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Poder Judicial de la Nación ///nos Aires, 13 de febrero de 2008. Y vistos


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“SOBRE LOS PRECIOS COTIZADOS SE LES APLICARÁ, A LOS SOCIOS DE LA CÁMARA DE DISCOTECAS, UN DESCUENTO DEL 20%”. Está firmada por Luis Perucca. La leyenda se repite en la cotización de fecha 14 de enero de 2005 (Rev.2), con la aclaración también de Luis Perucca aunque sin firma.

La relación estaba tan aceitada y era tanto el aire de impunidad que reinaba entre los contratantes que en su afán de incrementar sus ganancias, poco tiempo antes de iniciarse esta investigación, llegaron a facturar en concepto de trámites y gestiones la suma de dieciséis mil pesos ($ 16.000). Así en la carpeta azul con la inscripción Ipex en su portada existe un presupuesto del 5 de abril del año 2005, cotización n° 8.337 dirigido a “El Cuate” ubicado en el Paseo de la Infanta. Allí se lee: “Planos y Gestiones. Confección de planos, presentaciones finales, ventilación electromecánica, DGFOC y Superintendencia Federal de Bomberos son pesos dieciséis mil $ 16.000”.

Al respecto la actitud asumida por Rubén Fuertes al momento de realizarse el primer allanamiento es sumamente ilustrativa. En ningún momento relacionó la diligencia con la investigación de estos hechos. Por el contrario el oficial a cargo dejó expresa constancia que mientras era identificado refirió que fue quien realizó la instalación contra incendios en el año 1998 del local denominado Reventón tratando con los responsables del local Sres. Jorge Sarmoria y Oscar Costabello (fs. 159 y 160).

La relación entre Fuertes-Perucca y Marcelo Nodar se refuerza a estar al resultado del entrecruzamiento de llamadas entre los aparatos telefónicos que de ellos se poseía al inicio de la investigación.

Se le encomendó a personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina la realización de un entrecruzamiento de llamados entre una serie de líneas telefónicas que de acuerdo a las constancias secuestradas en las causa estaban relacionadas con los aquí imputados, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de ese mismo año.

Como información de interés pudo recabarse que desde la línea nro. 4988-9278, de titularidad de Vilma Andurand, quien es la esposa de Rubén Fuertes, se llevaron a cabo 2 llamados al abonado nro. 4433-0405 –de idéntica titularidad-; 103 llamados al abonado nro. 44323344, 50 al nro. 155-943-2247, 25 al nro. 4431-5749, 260 al nro. 4433-2322 y 152 al nro. 4433-3949 –todas estas líneas a nombre de la firma Bausis S.A.-; 131 llamados al abonado nro. 154-948-1918 y 127 al abonado nro. 4775-4454 –ambos de titularidad de Viviana Vigne, quien es esposa de Marcelo Nodar-.

Asimismo, desde la línea nro. 4433-0405, que también pertenece a Vilma Andurand, se realizaron 4 llamados al nro. 154-948-1918 y 6 al 4775-4454, que corresponden a Viviana Vigne; 1 llamado al abonado 4944-9278; 1 al nro. 4432-3344, 7 al 155-943-2247 y 13 al 4433-2322, todos ellos de titularidad de Bausis S.A.

La empresa Bausis S.A. posee a su nombre 5 líneas telefónicas desde las cuales se efectuaron comunicaciones con los restantes abonados de interés, de acuerdo al siguiente detalle:

a) se registraron 100 llamados al nro. 4433-0405 –de titularidad de Vilma Andurand-, 109 al nro. 4988-9278 –de igual pertenencia-, 1 al nro. 4432-3341 –correspondiente a esa empresa-, y 5 llamados al abonado nro. 4775-4454 –de titularidad de Viviana Vigne-, todos ellos desde la línea 4431-5749;

b) se registraron 8 llamados al nro. 4433-0405 y 17 al nro. 4988-9278 –ambos pertenecientes a Vilma Andurand-, como también 1 al nro. 47754454 –de Viviana Vigne-, desde la línea 4433-2322;

c) se registraron 44 comunicaciones con el nro. 4433-0405 y 47 con el nro. 4988-9278 –ambos de Vilma Andurand-, y 1 al nro. 4775-4454 –perteneciente a Viviana Vigne-, desde la línea nro. 4433-3949;

d) se registraron 5 llamados al nro. 4988-9278 –de Vilma Andurand-, desde la línea 4432-3344.

Desde las líneas telefónicas nros. 4775-4454 y 154-948-1918, que se encuentran a nombre de Viviana Vigne, no se registraron llamados salientes a aquellas de titularidad de Bausis S.A. y de Vilma Andurand, no obstante, hubieron comunicaciones entrantes de acuerdo al detalle que antecede.

En síntesis, del resultado del entrecruzamiento de los abonados telefónicos podemos concluir que no sólo entre las empresas de Fuertes y Perucca se comunicaban por vía telefónica, sino que también lo hacían con los abonados particulares a nombre de la esposa de Marcelo Enrique Nodar.

Consideración aparte merece el tratamiento del tópico referido a la aplicación de sustancias retardantes de llamas por parte de las empresas Ipex-Bausis.

Después de lo ocurrido la noche del 30 de diciembre del año 2004 en el local que giraba bajo la denominación comercial de “República de Cromañón”, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó el decreto de necesidad y urgencia N° 1 del año 2005 en el que a través del art. 1° se prohibió la realización de espectáculos musicales en vivo en todos los locales de baile. En el art. 2° entre los requisitos exigidos a los lugares de baile se contempló expresamente: “2. Certificación de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal en los términos dispuestos por la Ordenanza N° 50.250 y modificatorias. 3. Constancia de que la totalidad de los revestimientos, incluidas las aislaciones acústicas –permanentes o temporales,- existentes en el interior de los lugares de baile son de materiales no combustibles, o bien ignífugos o con tratamiento ignífugo”.

Asimismo en el art. 5° se indicó que durante el tiempo en que los lugares de baile se encuentren abiertos al público deberán cumplir obligatoriamente los siguientes recaudos para poder funcionar: “…Constancia de certificación de los materiales y/o procesos utilizados para el tratamiento ignífugo de revestimientos y aislaciones acústicas y su fecha de caducidad, si correspondiere, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3 del artículo 3° del presente” y en el último párrafo que “La falta de cumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos por el presente artículo dejará expedita la vía para la inmediata clausura preventiva del establecimiento”.

Si bien existen constancias que en solitario desde el año 2001 legajo de “El Teatro”) y en conjunto con Perucca desde el año 2003, Fuertes venía aplicando estos productos conocidos como “retardantes de llamas”, lo cierto es que la disposición comunal que tornaba obligatoria la aplicación, significaba un aumento creciente de las posibles ventas. Los cuantiosos presupuestos encargados por los locales a partir de enero del año 2005 son sumamente ilustrativos al respecto (ver carpeta azul con la inscripción “Ipex”)

Así fue que conforme a los propios dichos de los aquí imputados, surgió la idea de constituir la sociedad BAIPEX dedicada exclusivamente al rubro.

Está claro que más allá de la discusión que plantearan las partes respecto de la existencia o no de la persona ideal, su desarrollo se vio truncado por la iniciación de estas actuaciones.

La existencia de Baipex S.R.L., sus integrantes y su objeto social se encuentran por demás probadas. La documentación secuestrada en el allanamiento y el testimonio de la escribana Raquel Colomer en el debate, han sido sumamente elocuentes al respecto.

Así si bien estos hechos no formaron parte de una imputación por separado a los aquí encausados, sí integraron la plataforma fáctica y arrojan una serie de indicios relevantes:

a) la relación previa, concomitante y posterior que unió a Marcelo Nodar con Rubén Fuertes y Luis Alberto Perucca.

b) la mayor preponderancia que tuvo Nodar en la contratación espuria realizada merced a la más íntima relación que guardaba con los empresarios.

c) la existencia de un asesoramiento técnico por parte de Nodar, quien a su vez brindaba sus vínculos (vgr. con el IRAM como se acredita con el intercambio de correos electrónicos del Oficial con el Ingeniero Mario Paonessa, Gerente de Seguridad, agregado en la carpeta azul incautada) y sus contactos (derivación a Perucca de Edgardo Spector de química Prosintex interesado en certificar un ignifugante).

Es menester aclarar que estos vínculos y contactos logrados por Nodar fueron producto de su condición de oficial superior de la policía federal y por haber sido designado en ese carácter por la propia fuerza, que para lograr su mayor capacitación lo comisionaba o enviaba a distintos cursos de perfeccionamiento, conforme surge de su legajo personal.- ver fs. 146/153-

d) la aplicación indebida que las empresas Ipex-Bausis venían haciendo del retardante para llamas Inspecta Shield, al que habían copiado y “rebautizado” “Ipex-Shield”.

Prueba acabada de ello son las constancias existentes en el legajo de la Superintendencia Federal de Bomberos correspondientes al local “Pizza Banana”.

Los imputados admiten en sus indagatorias haber “tomado” la fórmula y haberla encargado a una química a menor costo que el producto original.

Desde fs. 14 a 41 del duplicado del legajo 0007 se ve el instructivo del producto elaborado por las empresas Ipex (de Rubén Fuertes) y Bausis (de Luis Alberto Perucca).

Allí se asientan datos claramente falsos, falsedad que era conocida por los integrantes de la Superintendencia Federal de Bomberos.

Se afirmaba (fs. 16) que el producto había sido aprobado por esa dependencia de la Policía Federal Argentina, por el INTI y por una serie de instituciones extranjeras. Sin embargo todas las referencias que allí se realizan no corresponden a esa sustancia (la que por cierto nadie había constatado como eficaz) sino al producto original, el “Inspecta Shield” fabricado por el Laboratorio N.J. Fire Shield. Inc.

Entre la documentación existente en la carpeta azul secuestrada con la inscripción “Ipex” pueden verse constancias de la tramitación que Rubén Fuertes y Viviana Vigne realizaron en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para la certificación del producto “Ipex Shield”. Claro que estas gestiones datan de abril del año 2005, mucho tiempo después de que se viniera utilizando y con el fin de regularizar su aplicación por parte de la empresa Baipex S.R.L.

Por lo tanto las pruebas reunidas conforman un todo armónico que permite arribar a la certeza necesaria que en materia criminal se requiere de la existencia del injusto y de la responsabilidad consecuente de los imputados, delineándose un “rompecabezas” (en la terminología de Karl Mittermaier), sin espacios libres ni juntas defectuosas.

No quisiéramos terminar este considerando sin señalar que los hechos probados demuestran “el grado de corrupción que afecta la supervisión de todos los establecimientos ya que comenzando por el arancelamiento NO OFICIAL (además de los sellados fiscales de práctica) de todo tipo de trámites que sin el pago de los correspondientes diezmos no caminan y que con el pago de los mismos SI caminan en forma global pero por supuesto defectuosa, sin incluir controles, inspecciones previas y post-trámites y que permiten accionares ilegales, usos sin permisos ni habilitaciones, ocasionan que los inspectores den vuelta la cara ante graves anomalías, y una serie innumerable de hechos que por su magnitud deberían ser analizados para encontrar a los culpables y retirarlos de la función pública, y esto únicamente se podrá lograr transparentando la función de supervisión comenzando por la separación de sus cargos de los actuales responsables de tan nefasto proceder. Sin duda alguna un correcto funcionamiento de las verificaciones, conllevaría a brindar mayor seguridad a todos los habitantes de la comuna”.

Este párrafo no nos pertenece, no fue transcripto de algún informe producido por un organismo de contralor, ni siquiera del discurso pronunciado por un candidato electivo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pertenece paradojalmente al puño y letra de Rubén Fuertes y se corresponde con un ante-proyecto de creación del Departamento de Seguridad contra Incendios, accidentes y emergencias, presentado por nota del 24 de junio de 2003 y que como parte integrante de su descargo se encuentra agregado a fs. 241 a 250.

Vaya cinismo. Lejos de preocuparse por la seguridad y por la transparencia de la función pública su norte era exclusivamente el lucro, aún a costa de poner en riesgo la integridad de las personas que debía resguardar mediante su tarea. Prueba de ello es la carta dirigida a Ramirez de “El Coyote” donde claramente le indicaba que su negocio no estaba “ni ahí” en las condiciones exigidas y el email donde hace referencia, en el caso de Piazzola Tango, a que pese a haber realizado la instalación completa del sistema de detección de incendios, conservó el chip de la memoria (lo que inutilizaba la central de emergencia) con el objeto de asegurarse el cobro de lo adeudado, dejando así librada a su suerte la seguridad de los concurrentes al local.

Para terminar estas consideraciones quisiéramos dejar asentado que pocas veces a lo largo de nuestra carrera (más de 25 años en el Poder Judicial) hemos tenido bajo nuestras manos la consideración de un caso de corrupción con pruebas tan contundentes.

Sin dudas que ha confluido para que esto sucediera el sentimiento de impunidad del que gozaban los acusados y la obsesión de Rubén Fuertes por conservar el más mínimo detalle de las operaciones que realizaba. Necesitaba para sí tener el control de la utilidad neta que le proporcionaba cada negocio.

Fuertes reflejó como en un diario personal, las minucias de cada trámite preconstituyendo así prueba de indudable valor cargoso.

Pretender restar valor como prueba de los pactos espurios a estas anotaciones, a las que las defensas calificaron como “unilaterales”, es absurdo.

Las diferentes posiciones que asumiera Fuertes en el transcurso de este proceso para restarle valor a esta evidencia resultan elocuentes.

Así puede observarse que Fuertes en el inicio de este expediente negó que fueran sus grafías, cuando de anotaciones comprometedoras se trataba. Luego y desvirtuada su posición por el peritaje caligráfico realizado, mutó su posición procurando restarle peso probatorio argumentando que las menciones de los funcionarios policiales obedecía a su intento de burlar a su socio Luis Perucca para obtener más ganancias a su favor, ya que si este verificaba los gastos y observaba este reparto de dinero al personal de bomberos, no se atrevería a consultarlos.

Si se tratara de valorar en forma aislada estas afirmaciones, la versión es intrínsicamente inaceptable. Aún desde la postura que él asume, como externo de Bausis, la auditoría sobre sus estudios y costos no la tenía Luis Perucca quien en esta línea de razonamiento sólo debía limitarse a entregarle los productos por un precio que ya incluía su beneficio patrimonial.

Por otra parte es de destacar, anotaciones como la ocurrida en el caso de Tequila, donde no se asigna un monto o un costo con destino a Esmok sino donde simplemente se asentó que era él el encargado de hacer los trámites y planos.

Huelga destacar que confrontada esta versión con el resto de la prueba reunida no resiste el menor análisis habida cuenta del claro conocimiento que tenía Luis Perucca de que el personal policial estaba involucrado en todos estos negocios.

Para finalizar una breve referencia a los descargos del resto de los imputados.

Corbellini ha pretendido desconocer como se manejaban todos los asuntos en la dependencia a su cargo ciñéndose a que su función era intermediar entre la labor de sus subalternos y de sus superiores. Remarcó que él no modificó la burocracia propia de la dependencia sino que se siguió manejando como antes de su llegada.

Las irregularidades y falsedades detectadas en los expedientes son clara demostración de su mendacidad. Sólo se puede explicar semejante tolerancia a este cuadro con el reparto de dinero verificado.

Lo de Nodar transcurrió por querer presentar un cuadro de normalidad en el ejercicio de sus tareas apareciendo como un policía probo y preocupado por los temas de seguridad. Pretendió así realizar un análisis fragmentado del trámite de los legajos, lugar donde se lo notaba cómodo por sus años de oficio. Quiso mostrar a las verificadas ilicitudes como meras cuestiones de informalidad propias del ámbito administrativo.

Sin embargo a poco de ser confrontado con los emails que intercambió con Fuertes y Perucca no pudo brindar ninguna explicación razonable a la relación que lo unía con ellos y que era de manera evidente de contenido económico.

Esmok trató durante el juicio, sin mayor éxito, de modificar su inicial versión que lo involucraba con estos hechos, pretendiendo desconocer lo que primigeniamente admitió en referencia a haber hecho planos para Fuertes que eran firmados por su conocido el arquitecto Capozzo, queriendo justificar el cambio de su estrategia, en un mal asesoramiento del letrado que lo asistiera en la etapa de instrucción. Así negó durante el juicio haber realizado planos de locales de baile como cualquier otro tipo de trabajo para Fuertes.

La prueba reunida demuestra que, como ya se dijo, realizó él los planos de algunos de los locales de baile y se le asignaban sumas de dinero por esta tarea. También que toleró ilicitudes en los legajos haciendo entrega de documentación a personas no autorizadas, admitiendo la falsificación de las firmas.

Perucca se presentó como un empresario ajeno a las maniobras que Fuertes pudiese ejecutar o llevar a cabo. La correspondencia electrónica y papelería comercial dan clara cuenta de su asociación con Fuertes en los negocios ilícitos.
8°) Corresponde entonces que demos las razones por las cuales hemos considerado que los hechos definitivamente probados se subsumen típicamente en la figura del cohecho.

Edgardo Donna en su obra “Derecho Penal. Parte Especial”, Tomo III Ed. Rubinzal Culzoni. Pág.209 y ss., señala que el bien jurídico tutelado en esta figura es el correcto y normal funcionamiento de la administración pública y que los funcionarios actúen o desarrollen sus funciones sin otro aliciente que el deber, por una parte, y el sueldo que reciben del Estado. El autor adhiere en cuanto a la circunscripción del bien jurídico protegido a lo afirmado por el Tribunal Superior de España: “El delito de cohecho protege ante todo el prestigio y la eficacia de la administración pública garantizando la probidad e imparcialidad de sus funcionarios y asimismo la eficacia del servicio público encomendado a éstos”.

La ley no sólo ha descripto tipos para los funcionarios públicos (cohecho pasivo) sino también a los particulares (cohecho activo).

El autor afirma que los cohechos pasivos y activos pueden tener en vista un acto determinado (arts. 256, 256 bis, 257, 258 C.P), o sólo el oficio del funcionario (art. 259 del C.Penal).

En cuanto al tipo penal del cohecho pasivo (art. 256 del C.P.), aplicable en este caso a los funcionarios policiales Comisario Alberto Corbellini, Principal Marcelo Nodar y Suboficial Marcelo Esmok, Donna recuerda que


en su tipicidad objetiva es esencialmente un delito de codelincuencia necesaria, no puede haber cohecho pasivo sin cohecho activo, siendo necesaria la actuación de dos o más personas. No obstante el cohecho activo está tipificado en el art 258 del C.P, ya que basta el ofrecimiento o la promesa al funcionario público. Como no es necesaria la aceptación de lo ofrecido a los efectos de la consumación del delito, no es un caso de codelincuencia necesaria.

Las conductas que describe la ley son dos; la de recibir dinero u otra dádiva o la de aceptar una promesa. Recibe dinero el que entra en su tenencia, debiendo existir un traslado físico del dinero por parte de quien entrega al funcionario público. Acepta, el funcionario que admite que en un futuro va a recibir lo que se le promete. En este supuesto concreto hemos dado por probado, y en los casos por los que se los ha responsabilizado, que los tres funcionarios policiales han aceptado promesas de entrega de dinero de Fuertes y Perucca para comprometer un hacer en su función (es evidente que también han recibido dinero porque la propia mecánica de la maniobra y su reiteración y permanencia en el tiempo son indicadores a las claras de que Fuertes y Perucca cumplían con las promesas pactadas).

Es sabido que en doctrina se discute si la dádiva debe tener un contenido económico o si alcanza con que tenga un beneficio, sin necesidad de contenido patrimonial. Parte de la doctrina entiende que debe reportar al receptor un beneficio en su situación patrimonial. (Núñez, Soler, dan contenido necesariamente económico a la dádiva). Otro sector, en contrario, sostiene que basta el provecho o beneficio independientemente del contenido. Sin embargo no es menester detenerse en esta cuestión pues está claro que los imputados han dado aquiescencia a la entrega de dinero de sus corruptores. Sólo nos ocuparemos más adelante (al analizar la figura del cohecho activo) en si existe sinonimia entre los términos “dádiva” o “beneficio económico” o “entrega de dinero” en virtud de la objeción realizada por uno de los defensores (el Dr. Matías Pantarotto) al momento de la realización su alegato.

Sí repararemos, en que la dádiva, si bien no requiere ser necesariamente proporcional al acto esperado, debe ser idónea para actuar como motivadora de la conducta del funcionario, extremo por demás probado en autos.

Siguiendo a Carlos Creus en su obra “Delitos contra la administración pública”. Ed. Astrea 1981. Capítulo VI, el objeto que el funcionario recibe puede ser dinero o cualquier otra dádiva.

Agrega el autor que la dádiva entregada para retribuir una conducta ya adoptada por el funcionario o la oferta aceptada con posterioridad al acto, no cae dentro de los límites del cohecho. Esta no resulta la hipótesis contemplada en autos pues los presupuestos iniciales elaborados prolijamente por Fuertes incluían la previsión anticipada del reparto del dinero para asegurarse el “hacer o no hacer” de los funcionarios.

Creus en su obra dice que el acuerdo debe versar sobre hechos determinados y que constituyan hechos propios de la competencia funcional. El funcionario que acepta una promesa o recibe algo para asumir conductas abusivas, en cualquier ocasión que le toque actuar funcionalmente en uso de su competencia, aunque no esté determinada, no queda marginado del art 256.


Esta última solución también se impone, según su concepción, cuando lo buscado son las omisiones funcionales, que como tales constituyen ilícitos. “Quien recibe una paga para no adoptar, en todos los supuestos futuros, la conducta funcionalmente debida entra en los límites del art 256 del C.P”. Tanto comete cohecho el empleado policial que acepta dinero para omitir un arresto, como el que lo acepta para dejar de sancionar.

Al respecto Jorge Rimondi en su obra “Calificación legal de los actos de corrupción en la administración publica” de Editorial Ad Hoc, aclara que la licitud o no de la actividad comprometida carece de relevancia a los fines de la configuración del cohecho. Ello es así por cuanto lo que se reprime es la venalidad en el manejo de la cosa pública. En consecuencia no es necesario que la conducta acordada sea ilícita, dado que el fundamento del reproche es que el funcionario vende sus servicios a un particular corruptor.



En este caso nos encontramos ante la modalidad de promesa y entrega de dinero directa, entendida como aquella “dirigida a funcionario público determinado”.

Y también tenemos claro que esos pactos espurios y su cumplimiento fueron realizados sin haber intermediado otras personas.

A partir de los cuestionamientos realizados por parte de las defensas de los funcionarios es necesario detenerse en la exigencia relativa a la competencia de los actos que se comprometieron a efectuar y en definitiva llevaron a cabo Alberto Corbellini, Marcelo Nodar y Marcelo Esmok.

Donna dice que el acto en sí debe ser de aquellos propios de la competencia funcional. Así delinque quien no resuelve lo que debe, como el que demora la resolución.

A continuación reseña algunos criterios del Tribunal Supremo Español para saber cuándo el funcionario actúa en el ejercicio de su cargo, que resultan aplicables también para nosotros:

a) Cuando son tareas que pueden encomendarle sus superiores.

b) Cuando el acto pertenece a la oficina donde el funcionario cumple tareas.

c) Cuando el funcionario tiene la guarda del asunto del que se trate.

d) Cuando por estar destinado a determinado organismo, aprovecha el libre acceso.

e) Cuando el acto u omisión no resulten extraños a él.

Es contundente Jesús Catalán Sender en su obra. “Los delitos cometidos por autoridades y funcionarios públicos en el nuevo Código Penal (Doctrina y Jurisprudencia). Editorial Bayer Hnos. S.A. Barcelona, 1999, cuando señala “El funcionario ha de realizar una acción o una omisión, por lo que cabrá que sea un mero acto de los denominados de trámite, en el ejercicio de su cargo. Cabrá aplicar esta calificación si el funcionario tenía competencia para realizarlo, bien porque ésta era evidente que la ejercía la oficina donde el funcionario realizaba su actividad (aunque no fuera competencia propia de ese funcionario en concreto), bien por habérsele “encomendado” tal función por sus superiores.”

Observemos detenidamente la cuestión.

En el caso de Corbellini como jefe de la dependencia está claro que no era un simple “intermediador” o “alcanza papeles” como se lo quiso presentar. Era la máxima autoridad de la División Prevención. Como tal formulaba a todos los particulares legitimados para solicitar el certificado expedido por la Superintendencia, el pliego de condiciones particulares que debía cumplir el local para obtener tan ansiada certificación, necesaria para tramitar la habilitación ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A su vez ejercía el control directo sobre la actividad de sus subordinados, y era quien en definitiva visaba el cumplimiento de todos los pasos que llevaban a la obtención de la certificación.

Al respecto el Reglamento de Área de la Superintendencia Federal de Bomberos (R.G.P.F.A., n° 8) modificado el 6 de noviembre de 2001 establece en su artículo 7°: “Son facultades y obligaciones comunes a los Jefes de Divisiones y Secciones: a) Conducir operativa y administrativamente la Dependencia a su cargo”, y el art. 48 establece como facultades y obligaciones específicas del Sr. Jefe de la División Prevención la de: “b. Supervisar la correcta ejecución de los servicios proyectados mediante inspecciones a realizarse en las distintas etapas de su concreción, procediendo en su caso a la respectiva aprobación”.

Está claro entonces que el dinero o beneficio económico que persiguió y obtuvo por todos los legajos (a excepción de los locales Tequila y El Picaflor. hechos por los cuales resultó absuelto) tenían por finalidad un obrar suyo en el marco de su competencia funcional que incluían:

a) la elaboración de cláusulas particulares que facilitaran las tareas por parte de las empresas Ipex-Bausis,

b) un dejar de hacer en cuanto a la tolerancia evidenciada a las irregularidades administrativas que surgían de los legajos,

c) la asignación del seguimiento e inspecciones a Marcelo Nodar y a Marcelo Esmok, sabiendo que ellos mismos habían sido corrompidos por las empresas,

d) la aprobación necesaria que realizaba de toda la tramitación para que fuese posible la elevación a las instancias superiores que firmaban los certificados.

En el caso de Marcelo Nodar la cuestión aparece sencilla. Fue él quien inició el vínculo espurio con Fuertes y Perucca.

Los actos dentro de su competencia funcional comprometidos al aceptar un beneficio económico fueron:

a) el trato indebido, por lo privilegiado, proporcionado a los representados por Fuertes y Perucca como Oficial a cargo de la dependencia que incluía la aceptación de trámites irregulares en la forma en que han quedado probados.

b) la tarea de asesoramiento indebido que realizaba a Ipex y Bausis aprovechando los conocimientos adquiridos y que le había proporcionado el Estado al asignarlo a esa función.

c) la vinculación que le procuró a Fuertes y Perucca con empresas necesitadas de la certificación de bomberos.

d) en idéntico orden la influencia ejercida sobre autoridades de otras dependencias técnicas (vgr. el IRAM y su director de seguridad Mario Paonessa).

e) también sobre particulares en busca de asesoramiento (ingeniero químico Spector que buscaba certificar un ignifugante).

f) las inspecciones que corrieron a su cargo de los locales y las que él supervisara que eran realizadas por su subordinado Esmok.

En último término los actos comprometidos por el Suboficial Esmok a cambio del dinero prometido por Fuertes y Perucca, por los cuales fue responsabilizado (The Roxy, Tequila, Mundo Latino, Seu disco, El Living, Opera Bay, Pizza Banana y Latino 11) resultaron ser:

a) la confección de planos, aprovechando su condición de maestro mayor de obras y abusando en provecho del grupo de los conocimientos que el propio Estado le había brindado al pertenecer a la citada División.

b) la realización de inspecciones a los locales que facilitaran la pronta obtención de la certificación.

c) el asesoramiento indebido proporcionado a las empresas Ipex-Bausis en los temas relativos a su especialidad.

d) la tolerancia e intervención directa en las irregularidades cometidas en los trámites de los legajos cuestionados.

En virtud de los cuestionamientos efectuados por la defensa de Esmok a la aptitud funcional de su asistido, es Jesús Catalán Sender, quien responde acabadamente el punto al señalar:”sujeto activo es el funcionario o autoridad que solicita, acepta, recibe. Para tener la condición de autor no es “conditio sine qua non”, que tenga facultades resolutorias, bastando que tenga facultades de mero informe”.

Por las razones apuntadas y siendo que dentro de los actos de competencia funcional que eran torcidos por el pacto venal incluimos las irregularidades en la tramitación de los legajos, las firmas falsas que fueron verificadas. No se trata, a nuestro modo de ver, de hechos que puedan ser considerados independientes al cohecho que se dio por probado. En esa inteligencia no se resolvió positivamente los pedidos del Sr. Fiscal General de que se extrajeran testimonios por los posibles delitos de falsedad documental que se podrían haber verificado.

El cohecho, en función del bien jurídico protegido, absorbe la posible afectación de la fe pública que implica la falsificación.

En el diseño del plan criminal es parte del hacer comprometido, pues en aras de lograr mayor agilidad, se contemplaba la posibilidad de falsificar las firmas de los comerciantes.

Media en el caso un concurso aparente que debe ser resuelto por especialidad a favor de la figura del cohecho por reunir la mayor cantidad de notas típicas y que también absorbe por lógica todos los incumplimientos funcionales que se verifican.

En cuanto al tipo subjetivo Donna afirma que sólo es posible el dolo directo. La finalidad es que el sujeto activo haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones, o haga valer su influencia ante otro para que éste haga algo o deje de hacerlo. El agente debe tener conocimiento y voluntad de realización del tipo objetivo.

Está fuera de discusión que todos los funcionarios actuaron con dolo directo.


Teniendo en cuenta que el delito se consuma con el pacto, está claro que todos los hechos por los que se los responsabilizarán resultaron consumados. Así, refiriéndose al tópico la jurisprudencia ha señalado: “en cuanto al delito de cohecho pasivo, éste es de pura actividad, que se consuma por el mero hecho de recibir dinero (o cualquier otra dádiva) o aceptar la promesa, sin necesidad de que se produzca el acto en función del cual se recibió o se aceptó, por lo cual no es posible la tentativa, ya que no admite diferencias cronológicas entre el principio de ejecución y el momento de consumación”.(Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia -en mayoría-, Cámara Nacional de Casación Penal. Sala : IV. Magistrados: Hornos, Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia. Registro n 2763.4. Varela Cid, Eduardo s/recurso de casación. 20000829 Citas : Causa n : 1626).

Asimismo al haberse renovado el designio delictivo en ocasión de cada local comercial, media un concurso real.

Al ser el cohecho pasivo un delito especial, debe seguirse la clasificación formulada por Claus Roxin en su obra “Derecho Penal, Parte General, T.I, Fundamentos. La estructura de la teoría del delito”, de Editorial Civitas, pág. 338, cuando señala que sólo puede ser autor quien reúna determinada cualidad y, por regla absolutamente general, esa cualidad consiste en una posición de deber extra-penal, por lo que en estos casos es mejor hablar de delitos de infracción de deber.

En esta clase de delitos, como lo señala el autor, lo que en esencia convierte a un sujeto en autor es el deber específico emergente de tener encomendada una concreta materia jurídica. Su infracción consciente fundamenta la autoría.

Desarrollando más ampliamente el tema en su obra “Autoría y dominio del hecho en derecho penal”. Editorial Marcial Pons, pág. 384 y ss., afirma “La infracción a la que refiere se trata –como se anticipó- de una infracción de un deber extra-penal; es decir, de deberes que están antepuestos en el plano lógico a la norma y, por lo general, se originan en otras ramas jurídicas”. Por ejemplo el caso de los deberes jurídicos-públicos de los funcionarios.

En el sub lite, conforme al reglamento del área de la Superintendencia Federal de Bomberos, esa dependencia tiene por misión entender en todo asunto relacionado con la seguridad contra incendios y otros siniestros (art. 1), como ser: intervenir en el estudio, proyecto y verificación de instalaciones en materia de seguridad contra incendios (art. 47), fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y técnicas vigentes relacionadas con la seguridad en las instalaciones contra incendios, existentes en establecimientos públicos y privados (art. 49).

Sentado ello, cabe afirmar que el deber extra-penal que se vulnera es precisamente aquel que demanda que la tarea de fiscalización no esté precedida de un interés, de lo contrario se desnaturaliza tal función.

Se advierte también que dicho accionar contraviene principios básicos enunciados en la Ley de Ética Pública (25.188) que contempla un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades en el ejercicio del cargo. Entre ellos se resaltan los que exigen desempeñarse en observancia y respeto a las pautas éticas previstas en la ley (honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana) –art. 2b- y el velar por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular –art. 2c-.

Establecido pues el quebrantamiento del deber especial, cabe abordar el tema concerniente a la intervención de los funcionarios públicos Corbellini, Nodar y Esmok. Sobre el punto, consideramos que corresponde atribuirles el rol de coautores, por cuanto cada uno de ellos, en su propio ámbito, infringió tal deber jurídico que era común a todos y, por tanto, exigible individualmente.

Siguiendo la tesis de Roxin, en lugar de la imbricación de las aportaciones al hecho en la fase ejecutiva, se da la determinación del resultado por lesión conjunta de un deber común. Sólo cabe hablar de carácter común en este sentido cuando varias personas se encuentran sujetas a un mismo y único deber. Ha de estimarse coautoría siempre que alguien, de acuerdo con otros obligados, mediante cualquier aportación al hecho, incumpliendo las funciones que le están encomendadas, coopera en aquel. Es decir que la coautoría en los delitos de infracción de deber radica en la afectación conjunta de un deber jurídico extra-penal protagonizada por varios sujetos, con independencia del grado de intervención concreta, que sí podrá constituir parámetro a valorar al momento de graduar la pena.

Como ya quedara fijado entonces será Nodar quien responderá por ser coautor del delito de cohecho cometido en dieciséis oportunidades, Corbellini en idéntico rol y conducta pero en catorce ocasiones y finalmente Esmok resulta también coautor del delito de cohecho pasivo pero en su caso cometido igualmente en forma reiterada, aunque en ocho hechos –arts. 45, 55 y 256 del Código Penal-.

En el caso de Fuertes y Perucca la subsunción jurídica se traslada al art. 258 del código de fondo, es decir el cohecho activo.

Se trata aquí de proteger a la administración pública. La estructura exige que exista una forma especial de codelincuencia, consistente en la tipificación del castigo a la persona que ofrece el trato. Se trata de una inducción al funcionario a que se corrompa. No podrá darse el cohecho pasivo si no se da necesariamente el activo, pero como tipos diferenciados y no como una forma de participación. El tipo no requiere la aceptación del funcionario público por lo que el art 258 se configura sin la necesidad de los arts. 256 y ss.

En cuanto al tipo objetivo Donna afirma que las conductas previstas son dos: “ofrecer o dar dádivas a un funcionario público con los fines ya dichos”.

Creus sostiene que no queda marginada del tipo la conducta de quien da u ofrece respondiendo a una insinuación o pedido.

Esto tiene relación con lo que en doctrina se denomina “el puente de plata”. Al respecto el autor que desarrolla más extensamente la cuestión es Rimondi quien afirma que “el negocio venal tiene su principio de ejecución con la entrega o promesa efectuada por el particular corruptor. Para responsabilizar al funcionario público será necesaria la acción de su codelincuente. No se puede recibir lo que previamente no se ha entregado, ni aceptar una oferta que no se ha formulado”.

Agrega el autor que: “Sin perjuicio del principio, algunos autores reconocen algún tipo de actividad anterior por parte del funcionario público. Esta actividad ha sido llamada ”puente de plata”, e incluye las insinuaciones o sugestiones más o menos hábiles o encubiertas, silencios y gestos sugerentes que puede realizar el funcionario público con anterioridad a la oferta corruptora y a efectos de que el particular la formule”.

Es que como bien lo señala: “El miedo genérico a la autoridad que suele sentir el común de la gente puede resultar un escollo para la formulación de una propuesta venal. Conociendo esta realidad es posible que el funcionario público desarrolle ciertas conductas tendientes a allanar el camino de su interlocutor hacia la oferta corruptora. Precisamente es así que surge la denominación de “puente de plata”.

Ocurre entonces, como continúa diciendo, que: “El funcionario sutilmente establece una vía de comunicación con el particular por sobre los temores que pudiera tener éste, para que formule con mayor libertad la propuesta venal”.


Aunque precisando la cuestión dice que “Más allá de la posible existencia de una previa actividad por parte del funcionario no debe olvidarse que la entrega o el ofrecimiento siempre debe partir del particular. Por lo tanto la conducta atrapada por el puente de plata nunca debe sobrepasar la categoría de mera sugerencia equívoca. En cambio si la actividad del funcionario determina unívocamente al particular a entregarle una dádiva, se traspasará el límite de la mera sugerencia para adentrarse en el terreno de la exigencia, configurativa de otra figura delictiva, pero no de cohecho. Dicha conducta dista mucho de ser el comienzo de ejecución de un negocio venal, resultando acciones equívocas que pueden evidenciar tanto la deshonestidad del funcionario como un manejo poco ortodoxo de la cuestión. Así el particular preserva la facultad de decidir si realizar o no una oferta corruptora. Si alentado por el trato recibido la formula, recién en ese momento da comienzo a la ejecución del negocio venal. Así la conducta previa del funcionario será atrapada por el puente de plata, no obstante lo cual sólo quedará el acuerdo perfeccionado con la aceptación del funcionario, configurándose tanto el cohecho activo como el pasivo. En cambio, si más allá del estrecho vínculo, nunca se realiza la oferta, la conducta anterior del funcionario seguirá siendo de naturaleza equívoca”.

Siguiendo estas enseñanzas entendimos probado que a partir de la relación que se generó entre Rubén Fuertes y Marcelo Nodar, uno como responsable y representante de las empresas Ipex y Bausis y el otro como Oficial caracterizado de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina, surgió la realización de un contrato espurio .Contrato espurio que es la sustancia de la figura del cohecho pues no aparece allí un perjuicio posible para el particular, quien pacta en términos igualitarios con la autoridad y sin que su consentimiento se encuentre viciado por el temor (cfme. Javier De Luca en su artículo “Cohecho y concusión” publicado en L.L. 1999- D, pág. 333). En idéntico sentido se ha expresado la jurisprudencia al afirmar: “la distinción fundamental entre cohecho y concusión radica en que en esta última la voluntad del que paga está viciada por el temor que la exigencia del funcionario ha engendrado o, por lo menos, por el error que este último puede inducir en el primero (casos de concusión explícita e implícita). En cambio, en el cohecho existe un acuerdo de partes que es voluntariamente perfecto, representa un acuerdo sobre un acto futuro, legal o ilegal del funcionario. El hecho de que la concusión es un acto unilateral, mientras que el cohecho es bilateral, da a la distinción que se haga de ellos gran importancia. En la concusión el funcionario pide o exige y en el cohecho acepta; en la concusión debe existir la voluntad coartada del que paga”. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia). Cámara Nacional de Casación Penal. Sala : IV. Magistrados: Hornos, Berraz de Vidal, Capolupo de Durañona y Vedia. Registro n 2763.4. Varela Cid, Eduardo s/recurso de casación. 20000829 Citas : Causa n : 1626.

Un pacto en el que ambas partes resultarían beneficiadas:

a) Ipex y Bausis, pues se aseguraban la indulgencia de los funcionarios responsables del control de las tareas que, como prevención de incendios, realizaban.

b) los funcionarios, al aceptar una promesa de dádiva o reparto de dinero en función de las tareas que debían realizar con el único aliciente del sueldo que les pagaba el Estado.

A este acuerdo que inicialmente celebraron Fuertes y Nodar (prueba de ello es la estrecha relación que ambos guardan –ver intercambio de emails y las propias indagatorias de los nombrados-y que se cristalizó a posteriori en la formación de la sociedad Baipex que integraba la esposa de este último (Viviana Vigne) fue necesario sumar, por un lado, a Luis Alberto Perucca como uno de los representantes de las empresas en cuestión (Bausis).

Que Perucca prestó su consentimiento y aquiescencia a la contratación se demuestra palmariamente con la documental ya valorada. El intercambio de correspondencia electrónica con Nodar y la realización por él de varios de los presupuestos a los locales de baile, nos convencen acabadamente de la cuestión. Por el otro era necesario contar con la voluntad del jefe de la dependencia, Comisario Alberto Corbellini. De él dependía el éxito de la negociación encarada, pues era quien preparaba los pliegos de condiciones particulares, quien supervisaba la tarea de los oficiales y suboficiales de la dependencia y el que en definitiva elevaba a la superioridad los legajos para su aprobación. A este acuerdo múltiple se sumó en ocasiones (por lo menos probado con el grado de certeza necesario) el Suboficial Esmok. Él, como consecuencia del pacto venal celebrado, aprovechando los conocimientos técnicos que poseía elaboraba algunos de los planos de los locales que acreditaban el cumplimiento de las cláusulas particulares. También resultaba funcional al acuerdo que él fuese el encargado de realizar algunas de las inspecciones como así también de los trámites internos que se realizaban en el interior de la dependencia.

Como venimos afirmando entonces el inicio de la contratación se originó en Fuertes y Nodar, aunque resultaría necesario precisar (a la luz del tipo penal) si el ofrecimiento partió del particular o fue impuesto por el funcionario.

Hemos descartado esta última variante pues ello implicaría el ejercicio de coacción o violencia por parte del funcionario, y las probanzas dan cuenta de una relación por demás amistosa de la que resultaban todos ilegítimamente beneficiados.

Hemos desarrollado anteriormente argumentos más que suficientes sobre el punto como para demostrar que fue Fuertes quien sugirió la concreción del acuerdo. Esto surge incluso de sus propias manifestaciones en la declaración indagatoria brindada en el debate. El empresario, al contrario de lo que afirmara el Comisario Corbellini, se quejó amargamente de la discrecionalidad de los funcionarios policiales al momento de practicar las inspecciones a los locales de baile.

Entonces la causa o motivación suficiente de la sugerencia o propuesta realizada a Nodar debió necesariamente verse inspirada en aventar toda posibilidad de discrecionalidad en las tareas que él realizaba para los locales de baile. Era su reaseguro para poder seguir trabajando, para “vender” su vinculación con bomberos ante la Cámara de Discotecas. De esta última afirmación damos cuenta en función de la recomendación que partía de este propio ente para con la empresa de Fuertes y Perucca y del descuento que Ipex-Bausis ofrecía del 20% para los asociados a la Cámara. Por otra parte el contenido de la nota fechada el 24 de junio de 2003 –de la que ya dimos particularizada referencia- es suficientemente ilustrativa. Había que abonar un “diezmo” para que los expedientes “caminaran”. Fuertes, en su razonamiento, tenía muy claro esto.

Fuertes en definitiva vendía “seguridad” en relación a tareas que siempre eran fiscalizadas por algún organo del Estado. Lo ilustraba su permanente trato con los funcionarios.

Por otra parte que él usaba su influencia ante ellos se demuestra con la nota dirigida a Ramírez de “El Coyote”.

Pero, aunque esto no fuese tan lineal como aquí se pregona, la teoría del “puente de plata” que ya fuera explicada, elimina toda incertidumbre.

Ofrecimiento concreto, o sugerencia de que se recibiría o que sería más conveniente pactar, terminan por satisfacer las exigencias del tipo objetivo de la figura.

Restaría entonces responder al agravio introducido por el Dr. Pantarotto en cuanto a que la figura del cohecho activo sólo hace referencia a la entrega de dádivas y no de dinero.

Es nuevamente Rimondi quien explica con acierto el punto. Así dice: “el art 256 habla de dinero o cualquier otra dádiva y en cambio el art 258 sólo hace referencia genérica a la dádiva. La mención del dinero es meramente enunciativa. Es el dinero la más usual de ellas”.

Así entonces: “en el tipo del cohecho activo en que sólo se hace referencia a la dádiva, existiendo en el cohecho supuestos de codelincuencia necesaria, de ser entregado dinero, éste se considera implícito dentro de la referencia genérica de dádiva, dado que de lo contrario, la conducta resultaría atípica”. La afirmación es contundente y elimina toda discrepancia al respecto.

Es claro que la dádiva debe ofrecerse o darse, necesariamente, para la realización de la conducta típica (art. 256 C.P).

Desde el punto de vista del aspecto subjetivo del tipo los autores están de acuerdo en que sólo es posible el dolo directo, con conocimiento de que se trata de un acto espurio y que la persona a quien se propone es funcionario.

Por lo demás está demostrado que Fuertes y Perucca conocían y sabían de la existencia de la contratación ilegítima con los funcionarios y cuál era su propósito.

Los hechos por los que son responsabilizados se encuentran consumados pues según lo afirma con autoridad la doctrina “la consumación se alcanza con el ofrecimiento de la dádiva”, y esto ha ocurrido en todos los casos.

Por tanto y dándose el supuesto de reiteración de las conductas que viene siendo afirmado Rubén Fuertes y Luis Alberto Perucca deberán responder por ser coautores del delito de cohecho activo cometido en dieciséis oportunidades (arts. 45, 55 y 258 del Código Penal).

En el caso de ambos y tratándose de un delito de comisión doloso rigen los principios generales dominantes en materia de autoría. Debe recordarse que fue Welzel en su obra “Derecho Penal Alemán” traducción de Juan Bustos Ramírez y Sergio Yañez Pérez de la Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 1993, quien introdujera la teoría del “dominio final del hecho” como baremo para discernir al autor. Esta posición, magistralmente desarrollada y ampliada por Roxin en su “Autoría…” es hoy aceptada casi en forma unánime (con honrosas excepciones como la posición que sigue el profesor Ricardo Robles Planas en su publicación “Garantes y cómplices” de Editorial Atelier, Barcelona, 2007).

En el caso predicamos la existencia de una coautoría funcional en el injusto por parte de Fuertes y Perucca.

A través de la fusión o actuar conjunto de las sociedades Ipex y Bausis existía una división de tareas que implicaba que cada uno, en forma indistinta, formulara los presupuestos a los comerciantes que incluían las dádivas a los funcionarios, garantizándose el éxito de sus tareas. Esa porción que cada uno conserva del dominio de la acción final se demuestra a través del intercambio de correo electrónico entre los nombrados, la facturación en conjunto y el reparto que se hacía del dinero sobre el total facturado.

Es cierto que Fuertes como “cara visible” de la sociedad adquirió un mayor protagonismo que sin dudas se verá reflejado al momento de graduar la pena por su mayor contenido de culpabilidad en el injusto. Sin embargo esto no invalida que Perucca haya conservado una porción, aunque más pequeña, de la dirección final de los acontecimientos. A lo antes dicho agréguese que era él quien controlaba las oficinas administrativas de esa fusión de sociedades (o sociedad de hecho) y era quien proveía de las instalaciones contra incendios a los locales, incluida la mano de obra y los ignifugantes.

El análisis realizado no estaría completo si dejásemos de abordar el tema relativo a los equívocos en que han incurrido el Sr. Juez de la instrucción y el Fiscal General al momento de calificar estos hechos como constitutivos del delito de negociaciones incompatibles.

El meollo del asunto parte de lo agudamente señalado por María Florencia Hegglin en su artículo “La figura de negociaciones incompatibles en la jurisprudencia de la Capital Federal”, publicado en Nueva Doctrina Penal, Año 2000 A, pág. 203 y ss.: “el bien jurídico protegido en la figura de negociaciones incompatibles es el fiel y debido desempeño de las funciones de la administración en sentido amplio, de manera que la actuación de los órganos no sólo sea plenamente imparcial, sino que se encuentre a cubierto de toda sospecha de parcialidad”, es decir que “

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