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Nuestra conclusión, fue claramente que no lo era


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¿ ES LA PROSTITUCION UN TRABAJO ?
En el seno de la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, hemos debatido sobre el interrogante que titula este texto: ¿ es la prostitución un trabajo ?. Nuestra conclusión, fue claramente que no lo era.

No obstante, decidimos ampliar la consulta al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, al Presidente de la Comisiòn de Trabajo y Legislación Social del H. Senado de la Provincia de Buenos Aires, al Ombudsman de la Provincia de Buenos Aires y a la Titular del Observatorio de Gènero de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

El texto, común para los cuatro destinatarios, decía: “… tenga a bien informar a esta Dirección si a vuestro criterio, la oferta y concesión de sexo a cambio de dinero u otro tipo de remuneración puede considerarse un trabajo. Como se recordará, la Ley 12.331 (conocida como Ley de Profilaxis de Enfermedades Venéreas) no prohíbe la prostitución aunque sí la explotación sexual y la existencia de prostíbulos. No obstante, un subconjunto de mujeres prostituidas (explotadas o no) consideran su actividad de venta de sexo como un trabajo. Del mismo modo se expresan muchos prostituidotes, habitualmente mencionados como “clientes”, al justificar la compra de sexo como el pago por un “trabajo”.

Firmado: Alejandro Incháurregui. Director de la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.


Las respuestas fueron las siguientes, a saber:


  1. Del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Firma. Dr. Diego J Podaschevsky (Director Provincial de Asuntos Legales del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires), fechado 5 de julio de 2012:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en respuesta a su nota de fecha 15 de junio del corriente, por la cual solicita tenga a bien informar, si el dogma jurídico vigente considera la oferta y concesión de sexo a cambio de dinero u otro tipo de remuneración, como un trabajo.

Al respecto, desde la competencia propia del Ministerio de Trabajo, como organismo que asiste al señor Gobernador en el conocimiento de las cuestiones vinculadas con el trabajo, entiende que las respuestas que se están discutiendo en el mundo sobre el tema, excede el marco atribuido a esta Cartera Laboral, con base a la normativa vigente.

Se llevará a cabo un breve análisis de la normativa vigente para comprender la conclusión antes arribada.

En provincia de Buenos Aires contempla el tema el Código de Faltas, Decreto Ley Nº 8031/73 Texto Ordenado por el Decreto Nº 181/87 y modificado por las leyes Nº 10.571, Nº 10.580, Nº 10.815, Nº 11.370, Nº 11.382, Nº 11.411, Nº 11.929, Nº 12.296, Nº 12.474, Nº 12.529, Nº 13.117, Nº 13.240, Nº 13.451, Nº 13.470, Nº 13.634, Nº 13.703, Nº 13.887, Nº 14.043 y Nº 14.051. La Ley Nº 13.887, introduce la figura de contravención del ejercicio de la prostitución que cause escándalo o molestia (artículos 68 y 69 del Decreto Ley Nº 8031/73).

Por otra parte, el código Penal Argentino con las reformas introducidas en el mismo por las Leyes Nº 25.087 (B.O. 14/05/99), Nº 26.364 (B.O. 30/4/08) y Nº 26.388 (B.O. 25/06/08) establece en los artículos 126 y 127 la condena al que promueve la prostitución y la explotación económica de la prostitución, y en la Ley Nacional Nº 12.331, sobre Profilaxis de Enfermedades Venéreas, en sus artículos 15 y 17 establece la prohibición de establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o quienes sostengan, administren o regenteen casas de tolerancia.

En virtud de la normativa apuntada, la prostitución no esta prohibida, pero sí la explotación sexual y la existencia de prostíbulos, donde se configuraría una relación de trabajo o relación de dependencia, con lo cual, esta Secretaría de Estado vela por el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad e higiene y todo lo relacionado con el trabajo decente definido por la Organización Internacional del Trabajo1

Si se analizará eventual vinculación en los términos de una típica relación de dependencia (artículos 22, 23 LCT) y en consecuencia la aplicación de la normativa tuitiva de la Ley de Contrato de Trabajo al caso, en los artículos 37 a 44 de la mencionada ley se regula sobre el objeto del contrato de trabajo y determinan las distintas consecuencias jurídicas del mismo ya sea el objeto prohibido o ilícito.

En síntesis, en caso que la prestación de servicios sexuales se hiciera bajo la figura de vinculación contemplada en el párrafo anterior, el contrato de trabajo sería de objeto ilícito y debe ser considerado nulo de nulidad absoluta (art. 1047 Cod. Civ) en tanto afecta el orden público (general y laboral), y puede ser declarado como tal por el juez aún sin pedido de parte, siendo inconfirmable y su validéz de carácter imprescriptible, pues el tiempo no puede sanear su licitud.

Por otra parte, la prestación de servicios sexuales fuera del ámbito de la relación típica de dependencia, escapa a la órbita de competencia de este Ministerio, por consiguiente no puede expedirse en otros términos que los expuestos.

Lo saludo muy atentamente.

  1. Del Presidente de la Comisión de Trabajo y Legislación Social del H. Senado de Buenos Aires, Senador Horacio L. López, fechado el 01 de agosto de 2012:


De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Trabajo y Legislación Social, en relación a su pedido de opinión sobre “si el dogma jurídico vigente considera la oferta y concesión de sexo a cambio de dinero u otro tipo de remuneración, como trabajo”.

Al respecto, la consulta la trasladé al seno de la Comisión para recabar la opinión de los asesores que la integran, en representación de los legisladores que componen la misma.

En principio, le informo que nunca este tema fue abordado en la Comisión, por lo que no existe ningún pronunciamiento al respecto con opinión legal fundada, fijando posición en tal sentido.

Sin otro particular, hago propicia la circunstancia para saludarle atentamente.

  1. Del Ombudsman de la Provincia de Buenos Aires: al 03 de octubre, no ha respondido.




  1. Del Observatorio de Gènero de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, firmado por la Lic. Florencia Cremona y fechado el 03 de septiembre de 2012


Por la presente me propongo fundamentar brevemente la solicitud de respuesta que como autoridad competente en el área de género y comunicación de esta Facultad de respecto de si la prostitución se puede o no considerar un trabajo.

La pregunta, por su profundidad y complejidad excede lo que podría contestar en estas breves líneas.

El Laboratorio de Comunicación y Género de esta unidad académica, del cual depende el Observatorio de Comunicación y Género, cuenta con varias líneas de docencia investigación y extensión destinadas a poner en cuestión la significación social que tiene el género en la sociedad .Y a la vez a formar profesionales capaces de incidir en los discursos sociales y las políticas públicas en pos de esta transformación social y política que implica tener al género como punto nodal para concebir y promover el desarrollo social.

En este sentido y según las investigaciones realizadas consideramos que igualar prostitución con un trabajo connota una unión semántica peligrosa a la que nos oponemos desde todo punto de vista.

La prostitución es sexo pago. Y el trabajo es ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico o mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. El trabajo es por tanto la actividad a través de la cual los seres humanos obtenemos medios de subsistencia y a la vez fortalecemos nuestra identidad como sujeto y nuestras redes sociales a través de nuestra existencia.

De ahí que la prostituta, la transexual o el taxi boy no están nunca en una situación de trabajo por la propia marginalidad social y el estigma que el término connota

La posibilidad de que exista la prostitución, es decir el sexo pago, sugiere y asienta prácticas violentas de mercantilización del cuerpo humano a la vez que fortalece las pautas culturales a partir de las cuales se erigen otro tipo de discriminación: como por ejemplo la idea de que el cuerpo de la mujer es un objeto de consumo o de que la única actividad social que puede ejercer una transexual o un gay es la prostitución.

Esta práctica además impacta en la vida social cotidiana y familiar creando múltiples representaciones peyorativas. También fomentan y asientan prácticas como la violencia social, psicología y sexual contra las mujeres, situación por demás alarmante que evidencia hoy una gran emergencia en la Provincia de Buenos Aires.

La prostitución, sugiere la posibilidad de cuerpos comprados o poseídos y establece distintas de cuerpos: cuerpos posibles de ser comprados, traficados consumidos y cuerpos que no. Desestimando de esta manera toda posibilidad de equidad.

Desde la Facultad, trabajamos no solamente porque no haya prostitución sino por el cambio cultural que implica desactivar la falsa y tramposa idea de que la prostitución pueda ser una salida laboral, de “libre elección” y que los cuerpos sean objetos de consumo.

En este sentido esperamos que la Justicia de nuestro país, genere avances normativos inspirados en las trasformaciones culturales y políticas que promuevan una plena igualdad de derechos y oportunidades sin distinción de sexo o género.

Sin más me despido atentamente quedando a su disposición para futuras consultas e intercambios.

ANEXO
Fallo contra una acción de Amparo de la Magistrada de Control, Niñez, Juventud, y Penal Juvenil y Faltas de Rìo Segundo, Córdoba, dra. María de los Ángeles Palacio de Arato. La acción de Amparo fue presentada por el dueño de un prostíbulo y algunas mujeres prostituidas contra la Provincia de Córdoba. Si bien se trata de un caso de Córdoba, lo ofrecemos en virtud de su trascendencia.

SENTENCIA NÚMERO: TREINTA Y SIETE (37)

Río Segundo, veintiuno de septiembre de dos mil doce.



Y VISTOS: Estos autos caratulados “ROSSINA, HÉCTOR RAÚL Y OTROS – AMPARO” (Expte. “R”-04/2012 SAC: 623014) traídos a despacho a fin de resolver la admisibilidad de la acción de amparo presentada por Héctor Raúl Rossina, Silvia Verónica Mariano, Noelia Carolina Mamani, Patricia Victoria Alaniz, Roxana Paola Sepúlveda y Mabel del Valle Torres en contra de la Provincia de Córdoba, con el patrocinio del Dr. Miguel Juárez Villanueva.

DE LOS QUE RESULTA: I) La demanda: Héctor Raúl Rossina en su carácter de titular del local “El Lagarto” y las restantes accionantes (auto nominadas trabajadoras sexuales) Silvia Verónica Mariano, Noelia Carolina Mamani, Patricia Victoria Alaniz, Roxana Paola Sepúlveda y Mabel del Valle Torres presentan acción de amparo en contra de la Provincia de Córdoba. Atacan por este medio procesal excepcional, el dictado de la Ley Provincial Nº 10.060, denominada “Ley de Trata” de fecha 30/05/2012 emanada por la Provincia de Córdoba, la cual en su art. 2 dispone: “…la inmediata clausura a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, de las whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes o establecimientos y/o locales de alterne…”, en virtud de sentirse incluidos en dicha situación, tanto como titular del local denominado “El Lagarto”, sito en calle Belgrano Nº 1700 de la localidad de Oncativo y habilitado por la municipalidad de la mencionada localidad y como trabajadoras sexuales que ejercen libremente nuestra profesión… que a partir de la entrada en vigencia de esta norma se verían privados de sus derechos constitucionales a ejercer el comercio y toda industria lícita, y el de trabajar… motivo por el cual solicitan se los ampare de los efectos de dicha norma, declarando su inconstitucionalidad. El Sr. Héctor Raúl Rossina comparece en calidad de propietario del fondo de comercio que gira bajo el nombre “El Lagarto”, que funciona bajo el rubro “Whiskería y Hotel”, en el cual diversas trabajadoras sexuales, sin relación alguna de dependencia con el suscripto, alternan con clientes del bar y consiguen citas privadas para el desempeño de su trabajo. A partir de la entrada en vigencia de la norma cuestionada el Sr. Rossina se verá privado de su derecho constitucional de trabajar y de ejercer una industria lícita, lesión que le causa un enorme perjuicio y que por su arbitrariedad amerita la interposición de esta acción de amparo. En cuanto a la arbitrariedad de la norma cuestionada, el actor sostiene que la misma es manifiesta, ya que la prohibición de una actividad lícita y que no causa daño a terceros no puede ser otra cosa más que una prohibición irrazonable. Dicha arbitrariedad que no requiere de pruebas, hace procedente la acción de amparo interpuesta, y la tacha de inconstitucionalidad de la norma cuestionada, por su irrazonabilidad. Afirma que la norma atacada, al impedir el ejercicio no lesivo de una profesión lícita a personas mayores, con plena capacidad jurídica para decidir sobre su plan de vida, resulta arbitraria e inconstitucional, por afectar el ámbito de privacidad propio de las amparistas, prohibiéndoles hacer lo que la ley de fondo no prohíbe, y lo que la propia Constitución Nacional las habilita a hacer. Señala, que la regulación cuestionada afecta a una categoría doblemente sospechosa, tanto por la condición de mujeres como por su posición económica y social, de mujeres que ejercen la prostitución y de mujeres pobres. La utilización de estas categorizaciones de modo perjudicial a los sujetos incluidos en ellas revierte la presunción de constitucionalidad de las leyes y pone al Estado en la situación de tener que argumentar la razonabilidad de su decisión, a través de un estricto escrutinio por parte de los jueces. Es el Estado quien deberá explicar el por qué de esta prohibición y la necesidad de tomar esta medida en vez de otras. Considera que el trabajo que se desempeña en “El Lagarto”, entendido como bar de alterne, es un trabajo que merece la protección de las leyes, como toda otra industria lícita, en los términos del art. 14 C.N.. La lisa y llana prohibición de la existencia de whiskerías, bares de alterne y establecimientos comprendidos en los amplísimos términos de los arts. 1 y 3 de la Ley 10.060 resulta absolutamente injusta e inconstitucional por cuanto no solo se niega la protección a la que el Estado está obligado en razón del art. 14 C.N. (y del art. 5 C.N. que obliga a las provincias a respetar los derechos y garantías de la Constitución Nacional) sino que directamente pone en la esfera de lo ilícito a la actividad que vienen desarrollando desde hace ya largo tiempo, de modo pacífico y legal. Afirma, que las previsiones de la Ley 10.060 en cuanto prohíben el funcionamiento de los locales en donde las amparistas ejercen su profesión (que es tan lícita que el propio Estado Nacional ha otorgado personería gremial al Sindicato que las nuclea) afectan, lesionan y restringen hasta hacer prácticamente imposible el desempeño de sus labores cotidianas, violando así los derechos constitucionales que les han sido reconocidos por los arts. 14 C.N., 6 del PIDESC y 11 de la CEDAW. Continúa expresando que el legislador, dentro de los fines constitucionales, goza de un amplísimo margen para decidir sobre los medios para lograr los objetivos y los fines planteados. A su entender, los problemas se plantean cuando el legislador, para el cumplimiento de fines valiosos, utiliza medios que lesionan los derechos de las personas de modo arbitrario, resultando la norma, en estos casos, sobre incluyente de un modo irrazonable puesto que las sobre inclusiones no solo son innecesarias y evitables, sino que además no contribuyen en absoluto a los fines normativos. La sobre inclusión irrazonable (e innecesaria) derivada de los arts. 1 y 2 de la cuestionada ley se traduce en una arbitraria, ilegal e inconstitucional restricción de derechos constitucionales que habilita la vía del amparo para reclamar al Poder Judicial la tutela de sus derechos. Establece que la falta de adecuación a los fines buscados por la norma y la elección de los medios gravosos para dichos fines (existiendo otros menos gravosos y más eficaces) torna la regulación cuestionada en irrazonable. Finalmente plantea como derechos conculcados, el derecho a comerciar, a trabajar y a ejercer industria lícita, manifestando que la procedencia de la vía del amparo surge de la actualidad de la lesión de derechos -por ser la vía más idónea- en la no afectación de la prestación de un servicio público y en la innecesariedad de mayor amplitud probatoria. Ofrece Prueba: Documental-Instrumental. Hace reserva del caso federal de conformidad a lo dispuesto por los arts. 14 y 20 de la Constitución Nacional.

II) El Sr. Fiscal de Instrucción de la ciudad de Arroyito -Dr. José O. Arguello- en oportunidad de evacuar el traslado y luego de expresar fundamentos, rechaza la inconstitucionalidad pretendida por los amparistas. Que a fs. 35, Héctor Raúl Rossina, junto a Silvia Verónica Mariano, Noelia Carolina Mamani, Patricia Victoria Alaniz, Roxana Paola Sepúlveda y Mabel del Valle Torres con el patrocinio letrado del abogado Miguel Juárez Villanueva, interponen formal AMPARO en contra de la ley Provincial Nº 10.060, denominada “Ley de Trata”. Es oportuno destacar que de conformidad al criterio reiteradamente establecido por la Corte Suprema, no debe recurrirse a la declaración de inconstitucionalidad sino cuando una estricta necesidad lo requiera (Fallos: 248:398). La presunta conformidad de las leyes nacionales o provinciales con las normas constitucionales que es el principio cardinal de la división, limitación y coordinación de los poderes en nuestro régimen institucional, no debe ceder- por transgresión a ese principio y a esas normas, sino ante una prueba contraria tan clara y precisa como sea posible. De allí que, como se ha sostenido, una declaración de éste tenor que importa un acto de suma gravedad institucional requiere que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos 314:424). Para que una ley debidamente sancionada y promulgada sea declarada ineficaz por razón de inconstitucionalidad, se requiere que las disposiciones de una y otra ley sean absolutamente incompatibles (Fallos 14:432).

Solo cabe formular la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal cuando un acabado examen del mismo conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía comprometidos (Fallos, 315:923). Sin perjuicio de ello, entiendo que no debe hacerse interpretaciones de las leyes con carácter absoluto, toda vez que no todos los derechos fundamentales son ilimitados sino que debe tenerse en cuenta la concurrencia de otros valores que el ordenamiento jurídico también protege, tal como ocurre con los fines del proceso, que también cuentan con protección constitucional. En ello consiste precisamente la interpretación del alcance de los derechos e intereses en conflicto conforme al método del balanceo o balancín test, que el Excmo. TSJ de Córdoba, siguiendo al Tribunal Constitucional Español (S.T.C. Sent. 81/83 del 10 de octubre), ha adoptado en varios precedentes sobre cuestiones de distinta naturaleza (TSJ cba. sala cont. Adm. “CARRANZA”, S. nº 33, del 25/08/97, pub. “S.J” 1161, Sala Penal “Aguirre Dominguez”, S. nº 76, del 11/12/97 y “Querella Caruso c/Remonda”, S. nº 108, del 9/9/99), que tienen en común con la presente que el conflicto en lugar de resolverse atendiendo a la supremacía absoluta de uno sobre otro, pondera a todos los derechos como limitados y analiza en cada caso concreto la razonabilidad de la restricción de uno por otro. En lo que respecta al planteo de inconstitucionalidad de la ley 10.060, adelanta opinión a favor de la constitucionalidad de la mencionada ley. Brinda razones: es para destacar, que lo que se pretende proteger con el dictado de la misma, es la situación de los derechos fundamentales de la mujer o niña prostituída y que encuentra sustento en la aprobación en 1949 por parte de la ONU, de la Convención por la Supresión del Tráfico de Personas y la Explotación de Prostitución Ajena, texto normativo que cuenta, entre otros, con antecedentes en la convención de Paris para la supresión de la trata de blancas, de 1910.

La situación de marginalidad de quienes se dedican a la prostitución conlleva la violación de numerosos derechos fundamentales, que se agrava si se trata de menores, extranjeras, o mujeres de escasos recursos económicos. Hay que tener en cuenta que es casi imposible para las mujeres pobres hacer frente al proceso migratorio, a los costos del viaje y a la tramitación de los documentos. También es muy difícil que puedan establecerse dentro del negocio sin ninguna ayuda externa y lo que es más importante, que “la prostitución es un fenómeno social no deseable”.

En cuanto a la legislación nacional en diciembre del año 1936 se sanciono la ley 12.331 llamada de profilaxis de enfermedades venéreas, prohibiendo la existencia de locales para el ejercicio de la prostitución en todo el país, estableciendo penas para los que dirigen o son dueñas de estos establecimientos. En efecto, el bien jurídico protegido por esta ley al prohibir las casas de tolerancia es la libertad en general y la integridad sexual.

El 09 de abril del año 2008 se sancionó la ley nacional 26. 364 Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas que tiene por objeto la implementación de las medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, determinándose en el artículo 4 que existe explotación –entre otros supuestos- cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual.

Por su parte, la ley nacional numero 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales, sancionada el 11 de abril del año 2009, declara de orden público sus disposiciones y determina su aplicación en todo el territorio de la república. Así también por decreto numero 936/11 que dispuso prohibir en todo el territorio de la republica Argentina los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explicita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres en cumplimiento de la ley 26.364, la ley 26.485 y de las convenciones internacionales que ordenan eliminar la discriminación y violencia hacia la mujer y el deber de los Estados partes de las mismas de alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a su dignidad.

La prostitución no es un trabajo, no es un contrato entre cliente y mujer en prostitución, porque no se puede hablar de consentimiento –condición de todo contrato- en condiciones de profunda desigualdad.

Lo que hay que dejar en claro es que no se puede considerar que no se configure el delito de trata porque hubo “consentimiento” de las víctimas para estar, por ejemplo, encerradas en burdel, un argumento sostenido en algunas causas judiciales por fiscales para archivar las investigaciones. “Más que consentimiento, hay una situación de sometimiento”.

Que la trata de personas constituye un fenómeno global, más de CIENTO TREINTA (130) países han reportado casos, siendo una de las actividades ilegales más lucrativas, después del tráfico de drogas y de armas. Al respecto y de acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) millones de personas, en un gran porcentaje mujeres y niñas, están siendo explotadas actualmente como víctimas de la trata de personas, ya sea para explotación sexual o laboral.

La trata de personas para su sometimiento sexual y laboral es uno de los negocios más lucrativos del planeta. Incluye niñas, niños y personas con alta vulnerabilidad social, y está penada por las legislaciones internacionales y nacionales.

Se ha empezado a comprender la idea de que la prostitución es una forma de violencia y que, por tanto, no se puede entender como forma de relación laboral alguna, dado que no puede haber derechos laborales ni mercantiles cuando se violan derechos fundamentales.

La obligación de los poderes públicos es evitar, en lo posible, que esta forma de violencia, cualquier forma de violencia, afecte a ningún ser humano.

Por tanto, hay que reconocer el papel de víctima de cientos de miles de mujeres, niños y personas pertenecientes a minorías sexuales, que sufren la prostitución día a día. Siempre que hay una víctima existe un culpable de esa situación, que sólo pueden ser el cliente, en primer lugar, y el proxeneta, cuya figura no tendría razón de ser de no existir clientes. Finalmente entiende que debe rechazarse la inconstitucionalidad pretendida.

III) A su turno, el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado por los Dres. Pablo Juan María Reyna y Sebastián Cruz López Peña, dan respuesta al informe de conformidad a lo estipulado por el art. 8 de la Ley 4915, solicitando previamente que se rechace la acción de amparo interpuesta en autos en todas sus partes con costas a la contraria. Consideran manifiesta la improcedencia del amparo y la falta de acción expresando fundamentos de dicha improcedencia. Al contestar la demanda el Superior Gobierno expresa “al contestar todos y cada uno de los pseudo argumentos esgrimidos por la actora, demostrando en forma palmaria su improcedencia. En primer lugar, en el caso de autos no concurren las condiciones de admisibilidad de la acción impetrada, ni se evidencia en el escrito del amparo, ni en realidad que se pretende trasuntar en el mismo, la existencia de una ilegalidad o arbitrariedad, que por ser tan palmaria ocasione un grave daño o lesión irreparable de un derecho garantizado constitucionalmente.

La parte actora en el punto 1 de su escrito, manifiesta: “… solicitamos se nos ampare de dicha norma (Ley 10.060) declarando su inconstitucionalidad…”.

De las propias manifestaciones vertidas por la contraria, surge de un modo notorio que, no cumple con los requisitos exigidos para la procedencia de toda acción de amparo, (puesto que resulta contradictorio) ya que se manifiesta: “… que por la vía del amparo, puede pedirse y lograr que un tribunal declare la inconstitucionalidad de una ley sancionada por la legislatura, aún cuando la misma no nos haya conculcado a la fecha la garantía constitucional que pretendemos proteger, no obstante lo cual es evidente que existe inminencia en la lesión en tanto la propia ley nos exige que dentro de un plazo perentorio nos sometamos a ella y desmembra nuestra entidad…”.

De los dichos de los amparistas surge que la lesión a supuestos derechos constitucionales que invocan, no es tal, pues no se han conculcado derechos actuales, y que tampoco es inminente, contrariando lo establecido en forma expresa por la Constitución Nacional en su art. 43 y la Constitución Provincial art. 48, ambos fuentes de la acción de amparo, lo que evidencia la improcedencia de la medida articulada.

Como es lógico, la acción que se intenta debe ser la idónea, supuesto que no se da en la presente causa, y ello queda ratificado por un reciente fallo, el que expresa:“…No puede confundirse “medio judicial más idóneo”, con solución más rápida del pleito. De lo contrario, cualquier pretensión con algún basamento constitucional –y todas la tienen- sería viabilizada por el amparo, ordinarizando un procedimiento que es de excepción…”. En autos, lo notorio y evidente es que, no se advierte donde se encuentran o podrían encontrarse conculcados derechos de los actores, eso es a ejercer libremente una industria lícita (ejercer el comercio en Whiskería –Hotel) y a ejercer la prostitución. De lo que se colige que, el Estado Provincial, conforme sus propias pautas de organización, adoptadas en virtud de la autonomía que le otorga el artículo 5º de la Constitución Nacional y las facultades que mantiene para sí, “puede” (potestativo-facultativo) dictar leyes con la finalidad de combatir el flagelo de la Trata de Personas con fines de explotación sexual bajo cualquier forma, modalidad o denominación, tal como lo hizo con el dictado de la ley 10.060. Tal disposición arraiga en la misma Constitución Nacional, en los artículos: 1º, (en lo referido al sistema federal de gobierno); 5º (autonomía de las Provincias); 121º (conservación por parte de las Provincias, de todo poder no delegado, al gobierno nacional). Este Poder de Policía es un derecho incontrovertible de toda sociedad jurídicamente organizada, esencial a su propia conservación y defensa, y pertenece a todo Gobierno constituido –sea de la Nación, sea de las Provincias- para asegurar el logro de los fines sociales mediante el uso de los medios que a ese efecto sean adecuados. En nuestro derecho nacional, el fundamento jurídico del Poder de Policía radica en el carácter relativo, y en modo alguno absoluto, de las prerrogativas del individuo. Desde que la Policía aparezca esencialmente un poder de reglamentación del ejercicio de los derechos y deberes constitucionales de los habitantes, va de suyo que el fundamento positivo de ese poder es el artículo 14 de la Ley Suprema, en cuanto dispone que “… todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio…”.En realidad, lo que se ataca en esta acción de amparo, es la facultad de ejercer el poder de policía seguridad para la cual está facultada para su ejercicio mí representada todo lo cual de admitirse, además, de exceder la vía del amparo, constituiría una afrenta seria y palmaria del principio constitucional de la división y equilibrio de los poderes, pilar del sistema republicano de gobierno.

No concurre en autos el requisito previsto por el Art. 43 de la Constitución Nacional y el Art. 1º de la Ley Nº 4915 para la procedencia de esta acción, esto es que el acto de nuestra representada haya “restringido, alterado o amenazado” con ilegalidad manifiesta derechos o garantías constitucionales de la amparista. La supuesta violación de los derechos constitucionales que menciona la contraria, el de ejercer una industria lícita y trabajar (en actividad lícita) no es tal, ya que conforme surge de las normas citadas, es decir: artículos 1º, 5º y 121 (antes 104) de la CN., se advierte en modo categórico que la pretensión de la parte actora aparece a todas luces ilegal, habida cuenta que las normas en las que pretende sustentarla, emergen inaplicables, siendo además función propia del Estado Provincial (ya que deriva de la propia Constitución Provincial) proceder al dictado de la Ley Nº 10.060 (Lucha contra la Trata de Personas –Contención y Recuperación de las Víctimas de la Explotación Sexual), ello conforme a lo normado por el Art. 37 de la C.P., en lo referente a los poderes no delegados, y a la doctrina, en especial lo que expresa el Dr. Mosset Iturraspe en su obra según se verá infra. Se puede afirmar entonces que la Ley Nº 10.060 se encuentra dictada en una total armonía con la Constitución Nacional, al establecer el marco regulatorio en la lucha contra la trata de personas y la contención y recuperación de las víctimas de la explotación sexual en el ámbito de la Provincia de Córdoba, lo cual viene a resultar en una derivación lógica del esquema constitucional vigente. En consecuencia, siendo ello así, no existe impedimento alguno que obstaculice el ejercicio de la Ley Nº 10.060, lo cual no constituye sino el ejercicio del poder de policía sobre las profesiones, que como quedó dicho, corresponde a las Provincias, por ser ésta una facultad no delegada a la Nación.

A mayor abundamiento, podemos reseñar los antecedentes legislativos y doctrinarios del tema que nos ocupa. Luego, citan doctrina y jurisprudencia para reforzar lo expuesto. Continúan, contestando en forma expresa todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la actora en la demanda, demostrando la improcedencia de la acción y solicitan la desestimación en relación al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 de la Ley 10.060, expresando los motivos de la solicitud y citando doctrina para el caso señalado. Finalmente dejan planteado el caso federal para acudir ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la nación por vía del Recurso Extraordinario previsto en el art. 14 de la Ley 48. Dictado y firme el decreto de autos quedan los presentes en estado de resolver.

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