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Poder Judicial de la Nación ///nos Aires, 13 de febrero de 2008. Y vistos


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Poder Judicial de la Nación


///nos Aires, 13 de febrero de 2008.

Y VISTOS:

Se reúnen los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 24 de la Ciudad de Buenos Aires, Dres. Marcelo Roberto Álvero, como presidente del debate, Raúl Llanos y María Cecilia Maiza, con la presencia del Secretario Julio Di Giorgio, para dictar sentencia en la causa nro. 2366, seguida por el delito de cohechos reiterados en dieciséis oportunidades a RUBEN FUERTES -titular de la C.I. nro. 6.207.390, nacido el día 26 de octubre de 1949 en la Ciudad de Buenos Aires, hijo de Juan Fuertes y de Ana Esther Rizzo, de ocupación comerciante, con domicilio real en la Avenida Juan Bautista Alberdi 1071 4 “D” de esta ciudad-, a LUIS ALBERTO PERUCCA -titular del D.N.I. nro. 17.359.153, nacido el día 14 de agosto de 1965 en la Ciudad de Buenos Aires, hijo de José Luis Perucca y de Susana Bocchi, de ocupación comerciante, con domicilio real en la calle Amador 2337, Olivos, Provincia de Buenos Aires-, a ALBERTO CONRADO CORBELLINI -titular del D.N.I. nro. 13.464.684, nacido el día 23 de agosto de 1857 en la Ciudad de Buenos Aires, hijo de Lidio Fermín Corbellini y de Ivka Morinkovich, de ocupación Comisario de la P.F.A., con domicilio real en la calle Pedro Zonza Briano 172, edificio 8, piso 8, departamento “6" de esta ciudad-, a MARCELO ENRIQUE NODAR -titular del D.N.I. nro. 17.192.734, nacido el día 1 de diciembre de 1964 en la Ciudad de Buenos Aires, hijo de Roberto Oscar Nodar y de Rosa Patricia Zuviría, de ocupación oficial de la P.F.A., con domicilio real en la calle Honduras 6075 8 “H” de esta ciudad-, y a MARCELO FABIAN ESMOK -titular del D.N.I. nro. 21.464.749, nacido el día 3 de febrero de 1970 en la Ciudad de Buenos Aires, hijo de Julio Esmok y de Filomena Lucía Morrone, de ocupación miembro de la P.F.A., con domicilio real en la calle en la casa 46, Barrio El Cartero, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires-.

Intervienen, asimismo, en el proceso el Fiscal General, Dr. Jorge G. López Lecube, y los abogados defensores Dres. Héctor Luis Yrimia, José Luis González Asaad, Gustavo Oscar Palópoli, José María Buera y Matías Luis Pantarotto.
Y CONSIDERANDO:

1) Que los hechos que se le atribuyen a Rubén Fuertes, a Luis Alberto Perucca, a Alberto Conrado Corbellini, a Marcelo Enrique Nodar y a Marcelo Fabián Esmok, en la presente causa, según la requisitoria de elevación a juicio de fs. 2856/77, consisten:



...haber celebrado una serie de pactos espurios y autónomos entre sí, en razón de los cuales Perucca y Fuertes, en su condición de representantes y/o gerentes de las empresas `Ipex S.A.´ y `Bausis S.A.´ cuya actividad comercial consistía en asesorar, proveer e instalar material contra incendio en los locales de baile, empresas y comercios en general, entregaron diversas sumas de dinero que fueron recibidas por Esmok, Nodar y Corbellini, quienes en su condición de funcionarios públicos comprometieron a cambio de dicha dádiva un hacer propio de sus funciones, circunscripto en este caso a la tramitación vinculada con el otorgamiento de certificados de tratamiento contra incendios o su consecuente reválida.

De acuerdo a los criterios de imputación fijados por los miembros de la Sala V de la Ecxma. Cámara del fuero, que serán detallados en el próximo acápite, se acreditó la existencia de espurios acuerdos en la tramitación de los certificados o sus correspondientes reválidas de los siguientes locales:

1) Latino 11: Sito en la calle Ecuador N° 60 de esta ciudad. Con fecha 7 de mayo de 2004 Mirta Aranda, en carácter de apoderada, inició el trámite para obtener certificado contra incendio requerido por la ley 50250. El día 23 de agosto de ese año se requirió inspección final y, ese mismo día, el certificado fue otorgado.

2) Kory Huayra: Sito en Sáez N° 459, Capital Federal. Con fecha 27 de mayo de 2005 Alejandro Banjay, en su carácter de gerente de “Assa SRL”, solicitó reválida de certificado de inspección final de condiciones contra incendio, que fue realizada el 16 de julio de 2004, otorgándose la pretendida reválida en esa misma fecha.

3) Mundo Latino: Sito en Av. Santa Fe N° 2517, Capital Federal. Con fecha 20 de septiembre de 2004 Gustavo García, propietario del local, solicitó aprobación de planos para la obtención del certificado final de incendios. El día 25 de noviembre de 2004 fue realizada la inspección final, que ese mismo día resultó aprobada.

4) Seu: Sito en Boyacá N° 27, Capital Federal. Con fecha 30 de septiembre de 2004 Pedro Carroso, propietario del lugar, solicitó el pliego de condiciones y registro de planos para lograr la obtención del certificado final (O.M. N° 50250). El día 4 de octubre de 2004 se llevó a cabo la inspección y en esa misma fecha se otorgó el certificado.

5) Tequila: Sito en Av. Costanera y La Pampa, Capital Federal. El día 19 de noviembre de 2004 Osvaldo Brucco, director de la firma explotadora del loca, denominada “Bruc y Bruc S.A.” solicitó pedido de proyecto y certificado de inspección final. Dicho informe data del 29 de noviembre de 2004, fecha en que además se expidió el certificado requerido.

6) Shampoo: Ubicado en Av. Quintana N° 362, Capital Federal. El día 22 de julio de 2004 Daniel Mancusi, apoderado del local mencionado solicitó pliego de condiciones y registro del plano de instalaciones de incendio junto con certificado de inspección final, que se concretó el 19 de agosto de 2004, fecha en que obtuvo la aprobación expidiéndose en consecuencia el certificado.

7) Picaflor: Ubicado en Av. Corrientes N° 3530, Capital Federal. El día 24 de junio de 2003 Rubén Fuertes, en carácter de apoderado autorizado por Enriqueta Bobarín, propietaria de “El Picaflor”, solicitó la renovación anual de certificado de inspección final de servicios contra incendio. La inspección final se llevó a cabo el día 18 de marzo de 2004 y en esa misma fecha se expidió el certificado solicitado.

8) Montecarlo: sito en la calle México N° 1863, Capital Federal. Con fecha 16 de julio de 2004 Feliciano Condori Hualpa, explotador del local, solicitó el pliego de condiciones contra incendio. El día 10 de agosto de ese año se llevó a cabo la inspección final y en esa misma jornada se expidió el certificado pretendido.

9) El Living: Ubicado en Av. Alvear N° 1540 de esta ciudad. El día 23 de agosto del año 2004 Silvio D´Agostini solicitó la aprobación del proyecto contra incendios. Con fecha 20 de septiembre de ese año se llevó a cabo la inspección final y en esa misma jornada se expidió el certificado pretendido.

10) El Coyote: Sito en Fernández de Enciso N° 4646, Capital Federal. El día 2 de julio de 2004 el Presidente de “El Jalapeño S.A.”, Félix Rodolfo Ramírez, solicitó la renovación del certificado de bomberos. Con fecha 20 de julio de ese año se realizó el informe de inspección final y ese mismo día fue otorgado el certificado requerido.

11) Popularísimo Bailable: Ubicado en Bartolomé Mitre N° 2739, Capital Federal. Con fecha 9 de agosto de 2004 Elisa González y Oscar Costabello (socia y propietario del lugar respectivamente) presentaron solicitud para la aprobación del certificado final. El día 16 de septiembre de ese año se confeccionó informe de inspección y esa misma jornada se otorgó el certificado requerido.

12) The Roxy: Ubicado en el cruce de Casares y Sarmiento, Capital Federal. El día 4 de junio del año 2004 Hernán Castroman, encargado general de la firma “Printud S.A.”, explotadora del local, solicitó el pliego de condiciones contra incendio y el certificado final. Con fecha 10 de junio de ese año se llevó a cabo la inspección final y, ese mismo día, se expidió el certificado pretendido.

13) Morena: Ubicado en la Av. Rivadavia N° 7217 de esta ciudad. El día 29 de noviembre del año 2004 José Guido Castro, uno de los socios de “Kobo SRL”, firma explotadora de local, solicitó la extensión del certificado final. El día 7 de diciembre de ese año se realizó una inspección además se extendió el certificado.

14) Pizza Banana Costanera: Sito en Av. Costanera y La Pampa, Capital Federal. Con fecha 29 de noviembre de 2004 Fabián Lopreato, Presidente de la firma explotadora “Pechen S.A.”, solicitó extensión del pliego de cláusulas particulares para obtener el certificado final. El día 17 de diciembre de ese año se concretó la inspección final y se otorgó el certificado.

15) El Teatro: Ubicado en Av. Lacroze N° 3455, Capital Federal. El 29 de marzo de 2001 Matías Rodgers requirió proyecto de inspección final. El 4 de junio de ese año se realizó la inspección y, ese mismo día, se expidió el pretendido certificado.

16) Opera Bay: Ubicado en Cecilia Grierson N° 225 de esta ciudad. El día 25 de junio de 2004 Carlos Emilio Mauro, en su condición de apoderado de la firma explotadora denominada “Kudamex S.A.” solicitó la extensión del pliego de condiciones contra incendio y ese mismo día se otorgó el certificado final. Con fecha 28 de julio de ese año se realizó la inspección y ese mismo día se otorgó el certificado final”.
2) Al realizarse las conclusiones finales– art. 393 del C.P.P.N.-, el Sr. Fiscal principió recordando que el fin de todo proceso es tratar de llegar a la verdad y que ésta es la que ocurrió a la época de los hechos, que ha ido mutando, siendo este el momento de analizar la prueba. Rememoró el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que el análisis debe ser conjunto y no parcializado, pues de lo contrario no se llegaría a la verdad.

Señaló que el punto de partida de toda la actividad jurídica es tratar de reconstruir el hecho tal como se ha producido en la realidad, lo que no está exento de dificultades, toda vez que la situación de las personas y cosas cambia con el tiempo y el hecho reproducido tiende a adoptar particularidades, que en mayor o menor grado, modifican al que realmente sucedió. De allí que para la reconstrucción aproximada de los hechos constitutivos de delito, se deben utilizar una serie de elementos que han servido de "prueba" de cómo los mismos efectivamente se produjeron.

Al respecto citó a Francisco Muñoz Conde en “Búsqueda de la verdad en el proceso penal”: "El proceso penal de un Estado de derecho no solamente debe lograr el equilibrio entre la búsqueda de la verdad y la dignidad de los acusados, sino que debe entender la verdad misma no como una verdad absoluta, sino como el deber de apoyar una condena sólo sobre aquello que indubitada e intersubjetivamente pudo darse como probado". Se adelantó a señalar que la mayoría dijo estar imputado por haber compartido en la misma etapa al mismo abogado defensor pero ello no es así y lo demostrará.

La denuncia que motivara esta investigación tuvo su génesis en la formulada por la ex titular de la Subsecretaria de Control Comunal dependiente de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fabiana Fiszbin, en ocasión de prestar declaración indagatoria -12/04/05-, en el marco de la causa n° 247/05 seguida a Omar Chabán y otros s/ el delito de estrago doloso. En esa ocasión expresó que uno de los Defensores Adjuntos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el arquitecto Atilio Alimena, tendría intereses particulares en ciertas empresas encargadas de realizar las instalaciones contra incendios, en las cuales colaboraría personal de la Superintendencia Federal de Bomberos que, a su vez, brinda asesoramiento a los comerciantes que pretenden cumplir con las exigencias previstas por la Ordenanza Municipal 50.250 del GCBA. Dio lectura a la declaración de Fiszbin en cuanto a lo manifestado por ella sobre “la sensación que ésta tenía sobre la existencia de una relación entre Alimena y las empresas que realizan las adecuaciones para poder obtener esos certificados” y “lo que dijera ésta en cuanto a que “sabe que bomberos recomienda a dos empresas para hacer las adecuaciones de un local para cumplir con las medidas de seguridad, pero en este momento no tiene los nombres de las mismas...."Más adelante Fiszbin, precisó que las empresas serían Ipex y Bausis, que se relacionarían con una persona que se desempeñaba en la Superintendencia de Bomberos, apellidado Nodal. Continuó diciendo que más allá de lo expresado por Fabiana Fiszbin en su declaración indagatoria, tenía este dato y mencionó a Ipex, Bausis y Nodar. Dijo que analizaría si esa denuncia se corroboró en la realidad.

Continuó diciendo que Ipex existe, que es una sociedad de hecho a nombre de la hija y de la esposa de Rubén Fuertes y que Bausis es una sociedad inscripta, pertenece a Perucca y anteriormente también a Walter Lois, a la que oportunamente se incorporó a Lindqvist –la esposa de Perucca- y su domicilio es en Achával 537 de esta Ciudad. Ambas empresas se ocupan de las instalaciones contra incendio y en locales de baile. Aseveró que Fuertes y Perucca llevaron adelante en connivencia con Nodar, Corbellini y Esmok negocios que jamás debieron realizar.

Manifestó que ha advertido que se tiene la idea de que la Fiscalía quiere “ir sí o sí contra la Superintendencia Federal de Bomberos”. No es así, ya que se trata de una institución que trabaja honorablemente. Siguió diciendo que hay algunos policías no tan buenos, y se refirió a uno que participó del allanamiento en lo de Fuertes. Este policía tiene un hermano y le avisó a Nodar sobre las anotaciones que lo comprometían. Este policía es uno de los que no cumplen bien con su deber. Manifestó que esa conducta pudo frustrar la investigación y consideró que debe ser investigada penalmente.

Siguió diciendo que el punto de confluencia entre los empresarios y personal de inspecciones y prevención de la Superintendencia de Bomberos era la obtención del certificado contemplado por la ordenanza 50.250. Así explicó que los imputados tomaban contacto con los locales y llevaban a cabo tareas en los legajos y fuera de los legajos y tenían una participación dineraria que los beneficiaba. Para que el círculo cerrara estos mismos funcionarios llevaban a cabo la inspección de esos locales. Cree que los trabajos eran realizados correctamente y con algunos adicionales, siendo estos agregados los que también terminaban beneficiando a todos. Se hacían recomendaciones de productos y se lograba que contrataran a las empresas, resultando indudable que los policías tenían intereses en las contrataciones que se hicieran con Ipex y Bausis, ya que de ahí cobraban sus beneficios.

Señaló seguidamente que no eran imparciales en los controles ya que sus propios intereses estaban involucrados, y que siendo interrogados los distintos representantes de los locales todos dijeron que no les pidieron la entrega de dinero alguno. Esta negativa tiene dos explicaciones: Todos o la mayoría siguen con la periódica intervención de la Superintendencia Federal de Bomberos y con los controles, concluyendo que la ganancia de los funcionarios ya estaba en el presupuesto, en el “paquete” a abonar y que “no estaba por afuera”. Esto ocurrió en los dieciséis locales.

Hizo hincapié en que se ha cuestionado y reclamado que la Fiscalía señalara cuál era su estrategia. El cuestionamiento fue al solicitar cuando declaró Corbellini que le fueran exhibidos los legajos. Así explicó que los imputados no están acá por una calificación, ya sea por cohecho o por negociaciones incompatibles. Señaló al respecto que de abarcarse las dos conductas en el requerimiento de elevación a juicio, la defensa en juicio está garantizada, siendo que la Cámara del Crimen no dijo nunca que se vulnerara el principio de congruencia, sino que con igual plataforma fáctica se puede encuadrar legalmente en otra figura. Para una mayor claridad reiteró que les imputa una conducta, con una plataforma fáctica que no ha variado, siendo finalmente el Tribunal el que efectuará el encuadre legal pertinente. A continuación citó jurisprudencia sobre el principio de congruencia, tal como lo decidido por el Tribunal Superior de Chubut el 1 de febrero de 2007, (publicado en La Ley, en el mes de julio de 2007); también por el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Sala II, resuelta el 19 de abril de 2007, publicado en La Ley en agosto de 2007.

Continuó diciendo que analizará puntualmente los hechos, recordando que el bien jurídico tutelado es el buen desempeño de la administración pública.

Así dijo respecto de EL COYOTE que se trata de un local ubicado en la calle Fernández de Enciso 4646, esquina Emilio Lamarca 4654 de esta Ciudad, propiedad de El Jalapeño S.A, cuyo presidente es Félix Rodolfo Ramírez, quien prestara testimonio durante la audiencia y en lo sustancial dijo que se encargó personalmente de los trámites aunque recibió asesoramiento de Fuertes. A las empresas dijo haber llegado a través de la Cámara de Discotecas. En esa época ya se aplicaba la ordenanza 50.250 y en la Cámara se hablaba de esas empresas y de ahí surgió cómo conoció a Nodar por haberlo visto en una inspección y en la Superintendencia Federal de Bomberos. Dijo que sus empleados le comentaron sobre las inspecciones.

Recordó lo señalado por el testigo respecto del legajo de la Superintendencia Federal de Bomberos y la carpeta secuestrada, agregando que esa es su metodología para el cotejo, lo que resulta clarificador para ver los beneficios y que lo que está en cada legajo tenía su correlato en la carpeta. Refirió que no haría mención de cada constancia, salvo casos puntuales, que igualmente fueron analizados al momento de prestar declaración indagatoria. Señaló que lo especial en este caso es la carta que fue hecha por Fuertes para Ramírez, aunque no se la envió, pero sí se dijo que correspondía a la situación del local en ese momento. Consideró que esta carta da la pauta de cómo se movía Fuertes y de los contactos que tenía y que si se la hubiera enviado estaríamos ante el delito de amenaza. En la carpeta secuestrada, en este caso no aparece Marcelo Esmok, ya que no tuvo que hacer los planos. Marcelo Nodar y Alberto Corbellini no participaban de estas sociedades, pero cobraban por sus participaciones, según la carpeta secuestrada en el domicilio de Fuertes.

En cuanto a los locales EL PICAFLOR y MONTECARLO, propiedad de Feliciano Condori Hualpa, el primero de ellos ubicado en Corrientes 3530 de esta Ciudad, propiedad de Enriqueta Sánchez Bobarín y Feliciano Condorí Hualpa y el segundo sito en México 1863 también de esta Ciudad, recordó lo referido por Condori Hualpa al momento de testimoniar en cuanto a que él mismo se ocupaba de los trámites y que ubicó a Rubén Fuertes a través de una casa de detectores de incendio que le fue recomendada en la Superintendencia Federal de Bomberos. En los legajos de la Superintendencia de Bomberos los trámites se compadecían con los presupuestos de la carpeta secuestrada. Dijo que al ir a la Superintendencia Federal de Bomberos conoció a Esmok y que el plano se lo hizo Fuertes. Señaló el acusador que había división de funciones entre los imputados y que Condori ya conocía a Fuertes en relación al local Montecarlo.

Recordó que Condori no reconoció la firma y dijo que la nota la hizo Rubén Fuertes entendiendo que puede verse como Fuertes tenía “llegada” en la Superintendencia Federal de Bomberos. Continuó rememorando lo dicho por Condori en cuanto a que la nota no estaba firmada, que él no volvió, y que el plano se lo dio Fuertes.

Al punto señaló que si se observa la carpeta, fue el principal Nodar quien inspeccionó el local, pudiendo verse que en esta carpeta hubo intervención tanto de Nodar como de Corbellini. Condori Hualpa ni siquiera firmó la copia del plano, ni la nota. Todo lo firmaban por él, y estaba dentro de las cotizaciones que le brindaban. Estos extremos se mencionaron como “informalismos” y no es así, lo que aclarará en la continuidad de su alegato.

Continuó haciendo referencia a PIZZA BANANA sito en Avda. Costanera y La Pampa de esta Ciudad que pertenece a Pecben S.A y cuyo presidente es Fabián José Lopreato. Recreó los dichos de éste que al momento de deponer: señaló conocer a la empresa Bausis a través de una recomendación de los encargados de Tequila, que hizo los trámites personalmente, si bien la falta de reconocimiento de su firma al momento del retiro del certificado final pone al descubierto que no fue él quien lo hizo. Así dijo que Fuertes les llevó el final de obra. Después dijo que lo acompañó, pero de un modo u otro los trámites estaban incluídos en el paquete. También estaban Corbellini, Nodar y Esmok, con el plano del lugar. Refirió especialmente sobre el plano, aclarando que se ha dicho que no es tal, sino que es un proyecto, pero dice textualmente “plano”. Dio lectura al plano y dijo que sí lo es pese a que se insista en lo contrario. Para ello recurrió al Código de Edificación en sus puntos 2.1.2.2 y 2.1.2.8, que incluye el detalle de los pormenores técnicos imprescindibles. La escala 1.100, el contenido de la carátula, las firmas del propietario, del profesional y la matrícula de este último. Agregó que estos requisitos los reclama el Código de Edificación, siendo que a veces eran confeccionados por Esmok y firmados por Capozzo. Además refirió que en la carpeta secuestrada está cotizado el rubro “planos” y en este caso aparece firmado por Lopreatto y el arquitecto Cappozo. Agregó que el desparpajo con el que se pronunció Capozzo en el debate lo sorprendió. Capozzo firmó cosas que no hizo, dijo no conocer a los imputados y resulta que aparece firmando varios planos. Continuó diciendo que hay algo que se llama ética y que Capozzo desconoce. Dio lectura al Código de Etica del Profesional de Arquitectura – punto 2.2.1.6-. y tras ello agregó que entiende que el Tribunal debe dar aviso al Colegio de Arquitectos para que tome una medida disciplinaria respecto de Capozzo, más alla de la solicitud que él efectúe.

Seguidamente y en la continuidad de su análisis sobre el testimonio brindado por Lopreatto, recordó que dijo haber ido con Fuertes a Bomberos, que hizo la fila, que tuvo que esperar y que Fuertes era conocido en Bomberos. Señaló que en su opinión el plano lo hizo Esmok y lo firmó Capozzo.

A continuación hizo referencia a LATINO 11 y mencionó que se trata del local del que es apoderada Mirta Marcela Aranda, sito en Ecuador 60/66 de esta Ciudad. Ella dijo haber efectuado todos los trámites y haber sido quien solicitó el certificado final, que el local estaba clausurado y que no se incluyeron ni trámites ni confección de planos. Dijo que esta “llegada” de Fuertes se sigue dando, lo que puede corroborarse al ver las firmas en el sello del retiro del certificado, que no fue reconocida por Villalva. Hizo referencia a la concurrencia de Villalva y dijo que no parece ser el verdadero propietario del local Latino 11, sino que “está ahí”. Aranda por su parte dijo que no tiene que consultar con nadie las decisiones, considerando que igualmente de nada serviría que consultara con Villalva. Agregó que ni ella ni Villalva fueron a retirar el certificado. La firma de Villalva surge del acta constitutiva de la sociedad y consideró que de allí la sacaron.

Continuó relatando que fue Nodar quien inspeccionó el local y que el plano está firmado por Aranda. Aclaró que del rubro “Plano”, en la carpeta secuestrada a Fuertes surge en la cotización el nombre de “Esmok”, que aparece como más barato. Capozzo por contraste resulta más caro, ya que había que abonar por la firma.

Seguidamente analizó las circunstancias relartivas a KORY HUAYRA, ubicado en la Avda. Sáenz 459 de esta Ciudad, respecto del que concurrió a declarar su propietario, el testigo Alejandro Banjay. Recordó que éste dijo haberse relacionado con Fuertes a través del dueño de Bronco que le dio el dato de Ipex. Banjay dijo haber efectuado las tramitaciones aunque admitió haber autorizado a Rubén Fuertes. En definitiva es Fuertes quien retiró el certificado final. No recordó quien era él aunque lo contrató. Rubén Fuertes firmó en este caso como profesional interviniente, aunque Banjay dijo que él había contratado un arquitecto para planos. También en este caso fue Nodar quien estuvo a cargo de la inspección. Recordó lo sucedido al ver Banjay la “B”, que llegó a decir incluso que era su firma, con lo que cree que el testigo concurrió informado previamente.

Continuó analizando la situación del local

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