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NOTICIAS ALIADAS

Vol. 45, Nº 2, Febrero 6, 2008

ISSN 1563-2458

Directora de prensa: Elsa Chanduví Jaña (echanduvi@comunicacionesaliadas.org)

Editoras: Cecilia Remón Arnáiz, Leslie Josephs

Editor gráfico: William Chico Colugna



Chile: Hambre de justicia

COLOMBIA: “Lo nuestro es por plata”

EL CARIBE: La hora de Petrocaribe

Perú: Todo acusa a Fujimori

BOLIVIA: “No formamos futbolistas sino ciudadanos responsables”

ARGENTINA: Al rescate de poblados en extinción

EL SALVADOR: No se perciben beneficios de TLC

URUGUAY: Legalizan uniones libres

AMÉRICA LATINA: Lenta reducción del desempleo

ECUADOR:

Al rescate del quichua

CHILE

Benjamin Witte desde Santiago


Hambre de justicia
Muerte de activista y huelga de hambre intensifican conflicto mapuche.
En lo que parecía ser un momento decisivo en el centenario conflicto entre el Estado chileno y la comunidad indígena mapuche, en setiembre pasado Chile se sumó a otras 142 naciones al ratificar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La declaración otorga a los pueblos originarios el derecho a la libre determinación y el autogobierno en asuntos relativos a sus asuntos internos y locales.

Pero cuatro meses después de ratificarse la declaración, el antagonismo contra la comunidad mapuche ha empeorado con el reciente asesinato de un activista mapuche a manos de la Policía, que puso una vez más en el primer plano nacional esta lucha social y política.

En la madrugada del 3 de enero, un grupo de unos 30 activistas mapuche de la sureña IX Región de la Araucanía intentó ocupar un predio agrícola situado a unos 35 km al sudoeste de Temuco, la capital regional (667 km al sur de Santiago). Allí se toparon con carabineros armados, quienes abrieron fuego contra los activistas, matando al estudiante universitario Matías Valentín Catrileo Quezada, de 22 años. Más tarde la Policía confirmó que recibió un balazo en la espalda.
Criminalización de protesta social

El incidente desató protestas en todo el sur de Chile, donde vive un gran porcentaje de los 800,000 mapuche que se estima existen en el país, así como en Santiago, donde el 4 de enero la Policía arrestó a decenas de manifestantes y lanzó chorros de agua con químicos para dispersar a la multitud en el centro de la ciudad. Varios días después los carabineros arrestaron a la madre y hermana de Catrileo durante una manifestación en Temuco.

“Se trata de una situación lamentable, pero que no resulta extraña dado el contexto de criminalización de la protesta social mapuche vivido en los últimos años”, dice José Aylwin, codirector de la organización Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. “Una de esas manifestaciones ha sido la persecución judicial de los líderes mapuche involucrados en las protestas por sus tierras, que se ha traducido en el encarcelamiento de sus dirigentes en base a legislación antiterrorista [lo cual] ha sido cuestionado por organismos de derechos humanos”.

De hecho, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos (2000-2006), los tribunales empezaron a aplicar una ley antiterrorista a casos de mapuche acusados de actos de violencia contra propiedad privada (NA, Nov. 17, 2004 y Set. 20, 2006). La ley, que data de 1984, fue concebida para reprimir a grupos políticos armados involucrados en secuestros, ataques a comisarías y asesinatos.

Según la organización Human Rights Watch (HRW), la ley antiterrorista es la “más dura” de todas las normas chilenas.

“Duplica las condenas normales para algunos delitos, dificulta la libertad provisional, permite que el Ministerio Público retenga pruebas a la defensa durante un plazo de hasta seis meses y que los acusados sean condenados basándose en el testimonio de testigos anónimos. Estos testigos comparecen en el juicio detrás de una pantalla para que los acusados y el público no puedan verlos”, observa un informe del 2004 de HRW.

Luego de la elección de Michelle Bachelet a la presidencia en el 2006 (NA, Ene. 25, 2006), el gobierno varió de postura, declarando que sólo aplicaría la ley antiterrorista a casos que implicaran violencia contra personas, no contra la propiedad. Sin embargo, el resentimiento continúa acumulándose en los más de 10 prisioneros que están cumpliendo actualmente penas de prisión dictadas con arreglo a esta ley de los tiempos del dictador Augusto Pinochet (1973-90).

“La aplicación de la ley antiterrorista en los casos anteriores posiblemente es inapropiado, e injusta en este caso, porque se trata de acciones de resistencia”, dice Sergio Laurenti, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. “La aplicación de la ley antiterrorista ha sido incorrecta. Esto hace interpretar que las acciones de los mapuches son terrorismo doméstico. Lo que es muy grave, porque no es de esa naturaleza el tipo de resistencia que han opuesto”.


Por la liberación de presos políticos

Una de esos “terroristas domésticos” es Patricia Troncoso Robles, también conocida como “La Chepa”, que fue arrestada en el 2002 y —más de un año después— sentenciada a 10 años y un día por su participación en la quema de casi 100 Ha de plantaciones de pino pertenecientes al poderoso conglomerado Matte.

El 10 de octubre del 2007, Troncoso y otros cuatro prisioneros, José Huenchunao, Juan Millalén, Jaime Marileo y Héctor Llaitul, iniciaron una huelga de hambre para llamar la atención sobre su situación. Sosteniendo que la ley antiterrorista nunca debió haberse aplicado en su caso, los huelguistas demandan la liberación de todos los prisioneros políticos mapuche.

Huenchunao, Millalén y Marileo terminaron su ayuno el 14 de diciembre. Unos días después, los otros dos huelguistas, que para entonces habían perdido más de 25 kg cada uno, fueron transferidos a un hospital cercano. Llaitul rompió su ayuno a inicios de enero, después de 81 días. Pero Troncoso se negó a levantar la huelga.

Cuando la huelga llegaba a los 100 días, la preocupación pública por la suerte de La Chepa no hizo más que acrecentar lo que está en juego en una peligrosa confrontación ya exacerbada por la muerte del joven Catrileo. Las manifestaciones continuaron en todo el país, y el 24 de enero el ex candidato presidencial Tomás Hirsh, del Partido Humanista, encabezó una toma pacífica de la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Santiago. La misma semana, los médicos empezaron a alimentar a la fuerza a Troncoso por vía intravenosa.

Cuatro días después, con la Iglesia Católica como mediadora, Troncoso finalmente aceptó terminar su huelga de hambre de 110 días después que funcionaros del gobierno acordaron darles a ella y otros dos compañeros prisioneros (Millalén y Marileo) permisos los fines de semana y la oportunidad de concluir sus sentencias de prisión en un centro especial de trabajo y educación.

“Es un hecho muy repudiable”, dice Raúl Cariñe, del grupo mapuche Meli Wixan Pau (“De los Cuatro Puntos de la Tierra”), “el hecho de que nuestros hermanos, nuestros presos políticos deban someter sus cuerpos a esta medida de presión para poder hacer que el Estado se pronuncie con respecto a las demandas de nuestro pueblo”.

La presidenta Bachelet respondió a la crisis designando un comité interministerial encabezado por el recién nombrado ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma. El comité especial, integrado también por el ministro de Planificación y el secretario general de la Presidencia, promete estudiar la situación y presentar una lista de recomendaciones.



COLOMBIA

Jenny Manrique desde Bogotá


“Lo nuestro es por plata”
Secuestrados económicos, los olvidados en negociaciones humanitarias.
El 27 de diciembre, mientras el mundo aguardaba la liberación de las rehenes políticas Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo —quienes el 10 de enero fueron entregadas por las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras permanecer seis años en su poder—, un grupo de soldados junto con el abogado Gustavo Muñoz, director de la Fundación Nueva Esperanza de Secuestrados, se adentraba en las selvas del sureño departamento de Caquetá para rescatar los cadáveres de seis plagiados que murieron a manos de ese grupo subversivo.

Tras un año de búsqueda los cuerpos sin vida de seis colombianos fueron hallados en tres fosas comunes con signos de haber muerto a golpes y garrotazos. Su secuestro había tenido un móvil extorsivo económico y por tanto sus nombres no eran parte de ninguna propuesta de intercambio humanitario.

Según Muñoz, durante el 2006, 35 plagiados por estos motivos fueron asesinados en cautiverio a manos de las FARC.

“En este momento los secuestrados económicos tienen sentencia de muerte”, afirmó Muñoz. “El modus operandi de las FARC es obligar a los secuestrados a grabar pruebas de supervivencia a futuro para seguir extorsionando aun cuando ya han matado al cautivo. Cuando éstas se les acaban comienzan a cobrar hasta 20 millones de pesos (US$10,000) por devolver el cadáver”.


Más de 3,000 secuestrados

Desde el 2000 la Fundación Nueva Esperanza tomó las banderas de miles de familias cuya única salida para volver a ver a sus seres queridos es pagar millonarias sumas a los grupos subversivos por su rescate. En esta situación se encuentran 750 plagiados en manos de las FARC y 550 en poder del segundo grupo guerrillero colombiano, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras 400 familias fueron extorsionadas por años por los paramilitares, para enterarse por confesión de Salvatore Mancuso, tras su desmovilización a fines del 2004 (NA, Dic. 1, 2004), que todos los plagiados habían sido asesinados en cautiverio.

Las cifras entregadas por Muñoz hablan de 3,820 ciudadanos que aún están en la selva, la mayoría de ellos sin haberse determinado los autores de su secuestro. El gubernamental Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad) sostiene que son 3,134 los plagiados.

“Llevamos más de tres años pidiendo que estos casos se incluyan en el acuerdo humanitario. En el 2005 entregamos junto con el ex presidente [Julio César] Turbay [1978-82] una propuesta al gobierno [del presidente Álvaro] Uribe que incluía que por cada guerrillero que saliera de la cárcel, se entregara a un secuestrado político y 100 extorsivos. Nunca tuvimos respuesta y tras la muerte de Turbay [setiembre del 2005], todo se congeló”, explicó.

Sin embargo, Muñoz, quien en el 2003 fue nombrado miembro del Consejo Nacional de Paz, logró la aprobación en el 2005 de la Ley 986 que protege a las víctimas de este crimen de lesa humanidad y a sus familias.

Esta legislación obliga a los empleadores a continuar pagando a los familiares a través de bancos del Estado el salario que devengaban las personas secuestradas, y a las entidades financieras a otorgar préstamos hasta por 200 millones de pesos ($100,000) para que en ausencia de sus seres queridos, las familias puedan generar ingresos con proyectos productivos.

También contempla la congelación del pago de servicios públicos, deudas hipotecarias, impuestos y demás obligaciones monetarias contraídas, hasta que la persona plagiada aparezca viva o muerta, caso último en el que la deuda fenece. La Fundación Nueva Esperanza estima en cerca de 4,000 las familias beneficiadas por esta ley.
Hablan los familiares

“El Estado es indolente mientras uno recibe múltiples presiones: la del frente guerrillero al teléfono y la de los acreedores que se olvidan que el deudor ya no está, que no hay ingresos, ni salarios, ni trabajador. Si no fuera por una tutela que yo puse al Estado hubiera sido embargada por la DIAN [Dirección de Impuestos y Aduanas[”, asevera Mariela, quien pidió mantener su verdadero nombre en reserva y cuyo marido estuvo secuestrado por cinco años, durante los cuales pagó altas sumas de dinero por recibir pruebas de supervivencia que mantenían viva su esperanza.

“Mi ilusión se centraba en las llamadas tras las que había siempre una nueva exigencia. A los familiares no nos queda otra que endeudarnos porque cuando uno tiene a alguien secuestrado, agota los recursos humanos, recurre a todo el mundo, hace todo para que vuelva”, relata.

“Para nosotros sigue siendo una utopía que incluyan a los secuestrados económicos en un intercambio humanitario”, dice. “FARC y gobierno se exigen cosas sin tenernos en cuenta. Estamos desamparados porque hasta para negociar, necesitamos mediadores y ellos cobran. Lo nuestro es por plata [dinero]”.

Hace más de dos años Arturo, un industrial del calzado que también pidió no ser identificado, pagó 500 millones de pesos ($250,000) por el rescate de su hijo de quien recibió siete pruebas de supervivencia durante sendos meses. Luego, por informaciones de un reinsertado que lo condujo a la fosa donde se hallaba su cadáver, se enteró que el joven sólo había permanecido con vida ocho días.

“Es inhumano lo que hacen las FARC pero también lo que hace el gobierno. Nuestros familiares no estuvieron ni estarán en las negociaciones como si los secuestrados tuvieran más valor unos que otros. En la selva no hay preferencias, tratos, ni distinción de ningún tipo porque sea hijo de militar, negro o blanco”, opina Arturo.



EL CARIBE

Lucila Horta desde La Habana


La hora de Petrocaribe
Acuerdo de cooperación energética se fortalece.
Con la incorporación de Honduras durante la IV Cumbre de Petrocaribe, realizada en la ciudad de Cienfuegos, Cuba, el 21 y 22 de diciembre, son 17 las naciones integrantes de este acuerdo regional impulsado por Venezuela que favorece el suministro de petróleo a precios diferenciados del mercado, con facilidades de pago, en momentos en que el precio del barril bordea los US$90.

Petrocaribe es un acuerdo de cooperación energética concebido como organismo multilateral enfilado a disminuir las asimetrías en el acceso a los hidrocarburos, a través de un esquema de intercambio “favorable, equitativo y justo entre los países de la región”.

Surgió el 29 de junio del 2005, en su primera reunión en Puerto La Cruz, Venezuela, con la participación de 14 países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y el país anfitrión (NA, Oct. 5, 2005). A ellos se añadieron en la III Cumbre, en agosto del 2007, Haití y Nicaragua.

En la IV Cumbre participaron como invitados Barbados, Guatemala y Trinidad y Tobago, y organizaciones regionales tales como la Comunidad del Caribe y la Organización de Estados del Caribe Oriental.

Entre las buenas nuevas de la cita estuvo el anuncio de que una parte de la factura podrá ser amortizada con bienes locales o servicios de las naciones participantes, fórmula que ya existe entre Argentina, Cuba, Uruguay y Venezuela.

“Se plantea proponer acciones para concretar mecanismos de compensación del pago”, dijo en esa ocasión el presidente Hugo Chávez, aclarando que los primeros favorecidos serán los países que comienzan a pagar en el 2008 y deben en total $1 millardo. Entre ellos está República Dominicana que recibe unos 35,000 barriles diarios.


Energía alternativa

Otro anuncio ventajoso fue alentar el desarrollo de fuentes de energía alternativas (solar, geotérmica o eólica). Hay avances, como los ejecutados en 13 países del pacto, sustituyendo bombillas incandescente por otras de menor consumo energético, o la construcción y puesta en explotación de unos 1,000 megavatios de nueva generación, empleando grupos electrógenos diesel y fuel oil para la rehabilitación de redes eléctricas, partiendo de la experiencia cubana en ese terreno.

Durante la cumbre se acordó crear un fondo común para otorgar créditos que permitan implementar esos proyectos de energía alternativa con rapidez.

Otra resolución incluye usar la refinería de Cienfuegos para abastecer de petróleo procesado o sus derivados a varios países de la región. Esa planta cerró en 1990 debido a la falta abrupta de suministros, ocurrida con la desaparición de la Unión Soviética. Hasta hace 18 meses sólo recibió mantenimiento para evitar su deterioro, pero en el 2006 se hizo una inversión de $83 millones, a través de una empresa mixta cubano-venezolana, para modernizar su tecnología y particularidades que permitirán el procesamiento de 65,000 barriles diarios en una primera etapa y 150,000 más adelante.

Las naciones receptoras deben acelerar los trabajos para extender sus capacidades de almacenamiento del combustible. Venezuela produce 3 millones de barriles al día y ha destinado 102,000 barriles diarios para la región, pero sólo está distribuyendo 53,000 debido a la falta de infraestructura.

Otros planes de Petrocaribe ya están en marcha, como la recién inaugurada fábrica de bombonas de gas licuado en San Vicente —con una producción de 20,000 unidades diarias— que le permite convertirse en exportador, o las “petrocasas”, viviendas hechas con materiales obtenidos del petróleo.


Petrocasas”

Las primeras 100 se inauguraron en el mismo polo industrial de Cienfuegos. Igualmente se construyeron 150 en el Perú en la zona afectada por el terremoto del pasado 15 de agosto (NA, Set. 5, 2007) y se prevé hacerlas este año en República Dominicana.

De igual forma se dará inicio en León, Nicaragua, a la edificación de una refinería, la primera de alrededor de 10 a crear o ampliar en varios puntos de América Latina y el Caribe.

En la fundación misma de Petrocaribe, fruto de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), se incluyó el Fondo ALBA-Caribe como gestor material de estos programas, partiendo del ahorro generado por el financiamiento de la factura petrolera y el comercio directo. Activado por Venezuela inicialmente con $50 millones, elevados a más de $100 millones después, está siendo utilizado en provecho de Antigua y Barbuda, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Haití, Nicaragua, San Cristóbal y Nevis, y San Vicente y las Granadinas.

Ese patrimonio tiene como prioridad contribuir al desarrollo de los países caribeños mediante obras sociales, buscando reducir la pobreza con oportunidades de empleo e ingresos, así como “incrementar las garantías en materia de seguridad energética y contribuir con un medio ambiente más sano”, consigna su base programática.

Petrocaribe establece un financiamiento a largo plazo del 30% cuando el barril tenga un precio mayor o igual a $40, de 40% si alcanza los $50, y 50% si el precio llega a los $100. El periodo de gracia para este financiamiento se extiende de uno a dos años. Los pagos diferidos pueden extenderse a 17 años, pero si los precios rebasan los $40 dólares por barril, el periodo de pago se aumenta a 25 años y el interés se reduce al 1%.



PERÚ

Kelly Phenicie desde Lima


Todo acusa a Fujimori
Testigos presentan demoledores testimonios contra ex presidente.
El juicio por violaciones a los derechos humanos al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) avanza rápido en su segundo mes, todo un hito para activistas de derechos humanos que buscaron por mucho tiempo llevar al ex mandatario ante la justicia por crímenes cometidos durante sus dos gobiernos consecutivos.

Fujimori podría ser condenado a 30 años de cárcel si es encontrado culpable de haber dado luz verde a dos matanzas perpetradas por un escuadrón de la muerte y dos secuestros.

De hecho, más de 30 testigos han declarado en las ocho primeras semanas del juicio que se inició el 10 de diciembre pasado. Pero algunos activistas reclaman que aliados de Fujimori están sobrepasándose con intimidaciones a familiares de las víctimas del gobierno del acusado.

A principios de enero, diarios locales informaron que Gloria Cano, abogada de los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos —en la que fueron asesinadas 15 personas, incluido un niño de 8 años, en 1991— y La Cantuta —ocurrida en 1992 y en la que fueron asesinados nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación de La Cantuta—, así como el fiscal Avelino Guillén, habían recibido amenazas de muerte por su papel en el juicio.

También Norma Espinoza, testigo del caso de La Cantuta, denunció haber recibido amenazas telefónicas luego de haber brindado su declaración. El suboficial del Ejército Pedro Supo Sánchez, ex integrante del Grupo Colina, escuadrón de la muerte que cometió las masacres, dijo en su testimonio el 28 de enero que era la primera vez que se sentía seguro hablando abiertamente sobre lo que sabía. Supo afirmó que su familia ha sido blanco de ataques desde el 2000 y sólo ahora, con ellos fuera de Lima, siente que puede hablar.

Políticos aliados de Fujimori, así como su abogado César Nakazaki, han negado que el fujimorismo esté detrás de esas amenazas.


¿Todo queda en familia?

Una serie de hechos han provocado que algunos peruanos consideren que seguidores de Fujimori estén tratando de “politizar” el juicio al imponer consideraciones políticas al Poder Judicial.

La legisladora Keiko Fujimori, hija mayor del acusado, anunció recientemente planes para formar un nuevo partido fujimorista, Fuerza 2011, en preparación para las próximas elecciones presidenciales. También declaró a la prensa que no descartaba postular a la presidencia.

Durante una reciente aparición en el programa televisivo dominical “Cuarto Poder”, Kenji Fujimori, el hijo menor, afirmó que si los fujimoristas recolectaban el millón de firmas necesarias para legalizar su nuevo partido, eso significaría “un pasaporte a la libertad” de su padre.

Santiago Fujimori, hermano del ex presidente, explicó el comentario de su sobrino a una radio local señalando que un fallo condenatorio significaría “guerra civil”.

El director del diario Perú 21, Augusto Álvarez Rodrich, especulaba en una reciente columna de que hay dos razones para el nuevo partido: “mostrarle al país un respaldo político a su gestión pasada”, lo cual demostraría a la Corte Suprema el apoyo del país hacia el acusado. “El otro objetivo, señalado más claramente por Kenji, es ganar la presidencia en el año 2011 y que, luego, su hermana Keiko decida el indulto de su padre”.

Sin embargo, las posibilidades de que Fujimori sea encontrado inocente de los casos de derechos humanos son pocas. Declaraciones de testigos —especialmente de los integrantes del Grupo Colina— no han sido positivas para el ex presidente, quien ya ha sido sentenciado a seis años de cárcel por el allanamiento ilegal del domicilio de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos, su asesor en asuntos de seguridad.

“Ni los testigos presentados por la defensa lo están ayudando”, dijo Álvarez Rodrich.

Julio Chuqui Aguirre, también miembro del Grupo Colina, testificó recientemente que él sabe que Fujimori estaba al tanto de la masacre de Barrios Altos porque el jefe del grupo dijo antes de los hechos: “Ya tengo la luz verde del Chino”, en referencia al sobrenombre popular del ex presidente.
Tensiones en la sala

Tampoco es fácil el ambiente dentro de la sala donde se está llevando a cabo el juicio, tanto para los seguidores de Fujimori como para los familiares de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.

Gisela Ortiz, hermana de uno de los nueve estudiantes de La Cantuta, y vocera de los familiares de las víctimas, dijo en una entrevista que “el clima dentro de la sala ha sido difícil porque los fujimoristas hacen comentarios hirientes sobre nuestros familiares como llamarlos terroristas o sobre nosotros en voz alta como para que podamos escucharlos”.

En vista que la sala está dividida por una pared con una ventana de vidrio, que separa a los participantes del juicio de los asistentes, ni siquiera los jueces, abogados ni el propio acusado son capaces de escuchar lo que se dice en el cuarto de observación.

Ortiz afirmó que durante el testimonio de una de las víctimas, cuando algún miembro de la sala hacía mención a los estudiantes y el profesor, la ex congresista fujimorista Carmen Lozada de Gamboa, decía “los terroristas, porque eran terroristas” o “eran terroristas, pues, había que matarlos”.

El congresista fujimorista Carlos Raffo, quien también ha asistido a las audiencias, niega las acusaciones. Sostiene que organizaciones de derechos humanos están tratando de manchar la reputación de los fujimoristas haciéndolos aparecer como “agresivos”.

Además, Raffo dice que las acusaciones contra su líder no han sido probadas y que la Policía y miembros de seguridad dentro de la sala también han negado las afirmaciones de los familiares.

“Puede sonar utópico, pero espero que cambien de actitud y aprendamos todos de esta experiencia dolorosa”, dijo Ortiz.



BOLIVIA

Martin Garat desde Santa Cruz de la Sierra


“No formamos futbolistas sino ciudadanos responsables”
Escuela de fútbol callejero promueve el diálogo y no violencia.
“¡Pásala a Rosita!”, grita uno de los jugadores. Pero la pelota rebota mal en el césped, sale por el costado y provoca una risotada general en la pequeña cancha del barrio San Isidro.

La zona es una de las más pobres de la oriental Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada de Bolivia y capital del rico departamento de Santa Cruz. Casi todas las calles son de barro y se convierten en fango en las épocas de lluvia.

Aunque juegan en una cancha, los jóvenes practican “fútbol callejero”, un concepto que está ganando importancia en América Latina y que promueve el diálogo y la resolución de conflictos sin violencia.

“Antes de cada partido los jugadores pactan las reglas: cómo serán sancionadas las faltas, los límites de la cancha —si se juega en campo abierto—, etc. Si surge un conflicto durante el partido, los equipos deben resolverlo con la ayuda de un mediador. No hay árbitros, justamente para obligarlos a negociar y buscar acuerdos. Después de cada partido nos reunimos con los chicos para analizar su actuación: si cumplieron con las reglas, si jugaron limpio y si fueron solidarios con todos los integrantes de su equipo”, explica el coordinador del Centro Cultural San Isidro (CCSI), Juan Pablo Sejas.

Otro principio importante es la igualdad entre hombres y mujeres. Uno de los cinco integrantes de cada equipo tiene que ser mujer.

“Si alguien no me quiere pasar la pelota porque soy mujer, después del partido lo hablamos y la persona que no fue solidaria se ve obligada a reflexionar”, explica Gabriela, de 13 años, que espera su turno para entrar a la cancha.

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