contundente multidimensionalidad del concepto, es decir, podemos contemplar el principio de igualdad desde una visión múltiple y variada, donde incluso numerosas perspectivas se entrecruzan. Igualmente, la noción de igualdad presenta “estrechas concomitancias con otros principios ideales (libertad, justicia, bien común...) dirigidos al desarrollo ético-social de la comunidad humana”14.

La noción de igualdad opera funcionalmente como un concepto plural, relacional y comparativo a través del cual se establecen equivalencias y diferencias entre personas, bienes y cosas15. La igualdad es un concepto relacional que implica un juicio comparativo desde donde se pretende atisbar y dilucidar identidades y diferencias. El juicio de igualdad es un instrumento a través del cual se establece una relación comparativa entre dos o más sujetos que poseen al menos una característica relevante en común16.

La aspiración a la igualdad ha sido una constante humana tan antigua como su continua anulación, restricción o vulneración. Cada época histórica ha sentido y definido este valor fundamental de manera diferente, con mayor o menor intensidad, desde una enorme diversidad de estrategias retóricas, argumentativas y doctrinales; pero sin lugar a dudas, desde una perspectiva siempre abierta, ampliando su horizonte de sentido y significación. Por tanto, nos encontramos ante un problema complejo e irreductible, de difícil solución, nunca agotado plenamente por los retos y desafíos que presenta la realidad socio-política, un imaginario socio-jurídico, un valor normativo, un ideal regulativo de conducta en sentido kantiano siempre por realizar17.

Históricamente, la igualdad como categoría sociopolítica fundamental ha ido cobrando fuerza e impulso en oposición a las distintas formas de desigualdad que el propio hombre ha ido realizando a lo largo del tiempo.... igualdad fundamental de su dignidad (Santo Tomás), de su racionalidad (Locke, Kant), de sus pasiones (Benthan, Mill) o de su pertenencia a la esencia genérica humana (Marx), igualdad deliberativa (Habermas), igualdad de oportunidades (Rawls), igualdad de recursos (Dworkin), igualdad de capacidades (Amartya Sen).

Sin lugar a dudas, no podemos hablar de igualdad sin hablar de derechos humanos, pues los derechos humanos son la aspiración o exigencia moral, política y jurídica más acabada, nítida y perfecta de la cual tenemos noticia en nuestra tradición cultural occidental. En algún momento de nuestras vidas, todos hemos experimentado la situación de injusticia, discriminación o agravio como una experiencia comúnmente compartida, la experiencia de indignación ética ante algo intolerable. En estos contestos, todos reconocemos una verdad transcultural18 de común dignidad de todos los humanos, con la expresión universal ¡no hay derecho¡ desde la cual podemos exigir obligaciones y responsabilidades comunes.

Esta categoría histórica de la dignidad humana19 nos muestra la convicción de como el ser humano no puede ser usado como puro medio, instrumento, mercancía u objeto. Históricamente, podemos reconocer que la esclavitud fue una práctica generalizada muy normal en otras épocas, culturas y sociedades, la subordinación histórica de la mujer al hombre desde nuestra larga herencia patriarcal judeo-cristiana; las prácticas de explotación laboral infantil; pero, indudablemente, nos encontramos en un nuevo contexto donde surgen nuevos derechos, nuevas sensibilidades, nuevas demandas que deben renovar nuestra sociedad hacia fórmulas más democráticas, igualitarias, abiertas y tolerantes.

Peter Haberle desarrolla plantea la idea de la dignidad humana como “premisa antropológica-cultural”20 de una sociedad plenamente desarrollada, como el conjunto de derechos y deberes que permiten al ser humano llegar a ser persona, serlo y seguir siéndolo. El cómo es que el ser humano llega a ser persona nos ofrece indicios de lo que sea la “dignidad humana”, y aquí debemos distinguir dos cuestiones: cómo se forma la identidad humana en una sociedad, y en qué medida puede partirse de un concepto válido entre culturas y, por tanto, universal.

Estos valores políticos-jurídicos del Estado democrático y social de derecho se refieren principalmente a la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica y la solidaridad. La igualdad formal, considerada como la igualdad que se reconoce ante la ley, y otorga el reconocimiento jurídico del Estado a todos los ciudadanos, se presenta como una seguridad en la aplicación del Derecho. En cambio, la igualdad material o sustancial, más difícil de alcanzar, comprenderá los medios que permitirán el desarrollo de la persona que permita su participación plena tanto económica, política y social, en el desarrollo de un país.

La igualdad ante la ley o igualdad jurídica, consiste en la igualdad de derechos, es decir, en la posibilidad de acceder al goce de los derechos fundamentales constitucionalmente garantizados. Lo cual implica generar las condiciones para que los grupos más vulnerables de una sociedad, en este caso las mujeres como grupo de riesgo, sean considerados con los mismos derechos que los grupos más poderosos.

En el caso particular de las mujeres, existe en la actualidad circunstancias sociales y culturales en los países latinoamericanos, que favorecen la privación de esta igualdad de trato y consideración. Ya que, aunque ha sido reconocido como un valor jurídico y político que les debe ser garantizado, las factores sociológicos de desigualdad, violencia y discriminación son adjudicadas con mayor frecuencia a este sector de la sociedad. De esta manera, la igualdad tiene varias dimensiones, entre las cuales se encuentra: la igualdad moral, igualdad política, igualdad económica, igualdad social e igualdad jurídica, que atienden a diversas problemáticas de desigualdades en los distintos ámbitos de la vida social y colectiva21.

En este sentido, las desigualdades de género22, sociales y de raza influyen considerablemente en la capacidad de conseguir empleo, recibir atención médica, desarrollo personal, ejercicio en los ámbitos económicos, políticos, y sociales, debido a los roles que culturalmente se han asignado como propios de las mujeres, impiden el pleno desarrollo como ciudadanas y frena el desarrollo de los países.



4. Políticas públicas como medida de prevención para el tratamiento de la violencia contra las mujeres

La producción y reproducción de roles sociales que generalmente se dan dentro de las familia, escuela, iglesia y medios masivos de comunicación en función del papel social que debe desempeñan las mujeres tradicionalmente se han caracterizado estructuralmente con rasgos de subordinación, discriminación y dominación hacia el sistema patriarcal en sus decisiones y áreas de desarrollo. Sin duda, este hecho sociológico manifiesto hace necesario replantear la política pública educativa que se va a diseñar a las nuevas generaciones.

En este sentido, observando los altos índices de violencia efectuada contra las mujeres, se hace necesario un abordaje no sólo desde el ámbito jurídico, sino desde al ámbito político, social y educativo. En nuestro caso peculiar, a través de la elaboración y diseño de políticas públicas educativas, que replanteen la educación en y para la igualdad, que permita surgir una nueva generación de ciudadanos que sean capaces de formar parte activa en la reestructuración del Estado democrático y social en el siglo XXI.

La necesidad de generar un nuevo concepto de Educación para la ciudadanía, mediante el tratamiento integral de una concientización social de no violencia contra las mujeres, en la que se tomen como elementos la persuasión y argumentación en las políticas públicas puede permitirnos alcanzar un cambio en los patrones culturales, donde se incluyen los grupos vulnerables, así como reconstruir y reestructurar la relación entre hombres y mujeres en un plano de equidad y justicia.

El gran filósofo inglés John Stuart Mill23 mencionaba que en el caso específico de las mujeres, son ellas las que aparte de los hijos, después de que se haber probado y demostrado públicamente ante los jueces que han sido víctimas de una injusticia, se quedan entregadas al injusto al reo. Por lo cual se requiere, de un incremento de políticas públicas preventivas, que permitan la efectividad en el aseguramiento de su libertad, seguridad, dignidad y no discriminación por motivos de género.

En este sentido, la importancia de las políticas públicas con perspectiva de género, entendidas como aquellos instrumentos para lograr la igualdad real y efectiva de las mujeres, “requieren explicarse, argumentarse, difundirse entre el público y, además ser convincentes, tener la capacidad de replicar a sus opositores, vencer el escepticismo y despertar el consenso entre los ciudadanos”24.

Por lo cual, para lograr la eficacia de la política pública, se debe de incluir una doble función “ser capaz de resolver los problemas tecnoeconómicos que le plantea la realización de sus objetivos y tener la capacidad de solucionar los problemas de comunicación que le plantea el público ciudadano”25.

En este sentido, se requiere persuadir a la ciudadanía26, acerca de “su necesidad o conveniencia en determinadas circunstancias, utilizando para ello argumentos jurídicos, políticos y morales vigentes, datos disponibles y cálculos correctos, pruebas empíricas, demostración de la eficiencia de las tecnologías seleccionadas, refutación de las bondades de acciones alternativas y competidoras”27, para lograr la eficacia de las mismas, mediante la comunicación persuasiva, en la aplicación de políticas públicas, que permitan generar las condiciones de igualdad de género, y el desarrollo de los seres humanos.

Las políticas públicas educativas como medidas de prevención para el empoderamiento de las mujeres28 y la erradicación de la violencia de género (violencia contra las mujeres) sensibilizarán a la sociedad logrando su participación, mediante la difusión argumentación y persuasión de las diversas acciones adoptadas a nivel internacional, nacional y estatal, que de forma integral dentro del ámbito político, jurídico, educativo, asistencial, generen la erradicación de esta pandemia social.

La perspectiva de género29, incluida en el ámbito educativo, permitirá generar acciones que se encaminen a corregir acciones u omisiones de desigualdades hacia las mujeres, que se reproducen tanto en la vida pública como privada, previniendo y garantizando la efectividad del principio de igualdad, al cambiar los valores estructurales de características patriarcales generalmente identificadas en la discriminación, subordinación y violencia como forma de controlar y dominar a las mujeres30.

En el ámbito educativo, se considera como un deber del Estado, educar a la sociedad en general, ya que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sostiene que los Estados: “[…] deben supervisar cuidadosamente la enseñanza, comprendidas las correspondientes prácticas, a fin de poner de manifiesto cualquier discriminación de hecho y adoptar las medidas para subsanarla. Los datos relativos a la educación deben desglosarse según los motivos de discriminación prohibidos”31. Lo anterior, con la finalidad de garantizar que no se menoscaben los principios de igualdad y de no discriminación basada sobre el género.

La Educación no es una simple transmisión de conocimientos enciclopédicos, saberes ni transmisión de conocimientos específicos para ejercitar una carrera, oficio o profesión. La educación tiene que aportar el desarrollo completo de la persona. En este sentido, la educación moral y social tiene gran importancia y relevancia para la formación de toda persona integral. Los individuos para vivir en sociedad y relacionarse con los demás siguen normas morales. Pero, no se trata de educar desde una moral heterónoma y sumisa en la cual las normas vienen de fuera y se establecen relaciones de obediencia incondicional a otras personas. Esta educación unilateral, heterónoma y autoritaria sólo se da básicamente en sociedades jerárquicas tradicionales. Sin duda, educar al futuro ciudadano es cultivarlo integralmente, enseñarle a dudar asunciones y convenciones dadas a priori, enseñarle a pensar y razonar por sí mismo, liberarlo de la tiranía de las costumbres, convenciones y prejuicios, mostrarle que vive en un mundo complejo, enseñarlo a valorar el pluralismo crítico y reflexivo como una visión enriquecedora, ayudarle a imaginar visiones de la realidad de los demás, sobre todo, insistiendo en los más desfavorecidos, más desamparados, los que no tienen voz, ayudar y fomentar la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona para entender el mundo, y de forma especial, en la formación ético-jurídica.

Respecto a los roles de género la división de los roles ha respondido siempre a una decisión política y social, en la que la concepción patriarcal de la vida ha adjudicado los papeles volcando los elementos de coacción y de socialización, para hacer que aquella división impuesta fuera reconocida como algo natural, justificada por diferencias biológicas, sentimentales e históricas, cuando era, única y exclusivamente, para establecer desigualdades y mantener el dominio de un sexo sobre otro. La discriminación ejercida contra las mujeres se convierte en transmisora de conductas socialmente discriminatorias de género, que es necesario erradicar,32 mediante la implementación de una política pública educativa. Dicha política pública tiene la capacidad de generar una cultura de igualdad entre hombres y mujeres, de no violencia contra las mujeres, de reconocimiento de los derechos humanos, de cambios en los patrones de conducta aprendidos socialmente como estereotipos y roles33 de género que generen desigualdades sociales que perpetúan las jerarquías patriarcales, en este aspecto, se sigue dando una preeminencia a lo masculino sobre lo femenino donde dicha pauta puede incrementar la violencia de pareja que se manifiesta en el ámbito público y privado.

En este sentido, la educación34 con perspectiva de género, comprenderá procesos de enseñanza formales e informales, medios de comunicación masiva, cambios curriculares35 (capacitación, programación docente, ejes transversales de curriculum oculto) produciendo cambios estructurales en los valores culturales patriarcales,36 que prevengan este conflicto social de forma real y permanente. En relación a las medidas de acción ejercidas para combatir la violencia contra las mujeres y lograr la igualdad entre los géneros (hombre-mujer) se sugiere que la prioridad de las acciones preventivo-asistenciales debe ir dirigida no sólo hacia la protección, sino también a la dignificación, y en definitiva al logro del empoderamiento y de la autonomía de las mujeres para que puedan sentirse autónomas, dueñas de sus decisiones y vivir en paz, justicia e igualdad.

La educación como sistema institucional presenta currículos, procedimientos y materiales didácticos sexistas y rara vez adecuados a las necesidades especiales de las niñas y mujeres actuales en nuestro continente latinoamericano. Aunado esto a que se maneja un lenguaje masculinizado y la expectativa social de la escuela es que los individuos femeninos se adapten a él y lo adopten como lo único válido. De igual manera, dentro del sistema de educación superior, los currículos científicos no resultan ser diferentes, ya que el nivel de sexismo resulta altísimo, por lo que, las prácticas que se establecen entre el profesorado y el alumnado tienen un abultado sesgo discriminatorio hacia las mujeres, encontrándose un orden mental, físico y simbólico difícil para una educación diferente de las nuevas mujeres. Por lo que es preciso desentrañar una serie de hábitos sexistas agazapados para cuestionar los rígidos y estereotipados perfiles genéricos con los que se están preparando a las y los jóvenes constructores del siglo XXI.

Obteniendo como particularidades de dicha política pública, la generación de un proceso de construcción de la ciudadanía lo cual implicaría generar una mayor conciencia social, que refuerce los valores como la justicia, solidaridad, cooperación, tolerancia, e igualdad de géneros37.

Por lo cual, al impulsar una educación con perspectiva de género38 implicará “educar en la igualdad, reconociendo las diferencias, es también un eje-meta de una educación democrática.”39 Donde se identifiquen problemáticas como la “dignidad de la persona, igualdad en la libertad, y diversidad. Causas y factores de la discriminación de las mujeres. Igualdad de derechos y de hecho. Alternativas a la discriminación. Prevención y protección integral de la violencia contra las mujeres”40 reorientando el aprendizaje social y permitiendo fomentar una ciudadanía responsable, y participativa en la solución de las problemáticas de la comunidad ya que por encima de todo, la escuela forma a los ciudadanos, lo cual suscita y nutre su adhesión a la colectividad41.

La realización de políticas públicas educativas en el tratamiento de la igualdad de derechos de las mujeres, demandan una mayor difusión y participación ciudadana, que produzcan “cambios de fondo en las actitudes culturales y los mensajes educativos, donde hay fuertes contenidos discriminatorios, que se hallan enraizados en siglos de inferiorización de la mujer.”42. Lo cual requerirá “llegar al corazón de la discriminación: la familia”,43 donde es imprescindible generar acciones que se transformen en una realidad de igualdad de oportunidades, y el acceso a una vida de no violencia contra las mujeres, misma que se percibirá en el ámbito público, donde se afectan diversos sectores de participación de la mujer, tales como el laboral, político, social, entre otros.

5. A modo de conclusión

En las sociedades democráticas avanzadas, el reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales constituye una de las formas primordiales de mantener una mayor cohesión e integración social y política. Estos derechos sociales garantizados por los Estado social moderno44 surgen del reconocimiento y ejercicio jurídico de valores como la igualdad, la solidaridad y la justicia social que históricamente y tradicionalmente han revindicado los movimientos obreros y sociales.

La igualdad liberal o formal ha resultado ser demasiado insuficiente para paliar o disminuir las graves desigualdades a las que nos enfrentamos actualmente por lo que precisamos ampliar el horizonte de sentido, significación y efectividad del valor constitucional igualitario hacia formas plurales y diversas de implementación de una justicia compleja. Como el profesor Peces Barba nos advierte: “La igualdad consiste en concretar los criterios materiales para llevar a cabo el valor de solidaridad, en crear las condiciones materiales para desarrollar una libertad posible para todos y contribuir a la seguridad con la satisfacción de necesidades a quien no puede hacerlo por su propio esfuerzo”45.

La Educación para los derechos humanos y libertades fundamentales, el ejercicio de la tolerancia, la igualdad y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia constituyen el objetivo fundamental de todo Estado Constitucional. La igualdad es un valor normativo, político y axiológico referencial46 que inspira el desarrollo, evolución e implementación de nuestros Estados democráticos y sociales de derecho hacia una mayor integración social, política, jurídica y económica. La reivindicación de la igualdad ha sido una constante aspiración humana tan antigua como su continua anulación, restricción o vulneración. Cada época histórica ha sentido y definido este valor fundamental de manera diferente, con mayor o menor intensidad, desde una enorme diversidad de estrategias retóricas, argumentativas y doctrinales; pero sin lugar a dudas, conviene abordar esta problemática desde una perspectiva siempre abierta y plural, que trate de ampliar su horizonte de sentido y significación.

En este sentido, los derechos humanos están claramente conectados e imbricados al proceso de Educación cívico-política dependiente del sistema educativo; pero también a su articulación institucional de un Estado democrático y social de derecho si queremos desarrollar, consolidar y fortalecer el actual modelo de democracia constitucional y deliberativa. El Estado democrático de derecho es un proceso de conquista histórica de los derechos fundamentales expresado a través de reivindicaciones, luchas políticas, disidencias colectivas o de formas de resistencia al poder establecido. La historia concreta de los derechos fundamentales, por ejemplo, puede entenderse como un proceso de aprendizaje colectivo de este tipo, interrumpido por derrotas y conquistas. El Estado democrático de derecho aparece en su conjunto no como una construcción acabada, sino como una empresa accidentada, irritante, encaminada a establecer o conservar, renovar o ampliar un ordenamiento jurídico legítimo en circunstancias cambiantes.

El nivel de autonomía y libertad que disfrutan a día de hoy las mujeres no es comparable con situaciones no tan lejanas en nuestra propia historia reciente. A pesar de los avances que hemos realizado, como afirma la profesora salmantina Ángela Figueruelo, la desigualdad y la discriminación persisten obligándonos a reflexionar sobre el concepto de igualdad que no tiene que ser entendido en su sentido literal, puesto que no implica que los seres humanos deban ser iguales, sino que deben ser tratados conforme a los mismos parámetros.


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