Página principal

Poder Judicial de la Nación ///nos Aires, 13 de febrero de 2008. Y vistos


Descargar 1.32 Mb.
Página9/20
Fecha de conversión21.09.2016
Tamaño1.32 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

Marcelo Enrique Nodar por comenzó aclarando que ratificaba en parte los dichos expuestos en la declaración indagatoria brindada durante la instrucción.

Refirió que estuvo durante 14 años en la división, desde el año 1989 y hasta el mes de julio de 2005 y que en el año 2002 pasó al Cuartel Aeroparque, por lo cual sólo durante un año no estuvo en la dependencia.

A lo largo de esos años prestó servicios indistintamente para las Divisiones Inspecciones y Prevención, que laboran como si fueran una debido a la falta de personal. En el año 2004 tenía el rango de principal jefe de servicios, que es la mayor jerarquía que un oficial subalterno puede lograr. Como tal, su función consistía en velar por el normal funcionamiento de la dependencia, de los servicios en sinagogas, del servicio de policía adicional, de las inspecciones pendientes y programadas, de la atención al público y de cumplir con aquellas tareas que surgieran; por ejemplo, la participación de personal en algún allanamiento por requerimiento de algún juzgado. Además, se ocupó del archivo de alrededor de 18.000 legajos, que son el apoyo logístico en casos de incendio.

Explicó que hasta el año 1982 la Superintendencia Federal de Bomberos tenía a cargo la organización de la prevención contra incendios y luego ello pasó a manos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, organismo que tras aprobar las instalaciones debe enviar una copia del plano a Bomberos para archivarlo y que no siempre cumple con este requisito.

A continuación, anunció que iba a referirse a cada uno de los legajos de la Superintendencia Federal de Bomberos que fueron secuestrados:

Comenzó por el local “Opera Bay”, legajo nro. 0018., que tiene un número anterior puesto que a raíz de la vigencia de la O.M. 50.250 el jefe de la división ordenó sacar todos los legajos correspondientes a locales de baile del archivo y formar uno particular. En el expediente surge la solicitud del pliego efectuada por Carlos Emilio Mauro el 28 de junio de 2004, el abono del sellado y la certificación de la firma que él efectuó.

Detalló que el personal recibía la documentación y, una vez ingresado el trámite, el jefe de servicio certificaba, siendo posible que haya atendido personalmente al interesado o bien que lo haya hecho un suboficial que administrativamente no estaba habilitado para hacer certificaciones. No pudo afirmar que Mauro haya insertado la firma delante suyo, explicando que el proyecto está formado por dos elementos: el pliego de condiciones y los planos. En el pliego se señalan los elementos a cumplir y en el plano la colocación in situ de aquellos.

A fs. 9 surge la inspección del local, el 28 de julio de 2004, esto es, un mes después de recibida la solicitud. La inspección fue firmada por Marcelo Esmok y del lado izquierdo está su rúbrica, refrendando lo hecho por el suboficial. Señaló que haber suscripto el acta no significa que haya estado presente en el lugar, sino que implica confiar en lo visado por el suboficial al que se le asignó la inspección. Luego de ello, surge la elevación al jefe de la dependencia –en este caso Corbellini-; quien, a su vez, lo envía al jefe de departamento y al comisario general que, en definitiva, aprueba y otorga el certificado final. Aquí se extendió aquél que lleva el número 153, del 28 de julio de 2004. Refirió que de las constancias se desprende que el certificado, por cuestiones administrativas, no fue entregado en el día. Asimismo, dijo que en ningún caso los testigos afirmaron que se les haya otorgado tal documentación en el día. Sin perjuicio de ello, aclaró que toda la diligencia posee la misma fecha ya que quien elabora el informe también confecciona las elevaciones y hasta imprime el certificado final. Realizado el informe técnico se coloca el número de certificado, registrándose en el libro antes de pasar a la firma del superintendente. En el legajo de “Opera Bay” hay agregados planos conforme a obra, los cuales ya habían sido registrados puesto que había una doble legislación; por un lado, la O.M. 50.250 que remite a la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y, por otro, la aprobación independiente del Gobierno de la Ciudad. Este local contaba con aprobación en los términos de la O.M. 36.973.

Continuó su recorrido en el legajo y señaló que a fs. 16 surge que el 13 de enero de 2005 se hizo una inspección conjunta con personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se le realizaron observaciones aunque no relacionadas con faltantes en las instalaciones de prevención contra incendio, ocasiones en las que concurrieron Esmok y Griffo.

El 24 de enero de 2005 solicitaron una copia del certificado, y unos días después, el 28 de enero, concurrió Griffo al local e informó que la totalidad de los sistemas se hallaban en iguales condiciones que los aprobados el 28 de julio de 2004. Indicó que no había instalaciones mal realizadas y que la mecánica de trabajo es la misma en cuanto a las firmas, que todo fue completado por quien labró el informe con la misma fecha. La única diferencia es que luego de los hechos ocurridos en “República Cromañón” por una orden del día se cambió el nivel de firmas. En ese sentido, explicó que las reválidas pasaron a ser suscriptas por el oficial, el jefe de dependencia y el jefe de departamento. A fs. 19 surge la aclaración de que cualquier modificación deja sin efecto el certificado otorgado y debe volver a realizarse el proyecto.

Explicó que en octubre de 2005, oportunidad para la cual ya había sido pasado a disponibilidad al igual que Corbellini y Esmok, se solicitó una copia actualizada del certificado. Como consecuencia concurrió Rodríguez Bussi a inspeccionar el local el 24 de octubre y la instalación seguía siendo la aprobada con el pliego del año 2004. Aclaró que desde la solicitud hasta el otorgamiento de la reválida transcurrieron 8 días y agregó que desconoce quién entregó el trámite que se inició a raíz de la presentación de fecha 25 de junio de 2004.

Con respecto al sello que hay detrás de esa nota refirió que es meramente de carácter interno y no tiene autorización expresa dentro de la Policía Federal Argentina, sino que es para contar con la información acerca de la baja del trámite en el libro de entradas y salidas, señalando que este último es de carácter obligatorio y que quien retira un certificado puede firmar en el sello o en una hoja aparte.

Detalló que en ocasiones los presentantes llamaban por teléfono a la dependencia haciendo saber que alguna persona de su confianza iba a retirar el trámite, recordando haber asesorado a Mauro debido a la dicotomía en la legislación que tenía que cumplir.

No supo responder dónde quedaban las hojas sueltas que a veces se firmaban ante retiros de trámites e indicó que los legajos se enumeran correlativamente.

En punto al certificado de ignifugación, que según surge del legajo es posterior a la emisión del certificado final, no era un requisito de aprobación, mas no supo el motivo por el cual se acompañó esa constancia con posterioridad a la inspección y aprobación de las instalaciones. Agregó, en ese sentido, que en el marco de las inspecciones que hicieron en conjunto con personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se exigía a los titulares de los locales de baile que contaran con certificado de ignifugación. Por este motivo, la Superintendencia Federal de Bomberos comenzó a recomendar que el ignifugante fuera colocado por una empresa que lo certificara ya que, de lo contrario, no podía verificar que el producto hubiera sido aplicado tal como corresponde, esto es, con la madera virgen lijada para que absorba el ignífugo.

Aclaró que la aplicación de un retardante de llama no transforma a un elemento combustible en incombustible, sino que retarda la llama.

Continuó haciendo referencia al legajo nro. 015 del local “Tequila” y que es similar por cuanto contaba con una numeración anterior; a fs. 2 luce agregada una nota de fecha 19 de noviembre de 2004 que, en realidad, fue presentada el 23 de noviembre de ese año.

Con respecto al trámite sostuvo que la mecánica fue idéntica a la explicada anteriormente; es decir, elaboración del pliego, inspección a cargo de Esmok cuya firma fue refrendada por el declarante el 29 de noviembre de 2004, y en la misma fecha elevo del informe técnico y entrega del certificado número 161. Expuso que desde que se inició el trámite y hasta el otorgamiento del certificado pasaron 10 días, aclarando que en cada local la instalación es distinta, por eso varían los tiempos del trámite.

Señaló que a fs. 11 hay una nota de fecha 11 de enero de 2005 autorizando a una persona de nombre Ferrara respecto de la que se acompañó una copia del documento nacional de identidad y, posteriormente, una nota fechada el 20 de enero de 2005, aunque ingresó el día 21. Como consecuencia de esa presentación concurrió la oficial Baremboin al local, aprobando las instalaciones pues se hallaban en correcto estado y funcionamiento. Lo mismo sucedió en la siguiente inspección hecha por la oficial Cabrera. Refirió que más adelante, el 17 de junio de 2006, solicitaron una nueva inspección que fue llevada a cabo 3 días después por la oficial Baremboin. Aquella fue aprobada y el 20 de abril se hizo entrega de copia actualizada del certificado final, habiendo retirado la constancia Marcelo Vázquez.

Aclaró que en este caso figura asentada la letra “B” y a fs. 28 una notificación hecha al mencionado Vázquez.

Seguidamente, se refirió al expediente del local “Shampoo”, que tiene antecedentes muy antiguos: Con fecha 22 de julio de 2004 luce una nota por medio de la cual Mancusi solicitó el pliego de condiciones y la inspección final. Con fecha 19 de agosto de ese año el declarante llevó a cabo el informe y, en el mismo día, hizo las elevaciones y folió el certificado a entregarse. Expuso que entre la inspección y la firma por parte del Comisario General hay un sello, que reconoció como aquél que utilizaba para visar los expedientes. Indicó que desde la solicitud y hasta la emisión del certificado número 158 transcurrieron 27 días.

Puntualizó que concurrió nuevamente al local -en enero de 2005-, tal como surge de la constancia de fs. 47, oportunidad en la que pese a haber aprobado antes las instalaciones hizo observaciones. Indicó que debían cambiar de lugar el detector de metales que exige el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que lo habían ubicado en el acceso reduciendo un sitio de posible evacuación ante la producción de un siniestro y, además, solicitó que aumentaran las luces de emergencia. La O.M. 50.250 no establece la cantidad de iluminación que debe tener un local, sino que ese punto se desprende de la Ley de Higiene y Seguridad; pero debido a que cada oficial que inspecciona no cuenta con un luxómetro, para hacer esa medición apagan las luces a fin de que se enciendan las de emergencia.

Otra indicación que les dio en ese momento fue que debían ignifugar la alfombra. Más adelante, tal como se desprende de fs. 52, el 22 de febrero de 2005 concurrió la oficial Cabrera a inspeccionar el local y no hizo observaciones. Por otra parte, refirió que a fs. 47 del legajo duplicado se desprende que con fecha 26 de marzo de 2007 Diego Minerva solicitó una copia actualizada del certificado, llevándose a cabo el informe de inspección al día siguiente. El legajo fue elevado en esa misma ocasión al Subcomisario Abuin y el 28 de marzo se extendió la copia del certificado; es decir, que todo el trámite duró 2 días pese a que el mencionado Minerva lo retiró recién el 3 de abril del año en curso.

Con relación al legajo de “Popularísimo”, refirió que se trataba de un sitio en el que se bailaba tango que no poseía habilitación como local clase C y contaba con una aprobación antigua de las instalaciones contra incendio realizada por la Superintendencia Federal de Bomberos.

Explicó que el lugar fue clausurado por personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, obligándole a que saliera toda la gente que había concurrido. Como consecuencia, Costabello se presentó en la división buscando una solución al problema, explicándole el declarante que debía reducir la superficie del local para adecuarse a la normativa relativa a la evacuación; de lo contrario, debía realizar otro tipo de instalaciones. Se desprende del expediente que con fecha 10 de septiembre de 2004 se elaboró el pliego de condiciones y seis días después concurrió Bonfoco a inspeccionar el lugar, aprobó las instalaciones y elevó el informe al jefe de departamento y al comisario general.

Aclaró que el trámite tuvo una duración de un mes y 7 días, ya que la solicitud data del 9 de agoto de 2004. Con posterioridad, el 23 de noviembre de 2005, un autorizado pidió una copia actualizada del certificado, motivo por el cual el 6 de diciembre de 2005 se presentó el oficial Rodríguez Bussi, quien elaboró en la misma fecha el informe y se otorgó la copia solicitada. La duración del trámite fue de 8 días.

En otro orden de cosas señaló que la normativa aplicable a este tipo de trámites era aquella firmada por Burgueño en el libro que comenzó a utilizarse en el año 1996 con la aparición de la O.M. 50.250 y, en general, las órdenes internas indicaban que en proporción a la superficie los locales debían contar con determinados elementos de prevención contra incendios, pero que esas normas no fueron asentadas en tiempo y forma en el libro, sino que lo hicieron mucho tiempo después a través de un asiento; no obstante, se había elaborado una hoja que estaba pegada en un tablero de la división con todos los requisitos relacionados con la O.M. 50.250 y especificó que Burgueño aplicó los usos y costumbres.

En cuanto al expediente del local “El Living”, señaló que con fecha 23 de agosto de 2004, Silvio D´Agostino presentó una solicitud, resultando un caso similar al de “Popularísimo”, por no ser suficiente el tamaño de los medios de salida para contar con la aprobación de Bomberos.

Refirió que el problema era que la Superintendencia Federal de Bomberos aplicaba la normativa prevista en la Ley de de Espectáculos Públicos, mientras que el Gobierno de Buenos Aires le exigía los requisitos para un local comercial. Sostuvo que D´Agostini le hizo una consulta en forma personal y para responderla pidió una copia de los planos. Además, como la situación superaba su poder de decisión consultó a sus superiores sobre el asunto. Expresó que debía encontrar una solución ya que el local estaba clausurado y se habían quedado sin trabajo 40 familias. Por esta razón le dio su número de celular al titular para que pudiera comunicarse con él. La solución fue exigirle una serie de requisitos de seguridad en los medios de salida pese a que el local tenía escasos metros. Con fecha 25 de agosto de 2004, se elaboró el pliego de condiciones y el 10 de septiembre se solicitó la inspección final. Concurrió Esmok al lugar, elaborando el informe con fecha 20 de septiembre, refrendado por el declarante. El mismo día se extendió el certificado número 162, habiendo durado la totalidad del trámite 10 días. Señaló que a fs. 33 del legajo duplicado D´Agostino solicitó una copia actualizada del certificado, lo que motivó que con fecha 20 de de septiembre de 2005 inspeccionara el local la oficial Baremboin, aprobando las instalaciones con base en el anterior control. El trámite tuvo una duración de 7 días. Retiró la copia y firmó el acta de notificación Carlos Zabatela, quien no estaba autorizado.

Aclaró que para ese momento ya había pasado a disponibilidad y señaló que errores administrativos hay muchos y recordó que al ingresar a la Superintendencia Federal de Bomberos le dijeron que al aprobar una instalación contra incendio pensara que luego podría tocarle estar en un cuartel y tener que apagar un foco ígneo.

Ante una pregunta puntual respecto del motivo por el cual del libro de certificados se desprende que el lugar fue inspeccionado por él cuando la inspección la hizo Esmok, refirió que no puede dar explicaciones acerca de eso porque no pasó el libro agregando que dejaban constancia de quién inspeccionaba en un borrador y que, además, quien inspecciona firma a la derecha del informe, mientras que a la izquierda lo hace quien refrenda.

Explicó que al asignárseles una inspección debían ir a los locales por sus propios medios, por lo que muchas veces se les permitía que no regresaran a la división. Cuando volvían a cumplir el siguiente turno elaboraban los informes y cumplían con otra tareas, por ejemplo, la de atender al público.

Continuó relatando que una vez concluido el trámite administrativo los legajos se colocaban en un armario con distintos estantes de acuerdo al estado en el que se hallaran, y cuando se juntaban varios se los llevaba a la firma del jefe de dependencia, quien se encargaba de que llegaran al Superintendente.

Señaló que ante una duda que tuviera el superior había dos formas de evacuarla: la primera, era pedirle a cualquier oficial que fuera hasta el lugar a chequear los elementos sobre los que versaba la incógnita; y la segunda, consistía en esperar al oficial que había elaborado el informe para consultarlo al respecto.

Agregó que el aumento de controles a los locales que ocurrió en el año 2004 se debió a las inspecciones ordenadas indiscriminadamente por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que concurrían conjuntamente tanto a locales que estaban cerrados, como a otros que no estaban comprendidos por la O.M. 50.250, siendo que uno de los mayores problemas fue que en algunos casos necesitaban probar el funcionamiento de los sistemas y no era posible debido a la presencia de público. Por ese motivo, la superioridad se comunicó con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se dejaron de realizar esas inspecciones conjuntas.

Sostuvo que con anterioridad al año 2004, el personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no solicitaba el certificado final pese a que la O.M. 50.250 estaba vigente desde 1996.

En su recorrido por los diversos legajos, respecto de “Latino 11”, señaló que el pliego de condiciones y la solicitud de inspección datan del 2 de junio de 2004, luego luce agregada una nota ingresada el 2 de julio de ese año.

Refirió que se presentó en el local a inspeccionarlo y se extendió el certificado número 169 y que en el sello inserto a fs. 9 vta., donde figura la persona a la que se le hizo entrega del trámite, refirió que no es la firma del titular sino un visado suyo y que en los casos en los que se había retirado el certificado, finalizada la jornada de trabajo, el personal subalterno dejaba constancia firmando. En este caso, la duración de la diligencia fue de 21 días. Con posterioridad, en el año 2006, se solicitó una nueva inspección y la reválida del certificado, habiendo durado el trámite 11 días.

Respecto del expediente de “Pizza Banana”, refirió que hubo una solicitud de fecha 29 de noviembre de 2004, elaborándose el pliego el 13 de diciembre. La inspección fue realizada por Esmok, quien confeccionó el informe el 17 de diciembre de ese año, refrendándolo la oficial Baremboin. La duración del trámite fue de 18 días. Con fecha 18 de febrero de 2005, esto es luego de los hechos ocurridos en “República Cromañón”, la oficial Cabrera verificó que las instalaciones estaban en iguales condiciones a las aprobadas. Posteriormente, el 11 de octubre de 2005, se otorgó una copia actualizada del certificado toda vez que se corroboró que las instalaciones continuaban en idénticas condiciones y si bien no consta la entrega, se encuentra agregada el acta de notificación suscripta por Lopreato.

La duración del trámite fue de 20 días.

Con relación al legajo de “Kory Huayra”, refirió que a fs. 72/3 se halla agregada una nota de fecha 25 de abril de 2000, por medio de la cual Banjay solicitó la renovación del certificado final que había sido otorgado en el año 1998. El ingreso de la presentación, en realidad, se produjo el 12 de mayo de ese año y fue asignado el oficial Bravo para hacer la inspección, elaborándose el informe el 24 de de octubre de 2000.

Enfatizó que con esta reseña quiso mostrar que la mecánica de trabajo explicada ya se aplicaba desde el año 2000, e incluso antes: Se desprende del legajo que el 16 de julio de 2004 concurrió a inspeccionar el local, hallándolo en iguales condiciones que las aprobadas. El trámite tuvo una duración de 28 días. Más adelante, con fecha 11 de enero de 2005, Esmok y Bonfoco inspeccionaron nuevamente el lugar e hicieron una serie de observaciones, explicando Banjay que había modificado la bajada de incendio. Indicó que ese cambio está totalmente prohibido, de modo tal que el certificado quedó invalidado. A fines del mes de enero se solicitó una copia actualizada del certificado y a fs. 85 luce agregado el informe elaborado por un suboficial auxiliar. Señaló que en este caso puede apreciarse que algún superior tuvo dudas y designó a personal de otro turno para que concurriera nuevamente al local a verificar los medios de salida. Este mecanismo se denomina contra-inspección. Refirió que del duplicado del expediente surge que Griffo no aprobó las instalaciones en la inspección realizada el 21 de marzo de 2006.

En cuanto al legajo del local “El Picaflor”, dijo que el pliego fue confeccionado en el año 1997, extendiéndose el certificado nro. 0099. Por nota de fecha 22 de enero de 2000 Rubén Fuertes pidió una copia actualizada de aquél. Concurrió el oficial Bravo a inspeccionarlo, hallando el local cerrado. El 29 de junio de 2003 Fuertes volvió a solicitar copia actualizada del certificado; no obstante, en dos ocasiones en las que se apersonaron a realizar la inspección el lugar se hallaba cerrado.

Posteriormente, en el año 2004, se presentó el declarante y corroboró que las instalaciones estaban en iguales condiciones a las aprobadas en 1997. En consecuencia, el 18 de marzo de 2004 se le otorgó la copia actualizada del certificado.

En el año 2005, el oficial Griffo verificó que se habían hecho modificaciones y que había colocado material combustible, pero no sostuvo que la anterior inspección estuviera mal. Del legajo duplicado se desprende que con fecha 10 de enero de 2007, el oficial Bonfoco elaboró un nuevo informe de inspección, otorgándose el certificado número 274 en un término de 6 días.

Aclaró que tal como surge de sus manifestaciones, en ningún caso el certificado se extendió en el día.

Respecto del legajo del local “Montecarlo”, refirió que se elaboró el pliego de condiciones y con fecha 10 de agosto de 2004 fue inspeccionado el lugar, aprobándose las instalaciones y otorgándose el certificado número 156. La duración del trámite fue de 25 días. A fs. 11, mediante un anota del 3 de marzo de 2005, Rubén Fuertes solicitó una copia actualizada del certificado, concurriendo Griffo y subsanando una serie de observaciones que no guardaban relación con los elementos constitutivos de la instalación contra incendios. A fs. 39 se solicitó una nueva copia. Luego de la inspección hecha por la oficial Messina, con fecha 15 de diciembre de 2005 se extendió el certificado con firma del Comisario Arbor cuando, en realidad, debería haber firmado el Subcomisario Abuin.

Indicó que al aclarar tal extremo pretendió demostrar que errores administrativos hay en muchos legajos.

Con relación al expediente de “Mundo Latino”, sostuvo que el pedido del titular es de fecha 30 de septiembre de 2004, habiendo concurrido Esmok a inspeccionar el 25 de noviembre de ese año. Ese mismo día se elaboró el informe, refrendado por el declarante, y se extendió el certificado. La duración total del trámite fue de 65 días.

En punto al local “Morena”, refirió que del expediente surge que el 29 de noviembre de 2004 la parte interesada presentó la solicitud y el 7 de diciembre de 2004 se hizo la inspección y se entregó el certificado, o sea que el trámite llevó 8 días.

Se detuvo en las observaciones realizadas en la inspección del 20 de enero de 2005 y dijo que allí hay una firma que parece del Principal Bravo y requerido por si era posible que de un mes a otro se hicieran tantos llamados de atención, señaló que son apreciaciones que corresponden al oficial que llevó a cabo la inspección.

Señaló que el personal de Bomberos debe verificar que la instalación contra incendios sirva y esté en buen estado de funcionamiento, que hay disparidad de criterios entre los oficiales y no todos hacen el mismo tipo de informes, que lo importante es cumplir con la O.M. 50.250 y no se puede exigir algo distinto a lo que figura en el pliego, mas puede hacer recomendaciones. El marco de una inspección debe seguir lo dispuesto en el pliego de condiciones y el oficial sólo puede agregar alguna recomendación. En el lugar se controla que existan las instalaciones y funcionen.

Sobre el legajo del local “Seu”, indicó que con fecha 13 de septiembre de 2004 solicitaron el pliego, que fue suscripto por el Comisario Inspector Jue. El informe fue elaborado por Esmok, que hizo la inspección el 4 de octubre de ese año y que refrendó el declarante. En esa misma fecha se otorgó el certificado final. Posteriormente, en mayo de 2005 concurrió Bonfoco, constatando que habían colocado policarbonato sobre la barra. Con fecha 20 de mayo de 2005, se verifica que se retiró ese material y se realizó una prueba práctica aprobada. Los restantes elementos estaban en iguales condiciones. Indicó que en el legajo duplicado se advierte una nota de fecha 13 de febrero de 2006 que carece de rúbrica; empero, le dieron ingreso. Sostuvo que esto corrobora que errores administrativos hay en abundancia.

En punto al expediente del local “Coyote”, refirió que el pliego de fecha 13 de marzo de 2000 sólo estaba firmado por el Comisario Burgueño, más carece de la rúbrica del Comisario Inspector. En el año 2000, luego de la inspección realizada por el oficial Bravo, se le extendió el certificado número 128. Con fecha 2 de julio de 2004, concurrió personalmente a inspeccionar el local y constató que las instalaciones estaban en iguales condiciones que las aprobadas originalmente, otorgándose copia actualizada del certificado.

En cuanto al legajo del local “El Teatro”, señaló que posee un pliego del año 2001, que a fs. 128 indicó que hay un sello del Comisario General Herrán que por error no fue rubricado. Con fecha 4 de junio de 2001 llevó a cabo la inspección y elevó el informe. Se entregó el certificado número 138 luego de 2 meses y 3 días. Con fecha 18 de mayo de 2004 Benevenia pidió una copia actualizada, la cual fue entregada después de 8 días. Refirió que del expediente duplicado se desprende que le entregaron una nueva copia actualizada del certificado el 14 de diciembre de 2005, habiendo sido el plazo de duración del trámite de 13 días. Sostuvo que era habitual que las diligencias las hicieran distintos autorizados por las empresas. Refirió que podían estar autorizados hasta por teléfono, aunque no hay constancia de alguna autorización de ese tipo en los legajos.

Expuso que un oficial podía recomendar la colocación de elementos que no están en el pliego, tal como se advierte a fs. 163.

Respecto del legajo del local “The Roxy”, dijo que surge una certificación de firma de Castroman hecha por él. Dicha rúbrica fue desconocida por quien la habría confeccionado, brindando el declarante igual explicación que para el caso de “Opera Bay”, es decir, que al final del día quien había recibido la nota le pedía que firmara la certificación. Explicó que un suboficial podía constatar la identidad del presentante, más no suscribir la certificación. Asimismo, señaló que confiaba en lo que sus subalternos le llevaban a la firma pues, de lo contrario, no podía llevarse adelante todo el trabajo. Refirió que había dado la expresa indicación de que verificaran que quienes concurrieran a hacer trámites estuvieran autorizados.

Puntualizó que debido a que en el año 2004 una persona ingresó a través de las oficinas de Bomberos hasta el despacho del Jefe de la Policía Federal Argentina, se ordenó que en la entrada se colocara un escritorio con personal que pidiera el documento a los concurrentes. En consecuencia, refirió que era posible que quienes ingresaban a hacer trámites no tuvieran en su poder los documentos para acreditar la identidad por haber sido dejados en la entrada.

Señaló que a fs. 30 hay un informe que fue confeccionado por él, lo reconoce por la manera de realizarlo, y que con fecha 14 de enero de 2005 la oficial Cabrera hizo observaciones erróneas, entre ellas que se ignifugara una madera que estaba en el exterior. En ese sentido, señaló que no es posible llevar a cabo esa tarea ya que esas ignifugaciones no sirven debido al accionar del agua de lluvia. A esto se refería cuando habló de disparidad de criterios entre los oficiales. Asimismo indicó que la oficial exigió la ignifugación de un panel de melamina; no obstante, en ese material no penetra el retardante de llama.

Sostuvo que muchos oficiales luego de lo ocurrido en “República Cromañón” comenzaron a pedir cosas que no deberían haber requerido.

Verificó en el libro de certificados el número que le corresponde a este local, surgiendo a fs. 10 del legajo que se otorgó el certificado número 217; empero, en el libro se desprende que ese número corresponde al local “Latino 11”, aclarando que estos errores no son por mala fe y se subsanan, porque no es posible que 2 locales tengan el mismo número de certificado.

Explicó que con el detalle de todos aquellos errores que advirtió en el trámite de los legajos quiso mostrar que Bomberos, por su concepción, es un destino operativo, no un organismo administrativo.

Señaló que la Escuela de Cadetes es netamente para capacitación contra incendios.

Exhibida la carpeta de color azul secuestrada en la sede de “Bausis”, con respecto al mail dirigido a Paonessa por una certificación de instalaciones en IRAM, refirió que integraba una comisión de IRAM dedicada a la recarga de matafuegos. Dicha comisión se reunía con los recargadores para mejorar la norma IRAM 3517. Rubén Fuertes le había preguntado acerca de la forma de certificar en IRAM porque Luis Perucca estaba interesado en hacerlo, pero como no tenía conocimiento sobre el tema le reenvió el mail a Paonessa, quien se especializa en incendios.

Sostuvo que en Bomberos se valen de la tecnología que van trayendo las empresas puesto que carecen de otros recursos. Expuso que el Código de Edificación no contiene pautas específicas en materia de incendios pues no copiaron esas partes de la Ley de Higiene y Seguridad. Por ese motivo, en la Superintendencia Federal de Bomberos, ante la aparición de la O.M. 50.250, no contaban con información sobre las centrales en vigencia. Los datos que poseían eran anteriores al año 1982, oportunidad en la que la División Inspecciones tenía a su cargo la prevención de incendios y aplicaba la Ley de Higiene y Seguridad.

Así narró que ante la duda de Rubén Fuertes consultó con diversas empresas, y finalmente le hizo el contacto con el Ingeniero Paonessa. Afirmó que a raíz de la consulta hecha por Fuertes se vio íntimamente obligado a retribuirle los favores, por ese motivo le hizo el contacto, desconociendo si concertaron alguna reunión, ya que su contacto con el ingeniero es meramente institucional.

Aclaró que hizo referencia a Perucca como “íntimo amigo” que se quería contactar con él pues, de lo contrario, tal vez no lo atendía.

En punto al mail dirigido a Mario Paonessa, de fecha 7 de febrero de 2005, refirió que es en contestación a otro que le había enviado a raíz de la publicación de una nota en un diario, en la que salió con Gustavo Benzi inspeccionando el local “Castelbamba”.

Respecto del mail dirigido a Perucca de fecha 1 de febrero de 2005, sostuvo que se lo remitió en razón de una consulta hecha por Rubén Fuertes, dado que no tenían producto ignifugante y sabía que el Sr. Edgardo Spector quería averiguar la forma de certificar uno. Entonces, le dio el dato para que hablara con Luis Perucca, con quien su esposa tenía una relación comercial.

Explicó que Fuertes le propuso a su mujer, Viviana Vigne, integrar una sociedad dedicada a trabajos con ignifugante, en la que debía ver los lugares, sus necesidades y elaborar un informe.

En relación con las pruebas para el producto de Spector, a las que se hace referencia en el mail, indicó que son la única forma de saber si el producto ignífugo sirve, y para ello es suficiente con medio litro.

Respecto del mail de fecha 7 de febrero de 2005, dirigido a “El Mogador”, refirió que la contestación le pertenece, que se trata de una consulta que le habían realizado y como lo superaba les dio la tarjeta personal para que se comunicaran luego con Perucca de “Bausis”, o Fuertes de “Ipex”. Del lugar le pidieron alguien que pudiera orientarlos, brindándole el declarante los datos de “Bausis” e “Ipex”, pero aclaró que no tenían obligación de contratarlos.

Refirió que utilizó su casilla de correo electrónico personal pues es la que figura en la tarjeta y agregó que si bien la división posee una casilla, jamás la usó porque sólo el jefe de la dependencia tiene la clave.

Señaló que Fuertes, hacia el año 1998 ó 1999, comenzó a hacer trámites en Bomberos, y lo conoce desde entonces, que no lo considera un amigo pero sí un conocido que le ha hecho consultas por fuera del horario administrativo. Continuó relatando que hacia el año 2000 nadie quería atenderlo porque era considerada una persona pesada, que tardaba en las consultas, lo que motivó que lo atendiera los días que estaba de guardia.

Con respecto a Luis Perucca sostuvo que el trato fue netamente institucional, es decir, que cuando tenía alguna duda técnica lo consultaba por vía telefónica, que habló tanto con Perucca como con Hernán Ventayol, quien trabaja para “Bausis”, y que hacia el año 2005, la relación fue algo distinta, a raíz de la propuesta de trabajo que le hicieron a su mujer.

Para ese momento, Perucca hizo varios llamados a su domicilio particular, contando el deponente que su esposa laboraba en la empresa “Cienfuegos” como técnica en pirotecnia, tanto nacional como internacional, y pese a los riesgos que ello implicaba cobrara un sueldo de empleada administrativa.

Expuso que una técnica debe relevar el lugar y verificar los riesgos para diagramar los elementos convenientes de a acuerdo a la seguridad.

Dentro de los puntos de la Ley 2299 del RENAR, está establecido que un técnico debe tener conocimientos en materia de seguridad contra incendios, por lo que concurrir a un local para determinar qué es lo que se debe ignifugar resulta algo sencillo.

Concretamente interrogado respecto de la frase “…vino como un jilguero para que lo asesore…”, indicó que se trata de una expresión dicha al azar, sin significación alguna y desconoció los motivos por los que su nombre aparece en las carpetas de Fuertes.

Sostuvo que Fuertes le pidió disculpas porque le produjo un grave daño, no sólo económico sino espiritual, puesto que en su familia es la tercera generación de bomberos.

Refirió que tuvo la oportunidad de ver esas anotaciones y adujo que son incongruentes dado que figura su nombre con porcentajes mayores a los asignados al socio de Fuertes. Indicó que tuvo una discusión importante con Fuertes la noche de los allanamientos, agregando que supo de las anotaciones porque uno de los oficiales que participó de ellos es hermano de un compañero de trabajo y se lo dijo.

Señaló que recién retomó su relación con Fuertes cuando lo operaron del corazón durante este año.

A Luis Perucca no le pidió explicaciones ya que las anotaciones fueron halladas en el domicilio particular de Fuertes.

Respecto de la empresa “Baipex” refirió que es una sociedad que no se formalizó debido a los hechos de público conocimiento y que actualmente con lo ocurrido, “por su dolor”, cortó toda relación con Bomberos y no regresó a la división.

Señaló que son muchas las cosas que se han dicho y no son ciertas tales como que su mujer vendía los certificados. Indicó Nodar que no siempre atendía al público y, en caso de hacerlo, les dio tratamiento igualitario a todos los que se presentasen.

Refirió que hizo toda la carrera de oficial subalterno en el Departamento de Incendio y que la institución lo envió a hacer infinidad de cursos de capacitación dados por distintas empresas, de las que mencionó a Kide y CIPA, entre otras. Seguidamente exhibió una carpeta del año 2003 que le dieron en la Superintendencia Federal de Bomberos, que tiene el auspicio de una empresa privada, explicando que en todo lo que atañe a prevención de incendios tuvieron que reunirse con elementos proporcionados por las empresas, pues la Policía Federal no contaba con esos recursos y no se pueden aprobar sistemas si no conoce el uso, conocimiento que brindaban las propias firmas, agregando por último que el asesoramiento era recíproco.

Con relación a los legajos sostuvo que, a veces, la persona concurría con una nota pero le faltaba algo. Entonces le explicaban lo que debía cumplir. Una vez que realizaba las modificaciones pertinentes, presentaba la misma nota que había llevado en la primera ocasión y, por ese motivo, no tenía la fecha en que realmente fue dejada en la dependencia sino una anterior.

Señaló que, en general, cuando ingresaba una nota el local ya contaba con instalaciones contra incendios antes de que se elaborara el pliego. Explicó que en casos puntuales es posible hacer una inspección antes de la finalización de la obra y que se trata del caso de la inspección de cañerías, aclarando que antes del año 1982 había un anteproyecto y luego un proyecto, entre ambos se realizaba una inspección previa a la final; sin embargo, eso dejó de hacerse.

Explicó que la inspección de cañerías no figura porque cuando abona el sellado lo que se cobra es la inspección final, de modo tal que está incluida. Manifestó que estuvo 14 años en Bomberos, lapso en el que fue tentado muchas veces a recibir algún dinero extra; lo dejaron allí justamente por la confianza que le tenían y debido a que figura en muchas anotaciones pidió que se requiriera su registro patrimonial que su anterior defensor no incluyó como prueba, eso a los efectos de mostrar que sólo tiene un departamento que todavía está pagando y un vehículo del año 1994.

Sostuvo que no fue tentado a recibir contribuciones por parte de Fuertes o Perucca, agregando que los equipos de personal para desarrollar las tareas en las divisones estaban formados por 7 personas.

Señaló que no tiene conocimiento de que “Bausis” haya dictado cursos para la Superintendencia Federal de Bomberos, ya que no era una firma que patrocinara congresos, añadiendo que en el primer piso de la división hay un sistema de detección que fue donado por una empresa y a muchas personas se las ha hecho subir para mostrarles el funcionamiento.

Indicó que “Bausis” es una empresa importadora y muchos de sus productos son de origen español, lo que facilita la prueba de funcionamiento pues el panel de control está en ese idioma, agregando que en La Rural cuentan con un sistema de barrido por láser en lugar de detectores en el techo, de modo tal que el oficial que inspecciona debe conocer el funcionamiento y luego transmitirlo a los demás en la academia. Refirió que es normal la realización de ese tipo de eventos que eran organizados por la superioridad, además de aquellos previstos reglamentariamente, estando la capacitación a cargo del jefe de la dependencia. Agregó que en ocasiones “Bausis” acercaba folletos de nuevos productos, y cree que hizo llegar una serie de detectores a la División Prevención.Sostuvo que el asesoramiento sobre productos en particular era el motivo por el cual muchas veces no era suficiente la hoja con requisitos, sino que se necesitaba una consulta particular.

También se pronunció sobre su relación con Fuertes, comentando que trascendió lo institucional cuando le diagnosticaron la diabetes, puesto que Fuertes se interesó en su salud y él a su vez respecto de la esposa de Fuertes, que fue intervenida quirúrgicamente Pese a ello, indicó que no era usual que se reunieran. A su vez Fuertes conoció a Viviana Vigne en oportunidad en que le hizo un ofrecimiento laboral, y en el marco de una charla informal su mujer le comentó que él era principal en la Superintendencia Federal de Bomberos.

Señaló que, en realidad, se sentía en deuda con Perucca porque nunca le pedía cosas y, por ese motivo, le hizo el contacto con Paonessa. Perucca por su parte se había tomado muchas veces la molestia de atender sus consultas técnicas; y él creyó tener la obligación de ayudarlo.

Señaló que este trato lo tenía con todas las empresas que colaboran con Bomberos; por ejemplo, si podía lograr que quienes donaron el sistema de detección obtuvieran más rápidamente el pasaporte lo haría a modo de cortesía y que para el año 2004 era jefe de turno en la División Inspecciones.

En cuanto al criterio de asignación de las inspecciones, sostuvo que para repartir el trabajo tenía en cuenta la cercanía de los lugares y el tiempo que hacía que había ingresado el trámite, además de las inspecciones programadas que debían cumplir y ello teniendo en cuenta que durante el año 2004 sólo contaba con tres oficiales y que el total del personal que podía hacer inspecciones, incluyéndolo a Esmok, era de 7 personas, sin tener en cuenta las licencias que debían cubrirse. Aclaró que la fecha que surge en el libro coincide con la entrega del certificado, no quedando asentado en los registros el día de la inspección y que por ese motivo el Subcomisario Abuin dispuso hacer una lista con la fecha exacta de la inspección.

Continuó relatando que hacia el segundo semestre del año 2004, decidieron separar en casilleros los legajos correspondientes a los locales de baile puesto que los propietarios se quejaban por las demoras en los casos en los que estaban clausurados, agregando que mientras trabajó las inspecciones de las Divisiones Inspecciones y Prevención estaban mezcladas, pero que no sabe si eso es actualmente así.

Seguidamente, se le exhibió el libro de certificados, y visto que durante el año 2004 le fueron asignadas 16 inspecciones y a Esmok 6, señaló que habría que ver el libro de escalafón y que también inspeccionó locales que no eran de baile y eso no está registrado en el libro.

Sostuvo que es posible que haya inspeccionado locales que contaban con certificado original y sólo se les dio copia actualizada, registrándose en el libro únicamente los casos en que se emite el primer certificado.

Señaló que la ignifugación no era exigida por la Superintendencia Federal de Bomberos, sino que era sólo una recomendación como alternativa para casos en que había una importante carga de fuego, o sea, la presencia de gran cantidad de elementos combustibles, además de ser un punto exigido en las inspecciones conjuntas que se hicieron entre los meses de mayo y junio de 2004. Menciónó a “Previnea”, “Bausis”, “Venier” entre las empresas que prestan este servicio indicando que para que sirviera el retardante aplicado debía contar con aprobación del INTI y una certificación de que había sido colocado conforme a ciertas pautas, dejando en claro que la ignifugación nunca fue un requisito para emitir el certificado final.

Refirió que “Venier” siempre fue un producto admitido, con la condición de que tuviera un certificado de aplicación y que después de lo ocurrido en “República Cromañón” faltó en plaza el retardante de llama.

No supo explicar por qué en uno de los mails que envió utilizó la expresión “…el barba nos escuchó”, agregando que todo profesional especializado en higiene y seguridad está en condiciones de aplicar correctamente un retardante de llama que debe ser colocado por un profesional o empresa que se responsabilice por la colocación. El proceso de aplicación es igual para todos los ignifugantes sin distinción de marca.

Refirió desconocer la capacitación de Fuertes respecto de ese tema, puesto que jamás se interesó. En el caso de Perucca, ante consultas técnicas de ese tenor le pasaba la comunicación con Hernán Ventayol.

A su turno LUIS ALBERTO PERUCCA, indicó que conoce a Rubén Fuertes desde 1996 o 1997 y que éste se presentó en la empresa solicitando precios de equipos de incendi e hizo una compra y luego con mayor asiduidad. Con el tiempo compraba equipos y pasaba precios por la mano de obra, ocupándose de la gestión comercial y después comenzó a facturar. Refirió que de la parte comercial se ocupaba Rubén Fuertes. El dicente dijo que él le daba equipos con un margen de ganancia y Fuertes ponía el precio final de lo que se tenía que facturar.

En cuanto a Nodar dijo que solicitaba información técnica sobre distintos equipos, centrales, detectores, y otros; se le preparaba el material que necesitaba, fuera por mail o un paquete que pasaba a retirar.

Continuó relatando que en una época buscaban precio de ignifugantes ya que habían subido mucho y el deponente se ocupó de averiguar para comprar a granel y distribuir en los distintos comercios, agregando que Bausis no se ocupaba de locales bailables sino de empresas grandes, tales como automotrices, laboratorios, petroleras, y otras, lo que les permitía tener un buen precio en el mercado.

Contó que Bausis, sita en Achával 537, comenzó a funcionar en 1994, producto de su asociación con un amigo -Walter Lois- y que anteriormente trabajaba en una empresa denominada “Dinke” que también se dedicaba al rubro de protección contra incendios.

Preguntado puntualmente por los conocimientos de la materia en que se desempeña dijo que es técnico superior egresado en electromecánica, y que ha cursado hasta segundo año de la carrera de administración de empresas en la UADE, además de cumplimentar cursos sobre seguridad e higiene.

Continuó recordando su relación con Fuertes, que tenía cuenta corriente con ellos como tantos otros clientes, tratándose de una relación estrictamente comercial, agregando que.antes no conocía a Nodar y no supo decir si fue con personal de la Superintendencia Federal de Bomberos o si llamó por teléfono.

A partir de 2000 o 2001, Nodar mantuvo contacto con Bausis para solicitar información técnica, lo que recordó a raíz de los hechos de autos.

La integración de Bausis cambió entre los años 1996 y 1997, incorporándose su señora.

Continuó relatando que el tema del retardante surgió a raíz del aumento de demanda hacia los años 2003 y 2004, indicando especialmente que Fuertes en esa época era un agente comercial libre al que Bausis le facturaba.

En relación a la búsqueda de un retardante a buen precio se fijó en la guía de la industria, en el rubro “Químicas”, por empresas relacionadas con el tema.

Mencionó que Fuertes a veces requería soporte técnico de la empresa para hacer instalaciones en locales bailables, que consistía en brindar algún personal adicional para hacer una instalación o hacer la puesta en marcha de algún equipo y que estas demandas eran atendidas con personal de Bausis, que a veces pagaba el cliente o Bausis; aunque no se habló de fusion ni de integración, Fuertes propuso la formación de una sociedad para vender retardante de llama e instalaciones contra incendios, más allá de la continuidad de Bausis. La sociedad iba a ser BAIPEX, y se integraría con Fuertes, Vigne y el dicente.

Contó que transcurrido un tiempo supo que Vigne era la esposa de Nodar y que Fuertes se la había mencionado como técnica en pirotécnica, que los podia ayudar con sus conocimientos por el tema de los retardantes.

La vio dos veces en Bausis cuando comenzó a hablarse de la sociedad, en el transcurso de dos o tres semanas, pero no pudo recordar si supo que era la esposa de Nodar a través de una charla con ella.

Señaló que cuando se estaba gestando Bausis, cree que Nodar no solicitaba la información técnica pero sabe que igualmente se ha enviado información técnica a la Superintendencia Federal de Bomberos, la que va dirigida a la institución en forma genérica de no conocerse quien es el solicitante en particular.

Contó que BAIPEX no llegó a funcionar por varios motivos: uno de ellos fueron las dudas sobre la incompatibilidad de la esposa de Nodar, que consultó con un abogado; después sucedieron los allanamientos y quedó todo en la nada.

Recordó que Fuertes le envió un mail para que se comunicara con Esmok solicitando un plano, más no recuerda haber llamado, aclarando que normalmente se hace un plano del proyecto y que en estos casos no los hacía Bausis.

Ante la exhibición de la nota del 5 de marzo de 2005 dirigida a la Escribana Colomer reconoció su letra y su nombre, aunque no es su firma, datando de cuando se estaba formando la sociedad BAIPEX, época en que estaban viendo si podía ser una S.R.L. o una S.A. y el tema de las incompatibilidades de Vigne.

En cuanto a la escritura n°61 del 18 de marzo de 2005, tras señalar que sólo es una copia sin firmas autenticadas, señaló que se la pidió a la escribana y que nunca se firmó, no recordando haber concurrido a la escribanía para esa época, desconociendo que Vigne era la esposa de Nodar, lo que supo luego.

En cuanto al formulario del GCBA n° reg. 300 entregado por Baipex -11/4/05- a la Secretaría de Defensa del Consumidor dijo que en la tercera foja hay tres firmas, y no supo brindar explicaciones teniendo en cuenta sus dichos precedentes, refiriendo finalmente que tiene entendido que no es necesario hacer el contrato social para hacer las pruebas, más allá de no recordar que Vigne haya pedido pruebas en nombre de Baipex.

Ante la exhibición del mail dirigido por Nodar a Paonessa, fechado el 3 de febrero de 2005, que se encuentra en la carpeta de color azul dijo que él no hizo esa solicitud y que trabaja con otras normas.

En cuanto al dirigido por Nodar al declarante el 1 de febrero de 2005 señaló que estaban en la búsqueda del retardante a través de las químicas y que hay un listado de doce químicas confeccionado de su puño y letra, aunque ignora la razón del mail.

Nodar era para él un inspector de la Superintendencia Federal de Bomberos y el declarante el dueño de Bausis, no había entre ellos ningún tipo de relación, además no necesitaba de las recomendaciones de Nodar.

Si bien no recordó nada sobre el mail del 4 de enero de 2005, supuso que se hace referencia a una cotización que haría él durante un viaje de Fuertes.

Nuevamente ante la exhibición de diversa documentación contenida en la carpeta marrón con las iniciales “PT”, recordó el mail del 16 de enero de 2004, motivado en un atraso en los pagos, sin poder explicar a qué se refiere con la frase “presionar un poco”.

No recordó los mails del 14 y 15 de enero de 2004 entre Ipex y Piazzola Tango y en cuanto a la lista de personal autorizado en una nota con membrete de Bausis dijo que algunas de las personas que le proveía a Fuertes para que hicieran sus trabajos eran Montenegro, Santucci y Ponce.

En cuanto a la carpeta secuestrada, no recordó el motivo de la nota a García relacionada con Mundo Latino, negando su confección, la que podría ser de alguno de sus empleados como Alejandra Velázquez o Aurelia Bandego.

Ante la exhibición del certificado con membrete IPEX- BAUSIS, señaló que Bausis facturaba e Ipex era el operador comercial, negando conocer con quienes trabajaba Fuertes y aduciendo que nunca le interesó preguntarle.

Señaló que en algunos casos los clientes de los locales bailables abarcados por la ordenanza n° 50.250 llamaban y eran derivados a Fuertes que sabía del tema y estaba en su oficina o en su casa. Que él tomaba nota y le pasaba el mensaje, agregando que Baipex iba a funcionar en la casa de una tía de su esposa sita en Salguero 69, que se las prestaba, señalando que no era su interés que funcionara en Bausis o en su casa.

En cuanto a la búsqueda del retardante finalmente dieron con una empresa química del partido de San Martín, creyendo que se hicieron los trámites de aprobación ante el INTI, desconociendo los motivos por los que en la nota del 1 de abril de 2005 dirigida a Defensa y Protección del consumidor Fuertes se presentó como Baipex y dio como domicilio el de la calle Achával, - sede de Bausis-. Reiteró la existencia del listado de doce empresas químicas y de otros retardantes, aunque no logró dar precisiones.

Retornando a las funciones que se asignarían a Viviana Vigne mencionó que además de las tareas administrativas ella iba a salir por sus conocimientos técnicos para ver qué lugares habría que ignifugar, reiterando que todo lo de los locales lo derivaba a Fuertes.

Explicó que el modo de trabajar consistía en que Fuertes solicitaba valores de equipamiento, él le pasaba el presupuesto y se estimaba un costo por instalación con una mínima utilidad, ya que la idea era ser competitivo en el mercado. Aclaró que la utilidad de Fuertes estaba fuera de esto y que a mucha gente que pedía presupuestos se les pasaba con membretes de Bausis y la empresa con la que se hacía el contrato comercial, aclarando que por el tipo de instalaciones que requerían un asesoramiento, para no quedar inutilizados con las pruebas, es que debía haber un contacto con la empresa proveedora del equipo. Ello además de enviar muchas veces información a personas que no eran clientes.

Finalmente relató que uno de los objetivos de Baipex iba a ser la venta minorista y aplicación del retardante de llama como punto de comercialización, siendo que Bausis no aplicaba ignifugante, aclarando que Baipex no tenía sentido si no encontraban el retardante de llama a bajo precio.

Negó haber efectuado trámites ante la Superintendencia Federal de Bomberos y señaló que nunca se le sugirió que tuviera que abonar dinero alguno a la policía para la obtención del certificado, teniendo la creencia de que la imputación a su respecto estriba en los elementos secuestrados en la casa de Fuertes.

Por último, admitió que es posible que haya hablado con Vigne por teléfono en alguna oportunidad, señaló que a Capozzo lo conoció al concurrir a declarar, desconociendo que Marcelo Esmok era personal de la Superintendencia Federal de Bomberos, a quien- según cree- nunca ha llamado.

Aclaró que Bausis se dedicaba a otros rubros, no a los salones de baile, siendo Fuertes un agente comercial libre a quien le comenzaron a pedir la colocación de un retardante de llama y él podría comprarlo a granel para distribuir, siendo que el Gobierno de la Ciudad lo pedía no sólo para los locales de baile sino también para el que quisiera colocarlo y Fuertes era el que tenía los contactos con los locales bailables y de espectáculos, a raíz de la aparición de la ordenanza n° 50.250, todo lo que le comentó el mismo Fuertes. Agregó por último que la búsqueda se orientaba al hallazgo de un retardante ya aprobado.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje