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Única No. 29428

PEDRO P. TRUJILLO R.

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia




Proceso No 29428


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No.288

Bogotá D. C., ocho (8) de octubre de dos mil ocho (2008).




VISTOS

Se pronuncia la Sala acerca de los recursos de reposición y apelación interpuestos por el Representante a la Cámara PEDRO PABLO TRUJILLO RAMÍREZ, contra la resolución de acusación proferida en su contra por la Fiscalía Séptima Seccional de la Unidad de Vida y otros de Ibagué, por el delito de injuria.



ANTECEDENTES
1. HECHOS:
Según la resolución acusatoria los hechos calificados son los siguientes:
La presente investigación penal se inició legalmente mediante auto de fecha diciembre 22 de 2005, con base en la denuncia escrita presentada por la doctora ISABEL NÚÑEZ VILLALBA, Fiscal 47 Seccional, con sede en el Guamo- Tolima en contra del doctor PEDRO PABLO TRUJILLO RAMÍREZ. Expresa la quejosa en su escrito de denuncia, que el 25 de noviembre de 2005, la Fiscalía 47 Seccional, decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, en contra de JOSÉ VIDAL OYUELA, Alcalde del Municipio de Saldaña, por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Que su denunciado doctor PEDRO PABLO TRUJILLO, quien es el apoderado judicial del señor JOSÉ VIDAL OYUELA, en la semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre fue entrevistado por el Noticiero Todelar “ONDAS DE IBAGUÉ” y manifestó entre muchas cosas, “que la providencia obedecía a una estrecha amistad de la suscrita con el señor Contralor Departamental, que era un amangualamiento con el citado contralor ya que la suscrita se lo pasaba tomando trago en el Municipio del Guamo con el señor Contralor Departamental Doctor Mariano Rodríguez”. Que el citado profesional del derecho pretendía desacreditarla como funcionaria judicial públicamente y no es verdad que tenga amistad “estrecha” con el señor Contralor Departamental y que las decisiones tomadas por ella jamás han sido producto de compadrazgos, ni amistades estrechas, ni por que se la pasa tomando trago con los sujetos procesales y que jamás ha tomado trago con el señor Contralor Departamental.”.

2. ACTUACION PROCESAL.

2.1. Conjuntamente con la querella la doctora ISABEL NÚÑEZ VILLALBA, la Fiscalía Séptima Seccional, entre otros anexó los siguientes documentos:


Copia del memorial a través del cual el aquí procesado sustentó en esa actuación los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la medida de aseguramiento impuesta contra JOSÉ VIDAL OYUELA RODRÍGUEZ. En uno de sus apartes asegura que para nadie es un secreto que la doctora NÚÑEZ VILLALBA igual que el entonces Director Seccional de Ibagué, guarda una estrecha amistad con el Contralor Departamental.
Copia del informe rendido el 7 de diciembre de 2005, por el Asistente de Fiscal IV, JOHN FREDY PARRA FORERO, a la Fiscal ISABEL NÚÑEZ VILLALBA, atinente a que al desplazarse con el sindicado JOSÉ VIDAL OYUELA a tomar unas fotocopias de la actuación, le dio a entender que la decisión mediante la cual le fue resuelta la situación jurídica era arbitraria, además le comentó “lo hecho por su abogado en un noticiero de radio (ondas de Ibagué) donde se cuestionaban los comportamientos personales de la fiscal con el contralor departamental, quienes compartían licor en el municipio del Guamo”, a lo que él le respondió que el defensor estaba incurriendo en una falta grave que le podía traer consecuencias si no tenía pruebas de lo que había dicho en la radio.
2.2. Con fundamento en la querella y sus anexos la Fiscalía Séptima Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Ibagué, abrió formal investigación en contra del imputado, fase dentro de la cual practicó las siguientes diligencias:
2.2.1. La Emisora Ondas de Ibagué, remitió la grabación de la entrevista del abogado PEDRO PABLO TRUJILLO, del 29 de noviembre de 2005.
2.2.2. Informe No. B2B del 27 de febrero de 2006, rendido por el Investigador Criminalístico, II MARIO GUTIÉRREZ RAMÍREZ, acerca de los resultados de las labores investigativas a él encomendadas para obtener el esclarecimiento de los hechos.
Transmitió los comentarios que le hizo la querellante en relación con la investigación que adelantaba contra el alcalde de Saldaña JOSÉ VIDAL OYUELA, afectándolo con detención preventiva y suspensión en el ejercicio del cargo, y acerca de la entrevista dada por su defensor el abogado PEDRO PABLO TRUJILLO en el Noticiero Todelar de Ibagué, atinente a que la providencia tenía tinte político porque la Fiscal estaba confabulada con el Contralor Departamental MARIANO RODRÍGUEZ, con quien la pasaba para arriba y para abajo, ingiriendo bebidas embriagantes.
El contenido de la entrevista con el Contralor Departamental doctor MARIANO RODRÍGUEZ, quien le manifestó que a la querellante no la conocía, habiéndose visto con ella en 2 ocasiones, cuando fue a hacer la presentación personal del poder para instaurar la acción civil en representación de la Contraloría Departamental y al instaurar la demanda de constitución de parte civil.
Y, el de la entrevista con LUZ EDNA PÉREZ, asesora jurídica de la Contraloría Departamental del Tolima, quien reconoció haber acompañado al Contralor Departamental al Guamo en las dos ocasiones por él mencionadas, en las cuales conoció a la querellante sin que tuvieran contacto diferente con ella, ni existir amistad anterior.
2.2.3. El DAS transcribió a texto mecanográfico la entrevista dada por el aforado.
2.2.4. Con resolución del 1 de febrero de 2007, el sindicado fue declarado reo ausente.
2.2.5. Declaración del Asistente de Fiscal IV, adscrito a la Unidad Seccional de delitos contra la Administración Pública de Ibagué, JHON FREDY PARRA FORERO. Acerca de los hechos señaló no haber visto a la querellante tomando trago con alguna persona, dice haber compartido con ellos eventos especiales como cumpleaños, una comida o un almuerzo, sin embargo no le percibió aliento alcohólico. En el tiempo que la conoce no la ha visto acompañada del doctor MARIANO RODRÍGUEZ, menos ingiriendo licor.
No ha escuchado que la querellante profiera sus decisiones judiciales movida por lazos de amistad o vendiendo la justicia.
2.2.6. Declaración de JOSÉ MAURICIO NAVARRO PRIETO, Asistente de Fiscal I, adscrito a la Unidad Local del Guamo. Señala no haber visto nunca a la doctora ISABEL NÚÑEZ VILLALBA ingiriendo licor, ni que se presente a laborar con aliento alcohólico. No ha escuchado que sea una persona deshonesta, por el contrario a oído que es muy apegada a la ley.
Ha visto que el doctor MARIANO RODRÍGUEZ ha llegado a la Unidad Seccional del Guamo, pero ignora cuál era el motivo de su visita.
No ha escuchado que la querellante profiera sus decisiones por amistad o vendiendo la justicia.

2.2.7. Declaración del Asistente de Fiscal II, adscrito a la Unidad Local del Guamo, EDIMER SALGAR DIAZ. No ha visto a la quejosa tomando trago ni siquiera en ocasiones especiales por motivos laborales. No le consta que se quede de parranda en el Guamo, que sea deshonesta o que las decisiones las profiera por motivos políticos o compadrazgo, siempre ha observado un comportamiento ejemplar.

2.2.8. En su testimonio, MARTHA LILIANA REYES CRUZ, asistente judicial III en el Guamo, dice constarle la permanencia de la querellante en su oficina, nunca la ha visto departiendo con ningún abogado, con el Contralor Departamental, ni con persona ajena a la institución, ni ingiriendo licor en parrandas.
2.2.9. LUÍS ENRIQUE QUIMBAYO LOZANO, Asistente Judicial II, en la Unidad de Fiscalías de Purificación, descarta haber visto a la doctora ISABEL NÚÑEZ departiendo con el doctor MARIANO RODRÍGUEZ, precisa que ella termina sus labores y viaja al Espinal.
2.2.10. Con resolución del 6 de febrero de 2006, fue reconocida como parte civil la querellante.
2.2.11. Clausurada la etapa instructiva, fue resuelto el recurso de reposición interpuesto por la defensa aduciendo la supuesta violación del derecho de defensa por no haber sido escuchado el procesado en indagatoria pese a haberla solicitado tras ser declarado reo ausente, y por supuesta violación al principio de investigación integral.

2.3 Resolución de acusación.

La Fiscalía Séptima de la Unidad de Delitos contra la Vida y otros de Ibagué, profirió resolución de acusación en contra de PEDRO PABLO TRUJILLO RAMÍREZ, como presunto autor responsable del delito de injuria, apoyada en los siguientes argumentos:


Adecuó la conducta en los artículos 220, 222 y 223 del Código Penal que consagran los delitos de injuria, injurias indirectas y la circunstancia de agravación punitiva relativa a la utilización de un medio de comunicación masiva.
Consideró demostrada la ocurrencia de los hechos con la querella instaurada por ISABEL NÚÑEZ VILLALBA, que relaciona las manifestaciones hechas por el procesado consistentes en que la pasaba tomando trago en el municipio del Guamo con el Contralor Departamental, MARIANO RODRÍGUEZ; con los resultados de las transliteraciones de los cassettes aportados, y las declaraciones rendidas por JOSÉ MAURICIO NAVARRO PRIETO, JHON FREDY PARRA FORERO, EDILMER SALGAR DIAZ, MARTHA LILIANA REYES CRUZ y LUÍS ENRIQUE QUIMBAYO, relativas a no haber visto a la doctora ISABEL NÚÑEZ VILLALBA, ingiriendo licor.
Dio por demostrado, adicionalmente, que debido a la imposición de la detención preventiva contra su cliente, PEDRO PABLO TRUJILLO RAMÍREZ ofreció una entrevista al Noticiero Todelar “ONDAS DE IBAGUÉ”, expresando: “…No cabe la menor duda vengo sorprendido porque lo primero que me dijeron es Saldaña (sic) y es que hay (sic) se lo pasa aquí armando (sic) tomando trago con la Fiscal en el Municipio del Guamo perdone (sic) entonces dice bueno pero a que estamos jugando…”, de cuyo contenido extrae que el aforado afirmó que la fiscal se la pasaba tomando trago.
Manifestaciones en sentir de la Fiscalía deshonrosas para la querellante, por endilgarle hechos dañinos para su integridad moral, mostrándola injustificadamente como una persona dedicada a tomar licor en el municipio en el que se desempeñaba como Fiscal, hechas con el propósito de desacreditarla debido al desacuerdo que mostraba con la decisión adoptada, logrando un gran impacto en la comunidad por estar dirigidas contra una funcionaria que merece todo el respeto.
Insiste en que los medios de convicción evidenciaron al aforado entregando las declaraciones radiales cuando se desempeñaba como apoderado judicial de JOSÉ VIDAL OYUELA en el proceso que adelantaba la querellante, con el fin de lesionar y causar daño a su integridad moral.
Si no estaba de acuerdo con la decisión, considera, debió hacer uso de los recursos y no utilizar los medios de comunicación social para mostrar su disenso.
Por tratarse de un abogado debió ser más respetuoso al exteriorizar sus sentimientos, los cuales sabía atentaban contra la honra y dignidad de la querellante.
El sólo hecho de publicar esas expresiones, estima, constituyen una afrenta a la honra y dignidad de la funcionaria judicial, con mayor razón si se hicieron a través de un medio de comunicación radial, afectando notablemente su dignidad y su reputación.

Teniendo en cuenta el contexto social y personal en que el procesado lanzó las expresiones injuriosas y a sabiendas de su significado y que con ellas causaría perjuicio a la querellante, aduce, adecuó su comportamiento al punible de injuria.


Con fundamento en lo anterior, dictó resolución de acusación.

2.4. Impugnación del procesado.

El aforado interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación, con miras a obtener la revocatoria de la decisión, afincado en las siguientes razones:


Pide se decrete la nulidad de la actuación por violación de los derechos de defensa y contradicción y los principios de investigación integral, presunción de inocencia e in dubio pro reo, por calificarse el proceso sin la práctica de medios de prueba que corroboraran o desvirtuaran las imputaciones.
Encuentra aportados sólo medios de convicción de cargo sin procurarse el arribo de pruebas tendientes a ratificar o desvirtuar los hechos, omisión con la cual se podría inducir al instructor a emitir un falso juicio de identidad o de raciocinio.

De aducirse que en el juicio hay un período de pruebas, estima, se prejuzgaría y violaría el principio de presunción de inocencia, debido a que el Código de Procedimiento Penal obliga al instructor a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado y calificar lo actuado con la presencia de la prueba necesaria, y en este caso faltan aquellas que suministren elementos de juicio suficientes para proceder a su calificación.


Discrepa de la valoración probatoria por no estimarla ajustada a la realidad procesal, debido a que nunca expresó haber visto a la doctora ISABEL NÚÑEZ VILLALBA ingiriendo licor en el municipio del Guamo con el Contralor del Tolima, pues lo manifestado fue que en Saldaña le comentaron que el Contralor Departamental la pasaba tomando trago con la fiscal en el Guamo.

Rechaza el valor otorgado a los testimonios por carecer de imparcialidad en razón a provenir de personas vinculadas a la fiscalía y estar presionadas por la investidura de la querellante, amén de ser declarantes de oídas, quienes no pueden acreditar que se trataba de su voz, circunstancia demostrable sólo a través de una prueba técnica, y que afirmen no haber visto a la fiscal ingiriendo licor, en su parecer no demuestra lo contrario pues sólo permanecían con ella en horas de oficina.

Descarta la convergencia de pruebas que permitan deducir con claridad su actuar doloso o intencional de causar daño a la honra y a la dignidad de la denunciante.
En caso de no aceptarse sus argumentos, presenta certificación del director de la Emisora ONDAS DE IBAGUÉ contentiva de la retractación y rectificación por él hecha los días 7 de mayo y 6 de junio del presente año, de lo dicho en la entrevista llevada a cabo el 29 de noviembre de 2005 en ese noticiero, para ser exonerado de responsabilidad y cese el procedimiento.
El 27 de febrero del corriente año, la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, se abstuvo de resolver el recurso de apelación por carecer de competencia, al comprobar que el acriminado oficia como Representante a la Cámara, disponiendo el envío de la actuación a esta Sala de la Corte.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Como el doctor PEDRO PABLO TRUJILLO RAMÍREZ, actualmente se desempeña como Representante a la Cámara, la Sala es competente para conocer de esta actuación y para pronunciarse acerca de los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la resolución de acusación dictada en su contra por la Fiscalía Séptima de la Unidad de delitos contra la Vida y otros de Ibagué, así los hechos no tengan relación con las funciones que ahora cumple de conformidad con lo preceptuado por los artículos 235-3 y su parágrafo, y 75-7 de la ley 600 de 2000.



2. De la retractación del procesado.

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 225 de la ley 599 de 2000, no habrá lugar a responsabilidad si el autor o partícipe de la injuria o la calumnia, se retractare voluntariamente antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, siempre que la publicación se haga a costa del responsable, en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió la imputación o en las que señale el funcionario judicial, en los demás casos.


No procede el inicio de la acción, si la retractación o rectificación se hace pública antes de formularse la denuncia.

Retractarse, ha entendido la Sala, es revocar lo endilgado, desdecir del agravio irrogado a la víctima, es abonar el crédito moral del injuriado, aceptar la inexistencia del hecho, admitir la falsedad de la imputación punible. En consecuencia, es necesario que sea voluntaria, que el sujeto activo reconozca su autoría o participación en la ofensa, ya que nadie puede retractarse de un agravio no inferido. Es la excusa afincada en el arrepentimiento del ofensor en procura de reparar la lesión inferida al honor del sujeto pasivo de la ofensa.


En el proceso de constatación de la presencia de sus elementos, el operador judicial no puede contraerse a revisar formalmente el texto, sino que debe ejercer un control material de su contenido, de los medios utilizados, de la forma de divulgación, entre ellos, de los presupuestos de oportunidad, frecuencia y difusión, de modo que evidencie el restablecimiento del derecho supuestamente lesionado o cuando menos la reducción mayúscula del daño ocasionado, ha dicho la Sala en decisión del 18 de diciembre de 2001, en el radicado No. 17120.
Con el escrito de sustentación de los recursos de reposición y apelación, el procesado aportó certificación expedida por el Director de la Emisora “Ondas de Ibagué”, acreditando la rectificación y retractación que hizo en las emisiones del 7 de mayo y el 6 de junio de 2007, de lo manifestado en la entrevista del 29 de noviembre de 2005, a objeto de ser exonerado de responsabilidad penal, acorde a las previsiones del artículo 225 del Código Penal.
La certificación expresa que en las emisiones del Noticiero “Al Minuto” transmitidas durante la franja del medio día en el horario de las 12 y 15 minutos del 7 de mayo y del 6 de junio de 2007 en el horario de las 12. 25, “hizo las aclaraciones sobre las preguntas del periodista”.
Que las aclaraciones a la preguntas (sic) del periodista manifestando en el espacio del día 29 de noviembre de 2005 sobre las horas del medio día, en donde expresara que la Doctora ISABEL NÚÑEZ VILLALBA, fiscal de la seccional del Guamo Tolima, y en donde se investigaba al señor Alcalde del municipio de Saldaña, señor JOSÉ VIDAL OYUELA RODRÍGUEZ, por el presunto delito de peculado por apropiación y otros, relacionado con el contrato de suministro de papelería para el municipio de Saldaña, tenía conocimiento por versiones que recibiera de personas residentes en el municipio de Saldaña Tolima, que la Doctora ISABEL NÚÑEZ VILLALBA la habían visto ingiriendo licor con el Contralor del Departamento del Tolima, MARIANO RODRÍGUEZ SUÁREZ, en el municipio del Guamo, ACLARO y RECTIFICO, que en ningún momento ha visto a la doctora ISABEL NÚÑEZ VILLABA, fiscal seccional del Guamo, ingiriendo licor con el señor Contralor Departamental del Tolima en el municipio del Guamo, en cuanto a que no ha sido testigo presencial de esta situación y por esa razón no le consta tales hechos.”.
Este texto demuestra el incumplimiento de los presupuestos de la retractación, es claro que el procesado no desdijo lo dicho en la inicial entrevista, por el contrario lo corroboró, tampoco dio muestras de arrepentimiento y de querer restablecer los posibles daños morales ocasionados a la víctima, ya que no admite la mendacidad de las afirmaciones y desecha su autoría y participación en ellas, ratificando que fueron los vecinos de Saldaña quienes le hicieron saber de la dedicación de la funcionaria judicial al consumo de bebidas embriagantes conjuntamente con el Contralor Departamental, motivo por el cual ahora asevera no haberlos visto personalmente, no ser testigo presencial de los hechos, ni constarle su ocurrencia.
No está demás precisar que atribuyéndosele al aforado el delito de injurias indirectas agravadas previstas en los artículos 221, 222 y 223 del Código Penal, por haber hecho las expresiones en un medio de comunicación poniendo en boca de otras personas las manifestaciones supuestamente lesivas del patrimonio moral del querellante, éstas se mantienen incólumes, intactas, al reiterar en la retractación que no fue él sino terceras personas quienes hicieron las aseveraciones, por no constarle los hechos.
Si, como el procesado lo ha venido sosteniendo en la actuación se considera inocente de los cargos, es el trámite procesal el medio legal adecuado para demostrarla y no retractarse de lo dicho sin aceptar su responsabilidad, ni reparar el daño supuestamente causado a la querellante.

En fin, será inadmitida la retractación hecha por el incriminado.



3. De los recursos interpuestos.

Acertó la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué al abstenerse de resolver el recurso de alzada debido a su incompetencia, por acreditarse la condición foral del procesado.


En casos como el presente, en los cuales está pendiente de resolver el recurso de apelación, la Sala viene decidiéndolo como una reposición, situación aplicable a este caso en el cual los dos fueron interpuestos como principales y subsidiarios, con miras a hacer efectivas las garantías procesales de contradicción e impugnación que integran el debido proceso.
Interpretación afincada en la organización política adoptada por la Carta Fundamental, entre cuyos valores superiores están asegurar la justicia, la igualdad, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico democrático garantizador de un orden social justo, y como fines efectivizar los principios y derechos consagrados en la Constitución, entre ellos, el debido proceso y los derechos de contradicción e impugnación como parte de sus garantías.
Valores y principios consagrados en la ley 600 de 2000 como normas rectoras, así: el derecho de defensa, el deber de adelantar el trámite respetando los derechos fundamentales de los sujetos procesales para lograr la eficacia de la administración de justicia, el derecho de contradicción relativo a que las partes ostentan la facultad de presentar y controvertir las pruebas, obligando a los funcionarios judiciales a motivar las decisiones que afecten sus derechos fundamentales.
El derecho de contradicción se ha concebido como la expresión esencial del de defensa, en la búsqueda de materializar a las parte la posibilidad de controvertir en un plano de igualdad las pruebas, levantándose como medio eficaz para discutir la ponderación de ellas hechas por los funcionarios judiciales.
La intangibilidad de estos derechos constituye condición básica para la validez de lo actuado, porque de ser limitados, la afectaría de ilegal.
La Sala, entonces, procederá a resolver los recursos como el de reposición.

3.1. De la nulidad planteada.

Pregona el impugnante las violaciones del debido proceso, del derecho de defensa y de los principios de investigación integral y contradicción, por ser calificado el proceso sólo con prueba de cargo.



Con el estudio del proceso, la Sala encuentra que los momentos procesales que constituyen el debido proceso en la fase instructiva fueron cumplidos por la Fiscalía previo a impartir su calificación; asimismo materializadas las garantías procesales del impugnante, en especial las de defensa y de investigación integral.
Con apoyo en la querella la Fiscalía Séptima Seccional de Ibagué abrió investigación en contra de PEDRO PABLO TRUJILLO, frustrada como fue la realización de la audiencia de conciliación ordenó su vinculación a través de indagatoria, la cual no se realizó por su inasistencia reiterada, motivando con ello la declaración de reo ausente y la designación de un defensor de oficio, la clausura de la investigación sobrevino al recaudo de la prueba necesaria para calificar, decisión que impugnada por el procesado no fue revocada.
El derecho a la defensa le fue garantizado plenamente, dado que citado en dos ocasiones a audiencia de conciliación no asistió, tampoco acudió a los cuatro llamados de la fiscalía para escucharlo en indagatoria, por ello y con estribo en la normatividad procesal lo vinculó como reo ausente, designándole un defensor de oficio que lo acompañó en el curso de la actuación, determinación que lo motivó a solicitar fecha de indagatoria, la cual no se realizó nuevamente por su incumplimiento.
Fue el propio sindicado quien voluntariamente renunció a comparecer a rendir descargos y a ejercer el derecho a pedir y controvertir las pruebas en el sumario, impugnando infructuosamente el cierre de investigación por los mismos motivos que hoy aduce, de suerte que no puede instar una nulidad con fundamento en circunstancias que él mismo propició.
Con el cierre de la instrucción la fiscalía cumplió los preceptos del artículo 393 de la ley 600 de 2000, estimando recaudada la prueba necesaria para calificar el mérito sumarial. Al tenor de esta norma el instructor debe clausurar la investigación cuando estima recaudada la prueba necesaria para calificar, o de haber vencido el término instructivo.
Esta reglamentación desecha la tesis relativa a que la decisión está condicionada a la práctica de todas las pruebas ordenadas o surgidas de ellas, menos de todas aquellas cuyo recaudo sea posible, sólo debe reunir las que valore imprescindibles para impartir calificación al mérito sumarial.
Fue la ley la que le confirió al fiscal la potestad de sopesar y determinar en qué momento encuentra la prueba requerida para cerrar y calificar el sumario, de manera que el acatamiento estricto a sus mandatos repugna la supuesta lesión al principio de investigación integral y al derecho de defensa, con mayor razón si se soporta en la falta de pruebas no determinadas, omitiendo indicar la conducencia, pertinencia y utilidad para alcanzar la verdad material en el proceso, y sin denotar su eficacia para hacer variar la decisión cuestionada, de haber sido ellas practicadas.
Desde esa óptica, la Fiscalía dispuso la realización de un elenco de medios de prueba, logrando obtener la entrevista ofrecida por el procesado y su transliteración, el concurso del C.T.I. para efectuar labores investigativas y los testimonios de JHON FREDY PARRA FORERO, JOSÉ MAURICIO NAVARRO PRIETO, EDILMER SALGAR DIAZ, MARTHA LILIANA REYES CRUZ y LUÍS ERNESTO QUIMBAYA LOZANO, los cuales estimó suficientes para calificar el mérito del sumario.
Así entonces, la Sala no decretará la nulidad pedida, por demostrarse que no se socavó la estructura fundamental del proceso, ni se violentaron las garantías procesales del impugnante.

3.2. Del delito de injuria.

Esta conducta punible es definida por el artículo 220 de la ley 599 de 2000, así: El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de 1 a 3 años y multa de 10 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.


El canon 222 ibídem consagra las injurias y calumnias indirectas, ordenando la imposición de las penas previstas en los artículos anteriores a quien publicare, reprodujere o repitiere injuria o calumnia imputada a otro, o a quien hiciere imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura y otra semejante.
Como circunstancia especial de graduación de la pena el artículo 223 del mismo Estatuto, dispone que las penas respectivas sean aumentadas de una sexta parte a la mitad cuando alguna de las conductas previstas en el título correspondiente, se cometiere utilizando cualquier medio de comunicación social u otro de divulgación colectiva o en reunión pública.
Para la configuración de este tipo penal, es imprescindible que el sujeto activo consciente y voluntariamente impute a otra persona conocida o determinable, un hecho capaz de lesionar su honra, además de conocer el carácter deshonroso de la imputación y la capacidad de daño y menoscabo a la integridad moral del afectado, de la imputación.
En suma, es imprescindible la concurrencia de los siguientes elementos, en particular:

Que el sujeto agente atribuya a otra persona conocida o determinable un hecho deshonroso.


Que tenga conocimiento del carácter deshonroso del hecho.
Que el hecho endilgado tenga la capacidad de dañar o causar menoscabo a la honra del sujeto pasivo de la conducta..
Y, que el autor tenga conciencia de que el hecho imputado ostenta esa capacidad lesiva, o para menguar o deteriorar la honra de la otra persona.
La honra es la estimación o respeto con la que cada persona debe ser tratada por los demás congéneres, en virtud a su dignidad humana. Será deshonroso el hecho determinado e idóneo para expresar a una persona desprecio u odio público, o para ofender su honor o reputación.
La capacidad de menoscabo de la moral de la querellante en este caso no concurre, porque la expresión valorada por la Fiscalía en la resolución acusatoria como deshonrosa, carece de la idoneidad necesaria para afectar el patrimonio moral de la víctima.
Antes es preciso dejar en claro que la competencia de la Corte para resolver el recurso, está determinada por el contenido de la sustentación a la luz del artículo 204 de la ley 600 de 2000, puesto que constituyendo un deber legal para el impugnante proporcionar los motivos de su desacuerdo, es una obligación del funcionario judicial limitar su proceder a responder los mismos y los aspectos estrechamente ligados a ellos, puesto que trascenderlos quebrantaría el debido proceso por socavar el derecho de defensa y el principio de contradicción.
De acuerdo con el caudal probatorio, en especial con la querella, el informe del investigador del C.T.I. y las declaraciones recibidas, se acredita que la inconformidad que suscitó en el procesado la detención preventiva proferida en contra de JOSÉ VIDAL OYUELA, lo llevó a ofrecer una entrevista radial haciendo afirmaciones en contra de la funcionaria judicial, entre ellas la calificada por el ente investigador como injuriosa.
En ese contexto aseveró que la medida de aseguramiento fue el fruto de la amistad que unía a la Fiscal y al entonces Contralor Departamental, MARIANO RODRÍGUEZ, constituido como parte civil dentro de la actuación, y de la manguala que tenían, deducida de los comentarios de los vecinos del municipio de Saldaña consistentes en que la pasaban para arriba y para abajo en el Guamo, tomando licor.
Así lo demuestra la querella y los siguientes apartes de la entrevista:
Si yo oigo con sorpresa del Guamo donde la comunida (sic) de allá es lo primero que dice es que la fiscal se la pasa pa’ (sic) abajo con el señor contralor departamental mientras que’l (sic) se ha constituido en parte civi’ (sic) civil vulnerando el hecho de que la misma procuraduría lo lo lo lo (sic) separó de conocer de cualquier investigación de si inclusive presentarse como parte civil donde que José Vidal Oyuela o que el suscrito que sea su apodera’o (sic) o defensor de tal manera que bueno ahí es una (TI) él no sabe como como la Fiscalía General de la Nación seccional Tolima está en manos de Gómez Gallo la contraloría en manos de Gómez Gallo y me dice jus’ mente (sic) la la fiscal es corte de Gómez Gallo pero bueno vamos acatar la determinación de la justicia un peculado de quinientos ochenta y tres mil pesos que eso es insignificante y por eso le han impuesto medida de aseguramiento afortunadame’ (sic) afortunadamente le dieron domi’ ‘e’ee domiciliar…”
E’ doctor Pedro Pablo uste’ en sus declaraciones quiere decir que hay una especie de manguala entre la fiscal que dictó la medida de aseguramiento y el contralor Mariano Rodríguez”, contestó el aforado:
No me cabe la menor duda vengo sorprendido porque lo primero que me dijeron en Saldaña y es que hay se lo pasa aquí armando (sic) tomando trago con la fiscal en el municipio del guamo perdone ento’es (sic) uno dice bueno pero a qué estamos jugando vamos a pedir cambio de radicación de la investigación para que el Fiscal General de la Nación aprenda (sic) directamente la investigación y no sea diseccionado por él por la dirección de fiscalías que igualmente es (TI) del señalador (sic) del senador Gómez Gallo.
También lo avala el informe del investigador del C.T.I, que contiene los comentarios a él hechos por la querellante, consistentes en que debido a la imposición de la medida de aseguramiento al alcalde de Saldaña, JOSÉ VIDAL OYUELA, su apoderado rindió una entrevista descalificando la decisión expresando que ella tenía una manguala con el Contralor Departamental, Dr. MARIANO RODRÍGUEZ, con quien la pasaba para arriba y para abajo ingiriendo licor.
De estas manifestaciones la Fiscalía únicamente estimó como injuriosas las referidas a que la doctora ISABEL NÚÑEZ VILLABA la pasaba en el Guamo ingiriendo licor en compañía del Contralor Departamental, a las cuales la Sala debe limitarse en su valoración por virtud de las restricciones propias de la impugnación, ya que la sustentación se ciñó a demostrar la atipicidad de estas últimas expresiones.
Al valorar estas expresiones, la Sala concluye que carecen de la capacidad suficiente para menoscabar la honra, el prestigio y la buena fama de la que gozaba la querellante en el municipio en el que oficiaba como Fiscal. La afirmación genérica relativa a que la pasaba para arriba y para abajo ingiriendo licor con el Contralor Departamental, seguramente debió causar en su ánimo incomodidad, molestia, desazón, pero no basta para desprestigiarla, veamos:
En primera lugar, las declaraciones rendidas en el expediente denotan que los hechos atribuidos a la querellante, no son ciertos.
En efecto, el doctor MARIANO RODRÍGUEZ, en la entrevista que dio al investigador del C.T.I. dijo no conocer a la quejosa y haber acudido a su despacho en dos ocasiones, una para presentar personalmente el poder y, la segunda, para entregar la demanda de constitución de parte civil. Esto corroborado por la Asesora Jurídica de esa Contraloría, LUZ EDNA PÉREZ, al aseverar haber acompañado al doctor RODRÍGUEZ en las aludidas ocasiones, conociendo a la Fiscal sin haber tendido contacto distinto, ni mediar amistad.
Los declarantes JHON FREDY PARRA FORERO, JOSÉ MAURICIO NAVARRO PRIETO, EDIMER SALGAR DIAZ, MARTA LILIANA REYES CRUZ y LUÍS ERNESTO QUIMBAYA LOZANO, son contestes en asegurar no haber visto a la denunciante consumiendo licor con el abogado MARIANO RODRÍGUEZ, ni con ninguna otra persona.
Así, JHON FREDY PARRA FORERO, niega haber observado a la doctora NÚÑEZ VILLALBA tomando trago, ni con el doctor MARIANO RODRÍGUEZ fuera de los asuntos estrictamente laborales.
JOSÉ MAURICIO NAVARRO PRIETO, ubica al doctor MARIANO RODRIGUEZ acudiendo a la Unidad Seccional del Guamo sin saber el motivo, no ha visto nunca a la querellante ingiriendo licor en ninguna parte.
EDILMER SALGAR DIAZ, también aleja a la funcionaria judicial del consumo de bebidas alcohólicas hasta en las reuniones laborales que en ocasiones se realizaban, y de toda parranda en el Guamo.
MARTA LILIANA REYES CRUZ, asevera no haberla observado con ningún abogado, ni con persona tomando licor o de parranda.
LUÍS ERNESTO QUIMBAYA LOZANO, tampoco la ha visto departiendo con MARIANO RODRÍGUEZ.
No obstante lo anterior, se reitera, las aseveraciones carecen de idoneidad para afectar el patrimonio moral de la funcionaria judicial debido a su generalidad, vaguedad e impresión. Ninguna particularidad transmiten en cuanto a la supuesta ingesta de bebidas embriagantes, no indica los lugares frecuentados para ello, las condiciones en que lo hacía, la cantidad de licor consumido y su frecuencia, el comportamiento asumido en desarrollo de esa actividad, la incidencia que tenía en el ejercicio de sus funciones, etc., detalles necesarios para poder dañar su honra.

Ahora, el consumo moderado de licor en espacios y ocasiones especiales sin interferencia en la buena marcha del servicio público per se no menguan la honra de un servidor público. Así entonces, el no haber transmitido en la entrevista las particularidades del hecho atribuido, le restan a las manifestaciones idoneidad para afectar la reputación de la ofendida.


Además, la jurisprudencia nacional, de conformidad con el modelo político que nos rige y atendiendo el carácter de última ratio del derecho penal, viene reiterando que no todo ataque a la moral de una persona constituye injuria, sino sólo aquellos con capacidad real de socavarla.
Desde esa perspectiva tiene dicho que no toda opinión o manifestación causante de desazón, pesadumbre o molestias al amor propio puede calificarse de deshonrosa, para ello es necesario que ostente la capacidad de producir daño en el patrimonio moral, y su gravedad no dependerá del efecto o la sensación que produzca en el ánimo del ofendido, ni del entendimiento que éste le de, sino de la ponderación objetiva que de ella haga el juez de cara al núcleo esencial del derecho.

Labor que el funcionario judicial adelantará sopesando las circunstancias específicas de cada caso, los antecedentes que lo motivaron, el lugar y la ocasión en que ocurrió, para ello tendrá en cuenta los elementos de convicción y el grado de proporcionalidad de la ofensa, determinando si efectivamente se causó una amenaza o vulneración a la honra de la víctima.


En ese sentido, en la sentencia C-392 de 2002, la Corte Constitucional, señaló:
La Corporación ha precisado que no todo concepto o expresión mortificante para el amor propio puede ser considerado como imputación deshonrosa. Esta debe generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad no depende en ningún caso de la impresión personal que le pueda causar al ofendido alguna expresión proferida en su contra en el curso de una polémica pública, como tampoco de la interpretación que éste tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del derecho.”.
Postura que había adoptado en la sentencia T-028 de 1996, y que esta Sala entre otras determinaciones prohijó el 20 de junio de 2007, en el radicado No. 27423.
Es posible que manifestando el procesado que la medida de aseguramiento fue el producto de una confabulación entre la parte civil y la fiscal, esta afirmación pudiese tener mayor idoneidad para deshonrar a la querellante, empero como ésta no fue la conducta calificada como injuriosa por la Fiscalía, la Sala no puede pronunciarse acerca de ella, pues de hacerlo desbordaría su competencia vulnerando el derecho de defensa y de contradicción.
No significa lo anterior, que el ordenamiento jurídico carezca de medios para sancionar a los sujetos procesales o a los particulares que irrespeten a los funcionarios judiciales en ejercicio o con ocasión de sus funciones en los eventos en que sus conductas no constituyan infracción a la ley penal, pues a estos últimos les ha deferido los poderes disciplinarios y correccionales necesarios para el cabal ejercicio de sus atribuciones.
Así, el artículo 39 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el decreto 2282/89, como poder disciplinario atribuye al juez la facultad para sancionar con pena inconmutable hasta por cinco días a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ella, estableciendo el trámite que previamente debe observar.
El canon 144-5 de la ley 600 de 2000, consagra como medida correccional aplicable por los funcionarios judiciales, sancionar con arresto inconmutable hasta por 5 días a quien le falte al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas, previendo en el parágrafo 2 del numeral 9, que lo anterior se aplicará sin perjuicio de las investigaciones disciplinarias o penales a que haya lugar.
La ley 270 de 1996, en su artículo 58 defiere a los magistrados, fiscales y jueces la potestad correccional a través de la cual puede sancionar al particular que le falte al respeto con ocasión del servicio o por razón de sus actos oficiales o desconozca órdenes impartidas por ellos en el ejercicio de sus atribuciones legales.
Mecanismos de los que la funcionaria judicial en su momento no hizo uso, prefiriendo la acción penal por la posible comisión del delito de injuria, punible que como viene de verse no se tipifica en este caso.
Así entonces, la Sala revocará la resolución de acusación y en su lugar precluirá la investigación por atipicidad de la conducta.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia;

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la resolución de acusación dictada por la Fiscalía Séptima de la Unidad de Delitos contra la Vida y otros de Ibagué, y en su lugar precluir la investigación a favor del Representante a la Cámara, doctor PEDRO PABLO TRUJILLO RAMÍREZ, por la atipicidad de la conducta a él atribuida en esa determinación.
SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.
TERCERO: Una vez notificada la providencia archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.


SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
JORGE LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLES DE L. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN

JORGE LUÍS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTÍZ

Comisión de servicio

TERESA RUÍZ NÚÑEZ

Secretaria






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