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Patricia salazar cuéllar magistrada ponente


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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No. 3


PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

MAGISTRADA PONENTE

STP10767-2015

Radicación No. 80.981

Acta No. 279


Bogotá D. C., once (11) de agosto de dos mil quince (2015).



VISTOS

Se pronuncia la Sala sobre la impugnación instaurada por JOSÉ LUIS BARRETO RUBIO, contra el fallo proferido el 26 de junio del presente año por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MANIZALES, mediante el cual negó las pretensiones de la acción de tutela formulada por aquél y otros1 internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de la Dorada (Caldas), contra el JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD de la misma ciudad, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.


ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN


Fueron sintetizados por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Manizales, en el fallo de primer grado así:


Cuenta el señor Froilán Martínez Hernández y otros (…) internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de la Dorada, Caldas, que se encuentran a órdenes del Juzgado Primero de Ejecución de Penas de esa localidad, autoridad que vigila y controla las condenas que les fueron impuestas.
Así mismo, que desde meses atrás han venido presentado derechos de petición ante la oficina jurídica, la que a su vez, les ha notificado a algunos de ellos su remisión al Juzgado Primero de Ejecución de Penas de la documentación pertinente para efectos de redención de pena. De igual forma, ellos también han envidado peticiones ante el Despacho mediante correspondencia, incurriendo éste en mora al no dar respuesta en forma oportuna a sus reclamaciones.
Señalan que la abogada del Establecimiento Penitenciario le informó a uno de ellos –José Darío Torres Estrada- que otros internos ya han presentado quejas en contra de ese Despacho Judicial, sin comprender el por qué le causa perjuicios a toda la población interna.
Solicitan ordenar al Juzgado accionado dar cumplimiento a sus peticiones de manera oportuna, ya que es su deber atenderlas sin esperar la presión ejercida con la promoción de acciones de tutela. De idéntica manera, piden explicar el porqué de la tardanza para resolver sus peticiones y ordenar a las directivas del establecimiento mantener actualizadas las cartillas biográficas de los internos en general.2

EL FALLO IMPUGNADO

La Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales negó las pretensiones constitucionales deprecadas por los condenados accionantes, en razón a que, revisado cada caso concreto, no se advertía ninguna violación de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia de cada uno de los demandantes.


En particular, respecto a la situación del penado JOSÉ LUIS BARRETO RUBIO, expresó la Colegiatura que el actor no demostró la existencia de alguna solicitud que no le haya sido resuelta por el JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD de la Dorada, Caldas. Por el contrario, advirtió el Tribunal que según el registro de las actuaciones adelantadas en el proceso seguido en su contra, se constata que el despacho demandado ha definido las solicitudes formuladas por él y que no existe requerimiento o petición pendiente.
LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el pronunciamiento anterior, al momento de notificarse personalmente del fallo de tutela de primera instancia, JOSÉ LUIS BARRETO RUBIO, consignó en el acta: “apelo”.3


Los demás accionantes guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE


De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 1382 de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la impugnación interpuesta por JOSÉ LUIS BARRETO RUBIO, contra el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales.


En tal sentido, pertinente es recordar que de conformidad con lo previsto en el art. 86 de la Constitución Política, toda persona puede invocar la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares.

En el caso sometido a estudio, el impugnante y otros condenados privados de la libertad en Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de la Dorada (Caldas), consideran vulnerados sus derechos fundamentales en la medida que el JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA DORADA CALDAS, a quien le correspondió la vigilancia y ejecución de las penas que les fueron impuestas, no ha dado respuesta a las diferentes peticiones que en cada proceso particular, han sido incoadas por ellos.


Frente a este particular, conviene aclarar que aun cuando los tutelantes solicitaron la protección del derecho fundamental de petición, los derechos que el funcionario judicial vulnera cuando no se resuelven oportunamente las solicitudes en razón de la actividad judicial, acorde con la jurisprudencia constitucional, son el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, previstos en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política.

Sobre el punto, señaló la Corte Constitucional en la Sentencia T-192 de 2007:



(…) las actuaciones del juez dentro del proceso están gobernadas por la normatividad correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso.”4 Así, la solicitud de pruebas, acumulación de procesos, de denuncia del pleito, etc., se deben tramitar conforme a las reglas señaladas por los respectivos ordenamientos procesales.
En ese orden de ideas, la Corporación estableció que la omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes formuladas por las partes o sus apoderados, propias de la actividad jurisdiccional, no configura una violación del derecho fundamental de petición, sino al debido proceso y al acceso de la administración de justicia, en la medida en que dicha conducta, al desconocer los términos de ley sin motivo probado y razonable, implica una dilación injustificada al interior del proceso judicial, la cual está proscrita por el ordenamiento constitucional (C.P., Arts. 29 y 229).
Bajo el anterior derrotero, debe indicar la Sala que, tal y como fue considerado por la primera instancia, frente al caso particular de JOSÉ LUIS BARRETO RUBIO, único apelante en la actuación de la referencia, no se advierte vulneración alguna de sus derechos fundamentales, pues al interior del proceso penal seguido en su contra, mismo que se encuentra en fase de ejecución de la sanción, el JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA DORADA CALDAS, ha atendido de manera oportuna todas sus peticiones y requerimientos.

Al respecto, el despacho ejecutor comunicó:


16. José Luis Barreto Rubio. El día 11 de junio de 2015, el interno envía a este Despacho, poder conferido al Dr. Miguel Darío Herrera Villada, dado lo anterior, el 17 de junio se profirió auto por medio del cual se le reconoce personería jurídica al mencionado togado.5
Información que puede corroborarse a través de la consulta al registro de actuaciones de la página web oficial de Rama Judicial, según el cual, dentro del proceso No. 2010-04765, cursado contra JOSÉ LUIS BARRETO RUBIO, el 4 de marzo de 2015 se le concedió al penado redención de pena equivalente a 61.5 días de prisión –determinación que le fue notificada el 5 del mismo mes y año-, y el 17 de junio siguiente, se reconoció personería jurídica al abogado de confianza designado por él.6
De igual forma, cabe resaltar que la demanda de tutela no se acompañó de anexos que permitan establecer, para el caso de BARRETO RUBIO la existencia de peticiones sin resolver, ni ello se infiere del documento citado en precedencia pues, éste no da cuenta de ningún oficio, memorial o solicitud que, con posterioridad a la designación del representante judicial del sentenciado, se haya presentado ante el despacho ejecutor.
Por tanto, erigiéndose como presupuesto de procedibilidad de la acción de tutela que, de cara a la concesión del amparo constitucional, se demuestre la existencia de una acción u omisión perpetrada por los entes accionados que vulnera los derechos fundamentales del actor, la presente demanda se torna improcedente, ya que de los medios de prueba obrantes en la foliatura, no evidencia esta Corporación ninguna actuación violatoria de los derechos de petición y debido proceso de JOSÉ LUIS BARRETO RUBIO.
Por manera que, lo procedente es confirmar el fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA NO. 3, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,




RESUELVE




CONFIRMAR el fallo impugnado
NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria




1 Mauricio Serrato Álvarez, Henry Alberto González Jiménez, Cristóbal Emilio González Jiménez, Edwin Canticus Guerrero, Carlos Andrés Albornoz, Arlinse Tuberquia Torres, Wilson de Jesús Pérez Arias, José Erledis Rondón Londoño, Brisbaner Sánchez Guzmán, Javier de Jesús Bedoya Yepes, Froilán Martínez Hernández, Ramón Antonio Sayago Espinosa, Jailer Sánchez Varón, Leonardo Gañán Álvarez, José Luis Barrero Rubio, Jhon Elkin Velásquez, Helmer Andrés Sánchez Oquendo, Juan de Dios Cano Zapata, Yuber Anderson Rivera Posada, y Wilder Andrés Colorado Saldarriaga.

2 Cuaderno Primera Instancia. Folios 24 – 25.

3 Ibíd. Folio 189.

4 Corte Constitucional Sentencia T-344 de 1995.

5 Cuaderno de primera instancia. Folio 131.

6 Ibíd. Folio 154.



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