Página principal

Poder Judicial de la Nación ///nos Aires, 13 de febrero de 2008. Y vistos


Descargar 1.32 Mb.
Página8/20
Fecha de conversión21.09.2016
Tamaño1.32 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

Alberto Conrado Corbellini refirió que deseaba explicar lo ocurrido y comenzó haciendo alusión a la ordenanza 50.250 dictada en diciembre de 1995, que modificó las exigencias para los locales de baile, requiriendo un certificado expedido por la Superintendencia Federal de Bomberos, en ese entonces de renovación anual, cuya aplicación data de 1996.

El procedimiento no estaba reglamentado, por lo que en la Superintendencia había disposiciones internas, y también se aplicaba una parte del Código de Edificación y ley de Seguridad en el Trabajo, aclarando que aunque en el expediente se habla de habilitaciones, no es así, por cuanto ello es materia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y lo actuado por Bomberos sólo es un certificado que forma parte de la documentación para la habilitación y actualmente se procede de igual manera que en otras épocas.

Señaló que nunca se le exhibió documentación, legajos ni firmas. Expresó que el trámite en Bomberos comienza con la presentación del interesado, con un proyecto y planos que éste debe aportar. Los proyectos debían contemplar hidrantes, matafuegos, detectores de humo, servicio de luces de emergencia, señalización, todo ello de acuerdo a la superficie del local. Cuando esto estaba cumplido, se consideraba que estaba para “la firma”. El trámite se adjudicaba a una persona y debía quedar la obra realizada conforme el proyecto. Detalló que debido a que existían requisitos que tenían que ser cumplidos, había consulta permanente a medida que se iban efectuando las instalaciones. Cumplido, se aprobaba y se devolvían dos planos al interesado.

Aclaró que eran tres juegos de planos, uno iba al legajo de la Superintendencia, y los otros dos se restituían con constancia de entrega. Así, el propietario solicitaba una inspección, la cual se realizaba con control del cumplimiento del proyecto aprobado.

Precisó que las Divisiones Prevención e Inspección compartían el espacio físico, y que el personal cumplía horario de veinticuatro por treinta y seis horas, trabajando día por medio. Un día estaba de guardia un oficial de la División Prevención y al día siguiente lo estaba el de la División Inspecciones, fue de ese modo durante los años 1997 y 1998, con conocimiento de la superioridad.

Puntualizó que en el sector había personal idóneo, tales como arquitectos, maestros mayores de obras y especialistas en higiene y seguridad tratándose de mantener a este personal por su calificación profesional.

Agregó que Nodar pertenecía a Inspecciones, y él no era su superior, siendo que el oficial a cargo del trámite hacía un informe de la inspección en los locales.Luego el hacía el “elevo” con su opinión, el Comisario Inspector la visaba y el Comisario General aprobaba la instalación y ordenaba otorgar el certificado. Firmaba la copia que quedaba en el legajo.

Para solicitar la reválida el procedimiento era parecido, pero con menos exigencias para la firma, él aprobaba lo que hacía el oficial que iba y archivaba la copia actualizada con constancia de entrega de la reválida.

Añadió que los oficiales que hacían inspecciones iban a varios lugares en ómnibus, con los legajos que se llevaban a su casa para reintegrarlos la próxima vez que asistieran a la oficina y que, por eso, muchas veces no surge la fecha en que verdaderamente se llevaba a cabo la inspección, mencionando que lo aclara ya que se ha hablado sobre la rapidez de la emisión del certificado.

Señaló que luego del año 2005, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que la reválida debía realizarse cada tres meses, con lo que se dejaron sin efecto los certificados existentes y los tuvieron que tramitar todos nuevamente, comenzando a hacerse el control con personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De todos modos la instalación de un local se seguía revalidando al cumplir con la normativa.

Refirió también que en el ámbito de la Superintendencia de Bomberos en marzo de 2.005, se cambió el nivel de firma al modificarse el reglamento de certificados: primero el oficial inspector, luego el Jefe de Prevención y por último el Comisario Inspector.

Aclaró enfáticamente que no participó en negociaciones con la empresa Ipex, Bausis u otra; y lo que sí ordenó es que en todos los casos se constataran los pasos exigidos para entregar el certificado, aclarando que se mencionaron anotaciones realizadas durante el año 1997 y que para esa fecha no prestó funciones en la División Prevención ni en Inspecciones.

Finalmente señaló que se lo acusa por anotaciones halladas al imputado Rubén Fuertes, que él no hizo y así lo determinaron los peritajes, no hay diferencias en su patrimonio, lo que surge de sus resúmenes bancarios y las declaraciones juradas que ha cumplimentado.

Especificó que llegó hasta esta etapa siéndole imputado el delito de negociaciones incompatibles y ahora se lo acusa de cohecho reiterado.

Luego a preguntas formuladas relativas a la ordenanza 50.250, reiteró que ésta nunca fue reglamentada y que hasta el año 1982 la Superintendencia tenía el deber de entregar certificados a garajes, boliches, y otros y los que solicitaban el trámite traían los planos de arquitectura ya realizados –un anteproyecto- y la policía dibujaba la instalación en ellos. Se devolvía el anteproyecto, el interesado lo cumplía, pedía la aprobación, se iba a inspeccionar y se observaba que el anteproyecto dibujado por Bomberos estuviera en idénticas condiciones en el lugar. Finalmente se devolvía el proyecto diciendo que estaba aprobado y el particular pedía por nota que se inspeccionara el lugar y si estaba todo bien se otorgaba el certificado final. Con la ordenanza municipal 36.973 del año 1982, en Bomberos ya no tenían más facultad para dibujar, sólo asesoraban. Agregó que en un mismo ámbito físico funcionaban las Divisiones de Inspección y Prevención y que en el año 2004, había tres oficiales y tres suboficiales en cada una de aquéllas, que hacían las inspecciones. El cabo Esmok, por ser maestro mayor de obra, estaba autorizado a realizarlas, Nodar era el oficial de la División Inspecciones y en consecuencia no era su subordinado directo. El equivalente en Prevención era Hernández.

Continuó relatando que el certificado tenía una vigencia de un año y recordó que en el año 2002, al vencimiento se estilaba a remitir un telegrama comunicando a los interesados el vencimiento de aquél. No había un control y muchos telegramas resultaban infructuosos. Explicó que no tenían poder de policía, que no eran el órgano de control, lo cual era competencia de la Municipalidad.

Explicó que el interesado concurría a asesorarse sobre la instalación; y que era gratuito, consultando generalmente al volver a la persona que lo había atendido. Adujo que a veces las demoras en entregar los certificados obedecían a que no realizaban los trabajos que el local requería, reiterando que se debían aportar tres juegos de planos, uno iba al legajo y los otros dos se los daban al interesado, constatándose que estuvieran firmados, lo cual podía hacerlo el interesado del local, ya que no era necesario que estén suscriptos por un arquitecto. Aclaró que cuando el inspector concurría al local, si la falencia era menor, se avisaba verbalmente al interesado, pero cuando el defecto era significativo aquél era notificado por escrito e indicó que normalmente las anomalías no eran de magnitud, pues cuando el interesado solicita la inspección lo hace en el entendimiento de que el local se encuentra en condiciones.

Señaló que Marcelo Esmok pertenecía a División Prevención, desde hacia 17 años y no poseía autorización para realizar tareas extra policiales.

Ante la exhibición del legajo correspondiente a Pizza Banana, respec to de fs. 11 vta. relacionada con una solicitud efectuada por un particular llamado Lopreato, dijo Corbellini que allí se insertó el sector hacia donde fue girada la documentación; en el caso a la División Prevención y la firma del oficial o del suboficial que la había recepcionado, en tanto que el día 21/12/04 obra la constancia del retiro, aclarando que no se dejaba constancia del retiro por otra persona ya que era algo informal y que él no miraba permanentemente la salida y entrada de expedientes, ni lo relativo a la entrega del certificado, no habiendo dado al respecto ninguna directiva al personal. Reconoció como propia la firma de fs. 12 y explicó, respecto del plano de fs. 15, que iba con el oficial a realizar la inspección, desconociendo a las personas que suscriben el plano, viendo que a fs. 16 hay una certificación expedida por Ipex y Bausis respecto a la aplicación de retardante de llamas.

Señaló que en el año 2004 Alimena pidió información, que se publicó en Clarín y que comenzaron a hacerse inspecciones conjuntas con personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dada la cantidad de locales mencionó que concurría junto a Benzi, aclarando que en el ámbito del Gobierno de la Ciudad se pedía un certificado de ignifugación, que es un retardante para bajar la carga de fuego, por lo que se solicitaba que la empresa que lo hacía explicara lo que había realizado en el local y extendiera un certificado.

Reconoció su aprobación a fs. 25 -inspección final realizada por Esmok y Baremboin-, también a fs 26 y 27 y aclaró que todo está fechado igual ya que se hizo todo en el mismo momento; esto es, todos los elevos son confeccionados por el oficial, explicando que podía o no coincidir con la fecha en que en verdad se realizó la inspección.

Con relación a la nota de fs. 29 pidiendo la reválida de certificado final con el número de D.N.I distinto al de la nota original, explicó que ello obedecería a que uno es DNI y otro CI, pero ante la atención del Sr. Fiscal de que a su vez ello no coincide con el número que surge de fs. 11 vta., argumentó que podía haber pasado otra persona a retirar el certificado.

A la exhibición del legajo ¨Opera Bay”, donde surge la autorización de Fuertes y certificación de firmas del Sr. Mauro realizada por Nodar, aclaró Corbellini que se certificaba la firma si se presentaba un gestor, pero era algo que a veces se hacía y a veces no. Con relación a fs. 4 vta., refirió Corbellini que aparentemente no se retiró el certificado, no aparece el recibo por entrega de documentación, ello es un error administrativo del que lo entregó, que debía haber dejado constancia.

Visto que el certificado del retardante está glosado después del certificado final, y que según las fechas el retardante se aplicó después de la fecha de otorgamiento del certificado, contestó Corbellini que se debe preguntar al propietario si estaba o no el piso entablonado al momento en que se realizó la inspección, agregando que de haber existido el piso entablonado en la inspección, no se hubiera dejado constancia, expresando que el certificado se incorporó por si había alguna solicitud de algún organismo estatal para saber lo que tenía el local y que producido un incendio constituye un apoyo logístico a las dotaciones para saber qué tiene el local a efectos de combatir el siniestro.

Teniendo a la vista la foja 16, en que hay una nueva inspección del 13/1/05, dijo Corbellini que era normal, que hay una normativa de obligación de conservar las instalaciones contra incendio en óptimas condiciones de funcionamiento, que se trata de una inspección con observaciones posteriores a la entrega del certificado, que en ese lugar se les quemó la bomba y quizá ello afectó la instalación eléctrica.

Señaló que el jefe de gobierno dispuso que los controles pasaran a ser cada 3 meses, agregando al observar el acta de notificación de foja 24, que es similar a la circunstancia que mencionó y que ese tipo de acta se empezó a utilizar dado que los locales de baile hacían modificaciones, aunque era obligación conservar el lugar, careciendo de poder para controlar si se cambiaba algo después de la inspección, resultando el certificado válido siempre que no haya cambios del punto de vista decorativo o arquitectónico.

Seguidamente y ante la exhibición del legajo de ¨El Teatro¨, reparó en la presentación de Fernando Benevenia – fs. 137-, cuya firma certificó Nodar y no hay autorización a realizar gestión alguna y mencionó que a fs. 124 hay una solicitud realizada de la misma manera en la cual está certificada la firma y no se designa a ningún representante, pero que no había norma para saber en qué casos se certificaba la firma y en cuales no.

Preguntado puntualmente por la letra “B” colocada en una foja del legajo Corbellini solicitó que se le requiera explicación de ello al Comisario Mayor retirado Burgueño, que es la persona que -según dijo- la colocó y explicaría por qué la insertó y que sabe eso porque conoce la metodología de aquél y que Burgueño estampaba la ¨B¨ cuando intervenía.

Reparó en que al 19 de mayo de 2004 -cuando se presentó la nota- Burgueño era director de la Dirección General de Protección Federal de la que dependía el Departamento de Seguridad contra Incendio, del que a su vez dependían las Divisiones Prevención, Capacitación e Inspecciones y que podía intervenir en la tramitación de Bomberos como supervisor, en tanto que en la tramitación formal no intervenía.

Ante preguntas sobre lo actuado a fs. 138, se trata de una actualización de una certificación en trámite, que Nodar informa que se constituyó en el lugar y como estaba todo de acuerdo, se expide la actualización con fecha 27 de mayo de 2004.

Ante el contenido de fs. 141 - certificado de aplicación del retardante- y fs. 142 -nueva inspección en la que se precisan anomalías- que resultan contrapuestas con la documentación incorporada, respondió Corbellini que los usuarios de los locales del baile hacen variaciones en las condiciones del lugar.

En cuanto al pedido de reemplazar puertas de madera efectuado en la inspección del mes de enero, dijo que habría que interrogar al oficial que fue a hacer la inspección dado que depende de cada puerta, no necesariamente está prohibida la utilización de una de madera. Analizó distintas circunstancias del legajo en la que aclaró por ejemplo que el certificado del INTI, de acuerdo a la fecha del mismo, tenía que ver con el material acústico del techo y se pedía que los paneles cumplieran con las normativas que el INTI exigía a partir del año 2005, especificando que antes de ese año, el INTI hizo muy poco por la seguridad y por Bomberos.

Acerca de la ¨B¨ que aparece al dorso de fs. 143, y también la que en el el legajo de ¨Morena¨luce a fs. 13 vta. señaló que no le consta quien la insertó, en qué momento y si fue antes o después del secuestro del legajo y al interrogarlo el Sr. Fiscal General acerca de por qué antes señaló que se le debía preguntar a Burgueño, y ahora dice otra cosa, expresó que le gustaría ver legajos del año 1997 o 1998 para poder cotejar si corresponde a la misma letra de Burgueño.

Con relación a su intervención en el otorgamiento del certificado de fecha 7 de diciembre de 2004 y a lo actuado a fs. 18 en donde consta que el 20 enero de 2005 se produce una nueva inspección y que allí las indicaciones no son facultativas, Corbellini explicó que en lo que respecta a eliminar trabas de la puerta de salida, podía ser que desde que se hizo la inspección en diciembre hasta el mes de enero siguiente se había colocado esa traba en la puerta y sobre las observaciones vinculadas a la iluminación de emergencia insuficiente, sostuvo que habría que preguntarle al oficial que firmó si se valió del elemento con que cuenta la dependencia para determinar si la luz de emergencia es suficiente o no, recordando que en ese local hubo un problema con un piso superior que estaba cerrado, tabicado, y por eso la señalización era insuficiente porque consideraba el plano superior como de uso.

Continuó relatando que la Ordenanza Municipal 45.425 dispone que se deberán tratar con un retardante de llama los medios de salida que sean combustibles y no se puede imponer que la persona modifique cosas de madera, sino prever los elementos para combatirlo. Los servicios de protección contra incendio se diagraman de acuerdo a la carga de fuego de cada caso en particular por lo que al momento de expedir el certificado se evaluaba que los elementos de protección contra incendio fueran suficientes para contener el riesgo.

Expresó que en lo que respecta a la existencia de un sector de la planta alta que no figuraba en los planos, que se trató de un caso en donde los bomberos concurrieron con inspectores municipales y determinaron que había reformas constructivas, por lo que se debía haber realizado el plano respectivo con la modificación y pedido una nueva inspección en los términos de la ordenanza 50.250 reiterando que Bomberos no tiene el poder de policía.

A continuación y a requerimiento del Sr. Fiscal General, se le exhibió el legajo correspondiente al local ¨Popularísimo¨: vista fs. 18 vta. al aparecer la letra “B”, nuevamente la desconoció y ante el plano de instalación de servicios de agua contra incendio obrante a fs. 34, sólo firmado por Costabello y no por un profesional, dijo que habría que ver los planos que retiró el titular; los planos que quedaban en la dependencia son sólo al efecto de constancia y que tratándose del dibujo del sistema de detección o matafuegos, tendría que haberlo firmado el profesional que hizo la instalación de detección, aunque con la firma del propietario era suficiente, señalando que lo más relevante es que el plano esté de conformidad con lo inspeccionado en el local, no vislumbrando la importancia que esté firmada por profesional porque es un servicio de prevención.

Nuevamente, al exhibírsele la foja 47 al dorso, Corbellini no pudo explicar la presencia de la ¨B¨.

Al exhibírsele el legajo correspondiente al local ¨Coyote¨, reiteró con relación a las distintas ¨B¨ que no puede brindar una explicación y que puede ser que Nodar o cualquier otro haya incluido la ¨B¨ sin su conocimiento. Señaló que a fs. 13 en la que luce el número 52 se trata de la visa de Burgueño.

De seguido tras ver el legajo de¨Montecarlo¨, y al destacársele que a fs. 1 se autorizó a Fuertes, indicó haberlo conocido en el año 2003, explicando que la División Prevención posee espacio físico reducido en el primer piso, donde se atiende al público, viéndolo en varias ocasiones al pasar por el lugar de atención al público. Especificó que como era tartamudo le llamaba la atención y que se lo presentaron y conversó con aquél, tomando conocimiento que era de la empresa Bausis.

Aclaró que la Superintendencia de Bomberos tiene íntima relación con las empresas, y hasta una de ellas les obsequió un equipo, siendo lógico que conociera a una empresa que tiene muchos locales, porque concurrían en reiteradas ocasiones a la división. Señaló que concretamente su profesión implica tener contacto con gente del rubro, ya que los nuevos elementos de extinción contra incendios los tienen las empresas y que a Fuertes podía o no atenderlo pues no los unía relación personal, sólo concurrió una vez a su domicilio por un disco de arado, ya que a él le atraen los objetos de campo.

Exhibido el legajo de ¨Picaflor, ante la puntual exhibición de fs. 17 vta. donde hay una letra ¨B¨ del año 2001, destacó que en otras fojas hay otras anotaciones similares pero consistentes en números –178-.

Visto el legajo de ¨Latino 11¨, específicamente respecto de fs. 7 -certificación de firma suscripta por el deponente de que se estaba realizando una tramitación para obtener el proyecto de incendio de acuerdo a la ordenanza 50250, fechado el 7 de mayo de 2004- señaló que el objeto de la certificación puede ser variado y que la solicitud de extensión de una constancia de tramitación del legajo en Bomberos podía ser verbal, agregando que las fechas de los ¨elevos¨ son realizadas con impresoras. Especificó que hay una red de incendio en toda la ciudad, de la que en una época se proveían los servicios de incendio a partir de dichas redes por lo que existía una relación directa entre Bomberos y Aguas Argentinas.

Visto el legajo correspondiente al local ¨Tequila¨, donde a fs. 19 figura una nota firmada por Osvaldo Brucco por la que se autoriza a Marcelo Vázquez para realizar trámites ante la dependencia de Bomberos y teniendo en cuenta que Marcelo Esmok era un funcionario público autorizado para atender al público y para hacer inspecciones, por lo que no había ningún motivo para que interfiriera en tener presente dicha autorización, explicó Corbellini que más adelante en el expediente Brucco pide reválida de certificado y lo retiró Vázquez y que a fs. 4 hay una certificación respecto de una tramitación ante la Superintendencia Federal de Bomberos.

Tras ver el el legajo correspondiente al local ¨The Roxy¨, respecto de las firmas obrantes en el plano de fs. 29, dijo que una corresponde a la firma Bausis, que era la encargada de confeccionar planos.

En otro orden de cosas negó conocer a Luis Perucca y añadió que Esmok le comentó que era maestro mayor de obras, por lo que lo autorizó a efectuar inspecciones, cuando al ser ascendido Burgueño, quedó como jefe de la dependencia.

Respecto de Nodar, manifestó que su relación es la normal de jefe a oficial, que conoce su número de teléfono recordando haberlo llamado el 30 de diciembre de 2004 luego de lo sucedido en Cromañon. Tras preguntarle si estaba viendo la televisión, le dijo si tenía presente que el local estuviera o no inspeccionado.

Tras ello, concurrió a la dependencia, vio el legajo y estuvo toda la noche haciendo apoyo en el lugar del hecho, explicando que los legajos son apoyo técnico logístico de la persona que va a intervenir en el incendio.

A preguntas puntuales acerca del tiempo que demora el otorgamiento del certificado o la reválida contestó que la fecha consta en cada legajo y en algunos casos no expresan el tiempo en que realmente se comenzó a realizar el proyecto y que no obstante la reválida es más rápida.

Puntualizó que cuando llegó a Bomberos no llevó a cabo ninguna modificación, sino sólo lo del acta, en cuanto a que no se hacían responsables por lo que se coloque o se modifique después de la inspección en el local y que quien en definitiva firmaba el certificado original era el Comisario General y la reválida era suscripta por el Comisario Inspector. Aclaró que en el año 2005 bajó un nivel de firma, debiendo ser firmados por el oficial concurrente, el Comisario y el Comisario Inspector, reiterando que la Superintendencia de Bomberos no tenía poder de clausura, de policía, sino que éste es ostentado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde al art. 104 de la Constitución de la Ciudad.

Afirmó que no existe ningún certificado mal emitido, que las empresas que hay en el mercado son 3 ó 4 y en la Superintendencia hay alrededor de 180.000 legajos., de los que 300 deben ser locales bailables, no exclusivos, sino clase ¨C¨. Refirió que en el ámbito de la Superintendencia existe un libro de normativa; que no está publicado y se halla suscripto por el Comisario Inspector o Mayor y que él nunca dispuso o modificó normas para la expedición de certificado contra incendio, agregando que después de lo sucedido en Cromañon había que ignifugar todo y que se otorga el certificado final porque la inspección se amolda al proyecto.

Aseveró que jamás compartió una mesa con Fuertes y que nunca recomendó a una empresa para hacer algún trabajo, puntualizando que “recibir como dar es un delito y si hubiera existido habría formulado la correspondiente denuncia.” En cuanto a si el cuaderno versa sobre cómo reglamentar esa ordenanza nunca reglamentada, o establecer un procedimiento, especialmente si las anotaciones eran una suerte de reglamentación de la ordenanza, respondió que no hay una normativa de procedimiento en la tramitación, sin embargo hay diversos requerimientos que han variando conforme a la superficie del local de baile.

Agregó que es común que los Bomberos de la P.F.A. participen en charlas informativas sobre normas IRAM, como también asisten a jornadas de prevención contra incendios. Respecto de la modalidad de trabajo, expresó que quien concurre a inspeccionar observa las cláusulas particulares, a las cuales se tiene que ajustar el proyecto y que ante alguna irregularidad debe volver a la Superintendencia y ponerlo de resalto, señalando que al momento de la inspección el proyecto estaba aprobado, tratándose de expedir la certificación en forma rápida, a las 48 o 72 horas.

Señaló que las empresas que expedían el certificado de ignifugación eran 3 o 4, que no sabe cual tiene mayor número de clientes y que no era competencia de la Superintendencia dibujar los planos, lo que sí se hizo hasta el año 1982, pero a partir de la ordenanza 50.250, si bien retomaron la facultad de aprobar las instalaciones de prevención contra incendio de los locales clase ¨C¨, no se les atribuyó la competencia de dibujarle los planos a los particulares. No se evaluó la homologación de las empresas que proveían los elementos ignifugantes debido a que es una materia que corresponde al INTI.

Indicó que un certificado de firma cuesta $10 pesos y que son cuatro estampillas cuyos valores son fijos y están previstos por una orden del día; además señaló que el Crio. Benzi tenía intervención en las tramitaciones porque lo reemplazaba.

Agregó que el Comisario Mayor Herran es el actual Superintendente de Bomberos y anteriormente fue jefe del departamento contra incendios. El Comisario Jue, en 2004, fue el jefe del mentado departamento y, por ende, su superior inmediato. El Comisario Arbor es el actual Jefe de Seguridad contra incendio y riesgos especiales, cargo que ostenta desde el año 2005.

Narró acerca del contacto que tuvo con Alimena que al regresar a la dependencia en enero de 2004 se encontró con una nota en la que solicitaba que se informara por escrito la nómina o trámite de Bomberos con respecto a los locales de baile y la cantidad de locales certificados.

En respuesta lo llamó por teléfono y le dijo que le podía remitir la información, pero ella podía ser errónea, dado que estaba basada en el archivo de la dependencia y no en un padrón actualizado de los locales de baile en funcionamiento. De todos modos, le remitió la documentación. En mayo salió publicado en el diario Clarín que había 180 locales en la ciudad de Buenos Aires, de los cuales el 10% cumplía con la normativa, lo que causó diferencias entre el Gobierno y Alimena. Fue así que se dispuso en el Gobierno de la Ciudad que salieran a inspeccionar con la UPI, los viernes y sábados por la noche, durante dos meses.

Al principio, iban todos juntos a observar los locales de baile, pero ante lo engorroso, se convino -fue con Burgueño-, que no podían inspeccionar por la noche, dado que no era el momento adecuado para inspeccionar y observar las condiciones de seguridad contra incendio de los locales. Sí se podía observar la cantidad de gente que asistía, pero no las medidas contra incendio. Se clausuraban los locales o se los multaba.

De seguido, Corbellini exhibió fotocopias al Tribunal para ilustrar de qué se trataría la normativa interna de la Superintendencia que mencionara, indicando que se trata de un libro con tapas marrones, viejo, que se encuentra en el despacho del comisario.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje