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Patricia salazar cuéllar


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epública de Colombia

Corte Suprema de Justicia







CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL


PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR


MAGISTRADA PONENTE

ATP2455-2015

Radicación No.: 79.300

Acta No. 166


Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil quince (2015)

Se pronuncia la Sala sobre el impedimento manifestado por el Magistrado EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER, integrante de la Sala de Decisión de Tutelas No. 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para conocer de la impugnación instaurada por HERNANDO PÉREZ ORTIZ, LUZ DARY HERNÁNDEZ DÍAZ, JONATHAN PÉREZ HERNÁNDEZ y MELIZA PÉREZ HERNÁNDEZ, contra el fallo proferido el 24 de marzo del presente año por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, mediante el cual negó las pretensiones de la acción de tutela formulada contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ANTECEDENTES


A través de la presente acción, los citados demandantes pretenden que por la extraordinaria vía constitucional, se ordene a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagar la condena que les fue emitida a su favor por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia adiada 21 de Marzo de 20131, misma que cobró ejecutoria el 2 de diciembre siguiente.2


El conocimiento de la demanda de tutela fue asumido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que surtido el trámite correspondiente, dictó fallo, el 24 de marzo de 2015 declarando improcedente el amparo constitucional invocado.
Esa decisión fue impugnada por el apoderado judicial de los accionantes, por lo cual el expediente se remitió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde correspondió por reparto al Despacho de la Magistrada Ponente. Durante el trámite, mediante auto del 12 de mayo de 2015, el H. Magistrado EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER manifestó su impedimento para conocer del asunto, por cuanto su hijo ALEJANDRO FERNÁNDEZ VESGA fue nombrado por parte del Fiscal General de la Nación para trabajar al servicio de dicha institución en el departamento de prensa. Circunstancia que, en sus palabras, lo “obliga por interés general y de la justicia (…) a manifestar su impedimento”.


PARA RESOLVER SE CONSIDERA

Es competente la Corte para resolver lo relacionado con el impedimento manifestado por el H. Magistrado EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 56 y 58A de la Ley 906 de 2004, en concordancia con lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 4º del Decreto 306 de 1992.


Con arreglo a las disposiciones precitadas, cuando se trate del impedimento que manifiesta un Magistrado, deberán pronunciarse los demás integrantes de la Sala respectiva.
El instituto de los impedimentos busca garantizar a los ciudadanos que acuden al aparato jurisdiccional, la definición de sus asuntos con total imparcialidad y objetividad. Corresponde ese a un postulado reconocido universalmente3 y cuyo propósito es obtener que las decisiones se adopten, no merced al capricho y mera subjetividad de los jueces, sino consultando los sagrados principios que inspiran la justicia, en orden a generar en la comunidad credibilidad y respeto.
Ha precisado la Sala de Casación Penal que «cuando se invoca una causal de impedimento, es menester que el funcionario judicial, además de señalar con precisión en cuál de ellas apoya su solicitud, exprese con claridad las razones que lo llevan a solicitar su separación del proceso, con indicación de su alcance y contenido, ya que una motivación insuficiente puede llevar al rechazo de la declaración». (CSJ AP, 24 de febrero de 2010, Rad. 33641).
En el presente evento, además de que el Magistrado no indica en qué causal de impedimento apoya su manifestación, tampoco esgrime si existe un interés de contenido particular, directo, patrimonial o moral derivado de la solución del asunto cuestionado por vía de tutela o por qué razón, podría ponerse en duda su imparcialidad para resolver el caso. Las afirmaciones que realiza en tal efecto, se refieren únicamente al vínculo laboral que tiene su hijo con la Fiscalía General la Nación, lo que de ninguna manera, guarda ilación con el objeto de la demanda de amparo, ni es demostrativo de un interés específico en la solución del caso.
Por lo demás, sobre el interés, la Sala ha expresado:
toda expectativa manifiesta de contenido patrimonial o moral, derivada del eventual provecho o menoscabo que la solución del asunto pueda reportar para el funcionario judicial, o sus parientes cercanos, siempre que sea actual, cierta y concreta, y referida a los resultados de la actuación de la cual el funcionario debe conocer.
Y además:
Sobre la forma de alegación de la causal, la Corte ha dicho que quien la manifiesta, debe indicar con claridad quién es la persona interesada, qué clase de interés tiene en el sentido de la decisión o en los resultados del juicio, y por qué el interés que se plantea para justificar la causal de inhibición podría poner en duda la imparcialidad del funcionario encargado de resolver el asunto. (Al respecto pueden consultarse las decisiones CSJ AP, 18 de julio de 2007, Rad. 27.747 y CSJ AP, 10 de septiembre de 2012, Rad. 39.825).
Además, la causal en cita exige que se actúe más allá de la función jurisdiccional que al juez le corresponde, es decir, asumiendo o apoyando la posición de una de las partes en el conflicto. Como lo explica la doctrina:
la imparcialidad es la ausencia de designio o de prevención en el juez de poner su función jurisdiccional al servicio del interés particular de una de las partes o de su propio interés. La función jurisdiccional consiste en la actuación del derecho objetivo en el caso concreto, y la imparcialidad se quiebra cuando el juez tiene el designio o la prevención de no cumplir realmente con esa función, sino que, incumpliendo con ella, puede perseguir en un caso concreto servir a una de las partes o a sí mismo.4
Por tanto, es innegable entonces, que en el presente asunto no se ve comprometida la imparcialidad del Magistrado, pues no se observa, ni así muestra, cuál podría ser su interés en el asunto materia del proceso, siendo que su papel se encuadra en expresar jurisdiccionalmente lo que el derecho determine frente al caso concreto, sin que se acredite una situación específica que implique un desbordamiento de ese marco institucional.
Por tal razón, se declarará infundado el impedimento en cuestión.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas No. 3.


RESUELVE



DECLARAR INFUNDADO el impedimento manifestado por el H. Magistrado EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER.
Contra esta determinación no procede recurso alguno.

Cópiese y cúmplase

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria



AUTO IMPEDIMENTO EN TUTELA

PROBLEMA JURÍDICO: El H. Magistrado EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER manifestó su impedimento para conocer de la impugnación instaurada por HERNANDO PÉREZ ORTIZ, LUZ DARY HERNÁNDEZ DÍAZ, JONATHAN PÉREZ HERNÁNDEZ y MELIZA PÉREZ HERNÁNDEZ, contra el fallo proferido el 24 de marzo del presente año por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, mediante el cual negó las pretensiones de la acción de tutela formulada contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Lo anterior, en razón a que su hijo ALEJANDRO FERNÁNDEZ VESGA fue nombrado por parte del Fiscal General de la Nación para trabajar al servicio de dicha institución en el departamento de prensa, circunstancia que, en sus palabras, lo “obliga por interés general y de la justicia (…) a manifestar su impedimento”.
DECISIÓN: DECLARAR INFUNDADO EL IMPEDIMENTO. No se demuestra qué interés podría asistirle a él o a su familiar frente a la decisión a adoptarse dentro del proceso de tutela.
PROYECTÓ: ADRIANA LUCÍA ARIAS LANDÍNEZ.

1 Dentro del proceso de reparación directa adelantado por HERNANDO PÉREZ ORTIZ, LUZ DARY HERNÁNDEZ DÍAZ, JONATHAN PÉREZ HERNÁNDEZ y MELIZA PÉREZ HERNÁNDEZ, contra la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, el 21 de marzo de 2013, se profirió sentencia mediante la cual se condenó a la Fiscalía General de la Nación a cancelar, a los citados demandantes, la suma de $89.859.015,oo. Folios 7 – 26 y 38 – 39.

2 Folio 54.

3 Así, el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de New York.

4 MONTERO AROCA, Juan, Proceso (Civil y penal) y garantía. El proceso como garantía de libertad y de responsabilidad, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2006, p. 520.



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