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Ofensiva contra el poder judicial


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Trascripción del libro

ANATOMÍA DE UN FRACASO,

(LA EXPERIENCIA SOCIALISTA CHILENA)



Emilio Filippi y Hernán Millas

grandes reportajes Zig Zag
OFENSIVA CONTRA EL PODER JUDICIAL.



“LA revolución se mantendrá dentro del Derecho mientras el Derecho no pretenda frenar la revolución", manifestó el Ministro de Justicia, Jorge Tapia, al inaugurar un congreso de abogados radicales. Tapia era radical y, por lo tanto, moderado respecto a los extremistas de la UP. Sin embargo, sus palabras envolvían una amenaza.
¿Cómo el Derecho podía pretender frenar la revolución? Los magistrados, los jueces, sólo tenían que velar porque se cumpliese y se respetase la ley. Para la UP, eso significaba "frenar la

revolución".
Lo mismo le ocurría a la Contraloría General de la República, encargada de fiscalizar la legalidad de las disposiciones administrativas.
"A destruir la institucionalidad burguesa", fue el slogan de los ultras.
Fue en mayo de 1972 cuando arreció el desafío al Poder Judicial.
Ese mes, el MCR (Movimiento Campesino Revolucionario), dirigido por los miristas, acordó la toma y ocupación de todos los fundos de los departamentos de Melipilla y San Antonio, los que producían 300 mil quintales de trigo, cuya cosecha se perdería.

Y, por supuesto, sin que mediase ninguna medida de expropiación de parte de la CORA. Era parte de la "estrategia revolucionaria" para provocar la expropiación masiva.


En esas tomas hubo violencia, agricultores secuestrados, caminos tomados, barricadas y amenazas de enfrentamientos.
El juez de Melipilla (localidad situada a 60 kilómetros de Santiago, hacia la costa) no dudó de su difícil misión de administrar justicia.

Requirió la presencia policial y dispuso la detención de 41 campesinos extremistas que dirigían la acción.

Ellos no ofrecieron resistencia, convencidos de que el magistrado quedaría en situación muy Inconfortable.

Además, las detenciones les servirían para causar conmoción pública.

Se equivocaron respecto del juez.

El los declaró reos por usurpación de tierras con violencia y pasaron a los calabozos de la cárcel de Melipilla.

Vino entonces la respuesta de los ultras.

Doscientos miristas, socialistas y mapucistas, armados de horquetas y garrote, ocuparon el Juzgado de Melipilla, tomando como rehenes al magistrado y a seis funcionarios.

Los injuriaron soezmente y amenazaron con ahorcarlos.

Como el Gobernador pretendiese enviar fuerza pública (Carabineros) a auxiliar al juez, los ultras también ocuparon la Gobernación y otros organismos fiscales. Testigos narraron que los ultras llegaron ebrios.


La Cámara de Diputados dobló acusar constitucionalmente a varios ministros de Allende, por "flagrante atropello a la Constitución y las leyes".

Allende, una vez destituidos sus ministros, los volvía a nombrar en otras secretarios.




Presidente de la Corte Supremo, Enrique Urrutia Manzano, dobló representar en varias oportunidades su proteste ente el Poder Ejecutivo por la desobediencia de éste a las resoluciones judiciales.

Desde Santiago, el Intendente (suprema autoridad en cada provincia), Alfredo Joignant, socialista, ordenaba a Carabineros no intervenir, diciéndoles que él se trasladaría a Melipilla acompañado del Subsecretario de Justicia, el mapucista José Antonio Viera Gallo.

Fueron tres horas de pesadilla que vivieron el juez y los funcionarios.

Los extremistas conminaron al magistrado a dejar en libertad a sus "compañeros" si no quería sufrir la "justicia revolucionaria".


Tanto Joignant como Viera Gallo se presentaron en Melipilla como perdonavidas del juez. Hablaron a los ultras pidiéndoles que los soltasen, prometiéndoles que pronto sus compañeros recuperarían la libertad. Si la "justicia burguesa" los condenaba, "el compañero Presidente” los indultaría.

Viera Gallo, hablándole a gritos al juez Marlo Olate, le previno que no ordenase a Carabineros detener a quienes efectuaron la toma y el secuestro, porque ellos no le obedecerían.

El vejamen de Melipilla impresionó a todo el país.

Por primera vez una turba cometía un ultraje de esa especie ante la pasividad del Poder Ejecutivo. No sería el primero.




A raíz de un dictamen judicial que ordenó la detención de extremistas, un grupo de campesinos a caballo enarbolando horquetas, azadones y otros elementos, se tomaron el Juzgado de Melipilla y secuestraron el juez.


En esa operación actuaron dos representantes del Poder Ejecutivo, Alfredo Joignant y José Antonio Viera Gallo. Allende no los sancionó.
Un Ministro (Enrique Paillás), de la Corte de Apelaciones, declaró reo el Intendente de santiago, Alfredo Joignant, por ser autor del delito con templado en el artículo 253 del Código Pena¡, en lo que se refiere a la denegación de auxilio a una autoridad competente.

Y el Parlamento aprobó una acusación constitucional en contra de Joignant, destituyéndole de su cargo.


Allende replicó con una mofa: designó a Joignant como Director de Investigaciones, o sea, jefe de toda la policía civil.
La Cámara de Diputados en esos días había suspendido al Ministro del Interior, Hernán del Canto, por su dolosa actuación en el caso de los bultos cubanos.
Socialistas, miristas y mapucistas - que formaban en esa época en las filas de los extremistas (terroristas), sin el concurso de los comunistas - decidieron efectuar un mitin en las mismas gradas del Palacio de los Tribunales. Este se encuentra en la Plaza Montt-Varas, y frente a los Tribunales se halla el Parlamento. A un costado, el diario El Mercurio, decano de la prensa chilena.
Por respeto a esos otros dos Poderes (el Legislativo y el Judicial), en el pasado nunca se autorizaron concentraciones en esa plazuela.
Sin embargo, esa tarde del 12 de julio de 1972 llegaron allí vociferantes ultras con banderas rojas, gritando: "¡Jueces vendidos, ladrones, corrompidos¡"

Cada orador compitió en insultos. Ciro Hermosilla, mirista:



"Debemos unirnos para destruir la guarida de los momios, la del Parlamento y la de la justicia burguesa.

A las vacas del Parlamento, con el respeto que nos merecen las vacas, compañeros, les decimos que cualquier cosa que hagan en contra de nosotros tendrán que responder al pueblo.

A los viejos carcamales de la Corte Suprema les decimos que los días de su justicia burguesa están contados.

Viene la justicia del pueblo y serán ellos los primeros en ser llevados a los Tribunales Populares".



El ex Ministro de

Justicia Jorge Tapia,

pese a ser radical,

declaró que,

mientras el Derecho

no entorpeciera

la revolución,

sería respetado por

el Gobierno.

En caso contrario,

se sentía éste

con el deber de

pasar por sobre

el Derecho.

Frente el Palacio de Justicia el ex Ministro del Interior Hernán del Canto realizó una concentración pública para atacar a los, magistrados y denunciarlos como "coludidos con los grandes intereses imperialista*".

El propio suspendido Ministro del Interior, Hernán del Canto, fue otro de los oradores: "Por pura, casualidad de la arquitectura -dijo- se han juntado tres edificios en este lugar. En dos de ellos, y que representan poderes del Estado, existe una concepción totalmente opuesta al proceso revolucionario que llevamos adelante. Pero también está un tercer edificio. Este es donde se encuentran los alcahuetes y el comité central de la burguesía y la reacción: “es El Mercurio”.


La manifestación culminó allí con el apedreo al Palacio de los Tribunales.

Después desfilaron hasta La Moneda.

Allí, encaramado sobre un vehículo, el reo Intendente agradeció la manifestación.
La Corte Suprema se reunió en Pleno y acordó dirigirse a Allende para expresarle su protesta por esos atropellos.

El Ministro de Justicia, Jorge Tapia, respondió la nota a nombre de Allende, señalando que el Jefe de Estado había dado órdenes para que los trabajadores no extendiesen sus desfiles a esa plazuela, pero que lamentablemente esa manifestación fue espontánea y por sorpresa.


Enrique Urrutia Manzano, presidente de la Corte, envió una carta-respuesta, en la que expresaba: "Esperamos que en lo venidero ni siquiera espontáneamente y por sorpresa puedan ser desobedecidas tan elevadas disposiciones".
No sería la primera queja de la Corte.

Seguirían otras más para exponer su protesta, porque el Gobierno y las autoridades de la UP negaban la fuerza pública para cumplir los fallos de la Justicia.

Cada día se acentuaría la campaña de injurias de la prensa UP en contra de los magistrados.


El Congreso Nacional fue el baluarte de la proteste pública contra las arbitrariedades cometidos durante el régimen de la Unidad Popular.

La oposición tenía allí amplia mayoría.

El MIR, desconociendo a la "justicia burguesa", decidió crear Tribunales Populares en los campamentos.

En Nueva La Habana, situado a 15 kilómetros del centro de Santiago, el jefe del campamento, el mirista Alejandro Villalobos, apodado el "Comandante Mickey", admitió la existencia de su propio organismo de justicia en ese lugar.

"Existen frentes de vigilancia, formados por pobladores y encargados de cuidar la disciplina de los habitantes.

Ellos se encargan de investigar algunos actos reñidos con la moral y las buenas costumbres.

Luego que los frentes de vigilancia Investigan las denuncias, se lleva la discusión a las manzanas y, posteriormente, a la asamblea general, que es pública, donde comparece el inculpado.

Comúnmente se aplican sanciones como la de efectuar el aseo de los baños colectivos, efectuar turnos y trabajos extraordinarios.

Si la falta es muy grave, se le expulsa del campamento".




En la Población Nueva La Habana tenía su cuartel general el Movimiento de Izquierda Revolucionario.

Allí también estaban las oficinas del periódico "El Rebelde", impreso en el diario oficialista "La Nación”, en donde se propugnaba la violencia.





Uno de los líderes era Alejandro Villalobos (a) "El Mickey”, autor de varios delitos.

Ayudante de Mickey era en Nueva La Habana el delincuente apodado El Shandú (Juan Marchant Barrios), con prontuario por robos y asaltos con homicidios, según expresó Carabineros. No era así alguien capaz de dar ejemplo de corrección,

La Tenencia de Carabineros de Vicuña Mackenna, dando una demostración de valentía, ya que se exponían a que se les diera de baja, hizo una denuncia expresando: "La actitud de los pobladores es indigna y Carabineros no puede someterse a cumplir órdenes de dirigentes de un campamento. Sólo con el fin de evitar derramamiento de sangre es que se abstiene de dar cumplimiento a las órdenes judiciales".

El teniente Arturo Terman Acosta firmaba la nota.


Tampoco el Mickey podía predicar con el ejemplo de buenas costumbres.

Poco tiempo después, conduciendo ebrio un elegante auto de propiedad de la Cormu (Corporación de Mejoramiento Urbano), se estrelló en un camino del sur, matando a su acompañante, una arquitecto mirista de ese organismo,


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