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Poder judicial


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ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÒN

Nosotros, JORGE ALBERTO RIVERA AVILÉS, actuando en mi condición de MAGISTRADO PRESIDENTE Y REPRESENTANTE DEL PODER JUDICIAL, quien en adelante se denominará el “PODER JUDICIAL”; JORGE RAMON HERNÁNDEZ ALCERRO, en condición de Secretario Coordinador General del Gobierno, de ahora en adelante la “SCGG; OSCAR FERNANDO CHINCHILLA, en condición de FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA; en adelante el “MINISTERIO PUBLICO”, ETHEL DERAS ENAMORADO, en condición de PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, de ahora en adelante la “CNBS”; ABRAHAM ALVARENGA URBINA en condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, de ahora en adelante la “PGR”; DAYSI YOLANY OSEGUERA DE ANCHECTA en función de MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, de ahora en adelante, el “TSC”; MIRIAM ESTELA GUZMÁN BONILLA, en condición de MINISTRA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS, de ahora en adelante la “DEI”, todos hondureños, mayores de edad y de este domicilio.



RECONOCIENDO:
Que las instituciones que representamos tienen obligaciones determinadas por la ley para la prevención, investigación, sanción y reinserción en los delitos de corrupción. Que la República de Honduras ha realizado un gran esfuerzo para avanzar en la lucha contra la corrupción con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del sector público y el adecuado uso de los recursos del mismo. Que por todo lo anterior se hace necesario el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional entre las mismas.

CONCORDANDO:



  1. Que el PODER JUDICIAL por mandato constitucional es el Poder del Estado que ostenta la potestad de impartir justicia a través de todos sus órganos jurisdiccionales en forma gratuita, juzgando y ejecutando lo juzgado, sometido únicamente a la Constitución y sus leyes. Además, reafirma su compromiso de aportar la capacitación como el vehículo más importante para generar conciencia ciudadana en cuanto a derechos y deberes que se deben cumplir en el marco del principio de legalidad.




  1. Que la SCGG, auxilia al Presidente de la República en la coordinación de la administración pública, teniendo entre sus competencias la formulación y ejecución de políticas y programas de transparencia y lucha contra la corrupción, lo cual lo debe de desarrollar en coordinación con las entidades de control externo y otros entes del Estado con funciones de transparencia y lucha anticorrupción; asimismo tiene atribuciones en el desarrollo de la ética pública, la rendición de cuentas y la coordinación de los controles internos y en el marco del Convenio suscrito entre el Gobierno de la República de Honduras y Transparencia Internacional, es la responsables de cumplir con los compromisos de transparencia e integridad.



  1. Que el MINISTERIO PÚBLICO es el ente creado por el Estado para representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad, dirigiendo técnica y jurídicamente las investigaciones y presentando las acciones correspondientes, con miras a alcanzar la convivencia pacífica y garantizar la seguridad jurídica para el desarrollo del ser humano en sociedad.




  1. Que la CNBS es el ente gubernamental responsable de la supervisión, vigilancia y control de las instituciones del sistema financiero hondureño, en razón de lo cual tiene el deber de informar a la autoridad competente todo acto que estime constitutivo de delito.



  1. Que la PGR, por mandato constitucional, es el órgano estatal que ostenta la representación legal del Estado y la defensa de sus intereses evitando el menoscabo del erario público y demandando la reivindicación patrimonial de Honduras cuando se vea perjudicada por actos ilegítimos o de corrupción que detengan las obras sociales y obstaculicen el desarrollo del país.




  1. Que el TSC se constituye como ente rector del sistema de control de los recursos públicos, con autonomía funcional y administrativa de los Poderes del Estado, sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes y responsable ante el Congreso Nacional de los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones.



  1. Que la DEI tiene el deber de cumplir y hacer cumplir las normas contenidas en la Constitución de la República, los convenios internacionales aprobados por el Congreso Nacional en materia tributaria y aduanera, el Código Tributario, las Leyes Especiales, Tributarias y Aduaneras. Para lograr tal cometido puede establecer y mantener relaciones con instituciones, organismos internacionales y agencias de cooperación vinculadas a la administración tributaria y aduanera, así como celebrar acuerdos, contratos y convenios vinculados con el desarrollo de sus funciones.




  1. Que todas las instituciones antes mencionadas pueden y deben coordinar y colaborar entre sí, dentro de sus respectivas funciones, sobre todo en aquellas áreas complementarias o comunes, para evitar la duplicidad de funciones, alcanzando así el uso eficaz y eficiente de los recursos del Estado en la prevención de temas de suma importancia como la corrupción y otros delitos económicos. Logrando con lo anterior un actuar con observancia a los compromisos adquiridos por el Estado al suscribir una serie de instrumentos legales internacionales, que al momento de sancionarse han entrado en vigor en nuestra legislación interna y son de obligatorio cumplimiento.



POR TANTO
ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETIVOS DEL ACUERDO
El presente acuerdo tiene como finalidad que las partes actúen de forma coordinada y complementaria, de manera tal que permitan a las instituciones cumplir eficiente y eficazmente con sus atribuciones y funciones por la lucha contra la corrupción.

CLÁUSULA SEGUNDA: CREACIÓN DE LA MESA INTERAGENCIAL ANTICORRUPCIÓN
Se crea una Mesa Interagencial Anticorrupción, de ahora en adelante denominada MIA, cuyos miembros serán los enlaces que las instituciones designen y tendrán amplias potestades para adoptar políticas tendientes a la ejecución del presente acuerdo. Los enlaces se reunirán por lo menos ocho (8) veces al año para la celebración de reuniones ordinarias cuya convocatoria podrá ser realizada por cualquiera de las partes, mediante comunicación a sus integrantes con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación, expresando el asunto a tratar excepto en casos urgentes, en los que cualquiera de las partes podrá convocar a reuniones extraordinarias sin que medie requisito alguno.
Las reuniones de trabajo de los enlaces, de las cuales se levantará el acta correspondiente, se llevarán a cabo en forma alterna en la sede de cada una de las partes. Para la realización de la primera reunión de la MIA, se designan las instalaciones de la CNBS y se establece el plazo de un (1) mes calendario a partir de la suscripción del presente acuerdo. Los enlaces serán designados como los responsables del uso y manejo de la información que se comparta en razón del presente acuerdo.
La MIA deberá:


  1. Verificar y hacer efectivo el cumplimiento del acuerdo.




  1. Coordinar, dirigir e impulsar los aspectos de colaboración y cooperación a que se refiere el acuerdo.




  1. Prever las medidas y condiciones necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo.




  1. Someter proyectos e iniciativas a consideración de las instituciones respecto al desarrollo de las relaciones de cooperación y coordinación entre ellas.




  1. Proponer a las partes modificaciones o adiciones al presente acuerdo.


CLÁUSULA TERCERA: DE LAS ACTIVIDADES CONJUNTAS


  1. Elaborar una estrategia nacional de combate, prevención, investigación y sanción, de los delitos vinculados a la corrupción y las personas involucradas en los mismos.




  1. Establecer mecanismos expeditos y seguros de intercambio de información, con una base de información unificada entre todas las instituciones suscriptoras del presente acuerdo, que permita el acceso a los datos de manera rápida y efectiva. Las instituciones suscriptoras deberán elaborar el procedimiento a seguir para el intercambio de información unificada entre ellas, en el cual se definan los plazos y los enlaces que serán directamente responsables del manejo de la información.




  1. Establecer mecanismos de interacción expeditos entre las instituciones suscriptoras, a fin de lograr controles efectivos y evitar que personas sospechosas de cometer estos delitos puedan obtener propiedades, dinero, crear sociedades o girar fondos al exterior.




  1. Implementar y fortalecer la “Red Metropolitana Inalámbrica” como plataforma tecnológica para el transporte de datos, intercambio de información y acceso a diferentes Infosistemas del gobierno, a fin de fortalecer las acciones de la Mesa Interagencial Anticorrupción.




  1. Coordinar, en la medida de lo posible, con el Consejo Nacional Anticorrupción, de ahora en adelante denominado CNA, el desarrollo de actividades conjuntas de sensibilización y capacitación.



  1. Elaborar y firmar convenios de cooperación con diversas Organizaciones No Gubernamentales, con el fin de luchar contra la corrupción.



CLÁUSULA CUARTA: DESIGNACIÓN DE ENLACES
Las instituciones, por medio del presente acuerdo, se obligan a designar las oficinas que fungirán como enlaces, las cuales deben ser designadas ante la CNBS en un período no mayor de dos (2) semanas después de la suscripción del presente instrumento y tendrán amplias potestades para adoptar políticas tendientes a la ejecución del presente acuerdo.

CLÁUSULA QUINTA: DE LAS OBLIGACIONES CONJUNTAS DE LAS PARTES
Las partes, en sintonía con el objeto de la MIA, se obligan conjuntamente a:


  1. Realizar las acciones derivadas de este acuerdo, presentando propuestas de proyectos o acuerdos particulares de trabajo, los que, una vez aprobados, serán elevados a la categoría de Acuerdos de Ejecución y pasarán a formar parte de este documento como anexos. Los Acuerdos de Ejecución describirán el programa al que se vinculen las actividades a desarrollar, la responsabilidad, la fecha de entrada en vigor y cualquier otra disposición que se considere importante para el cumplimiento de su objetivo.




  1. Determinar los casos en que pueden realizar labores de forma conjunta y coordinada.




  1. Establecer, dentro del marco de sus respectivas leyes, los canales adecuados y expeditos para el intercambio de la información confidencial necesaria para el desarrollo de sus funciones.




  1. Las dependencias designadas como enlaces serán las responsables de supervisar todas las actividades que conlleva este compromiso;




  1. Intercambiar conocimientos y cursos de actualización entre el personal de las instituciones firmantes.




  1. Brindar asistencia, asesoramiento, e información jurídica, científica, pedagógica y/o tecnológica que produzcan las instituciones a nivel nacional e internacional y que sea de su interés.




  1. Prestarse apoyo profesional en aquellos casos que necesiten de los expertos profesionales de algunas o todas las partes;




  1. Elaborar un plan conjunto de capacitación, definir las modalidades de ejecución y los medios necesarios para su realización.




  1. Propiciar la participación en programas de capacitación y actualización de funcionarios y/o empleados de las instituciones firmantes a nivel nacional e internacional.



  1. Fortalecer la cooperación y coordinación con el CNA.




  1. Definir las fechas de reuniones ordinarias y acatar las convocatorias para las reuniones extraordinarias convocadas por cualquiera de las partes.




  1. Examinar los resultados de la cooperación realizada con el propósito de monitorear y evaluar el proceso.




  1. Cualquier otro asunto convenido entre las partes.


CLÁUSULA SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO DEL ACUERDO
El presente acuerdo no generará compromisos financieros o económicos para las partes, por lo que no estarán obligadas a reservar fondos especiales para cubrir o solventar necesidades particulares o específicas derivadas de su ejecución. Sin embargo, las partes reconocen que para el normal y cabal cumplimiento de los objetivos del presente acuerdo, es ineludible realizar ciertos gastos administrativos, operativos, logísticos, o de otra índole, que deberán ser afrontados de manera independiente con los recursos asignados a sus respectivos presupuestos.


CLÁUSULA SÉPTIMA: ALCANCES DEL ACUERDO
Las acciones previstas en el presente acuerdo se efectuarán con sujeción a las disposiciones legales aplicables en cumplimiento de sus respectivas obligaciones y atribuciones, así como al fin mismo que es lograr una mayor cooperación entre las partes, con el propósito de establecer canales de coordinación y comunicación que sean rápidos, seguros y efectivos.


CLÁUSULA OCTAVA: DISPOSICIONES FINALES
El presente acuerdo entra en vigencia y es de obligatorio cumplimiento a partir de la fecha de firma del mismo. Las actividades en él consideradas se iniciarán desde el momento en que entre en vigencia.

El presente acuerdo podrá modificarse por voluntad de las partes, previa formalización por escrito. Dichas modificaciones entrarán en vigencia una vez aprobadas mediante la firma de todas las partes.



EN FE DE QUE ASÍ LO HAN ACORDADO CONVENIDO, el presente acuerdo se firma en seis (6) ejemplares originales de un mismo tenor y fuerza obligatoria, uno para cada parte, en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los ocho días del mes de marzo del año dos mil quince.
JORGE RIVERA AVILES

Presidente Poder Judicial de Honduras


JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO

Secretario de Estado

Coordinador General de Gobierno

OSCAR FERNANDO CHINCHILLA

Fiscal General de la República


ETHEL DERAS ENAMORADO

Presidenta Comisión Nacional de Bancos y Seguros


ABRAHAM ALVARENGA URBINA

Procurador General de la República


DAYSI YOLANY OSEGUERA DE ANCHECTA

Magistrada Presidenta

Tribunal Superior de Cuentas
MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA

Ministra Directora



Dirección Ejecutiva de Ingresos




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