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Única instancia 26. 585 Humberto de jesús builes correa


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Única instancia 26.585

HUMBERTO DE JESÚS BUILES CORREA

Audiencia Preparatoria

05/03/10; 8:30 A.M.




Proceso n.° 26585




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL
Bogotá, D.C., marzo cinco (5) de dos mil diez (2010)
OBJETO DE LA DECISION:

Procede la Sala a decidir, en audiencia preparatoria, las solicitudes de nulidad procesal hechas oportunamente por la Procuraduría y la defensa, y de pruebas que presentó esta última; también se resolverá sobre prácticas probatorias oficiosas.



DE LAS NULIDADES
De acuerdo a lo resuelto en auto de 19 de noviembre de 2009 (Fl. 96 c.o. No. 10), se difirió a la audiencia preparatoria la resolución de nulidad por incompetencia, solicitadas, primero por el Señor Procurador Primero Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal, y luego por el defensor.

1. De la nulidad demandada por el Procurador y sus fundamentos
Los planteamientos del señor Procurador, que apuntan a atacar la legalidad de la decisión adoptada por la Corte, a través de la cual decidió modificar la hermenéutica respecto del parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política, en torno a la competencia derivada del aforo de congresista, actualizada en este proceso a 28 de octubre de 2009, cuando la Corte asumió el conocimiento de la causa adelantada en contra del señor HUMBERTO DE JESÚS BUILES CORREA, contra quien la Fiscalía profirió resolución de acusación como autor del delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promotor de grupos armados ilegales, pueden resumirse, como se hiciera en otra ocasión (proceso 27.920; auto del 11 de noviembre de 2009), de la siguiente manera:

En orden a sustentar su petición, el señor Procurador acudió al expediente de citar con generosidad algunos de los apartes contenidos en los salvamentos de voto de varios de los suscritos magistrados que se apartaron de la decisión mayoritaria, respecto de los nuevos alcances atribuidos al parágrafo del citado artículo 235 constitucional, comprendiendo que él no solamente abarca los delitos denominados “propios” sino además punibles de naturaleza común, pero contextualmente vinculados con la función congresional.


Retomó de la postura disidente la crítica formulada contra el argumento de acudir al “ánimo” o al “propósito” del justiciable como criterio determinante de la extensión de competencia, pues dijo que su utilización como fórmula para ligar el acto con la función, contraviene postulados del derecho penal de acto, para reivindicar tendencias propias de un derecho penal de autor.
Esa interpretación, expuso, desconoce el texto del parágrafo del artículo 235 de la Carta, puesto que él permite conservar la competencia en aquellas conductas punibles relacionadas con las funciones desempeñadas, no con las que se está por desempeñar como mera expectativa, que es, según la Procuraduría, el planteamiento final de la Corte, cuando tomó como parámetro determinante de la relación funcional, la alianza entre el candidato y las autodefensas con miras a alcanzar una curul en el congreso.
Calificó como una abstracción sin fundamento o como una “petición de principio”, que da por probado lo que se quiere demostrar, sostener que las funciones desempeñadas por el señor HUMBERTO DE JESÚS BUILES CORREA representaron el cumplimiento de lo pactado con el grupo armado, insistiendo en lo impropio del argumento desde el punto de vista del derecho penal de acto, al no determinarse cuáles son las funciones “abusivas o desviadas” realizadas por el congresista, que muestran los vínculos con el grupo armado.
Como un segundo punto abordó el tema de la aplicación retroactiva del artículo 40 de la ley 153 de 1887, que regula la entrada en vigencia de las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los procesos, para advertir que si bien ellas prevalecen sobre las anteriores y se aplican de inmediato, en ningún caso es factible hacerlo retroactivamente cuando van en detrimento de los derechos sustanciales del sub júdice, como sería este caso, en el que la variación de la competencia apareja la pérdida de una serie de garantías procesales sustanciales, con las que ya contaban ex congresistas sujetos a una investigación penal, como es el caso del señor BUILES CORREA, y que consisten principalmente en la separación entre acusación y juzgamiento, doble instancia para las decisiones de fondo, recurso de casación, etc.
Lo anterior lleva al Ministerio Público a reclamar de la Corte, coherencia con las limitaciones impuestas a los alcances atribuidos a la aplicación del artículo 40 de la ley 153 de 1887 a través de una reiterada jurisprudencia, según la cual “la aplicación inmediata de la nueva ley solo debe llevarse a efecto cuando con ella no se agravan las condiciones del acusado”, exhortando a que la vigencia de la nueva orientación jurisprudencial rija solamente para casos futuros, en orden a dejar incólume el conjunto de derechos y garantías procesales que se verían afectados por virtud del trámite propio de las actuaciones de única instancia.
Ya para terminar expresó su desconfianza acerca del criterio de autoridad que pueda dimanar de la nueva jurisprudencia, habida cuenta, dice, que no se está frente a la vigencia de una nueva ley procesal sino de la radical variación de una línea plasmada en múltiples decisiones anteriores. Concluyó solicitando de la Corte la declaratoria de incompetencia para conocer del presente asunto y su consecuente regreso “al Juzgado Primero Penal de Circuito Especializado de Antioquia”, para continuar con la etapa del juicio.


La Corte considera:
En atención al hecho que la propuesta del señor Procurador, impetrando la nulidad del auto mediante el cual la Sala avocó el conocimiento de la causa adelantada contra el señor HUMBERTO DE JESUS BUILES CORREA, es idéntica a otras que ya tuvo oportunidad de resolver, como la que generó el auto de 11 de noviembre de 2009 dentro del proceso 27.920, en aras de la coherencia, es preciso reproducir las razones por las cuales en aquellas ocasiones, como en ésta, se despacha negativamente la demanda de nulidad, bajo la consideración que, ante análogas situaciones fáctico-procesales, mutatis mutandis, iguales argumentos y su consecuente conclusión jurídica. Fue así como aquella vez la Corte expuso:

“Primero.- Como bien puede verse, el planteamiento del Ministerio Público para invocar la nulidad del auto mediante el cual la Corte avocó competencia para conocer de la causa se fundamenta, esencialmente, en las mismas razones aducidas por los magistrados disidentes de la posición mayoritaria, tras lo cual subyace, necesariamente, la pretensión por reabrir un debate que en esos precisos términos ya fue abordado y resuelto por la Sala.
En ese orden de ideas, no tiene mucho sentido que los argumentos esgrimidos por la Procuraduría para tratar de echar por tierra la decisión judicial atacada sean justamente aquellos que no obtuvieron el favor de la mayoría cuando la Sala se ocupó de zanjar la controversia.
Por tanto, para responder al grueso de los particulares cuestionamientos formulados por la Procuraduría, prácticamente basta con remitirse a las razones con que la mayoría de los integrantes de la Sala decidió avocar el conocimiento del proceso, las cuales condensan las tesis que propugnaron por esa alternativa y que finalmente se impusieron sobre la posición contraria1.
Sin embargo, ello no obsta para que la Sala pueda ocuparse de algunos aspectos cuya precisión contribuye a esclarecer gran parte de los reclamos elevados por la agencia fiscal.
Segundo.- Uno de esos aspectos cuya importancia se muestra mayúscula en pos de responder a la solicitud de anulación, tiene que ver con que no es cierto que la Corte haya fraccionado el estudio de la acción del ex congresista, segregando el aspecto objetivo del subjetivo, para asir de este último la finalidad y solamente con base en ella extraer un criterio de extensión de la competencia, al tomarla como pauta definitoria para atribuirle al concierto para delinquir agravado naturaleza de delito funcional.

La verdad sea dicha, cuando la Corte asumió el estudio de la conducta lo hizo de manera integral, tomando en cuenta sus manifestaciones externas reflejadas en las reuniones donde se consolidaron las supuestas alianzas, como también los propósitos que inspiraron esos encuentros, los cuales, según lo proclaman las decisiones judiciales emitidas hasta el momento, se encaminaron a cerrar acuerdos de recíproco beneficio, entre el grupo político del que hizo parte el señor HUMBERTO DE JESUS BUILES CORREA y las autodefensas, en cabeza de alias “El Alemán”, para que aquellos lograran representación en el Congreso y los otros pudieran contar con aliados en esa importante e influyente posición, comportamiento, que dentro de la nueva hermenéutica, constituye un acto relacionado con el servicio, cuyo principio de ejecución comenzó cuando se fraguó el pacto.


Tercero.- En cuanto a la cuestionada eficacia de la decisión de la Sala, aduciendo que se trata de una jurisprudencia y no de una ley procesal posterior, bien vale reiterar, que “en ejercicio de su función como órgano encargado de la unificación de la jurisprudencia, la Corte optó por renovar la tradicional interpretación que se venía haciendo del parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política, para fijarle ahora unos nuevos alcances en materia de competencia, sobre delitos cometidos por los funcionarios referidos por la norma y que se encuentran en relación con la función, quedando cobijados, en algunos casos, delitos denominados comunes.

En ese orden de ideas, la remozada lectura que la Corte hace del precepto, en consideración a la dinámica jurídica y a la respuesta que demanda un determinado contexto histórico social, de ninguna manera se encuentra degradada o infravalorada respecto del principio de autoridad que emana de la ratio decidendi del precedente judicial impuesto por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, por lo que no resulta de recibo el reparo formulado por el Ministerio Público, conforme al cual la variación de la interpretación tradicional de la norma la priva de eficacia, como si su eficacia estuviera supeditada a una sola manera de comprenderla. Lo que hizo la Corte, con motivo de la oportunidad brindada por el caso que en su momento debió resolver2, es darle una renovada lectura al parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política y como consecuencia de esa comprensión ajustar sus consecuencias en procura de buscar una aplicación razonable de la misma3.
Cuarto.- Finalmente, por lo que hace con la afectación de derechos y garantías procesales, que según la Procuraduría trae consigo esta reinterpretación de la norma constitucional, en cuanto despoja a los procesados de ventajas emanadas de instituciones como la separación entre acusación y juzgamiento, doble instancia para controvertir las decisiones de fondo y recurso extraordinario de casación, se impone señalar, que esa radical descalificación contra el procedimiento de única instancia, de arraigo Constitucional, para tramitar determinados asuntos de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, entraña el grave defecto que desconoce de tajo las ventajas avizoradas en él cuando fue instituido precisamente como el procedimiento adecuado para investigar y juzgar a los más altos representantes del Estado, transmitiendo además la equívoca impresión que quien es sujeto procesal del mismo resulta menoscabado en sus derechos y garantías procesales, lo cual no es cierto.
Contrario a esa prédica siempre se ha dicho que no hay mejor garantía para representantes del Estado con las más altas responsabilidades, como ocurre con los integrantes del órgano legislativo, que la de ser juzgado, así sea en única instancia, por una autoridad especializada, que a la vez es la mejor calificada y la de mayor jerarquía en la escala de la jurisdicción ordinaria. Por tanto, lo que se percibe como una desventaja en realidad constituye un privilegio.
En términos de la propia Corte Constitucional, las ventajas de esta actuación en única instancia ante la Corte Suprema son los siguientes:
“… la primera, la economía procesal; la segunda, el escapar a la posibilidad de los errores cometidos por los jueces o tribunales inferiores. A las cuales se suma la posibilidad de ejercer la acción de revisión una vez ejecutoriada la sentencia.
Tales garantías que revisten el procedimiento que adelante la Corte Suprema de Justicia frente a los altos aforados en modo alguno perjudica a sus beneficiarios, como reseñó esta Corporación en la sentencia previamente referida, donde se consideró que ser juzgado por el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria es la mayor aspiración de todo sindicado”4

En estas condiciones reitérese, que las garantías judiciales del señor HUMBERTO DE JESUS BUILES CORRES están a salvo, tornándose imperioso desatender la demanda de nulidad procesal presentada por la Procuraduría.





    1. De la nulidad demandada por la defensa y sus fundamentos

El apoderado de HUMBERTO DE JESUS BUILES CORREA pidió a la Corte anular el proceso seguido en su contra a partir de la providencia de 28 de octubre de 2009, mediante la cual la Corporación reasumió su conocimiento, considerando que la Sala no tiene competencia para juzgarlo y en esos términos estaría cumplido el presupuesto previsto en el artículo 310-3 de la Ley 600 de 2000. Lo anterior sobre la base de que, según dijo, la asunción de competencia “no consulta ni la realidad procesal ni la realidad fenoménica”, agregando que lo pretendido con esta propuesta de anulación, es resaltar una realidad que en ese pronunciamiento “aparece soslayada”.

Todo porque en la providencia citada se consignó que “el señor HUMBERTO DE JESUS BUILES CORREA asumió la curul en el Senado de la República para el periodo 2002/2006, período durante el cual se le acusa de haber tomado parte en un proceso electoral donde se hicieron acuerdos con grupos de autodefensas”, de lo cual dijo la defensa, que los cuestionamientos que se le hacen no son “por hechos acaecidos entre 2002 y 2006, cuando ya era Senador (…), sino por hechos presuntamente patentizados entre fines de 2001 y principios de 2002, cuando él no tenía calidad alguna de congresista”, para luego sostener que en esas condiciones “no aplicaría (…) al caso concreto la nueva visión hermenéutica en torno al parágrafo del artículo 235 de la Constitución y, por tanto”, la Corte Suprema de Justicia carece de facultades para juzgar en este proceso.

Entonces concluyó el defensor, que si la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para conocer este caso, porque en su parecer no aplica “la nueva hermenéutica” del artículo 235 de la Constitución Política, se hace imperioso anular el proceso desde la providencia de 28 de octubre de 2009, como lo dispone el ordinal 1º del artículo 306 de la Ley 600 de 2000, para garantizar el derecho al juez natural del que da cuenta la Constitución Política e instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales citó prolijamente; porque además, agregó, se atienden cabalmente los principios que orientan la declaración de nulidad previstos en el artículo 308 del C. de P. P., y según el artículo 309 ídem las nulidades pueden invocarse en cualquier estado de la actuación.



Decisión de la Corte.

Lo primero es dejar claro que la defensa en su demanda de nulidad procesal descontextualiza y distorsiona lo expuesto por la Sala en providencia del 28 de septiembre de 2009, y a partir de ello, sobre una base fáctico-procesal que además de irrelevante se aparta de la realidad que la Sala aprehendió en la citada providencia, a solapa de un pedido de anulación, lo que en el fondo hace es cuestionar la decisión, que por demás es de simple trámite o impulso y por lo mismo, ajena a los mecanismos formales de impugnación.


Lo que la Corte dijo en esa ocasión, en lo que ahora insiste, es que para definir lo relativo con la competencia derivada del fuero congresional, lo importante o “sustancial” es “establecer si la conducta o conductas punibles atribuidas tienen o no relación con la función cuando el senador o representante ha cesado en su actividad”; que“ el parágrafo del artículo 235 constitucional no establece que las conductas a través de las cuales se dota de competencia a la Corte sean realizadas “durante” el desempeño como congresista sino simplemente que “tengan relación con las funciones desempeñadas”, de tal suerte que resulta factible que el comportamiento o iter criminal pueda iniciarse antes de acceder a la curul y consumarse o agotarse con posterioridad a la dejación del cargo, sin que por ello se pierda la condición de aforado para efectos penales.”5
Esa la razón por la cual resulta irrelevante o insustancial, a propósito de verificar la competencia de la Sala, el decir de la defensa a esta hora, que los cuestionamientos presentados contra el señor HUMBERTO DE JESUS BUILES CORREA, no son por “por hechos acaecidos entre 2002 y 2006, cuando ya era Senador (…), sino por hechos presuntamente patentizados entre fines de 2001 y principios de 2002, cuando él no tenía calidad alguna de congresista”. En dicho sentido, haya sido en ese primer tiempo, o en el segundo, antes de ser elegido congresista, durante su desempeño como tal, o después de su renuncia, lo que importa es que dentro del marco de la acusación, los hechos “tengan relación con las funciones desempeñadas”.
Y en ese aspecto la Fiscalía enfatizó en toda la dimensión de la resolución de acusación; lo que se concretó, por ejemplo, cuando en dicho acto procesal señaló, que “si para ejercer la política se requería, como está visto, el aval paramilitar y, el señor Builes Correa ejerció dicha actividad para aquél periodo electoral, se colige que obtuvo su respaldo, su permiso, su consentimiento” (Fl. 169 c.o. No. 7), por lo cual a la postre formuló cargos en su contra “en calidad de autor de la conducta punible de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, artículo 340-2 del Código Penal” (Fl. 172 ib.).
De modo que, como viene aduciéndose, para determinar la competencia de la Sala en este caso, tratándose de un delito de concierto para delinquir, de múltiples actos y ejecución progresiva, no es necesario separar en varios momentos el iter criminal, colocando barreras a los actos previos a la elección y posesión como congresista, que según la Fiscalía le subyace, para aislarlos de los de su ejercicio como tal, y los que pudieran darse luego de la dejación del cargo, bastando con que, en términos de la resolución de acusación, en uno cualquiera de esos instantes, o en todos, haya tenido relación con el desempeño de la función congresional; y ¿qué más vínculo que el de la condición necesaria de la elección de congresista, en donde según la acusación intervinieron grupos paramilitares, para con el ejercicio de tal cargo? Señala la Fiscalía que los grupos paramilitares apoyaron su elección y que fue a propósito de ella que fungió como senador, más allá de que esa relación haya podido tener lugar, no solo durante la campaña electoral sino después de ella, inclusive durante el ejercicio del cargo.
Sin que pueda pasarse por alto el decir de la defensa, que la Corte “soslayó” la realidad del proceso, en tanto no ha sido así, siendo para reprobar la descontextualización y tergiversación de sus argumentos; el dicho de que “el señor HUMBERTO DE JESUS BUILES CORREA asumió la curul en el Senado de la República para el periodo 2002-2006, periodo durante el cual se le acusa de haber tomado parte en el proceso electoral donde se hicieron acuerdos con grupos de autodefensas, no puede entenderse como si esa época constituyera el marco temporal de la acusación, para hacer parecer que la Corte, más allá de sus funciones, con tal aseveración haya cercenado el iter críminis que consideró la Fiscalía en su acusación, siendo lo cierto que también fueron contemplados los actos previos a la fecha de su posesión como congresista, justo la campaña política, que además fue presentada en relación causal con el ejercicio del cargo.
Esas las razones por las cuales, frente a la pretensión de la defensa la Corte insiste, que tiene la competencia otorgada por el artículo 235 constitucional para juzgar al señor HUMBERTO DE JESUS BUILES CORREA, ex senador de la República, estando a salvo el derecho a su juez natural incorporado en el catálogo de las garantías judiciales, para honor a la Constitución Política, los Instrumentos Internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y la ley, todos invocados por la defensa. Por eso no hay lugar a la nulidad procesal demandada; niéguese.
1. De las solicitudes probatorias:

Dentro del término previsto en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, la defensa pidió pruebas en el juicio en seis ocasiones; cinco ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia y una última, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia.


En orden a verificar la admisibilidad de las pruebas pretendidas, la dialéctica del proceso penal gobernada por las normas que regulan su aducción durante el juicio, bajo la axiología de los principios generales que rigen la materia comprendidos en el Capítulo I, Título VI, Libro II del Código de Procedimiento Penal (Ley 600/00), aunadas las reglas de oportunidad referidas en los artículos 400 y 401 del mismo Estatuto, se sigue que para decidir sobre las pruebas en esta fase del proceso penal, es preciso agotar tres pasos:

Lo primero es establecer la tesis sobre el caso en su componente fáctico, límite del debate en juicio, que la Fiscalía debió exponer con claridad en la acusación. Sigue, en segundo lugar, determinar la antítesis de la parte que ejerza la contradicción, expresada también con absoluta claridad en su petición probatoria. Y luego, en tercer lugar, de tal contraste concluir, como lo prevé el artículo 235 de la Ley 600 de 2000, si las pruebas pretendidas, a más de ser permitidas o estar revestidas de legalidad, ostentan suficiente fuerza inductiva o son pertinentes –tienen importante valor probatorio, no tienen riesgo de perjuicio indebido, no son dilatorias ni causan confusión-, y conducen o son útiles, para en concreto afectar o fortalecer, ya la tesis de la Fiscalía, ora la antitesis del contradictor. Aunado que en pos del derecho a la verdad y la justicia, el juez también puede dentro de ese marco, de oficio, ordenar prácticas probatorias.


Bajo estos parámetros se resuelve sobre las solicitudes probatorias, así:
1. La defensa solicitó los testimonios de SAULO SANCHEZ, DENIS OCHOA y CESAR MAYO, sindicalista, gestor de obras públicas y alcalde de Mutatá, respectivamente, para acreditar que el señor RUBEN DARIO QUINTERO era conocido y tenía “grandes y significativas simpatías políticas” en la región de Urabá, pretendiendo contrastar el dicho de la Fiscalía según el cual, fue por el apoyo de grupos paramilitares que su lista, de la que hizo parte HUMBERTO DE JESUS BUILES CORREA, a pesar que ninguno de los dos habría visitado asiduamente la zona durante esa gesta electoral, obtuvo en ella más de once mil votos, aspirando al mismo tiempo fortificar la tesis de que el auge en las votaciones se explica en las “caravanas políticas”, a las que el acusador no dio trascendencia.
La Sala no recibirá en juicio las declaraciones de SAULO SANCHEZ, DENIS OCHOA y CESAR MAYO; la razón estriba en el hecho que el expediente contiene múltiples testimonios, más de quince, vertidos por líderes políticos de la región del Urabá, que refieren el mismo asunto que la defensa pretende acreditar en esta ocasión, o sea, las simpatías políticas del ex senador RUBEN DARIO QUINTERO en esa zona y el éxito electoral del año 2002, de modo que en tales circunstancias, la carga inductiva de éstas nuevas atestaciones se retrae dramáticamente, haciendo de ellas pruebas impertinentes, en tanto análogas y repetitivas, que en términos del artículo 235 de la Ley 600 de 2000, serán rechazadas.
En efecto, a esos específicos detalles refirieron los testigos que declararon el 29 y el 30 de mayo de 2007, en la ciudad de Medellín y la localidad de Apartadó, entre ellos JAIME ENRIQUEZ GALLO, IVAN BAENA SALAZAR, LADISLAO GONZALEZ TEHERAN, GUSTAVO GERMAN GUERRA GUERRA, JESUS DOVAL DURANGO, ALBERTO FRANCO VALDERRAMA, OMAR ARDILA TORRES, JOAQUIN GONZALEZ, LUCELLY OREJUELA, JORGE PINZON ARANGO, JAIME LONDOÑO MONROY, FERNANDO GARRIDO, ELBO ENRIQUE ESCOBAR ZUÑIGA, DARIO AVILA PERALTA y CESAR ANDRADE MORENO.
2. También solicitó las declaraciones de MANUEL MORALES, RAFAEL RODRIGUEZ LOZANO, JAIME ENRIQUEZ GALLO y ANTONIO LOPEZ, líderes políticos del Urabá antioqueño, y la incorporación de copia de un registro electrónico obtenido de la página de internet de la Registraduría Nacional del Estado Civil relacionado con resultados electorales de 1988, queriendo poner en relieve la evolución del voto popular en la región para “abrir una importante alternativa a la tesis del apoyo paramilitar”, sobre la base de decir que la votación obtenida en las elecciones al Congreso de 2002 en la lista que encabezaba RUBEN DARIO QUINTERO y secundaba HUMBERTO DE JESUS BUILES CORREA, contando con importante caudal electoral de MANUEL MORALES, tiene como antecedente los comicios de “los años 97/98”, cuando éste tuvo importante apoyo popular.
Con respecto al particular cabe la siguiente reflexión: a pesar que la atribución delictiva que la Fiscalía hizo al acusado HUMBERTO DE JESUS BUILES CORREA, en su componente fáctico, no se centró en gestas electorales de los años 1997 o 1998, ni se relacionó con el apoyo popular que por entonces, según se dice, tuvo el señor MANUEL MORALES, sino que con toda precisión, atañe a los comicios de 2002, cuando aspirando al senado de la República ocupó el segundo renglón de la lista que encabezó el doctor RUBEN DARIO QUINTERO VILLADA, el conocimiento de esos hechos del contorno antecedente, se hacen admisibles dentro de éste juicio, para tener una visión global o de contexto, amen del patrón de comportamiento electoral que se tuvo en la región del Urabá, en torno al nombre del acusado; por eso se admitirán estas declaraciones.
Lo precedente, no obstante el hecho que dentro de éste proceso, durante la instrucción, ya declararon los señores MANUEL MORALES, JAIME ENRIQUEZ GALLO y ANTONIO LOPEZ LEBRUN, pues observado el registro de lo que éstos dijeron, se verifica que hubo silencio, o por lo menos falta de precisión, porque no se les cuestionó en concreto, sobre los hechos antecedentes que ahora la defensa postuló como pretensión demostrativa, cuyo conocimiento la Corporación consideró admisible. Procédase en consecuencia, ampliándose éstas tres declaraciones, y recibiendo el testimonio de RAFAEL RODRIGUEZ LOZANO; al mismo tiempo, téngase como prueba el registro electoral allegado, que atañe a votaciones de 1998.
3. Pidió los testimonios de MANUEL DARIO DAVILA, JESUS ENRIQUE DOVAL DURANGO y ESTANISLAO ORTIZ, quienes en ese orden integraron la lista a la Cámara de Representantes que en las elecciones de 2002 hizo coalición en Urabá con la de RUBEN DARIO QUINTERO y HUMBERTO DE JESUS BUILES CORREA al senado, al igual que la incorporación de copia de un documento electrónico originado en la Registraduría Nacional del Estado Civil atinente con los resultaros electorales de 2002 y una “noticia de prensa” relativa con la no revocatoria de la elección de un mandatario local, para restar fuerza a la tesis del apoyo electoral de grupos paramilitares que acogió la Fiscalía y al mismo tiempo demostrar, que todos ellos tenían importante caudal electoral “antes de la llegada de los paramilitares a la zona”, que además “siguió acrecentándose después de su salida”, con lo cual según dijo, “se descarta la existencia de un supuesto apoyo en doble vía entre la lista del Senado de QUINTERO VILLADA y los grupos paramilitares de Urabá”.
En esta ocasión, los testimonios de MANUEL DARIO DAVILA, JESUS ENRIQUE DOVAL DURANGO y ESTANISLAO ORTIZ no serán admitidos por la Corte, por cuanto en la fase instructiva del proceso fueron ordenados por la Sala y en efecto, sus declaraciones ya hacen parte del expediente (Fls. 269 c.o. No. 1; 157 y 159 c.o. No. 4). Sin que a pesar de ello, dentro de la oportunidad legal, la defensa haya explicado, suficiente y adecuadamente, cuál es la necesidad de su repetición en la que se finca el nuevo requerimiento, o qué es lo que en aquella ocasión omitieron decir, que justifique escucharlos de nuevo. En esos términos la petición se torna impertinente, como lo prevé el artículo 235 de la Ley 600 de 2000, pues no tiene sentido per se recibir varias veces unos mismos testimonios, siendo que la defensa no explicó, ni se avizora, que insistiendo en sus versiones se pudiera saber de hechos nuevos, anejos a la verdad del caso.
Es también inadmisible por inconducente, el registro de una noticia radial que habría tenido lugar el 22 de abril de 2009, ajena a este caso, como que según se dijo refiere al hecho que en la localidad de Turbo-Antioquia, se convocó a la población para revocar el mandato a su alcalde, sin que tal iniciativa haya tenido suficiente apoyo popular para conseguirlo. Ese conocimiento se anticipa del todo inane en pos de resolver con verdad y justicia los interrogantes probatorios, que según la resolución de acusación plantea este proceso, porque la carencia de votos para revocar el mandato al alcalde de Turbo, si fue cierto, no dice nada en torno al hecho de que según la Fiscalía, grupos paramilitares intervinieron la elección al Senado de la República del señor HUMBERTO DE JESUS BUILES CORREA, que tuvo lugar en el año 2002.
Acéptese como prueba, eso sí, el registro electoral originado en la Registraduría Nacional del Estado Civil, atinente con los resultados de las elecciones al Congreso de la República, del año 2002; que casa con pertinencia a la controversia jurídica planteada en el juicio.
4. La defensa pretende que se escuche en declaración al “CAPITAN LARGO, zona de Apartadó” y al “CABO MANZANA, zona de Apartadó”, de quienes dijo, son oficiales de la Policía Nacional que acompañaron “caravanas políticas”, pretendiendo que precisen las “condiciones de tiempo, modo, lugar, contenido y asistentes” en que se dieron, para atacar la intrascendencia que tuvieron ante la Fiscalía al tiempo de valorar los motivos del caudal electoral, que durante las elecciones de 2002 tuvo la lista al Senado de la República de la que hizo parte el doctor HUMBERTO DE JESUS BUILES CORREA.
La Sala no atenderá a esta pretensión, porque el saber que para unas elecciones al Congreso de la República, hubo unas “caravanas electorales”, nada quita ni aporta en lo fundamental, frente a la discusión que se teje en torno al hecho de que según la Fiscalía, grupos paramilitares influyeron ilícitamente en esos comicios. Entonces están demás los detalles que la defensa pretende llevar al juicio, los cuales, por cierto, fueron referidos con meridiana claridad, por algunos de los líderes políticos que ya declararon en este proceso.
5. La defensa, al tiempo que incorporó documentos según los cuales el partido Cambio Radical avaló la candidatura de MANUEL DARIO AVILA PERALTA a la Cámara de Representantes por Antioquia para el periodo 2002-2006, solicitó las declaraciones de ERNESTO ROJAS MORALES y ANTONIO ALVAREZ LLERAS, “sucesivos representantes legales” del mismo partido político, pretendiendo desdibujar la prédica dada en la acusación de que ese aval lo otorgó RUBEN DARIO QUINTERO y que HUMBERTO DE JESUS BUILES CORREA lo “supo, toleró y respaldó”. Para esos exclusivos propósitos, la Sala admitirá sus declaraciones y los documentos mencionados, en cuanto explicado suficiente y adecuadamente, razones de pertinencia, conducencia y eficacia, a propósito de los cargos contenidos en la resolución de acusación. Frente a la misma temática, de oficio, se solicitará al representante legal del partido Cambio Radical, que remita copia de todo el trámite, con sus anexos, que precedió la concesión de aval al movimiento político “Por una Urabá Unida, Grande y en Paz”, en el año 2002.
A esos específicos fines, están demás las resoluciones aludidas por la defensa, que tiene que ver con la existencia y representación del partido Cambio Radical, su personaría jurídica y el cambio de nombre; se tornan innecesarias y por eso se rechazarán.
6. Con el objeto de demostrar “quién es y quién ha sido HUMBERTO DE JESUS BUILES CORREA, no solo en el plano personal sino, también, en el ocupacional, con extensión a lo social y a lo económico”, y “cómo llegó a ese fatídico segundo renglón en la lista para el Senado lideraba RUBEN DARIO QUINTERO, y, lo que es todavía más, lo que podía, debía y tenía que saber en torno a pactos o acuerdos políticos precedentes celebrados entre éste último (…) y el movimiento “Por una Urabá Grande, Unida y en Paz”, y por esa vía, supuestamente, con grupos paramilitares en la zona de Urabá”, la defensa pidió los testimonios del doctor ALVARO URIBE VELEZ, presidente de la República; de LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO, gobernador de Antioquia; EUGENIO PRIETO, ex gobernador de Antioquia; JESUS VALLEJO MEJIA, experto constitucionalista y ex magistrado del Consejo de Estado; GERMAN VARGAS LLERAS, Director del partido Cambio Radical; y CESAR GAVIRIA TRUJILLO, ex presidente de la República y Director del Partido Liberal.
Esas pruebas se rechazarán por impertinentes e inconducentes, como lo dispone el artículo 235 de la Ley 600 de 2000. El expediente acusa información suficiente en el plano personal, social y familiar del señor HUMBERTO DE JESUS BUILES CORREA, que por demás, no es en estricto la controversia que plantea el juicio; también se ha dicho bastante con respecto a la forma en que él accedió al segundo escaño dentro de la lista al Senado de la República, que en las elecciones del año 2002 encabezó el doctor RUBEN DARIO QUINTERO, pero además durante la instrucción, en dicho sentido se aceptó la recepción de otros testimonios, que como se verá luego, también por petición de la defensa, se recabará en su practica, abierta la oportunidad para cuestionárseles ampliamente al respecto. Y con ocasión de los “acuerdos”, que según la acusación por entonces se dieron entre políticos y grupos paramilitares, la defensa no explicó qué conocimiento concreto aportarían los testigos que se pretenden; sin que puedan ser convocados a otorgar información en abstracto, o de tinte puramente académica.

7. Insistió la defensa en los testimonios de ENRIQUE ALBEIRO FRANCO VALDERRAMA, HERNAN DARIO VALLEJO RESTREPO, JOSE ALONSO GOMEZ CAÑAS, JUAN MANUEL RAMOS PEREZ, DIEGO LEON VALENCIA MEJIA y FERNANDO DE JESUS COSSIO MADRID, quienes conocerían de las circunstancias en las cuales HUMBERTO DE JESUS BUILES CORREA llegó a ocupar el segundo escaño en la lista al senado que encabezaba el doctor RUBEN DARIO QUINTERO, que durante la fase de investigación fueron ordenados por la Corte sin que se haya logrado su aducción; al respecto, con los mismos elementos de juicio que previamente motivaron su aceptación por la Sala, según providencia que data 21 de julio de 2008 (Fl. 217 c. o. No. 4), recábese en su recaudo durante el juicio.
8. La defensa pidió recibir los testimonios de JAIME ALFONSO LASPRILLA VILLAMIZAR y OSCAR JAIRO OROZCO MONTOYA, que también fueron ordenadas por la Sala durante la instrucción del proceso, sin que se hayan recibido. El primero con el propósito de configurar “un contraindicio de responsabilidad penal” a favor de señor HUMBERTO DE JESUS BUILES CORREA, para contrastar “la concepción que sobre el particular conjuga el ente fiscal”, porque él, “habiendo estado al mando de la Brigada No. 17 del Ejército Nacional, con sede en el municipio de Carepa (Antioquia)”, conoció las tensiones que el acusado tuvo con “los grupos armados ilegales de carácter paramilitar, con asiento en la zona”, a más que fue artífice del “rescate de los socios de aquél, cuando iban a ser víctimas de los mencionados grupos ilegales”. El segundo para descartar relaciones de proximidad entre el señor BUILES CORREA y grupos paramilitares que invocó la Fiscalía en el pliego de cargos. En ese sentido, como se decidió en auto de 5 de agosto de 2008 (Fl. 138 c.o. No. 5), recíbanse sus declaraciones.
9. En los términos de lo ordenado en auto del 5 de agosto de 2008 (Fl. 138 c.o. No. 5), conforme lo insistió la defensa, se dispone “librar misión de trabajo a policía judicial”, para que identifique e individualice al señor FRORENCIO MENA, lo cual “incluirá la consecución de la correspondiente ficha decadactilar en la Registraduría”, a efecto que, si es ubicado oportunamente, declare durante el juicio ratificando, ampliando y fundamentando la denuncia de vínculos entre políticos y paramilitares en el Urabá, que data 17 de marzo de 2008 (Fls. 92-94 c.o. No. 2); esto por lo que hace con el ex senador HUMBERTO DE JESUS BUILES CORREA.

10. La defensa allegó copia informal de la audiencia celebrada en el proceso que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca adelanta contra el señor RUBEN DARIO QUINTERO VILLADA, solicitando que se traslade al juicio copia auténtica del mismo documento para que se protocolice como prueba, con el argumento que tienen “notable y notoria incidencia” en este caso, al tiempo que solicitó recibir declaraciones a MANUEL MORALES, LIBARDO DE JESUS BOTERO, JORGE LEON PINZON, DIEGO LEON VALENCIA MEJIA, WILLIAM SALEME PETRO, RODOLFO MENA FERNANDEZ, GABRIEL ALVARADO, NELSON TORRES REBOLLEDO, CESAR ANDRADE, RAFAEL RODRIGUEZ LOZANO, JUAN MANUEL RAMOS y MANUEL DARIO AVILA, quienes allí declararon, pero para ser interrogados respecto de HUMBERTO BUILES CORREA.


Con respecto a la precedente solicitud, no se aceptará el documento entregado por la defensa, ni se trasladará a este juicio copia de las diligencias recogidas en audiencia pública en el proceso seguido contra el señor RUBEN DARIO QUINTERO VILLADA, como tampoco se recogerán los testimonios de las personas enlistadas que allí habrían declarado, porque se desconoce, ya que la defensa no lo explicó, cual es la “notable y notoria incidencia” que las prácticas pretendidas tienen en este caso, sabido que los juicios de valor frente a la conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas que son de lugar dentro de un proceso, no se adecuan per se a las exigencias de otro, por mucho y que compartan su origen, siendo lo cierto que en la solicitud se omitió exponer las razones por las cuales, las que fueron admisibles en ese proceso, también lo serían en éste.
Sin contar con que, además, como se registra en el cuerpo de esta decisión, los testimonios de MANUEL MORALES, DIEGO LEON VALENCIA MEJIA, RAFAEL RODRIGUEZ LOZANO y JUAN MANUEL RAMOS, a propósito de otros requerimientos de la defensa, ya fueron aceptados por la Sala y en audiencia se les podrá cuestionar sobre los tópicos adicionales que competan a éste caso. De igual modo, sí WILLIAN SALEME PETRO y GABRIEL ALVARADO, saben lo mismo que MANUEL MORALES, RAFAEL RODRIGUEZ LOZANO, DIEGO LEON VALENCIA MEJIA y JUAN MANUEL RAMOS PEREZ, como se dijo en la petición, no hay para qué insistir en la declaración de los primeros, cuando basta la de los últimos. Y MANUEL DARIO AVILA, como integrante del movimiento “Por una Urabá Grande, Uniuda y en Paz”, ya declaró sobre la misma temática que lo haría JORGE LEON PINZON y CESAR ANDRADE, también miembros de esa organización, como igualmente lo hizo ELBO ENRIQUE ESCOBAR ZUÑIGA y muchos otros dirigentes políticos del Urabá.
En el mismo sentido, dice la defensa que RODOLFO MENA FERNANDEZ y NELSON TORRES REBOLLEDO, representantes del partido Polo Democrático, “situados en el extremo ideológico opuesto a los grupos paramilitares”, pueden reseñar si hubo o no presiones por parte de esos grupos en la Zona de Urabá, y además de los votos que obtuvieron y la actividad política cumplida por HUMBERTO DE JESUS BUILES en esa época en la región, pero al no contrastar los hechos que pretende probar con los que sustentaron la acusación, omitió evidenciar razones de admisibilidad, cuando por demás la Fiscalía no argumentó que estas personas, precisamente ellas, hayan sufrido presiones de grupos paramilitares, desconociéndose también qué importancia puntual podría tener la votación que consiguieron, como su particular juicio acerca de “la actividad política cumplida” por el doctor BUILES.
11. Finalmente la defensa también pidió, al bando de recavar en que según auto del 28 de octubre de 2009 emitido por la Sala el debate planteado alude a hechos acaecidos entre 2002 y 2006, oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que certifique en qué fechas y para qué períodos constitucionales el señor HUMBERTO DE JESUS BUILES CORREA fue elegido congresista; a la División de Recursos Humanos del Senado de la República, para que informe la fecha en que él se posesionó como senador, indicando si ello obedeció a elección personal o por reemplazo del titular, fuera por renuncia o destitución de éste último, al tiempo que invocó la pretensión de “precisar el marco temporal dentro del cual debe desarrollarse la presente controversia jurídica”.
Con respecto a estas solicitudes la Sala considera, que para los efectos tratados por la defensa, o sea, “fijar el límite temporal dentro del cual habrá de desarrollarse la controversia del juicio”, no se accederá a su practica, pues ese propósito deviene contrario a la axiología contenida en el 235 de la Ley 600 de 2000, en cuanto que lo perseguido con las ordenes probatorias en este estadio del proceso, no es fijar los linderos de la acusación y por contera del debate en juicio, sino dar luces a los problemas jurídico-probatorios derivados de ella, estableciendo “la verdad sobre los hechos materia del proceso”.
Insístase, una vez más, en tanto se trae por la defensa como motivación de sus demandas probatorias, que en auto del 28 de octubre de 2009 no se fijaron hitos a la contención jurídico-sustantiva, como lo adujo descontextualizando los argumentos presentados por la Sala al tiempo de definir un asunto puramente formal relativo con la competencia, luego no son verdad las “imprecisiones” que se le atribuyen; esos límites, aún en lo estrictamente temporal, los determinó la Fiscalía General de la Nación en su resolución de acusación, como corresponde.
En cambio sí se decretarán esas mismas pruebas, al baremo de facultades oficiosas, para acreditar formalmente que el doctor HUMBERTO DE JESUS BUILES CORREA fue elegido y en efecto ostentó la calidad de Congresista, y por tanto, en términos del artículo 235 de la Carta Política es aforado constitucional; de ello se tuvo noticia en el expediente a través de testimonios y el acto de indagatoria, pero no está de más abrevar dicho conocimiento de su fuente más genuina y autorizada, que en tan específicas materias es la Registraduría Nacional del Estado Civil y la División de Recursos Humanos del Senado de la República.

12. Se ordenará, de oficio, incorporar al proceso copia de las declaraciones que el señor FREDY RENDON HERRERA, alias El Alemán, haya concedido dentro de otros expedientes que cursan en la Sala Penal de la Corte, entre ellas la versión que entregó el 14 de abril de 2009 dentro del caso radicado 26625, según informó la Fiscalía; además se le escuchará, en ampliación de declaración.


De conformidad con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

1. Negar la declaratoria de nulidad del auto mediante el cual se avocó el conocimiento del presente juicio.
2. Decidir, en los términos de la parte explicativa de esta decisión, lo relativo con las prácticas probatorias en juicio; tanto las pedidas por la defensa como las decretadas de oficio.
3. Posteriormente se fijará fecha y hora para realizar la audiencia pública de juzgamiento.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 182 del Código de Procedimiento Penal, las determinaciones adoptadas se notifican en estrados, siendo del caso precisar que de acuerdo con lo establecido en los artículos 189, 193 y 410 del estatuto procesal, el único recurso que procede es el de reposición, contra la negación de nulidades y la práctica de pruebas.
MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ DE LEMOS

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Aclaración de voto Aclaración de voto

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aclaración de voto

AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

Salvamento parcial de voto

YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER ZAPATA ORTIZ



Salvamento parcial de voto

TERESA RUIZ NÚÑEZ


Secretaria

1 . Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 28-10-2009, radicado 29200

2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, auto de 1° de septiembre de 2009, radicado 31.653.

3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, auto de 28-10-2009, radicado 29.200.

4 Corte Constitucional, sentencia C-545 de 2008.


5 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, auto de 28-10-2009, radicado 26.585.





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