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Única Instancia 37. 915 República de Colombia Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo Corte Suprema de Justicia


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Única Instancia 37.915

República de Colombia Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo



Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL
Aprobado acta No. 263
Bogotá, D. C., catorce (14) de agosto de dos mil trece (2013).



  1. A S U N T O

Luego de celebrada la diligencia de audiencia pública, corresponde a la Corte dictar sentencia dentro del juicio adelantado contra el ex Gobernador de Santander HUGO HELIODORO AGUILAR NARANJO.





  1. H E C H O S

El fallo tiene como fundamento los cargos elevados en contra del Coronel (r) AGUILAR NARANJO por haberse aliado con miembros de las autodefensas que operaban en el Departamento para la época de las elecciones 2003 con miras a ser elegido Gobernador de Santander -como en efecto lo fue-, posición desde la cual nombró a Bonel Patiño Noreña como Secretario de Educación para cumplir compromisos adquiridos con esa organización.

En aquel entonces militaban en Santander, entre otros, los Frentes “Isidro Carreño”, “Cacique Guanentá” y “Lanceros de Vélez” que hicieron parte del Bloque Central Bolívar -“BCB”- y/o de las autodefensas campesinas de Puerto Boyacá -“ACPB”-, que se dividieron el territorio departamental para desarrollar su proyecto político cuya finalidad era posicionar aliados en todos los niveles de la administración, incluidos los cargos de elección popular, con el ánimo de expandir su área de influencia y tener voceros en los altos cargos con poder de decisión a nivel regional y nacional.
Esa tarea la cumplen luego de su asentamiento en dicha región a finales de la década del primer milenio y comienzos del segundo, cuando militarmente aparecen las estructuras de autodefensas del Bloque Central Bolívar y de Puerto Boyacá encargadas de contrarrestar las acciones de la guerrilla que con antelación tenían azotadas las instituciones públicas y privadas de la zona, hasta lograr su afianzamiento evidenciándose la presencia y el control de los paramilitares en diferentes municipios a través de la intimidación armada de sus habitantes, copando así los sectores económicos y sociales de la misma.

III. FILIACIÓN DEL ACUSADO
HUGO HELIODORO AGUILAR NARANJO se identifica con la cédula de ciudadanía número 19.320.312 de Bogotá, nació en Chitaraque (Boyacá) el 4 de enero de 1955, hijo de Blanca Naranjo Coronado y Ciro Aguilar Garavito, casado, Coronel retirado de la Policía Nacional, ex Diputado a la Asamblea de Santander y ex Gobernador del mismo Departamento.



  1. ACTUACIÓN PROCESAL

El Fiscal General de la Nación abrió investigación previa con resolución del 2 de agosto de 20071 y, una vez evacuadas varias diligencias, el 24 de noviembre de 2008 formalmente dio inicio la instrucción en contra del imputado2 y vinculó al Coronel (r) mediante indagatoria3, a quien le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin excarcelación, por el delito de concierto para delinquir agravado, con providencia de 29 de junio de 20114.


Una vez clausurado el ciclo instructivo5, con resolución del 31 de octubre de 2011 acusó al procesado como presunto autor responsable del delito de concierto para delinquir agravado (artículo 340 inciso 2º de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8 de la Ley 733 de 2002), con la circunstancia genérica de agravación prevista en el numeral 9 del artículo 58 ídem6, la cual fue objeto del recurso de reposición por la defensa, pero al desistir del mismo se declaró ejecutoriada la decisión y se ordenó remitir lo actuado ante esta Corporación7.
Al iniciar la etapa de juzgamiento la defensa recusó a la mayoría de los Magistrados integrantes de la Sala, quienes rechazaron la causal impetrada (artículo 99.4 de la Ley 600 de 2000)8, y, con auto del 2 de marzo de 2012, la Sala de Conjueces que fue necesario convocar declaró infundada la recusación presentada9; motivo por el cual prosiguió el trámite de la causa con la realización de las audiencias preparatoria y pública, en cuyo desarrollo, una vez practicadas las pruebas que fueron ordenadas en la primera, los sujetos procesales hicieron sus intervenciones formulando cada uno sus pretensiones como sigue.

V. ALEGATOS DE LOS SUJETOS PROCESALES
a.- La Fiscalía
Solicita proferir en contra del acusado sentencia condenatoria por obrar prueba que conduce a la certeza de la conducta punible y de su responsabilidad.
Tiene como sustento el recuento de los anónimos, denuncias, informes de policía judicial, sentencias disciplinarias y copias de procesos judiciales, así como de la prueba incorporada a la actuación, argumentando que aquella en la cual se fundamentó la acusación fue fortalecida con el recaudo probatorio del juicio.
Advierte cómo la declaración rendida en la instrucción por Bonel Patiño Noreña, quien aseguró haber sido contactado por su amigo de antaño el jefe político del “BCB” Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”, a finales de 2003, manifestándole que esa organización había sido definitiva en la campaña del acusado a la Gobernación y lo invitó a colaborar en la Secretaría de Educación que se le ofreció en contraprestación del apoyo; fue confirmada en el juicio con el testimonio de Pablo Hernán Sierra García, comandante del Bloque “Cacique Pipintá” de las autodefensas del “BCB” por aquel entonces, quien adujo haber presenciado una reunión sostenida entre Duque Gaviria y Patiño Noreña en la que hablaban dicho tema y que después se había concretado tal nombramiento.
La constancia dejada en el Acta 049 del 24 de agosto de 2007 del Concejo Municipal de Contratación (Santander) por el concejal Enrique Guerrero, en el sentido de que no se sabía si el candidato a la Gobernación era Hugo Aguilar o los alias “Botalón”, “Nicolàs”, “el Tigre”, o “Macancan”, puesto que aquél había entrado a Puerto Nuevo “guardiado” por los paramilitares, lo cual reiteró en entrevista judicial y en declaración posterior, no obstante intentar acomodarlo al rendir testimonio en el juicio, se aviene con lo que surge de sus manifestaciones, esto es, que por la época de la campaña el procesado llegó a Santa Helena del Opón donde había muchas camionetas de paramilitares armados y uniformados, quienes instaban votar a su favor, refiriendo la presencia de los comandantes “Nicolás”, “el Tigre”, “Macancan” y Heidelbergth Mendoza.
Advierte que la estadía de grupos de autodefensa en el Departamento de Santander y su influencia en el escenario político de la región está acreditada en el proceso no solamente con las declaraciones de Carlos Alirio Atuesta Ardua, Jesús Alonso Sanabria, José Agustín Quecho Angarita, Leonel Uribe Hernández, Luis Francisco Guarín, Rogelio Adolfo Scarpeta, Juan Fernando Morales Ballesteros, Orlando Morales Murillo, Rubén Darío Sánchez, Carlos Reinaldo Higuera Escalante, Alberto González, Hermes Guillermo Corena, Jesús Salazar Anzola, Bonel Patiño Noreña, Rodrigo Pérez Alzate, Iván Roberto Duque Gaviria, el General Hipólito Herrera Carreño; con la referencia que a ello hacen un gran número de políticos de la zona, que son los llamados a tener información privilegiada al respecto, ex militantes de las autodefensas y el Coronel del ejército Julio César Prieto Rivera, a quien le correspondió asumir la seguridad en parte del Departamento por la época, además de la prueba documental, mediante la cual se allegó la orden de batalla del “BCB” y su “Régimen Disciplinario Interno” que precisa las zonas de influencia, así como la relación de las estructuras que delinquieron en Santander.
Destaca, dentro de la prueba testimonial recogida, las declaraciones de José Agustín Quecho Angarita, Leonel Uribe Hernández, Robinson Rueda Vargas, Tiberio Villareal Ramos, Rogelio Adolfo Scarpeta, Morgan Egea Sánchez y David Hernández López, quienes relatan el dominio que las autodefensas tenían de la zona, las reuniones a las que convocaban, la presencia del procesado a algunas de ellas, así como las amenazas y coacción que hicieron para que se votara a favor de los candidatos del partido Convergencia Ciudadana.
En relación con el testimonio de Iván Roberto Duque Gaviria, aduce que confirma que en el área del Magdalena medio santandereano, como en el resto del país sometido al grupo dominante de la época, los políticos eran conocedores de esa realidad y no podían deslindar su actividad de ello, motivo por el cual contactaron a las autodefensas en regiones como el sur de Bolívar y Santander, dado que tenían el control político, financiero, militar y social de la región, como en su caso lo hizo el ex Senador Gil Castillo; mientras que de sus afirmaciones en el juicio rescata:

a) Que en el bajo Cauca antioqueño estaba el búnker de Carlos Mario Jiménez alias “Macaco” y que si bien concurrió a reuniones allí, no recuerda haber coincidido con el procesado, como lo asegura David Hernández López, a quien reconoce como uno de sus alumnos en los cursos de comisarios políticos que dictó;

b) No saber si los comisarios políticos respaldaron a determinado candidato a la Gobernación de Santander 2003, aunque afirma que no cesaron en su actividad;

c) Que en San Rafael de Lebrija hizo varias reuniones políticas y que era un “Vaticano de las autodefensas” en Santander, puesto que allí operaba una especie de comando general, lo cual era conocido ampliamente por las autoridades, al punto de afirmar que no se movía un hoja en Santander sin el conocimiento y aceptación de las autodefensas, por lo que quien hubiese obtenido resultados electorales favorables en zonas donde operaban no podía negar su origen en alianzas con ellos;

d) No descarta la intervención de alias “Nicolás” en la campaña a la Gobernación y dice tener conocimiento de que un comisario político de apellido Caro, estuvo recorriendo la zona haciendo política, pero no sabe si apoyó al acusado;

e) Que las autodefensas dominaban plenamente en Santander.


Elementos de prueba con los cuales queda demostrada la real presencia de las autodefensas en el Departamento y su marcada influencia en el acontecer político, económico y social de la región, además de que con las declaraciones vertidas por John Alexánder Rodríguez Cuervo y Jewer Acevedo Puerta, allegadas en el radicado que la Fiscalía adelantó en contra de Orlando Caro Patiño, cuyas copias se incorporaron a esta actuación, se conoce que cuando éste fue retenido dijo ser miembro de la campaña del procesado; hechos a los cuales se refiere el desmovilizado Juan Fernando Morales Ballesteros en su declaración.
De otro lado, asegura que la presencia del acusado en reuniones convocadas por las autodefensas se demuestra con el testimonio de José Agustín Quecho Angarita, ex concejal de Barrancabermeja (1998-2000 y 2001-2003), quien narra detalladamente, entre otras, una celebrada en Puerto Berrío (Antioquia) con la asistencia de “Julián Bolívar”, “Ernesto Báez”, Luis Alberto Gil, Luis Francisco Guarín y el procesado; no obstante lo cual, con posterioridad y sin explicación alguna adujo que no tenía certeza acerca de la presencia del último en dicha reunión; retractación que advierte orientada a ocultar o evadir los aspectos que involucran al acusado, siendo contrarrestada por el relato espontáneo, descriptivo y preciso que hiciera el testigo en su primera versión -conforme con lo que la jurisprudencia enseña-, la cual es corroborada por otras pruebas.
Juan Fernando Morales Ballesteros, ex militante de las autodefensas, señala que a finales de 2002 el acusado le pidió permiso al comandante alias “Nicolás” para hacer proselitismo político en su zona de injerencia; observándolo luego, en la época de ferias de Santa Helena del Opón, en una reunión celebrada en el corregimiento San Juan Bosco Laverde con Óscar Josué Reyes, Alfonso Riaño Castillo y Orlando Caro Patiño, entre otros, y que “Nicolás” lo presentó como aspirante a la Gobernación, además de manifestar que también se reunieron en la finca “Los Olivos” donde “Nicolás” permanecía.
Relato que corroboró el testigo en ampliación de declaración y, no obstante ello, en la audiencia pública expresó no recordar lo aducido con antelación sin explicación válida, aunque señaló que la primera vez que vio al acusado en San Juan Bosco Laverde fue en 2002 o 2003 haciendo campaña y que se presentó ante la comunidad como quien había dado de baja al narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, pero que si bien allí estaban las autodefensas, no iban armados ni uniformados y que no fueron presentados con él; que en una segunda oportunidad y cuando ya era gobernador estuvo en “El Guamo” con una comitiva del ejército.
Asegura que su retractación la explicó el mismo testigo al señalar que por razón de sus anteriores declaraciones perdió a su familia y ha tenido que ir de un lado a otro, que no quiere seguir huyendo puesto que los paramilitares aun lo buscan para matarlo y que está cansado de correr, lo cual se pone a tono con las informaciones que brindó al desmovilizarse en 2005 cuando expuso todo lo que conocía al respecto, razón por la cual para la Fiscalía merecen credibilidad sus iniciales afirmaciones cuando se expresó sin presiones de ninguna índole sobre dos situaciones que otros testigos refieren.
Una a través de la cual se demuestran los nexos del acusado con las autodefensas es lo ocurrido con Orlando Caro Patiño, a quien el testigo identifica plenamente como comandante político de las “ACPB”, advirtiendo que éste fue capturado en un retén militar portando armas de fuego de uso personal y privativo de las fuerzas armadas, y propaganda electoral de la campaña a la Gobernación del procesado, quien adujo en su indagatoria ser miembro de la misma y para demostrarlo obtuvo y allegó a su proceso una certificación en tal sentido expedida por Alfonso Riaño. Además de que Caro Patiño reconoció haber sido comisionado por el comandante de las “ACPB”, Arnubio Triana Mahecha, alias “Botalón”, para hacer campaña a favor de Carlos Arturo Clavijo al Senado -actividad que también desarrolló a favor del acusado, según lo acredita el proceso-, y si bien advierte que asistió a una reunión de carácter político en San José de Lebrija para conformar el equipo de Carlos Arturo Clavijo, aseguró no conocer al acusado ni saber si estuvo en la misma, pese a que ello está probado.
Así las cosas, si Caro Patiño era el comisario político o comisionado para ejercer labores sociales y políticas por el comandante de las “ACPB”, si dijo en su injurada que hacía parte de la campaña electoral del acusado como está certificado y llevaba propaganda política de la misma al ser aprehendido, era porque efectivamente estaba trabajando para ella por encargo de la organización armada ilegal, tal y como Juan Fernando Morales Ballesteros y Heidelbergth Mendoza Angarita lo adujeron; confirmados se encuentran sus dichos iniciales.
Consistencia que la Fiscalía también vislumbra del testimonio del desmovilizado Orlando Morales Murillo, quien asegura que conoció al procesado en el 2001, en “Cerro Burgos” al sur de Bolívar, cuando llegó hasta allí manifestando que iba a hablar con “Gustavo Alarcón” y que lo llevó hasta “Casa Verde” en San Blas donde se reunió con aquél y “Julián Bolívar”.
De otro lado, advierte que las constancias del Ejército y la Policía Nacional desvirtuaron haber prestado apoyo para los desplazamientos del procesado a San Juan Bosco Laverde el 2 de agosto de 2003, avalando los asertos de los testigos que señalan a los paramilitares como quienes escoltaban al acusado en los parajes que ellos dominaban.
Además, refiere que con la declaración del Coronel Julio César Prieto García se establece que el acusado solicitó su traslado o relevo del batallón D’elhuyar para proteger a sus colaboradores armados ilegales, dada la efectiva labor que aquel cumplía en contra de la organización, según lo confirman Orlando Caro Patiño, Jesús Enrique Guerrero Garavito y las transcripciones de las comunicaciones interceptadas a personas allegadas al grupo armado ilegal y miembros de la fuerza pública que dejan ver el rechazo contra el oficial, así como las versiones rendidas ante la Fiscalía de Justicia y Paz por los postulados Heidelbergth Mendoza Angarita y Alexánder Gutiérrez, en las que vinculan al procesado con algunos comandantes de las autodefensas por reuniones que se hicieron en Santa Helena del Opón, entre otras, lo cual ratificó valerosamente en la audiencia pública el primero, correspondiendo ello al resultado electoral de dicho municipio en donde el acusado obtuvo 1263 votos, mientras que la segunda votación fue de 247, constituyéndose en el más claro aval de lo aducido por Mendoza Angarita.
Mientras que Alexánder Gutiérrez, alias “Picúa”, a pesar de haber señalado inicialmente el encuentro que sostuvo con el procesado en 2003 en el corregimiento “La Palma” de Gámbita (Santander), donde le solicitó apoyo para su campaña y ofreció regalarle armas y municiones; en la audiencia pública se retracta aduciendo que en aquella oportunidad estaba ingiriendo licor y que fue el concejal Elías o Eliécer Zambrano quien le comentó los hechos que adujo en su versión inicial, no obstante admitir que era comandante de las autodefensas en el lugar y que “Julián Bolívar” lo tildaba de delator de la organización por haberse desmovilizado individualmente.
Afirma que con la declaración trasladada de Édwar Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, y la rendida en el juicio, se acredita la presencia del procesado en una reunión en “Piamonte” en la que estuvieron líderes políticos, alcaldes y jefes de las autodefensas, aunque no sabe qué temas trataron con aquel; lo cual corrobora Salvatore Mancuso Gómez, agregando que en dicho sitio también estuvo Luis Alberto Gil y que a Carlos Castaño le escuchó mencionar que el acusado en conjunto con el denominado grupo de los “Pepes” había enfrentado a Pablo Escobar, además de conocer, en la cárcel de Itaguí donde estuvo recluido con otros jefes paramilitares, las alianzas entre el procesado y Luis Alberto Gil en el movimiento Convergencia Ciudadana y que ambos tuvieron apoyo de las autodefensas para las elecciones 2002 y 2003; adicional a ello, con el testimonio rendido en la vista pública por Pablo Hernán Sierra García, ex comandante del Bloque “Cacique Pipintá”, se establecen los acuerdos políticos que alias “Ernesto Báez” tenía en Santander, a través de lo cual se dio el nombramiento de Bonel Patiño Noreña como Secretario de Educación de la Gobernación.
Advierte que la evaluación de la prueba en conjunto y en sana crítica demuestra fehacientemente tanto la existencia del punible -dada la vinculación material del acusado con grupos al margen de la Ley que apoyaron su campaña electoral-, como su responsabilidad, puesto que su integración con las autodefensas fue dolosa, exenta de circunstancias eximentes de antijuridicidad o culpabilidad y enmarcada en el propósito de lograr su elección como Gobernador, lo cual se reflejó en los resultados de la votación, pese a que no contaba con experiencia ni prestigio político y que se enfrentó a los partidos tradicionales que tenían toda la maquinaria, siendo despojados de su caudal político, como lo denunció el ex congresista Tiberio Villareal Ramos, al haber ganado las elecciones en los municipios de asiento y permanencia de las autodefensas.
Sobre el rol que cumplió el grupo armado ilegal en los resultados electorales del orden municipal, departamental y nacional, cita las sentencias proferidas por la Sala en los radicados 32.764 y 27.408 contra los ex congresistas Luis Alberto Gil Castillo, Alfonso Riaño Castillo y Óscar Josué Reyes Cárdenas, por las alianzas que como integrantes del movimiento Convergencia Ciudadana tuvieron con las autodefensas, destacando que el acusado admitió haber sido elegido como Gobernador por el mismo movimiento; y aduce que la razón por la cual Bonel Patiño Noreña fue nombrado como Secretario de Educación del Departamento por el acusado, una vez posesionado como Gobernador, se circunscribe al cumplimiento de los pactos que hizo con Iván Roberto Duque Gaviria, como lo señaló el ex comandante del Bloque “Cacique Pipintá”, lo cual implica promover un grupo ilegal según lo ha manifestado la Corte.
Resalta la especial condición personal del implicado como oficial retirado de la Policía con amplia trayectoria que descarta la posibilidad de un comportamiento signado en la ingenuidad o el engaño, o por ignorar las características socio-políticas del medio en el cual se desenvolvía, comprometiendo, aún más su responsabilidad, para afirmar que concurre la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 9 del artículo 58 del Código Penal.
Estima vanos los esfuerzos que se hicieron para derrumbar las pruebas que comprometen al acusado, con los testimonios de Yolanda Aguilar Calderón y Nora Milena Aguilar, a través de los cuales se tratan de vincular las muertes de un primo y un hermano del acusado con las autodefensas, cuando de los mismos se extracta que antes de acontecer esas muertes la relación de aquellos con el procesado era lejana, además de no haber claridad meridiana sobre las razones que motivaron los homicidios, aunque en uno de los casos se aduce que se originó en una discusión propia de una ingesta de licor.
Y en cuanto a las declaraciones de Arnubio Triana Mahecha, alias “Botalón”, Rodrigo Pérez Alzate, alias “Julián Bolívar”, y Jairo Ignacio Orozco González, alias “Tarazá”, asegura que confirman circunstancias que sirven para respaldar la prueba de cargo y, pese a la retractación del último respecto de lo afirmado en la versión que había rendido ante una Fiscalía de Justicia y Paz, la razón de ello emerge clara si se tiene en cuenta que el mismo Salvatore Mancuso Gómez dio a conocer la intimidación de que fueron víctimas los comandantes paramilitares estando en la cárcel de Itaguí, cuando se negaron a seguir dándole información para la reconstrucción de los hechos, alegando que ellos y sus familias corrían peligro, lo cual encaja con lo afirmado al respecto por Alexánder Gutiérrez, alias “Picúa”, Juan Fernando Morales Ballesteros, Orlando Caro Patiño, Jesús Enrique Guerrero Garavito y Pablo Hernán Sierra García.
En conclusión, para la Fiscalía las elecciones de 2003 en Santander contaron con la injerencia definitiva de los grupos de autodefensas según lo reflejan las cifras electorales y los testimonios de cargo que constituyen prueba directa y fehaciente de la vinculación del acusado y las autodefensas al mando de Arnubio Triana Mahecha, alias “Botalón”, con el comisario político Orlando Caro Patiño; con alias “Nicolás” y alias “Ernesto Báez”.
Señala que el aporte de miembros de la fuerza pública, gobernantes del orden local, departamental y nacional ha sido lo que históricamente ha permitido a los grupos al margen de la ley ampliar su accionar o poderío, y que la corrupción de las autoridades conlleva la multiplicación del crimen, siendo una manifestación de ello el tipo de alianzas aquí analizada.

Por todo lo anterior, solicita proferir sentencia condenatoria contra el enjuiciado Aguilar Naranjo.



b.- La representante del Ministerio Público
La Procuradora Cuarta Delegada para la Investigación y el Juzgamiento Penal también solicitó dictar condena en contra del acusado, como autor responsable del delito de concierto para delinquir agravado previsto en el inciso segundo del artículo 340 de la Ley 599 de 2000, afirmando que las pruebas practicadas por la Fiscalía y la Sala derrumbaron la presunción de inocencia del mismo.
Argumenta que el Departamento de Santander ha estado vinculado con el surgimiento de grupos ilegales tales como el ELN y las autodefensas, y que con los testimonios de políticos y militares se acreditó la presencia del Bloque Central Bolívar en la región denominada Magdalena medio, que ejercía influencia en los municipios de Cimitarra, Puerto Parra, Puerto Wilches, Puerto Boyacá, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Santa Helena del Opón, entre otros; e igualmente la existencia del Frente "Isidro Carreño” del Bloque del Magdalena Medio, comandado por alias “Nicolás”, que operaba en municipios como La Aguada, Santa Helena del Opón, bajo Simacota, La Rochela, El Carmen de Chucurí y algunos barrios de Barrancabermeja; por lo que puede concluirse, como lo dijo alias “Ernesto Báez”, que cualquier movimiento político actuante en la región debía estar en consonancia con los grupos armados ilegales que allí dominaban para lograr un resultado positivo en sus aspiraciones.
Pese a aceptar, como lo señalara el acusado, su buena reputación y sus logros profesionales al servicio de la Policía Nacional, considera que no era un personaje político reconocido en la región, ya que solamente había fungido como Diputado a la Asamblea y, sin embargo, arrasó con años de dominio liberal en el Departamento y obtuvo mayorías electorales en municipios con alta influencia paramilitar, acorde con la prueba testimonial y principalmente con la información de seguridad pública de Santander brindada por el Coronel del Ejército Julio César Prieto Rivera, lo cual se refleja en los resultados de la votación para Gobernador del año 2003 allegada, como es el caso de Cimitarra, Gámbita, Puerto Parra, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Santa Helena del Opón y Barrancabermeja, lo cual constituye un indicio grave en su contra, puesto que las reuniones, los acuerdos y el proselitismo que adelantó en la zona de operación de las autodefensas, lo catapultaron como Gobernador, “situación que configura de forma inequívoca un acuerdo de naturaleza delictiva entre un grupo armado ilegal y el hoy enjuiciado, encuadrando dicha actuación en el tipo penal de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promoción”.
Advierte que el nombramiento de Bonel Patiño Noreña como Secretario de Educación del Departamento, el 1 de enero de 2004, es otro hecho indicativo del apoyo de las autodefensas a la campaña del procesado, no solamente porque aquél refirió que su postulación la hizo su amigo Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”, a quien conocía desde la década de los setenta -lo cual corroboró éste-, en contraprestación del apoyo que el “BCB” le dio al procesado en su campaña electoral, además de referir los pormenores acerca de la forma como se enteró de todo ello, pese a que Duque Gaviria niegue tal situación aduciendo que si dicho cargo era cuota de las autodefensas, no hubiese permitido la salida de Patiño Noreña o que se nombrara alguien que no fuese afín al grupo armado ilegal.
Asevera que el proceso no permite concluir que las enfermedades o el deseo de venganza condujeran a Bonel Patiño a declarar en contra del acusado y, que por el contrario, la solidez de los hechos vislumbra que su nombramiento fue consecuencia de un favor que el acusado le debía a las autodefensas en virtud de su apoyo electoral; además de que Patiño Noreña era un intelectual de capacidades superiores con vocación de servicio educativo, según lo acreditaron Iván Roberto Duque y Héctor López López -quien ratifica los lazos de amistad entre Duque y Patiño-, lo cual avala la credibilidad de su declaración y controvierte la tesis de que haya hecho parte de una conspiración orquestada por el ex Ministro Horacio Serpa Uribe y el fallecido Senador Hugo Serrano contra el acusado, y pese a que éste sostuviera, junto a otros declarantes, que conocía desde 1979 al testigo y que por ello lo designó en su gabinete, amén de la recomendación que del mismo hizo Héctor López, para el Ministerio Público ello no desvirtúa lo afirmado por Patiño Noreña, que termina por confirmarse con la declaración rendida por Pablo Hernán Sierra García, ex comandante de las autodefensas de Caldas, quien aseguró haberle prestado seguridad a Duque Gaviria en una reunión que sostuvo con Patiño Noreña en La Merced -Caldas-, donde escuchó que trataban el tema de la Secretaría de Educación en el Departamento de Santander.
Con la declaración rendida por el Coronel Julio César Prieto Rivera, comandante del Batallón Luciano D’elhuyar que tenía como responsabilidad el control del orden público en los municipios de Galán, Zapatoca, Betulia, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Santa Helena del Opón y el bajo Simacota, se pudo establecer que desde finales de 2003 hasta el 2006 se realizaron varias acciones para desmantelar los Frentes “Ramón Danilo” e “Isidro Carreño” de las autodefensas del Magdalena Medio y el Frente “Walter Sánchez” del “BCB”, logrando la desmovilización de muchos militantes; además de advertir que en 2004 un desmovilizado adujo relaciones del grupo armado ilegal con el ex congresista Alfonso Riaño -hoy condenado por la Sala precisamente por esos hechos-, y que personalmente recibió un anónimo que señalaba la participación de las autodefensas en la elección del acusado como Gobernador de Santander, el cual dio a conocer a la Fiscalía y al CTI, iniciándose en su contra una campaña de desprestigio a través del periódico regional “El Frente”, cuyo director había apoyado la campaña del acusado, por presuntos abusos del Batallón en contra de la comunidad, lo cual fue trasmitido luego por el propio procesado al Presidente de la República, a quien le solicitó su traslado.
Que más tarde, al desmovilizarse Juan Fernando Morales Ballesteros, manifestó haber presenciado reuniones del acusado con las autodefensas, lo cual corroboró al rendir entrevista y versión libre en las que también refirió que Orlando Caro Patiño, alias “HK”, había sido retenido por el ejército, motivo por el cual fue enviado a recoger una certificación de la campaña del acusado para recomendar al capturado ante las autoridades, como documentalmente quedo establecido, además de que el mismo Caro Patiño en su injurada aduce que estaba encargado de liderar esa campaña electoral -aceptando que al momento de su aprehensión tenía en su poder propaganda política de la misma- y la del doctor Alfonso Riaño a la Asamblea.
Sin embargo, en la audiencia pública Morales Ballesteros se retractó e indicó no conocer al procesado ni saber de reuniones suyas con alias “Nicolás”, el comandante del Frente “Isidro Carreño”, por lo que resulta necesario acudir a otros medios de prueba y a criterios tales como la espontaneidad del testigo y la versión más cercana al tiempo de ocurrencia de los hechos, a fin de establecer cuál de sus declaraciones es creíble.
Ahora, en la entrevista y versión rendidas en 2005 por el citado testigo da cuenta de las reuniones del acusado con alias “Nicolás”, concordando con lo manifestado por otros declarantes, y adujo conocer a Orlando Caro Patiño alias “HK”, quien había sido capturado en 2003 en posesión de armas, municiones, radioteléfonos y propaganda política de la campaña del acusado a la Gobernación de Santander, motivo por el cual fue enviado a recoger una certificación que lo acreditara como miembro de la misma; circunstancia que negó en el testimonio que rindió en la audiencia pública.
Pero al expediente obran la indagatoria de Caro Patiño y su declaración en la vista pública que acreditan su retención en 2003 por las razones señaladas; la constancia suscrita por Alfonso Riaño en la que certifica que aquél pertenencia a la campaña del procesado; la versión rendida ante la Fiscalía de Justicia y Paz por Heidelbergth Mendoza Angarita, desmovilizado de las autodefensas que estuvo militando en los Frente “Isidro Carreño” y “Cacique Guanentá”, entre otros, quien aseguró que en 2003 había prestado seguridad al desplazamiento que hizo el acusado cuando era candidato a la Gobernación de Santander por la zona de influencia de las autodefensas y que con antelación había tenido contacto con el comandante alias “Nicolás”, quien le había ordenado a alias “el Puma” brindarle seguridad al candidato en un desplazamiento que realizó hasta el corregimiento “El Guamo”, donde se hizo una reunión de campaña con presencia de “Nicolás” -ya que allí tenía su base-, para luego llegar al corregimiento “La Aragua”, donde hubo otra reunión política con presencia de miembros de las autodefensas; lugar del cual salieron hacía el municipio de La Paz, en cuyos límites el candidato fue recibido por militantes del Frente “Lanceros de Vélez”, quienes lo escoltaron a partir de ese lugar.
Declaración que ratificó en audiencia pública Mendoza Angarita, contrario a los demás testigos, sin que el procesado haya explicado la razón de tales imputaciones, todo lo cual deja entrever que las manifestaciones de Juan Fernando Morales Ballesteros en la audiencia no son más que la “desvergonzada retractación de su versión” que, en criterio del Ministerio Público amerita su exclusión de la Ley de Justicia y Paz y la compulsa de copias por falso testimonio.
Lo mismo acontece con la versión rendida en 2009 por Alexánder Gutiérrez, alias “Picúa”, en la que aseguró que a principios de 2003 tuvo un encuentro con el procesado en el corregimiento “La Palma” de Gámbita-Santander, quien le solicitó su apoyo electoral como comandante paramilitar de la zona y adujo los pormenores del episodio, pese a lo cual en la audiencia se retracta y señala que en la época se encontraba en avanzado estado de embriaguez, y que todo lo que había mencionado en su versión ante Justicia y Paz se lo había contado un concejal de apellido Zambrano; posición última que la Procuraduría solicita desechar por considerarla un atentado a la inteligencia de los asistentes al juicio, por ir contra la lógica y el sentido común, dada la falsedad que surge si se atiende la riqueza y precisión descriptiva de su inicial versión, motivo por el cual solicita compulsar copias contra el referido declarante por falso testimonio y adelantar lo propio para que sea removido como postulado de la Ley de Justicia y Paz.
Refiere, igualmente, que el ex concejal del municipio de Contratación-Santander, Jesús Enrique Guerrero Garavito, también rindió declaración ante una Fiscalía de Justicia y Paz, en la cual adujo haber visto en campaña a la Gobernación al acusado en Santa Helena del Opón en 2003, con miembros armados y uniformados de las autodefensas que obligaron a la población a salir a la plaza pública para escuchar sus propuestas, y que después de dos horas y media de reunión, salieron con destino a la provincia de Vélez en caravana, lo cual coincide con la versión libre de Heidelbergth Mendoza Angarita, sin que se conocieran entre sí; pero como aconteció con los deponentes Juan Fernando Morales Ballesteros y Alexánder Gutiérrez, Guerrero Garavito también se retractó en la audiencia pública, no obstante su precisión y circunstanciado relato inicial, aduciendo que lo manifestado entonces se lo había dado a conocer la comunidad, sin dar mayores detalles; razón por la cual estima el Ministerio Público que su inicial manifestación corresponde a la realidad.
Por último, destaca las declaraciones trasladadas y rendidas en el juicio por Salvatore Mancuso Gómez y Édwar Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, quienes en forma precisa, coordinada y detallada refieren haber visto al acusado acompañado del ex Senador Luis Alberto Gil Castillo -fundador del movimiento Convergencia Ciudadana-, en una finca de propiedad de alias “Macaco” en jurisdicción del municipio de Piamonte (Antioquia) donde se encontraba la cúpula de las autodefensas, lo cual indica los vínculos entre ellos, además de que Mancuso adujo que Carlos Castaño le había señalado su relación con el acusado desde la persecución del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, nexo entre la fuerza pública y bandas criminales que varias notas periodísticas y libros sobre dicho operativo reflejan.
Así, considera que no hay duda sobre la existencia de la conducta punible de concierto para delinquir agravado y la responsabilidad del acusado, por lo que solicita proferir sentencia condenatoria en su contra.
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