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Oit oficina regional para américa latina y el caribe oit – oficina subregional para los países andinos capítulo V promoción de la igualdad y la lucha contra la discriminacióN: la perspectiva de género y el papel de los pueblos indígenas (1)


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OIT - OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
OIT – OFICINA SUBREGIONAL PARA LOS PAÍSES ANDINOS

CAPÍTULO V

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LA LUCHA CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN: LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y
EL PAPEL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (1)

(1) La sección I de este Capítulo, La perspectiva de género en una estrategia de crecimiento y empleo, fue redactado por Laís Abramo, Especialista en temas de género de la OIT, con la colaboración de Nava San Miguel, Experta en género la Oficina de la OIT para los Países Andinos y Lylian Mires, consultora.



La Sección II, sobre los Pueblos Indígenas, fue elaborada por Laura Madalengoitia, Especialista en Pueblos Indígenas y Desarrollo Rural de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y El Caribe, Lima. O

Introducción al Capítulo
La promoción de la igualdad de oportunidades en el empleo por sexo y etnia, y la lucha contra toda forma de erradicación son principios fundamentales de la OIT. Es en esta perspectiva que, como parte de una estrategia de desarrollo que tenga como objetivo el empleo de calidad, no podía dejar de incluirse un análisis de la situación actual de las mujeres trabajadoras y de los pueblos indígenas, así como de formular propuestas para la reducción efectiva de la desigualdad y la discriminación.
Dos aspectos de enorme relevancia para los países andinos, son la desigualdad de género y la situación de desventaja de los pueblos indígenas. En una estrategia de desarrollo con empleo y en las políticas que la integran, se debe tener como objetivos el superar gradualmente la asimetría en las oportunidades de empleo e ingresos para las mujeres y los pueblos indígenas. La falta de empleos de calidad se concentra en mayor medida en las mujeres trabajadoras y en los trabajadores indígenas. La discriminación es todavía muy fuerte, y es por eso imprescindible introducir un componente de propuestas que ayuden a reducir las desigualdades de género y respecto a los pueblos indígenas en todas las políticas que inciden, directa o indirectamente, sobre el empleo y los ingresos.
En los países andinos el tratamiento de la dimensión de género es una necesidad. La reducción de la pobreza que aflige a una proporción muy grande de la población de los países Andinos, sólo podrá ser superada en la medida que se eleve el número de ocupados por hogar – lo que implica más y mejores empleos para las mujeres. En esta tarea resulta fundamental la erradicación de toda forma de discriminación en el empleo, en las distintas ocupaciones y en los ingresos.
Por su parte, los pueblos indígenas representan una proporción importante de los países andinos y plantean un verdadero desafío para acceder a una economía más productiva para ellos, sin perder su cultura, sus tradiciones y valores. En muchos sentidos, una economía más abierta y competitiva puede significarles mejorar su inserción, ya que muchos de sus conocimientos acumulados poseen un mercado relevante. El tema central es facilitar su propio desarrollo e impedir que por razones económicas, sean privados de sus legítimos y ancestrales recursos. El tema entonces, está en el desarrollo de nexos entre los nichos de mercados y la producción indígena.
Sección I

La perspectiva de género en una estrategia de crecimiento y empleo
I.Introducción
Una estrategia que persiga la creación de empleo de calidad en la Región Andina no puede ser neutra al género, ya que cualquiera de las acciones o medidas que se lleven a cabo permiten prever efectos distintos para mujeres y hombres, debido a que su situación en el mercado laboral es inicialmente asimétrica.
Tal asimetría encuentra su origen en una división del trabajo caracterizada por la atribución casi exclusiva a las mujeres de las tareas domésticas de carácter reproductivo y de cuidado de las personas realizadas en un ámbito definido como no productivo, al cual no se atribuye ningún valor económico y un valor social muy inferior al trabajo remunerado, desarrollado mayoritariamente por los hombres. Las distintas valoraciones con respecto a las diferentes formas de trabajo (remunerado vs. no remunerado, productivo vs. reproductivo) se traspasan a quienes los ejercen, dando lugar a relaciones de género inequitativas, que se expresan en diferentes barreras en relación al acceso, permanencia y calidad de los empleos, que al entrelazarse entre sí han creado obstáculos estructurales al interior del mercado de trabajo que discriminan a las mujeres y les impiden participar con todo su potencial.
Es por tanto necesario que la estrategia de crecimiento con énfasis en la creación de empleo de calidad haga referencia explícita a la fuerza de trabajo femenina, tanto en lo que se refiere a sus potencialidades como a los obstáculos que enfrenta para insertarse en el trabajo y en la actividad económica en igualdad de condiciones con los hombres. En términos generales, la mayoría de los estados reconocen que el principio de la participación igualitaria de mujeres y hombres en la vida económica, cultural y social es prerrequisito para la democracia y una cuestión de derechos humanos. Desde el punto de vista del crecimiento económico, se considera la participación equitativa de mujeres y hombres como necesaria para alcanzar el objetivo de un desarrollo equitativo y sostenible, reconociendo que las desigualdades de género ocasionan pérdidas en la productividad y crecimiento económico de un país. Esto debido a la no utilización adecuada de todo el potencial productivo de un segmento de la población que, además de representar una proporción crecientemente significativa de la PEA, viene aumentando sus grados de escolaridad y calificación. Las desigualdades de género, por lo tanto, no solo minan la efectividad de las políticas de desarrollo en general, sino que crean además un costo adicional para la sociedad en su conjunto.
Por otra parte, la integración de las mujeres en igualdad de oportunidades contribuye no solamente a aumentar su tasa de empleo, sino también a garantizar una mayor inclusión social, aspecto fundamental de toda agenda social democrática. Se trata de que cada miembro de la sociedad pueda desempeñar un papel activo, no sólo por una cuestión ética, sino también de sensatez económica. Desde este planteamiento, la integración de las cuestiones de género es fundamental para el logro de una mayor inclusión social, que transforme a las personas, independientemente de su sexo o condición, en actores de su propio desarrollo y, por ende, del desarrollo nacional.
En América Latina las mujeres representan en la actualidad el 40% de la población económicamente activa. Son responsables de la jefatura de cerca del 30% de los hogares en la región y del 50% o más de los ingresos familiares generados en uno de cada 4 hogares biparentales. Su contribución a la superación de la situación de pobreza de un número creciente de hogares es cada vez más reconocida.1 Así, las posibilidades de obtención de un ingreso propio a través del acceso a un trabajo decente constituyen, cada vez más, el camino principal tanto para la autonomía económica y personal de las mujeres, como para la superación de la situación de pobreza de un porcentaje muy importante de hogares. Sin embargo, a pesar de que en las últimas décadas ha ocurrido un notable crecimiento en las tasas de participación – y incluso de ocupación – de las mujeres en América Latina, todavía persisten muchas dificultades para que éstas puedan acceder a un empleo en igualdad de condiciones con los hombres. Como se verá a continuación, sus tasas de participación continúan siendo significativamente inferiores (en particular entre las más pobres), sus tasas de desempleo muy superiores, ellas siguen confinadas a un número reducido de ocupaciones y segmentos del mercado de trabajo, y sus remuneraciones están situadas en niveles claramente inferiores a las de los hombres, a pesar de sus crecientes niveles de escolaridad. La ausencia de servicios de apoyo al cumplimiento de las responsabilidades familiares, en especial el cuidado infantil y de las personas mayores, así como una muy desigual distribución de las cargas de trabajo en el ámbito doméstico y familiar, provoca que las mujeres deban enfrentar una serie de dificultades adicionales para su inserción laboral, en especial, las barreras a una utilización más libre de su tiempo –en comparación con los hombres– para la formación y el trabajo remunerado.2
Esas evidencias indican que la superación de las desigualdades de género en el mundo del trabajo no es un objetivo que se pueda dejar entregado al resultado de un proceso “natural” de evolución y desarrollo de las sociedades, sino exige de políticas decisivamente dirigidas hacia su concreción. En efecto, los constituyentes tripartitos de la OIT así se manifestaron en la XVa Reunión Regional Americana, realizada en Lima en diciembre de 2002. Las conclusiones de la XVa Reunión Regional destacan la necesidad de “fomentar la igualdad de oportunidades en el empleo y el trabajo”, solicitando a la Oficina Internacional del trabajo “una especial atención al diseño de políticas que combatan la discriminación de género, raza, nacionalidad, edad, discapacidad, así como por cualquier otra razón”, que “deberán ser concebidas en forma transversal en todos los ámbitos”.3
El objetivo de promoción de la igualdad de género debe, por lo tanto, ser parte constitutiva y estructurante de una estrategia de crecimiento con énfasis en el empleo de calidad y el trabajo decente en el contexto de la integración económica andina, así como del conjunto de políticas, programas y acciones que la componen.
No es posible avanzar de manera significativa en la superación de los déficits de trabajo decente sin, al mismo tiempo, progresar en la reducción de las brechas de equidad de género. Para que ambos procesos ocurran en forma simultánea es fundamental que la promoción de la igualdad de género sea un factor constitutivo de las políticas dirigidas a impulsar el trabajo decente, entre ellas, en especial, las políticas de empleo activas y pasivas.
La experiencia de los países más industrializados, en especial de la Unión Europea muestra que, además de necesario, esto es posible.4 Existe un desarrollo importante de instituciones, experiencias de diseño y puesta en marcha de políticas, mecanismos de financiamiento, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, que han tenido como resultado avances significativos en la posición de las mujeres en el mercado de trabajo. Esas experiencias son muy útiles como referencia para pensar mecanismos y intervenciones similares en el proceso de integración subregional andina, tal como también se tratará de exponer en ese capítulo.

II.Empleo y estrategia de crecimiento en la Región Andina: La perspectiva de género en el enfoque de la OIT



  1. Dimensión y gravedad del problema del empleo en los países andinos: el empleo femenino

La situación del empleo en los países andinos es un problema grave. Sin embargo, si se examina como esa situación general afecta diferenciadamente a hombres y mujeres, se observa que, para estas últimas, este hecho es aún más severo.


Una de las características más evidentes de la evolución del mercado de trabajo latinoamericano en los años 90 es el significativo aumento de la tasa de participación de las mujeres (de 37.9% en 1990 a 49.7% en 2002)5. Esta evolución ratifica una tendencia de más largo plazo, que ya estaba presente en las décadas del 70 y 80 y que está asociada, entre otros factores, al aumento de la escolaridad femenina, al proceso de transición demográfica, que reduce el número de hijos por mujer en edad fértil, así como

a su decisión y necesidad de lograr una mayor autonomía económica.


Los países andinos no son una excepción a esta tendencia: las tasas de participación femenina en las zonas urbanas han aumentado significativamente en todos los países en la última década, alcanzando las siguientes cifras en 2002 (todas ellas superiores al promedio latinoamericano): 53% en Ecuador, 54% en Perú, 55% en Venezuela y 57% en Bolivia y Colombia (CEPAL, 2003). A pesar de que la brecha de participación entre mujeres y hombres ha disminuido en este período, aún sigue siendo muy amplia, variando, entre 28 (Colombia y Peru) y 35 puntos de por ciento (Venezuela y Ecuador).
También se observa un crecimiento importante de ocupación femeninas entre 1990 y 2002 a un ritmo que es, en todos los países andinos, superior al crecimiento de las tasas de ocupación masculinas, como puede ser observado en el Cuadro 1.
Eso es resultado de la persistencia de serias barreras para el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, tales como la carencia de instituciones adecuadas para el cuidado infantil y otros dependientes y otros factores culturales ligados al trabajo de la mujer y la dificultad para compartir las labores domésticas. Esas barreras son particularmente graves entre las mujeres más pobres.6
Cuadro 1

América Latina y países andinos. Crecimiento anual de las tasas de
ocupación de hombres y mujeres, 1990-2000


(porcentajes)



Países


Crecimiento anual de las tasas de ocupación

(1990 – 2000)

América Latina

Hombres

Mujeres

Región Andina







Colombia

0.99

2.68

Ecuador

6.47

8.64

Perú

2.98

5.57

Venezuela

4.6

7.1


Fuente: Elaboración OIT, con base en elaboraciones especiales de las Encuestas de Hogares de los países.

Sin embargo, el aumento de las tasas de ocupación de las mujeres no ha sido suficiente para absorber su creciente necesidad y disposición de trabajar remuneradamente. Como resultado, las tasas de desempleo de las mujeres crecen en el período y siguen siendo significativamente más altas que las de los hombres (Cuadro 2).


Cuadro 2

América Latina y países andinos. Tasa de desempleo por sexo. 1990-2002

(porcentajes)






Hombres

Mujeres




1990

2002

1990

2002

América Latina

5.75

9.69

7.35

12.43

Región Andina













Colombia

8.3

15.3

14.7

20.1

Ecuador

4.3

5.4

9.1

12.8

Perú

6.5

8.3

11.4

10.8

Venezuela

11.4

14.4

10.4

18.2

Fuente: OIT, Panorama Laboral 2003.



  1. La calidad del empleo


2.1. El peso de la informalidad en la ocupación femenina
En Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela en 2002, según los datos del Panorama Laboral de la OIT, el porcentaje de mujeres ocupadas en el sector informal sobre el total de la ocupación femenina variaba entre 55,7% (Venezuela) y 62,2% (Ecuador). En todos los países, ese porcentaje era superior al porcentaje de hombres ocupados en el sector informal sobre el total de la ocupación masculina (que variaba entre un 50,3% - Ecuador - y un 54,7% - Colombia) (Cuadro 3).7
Entre las razones que explican esa mayor tasa de informalidad en el caso de las mujeres en comparación con los hombres están: a) el peso del servicio doméstico en el total de la ocupación femenina; b) el hecho de que los demás segmentos del empleo informal, en especial el trabajo por cuenta propia (que responde por una proporción que varia entre el 32 y el 41% de la ocupación femenina en los países analizados – OIT, 2003) presentan menores barreras de ingreso y permiten articular mejor estrategias de compatibilización del ejercicio de las tareas domésticas con la necesidad de lograr un trabajo remunerado. Es importante observar, sin embargo que esas estrategias representan también en general una sobrecarga de trabajo para las mujeres y su imposibilidad de dedicar más tiempo y esfuerzo a su escolarización, formación profesional y/o trabajo remunerado.
La mayor parte de la fuerza de trabajo femenina se concentra, por lo tanto, en ocupaciones de baja productividad y de menores ingresos, más inestables, desprotegidas y con reducidas oportunidades de capacitación.
En Bolivia, por ejemplo, el 67,2% de la PEA femenina abarca a trabajadoras no calificadas y a trabajadoras en el servicio y vendedoras (para los hombres esa proporción es de 25,6%), observándose una alta concentración en los empleos por cuenta propia o como trabajadoras familiares no remuneradas. En ese país, al contrario de lo que ocurre en otros países de la subregión, así como del conjunto de América Latina, el nivel promedio de escolaridad de la fuerza de trabajo femenina es significativamente inferior al de la fuerza de trabajo masculina (Egger, 1999).
En Perú, 10,7% de todas las mujeres ocupadas en las zonas urbanas (y el 54,1% en las rurales) trabaja como familiar no remunerado. A nivel nacional, el 26,8% de las mujeres ocupadas no recibe un ingreso, respecto as 9,3% de los hombres. La concentración tanto de hombres como de mujeres en sectores de baja productividad es alta: 68.5% de los hombres y 74.5% de las mujeres, pero las mujeres están concentradas en menos ocupaciones que los hombres. Casi la mitad de las mujeres ocupadas se concentra en tres ocupaciones: comerciantes vendedores (20.9%), trabajadores domésticos (16.6%) y vendedores ambulantes (11.3%).
Todo eso incide en una mayor vulnerabilidad de las mujeres a caer en situación de pobreza y una mayor dificultad de superar esa situación.8 En situación de especial vulnerabilidad están las trabajadoras del servicio doméstico, que corresponden a aproximadamente un 12% de la ocupación femenina en Colombia, Ecuador y Perú y a un 7% en Venezuela (OIT, 2003).


Cuadro 3

América Latina y países andinos. Composición de la fuerza de trabajo femenina y masculina

ocupada en el sector informal, 2002


(en porcentajes)





Total

Trabajador independiente

Microempresa

Servicio doméstico




Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

América Latina

44.3

49.4

24.7

22.8

18.9

11.3

0.7

15.2

Región Andina

Colombia

54.7

56.7

32.6

31.8

21.6

13.7

0.5

11.2

Ecuador

50.3

62.2

29.6

39.3

19.9

11.3

0.8

11.5

Perú

51.9

61.9

33.1

41,0

18.2

9.1

0.6

11.8

Venezuela

50.0

55.7

28.5

37.3

21.3

11.6

0.2

6.8
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