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Perdida de investidura congresista / perdida de investidura naturaleza del proceso / perdida de investidura características / regimen de incompatibilidades inexistencia de violación / regimen trafico de influencias inexistencia


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PERDIDA DE INVESTIDURA - Congresista / PERDIDA DE INVESTIDURA - Naturaleza del proceso / PERDIDA DE INVESTIDURA - Características / REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES - Inexistencia de violación / REGIMEN TRAFICO DE INFLUENCIAS - Inexistencia
Pero además de sanción disciplinaría, la pérdida de investidura es una acción pública que puede ser interpuesta por cualquier ciudadano (art. 184 C,P.), lo cual significa que si bien para su admisión debe exigirse el cumplimiento de los requisitos mínimos que establece el artículo 4° de la Ley 144 de 1994, en la interpretación de la demanda debe darse pre-valencia al derecho sustancial (art. 228 CP.). Una interpretación en extremo rigurosa y formalista haría nugatorio ese derecho ciudadano. En otros términos, para preservar tanto los derechos fundamentales del congresista demandado como los del ciudadano que solicita la imposición de la sanción disciplinaria, la Corporación debe realizar un estudio ponderado de la solicitud, de tal manera que se garantice de una parte el ejercicio pleno del derecho de defensa del primero y de otra, el derecho ciudadano de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, así como el acceso a la administración de justicia. Dado que la Senadora Carlina Rodríguez Rodríguez no participó en la elección del Defensor del Pueblo; que no existe ninguna prueba testimonial, documental ni indiciaría que demuestre que la misma recomendó a profesional alguno para ocupar cargo en la Defensoría Pública, ni que en esta entidad se haya nombrado algún abogado por recomendación suya, ni que su participación en la aprobación de adiciones presupuéstales para la Defensoría haya estado motivada por intereses particulares, se concluye que los supuestos de hecho de la demanda sobre los que se edifican las causales de pérdida de investidura invocadas en la demanda no fueron debidamente acreditados. En consecuencia, considera la Sala irrelevante referirse al contenido normativo de dichas causales, para decidir si las conductas reprochadas se subsumen en las normas citadas, pues tales conductas no fueron probadas.
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Consejero ponente: RICARDO HOYOS DUQUE
Santa Fe de Bogotá. D.C., cuatro (4) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999)
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

Pero además de sanción disciplinaria, la pérdida de investidura es una acción pública que puede ser interpuesta por cualquier ciudadano (art. 184 CP.), lo cual significa que si bien para su admisión debe exigirse el cumplimiento de los requisitos mínimos que establece el artículo 4° de la Ley 144 de 1994. en la interpretación de la demanda debe darse prevalencia al derecho sustancial (art. 228 CP.). Una interpretación en extremo rigurosa y formalista haría nugatorio ese derecho ciudadano.
En otros términos, para preservar tanto los derechos fundamentales del congresista demandado como los del ciudadano que solicita la imposición de la sanción disciplinaria, la Corporación debe realizar un estudio ponderado de la solicitud, de tal manera que se garantice de una parte el ejercicio pleno del derecho de defensa del primero y de otra, el derecho ciudadano de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, así como al acceso ala administración de justicia (arts. 1o, 40 y 229 CP.).
Radicación número: AC-7087
Actor: MYRIAM BUSTOS SANCHEZ Y OTRO
Demandado:
Referencia: Pérdida de Investidura de la Congresista Carlina Rodríguez Rodríguez

Procede la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo a decidir la solicitud de pérdida de investidura de la senadora Carlina Rodríguez Rodríguez, formulada por los ciudadanos Myriam Elizabeth y Pablo Antonio Bustos Sánchez.


ANTECEDENTES PROCESALES
1. La Demanda.
Afirman los demandantes que el periódico El Tiempo publicó durante los días 10 y 11 de febrero de 1998 el resultado de una investigación relacionada con la contratación de defensores públicos y otros funcionarios de la Defensoría, según la cual en menos de dos años ingresaron a la entidad 416 abogados de oficio por recomendación que el Defensor del Pueblo pidió a los congresistas, que son sus electores y ante quienes aquel presenta anualmente informes. El hecho fue admitido por el funcionario, quien además solicitó al Gobierno una adición presupuestal para el pago de los defensores, que fue aprobada por el Congreso.
Según los actores, se refiere en la publicación que la asistente del Defensor del Pueblo, señora Doris Chaves, a pesar de que no está vinculada legal ni contractualmente con la Defensoría del Pueblo, "tiene un archivo de hojas de vida, un listado de congresistas con sus teléfonos y al frente de la mayoría de estos, nombres de personas que han ingresado a la entidad. Todos los días...hacia las cuatro de la tarde, abogados desfilan por esa oficina para tramitar su ingreso a la Defensoría y entregar los requisitos: un formulario diligenciado, certificaciones, una foto y la recomendación de un parlamentario. Sin esta última condición, el aspirante no es atendido".
Para los demandantes, estos hechos configuran las causales de pérdida de investidura previstas en los numerales 2,3 y 5 del artículo 296 de la Ley 5a de 1992, las cuales explican así:
"CAUSAL PRIMERA. NUM 1. Violación al régimen de incompatibilidades y al régimen de conflicto de intereses.
"En efecto, dichas causales se configuran por cuanto a los congresistas les está prohibido gestionar, en nombre propio o de un tercero, asuntos ante autoridades públicas, art. 180 un. 2o CP Gestionar que significa hacer diligencias, desplegar una acción a un negocio o deseo cualquiera, que para el caso va ligado con la vulneración a la igualdad, cuando se antepone la condición privilegiada de parlamentario para derivar en la consecución de privilegios.
"Por otra parte, respecto del conflicto de intereses, se da cuando se antepone al interés general para favorecer y privilegiar el interés egoísta personal y privado, y ello ocurre cuando quien como Representante a la Cámara participó ora en la elección del Defensor del Pueblo y luego incidió en la selección de los candidatizables, promocionando a sus recomendados o referidos, particularmente cuando los mismos terminaron efectivamente enganchados por esa institución.
"CAUSAL SEGUNDA. NUM. 5: Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
"El usar la condición de parlamentario para con base en la misma no sólo intentar sino lograr efectivamente la vinculación de su referido o recomendado, por parte del funcionario que debe rendirle informes anuales como congresista, y determina su elección e incluso participa en ella, implica un sistema de canje o trueque e incluso de exigencias que quiebra la imparcialidad y autonomía de una y otras funciones, generando una relación de subordinación o dependencia, en una y otra dirección, particularmente cuando la misión estatal mancillada afecta directamente la propia defensa de los derechos humanos y de la sociedad, por parte de una de las instituciones comprometidas".
La demanda fue admitida mediante auto del 24 de marzo de 1999 y fue notificada personalmente al Ministerio Público y a la senadora Carlina Rodríguez Rodríguez.
2. Contestación de la Demanda.
A través de apoderado judicial, la senadora Carlina Rodríguez Rodríguez se opuso a la solicitud de pérdida de investidura. Se afirma en el escrito de respuesta a la demanda que en ésta no se determinan los hechos directos o indirectos constitutivos de violación a la ley en los cuales participó la demandada, pues "sólo se formulan en abstracto sin que por lumbre se concreten, obligando al justiciable a intuir, escarbar y prácticamente a teorizar sobre ellos, no se dice, por ejemplo qué personas recomendó la senadora para que ingresaran a la defensoría (hecho que de haberse afirmado, además no sería cierto)".
Además afirma que la senadora nunca ha recomendado persona alguna para ocupar cargo en la Defensoría del Pueblo y formula como excepciones la inexistencia de hechos que originen las causales de pérdida de investidura por violación al régimen de incompatibilidades, conflicto de intereses o tráfico de influencias; falta de acusación directa con ella y hechos de terceras personas que no pueden afectarla.
3. La Audiencia Pública.
En la audiencia pública celebrada el día 27 de abril de 1999 intervinieron la accionante, el Ministerio Público, la senadora Carlina Rodríguez Rodríguez y su apoderado. Sus exposiciones se resumen así:
3.1. La accionante.
La demandante Myriam Elizabeth Bustos Sánchez reiteró la solicitud formulada en la demanda, refirió los hechos invocados en la misma a las normas que establecen las causales de pérdida de investidura de los congresistas y afirmó que las conductas allí prohibidas están acreditadas en el caso de la senadora Carlina Rodríguez Rodríguez. Se refirió a los medios probatorios que obran en el proceso para señalar que no es posible pretender una prueba directa de los hechos, pues regularmente cuando se ejecutan conductas violatorias de la ley se procura no dejar huellas; por eso, insiste que debe buscarse la certeza en los indicios y hechos notorios.
3.2. La Procuraduría Delegada.
En su intervención oral de la cual aportó un resumen escrito, la Delegada del Ministerio Público señaló que a pesar de las deficiencias de que adolece la petición de pérdida de investidura, su estudio es viable "gracias a las facultades de interpretación de que goza el juez administrativo" y que "la comprensión de la solicitud se hace evidente cuando en los hechos sustento de las excepciones presentadas por el apoderado de la parlamentaria, se expresa “la Senadora Carlina Rodríguez Rodríguez nunca ha recomendado persona alguna para ocupar cargo alguno en la Defensoría del Pueblo”, luego el motivo y objeto de la solicitud fueron perfectamente entendidos".
Solicita que se niegue la pérdida de investidura solicitada, pues en su criterio, con las pruebas que obran en el proceso no se acreditaron las causales previstas en el artículo 183 numerales 1 y 5 de la Constitución, dado que no se estableció "la supuesta actividad irregular desarrollada como congresista por parte de la doctora Carlina Rodríguez y de la actividad encaminada a obtener que se permitiera la contratación con determinadas personas en la entidad ya citada. Todo se queda en especulación y afirmaciones sin ningún tipo de sustento".
En relación con el conflicto de intereses a que se refiere la solicitud, considera la Delegada que "no se prueba tampoco tal hecho de manera alguna, ni se allegó de otra parte la Gaceta del Congreso que acredite la intervención indebida por parte de la senadora, en los asuntos en donde según los peticionarios tenía interés".
Sobre el tráfico de influencias señala que este cargo "se queda una vez más en una simple especulación respecto de la aquí cuestionada, pues no se cumple el imperativo previsto en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política, que hace alusión a que éste debe estar debidamente comprobado".
3.3. La Senadora.
Sostuvo la demandada en su breve intervención que en ningún momento dio referencias, recomendaciones ni presentó a persona alguna ante la Defensoría del Pueblo para que fuera vinculada laboral o contractualmente. Insistió en que la ética y la moral siempre la han acompañado en su corta vida pública y pidió a la Sala examinar con serio análisis, objetividad y severidad su hoja de vida.
3.4. El Apoderado.
Reitera el apoderado de la demandada que aunque no hay en la demanda un sólo hecho en concreto endilgado a la Senadora, pues éstos se refieren a conductas desarrolladas por la Defensoría del Pueblo, "la no interposición del recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda se debió fundamentalmente al criterio de la senadora, quien al no haber realizado ninguna conducta que pudiera serle reprochada en ejercicio de sus funciones, quiso afrontar el proceso para que su conducta fuera juzgada.. .de una vez".
En relación con el cargo de violación al régimen de incompatibilidades, el defensor de la demandada, luego de citar apartes de los documentos y testimonios que obran en el proceso concluyó que "la prueba recaudada ni siquiera nos conduce a probar que la senadora haya recomendado, o que los postulantes a cargos en la defensoría la utilizaran como referencia, y si ello es así, mucho menos aparece la prueba (de) que la senadora haya gestionado, con las connotaciones que exige la ley".
Sobre la violación al régimen de conflicto de intereses, afirma que de una parle está probado que la senadora no intervino en la elección del Defensor del Pueblo y de otra que no existe prueba que acredite el interés que exige el artículo 286 de la Ley 5o de 1992.
En cuanto al tráfico de influencias debidamente comprobado, el defensor cita los elementos que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación configuran la causal y concluyó que el cargo no puede prosperar porque "no existe prueba de la simple recomendación o referencia, mucho menos prueba de los elementos reseñados".
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de la presente acción de conformidad con lo previsto en los artículos 184 y 237 numeral 5 de la Constitución Política y 37 numeral 7 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996).
2. Calidad de Congresista de la Demandada
Está acreditado en el expediente que la ciudadana Carlina Rodríguez Rodríguez fue elegida como Senadora de la República para el período 1998-2002, de acuerdo con el certificado expedido por el Director Nacional Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil (fl. 7 cuaderno principal).
3. La solicitud de Pérdida de Investidura; Acción ciudadana y Disciplinaria.
Tanto la Corporación como la Corte Constitucional han aceptado que la pérdida de investidura "constituye un verdadero juicio de responsabilidad política que culmina con una sanción jurisdiccional, de tipo disciplinario"1 cuyo objeto es preservar la dignidad de los congresistas y castigar la vulneración del régimen disciplinario a ellos impuesto en razón de la función que desempeñan.
En tanto sanción disciplinaria que implica para el congresista la pérdida permanente de su derecho a ser elegido para ocupar esa dignidad, en su aplicación es necesario respetar el debido proceso en los términos del artículo 29 de la Constitución Política. Asilo precisó la Corte Constitucional al examinar las normas de la Ley 144 de 1995:
"Es claro que la pérdida de investidura es la sanción más grave que puede imponerse a un congresista, no solamente por el carácter mismo de las faltas respecto de las cuales ha sido prevista y por el inocultable daño que su comisión ocasiona al Congreso y al interés colectivo, sino en cuanto a las consecuencias del fallo, ya que implica la separación inmediata de las funciones que el condenado venía ejerciendo como integrante de la Rama Legislativa y, por expresa disposición de la propia Carta, la inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el futuro. Por otra parte, frente a la sentencia que dicte el Consejo de Estado ha sido prevista una sola instancia, dado el nivel de dicho Tribunal, el máximo en la jurisdicción Contencioso Administrativa.
"Todo ello deja ver que no se trata de un castigo cualquiera sino de uno excepcional que, por lo tanto, requiere en grado sumo la plena observancia de las garantías y requisitos constitucionales del debido proceso.
"La Corte Constitucional considera que las normas constitucionales en las cuales se consagra la pérdida de la investidura deben ser interpretadas de manera armónica con el artículo 29 de la Carta, con las necesarias adaptaciones que exige la naturaleza especial de aquéllas.
"La enunciada norma dispone que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio"2.
Pero además de sanción disciplinaria, la pérdida de investidura es una acción pública que puede ser interpuesta por cualquier ciudadano (art. 184 CP.), lo cual significa que si bien para su admisión debe exigirse el cumplimiento de los requisitos mínimos que establece el artículo 4° de la Ley 144 de 1994. en la interpretación de la demanda debe darse prevalencia al derecho sustancial (art. 228 CP.). Una interpretación en extremo rigurosa y formalista haría nugatorio ese derecho ciudadano.
En otros términos, para preservar tanto los derechos fundamentales del congresista demandado como los del ciudadano que solicita la imposición de la sanción disciplinaria, la Corporación debe realizar un estudio ponderado de la solicitud, de tal manera que se garantice de una parte el ejercicio pleno del derecho de defensa del primero y de otra, el derecho ciudadano de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, así como al acceso ala administración de justicia (arts. 1o, 40 y 229 CP.).
En el caso concreto se destaca que si bien los hechos relatados en la solicitud de pérdida de investidura se refieren en general a los congresistas, al dirigirse dicha demanda contra la senadora Carlina Rodríguez han de entenderse imputados a ella en particular tales hechos. Así lo entendió el ponente al admitir la demanda, la Senadora al asumir su defensa y la Procuraduría en sus intervenciones. Por lo tanto, en el trámite de la solicitud se garantizaron los derechos fundamentales de las partes involucradas en el proceso.
Quedó claro en el debate procesal que los solicitantes imputan a la Senadora Carlina Rodríguez Rodríguez el hecho de haber recomendado ante el Defensor del Pueblo a profesionales para ocupar cargos en la Defensoría Pública, los cuales fueron vinculados a la entidad mediante contrato de prestación de servicios en consideración a esas recomendaciones y además que la aceptación de esas recomendaciones constituyó factor determinante en la aprobación de las adiciones presupuéstales de la Defensoría o se hizo como contraprestación por la elección del Defensor del Pueblo realizada por la Cámara de Representantes.
Por lo tanto, se procederá en primer término a analizar la prueba recaudada en el proceso para determinar si los hechos en que se funda la solicitud fueron o no realizados por la demandada.
4. Lo Probado.
4.1. Sobre la Recomendación de Profesionales Ante el Defensor del Pueblo.
El ejemplar del diario El Tiempo en el cual se realizaron las denuncias referidas por los accionantes no fue aportado al proceso. Sin embargo, obra copia del proceso disciplinario que adelanta la Procuraduría General de la Nación contra el Defensor del Pueblo y otros funcionarios de la misma entidad, en el cual se investigan hechos relacionados con esta acción.
En dicho expediente consta que en el acta de visita especial practicada a la oficina asignada en la Defensoría a la doctora Doris Chaves Ramos ex funcionaria del Congreso a quien el Defensor del Pueblo le confirió unas funciones administrativas mediante Resolución No. 155 de 1999, pero que carece de vínculo contractual o laboral con la entidad (fls. 102-103 cuaderno principal)- se encontró un listado con los nombres de "los Senadores de la República para el período 1998-2002, y frente a cada nombre aparece la anotación de tas personas por cada uno de ellos recomendada en el año 1997 y 1998" (fl. 3 cuaderno de anexos No. 1).
Dicho listado tiene por título: Honorable Senado de la República 1998-2002 y consta de cuatro columnas: honorable Senador, funcionario, lugar y observaciones (fls. 38-150 cuaderno de anexos No. 1). Al lado del nombre de la Senadora Carlina Rodríguez Rodríguez aparecen escritos a mano los siguientes nombres: Argemiro González Caicedo, Clelia Margoth Rubiano, Damaris Villate de Villate, Rafael Espinosa Guerrero, Mauricio Herrera Castro, Hugo Ernesto Figueroa Guerrero y Jairo Hernández Cubillos. En la columna de observaciones, al frente de los dos primeros aparece la abreviatura OK. (fl. 68 cuaderno de anexos No.1).
En escrito dirigido por el Defensor del Pueblo, José Fernando Castro Caycedo, al Procurador General de la Nación a propósito de la apertura de la investigación disciplinaria que cursa en su contra, sobre el tema objeto de este proceso expresó:
"Con respecto al archivo de la lista de Senadores y Representantes, es cierto que en varias ocasiones verifiqué u ordené verificar referencias personales a estos servidores públicos, para establecer algún conocimiento de los candidatos a desempeñarse como defensores públicos en las diferentes regiones del país y en orden a establecer su vocación de servicio y amor por la causa de los derechos humanos, así como el conocimiento por parte de éstos de la región donde pretendían prestar el servicio (fl. 739 cuaderno de anexos No. 1).
Al ser interrogada por el despacho sobre el listado referido, la señora Rita Vargas Aroca, auxiliar administrativa de la Defensoría del Pueblo contestó:
"Cuando yo me desempeñaba como secretaria de la doctora Doris Chaves mi labor era recibir y archivar hojas de vida, elaborar unos listados que ella me ordenaba en dichos listados aparecen los nombres de Senadores y Representantes a la Cámara y frente al nombre de cada uno aparecen las personas recomendadas o referenciadas con dichos congresistas, estén o no estén vinculadas esas personas a la defensoría...Esos listados los elaboraba yo, desde antes de yo llegar a la defensoría ya se llevaban y yo me guié por los que existían para continuar anotando la información respectiva...Esos listados se llevaban a manera de información para saber en el momento en que el interesado o la persona que lo referenciaba solicitara información sobre el estado de su hoja de vida, saber qué contestarle si había sido contratado, si no reunía los requisitos o si no pasó la entrevista" (fl. 69-70 cuaderno principal).
En relación con la forma como se daban esas referencias, aclaró la declarante que "algunas veces las personas colocaban en referencias personales el nombre de determinado congresista otras veces las hojas de vida llevaban alguna tarjeta con el nombre del congresista" (fl. 71 cuaderno principal).
En la declaración rendida ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, trasladada al proceso disciplinario que cursa ante la Procuraduría, la misma testigo afirmó que en general las hojas de vida llevaban anexa una tarjeta sin firma del congresista, que "la Dra. Doris corroboraba telefónicamente si era cierto que esa persona era conocida del Congresista y qué referencias podía dar" y que si el profesional recomendado reunía los requisitos era elegido de manera preferencial (811 anexo No.1).
El señor Gustavo Adolfo Robayo Castillo, funcionario de cañera en la Defensoría del Pueblo afirmó que recibió en su residencia semanas atrás "en un sobre y sin remitente" varios documentos y entre ellos un listado con las siguientes columnas:
"... La primera columna dice nombre del congresista, la segunda columna dice nombre del recomendado y en seguida hay tres casillas en las que se lee defensores públicos, contratos y órdenes de servicio, nómina carrera administrativa, cierra el cuadro otra columna que dice cuadro" (fl. 79 cuaderno principal).
Sobre la vinculación a la Defensoría de los profesionales cuyos nombres aparecen en el listado referido al lado del nombre del congresista, el mismo testigo señaló:
"De acuerdo con lo que ha sido informado a la asociación que yo presido y por el listado que me fue allegado las personas que aparecen reseñadas en la columna nombre del recomendado han sido vinculadas efectivamente a la defensoría del pueblo en su mayor parte como defensores públicos, otros mediante contratos de prestación de servicios y otras personas que han ingresado a la nómina de carrera administrativa, de la lectura de la columna donde dice congresista y de la del nombre del recomendado se infiere que las personas vinculadas corresponden al departamento o unidad regional en la que desarrolla proselitismo político el parlamentario referenciado" (fl. 79 cuaderno principal).
En el caso concreto de las personas que figuran en la lista citada al lado del nombre de la senadora Carlina Rodríguez Rodríguez, está acreditado que el abogado Argemiro González Caicedo ha suscrito tres contratos de prestación de servicio con la Defensoría Pública, cuyas vigencias iniciaron respectivamente los días 2 de septiembre de 1997. 14 de enero de 1998 y 3 de febrero del año en curso. Igualmente, la abogada Clelia Margoth Rubiano Barreto suscribió contratos con la Defensoría Pública con vigencias a partir del 21 de octubre de 1997, el 24 de marzo de 1998 y el 28 de enero del presente año. Así lo certificó el Secretario General de la Defensoría del Pueblo (fls. 128-129 cuaderno principal) y consta en las carpetas anexas a dicha certificación, identificadas con los números 1,2, 3,4, 5 y 6.
La prueba documental y testimonial referida apunta a señalar la existencia de las recomendaciones denunciadas y la efectiva vinculación de profesionales presuntamente recomendados para ocupar cargos en la Defensoría Pública. Ahora bien, el paso siguiente será verificar si en el caso concreto de la senadora Carlina Rodríguez Rodríguez estos hechos están debidamente acreditados.
Sobre estas acusaciones, la senadora afirmó en el interrogatorio de parte formulado en este proceso que no conoce a los abogados Argemiro González Caycedo y Clelia Margoth Rubiano Barreto y que no gestionó, recomendó, presentó ni dio referencias de ninguna persona ante el Defensor del Pueblo (fls. 116-124 cuaderno principal). Aportó además copia de la respuesta enviada por dicho funcionario frente a una petición suya, en la cual le expresa:
"En relación con su comunicación... debo manifestarle que en la planta de cargos de la entidad no ha sido nombrada persona alguna por recomendación o sugerencia suya" (fl. 127 cuaderno principal).
En la declaración jurada que rindió la demandada mediante certificación ante la Comisión Especial Investigadora de la Procuraduría General de la Nación, hizo las mismas afirmaciones (fls. 67-68 anexo No.6 certificaciones juradas).
Del análisis de los diferentes medios de prueba, la Sala llega a la conclusión de que la presunción de inocencia que obra en favor de la congresista de conformidad con el artículo 29 de la Constitución, no fue desvirtuada con las pruebas que obran en el proceso.
a. En efecto, la señora Doris Margarita Chaves Ramos, quien según la acusación intermediaba en la relación entre los congresistas y el Defensor del Pueblo, en la declaración rendida ante el despacho del Consejero Ponente afirmó:
"PREGUNTADA: Sírvase decirnos si durante el tiempo en que usted se desempeñó como colaboradora del defensor del pueblo tuvo conocimiento de que la senadora Carlina Rodríguez Rodríguez hubiese recomendado a alguna persona para que fuese vinculada a esa entidad. CONTESTO: No dio recomendaciones" (fl. 59 cuaderno principal).
b. En las hojas de vida de los abogados Argemiro González Caycedo y Clelia Margoth Rubiano Barreto, quienes fueron contratados como defensores públicos no aparece el nombre de la senadora como referencia (ver carpetas 1 a 6). Tampoco existe prueba en el proceso que demuestre la existencia de vínculo, amistad o parentesco entre la demandada y estos profesionales.
c. La testigo Rita Flor Vargas Aroca, tampoco señala actos concretos de participación de la senadora demanda en las acusaciones formuladas en su contra. Sólo afirma que vio una tarjeta con el nombre de la parlamentaria, pero sin individualización:
"A la oficina donde yo laboraba nunca fue, como lo manifesté anteriormente no la conozco personalmente de pronto se recibieron algunas llamadas de sus asistentes pero desconozco el motivo de esas llamadas puesto que eran para la doctora Doris Chaves...PREGUNTADO: Sírvase decirnos concretamente si usted vio documento alguno en el que la senadora Carlina Rodríguez Rodríguez referenciara o recomendara a persona alguna...CONTESTO: ...recuerdo haber visto una tarjetica con el nombre de la doctora Carlina, era una tarjeta de presentación pero sin ninguna firma" (fl. 75 cuaderno principal).
d. De igual manera, el testigo Gustavo Adolfo Robayo Castillo al ser interrogado por el Consejero Ponente si le consta que la senadora Carlina Rodríguez Rodríguez haya recomendado ante el Defensor del Pueblo a alguna persona con el fin de que fuera vinculada a ese organismo, contestó: "personalmente y de forma directa no me consta, las referencias que hay sobre este particular son precisamente lo informado por la prensa y por lo que aparece en el listado que acabo de enseñar dentro de esta audiencia" (fl. 97 cuaderno principal). Y más adelante reitera:
"Como lo he señalado en el curso de esta diligencia los motivos acerca de la investigación que se adelanta fueron dados a conocer, manifiesto que personalmente no he escuchado conversaciones de la senadora con funcionarios de la defensoría para tal propósito y como lo dije antes no la conozco personalmente, por la misma razón no puedo afirmar con el detalle y la precisión que exige su señoría que diga en términos específicos si recomendó o no a determinada persona" (fl. 84 cuaderno principal).
e. Se advierte, además, que según el testimonio de la señora Rita Flor Vargas los abogados Argemiro González Caycedo y Clelia Margoth Rubiano Barreto, fueron contratados por razones objetivas y no por la presunta recomendación de la parlamentaria:
"La determinación de contratarlos la tomó el Defensor del Pueblo basándose en el concepto positivo que dio la regional Cundinamarca y la regional Bogotá de la entrevista realizada a esas dos personas, además de solicitarles constancias del litigio en lo penal que era lo que más importaba para ser contratado" (fl. 73 cuaderno principal).
En conclusión, a ninguno de los testigos citados en este proceso o dentro de la investigación disciplinaria que cursa ante la Procuraduría General de la Nación le consta que la senadora Carlina Rodríguez Rodríguez haya recomendado a alguna persona ante el Defensor del Pueblo; tampoco existe ningún documento que acredite su participación en ese hecho. La tarjeta de presentación personal a que se refiere la testigo Rita Flor Vargas, de haber existido nada prueba porque según la misma testigo, carecía de firma y en consecuencia, no demuestra su origen. Ningún indicio puede construirse en contra de la demandada, pues para ello se requiere la plena prueba de hechos indicadores de los cuales se carece en el proceso.
4.2. Sobre la elección del Defensor del Pueblo.
En la Sesión Ordinaria de la Cámara de Representantes del día 20 de agosto de 1996, publicada en la Gaceta del Congreso No. 372 de septiembre 9 del mismo año. se eligió al Defensor del Pueblo José Fernando Castro Caycedo. Se dejó constancia de los representantes que asistieron a dicha sesión, sin que figure en esa lista el nombre de la demandada Carlina Rodríguez Rodríguez, en su calidad de representante como lo era a la sazón (cuaderno No. 1 de pruebas). Por lo tanto, el cargo formulado en contra de la senadora que vincula la elección del Defensor con el nombramiento en la institución de personas recomendadas por ella, carece de prueba en relación con todos los supuestos fácticos que lo integran.
4.3. Sobre la Aprobación de la Adición Presupuestal para la Defensoría del Pueblo.
En la Gaceta del Congreso No. 299 de julio 30 de 1997 fue publicada el acta No. 146 de la sesión extraordinaria de la Cámara de Representantes del día 24 de junio de 1997, que contiene el listado de los asistentes a la sesión en la cual se aprobó el proyecto de Ley No. 297/97 Cámara- 255/97 Senado, "por la cual se decretan unas modificaciones en el presupuestos de rentas y recursos de capital y en la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de 1997", que establece una adición de $500.000.000.oo para la Defensoría del Pueblo. A dicha sesión asistió la demanda Carlina Rodríguez Rodríguez, en su calidad de Representante (cuaderno No. 1 de pruebas).
Al ser interrogada la senadora sobre su participación en las votaciones para la adición presupuestal referida, contesto:
"Es mi deber constitucional como el de todos los senadores y representantes votar los proyectos de ley que tienen que ver con el presupuesto nacional, plan de desarrollo, reforma a la justicia, entre otras y las diferentes leyes que se tramitan en esta corporación, luego de ninguna manera puedo sustraerme en este deber" (fl. 118 cuaderno principal).
Si bien el hecho de la participación de la demandada en la aprobación de la ley de adición del presupuesto para la Defensoría del Pueblo está acreditada, no existe prueba que demuestre que la misma tuvo algún interés particular en la aprobación de la ley, distinto al de cumplir sus deberes como congresista.
5. Conclusión.
Dado que la senadora Carlina Rodríguez Rodríguez no participó en la elección del Defensor del Pueblo; que no existe ninguna prueba testimonial, documental ni indiciaria que demuestre que la misma recomendó a profesional alguno para ocupar cargo en la Defensoría Pública, ni que en esta entidad se haya nombrado algún abogado por recomendación suya, ni que su participación en la aprobación de adiciones presupuéstales para la Defensoría haya estado motivada por intereses particulares, se concluye que los supuestos de hecho de la demanda sobre los que se edifican las causales de pérdida de investidura invocadas en la demanda no fueron debidamente acreditados. En consecuencia, considera la Sala irrelevante referirse al contenido normativo de dichas causales, para decidir si las conductas reprochadas se subsumen en las normas citadas, pues tales conductas no fueron probadas,
6. Copias para la Fiscalía y la Procuraduría.
En la declaración rendida por la señora Rita Flor Vargas Aroca ante el Consejero Ponente afirmó que con posterioridad a las publicaciones realizadas en el periódico El Tiempo, relacionadas con los hechos objeto de este proceso, recibió órdenes de la señora Doris Chaves de "romper las tarjetas que se encontraran anexas a las hojas de vida archivadas en la oficina de la doctora Doris Chaves" (fl. 76 cuaderno principal) y además que algunos de sus familiares vinculados con el Fondo de Previsión del Congreso y la Cámara de Representantes están siendo intimidados por sus jefes inmediatos "con que si no logran que yo cambie mis declaraciones anteriores puede perjudicarlos a ellos en su trabajo" (fl. 77 cuaderno principal).
Dado que las conductas referidas pueden constituir tipos delictivos o disciplinarios, se ordena compulsar copias de todas las declaraciones rendidas en este proceso a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
FALLA


  1. Deniégase la solicitud de pérdida de la investidura de congresista de la senadora de la República Carlina Rodríguez Rodríguez, presentada por los ciudadanos Myriam Elizabeth y Pablo Antonio Bustos Sánchez.




  1. Compúlsense copias de las declaraciones rendidas en este proceso con destino a la Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia.




  1. Ejecutoriada esta sentencia, comuníquese a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior para lo de su cargo y archívese el expediente.

Notifíquese y cúmplase.


JAVIER DIAZ BUENO, VICEPRESIDENTE; MARIO R. ALARIO MENDEZ, ERNESTO ARIZA MUÑOZ, GERMAN AYALA MANTILLA, HUMBERTO CARDENAS GOMEZ,, JESUS MARIA CARRILLO B„ JULIO ENRIQUE CORREA R, SILVIO ESCUDERO CASTRO (ACLARO VOTO); OSEAR ANIBAL GIRALDO C, (AUSENTE); DELIO GOMEZ LEYVA, RICARDO HOYOS DUQUE, DANIEL MANRIQUE GUZMAN, JUAN DE DIOS MONTES H, ROBERTO MEDINA LOPEZ, CARLOS ORJUELA G. (ACLARACION DE VOTO); NICOLAS PAJARO PEÑARANDA, JUAN ALBERTO POLO E, FLAVIO RODRIGUEZ ARCE, LIBARDO RODRIGUEZ R., GERMAN RODRIGUEZ V, DANIEL SUAREZ HERNANDEZ, JORGE SAADE MARQUEZ, MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA. MERCEDES TOVAR DE HERRAN, SECRETARIA GENERAL

ACLARACION DE VOTO
PERDIDA DE LA INVESTIDURA / INTERROGATORIO DE PARTE - Improcedencia en proceso sancionatorio / PRUEBA IRREGULARMENTE PRACTICADA - Interrogatorio no puede ser valorado como prueba
En efecto, no resulta acertado interrogar bajo juramento al enjuiciado, con miras a obtener de él una confesión judicial, pues tal procedimiento se halla proscrito en el trámite procesal del derecho sancionatorio y sólo se mantiene, por lo demás con muchas dudas sobre su constitucionalidad, para los procesos civiles y sólo para asuntos de naturaleza patrimonial siempre que la ley permita como tal este medio probatorio y no lo haya prohibido expresamente. Para los casos en que esta en juego la responsabilidad personal, dicho medio probatorio se halla expresamente excluido por la Constitución (art. 33) y por la Ley (arts. 207 inc. 5o C.P.C. Y 283 C.P.P.). Si se creyó que el interrogatorio procedía, era necesario no hacerlo bajo la solemnidad del juramento y advirtiéndole expresamente al interrogado que no estaba obligado a contestar. Al no haberse surtido su trámite en esa forma, la prueba irregularmente practicada no puede ser valorada como tal en el presente proceso.
Consejero ponente: DANIEL MANRIQUE GUZMAN
Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
Referencia: Radicación AC-7087
Pérdida de Investidura
Actor: Myriam Bustos Sánchez
Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque
Aunque comparto la parte decisoria de la providencia, no por ello dejo de hacer notar mi extrañeza y perplejidad con la parte motiva, pues en el presente proceso se llamo a la parlamentaria a rendir "interrogatorio de parte" (auto de abril 14 de 1999, fls. 23 y SS.), habiéndose practicado el mismo (fl. 116 a 124), y a él se hace mención como prueba en dicha la parte motiva (fl. 182), situación que a no dudarlo, resulta totalmente ajena en un proceso de orden personal sancionatorio, como lo es el de perdida de investidura.
En efecto, no resulta acertado interrogar bajo juramento el enjuiciado, con miras a obtener de él una confesión judicial (art. 194 C.P.C), pues tal procedimiento se halla proscrito en el trámite procesal del derecho sancionatorio y sólo se mantiene, por lo demás con muchas dudas sobre su constitucionalidad (art. 33 de la Carta) para los procesos civiles y sólo para asuntos de naturaleza patrimonial siempre que la ley permita como tal este medio probatorio y no lo haya prohibido expresamente arts. 195 C.P.C. y 1795 C.C.).
Para los casos en que esta en juego la responsabilidad personal, dicho medio probatorio se halla expresamente excluido por la Constitución (art. 33) y por la ley (arts. 207 inc. 5o C.P.C. y 283 C.P.P).
Si se creyó que el interrogatorio procedía, era necesario bajo la solemnidad del juramento y advirtiéndole expresamente al interrogado que no estaba obligado a contestar (arts. 207 C.P.C. Y 283 CP.). Al no haberse surtido su trámite en esa forma, la prueba irregularmente practicada no puede ser valorada como tal en el presente proceso.
Con todo respeto.
DANIEL MANRIQUE GUZMAN
Fecha: Ut Supra.

ACLARACION DE VOTO
PERDIDA DE LA INVESTIDURA / TRAFICO DE INFLUENCIAS - Necesidad de regulación legal
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación señaló desde el comienzo, en un análisis que coincide con otro reciente de la Corte Constitucional, que no son coincidentes las figuras del delito de tráfico de influencias, y la que tienen denominación semejante según el artículo 183 de la Constitución Política, que podría dar lugar en caso de estar debidamente comprobada, a la pérdida de la investidura congresional. Así las cosas, resulta prioritario que el propio legislador le fije los elementos constitutivos a esta figura; o en su lugar, la jurisprudencia. Empero, en tratándose de un proceso cuya naturaleza no está plenamente definida pero con una raigambre ética, disciplinaria, moral y sancionatoria, entre otros aspectos, parece discutible que sea el intérprete quien deba tipificarla y no el legislador, pues por esta vía podría incurrirse en injusticias flagrantes, por manera que en lugar de aplicar igual rasero para todos los eventos se corre el riesgo de aplicar uno diferente y caprichoso frente a casos similares. Por todas estas razones, pienso que es conveniente una reforma legal que remedie estos vacíos y lagunas en lo que tiene que ver con el proceso de pérdida de investidura de los congresistas.
PERDIDA DE INVESTIDURA / CONFLICTO DE INTERESES DE ORDEN MORAL - Faltó regulación legal
Aunque no se me oculta la dificultad que podría tener un texto legal para definir el conflicto de intereses de orden moral, sí estoy convencido de que deben existir reglas claras, expresas y escritas, para que el congresista identifique y manifieste esa clase de limitaciones o de impedimentos. Así las cosas, pienso que no están tipificadas las situaciones que constituirían un "conflicto de intereses de orden moral", y por ende, las circunstancias dentro de las cuales se produciría su violación o quebrantamiento. En consecuencia, la pérdida de investidura de un congresista por la causal de violación del régimen de conflicto de intereses de orden moral, solamente puede darse cuando la ley haya fijado de manera expresa cómo se configura, cuáles son sus modalidades y las diferentes situaciones que tienen que ver con su manifestación, trámite, etc.
Consejero ponente: CARLOS ARTURO ORJUELA GONGORA
Sentencia del 4 de mayo 1999.
Referencia: Radicación AC-7087
Pérdida de Investidura
Actores: Myriam y Pablo Bustos Sánchez
Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque.
Santa Fe de Bogotá, D. C, mayo veinticinco (25) de mil novecientos noventa y nueve (1999)
Si bien compartí lo resuelto en este asunto porque considero que dados los supuestos de hecho analizados en el proceso es claro que el Representante Juan José Chaux no incurrió en la causal de pérdida de investidura imputada por los demandantes, estimo necesario precisar sintéticamente algunos aspectos que planteé en la discusión del tema, a saber:


  1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación señaló desde el comienzo, en un análisis que coincide con otro reciente de la Corte Constitucional, que no son coincidentes las figuras del delito de tráfico de influencias, y la que tiene denominación semejante según el artículo 183 de la Constitución Política, que podría dar lugar en caso de estar debidamente comprobada, a la pérdida de la investidura congresional.




  1. Así las cosas, resulta prioritario que el propio legislador le fije los elementos constitutivos a esta figura; o en su lugar, la jurisprudencia. Empero, en tratándose de un proceso cuya naturaleza no está plenamente definida pero con una raigambre ética, disciplinaria, moral y sancionatoria, entre otros aspectos, parece discutible que sea el intérprete quien deba tipificarla y no el legislador, pues por esta vía podría incurrirse en injusticias flagrantes, por manera que en lugar de aplicar igual rasero para todos los eventos se corre el riesgo de aplicar uno diferente y caprichoso frente a casos similares.




  1. Es tanto más discutible esa opción, en cuanto también es claro que el congresista requiere en múltiples ocasiones ejercitar o adelantar gestiones ante organismos o funcionarios oficiales, para ver de remediar las necesidades de su región. Y es obvio que en esa hipótesis no podría achacársele una intención torcida o contraria a derecho. Sin embargo, como es fácil apreciarlo, esa distinción no es sencilla.




  1. Por todas estas razones, pienso que es conveniente una reforma legal que remedie estos vacíos y lagunas en lo que tiene que ver con el proceso de pérdida de investidura de los congresistas.

Ahora bien, en lo que toca con el tema del conflicto de intereses, caben las siguientes reflexiones:


a. El artículo 182 de la Carta Política, invocado por la parte demandante para sustentar la solicitud de pérdida de investidura, dice:
"Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones." (Se destaca y subraya).
Esto es, que "las situaciones de carácter moral o económico" que inhiben a los congresistas para intervenir en la discusión de los proyectos de ley sometidos a consideración de su respectiva cámara, deben estar determinadas expresamente por la ley.
b. La Ley 5a. de 1992, en relación con la problemática de que trata este
proceso, consagró en su Sección 4a., Conflicto de intereses, lo siguiente en
cuanto a esta materia:
b.1. En el artículo 286 (Aplicación), establece que los congresistas deben declararse impedidos para participar en los debates o en las votaciones respectivas, cuando "exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho". (Se destaca y subraya).
b.2. En el artículo 291 (Declaración de impedimento), dispuso que el congresista debe solicitar su separación del conocimiento de un asunto "al observar un conflicto de interés". (Se destaca y subraya).
b.3. Los artículos subsiguientes se refieren al trámite del impedimento y al punto de la recusación.
c. La Ley 144 de 1994 señaló en su artículo 16 (Conflicto de intereses.- Definición), la conducta que deben asumir los congresistas que dentro del año inmediatamente anterior a su elección "hayan prestado servicios remunerados a gremios o personas de derecho privado sobre cuyos intereses o negocios incidan directamente actos que se encuentren al estudio del Congreso".
d. Es decir, que los dos estatutos legales mencionados tratan expresa-
mente el tema de los conflictos de intereses de orden económico, pero no el
de los de orden moral.

e. Es cierto que la moral implica unos principios y valores propios del ser que vive en sociedad; empero, éstos tienen que ver con su fuero interno y su respeto por los demás.
f. Aunque no se me oculta la dificultad que podría tener un texto legal para definir el conflicto de intereses de orden moral, sí estoy convencido de que deben existir reglas claras, expresas y escritas, para que el congresista identifique y manifieste esa clase de limitaciones o de impedimentos.
g. Así las cosas, pienso que no están tipificadas las situaciones que constituirían un "conflicto de intereses de orden moral", y por ende, las circunstancias dentro de las cuales se produciría su violación o quebrantamiento.
h. Ahora bien; he sostenido que todavía no se ha dilucidado completa y satisfactoriamente la naturaleza del proceso de pérdida de investidura, y posiblemente este hecho genera muchas de las dificultades con que tropieza el juzgador al momento de decidir una demanda de esta clase. Entre otras cosas porque si participa de un carácter judicial, ético, político, disciplinario o sancionatorio, como se ha dicho por parte de la Corte Constitucional y del propio Consejo de Estado, es menester aplicar todas las garantías propias de esa clase de juicios, a saber: el principio de la presunción de inocencia y el de la buena fé del demandado.
i. Así mismo, no puede olvidarse que el congresista le debe su investidura al pueblo, o de manera más precisa, a sus electores, que en ejercicio de los derechos políticos correspondientes (entre otros, los del artículo 40 de la Constitución Política), lo han escogido como su representante en el órgano legislativo. Y que tienen derecho a que los siga representando mientras no se compruebe fehacientemente que es indigno de ello o que ha incurrido en una causal de pérdida de esa investidura. O sea, que por este aspecto también los electores del congresista (el pueblo), tienen derecho a que el proceso de pérdida de su investidura esté rodeado de todo ese cúmulo de garantías y entre ellas, por encima de cualquiera otra, las que dicen relación con el debido proceso y el derecho de defensa.
j. En consecuencia, la pérdida de investidura de un congresista por la causal de violación del régimen de conflicto de intereses de orden moral, solamente puede darse cuando la ley haya fijado de manera expresa cómo se configura, cuáles son sus modalidades y las diferentes situaciones que tienen que ver con su manifestación, trámite, etc.
k. También he hecho énfasis en que en estas materias no puede hablarse del "hecho notorio", porque las condiciones que he mencionado grosso modo indican que es indispensable una "prueba plena”“ de la culpa o dolo del congresista, para que pueda aplicársele la responsabilidad sobreviniente que sería la de la pérdida de su investidura.
l. Desde luego, no puede dejarse de lado que el momento que vive el país le brinda unos ingredientes anormales y atípicos a esta clase de juzgamientos, porque la opinión pública maneja unos ingredientes de raigambre eminentemente política, que no son ni pueden ser los que apliquemos o tengamos en cuenta los jueces. En este carácter, entonces, nuestra única guía debe ser el Estado de Derecho; y nuestra brújula, la Justicia. Y para ello, como ya lo acoté, es indispensable respetar celosamente los derechos al debido proceso y de defensa, pues de eso dependen en buena medida la estabilidad de las instituciones y la tranquilidad de la Patria.
m. Es evidente que el manejo que le han dado los medios de comunicación a estos temas ha generado una sensibilidad muy especial en la opinión pública, que encierra el peligro de que al no presentar aquéllos todas las características y detalles del conflicto tampoco permiten la formación de un criterio objetivo e imparcial por parte de la comunidad. Sin embargo, esta evidencia no puede afectar la independencia y la autonomía del Juez para pronunciar su decisión. Soy consciente de que por esa causa se nos ha estigmatizado a quienes sustentados en nuestra convicción filosófica, jurídica y moral, hemos llegado a la conclusión de que en este evento no existen los elementos de toda índole indispensables para decretar la pérdida de investidura del demandado, y que en tal virtud, es menester denegar esa petición, porque así nos lo señalan nuestra conciencia, el Derecho y la razón. Estoy convencido, además, de que cuando se despeje este ambiente extraño y anómalo se verá con claridad que las decisiones judiciales no pueden están movidas por el calor del momento, ni por circunstancias coyunturales, sino por el peso y la calidad de las normas jurídicas, su debida interpretación y el sentido sublime de lo que es Justo; y entonces brillarán con luz propia lo que significa la independencia del Juez y la responsabilidad que al "decir el derecho" tiene ante Dios y ante los hombres.
En ese orden de ideas, se imponía -como en efecto se hizo-, denegar la solicitud de pérdida de investidura de la Congresista demandada.
Con toda atención
CARLOS ARTURO ORJUELA GONGORA

SALVAMENTO DE VOTO
PERDIDA DE INVESTIDURA - Falta de invocación de la causal
En la demanda dirigida contra la Senadora Carlina Rodríguez Rodríguez, según se lee en la sentencia, "no hay una imputación directa, específica y determinada". Entonces, la Senadora Rodríguez Rodríguez de nada fue acusada, lo que indica que la demanda no debió siquiera ser admitida, según lo expuesto, pero, admitida que fue, el proceso que se adelantó contra aquella carecía de objeto y debió concluir con sentencia inhibitoria, pues no había cargo del cual absolverla ni, menos, por el cual condenarla.
Consejero ponente: MARIO ALARIO MENDEZ
Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
Santa Fe de Bogotá, D. C, nueve (9) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Consejero Ponente Doctor Ricardo Hoyos Duque
Referencia: Expediente AC-7087
Demandantes Myriam Bustos Sánchez y Otro
Solicitud de Pérdida de Investidura de Congresista de la Senadora Carlina Rodríguez Rodríguez
Según lo establecido en el artículo 4o, literal c, de la Ley 144 de 1994, toda solicitud de pérdida de investidura debe contener la invocación de la causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y su debida explicación, es decir, la indicación de la conducta de que resulta la falta que se atribuye al acusado y las razones por las cuales esa conducta es constitutiva de la causal que se invoca.
En la demanda dirigida contra la Senadora Carlina Rodríguez Rodríguez, según se lee en la sentencia, "no hay una imputación directa, específica y determinada".
Entonces, la Senadora Rodríguez Rodríguez de nada fue acusada, lo que indica que la demanda no debió siquiera ser admitida, según lo expuesto, pero, admitida que fue, el proceso que se adelantó contra aquella carecía de objeto y debió concluir con sentencia inhibitoria, pues no había cargo del cual absolverla ni, menos, por el cual condenarla.
MARIO ALARIO MENDEZ

ACLARACION DE VOTO
PERDIDA DE INVESTIDURA / TRAFICO DE INFLUENCIAS - Necesidad de regulación legal / TRAFICO DE INFLUENCIAS - Cláusulas establecidas por vía jurisprudencial
Es verdad que los elementos a los cuales puede referirse el tráfico de influencias están reservados al legislador desde el punto de vista normativo, pero es igualmente cierto que por vía jurisprudencial se han venido estructurando algunos de ellos, sobre los cuales ya ha habido un pronunciamiento mayoritario de la Sala Plena en casos anteriores y similares al hoy debatido, y que indispensablemente tendrá que tener en cuenta aquél (el legislador) cuando tome la medida correspondiente. Ellos son: a) Que se trate de persona que ostente la calidad de Congresista; b) Que se invoque esa calidad o condición; c) Que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero, dádiva, con las salvedades o excepciones contempladas en la Ley 5a de 1992, en cuanto a las gestiones de los Congresistas en favor de sus regiones; d) Con el fin de obtener beneficio de un servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo y haya de conocer. Por manera que una interpretación histórica y genética sobre la norma que contempla la causal de pérdida de investidura en comento, sirve de apoyo para constituir unos elementos a la luz de los cuales pueda analizarse el tráfico de influencias.
Consejero ponente: SILVIO ESCUDERO CASTRO
Aclaración de voto del consejero Silvio Escudero Castro a la sentencia del 4 de mayo de 1999, rendida dentro del proceso número AC-7087, asuntos constitucionales, actores Myriam y Pablo Bustos Sánchez, solicitud de pérdida de investidura de la senadora Carlina Rodríguez.
Santa Fe de Bogotá D.C., junio once (11) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Me permito aclarar el voto por las siguientes razones:
Es verdad que los elementos a los cuales puede referirse el tráfico de influencias están reservados al legislador desde el punto de vista normativo, pero es igualmente cierto que por vía jurisprudencial se han venido estructurando algunos de ellos, sobre los cuales ya ha habido un pronunciamiento mayoritario de la Sala Plena en casos anteriores y similares al hoy debatido, y que indispensablemente tendrá que tener en cuenta aquél (el legislador) cuando tome la medida correspondiente. Ellos son:


  1. Que se trate de persona que ostente la calidad de Congresista;




  1. Que se invoque esa calidad o condición:




  1. Que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero, dádiva, con las salvedades o excepciones contempladas en la Ley 5a de 1992, en cuanto a las gestiones de los Congresistas en favor de sus regiones;




  1. Con el fin de obtener beneficio de un servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo y haya de conocer.

Los anteriores elementos, erigidos por la Corporación, tienen su sustento en la propia Constitución Política de 1991 y sus antecedentes. Así, al repasar la Gaceta Constitucional del miércoles 22 de mayo de 1991. se advierte que cuando se estudio la relativo al Estatuto del Congresista, el Constituyente Luis Guillermo Nieto Roa elaboró parte del proyecto de articulado que hoy en día regula el instituto jurídico de la pérdida de investidura. Allí se expuso:


"Para este capítulo se contempló la necesidad de asegurar que el Congresista no utilice su poder o influencia sobre otras ramas del sector público o sobre la comunidad en general para obtener privilegios (tráfico de influencias)."
Por manera que una interpretación histórica y genética sobre la norma que contempla la causal de pérdida de investidura en comento, sirve de apoyo para constituir unos elementos a la luz de los cuales pueda analizarse el tráfico de influencias.
Con toda atención.
SILVIO ESCUDERO CASTRO


1Sentencia C-319 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara.

2Sentencia C-247 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.



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