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Poder Judicial de la Nación ///nos Aires, 13 de febrero de 2008. Y vistos


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, brinda una definición de operación: obra o acción en general que incluye negociar, ejecutar ocupaciones y el dictado de todos los actos del funcionario afectado por su interés ajeno a la administración pública, en el caso por el beneficio a obtener. Citó también un artículo E. Tawil publicado en La Ley 1989-931 sobre desviación de poder y un fallo dictado por el Tribunal Superior de España el 24 de abril de 1968. La ley no se limita a contratos u operaciones con contenido económico; eso es limitar indebidamente el tipo y se da de bruces con la finalidad de asegurar la imparcialidad e insospechabilidad de los funcionarios. Agregó que en nuestro caso los imputados han tenido interés económico propio, un interés en la rápida e irregular aprobación de los certificados en los cuales habían trabajado empresas con las que estaban económicamente vinculados; vieron condicionada su decisión por la affectio societatis. Citó a Ricardo Núñez (Tratado, Tomo VII, pág. 128), sobre el significado del término “interesarse”, nuevamente a Sancinetti y Buonpadre y fallos de la Corte Suprema de Justicia, de la Cámara Federal (Salas I y II) y del Tribunal Superior de Justicia de Chubut.

Entendió que todos los imputados son responsables penalmente del delito previsto en el art. 265 del Código Penal, del que Fuertes y Perucca resultan partícipes necesarios, conforme la división de tareas y los roles que ya enunció. Agregó que los imputados han dicho que están acá por haber sido asistidos por el mismo letrado. Ello no es así, no es su interés ni deber el analizar la conducta del profesional, pero no hay prueba incorporada acá que sostenga esta circunstancia. Además, todo se inició por la denuncia de Fiszbin, que no guarda relación con la actuación de ningún letrado. La distribución de los porcentajes, los e-mails, las anotaciones, no tienen relación con la actuación del abogado, las notas intimidantes no guardan relación con el abogado. Consideró que si bien son varias contrataciones no hay hechos escindibles sino una misma maniobra desplegada en distintas oportunidades.

A continuación, en relación a las pautas de mensuración, valoró la carencia de antecedentes evidenciada en los certificados de los legajos de personalidad y la información contenida en los informes socioambientales. Asimismo valoró estas circunstancias teniendo en cuenta lo otrora resuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 12 en el fallo “Wowe, Carlos” del año 1999, aclarando que así como pueden ser atenuantes también es dable considerar como agravantes las circunstancias de vida, por cuanto las condiciones de educación, de trabajo, económicas en las que se encontraban los imputados, indicaban que no estaban amparados por ningún estado de necesidad justificante o alguna causa de exclusión de la culpabilidad.

Respecto del personal policial refirió que fue distinta la participación de Corbellini y de Nodar, a diferencia de la de Esmok, quien tuvo una intervención de menor entidad. No han deshonrado la función pública Fuertes y Perucca pero sí poseían esa avidez a la que hiciera referencia. Hizo mencón a la solicitud de que se investigue la conducta del policía que brindó la información sobre la investigación, como asimismo a que se tomen medidas respecto de Capozzo, por lo que entendió que sólo le resta agregar lo atinente a la utilización del producto retardante conocido como INSPECTA SHIELD, sin la certificación adecuada.

Efectuó nuevas referencias relativas al legajo de Pizza Banana y en este caso reseñó que fue el mismo Fuertes quien dijo que la fórmula original fue copiada sin permiso y sin cumplir las condiciones de certificación, a lo que debe sumarse la similitud fonética de las marcas. Solicitó seguidamente que se extraigan testimonios para que se investigue la presunta comisión de una infracción al art. 31 inciso, d) de la ley 23.362 y los arts. 75 y 76 a) de la ley 24.481, modificada por ley 24.572.

Reiteró sus conclusiones respecto de la actuación del arquitecto Gabriel Ernesto Capozzo, solicitando además la extracción de testimonios en relación a Gustavo Adrián García, para que se investigue la presunta comisión de un delito de acción pública.

Finalmente acusó a Alberto Conrado Corbellini y Marcelo Enrique Nodar, como coautores penalmente responsables del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, solicitando que al momento de dictar sentencia se imponga a los nombrados la pena de tres años de prisión, inhabilitación especial perpetua y al pago de las costas.

Acusó a Marcelo Fabián Esmok como coautor penalmente responsable del delio de negociaciones incompatibles con la función pública, peticionando en este caso que se lo condene a la pena de dos años y seis meses de prisión, inhabilitación especial perpetua y al pago de las costas del proceso.

Por último acusó a Luis Alberto Perucca y Rubén Fuertes como partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública contemplado y reprimido en al art. 265 del Código de Fondo, solicitando que al momento de dictar sentencia se les imponga la pena de dos años y nueve meses de prisión y costas.

Llegado el momento de las defensas, el Dr. Matías Luis Pantarotto – a cargo de la asistencia técnica de Marcelo Fabián Esmok- comenzó a formular sus conclusiones planteando la nulidad tanto del requerimiento de elevación a juicio como de la acusación producida por el Sr. Fiscal General en este debate.

Fundó su solicitud en su entendimiento de que se ha alterado la plataforma fáctica con el cambio de calificación producido y además, en la extrema laxitud de la fiscalía en la descripción de las imputaciones, a la que consideró insuficiente.

Dijo que la acusación ha sido demasiado amplia sin precisar elementos esenciales respecto de la participación de su defendido. Agregó que se ha dicho que el cambio en la calificación representa sólo eso, una mutación del encuadre legal, sin afectación de la plataforma factice y en cambio consideró que de la lectura de los hechos de la causa surge que se ha cambiado la descripción de la plataforma fáctica. Apuntó que si se da lectura a la descripción de los hechos contenidos en el requerimiento de elevación a juicio, se verá que se les imputa “haber celebrado una serie de pactos espurios, independientes y autónomos entre sí, en razón de los cuales Perucca y Fuertes, en su condición de representantes y/o gerentes de las empresas “Ipex S.A” y “Bausis S.A”, cuya actividad comercial consistía en asesorar, proveer e instalar material contra incendio en locales de baile, empresas y comercios en general, entregaron diversas sumas de dinero que fueron recibidas por Esmok, Nodar y Corbellini, quienes en su condición de funcionarios públicos comprometieron a cambio de dicha dádiva un hacer propio de sus funciones, circunscripto en este caso a la tramitación vinculada con el otorgamiento de certificados de tratamiento contra incendios o su consecuente reválida. Ello en relación a los locales Latino 11, Kory Huayra, Mundo Latino, Seu, Tequila, Shampoo, Picaflor, Montecarlo, El Living, El Coyote, Popularísimo, The Roxy, Morena, Pizza Banana Costanera, El Teatro y Opera Bay.” Refirió además que estas imputaciones hacen mención al pago de dádivas y se han calificado como constitutivas del delito de cohecho.

Hizo hincapié en que el Sr. Fiscal General en su acusación ha dicho que en realidad los funcionarios se relacionaban con empresarios y participaban en los negocios a través de su actuación en los legajos. La laxitud a que hizo referencia se hizo evidente en que no se ha precisado ninguna conducta concreta. A su entender el Sr. Fiscal no discriminó cuál sería la concreta participación de cada uno de los imputados, sino que sólo ha dicho que parecería que los funcionarios participaban de las negociaciones de las empresas, derivando a los presentantes para que contrataran sus servicios, de forma tal que obtenían un beneficio económico. Finalizó diciendo que dicha conducta es distinta a la recepción de dádivas de la que se habla en la requisitoria de elevación a juicio y que lo que se está imputando ahora es la participación de los imputados en las empresas, pero no aparece la dádiva y consideró que una cuestión es solicitar la entrega de dinero o aceptar dinero o promesas y otra es recomendar a una empresa. La base fáctica de la imputación es bien distinta, lo que requeriría de un plexo probatorio distinto.

Siguió diciendo que en base al requerimiento de elevación a juicio Esmok se ha defendido respecto de una imputación de cohecho y se ha ofrecido prueba en tal sentido, resultándole sorpresiva la acusación formulada por el delito de negociaciones incompatibles. Agregó que no tuvo oportunidad de ofrecer probanzas respecto de esta imputación y venía al debate por una cuestión distinta.

Resumió entendiendo que el Sr. Fiscal en su acusación ha alterado la plataforma fáctica y que la circunstancia de que se trate de dos figuras distintas hace que se describan dos hechos distintos y que el único caso posible es el de los agravantes. Señaló que en el requerimiento de elevación a juicio, y ahora también, la imputación resulta imprecisa, desconociéndose cuál es la maniobra imputada y el grado de participación y que ello torna nulas tanto la requisitoria de elevación como la acusación formulada en el debate, por la consiguiente afectación del derecho de defensa en juicio. Así dijo que una acusación incompleta no habilita al Tribunal para el dictado de una sentencia. La garantía de defensa en juicio está afectada por desconocerse cuál es la imputación. Continuó diciendo que respecto de su asistido Esmok, la conducta imputada contenida en el requerimiento de elevación a juicio era la confección de planos y que debían darse tres elementos para ello, habiéndose fijado en ese momento la plataforma fáctica para la imputación del encartado. Además en la requisitoria ya se señalaba que quedaban al margen las circunstancias relativas a los locales Latino 11, Kory Huayra, El Picaflor, Popularísimo y The Roxy. Continuó el letrado y refirió que hoy en día ya no sabe por qué está defendiendo a Esmok, respecto de qué conducta y cómo se habría llevado a cabo, tomando como un dato que no resulta confiable el de la papelería, ya que hay casos en que ciertos rubros no se hicieron.

Respecto de las anotaciones de Rubén Fuertes, refirió que tratándose de manifestaciones de un tercero, no le es posible probar que no sucedió, amén de tratarse de un hecho negativo, con lo que se ha invertido la carga de la prueba.

En cuanto a los e-mails, no son tampoco más que manifestaciones unilaterales, al igual que las anotaciones de Fuertes. Por otra parte se trata de una sugerencia de Fuertes a Peruccaen cuanto a que Esmok haría los planos, resultando una prueba diabólica demostrar que no los hizo.

Reiteró que el basamento de su planteo de nulidad es la alteración de la plataforma fáctica y con ello la consiguiente afectación de la garantía de defensa en juicio. Otro motivo es la excesiva laxitud de la acusación. Aclaró que se trata de una nulidad absoluta, no saneable, e imprescriptible, que puede ser declarada en cualquier momento del proceso. Así refirió que el Tribunal debe analizar esta cuestión al momento de dictar sentencia y disponer la remisión de los autos al Juzgado de Instrucción.

Citó en aval de su postura jurisprudencia dictada por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal en la causa n° 97.395, resuelta el 30 de junio de 1998.

Continuó haciendo referencia al requerimiento de elevación a juicio y a los requisitos que debe satisfacer, tales como una clara y circunstanciada relación de los hechos, con aclaración de las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Efectuó cita de un pronunciamiento del Superior Tribunal de Córdoba del año 1991. Señaló además que la acusación debe permanecer inmutable, en orden a lo previsto en el art. 381 del Código Procesal Penal de la Nación. Reiteró que se trata de una nulidad absoluta, citando las normas legales previstas en los arts. 167, inciso 1ro, 168 y 401 del ordenamiento adjetivo.

Señaló que coincide con el Sr. Fiscal General en que si se respeta la plataforma fáctica, no hay afectación del principio de congruencia, pero entendió que no es éste el caso. A todo evento formuló reserva de recurrir en casación y del Caso Federal, por entender que se han conculcado garantías de orden constitucional, tal es la de defensa en juicio, por no haber tenido la oportunidad de ofrecer prueba respecto de la imputación que hoy se efectúa.

Seguidamente analizó el plexo probatorio tanto en relación al delito de cohecho como al de negociaciones incompatibles con la función pública, más allá del planteo de nulidad impetrado. Así dijo que el delito que se puede imputar a su asistido es el de cohecho, atento que es el contenido en la requisitoria de elevación a juicio. Continuó su exposición recordando la requisitoria de elevación a juicio y manifestó que, de pronto, ahora se trata de la conducta de un grupo de policías que dirigían a la gente para que contratara los servicios de determinada empresa, cuando anteriormente la imputación de autos era la confección de planos.

En relación a las anotaciones de Rubén Fuertes dijo que reflejan sumas de dinero y que en algunos casos figura el apellido Esmok y que se mencionan las sumas de $ 200.- o $ 300.-, tomándose como parámetro que cuando no aparece Esmok en la inspección es porque intervenía Capozzo. Los testigos, en cambio, ya han aclarado que no se requería firma de profesional alguno.

Aclaró que los trámites no se regían por el código de edificación, sino por la ordenanza 50.250 y la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo n° 19587 y el Decreto 351/79, refiriendo a continuación que en esa época la Superintendencia Federal de Bomberos aplicaba normativa de orden nacional; que debe tenerse en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires aún no era autónoma y que el Código de Edificación es normativa de la Ciudad. Agregó que todos los locales y edificios tenían un doble orden de planos, el de la D.G.F.O.C. y otro que se usa para el trámite en la Superintendencia Federal de Bomberos. Aclaró al respecto que este último no reúne las condiciones de un plano, sino que se trata de un proyecto que se plasma en un plano. Siguió diciendo que ni la ley 19.587, ni el decreto 351/79, ni la Superintendencia de Bomberos – que no tiene reglamentado el trámite- determinan que sea necesaria la firma de un profesional, con lo que no entiende cuál sería la participación de Capozzo. Dijo que no insistirá en las anotaciones de Rubén Fuertes, ya que pertenecen a un tercero y no le competen. Dijo entonces que la única prueba serían las anotaciones mencionadas, los e-mails, sus dichos y la pertenencia a la Superintendencia Federal de Bomberos y que nos hallamos ante elementos unilaterales que no revelan la existencia de un pacto, que no se sabe si son sobre negociaciones que se llevaron a cabo o no. Entendió que todos estos elementos se amalgamaron y hoy constituyen la prueba de cargo pero que esa suma de elementos no reúne los requisitos típicos de las negociaciones incompatibles ni de la figura de cohecho.

En referencia a los dichos de su asistido recordó que Esmok ha señalado por qué declaró de ese modo en su indagatoria y dijo que Fuertes le pidió disculpas. Agregó que a raíz de la elección que hiciera Esmok de su letrado anterior es que fue a la indagatoria a recitar una defensa armada por el letrado, y en cambio al declarar en el debate dijo la verdad y que sólo hizo un plano para un garage. También Fuertes negó haber abonado suma alguna. Reiteró que la única prueba son las anotaciones de Fuertes, que él mismo desconoció y el e-mail en que Fuertes sugiere a Perucca que Esmok haga los planos, lo que también negó. Aclaró que sólo recibió dinero para la confección de un plano para un garage. Esmok señaló que no conoce a Gabriel Capozzo, extremo que fue corroborado por Capozzo mismo. Quedó aclarada la participación de Capozzo, que firma muchos planos, no sólo estos sino los de D.G.F.O.C. Agregó que las manifestaciones de la declaración indagatoria fueron sugeridas por el letrado anterior y que en las audiencias de juicio es cuando surgió la verdad. Ambos han desmentido la entrega o recepción de dinero. Refirió que no deseaba hacer referencia a probanzas que guarden relación con la nulidad que planteó. Agregó que al margen de las pruebas mencionadas, es decir, las anotaciones de Rubén Fuertes, los e-mails y lo manifestado en la declaración indagatoria, no hay otras probanzas de cargo respecto de su asistido.

En relación a la calificación legal, adelantó que ya sea en orden al delito de cohecho como al de negociaciones incompatibles, ya sea por recibir sumas de dinero o hacer planos, entiende que sería una conducta atípica y que además no se ha probado delito alguno. El delito de cohecho sería el de pagar o recibir dinero por un hacer funcional y no está dentro de las funciones de la Superintendencia de Bomberos el dibujar planos. La concreta conducta atribuída en el requerimiento de elevación a juicio a Marcelo Esmok es la de dibujar planos, con lo que aún así está fuera de la figura.

Señalando las particularidades de ambas figuras dijo que el cohecho debe ser en relación a una actividad functional y el delito de negociaciones incompatibles hace referencia a la conducta de “interesarse” en un contrato u operación de contenido económico propio de la actividad, con lo cuál también se estaría fuera del marco legal de la figura.

Entendió que la Fiscalía ha hecho referencias al margen de la figura y que el interés puede ser de cualquier tipo, pero no ha cambiado en cuanto a la necesidad de contenido económico. Toda la doctrina y jurisprudencia es unánime en que si no hay contenido económico no se dan los requisitos típicos de la figura. Advirtió que la figura habla de “interesarse” en contratos u operaciones en su carácter funcional y aún si se hubiera interesado, el hacer imputado no es su hacer funcional. Vuelve a recordar que la conducta imputada es la de dibujar planos y ello no es un acto funcional, ya que la Superintendencia Federal de Bomberos no dibuja planos.

Insistió con su planteo de nulidad en cuanto a que la conducta reprochada no ha sido debidamente precisada y no se ha detallado acabadamente la prueba. Anunció que tampoco se adentrará en las cuestiones dogmáticas porque a su entender la atipicidad de la conducta resulta evidente. No se imputó en el requerimiento de elevación a juicio el delito de negociaciones incompatibles y en consecuencia el Tribunal no puede dictar sentencia en base a esa calificación legal.

Formuló reservas de Casación y del Caso Federal y citó jurisprudencia de la Cámara del Crimen, que resolvió que es nula la acusación – en ese caso de la querella- si no contiene datos, descripción del hecho, pruebas y calificación. Finalmente solicitó que se tenga por formulado su alegato respecto de su asistido Marcelo Esmok, por interpuesto el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio, de la acusación ahora formulada por el Sr. Fiscal General, que tuvo como consecuencia la imposibilidad de ofrecer prueba en tal sentido, debiendo declararse la nulidad que peticionó, con devolución de los autos al Juzgado Instructor, para que se lleve a cabo el dictado de una nueva acusación.

Subsidiariamente, peticionó se tengan por efectuados los alegatos por el delito de cohecho, por el de negociaciones incompatibles con la función pública, o bien la atipicidad de la conducta.

Peticionó la absolución de Marcelo Fabián Esmok con comunicaciones de estilo a donde corresponda y levantamiento de las restricciones impuestas.

A continuación efectuó sus conclusiones el Dr. Héctor Luis Yrimia, abogado defensor de Alberto Conrado Corbellini.

Refirió que su exposición se encontraba divida en dos partes: la primera, consistente en el pedido de nulidad de la acusación realizada por el Fiscal General y, la segunda, para el caso de que no prospere el planteo, el alegato por la comisión de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

Con relación a la nulidad refirió que son dos los motivos para plantearla. Por un lado, la vaguedad de la imputación, que carece de la relación precisa, clara y circunstanciada de los hechos y del grado de participación de su defendido. Por otro lado, el cambio de calificación que provocó un cambio de la plataforma fáctica.

Se adhirió a la posición expuesta por el Dr. Pantarotto en su alegato y, además, sostuvo que al cabo del debate no ha quedado claro el hecho concreto que se le imputa a Alberto Corbellini, sino que sólo se han realizado afirmaciones genéricas que no son ciertas. A su criterio esto provoca un ataque a las garantías del debido proceso y la defensa en juicio.

A continuación, reseñó jurisprudencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Córdoba relativa al contenido del requerimiento de elevación a juicio y de la acusación, tras lo cual Indicó que la acusación del Fiscal General no reúne los requisitos necesarios.

Entonces, la primera cuestión la fundó en la extrema y lata vaguedad, señalando, asimismo, que el cambio en la calificación legal que generó un cambio en la plataforma fáctica viola la garantía de la defensa en juicio, puesto que lo privó de presentar pruebas pertinentes para demostrar que su pupilo no incurrió en delito.

Dio lectura a la parte del requerimiento fiscal de elevación a juicio relativa a la calificación legal y luego refirió que el Fiscal General con el giro dado a su exposición cambió la conducta que se le atribuía a Corbellini.

Citó un fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Córdoba y otro de la Cámara Nacional de Casación Penal que avalan la postura de que el cambio en la base fáctica provoca la nulidad absoluta.

Sostuvo que el encuadre jurídico apunta a facilitar la defensa en juicio, de modo que si se amplía cabe suspender el debate en los términos del artículo 381 del Código Procesal Penal, mientras que si el hecho es distinto se devuelve a instrucción (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y correccional, L.L. 18/12/95). Por lo motivos expuestos, que pueden resumirse en la ambigüedad de la acusación y el cambio de la base fáctica, solicitó la nulidad de la acusación y, en consecuencia, la absolución de Alberto Corbellini.

Sin perjuicio de ese planteo, realizó su alegato en orden a los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.

En primer término se refirió a las cuestiones de hecho. En tal sentido, sostuvo estar de acuerdo con el Fiscal General en que se busca la verdad real en este tipo de procesos. También en que las pruebas deben tratarse en forma conjunta, mas no en general para un grupo sino para cada uno de los individuos, lo cual no sucedió en este caso.

Señaló que el Fiscal General citó fallos y doctrina extranjera, algunas de extraña jurisdicción, que es de imposible aplicación porque responde a una idionsincracia diferente a la nuestra, que tiene base latina y americana.

Expuso que todo comenzó el 2 de abril de 2005 con la declaración indagatoria de Fabiana Fiszbin, ex Secretaria de la Subsecretaría de Control Comunal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Refirió que el Fiscal General dijo que si se hablaba de Nodal, Ipex y Bausis por algo debe ser y que tenía la sensación de que en Bomberos recomendaban empresas, recordando que en nuestra historia muchas personas fueron desapareciendo y todos sostenían que por algo debía ser que eso sucedía.

No obstabte, indicó que se debe juzgar por hechos, no por sensaciones, pues se ataca a la seguridad jurídica y a la defensa en juicio.

Nuevamente hizo referencia a la descripción de los hechos realizada por el Fiscal General, quien no puso en duda que los trabajos se hicieron bien y que las inspecciones fueron correctas. Sin perjuicio de lo cual dijo que había un desdoblamiento de la personalidad en el caso de los imputados que tenían el carácter de funcionarios públicos, mas no explicó qué significa, suponiendo el letrado que se trata de tener un interés particular, por un lado, y representar el interés de la administración, por otro.

Sostuvo que los todos testigos dijeron que no les dieron dinero a los funcionarios policiales; no obstante, el Fiscal General consideró que es obvio que eso se debió a que la mayoría sigue sometido al control de la Superintendencia Federal de Bomberos. Se preguntó qué quiso decir con eso, esto es, si pretendió significar que estamos frente a una mafia organizada vestida de bomberos. También dijo que no era necesario que le pidieran dinero pues estaba incluido dentro del presupuesto presentado por Rubén Fuertes, pero esto sólo está en la entelequia del Fiscal General.

Refirió que el representante del Ministerio Público para simplificar su actividad comparó cada legajo de bomberos con la carpeta secuestrada en el domicilio de Fuertes.

Continuó reseñando que el Fiscal de Instrucción eligió para el requerimiento de elevación a juicio la figura de cohecho pues consideró que no se daban los requisitos típicos de las negociaciones incompatibles; empero, el Fiscal General estimó que la adecuada era esta última figura y que tal como lo dijo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional la calificación jurídica en definitiva será fijada por el tribunal.

El código utiliza dos figuras que si bien se parecen en los números, no son iguales y ninguna es de fácil aplicación. Parece que la estrategia del Fiscal General es, luego de extensas audiencias en las que se defendieron por cohecho, hacer un giro de 180 grados sorprendiendo con la acusación por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Con ello rompió la congruencia.

Seguidamente analizó cada uno de los expedientes, haciendo acotaciones en lo que atañe a la situación de su defendido:

Respecto del expediente del local “Coyote” sostuvo que la empresa de instalaciones contra incendios fue recomendada por la Cámara de Discotecas, no por policías. En este caso, refirió que el Fiscal trató de dar explicaciones, que fueron farragosas y generales, afirmando que de las constancias secuestradas se desprende que los Bomberos recibían dinero por la realización de los trámites, el asesoramiento y los planos.

Ahora bien, la base de aquél son las carpetas pertenecientes a Fuertes, a quien no le creyó en las restantes partes de su descargo pero si respecto de las anotaciones.

Refirió que, al igual que con las tomas de rehenes, cuando un juicio empieza mal también termina mal, ello por basarse en sensaciones. No está demostrada la asociación informal de Nodar y Corbellini con Fuertes y Perucca en el caso del local “Coyote”, en el que Esmok no figura puesto que no se realizaron planos.

Pasó a hacer referencia al local “El Picaflor”, al que le sumó “Montecarlo”. Señaló que al titular se le recomendó la empresa en una casa de venta de productos eléctricos la que, a su vez, le fue recomendada por un bombero –del que no se aportaron datos para identificarlo- por ser la más cercana a la dependencia.

Sostuvo que el Fiscal General afirmó que existía una división de funciones en la agrupación, mas el letrado no halló el basamento de aquella.

Indicó que el representante del Ministerio Público hizo un planteo por una firma inserta en una nota que no fue reconocida por el titular del local, agregando que este grupo era tan eficiente y gentil que ni siquiera era necesario que los empresarios suscribieran las presentaciones y planos.

En punto al local “Pizza Banana” indicó que se hizo referencia a la existencia de montos asignados a los funcionarios, pero no fueron puntualizados.

También aseveró que Corbellini y Nodar cotizaron el trabajo; no obstante, quedó demostrado que su defendido no tenía trabajos extra policiales y que las anotaciones no pertenecen a su puño y letra, por lo cual es evidente que no presupuestó.

Asimismo, se hizo la afirmación dogmática de que Esmok confeccionó los planos.

Reseñó que el Fiscal General en este punto interrumpió el análisis del expediente y comenzó con la explicación de lo que es un plano en los términos del Código de la Edificación. Con relación a ese extremo, sostuvo que nadie discute que tal normativa define lo qué es un plano; sin embargo, sólo se aplica en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Esto demuestra que no se conoce cómo es la tramitación en la Superintendencia Federal de Bomberos, pues no hay un manual de procedimiento administrativo, más allá de la existencia de algunas reglas para obtener el certificado que son internas de la división. La única importancia del plano, proyecto o croquis es, a su criterio, la de ilustrar al funcionario la instalación que debe constatar que esté en el lugar, elaborándose luego el informe que le elevaban a Corbellini quien, a su vez, se lo remitía a la superioridad para que emitiera el certificado. En el supuesto de ser un trámite original lo emitía el Comisario General, mientras que las reválidas las suscribe el Comisario Inspector jefe de departamento. Por este motivo no aplican el Código de Edificación que es una normativa propia del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En la Superintendencia Federal de Bomberos se rigen por la O.M. 50.250, que remite a la Ley de Higiene y Seguridad y su decreto reglamentario.

Agregó que los funcionarios concurren a los locales en colectivo, con el legajo bajo el brazo, a hacer la constatación, siendo suficiente contar con un dibujo claro de las instalaciones. Entonces, conforme a la explicación, el plano con firma de profesional no es un requisito para concretar el acto jurídico de emisión del certificado final, de modo tal que ni siquiera da lugar a una nulidad relativa.

Sostuvo que el Fiscal General le dedicó un importante capítulo al Arquitecto Capozzo, a quien bautizó como “que ni” y “el firmón”, indicando que hubo planos hechos y firmados por él y otros que si bien no los confeccionó fueron suscriptos por ese profesional. En este último supuesto, le atribuyó la realización de los dibujos a Marcelo Esmok. Sin embargo, la única explicación que encontró para justificar tales conclusiones es que el Fiscal General tiene poderes extra sensoriales para saber quién cometió un delito.

En cuanto a “Latino 11” sostuvo que se hicieron comentarios genéricos respecto de los montos asignados a los funcionarios. Asimismo, se cuestionó la firma de Villalva inserta en el sello de ingreso y retiro del trámite.

Respecto de estas cuestiones el Dr. Yrimia refirió que Bomberos no tiene un manual de procedimiento y que el sello no está reglamentado, sino que se trata de un uso y costumbre que data del año 1982, de forma tal que no es parte del acto jurídico. Además, señaló que en este caso el representante del Ministerio Público hizo referencia a que el precio fue más bajo debido a que Capozzo no firmó los planos.

En punto al local “Kory Huayra”, manifestó que dieron con la empresa de instalaciones contra incendios por recomendación de Lombardo, quien es el titular del local de baile “Bronco”.

Refirió que la Superintendencia Federal de Bomberos contaba con 7 personas para repartirse el trabajo y cumplir con las funciones de atención al público, archivo, inspecciones, entremezclándose las tareas de las Divisiones Inspecciones y Prevención por iniciativa de la superioridad.

El titular de “Kory Huayra”, en una confusión, hasta reconoció la letra “B” inserta en el sello como su firma.

Sobre el local “Shampoo”, no se dijo quién recomendó a la empresa de instalaciones contra incendio ni quién confeccionó los planos, aunque estos últimos habrían estado a cargo de Fuertes.

Según las anotaciones los trámites fueron hechos por Corbellini; no obstante, ellas fueron desconocidas por su defendido. La inspección final la llevó a cabo Esmok y fue refrendada por Nodar, ello autorizado verbalmente por los superiores en razón del título que poseía el primero de los nombrados.

Señaló que el Fiscal General refirió que la relación entre Perucca y los funcionarios no era tan sencilla de explicar. En ese contexto mencionó a la empresa “Baipex”, explicando la forma en la que nació y hasta pidió la comparecencia de la escribana que intervino en el acta de constitución de la sociedad. Sin embargo, no discriminó la participación de Corbellini ni de Esmok en lo que atañe a la conformación de esa sociedad.

Manifestó que el representante del Ministerio Público también habló de los mails, incluso leyó algunos durante el debate, haciendo referencia a que unos le gustaron más que otros; empero, nada puede achacarle a Corbellini puesto que no figura en ellos.

Consideró que para el representante del Ministerio Público las anotaciones de Fuertes son la prueba principal de cargo; no obstante, refiró que aquél no creyó las explicaciones brindadas tanto en la declaración dada durante la instrucción como en el descargo hecho en el debate, mas sí en el contenido de esas constancias.

Sostuvo que es insólito que un Fiscal General cuestione que funcionarios policiales se hayan conformado con una disculpa en lugar de tomar del cuello a Fuertes, pues justamente por ser policías deben tener temple para evitar casos de gatillo fácil. Es lógico que pidan explicaciones y también es correcto que no lo maten a Fuertes pues el debate está para determinar las responsabilidades.

Por otra parte, señaló que es evidente que el Fiscal General no se ha desempeñado en la actividad privada pues, de lo contrario, no le llamaría la atención que la ganancia de los empresarios sea del 47%. En ese sentido, explicó que el precio general de los productos se calculo para obtener una ganancia del 100%, más la carga de los impuestos.

Reiteró el letrado que en ninguno de los mails apareció el nombre de Corbellini, pese a que el Fiscal General haya sostenido que todo estaba planeado y se haya enojado porque pretenden atentar contra su inteligencia.

Respecto del local “Morena”, refirió que contrataron a la empresa por recomendación del Sr. Banjay. Señaló que el representante del Ministerio Público dijo que cayó en el lugar el oficial Bravo, acotando que parece ser de la competencia. Con eso no puedo querer decir otra cosa que no fuera que hay una estructura mafiosa disfrazada de bomberos, no obstante, consideró que pese a ello los certificados estaban bien emitidos.

Asimismo, señaló que el Fiscal General le cree a Fuertes partes del descargo; por ejemplo, que el superior de la división le dijo que para no complicar el legajo de Bravo se llevara la nota de queja que había dejado, pero a las restantes explicaciones no las tiene en cuenta. Sostuvo que se le debe creer todo o no se le debe creer nada.

Asimismo, el acusador dijo que el certificado lo había extendido Corbellini, sin embargo, precisó que para la fecha de emisión de aquél su defendido sólo tenía capacidad funcional para firmar los duplicados, es decir, las copias que quedaban en los legajos.

Con relación al local “El Living”, refirió que la empresa fue recomendada por gente del Sanatorio San José.

Sostuvo que en el caso de los 16 locales por los que se requirió la elevación a juicio los bomberos no recomendaron a las empresas cuestionadas.

En el caso del comercio “El Living” el Fiscal General señaló que hicieron una rebaja, pero más allá de eso el letrado refirió que el dueño del lugar sólo habló con Fuertes y Perucca, mas no con funcionarios policiales.

Para el supuesto del local “The Roxy”, en las anotaciones aparece el nombre de Esmok mal escrito, como consecuencia de lo cual el Fiscal General le atribuyó a ese funcionario la confección de los planos. Castroman, quien es el titular del local, dijo que en el inicio contrató a Fuertes. De los trámites se ocupó él. Con respecto a una nota presentada en Bomberos en la que no reconoció su firma, sostuvo que le había dicho al cadete que la suscribiera ante su olvido. En este caso, hay típico mandato expreso verbal que no guarda relación con el acto central, cual es el otorgamiento del certificado final.

En cuanto a “El Teatro”, indicó que para el año 2000, fecha para la que se hicieron tramitaciones, Corbellini no estaba en la división. Luego se realizaron trámites en el año 2004, en los que su defendido tampoco intervino. Además, agregó que la Srta. Benevenia indicó que a Fuertes se lo recomendaron otros locales.

En punto a “Mundo Latino”, dijo que no hay mención alguna a Corbellini. Aquí el representante del Ministerio Público se remitió a la declaración de Marcelo Nodar, quien hizo notar fallas administrativas, sosteniendo que le preocupa que el imputado además de dejar en claro la burocracia en los trámites afirmó que brindaba un servicio. Sin embargo, señaló el letrado que si se refiere a servicio de entrega de certificados está de acuerdo con que lo brindaban, lo que no hacían eran brindar servicios extra policiales.

Indicó que actualmente en la Superintendencia Federal de Bomberos trabajan de la misma forma, es decir sin un manual de procedimiento, pero con ciertas pautas que fueron modificaciones realizadas por los superiores con posterioridad a los hechos ocurridos en “República Cromañón”. Refirió que aquí aparece el informalismo del que habló el Fiscal General, que es a favor del administrado. Indicó que no hay siquiera perjuicio potencial en quién firme las notas y planos, pues lo que se busca es que el sistema de incendio esté colocado.

A continuación, leyó del Tratado de Derecho Administrativo del Dr. Cassagne, la parte relativa a los principios que rigen el Derecho Administrativo, con el objeto de que quede claro que las mal llamadas irregularidades administrativas por Nodar ni siquiera son tales. Era requisito esencial el cumplimiento de las disposiciones que estaban en la planilla que se hallaba pegada en la dependencia. Las fallas en el trámite del certificado no son siquiera falsificaciones porque no hay daño real ni potencial.

Continuó hablando del mandato legal. Refirió que muchas veces nos olvidamos de ciertas ramas del derecho por especializarnos en una.

Dijo que el Fiscal General indicó que se quiso hablar de mandato cuando las personas que concurrían no invocaban su carácter de mandatarios. Sin embargo, no es así, puesto que se puede otorgar mandato informal e incluso tácito. Para determinar lo que es un mandato leyó el artículo 1853 del Código Civil, agregando luego que el de Castroman es el típico caso regulado por esa norma.

En cuanto al local “Seu” refirió que el representante del Ministerio Público sólo dijo que todo se repetía y no quiso ser reiterativo, pero le hubiera gustado que lo sea para saber de qué se tenía que defender Corbellini.

Con relación a “Opera Bay” consideró que el Fiscal General habló genéricamente. Se refirió a Mauro, quien dijo que le habían hecho muchas observaciones, sosteniendo que era lógico pues cuanto más tuvieran que modificar más ganancias obtendrían los funcionarios. Refirió que Mauro reconoció que es posible que haya firmado sin que Nodar estuviera presente y que eso sucede incluso en el ámbito de la justicia, pero no quiso entrar en comparaciones. Sostuvo, sin embargo, que el haría esas comparaciones. Dijo que en la declaración indagatoria de Corbellini el Dr. Lucini no estuvo presente todo el tiempo y, sin embargo, figura en el acta. En este caso Capozzo fue contratado directamente y firmó los planos.

Respecto del local “Tequila”, se hicieron distintas referencias pero nada se dijo respecto de la situación de Corbellini.

En punto a “Popularísimo” explicó que Costabello conoció a Corbellini porque lo atendió en cumplimiento de sus funciones, ya que quería expresamente hablar con el jefe de la división. El nombrado refirió que recibió muy buena atención, lo que le pareció extraño para la media de una repartición pública, sobre todo teniendo en cuenta que su local fue clausurado por una patota municipal. El Fiscal General comentó que Nodar tomó fotografías en el local que no fueron agregadas al legajo, no obstante ellas están en un CD. En ese sentido, refirió que adoptaron ese sistema para no gastar tinta de la impresora debido a la carencia de recursos. Dijo que no hay normativa que indique que las fotos deben integrarse a los expedientes.

Manifestó que el Fiscal General aquí terminó de hablar de los locales e hizo referencia a la O.M. 50.250, sosteniendo que le llamaba la atención que pese a estar vigente desde el año 1996 recién se preocuparan de aplicarla y controlarla en el año 2004.

Seguidamente, leyó parte de la interpelación de Aníbal Ibarra. Tras ello explicó que en el mes de mayo del año 2004 la Policía Federal Argentina en conjunto con el Gobierno de la Ciudad, creyó que específicamente fue con la Unidad Polivalente de Inspecciones, hicieron controles en los distintos locales. Por exigencia propia del Gobierno de la Ciudad comenzaron a pedir el certificado de ignifugación. Este hecho histórico fue el que impulsó el aumento en los controles.

Continuó diciendo que iba a pasar a hablar de la famosa letra “B” que lo tuvo a maltraer desde el primer día. Con relación a ese extremo indicó que nadie sabía el significado de aquella. Fue convocado Herrán, quien explicó el trámite; Jue, que no tenía conocimiento tan profundo del tema pues no formó parte de la división; Arbor y Bargueño, quienes tienen un saber firme y preciso del trámite pero nada dijeron respecto de la letra B; hasta que concurrió Abuin, que según el Fiscal General vino a “sacar las papas del fuego”. Explicó que no es así y dio una serie de pautas para tener meridiana claridad respecto del tema. Expuso que al tomar un legajo el archivero la única referencia que posee es la letra “B” asentada en el sello. Esa explicación no fue suficiente para el Fiscal General. Hizo referencia a las normas aplicables, pero al Fiscal General no le constan las pautas fijadas en esa hoja que estaba en la división.

Asimismo, al representante del Ministerio Público le pareció raro el asiento hecho por Burgueño en el año 2003 con efecto retroactivo al año 1996, respecto de la aplicación de una serie de pautas a cumplir por Bomberos. En ese sentido, el letrado coincidió que no es usual que una norma sea aplicada hacia atrás, pero lo que se quiso hacer fue reconocer la mecánica con la que trabajaban. Tal circunstancia no causa perjuicio alguno, ni real ni potencial.

Dijo el Fiscal General que Corbellini, luego de los hechos ocurridos en “República Cromañón”, hizo un asiento con los requisitos que debía poseer el certificado de ignifugación. Si bien con anterioridad a ese momento no se lo exigía, la superioridad le indicó a Corbellini que debían pedirlo. Corbellini no tenía la facultad para disponerlo sino que tenía que ordenarlo el Comisario Inspector o alguien con cargo superior.

Sostuvo que al representante del Ministerio Público no le convencieron las explicaciones brindadas por su defendido y que debía conocer la situación porque era el jefe; sin embargo, no era el jefe de la Superintendencia Federal de Bomberos y tampoco hay elementos que demuestren que fuera el jefe de la estructura que se le imputa. No era facultad de Corbellini designar los expedientes para hacer las inspecciones.

Refirió que, en definitiva, el Fiscal general desconoció todos los descargos hechos por los imputados.

Indicó que para el representante del Ministerio Público la primera norma que exige el certificado de ignifugación es el decreto 01/2005 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desconociendo la O.M. 45.425 que dispone que todos los medios de salida deben ser incombustibles, lo que se logra con la aplicación de un retardante de llama.

Se realizó un receso de 15 minutos. Reanudado el debate el Dr. Yrimia continuó diciendo que no compartía con el Fiscal General que haya quedado establecida la materialidad de los hechos.

Refirió que de la interminable lectura de doctrina realizada por el representante del Ministerio Público se desprende, en resumen, que habría abuso del cargo, finalidad de beneficio económico, fines privados, vulneración del deber de imparcialidad, corrupción combatida de todas las formas posibles, que no basta ser sino que hay que también parecer imparcial.

Afirmó que no está demostrado que Corbellini haya vulnerado la imparcialidad con la obtención de beneficios, sino que está sólo en la entelequia del Fiscal General.

En el alegato del representante del Ministerio Público se hizo un análisis de varias terminologías. Con respecto al término contrato, si bien no lo dijo expresamente, no quedan dudas que se trata de aquél definido por el artículo 1137 del Código Civil. En punto a la palabra operación, mencionó distintas acepciones tratando de desligarla del contenido económico. También habló de acto administrativo y de intereses de funcionarios ajenos al cargo.

Refirió el letrado que no existe contrato u operación alguna en la que haya sido parte el Estado y Corbellini haya sido parcial, desleal o haya actuado de mala fe.

Señaló que del alegato no se desprenden los elementos objetivos del tipo. A su entender de las pruebas no surgen los beneficios económicos que habría recibido su defendido. Es falso que los funcionarios tuvieran interés en que se aprobaran rápido los trámites, ya que ello depende de cada circunstancia. Dijo que es incierto, falso y mentiroso que se emitían certificados en forma irregular.

Sostuvo que el Fiscal General concluyó que hay un delito en base a sensaciones y que las pruebas que mencionó también son sensaciones.

Explicó que la persona que quiere habilitar un local debe requerir el certificado final que surge de la O.M. 50.250 y para ello debe presentarse en la Superintendencia Federal de Bomberos con una nota, el plano o proyecto y el pliego de condiciones. A este último se le da inmediata aprobación ad referéndum de que el informe de inspección refiera que lo que figura en el proyecto se ajusta a lo instalado. El comisario sólo eleva el expediente al Comisario Inspector y al Comisario General, quienes emiten la reválida o el certificado original respectivamente. No hay un manual que regule este procedimiento. Además el poder de policía no lo tiene la Superintendencia Federal de Bomberos sino el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Seguidamente se expidió respecto de los hechos que considera debidamente probados.

El primer día se acreditó que al juicio todos los imputados fueron convocados por la comisión del delito de cohecho.

En la indagatoria de Corbellini quedó claro que actualmente los trámites se hacen de igual forma, que Bomberos no tiene poder de policía, que no podían clausurar los locales, que no hay un manual de procedimiento aunque si algunos requisitos a cumplir, que las reválidas las firmaba el Comisario Inspector mientras que los originales el Comisario General.

El segundo día quedó demostrado que hoy los trámites se hacen de la misma manera y que en el año 2005 cambió el nivel de firma.

Entre los días 3 y 10, los testigos dijeron que los funcionarios no pidieron dinero, que en la Superintendencia de Bomberos no recomendaban a Fuertes, que no hubo tratamiento especial en los legajos, que las observaciones se hicieron de acuerdo a las normas vigentes, que todos usaron los servicios de Fuertes porque era uno de los pocos que hacía las instalaciones integrales y daba facilidad en el pago.

Sólo 3 testigos conocían a Corbellini, ellos son García, Costabello y Tomasini Paz.

Refirió que Corbellini no envió ni recibió mails.

Del registro de la cuenta bancaria y de la tarjeta de crédito se desprende que los montos de gastos son acordes a sus ingresos.

Del cruce de las líneas telefónicas surge que no hubo intercambio de llamados con Perucca ni con Esmok, si con Fuertes en 3 ocasiones y con Nodar por cuestiones propias de la función.

Refirió que su defendido también habló por teléfono con superiores y con otros subalternos.

Sostuvo que no tenía actividades extra policiales ni firmó certificados originales.

Señaló que tal como se desprende de la pericia caligráfica no tuvo intervención en las anotaciones de montos en las carpetas secuestradas, aunque es muy difícil probar ese hecho negativo.

A continuación hizo referencia al aspecto jurídico por el cual puede afirmar que no hay cohecho. Antes de adentrarse en ese análisis indicó que debido al giro dado por el Fiscal General en torno a la calificación jurídica, en rigor no hay acusación por el delito de cohecho, por lo que no debería alegar. Continuó diciendo que en la faz fáctica no sólo no se demostró la recepción de dinero, sino que además es imposible que haya hecho algo en el marco de sus funciones cuando no tenía capacidad de emitir el certificado. Su defendido solamente juntaba papeles y los elevaba a la superioridad. Refirió que la Superintendencia Federal de Bomberos no tramita el certificado, eso lo realizan los dueños de los locales, sino que constatan las instalaciones de prevención contra incendios. Tampoco emiten certificados de ignifugación, tal como lo sostiene el requerimiento de elevación a juicio, aunque eso puede deberse a un error de tipeo. Manifestó que no surge en qué legajos habría participado su defendido y que su conducta es atípica.

Asimismo, refirió que no están presentes los elementos que componen el tipo de las negociaciones incompatibles, puesto que hay una ligazón simbiótica entre el interés –que puede o no ser económico- y la operación o contrato –que necesariamente debe tener contenido económico-. Afirmó que esta figura está pensada, por ejemplo, para los casos de licitaciones. Entonces, como no se encuentran presentes los elementos, la conducta es atípica.

Por todo lo expuesto solicitó la nulidad de la acusación del Fiscal General, por amplitud de la imputación que afecta la defensa en juicio y por el cambio en la plataforma fáctica que imposibilitó el ofrecimiento de pruebas. En consecuencia, ante la falta de acusación, solicitó la absolución de Alberto Conrado Corbellini, con la debida notificación a la Policía Federal Argentina.

Pidió también que se tenga por criticado el alegato del Fiscal General, por valorada la prueba, por presentado el alegato tanto por la comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública como por la comisión del delito de cohecho y por realizada la reserva de recurrir en Casación y de planteo del caso federal.

Finalmente, refirió que se llegó al delito por sensaciones cuando deberían haberse analizado comportamientos y deseó que esto no vuelva a suceder.

A continuación alegó el Dr. José María Buera, quien consideró que la pretensión con relación a Marcelo Nodar como autor del delito de negociaciones incompatibles con la función pública debe ser rechazada, procediendo a su absolución.

Refirió que por el principio de economía procesal se adhería a todos los planteos hechos en los alegatos de los abogados defensores que lo precedieron.

Estimó que no han sido incorporados al debate elementos de prueba suficientes que acrediten la participación de Nodar en los hechos, no pudiendo afirmarse que el nombrado haya incurrido en la comisión de un delito.

Los testigos no dijeron que Nodar les hubiera sugerido que realizaran los trabajos con alguna empresa en particular, ni que les hubiera pedido sumas de dinero.

A modo de ejemplo, sostuvo que Félix Rodolfo Ramírez fue atendido por Nodar sin que se observara anomalía alguna. Feliciano Condori Hualpa dijo no conocer a su defendido y por ese motivo no lo pudo señalar en la sala cuando se lo requirió, habiendo dado con la empresa de Fuertes por recomendación de un comercio. Lopreato, del local “Pizza Banana”, sostuvo no saber quién es Nodar y refirió que Fuertes lo acompañó a hacer un trámite a la Superintendencia Federal de Bomberos en donde no lo conocían. Tomasini Paz, titular del local “The Roxy”, señaló que Nodar atendía al público y que Fuertes colocó los hidrantes y se ocupó de los planos. D´Agostini sostuvo que en el año 2004 le clausuraron el comercio y en la Superintendencia Federal de Bomberos le explicaron cuáles eran las reparaciones que debía realizar. Víctor Hugo Ponce afirmó no conocer a Nodar y haberse contactado con Fuertes por recomendación de Banjay del local “Kory Huayra”. Osvaldo Brucco refirió que no tuvo trato con Nodar y que a la empresa “Bausis” se la recomendó gente de otro local. Costabello dijo que conocía a Nodar puesto que concurrió a hacer un relevo de las mejoras hechas en el local. Diego Minerva vio a Nodar en la Superintendencia Federal de Bomberos y en una inspección del local en la que tuvo una actitud correcta. Marcela Aranda afirmó no conocerlo.

Así, pues, sostuvo que no hay siquiera un testimonio que incrimine directa o indirectamente a Marcelo Nodar.

Aseveró que ni directamente ni por persona interpuesta, se interesó en miras de un beneficio propio, en cualquier contrato u operación en el que haya intervenido en razón de su cargo.

A continuación leyó el artículo 256 del Código Penal. Afirmó, luego, que no existe prueba real de que su defendido haya recibido dinero o dádivas, ni de que haya aceptado alguna promesa de pago, ni de que haya hecho o retardado alguna tarea propia de sus funciones.

Sostuvo que Marcelo Nodar sólo cumplió con su deber de funcionario de la Superintendencia Federal de Bomberos.

Refirió que la investigación se inició a raíz de la denuncia realizada por Fabiana Fiszbin contra Atilio Alimena, debido a la existencia de empresas que contaban con el apoyo de bomberos. La denunciante, al igual que el Fiscal General, tenía la sensación de que eso ocurría; sin embargo, esa sensación vulnera los principios básicos de la ley penal y de la Constitución Nacional, en particular los principios del debido proceso y la defensa en juicio, ambos íntimamente relacionados con la presunción de inocencia.

Explicó que nuestro actual sistema dejó de lado el principio de la carga probatoria, asumiendo la presunción de inocencia, que no puede ser rebatida por sensaciones sino sólo por pruebas concretas. Señaló que aquí no se ha podido lograr ese cometido, por lo que debe aplicarse, asimismo, el principio del in dubio pro reo. Citó en sus argumentos a Clariá Olmedo, refiriendo, en ese sentido, que la inocencia sólo se destruye con certeza. El imputado, aunque puede hacerlo, no tiene la obligación de acreditar su inocencia. Sostuvo que para pedir condena debe haber certeza pues, de lo contrario, el estado jurídico de inocencia permanece y se mantiene siempre.

Con base en esos argumentos pidió la absolución de Mareclo Enrique Nodar.

Con relación a los mails, refirió que no sirven como medio probatorio porque datan del año 2005, es decir, que son posteriores a los hechos investigados. No obstante, en punto a los mails que su defendido intercambió con Paonessa, sostuvo que Nodar conoce a este último puesto que integraban juntos una comisión. Aclaró que a modo de devolver las atenciones que Perucca había tenido le hizo el contacto con Paonessa, diciéndole a éste que eran íntimos amigos para asegurarse de que lo atendiera.

Respecto del mail dirigido al local “El Mogador”, indicó que no se trata de un local sobre el que verse el requerimiento de elevación a juicio. De todos modos, señaló que en aquél Nodar sólo le dijo al titular que podía consultar a las empresas “Ipex” y “Bausis” para asesoramiento, pero que no era obligatorio. Indicó que a esta frase el Fiscal General no le da importancia, no obstante, sirve para demostrar que no recomendaba empresas como exclusivas en el mercado.

Hizo referencia al mail de fecha 1 de febrero de 2005, que fue el que más le gustó al Fiscal General. En ese sentido, dijo que en él Nodar informó que se había comunicado una empresa química que tenía un ignifugante sin probar. Utilizó la expresión “el barbudo escuchó nuestras plegarias” porque era una oportunidad de trabajo para su mujer que integraba “Baipex”. Refirió que hay que tener en cuenta que para una familia con cuatro hijos y una hipoteca significaba un respiro económico.

Sostuvo que “Baipex” no funcionó y la cancelación de los trámites se le pidió a la escribana con anterioridad a los allanamientos.

En cuanto a las anotaciones de Fuertes, señalo estar convencido de que carecen de sustento para acreditar que las sumas de dineros las recibieron Nodar o Corbellini, puesto que no hay recibo alguno. Refirió que Fuertes explicó que esas notas las hizo para procurarse mayores ganancias, empero, el Fiscal General echó por tierra esa versión.

Sostuvo que el representante del Ministerio Público no pudo probar que los montos fueron percibidos por los imputados.

Dijo que su defendido no tomó a Fuertes por el cuello pues hay otros medios para solucionar los conflictos.

Señaló que en el caso del local “El Teatro”, en la carpeta secuestrada hay anotaciones que hacen referencia a sumas entregadas a Nodar, pero en ese año no hubo tramitaciones en el legajo de la Superintendencia Federal de Bomberos.

En el caso del local “Popularísimo”, refirió que lo único que hizo su defendido fue medir la escalera y tomar fotografías, pese a lo cual en la carpeta secuestrada figura asentada la abreviatura “marc” junto a la asignación de una suma de dinero.

Explicó que al inicio de la causa Nodar tuvo el mismo abogado que otros imputados porque Fuertes, para redimirse, le ofreció hacerse cargo de la defensa.

En cuanto a su situación patrimonial, refirió que su pupilo vive con cuatro hijos en un departamento adjudicado por la Policía Federal Argentina, con una hipoteca a 30 años, de la que nunca pudo adelantar siquiera una cuota. Tiene un vehículo del año 1994 que adquirió con lo obtenido por la venta de uno anterior, más un préstamo que le hizo su padre y unos bonos de la Policía Federal Argentina. Refirió que posee una tarjeta Visa del Banco Patagonia otorgada por el plan sueldo. Además, tiene una deuda de mil doscientos pesos ($1.200) con esa entidad bancaria.

Indicó que de esto se deriva que las ganancias atribuidas por el Fiscal General no son tales. Parafraseando al Fiscal General dijo “Dios nos libre de estas negociaciones incompatibles”, que no dan un peso y encima crean problemas.

Sostuvo que para la fecha en que Nodar estaba en disponibilidad también hubo errores administrativos; por ejemplo, los locales “Latino 11” y “The Roxy” figuran en el libro con el mismo número de certificado.

Para finalizar, consideró que no hay elementos objetivos que conduzcan a una condena y, por ese motivo, pidió la absolución de Marcelo Enrique Nodar.

Tras estas conclusiones se realizó un receso de 5 minutos. Reanudado el debate alegó el Dr. José Luis González Asaad.

Señaló, en primer lugar, que se trata de una causa política. Ello puede apreciarse, a su criterio, en el modo en que se inició, esto es, por comentarios de Fabiana Fiszbin –ex titular de la Subsecretaría de Control Comunal- en la declaración indagatoria brindada en la causa principal. Esos hechos llevaron a la destitución del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dato que no es menor, porque no le cabe ninguna duda de que en aquel momento la idea era verter ese tipo de declaraciones pues todos los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretendían quitarse de encima la responsabilidad y hacerla caer sobre otras personas.

Sostuvo que su postura será compartida si se nota que más allá de esa declaración indagatoria, los letrados de Fiszbin al realizar una presentación tuvieron el detalle de no hacer saber el nombre de Fuertes y de dar el nombre de Nodar en forma incorrecta. Esta actitud la tomaron porque de tener la certeza, Fiszbin debería haber denunciado los hechos con anterioridad pues, de lo contrario, incumplía con sus deberes.

Indicó que luego hubo un llamado anónimo en el que dijeron que investiguen a Nodar porque estaba arreglado con todos los boliches.

Señaló que la frase del Fiscal General “por algo debe ser”, le trajo a la mente dos cuestiones: primero, que en las reuniones de los días lunes Fiszbin debe haber tomado conocimiento de algo que le permitiera desviar su responsabilidad; y, segundo, que del Ministerio Público provenga una frase como esa lo alarma, demostrando no tener el mismo celo que tuvo en pedir la investigación de un policía que participó en un allanamiento, de los testigos Capozzo y García, de las falsificaciones de las firmas, que en investigar el posible incumplimiento de la funcionaria denunciante.

Refirió que estas actuaciones son un desprendimiento de una de las causas más importantes que hay en la actualidad. Hizo referencia al problema que encontró en una causa política y de dominio público, sosteniendo que se produce en ellas una inversión de la carga probatoria que demanda un esfuerzo enorme de la defensa. Consideró que aquí se vio potenciada esa situación debido a que en la acusación no aparece descripta en forma clara y concreta la conducta imputada.

Estimó que hay incongruencia entre los hechos y la acusación. Ese vicio, es decir una acusación vaga e imprecisa, no habilita al tribunal a emitir un pronunciamiento condenatorio.

Señaló que en su alegato iba a dar respuesta a los puntos planteados por el Fiscal General, no resultando ocioso señalar que afirmó que se han dicho cosas que no fueron así y que se tomaron versiones en forma parcial.

Refirió compartir con el Fiscal General que el proceso penal tiene como fin descubrir la verdad real y que una condena debe apoyarse en la prueba.

Indicó que el representante del Ministerio Público señaló que los funcionarios de la Superintendencia Federal de Bomberos estaban en contacto con empresarios y derivaban a los titulares de los locales a determinadas empresas; sin embargo, de los testimonios recibidos en la inmediatez del juicio no surge que en Bomberos les hubieran recomendado a las firmas que contrataron.

El Fiscal General dijo que los trabajos los hacían correctamente y que las recomendaciones se realizaban para obtener mayores ganancias, pero a criterio del letrado hay una contradicción en ese aspecto, porque entonces no había -como sostuvo la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional- una sistemática aprobación. Refirió que si el expediente es un todo armónico no se puede tomar, en forma antojadiza los elementos que resultan convenientes; o se hacían correcciones para obtener mayores ganancias o no se realizaban observaciones aprobándose sistemáticamente las instalaciones.

El Fiscal General señaló que no era necesario que recibieran dinero de manos de los particulares porque la ganancia estaba contenida en el presupuesto y que era lógico que los testigos no brindaran explicaciones con detalle pues seguían vinculados a la Superintendencia Federal de Bomberos. Esta afirmación no es correcta puesto que la mayoría de los locales ya no funcionan. Además, no puede aseverarse que la ganancia estaba contenida en la cotización porque la mayoría de ellas no fueron aprobadas.

Hizo referencia a que el cohecho y las negociaciones incompatibles con la función pública son dos delitos que no pueden coexistir porque prevén conductas distintas. Por ese motivo, consideró que con el cambio de calificación se modificó la base fáctica.

Refirió que el Fiscal General efectuó un relato de cada uno de los locales y, seguidamente, mencionó los elementos más relevantes de que se mencionaron respecto de aquellos.

Respecto de la reválida del certificado final del local “Coyote”, sostuvo que el Fiscal General indicó que Félix Rodolfo Ramírez llevó a cabo los trámites con asesoramiento de Fuertes; pero eso no fue lo que dijo el declarante, quien llegó a la empresa de instalaciones por recomendación de la Cámara de Discotecas. En este caso el trámite no fue abonado. El representante del Ministerio Público hizo hincapié en la nota hallada en la carpeta secuestrada que hace referencia a una clausura y a un grupo de gente que está “caliente”. En este sentido, recordó que Bomberos no clausura sino que esa situación, según lo dijo el propio Ramírez, se relaciona con las denuncias de los vecinos por ruidos molestos y con la falta de pago al Ingeniero Díaz.

En cuanto al local “El Picaflor”, refirió que el titular es Condori Hualpa, quien también está a cargo de “Montecarlo”. En Bomberos le recomendaron una casa de electrónica por ser la más cercana y, a su vez, en ese local lo derivaron a Fuertes. En este caso, Fuertes le hizo la nota para que presentara ante la división. Sostuvo que no se advierte la llegada que pudiera tener Fuertes con Bomberos, puesto que junto a Condori Hualpa llegaron fuera del horario de atención al público y no los recibieron. Indicó el letrado que si su defendido hubiera tenido vinculación con la división seguramente hubieran hecho la excepción. Esta misma contradicción se advierte cuando el Fiscal General señaló que la falta de firmas no es informalismo sino un delito. Refirió que en este templo de la justicia ese tipo de informalismos abundan. Señaló que aquí se pretenden juzgar situaciones que en el ámbito de la justicia se viven a diario.

En punto al local “Pizza Banana”, expuso que su titular llegó a Fuertes por recomendación de la gente de “Tequila”. En este supuesto, el Fiscal General se detuvo en explicar si el proyecto presentado se trataba o no de un plano en los términos del Código de la Edificación. No obstante, señaló el letrado que los planos que regula esa normativa son aquellos que deben ser presentarse ante la DGFOC. En la Superintendencia Federal de Bomberos sólo tienen una normativa interna que establece los requisitos de las presentaciones. Señaló, también, que Lopreato se presentó en Bomberos junto con Fuertes sin notar que a este último le impartieran algún trato preferencial. Refirió que el representante del Ministerio Público pretendió introducir que a Fuertes lo conocían muy bien, puesto que Corbellini dijo que lo conocían como “el tarta” y Nodar señaló que era pesado y nadie lo quería atender. Sin embargo, sostuvo que eso es una contradicción ya que debió sacar un número y sentarse a esperar que lo atendieran.

Respecto de “Latino 11”, manifestó que Villalva desconoció una firma y que según el Fiscal General pese a que en lo formal figura como titular es un testaferro. En la carpeta secuestrada en el domicilio de Fuertes aparece el nombre de Esmok, quien para el representante del Ministerio Público hizo los planos. No obstante, omitió constatar que en el presupuesto no figura el rubro confección de planos.

En cuanto al local “Kory Huayra”, sostuvo que Banjay creyó reconocer a la letra “B” colocada en el sello de entrada del expediente por ser similar a su firma, mas el motivo de la inserción de esa letra ya fue aclarado y el testigo obviamente se confundió.

Con relación al comercio “Shampoo”, señaló que el Fiscal General omitió decir en su alegato que Mancusi expresó que Fuertes le fue recomendado por Farrel y Becco. Asimismo, indicó que los planos los había confeccionado Fuertes, cuando en realidad el testigo Minerva sostuvo que no lo recordaba. Por estos motivos es que afirmó al inicio que nadie resiste un archivo. El representante del Ministerio Público sostuvo que la inspección la realizó Esmok pero quien fue al local es Nodar, el primero de los nombrados hizo la reválida en el año 2005.

En cuanto a la firma “Baipex” el Fiscal General entendió que la sociedad existió pues así lo dijo la escribana Colomer. Sin embargo, refirió que de la nota enviada por Perucca con motivo del desistimiento se desprenden varios elementos que dan cuenta de que aquél no se debió al inicio de estas actuaciones. En primer lugar, la escribana dijo que mucho antes de la recepción de la nota había recibido un llamado de Perucca; en segundo término, la falta de pago del proporcional de las cuotas sociales y publicación de los edictos es señal de desinterés de los imputados. Por otra parte, señaló que con fecha 17 de mayo de 2005, la empresa “Bausis” retiró el certificado de aprobación del ignifugante “Ipex Shield” realizado por el INTI. De todos estos elementos, el letrado extrajo la conclusión de que para el mes de abril de 2005 los imputados habían desistido de la conformación societaria.

Indicó que el Fiscal General dijo que de la anotación de Perucca en la que hace referencia a la incompatibilidad de Marcelo se desprende el trato coloquial con el que se relacionaban pese a que sostuvieron haber hablado sólo una vez por teléfono; mas esto no es así puesto que hablaron varias veces con motivo de recíprocas consultas técnicas o por charlas de capacitación.

Más allá de ello, refirió que resulta indudable que a partir de la formación de “Baipex” había más diálogo entre Perucca, Nodar y la esposa de este último.

Sostuvo que no se detendría a hablar de los mails que no guardan relación con sus asistidos.

Con respecto a aquel de fecha 1 de febrero de 2005, que es el que más le gusta al Fiscal General, refirió que la oportunidad de un buen negocio realmente era para sus defendidos un regalo caído del cielo.

En punto al mail entre “Ipex” y “Bausis”, relacionado con un borrador de una nota dirigida a Bontá, en la que se hace referencia que Fuertes habló con la Superintendencia Federal de Bomberos para que concurran a inspeccionar el local sabiendo que le faltaban elementos, señaló que Bomberos sólo procede a inspeccionar los lugares a pedido de parte. Además, el gestor de los trámites había sido contratado por la Galería Güemes. En este caso tenían conocimiento de que el certificado estaba por vencer. Por otra parte, Fuertes había conservado en su poder el chip correspondiente a la central, de modo tal que en cualquier inspección no iban a poder comprobar el funcionamiento de la instalación.

Con relación a la conclusión del Fiscal General de que Perucca hacía cotizaciones, refirió que era antojadiza y parcial. Asimismo, agregó que hay distinto celo para evaluar la prueba, dejando pasar algunas conductas mientras que otras no.

Refirió que el representante del Ministerio Público hizo alusión al rubro comisiones que figura en las notas, desconociendo que eso es propio de la actividad laboral y pasa en todas las profesiones. En este sentido, Fuertes gratificaba a quienes lo recomendaban porque era la forma de que lo volvieran a hacer.

En uno de los emails Fuertes le dijo a Perucca que por los tiempos de los trámites consultara a Marcelo. Respecto de este punto el Fiscal General señaló que es atentar contra su inteligencia pretender desconocer la relación que había entre los imputados. Refirió el letrado que nunca se negó el trato existente y sobre aquél se expidieron sus defendidos. Eran muy pocas las empresas que brindaban los servicios integrales de incendio, pudiéndose mencionar además de “Ipex” y “Bausis” a “Prevignea” y “Fireless”. Indicó que lo que se niega no es el trato sino la imputación.

En cuanto al caso del local “Morena”, manifestó que se plantea una cuestión contradictoria a la que no le encuentra explicación. Sostuvo que Víctor Hugo Ponce se contactó con Fuertes por recomendación del titular de “Kory Huayra”. El trabajo de ignifugación en este comercio no lo hizo Fuertes sino que un maestro mayor de obras aplicó el producto “Venier”. En este supuesto el Fiscal General dijo que el negocio no era redituable, empero, el certificado se lo otorgaron en el término de una semana. Por otra parte, el letrado refirió no comprender el problema que hubo con el oficial Bravo. En este sentido el representante del Ministerio Público indicó que el nombrado parecía ser de la competencia, mas esto no es posible porque de hecho recomendó la utilización de “Inspecta Shield”, es decir, un retardante de llama que comerciaba lo que él llama la competencia.

En punto al local “El Living”, sostuvo que llegaron a Fuertes por recomendación de gente del Sanatorio San José. El titular del lugar dijo que sólo una vez habló con Perucca porque Fuertes no estaba, no como sostuvo el Fiscal General que era indistintamente atendido por ambos.

Respecto del local “Tabasco”, sostuvo que el titular se comunicó con Luis y le enviaron personal para que hiciera el trabajo. Asimismo, explicó que las hojas que se utilizaban para los presupuestos no estaban previamente membretadas sino que se imprimían en el momento en que se pasaba un presupuesto, colocándose los teléfonos de ambas empresas para que pudieran comunicarse con cualquiera de las dos.

Sobre el local “The Roxy”, refirió que se trata de un caso de informalismo de los que hizo referencia el Dr. Yrimia, en el que el titular le pidió a un cadete que hiciera una firma en la nota de presentación.

En cuanto al comercio “El Teatro” el Fiscal General no brindó detalles, siguiendo el análisis respecto de local “Mundo Latino”. Aclaró el letrado que el certificado que estaba a disposición de García no era el de bomberos sino el de ignifugación. Refirió que es esencial tener en cuenta que en la división le habían rechazado el certificado de ignifugación por falta de detalles, lo cual demuestra que no había un trato preferencial hacia Fuertes y Perucca.

Con relación a la falsificación de las firmas se adhirió a lo expuesto por el Dr. Yrimia respecto del mandato.

Sostuvo que el representante del Ministerio Público habló del local “Seu” y luego de “Opera Bay”. En este último supuesto, dijo que debido a las observaciones que hicieron en la inspección obtendrían mayores ganancias, dejándose de lado la postura de la aprobación sistemática de las instalaciones. A esta altura el Fiscal General señaló que se realizaban inspecciones en conjunto entre Fuertes y los bomberos, pero ello no sucedió. Lo que era usual que ocurriera es que se pasaran los teléfonos para coordinar las inspecciones finales. Los planos de este local, que fueron firmados por Capozzo, eran para ser presentado ante la DGFOC, organismo que exige la firma de profesional en tales proyectos.

Con relación al local “Tequila”, sólo recordó que su titular Osvaldo Brucco dijo que no se pagó el monto final que figura asentado en el presupuesto.

Respecto de “Popularísimo”, Costabello afirmó que lo conocía a Fuertes por haber contratado sus servicios para un trabajo en un local que tenía con anterioridad.

Por otra parte, precisó que el Fiscal General sostuvo que para esa época muchos de los locales estaban clausurados, pero no es la realidad de lo que sucedía. También dijo advertir que la letra “B” era un código; no obstante, el personal policial que compareció a declarar despejó esa duda.

Señaló que en varios expedientes de locales, con posterioridad al pase a disponibilidad de los funcionarios imputados en esta causa, continúa apareciendo la letra “B”.

Expresó el letrado que el Fiscal General irónicamente hizo ver la capacidad de Perucca como mínima, pero la idoneidad no hace a la práctica sino al revés.

Refirió que el representante del Ministerio Público se vale de los mails para sostener sin razón la acusación.

Sostuvo que del libro de inspecciones finales se desprende que durante el año 2004 se efectuaron 31 inspecciones de locales de baile, 16 de ellas a cargo de Marcelo Nodar, 6 a cargo de Marcelo Esmok y las restantes a cargo de otros oficiales. Además, durante ese período se efectuaron 56 reválidas, con lo que las inspecciones aumentan a 87.

Con fecha 8 de enero de 2005 se dictó el decreto 1/2005, que exigió el ignifugante. Esto llevó a que el Fiscal General dijera que con anterioridad a esa norma convenía vender más aunque no fuera una exigencia. En ese sentido, el letrado sostuvo que desde el año 2004 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires exigía la ignifugación, motivo por el cual Bomberos la recomendaba. Por esta razón sus asistidos estaban interesados en el mercado.

Entendió que el hecho de que hayan tenido el mismo abogado pudo haber generado alguna problemática. Sus defendidos fueron procesados por un delito de codelincuencia compartiendo el abogado defensor. Quien los asesoró respecto de las explicaciones que debían brindar fue ese abogado, que también les hizo creer que estaban sobreseídos.

Sostuvo que los comportamientos que prevén los artículos 256 y 265 son distintos y por eso están regulados en normas diferentes. Consideró haber hallado el motivo del giro que dio el Fiscal General. Para explicarlo refirió que el Fiscal Romá hizo referencia a dos premisas generales: la sistemática aprobación de las instalaciones y la rapidez de los trámites. Sin embargo, el Fiscal General refirió que las observaciones que hicieran los bomberos generaban mayores ganancias y Nodar en su explicación demostró que cada trámite posee una duración diferente de acuerdo a la complejidad. Por ejemplo, en el caso de “Pizza Banana” con intervención de Nodar el trámite duró 18 días y sin ella 7 días. Como estas premisas no se verificaban la acusación por cohecho caía y el Fiscal General buscó otra alternativa. Asimismo, el Fiscal de instrucción exigió la presencia simultánea de 4 premisas particulares. La más relevante es la variable 3, que es la gestión de trámites, y la variable 4, que es la constancia de que funcionarios mencionados con iniciales hayan intervenido en las tramitaciones. Sostuvo que hay locales en los cuales aparecen cifras asignadas a funcionarios pero no existió participación en ellos e igual fueron elevados a juicio. Mencionó los casos de “Latino 11” y “Mundo Latino” en los que aparece Marcelo Esmok quien no participó en los trámites; el caso de “El Living” en el que más allá de la ausencia de anotaciones Marcelo Esmok participó en el trámite; el caso de “The Roxy” en cuyas anotaciones aparece Esmok pero no se elevó por ese tema; el caso de “Pizza Banana”, en el que no hubo intervención de Nodar a pesar de las anotaciones; entre otros supuestos. Refirió que hay un criterio desigual para requerir la elevación a juicio y seguramente eso fue tomado en cuenta por el Fiscal General para hacer el giro en la calificación dada su obligación de acusar.

Sostuvo que en el reparto de las ganancias llama la atención la asignación de sumas que resultan irrisorias, por ejemplo cuando se asienta Corbellini 67. Es evidente que en esos casos son sumas inexistentes. Indicó que ha sabido de colegas que disfrazan cifras a sus clientes y a eso le recuerdan las anotaciones de Fuertes.

Refirió que no puede dejar pasar por alto que al mutar la calificación legal el Fiscal General modificó la base fáctica. Sostuvo, citando a Edgardo Donna, que la figura de negociaciones incompatibles no es congruente con el cohecho, ni con el enriquecimiento ilícito. Se trata de un tipo penal diferente.Señaló que el Fiscal General habló de un desdoblamiento de la personalidad, sin embargo, cuando Donna explica ese término refiere que se trata de una confluencia de intereses que debe darse en el marco de un contrato u operación en los términos señalados por el Dr. Yrimia. Estos elementos del tipo penal fueron extraídos del fallo de la Sala II de la Cámara Federal en la causa “Sofovich, Gerardo”. Refirió que se trata de casos en los que la Administración Pública es parte en un contrato u operación de contenido económico. La acción típica es la de interesarse en un contrato u operación en las que intervenga en razón de su cargo.

Hizo un resumen de lo ocurrido con la prueba testimonial. En ese sentido, señaló que todo el personal de la Superintendencia Federal de Bomberos indicó la ausencia de reglamentación para hacer los trámites, reconoció el vínculo con las empresas, la coordinación de las inspecciones, la rapidez de los trámites, mas no la recomendación de Fuertes. Los restantes testigos fueron congruentes en sus declaraciones, específicamente en que el precio de Fuertes era bueno y les daba facilidades de pago.

Señaló que tiene la mitad de sus años de vida ejerciendo la profesión de abogado y expresa su desazón cuando participa en causas políticas de dominio público. Esta es una causa de dominio público que lleva dos años y medio de proceso, en la que debe hallarse alguna justificación judicial. Sin embargo, nada se ha probado. No hay acusación que habilite un pronunciamiento condenatorio porque no reúne los requisitos exigidos. En el transcurso del debate se produjo la libertad de Omar Chabán y la asunción de Aníbal Ibarra como legislador, hechos que hay que reconocer que sucedieron por azar.

Refirió que las reglas de la sana crítica imponen que la sentencia sea un razonamiento lógico, motivado y controlable, no un mero antojo del Tribunal. Debe basarse en elementos de prueba objetivos que demuestren el estado psíquico de los jueces. Señaló la insuficiencia de la acusación porque enumera prueba endeble y cuestionable que no sustenta la comisión de un delito. Sostuvo que el alegato de la vindicta pública no pasó de ser meras afirmaciones dogmáticas. Manifestó que Fuertes explicó el motivo de las anotaciones. Para no demostrar que obtenía mayores ganancias que Perucca inventó nombres de gente con la cual su socio no pudiera corroborar si había o no recibido el dinero. El Fiscal General le cree a Fuertes respecto de algunos puntos pero no las explicaciones de las notas. Si bien ante la duda el representante del Ministerio Público debe acusar, el Tribunal tiene la obligación de absolver aplicando el artículo 3 del ritual, es decir, que ante la duda deberá estar a favor del imputado.

Dejó hecha la reserva de casación y del caso federal por vulneración de garantías constitucionales, y solicitó la libre absolución de sus asistidos.
3) El Sr. Fiscal hizo uso de la réplica y así manifestó tener en claro sus límites, por lo que se pronunció estrictamente sobre los planteos de nulidad deducidos.

Realizó dos acotaciones:

En primer término, pidió disculpas aclarando “que no se enojó con todos”, sino que la vehemencia en su alegato ha sido sin ninguna mala fe.

En segundo término, aclaró no tener animadversión alguna respecto de la Superintendencia Federal de Bomberos ni para con ninguna otra institución. Las referencias que realizó fueron en relación a Gustavo Bravo, a quien se ha dictado auto de procesamiento.

La inquietud y referencia al anterior defensor aclaró que no la hizo él sino la defensa de Marcelo Fabián Esmok. Agregó, además, que las circunstancias que rodean la actuación del abogado anterior serán conocidas por el Tribunal pero no por el Ministerio Público Fiscal ya que esas pruebas no han sido incorporadas.

Continuó diciendo que se han efectuado dos planteos de nulidad; el primero de ellos respecto del requerimiento de elevación a juicio y el segundo en relación a su alegato. Ellos deducidos por el Dr. Matías Pantarotto, al que adhirieron las restantes defensas.

Con respecto a ellos el Fiscal General comenzó diciendo que el primero de los planteos resulta extemporáneo, entendiendo que si las defensas tenían tal convencimiento de la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio deberían haberlo planteado como cuestión preliminar. Le resultó sorprendente que la requisitoria que se pretende nula se tome como base para solicitar la nulidad de su alegato.

La nulidad respecto del alegato se basó en dos cuestiones; la primera de ellas, la extrema vaguedad. No obstante, consideró haber precisado las circunstancias de tiempo y lugar, haciéndolo respecto de cada uno de los legajos. En cuanto al lugar en que Esmok hacía los planos, entendió que nada agrega ni quita, si ello era en la División Prevención, en Inspecciones o en la casa. Dijo que no cree que la falta de precisión en cuanto al momento de la recepción del dinero haga más débil su acusación. Se habló inclusive de que no hay recibos por la entrega de dinero, lo que lo llevó a pensar que si los hubiera nos encontraríamos ante un caso contemplado en el artículo 34 del Código Penal.

En cuanto a la afectación de la garantía de defensa en juicio, por el cambio de calificación, consideró que todos los letrados han demostrado su sorpresa, aunque a él le sorprende que se sorprendan.

La congruencia debe comenzar desde el primer momento en que los imputados son oídos, debiendo expresarse claramente y lo más ampliamente posible la conducta endilgada.

Dio lectura a la conducta imputada a Marcelo Fabián Esmok en el transcurso de su declaración indagatoria y continuó refiriendo que esta plataforma fáctica se les dijo a todos los imputados y en base a ello pudieron hacer su descargo.

La Sala V de la Cámara del Crimen, al momento de intervenir, resolvió que podrían encuadrarse las conductas endilgadas en cualquiera de las dos figuras legales. El Juez de instrucción dictó auto de procesamiento señalando que conforme la documentación secuestrada se podía saber cómo era la maniobra.

Dio lectura a la plataforma fáctica contenida en el auto de procesamiento. El magistrado instructor sostuvo que esta conducta resulta constitutiva del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Las Defensas recurrieron el decisorio y la Cámara del Crimen en su resolutorio dijo algo interesante sobre el punto.

Mencionaron las defensas que lo dicho por la Cámara “no es palabra santa”, pero consideró que eso ya está dicho y nadie puede sorprenderse ahora.

Leyó la resolución de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, especialmente en cuanto a que se trata de una conducta continua. Tras lo cual refirió que en el año 2006 ya se justificaba este encuadre legal alternativo, que de todos modos no resulta vinculante. La Cámara dijo que sólo le correspondía señalar pero no calificar, desprendiéndose esta tesitura del resolutorio: “Podrá la calificación ser recogida o no por el Fiscal de juicio”, resultando esto prueba de honestidad intelectual, más allá de compartir o no el encuadre legal, no implicando directiva alguna la elección de la figura. En ese momento nadie evidenció afectación alguna, agregando que la descripción de los hechos contiene los elementos necesarios para la aplicación de las dos figuras, quedando a cargo del Tribunal de juicio la fijación de la calificación definitiva. El fiscal ante el juzgado de instrucción optó por una de las calificaciones legales, manteniendo la plataforma fáctica.

Refirió que que se le ha dicho que ocultó su estrategia, pero aclaró que no tenía por qué revelarla.

Siguió diciendo que los hechos descriptos permanecen, más allá de alguna mutación intrascendente.

Así citó Jurisprudencia en aval de su postura: la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 19 de septiembre de 2007 así resolvió en los autos “R.G y otros”, publicado en La Ley on line; la Cámara Nacional de Casación Penal Sala II c/ 1230 Registro 1640, el 9 de octubre de 1997; la Sala IV de la misma Cámara en c/ 1856, Rta. 19 de febrero de 2001.

Se preguntó entonces si en esas condiciones puede sostenerse seriamente que han sido sorprendidos y que se han vulnerado garantías constitucionales; aunque señaló que la respuesta la daría el Tribunal al resolver.

A continuación, en uso de la dúplica el Dr. Matías Pantarotto dijo que le llamaba la atención que se dijera qué se estaba investigando cuando no es así puesto que estamos en la etapa de juzgamiento, es decir, de probar las conductas.

En cuanto a la oportunidad del planteo dijo que al tratarse de una nulidad absoluta, no subsanable de ninguna forma, el planteo puede hacerse en cualquier momento del proceso y debe resolverse.

Continuó diciendo que tanto en el requerimiento de elevación a juicio como en la acusación que produjo el Sr. Fiscal, no se ha precisado concretamente qué, cuándo y cómo se lo imputa a su asistido Marcelo Fabián Esmok. No es el lugar donde se entrega el plano lo que importa, sino que no es la misma imputación la recepción de una dádiva o la negociación con una empresa. Hay prueba de que su asistido se vio privado de ofrecer elementos, como por ejemplo podría haber sido la consulta con distintas empresas.

Sostuvo que es cierto que el primer acto a tener en cuenta para evaluar la congruencia es la declaración indagatoria, pero también lo es que en el debate debe alcanzarse una mayor precisión, porque es la etapa posterior a la investigación.

Refirió que el Fiscal de Instrucción Romá fue más allá en la requisitoria de elevación a juicio y precisó la maniobra de su asistido: sólo la confección de planos y hasta lo desincriminó del resto. La conducta cambió durante el debate y, en consecuencia, no pudo entender dónde está el “negocio”, ya que acá se le imputa “dibujar planos”. La figura legal presuponía una base fáctica y ésta ha cambiado.

En cuanto al segundo motivo del planteo de nulidad, dijo que “se metió todo en una bolsa”, que no se sabe quién fue autor, partícipe – ya sea necesario o no-. Eso demuestra la nulidad de la acusación, que fue genérica para todos los imputados cuando no todos habrían cometido el mismo hecho. Consideró que se le debe decir a cada uno cuál es la imputación concreta que se le formula.

Refirió que la declaración indagatoria era tan abierta que se habló de los certificados de Bomberos a cambio de una dádiva, acción que es muy distinta a la conducta que hoy se investiga. Acá se habló de integrar una empresa.

Además, entendió que debe verse que la Superintendencia Federal de Bomberos jamás dejó de entregar un certificado porque se pague o no una dádiva y consideró que de ser esa la imputación podría haber ofrecido prueba en ese sentido, lo que no hizo ya que la imputación era otra.

Refirió no compartir el criterio de la Sala V de la Cámara del Crimen sobre la alternatividad de las calificaciones, empero es cierto que en primera instancia la conducta debe ser más amplia porque se trata de la etapa investigativa, lo que no ocurre aquí en el debate.

Siguió diciendo que la figura legal contemplada en el artículo 265 del Código Penal habla de interesarse en un contrato u operación, pero en el alegato del Fiscal General no se especificó cuál es ese contrato u operación, salvo referencias a la participación en empresas. Con la descripción no estamos ante un hecho típico, ya que ninguno de los elementos del tipo objetivo incluye la conducta imputada a su asistido, que es la de “dibujar planos”.

Solicitó que se respete el principio de congruencia y que la base fáctica sea la determinada en el requerimiento de elevación a juicio. Tal como fue producida la acusación no surgen las circunstancias de tiempo, modo y lugar como así tampoco el grado de participación de su asistido. No hay elementos que indiquen que Marcelo Esmok haya participado en empresa alguna. No son todas iguales las acciones y todos no están acá por lo mismo.

Al momento de los alegatos se vio sorprendido porque cambió la base fáctica y, aunque no sea su obligación, le hubiera gustado tener oportunidad de ofrecer prueba. Lo que le falta a la acusación salta a la vista del Tribunal.

A continuación el Dr. Yrimia comenzó expresando su adhesión al planteo efectuado por el Dr. Pantarotto. Luego dijo que el principio de congruencia se ha violado porque el primer día quedó probado que venían imputados por el delito de cohecho, al margen de comentarios respecto de la etapa instructoria, que es en realidad para determinar si se pueden o no elevar los autos a juicio.

Sostuvo que al notar que había posibilidad de desviar la imputación en cierto momento –esto es en la indagatoria de Corbellini- formuló reserva del Caso Federal.

Sostuvo que no es la misma conducta porque, de lo contrario, no tendría sentido que el legislador hubiera dictado ambas figuras.

Refirió que aquí ocurre lo mismo que en las revoluciones, primero se hacen y luego se justifican, entendiendo que se han buscado motivos para producir una acusación sí o sí.

Sostuvo que Corbellini desconoce cuál es la conducta por la que participó de un debate. No sabe cuál es el accionar circunstanciado que se le imputa, siendo imposible el doble encuadramiento.

Entendió que no hay acusación ya que el Fiscal se apartó del requerimiento de elevación a juicio, que es el marco dentro del que puede acusar.

El Dr. Buera, a su turno, dijo coincidir en un todo con sus colegas, sin tener nada para agregar.

Sólo efectuó dos acotaciones. Respecto de la entrega de dinero se preguntó si alguien puede ser incriminado por la simple anotación en un papel. Se dijo, además, que no había certificado de Bomberos si no se pagaba, pero para desvirtur esa postura citó el ejemplo de Féliz Rodolfo Ramírez del local El Coyote, quien le quedó debiendo dinero a Fuertes e igualmente obtuvo el certificado.

Finalmente se pronunció el Dr. José Luiz González Asaad quien, en primer término, aclaró que no formuló planteo de nulidad aunque entendió que hubo cambios en la plataforma fáctica y que al desmenuzar los requisitos establecidos por el Fiscal Romá advirtió que se vio que no se dio el delito de cohecho.

Sostuvo que en la indagatoria la imputación efectuada fue genérica y es posible que caiga bajo varias figuras, pero esa generalidad es propia de la etapa de instrucción. Sin embargo, como dijo la misma Sala V de la Cámara del Crimen, el avance hace que las generalidades se estrechen luego para hacer una imputación concreta.

Compartió con el Dr. Yrimia que ambas figuras contemplan distintas conductas. No le causó sorpresa la mutación, sino que la advirtió debido a que no se dan algunos de los requisitos señalados por el Fiscal Romá, y eso motivó que se retome la calificación contenida en el artículo 265 del Código Penal, aunque con pruebas endebles.

En resumidas cuentas sostuvo que no se ha determinado con carácter claro y definido la imputación. Esa insuficiencia hace que el Tribunal no se encuentre habilitado para pronunciarse.
4) Que durante el debate y con relación a esta causa se recibieron las siguientes probanzas, a saber:
a) Prueba testimonial producida en el juicio.

En la audiencia inicial se recibió testimonio a funcionarios de la Policía Federal Argentina, siendo en primer término convocado el

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