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Neiva, octubre cinco (5) del año dos mil siete (2007)


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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Primera de Decisión

Neiva, octubre cinco (5) del año dos mil siete (2007).

MAGISTRADO PONENTE : Dr. JOSE MARCELINO TRIANA PERDOMO

ACCION : REPARACION DIRECTA

DEMANDADO : NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

DEMANDANTE : JOSE ORLANDO OSSO Y OTROS

RADICACIÓN : 410012331001-2002-01520

ACTA No. : 069 DE LA FECHA

  1. LA DEMANDA

Los señores JOSE ORLANDO OSSO, LUZ ARLEDY POLANIA VASQUEZ, ELGIDIO OCHOA GUTIERREZ, LUIS ALBERTO PUENTES MANRIQUE, JOSE MANUEL LOPEZ LOSADA, JORGE LOPEZ LOSADA, LUZ STELLA CASTAÑO CASTAÑEDA, TULIA SOLHEY RAMIREZ ALDANA, JOSE ANTONIO QUIZA ORTIZ, ARMANDO ROJAS OTERO, GUILLERMO BARRERA CHARRY, RAFAEL MENDEZ SALAZAR, ROGELIO QUIZA ORTIZ, JULIO BORRERO GIL, LUIS CARLOS BARRETO, JORGE EDUARDO GUALY CAMERO, HASBLEIDY TATIANA NUÑEZ DUSSAN, MARIO SANCHEZ SANCHEZ, SONIA GUTIERREZ CHAVARRO, DEICY PEREZ PUENTES, JESUS ANTONIO ARIAS BARRIOS, ADELA MARIA ORDOÑEZ MEDINA, HUMBERTO CHAVARRO, MARISOL OSSA HENAO, JOSE MANUEL GUERRA LOZANO, RICARDO PEÑA DONOSO, ARGEMIRO VARGAS PASTRANA, LUZ MARINA BAHAMON BERNAL, LIGIA GOMEZ VARGAS, FABIO ESPER POLANIA, ESPERANZA GUTIERREZ ANDRADE, RAMIRO MARTINEZ VASQUEZA, SILVIO CASTAÑEDA M, DIANA ORTIZ MENDEZ, MARIA ELOISA TOVAR ARTEAGA, MIREYA BONILLA OLIVEROS, ESPERANZA CHARRY BONILLA, HERMES MOLINA CASTAÑO, JOSE NILSON NIETO, NIRSA TRUJILLO SAENZ, VICTOR HERNANDO ROJAS ZUÑIGA, RAMIRO ORDOÑEZ BUENDIA, LUIS ANGEL LOSADA PUENTES, JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ, DEYANIRA RIVERA CORDOBA, MARTHA NUBIA TRUJILLO AVILES, ANA ROSARIO PINZON CHAMORRO, FLORENTINO OLIVEROS ACEVEDO, JORGE HORACIO CUENCA VARGAS, NELCY MENDEZ RAMIRES, EDUARDO HERNANDEZ OVALLE, JOSE JAIRO ALARCON TOVAR, GLORIA EUGENIA DEVIA TRUJILLO, JOSE DAVID ADAMES, JHON JAIRO SOLANO TRUJILLO, MARLENY OLARTE CANO, LUCELIDA MARTINEZ GUTIERREZ, OLGA SANCHEZ OSPINA, ERNESTO GOMEZ MANCHOLA ARMANDO BARRERA SANCHEZ, FLOR MARIA SANCHEZ ROJAS, GERARDO ANGEL PEÑA, ALVARO DIAZ RAMIRZ, MISAEL ALVAREZ MUÑOZ, EDISSON RAMIREZ LOPES, AMANDA LEAL AVILA, BENJAMIN ALVAREZ MUÑOZ, JUAN GALINDO JIMENEZ, RODRIGO HERNANDEZ FIERRO, RAFAEL PASTRANA, CARLOS GUSTAVO TOVAR ARIAS, HENRY PORTES PORTES, NURY ESPERANZA PERDOMO DE MOLINA, YINETH BORRERO MURCIA, MARIA ESPERANZA ROJAS SUAREZ, ANA LUCIA CADENA GONZALEZ, MARTHA CECILIA BONILLA, EMILCE CERON PARRA, ROGELIO OSORIO HERRERA, MARIO GARCIA MONTEALEGRE y EDER PERDOMO ESPITIA, mediante apoderado, presentan demanda en ejercicio de la acción de Reparación Directa en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, a efecto de que se le declare responsable de los perjuicios derivados de la extemporaneidad en el pago del reajuste salarial del año 2000, disponiendo “la indexación de las referidas sumas de dinero, liquidadas mes a mes, desde el mes de enero del año 2000, hasta el mes de enero de 2001”, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor para el referido periodo.


Igualmente, se condene a la parte demandada en costas.



  1. LOS HECHOS

Indican los demandantes que son servidores de la Rama Judicial en la ciudad de Neiva, desde tiempo atrás.


La ley 547 de 1999 por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la Vigencia Fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del 2000”, al efectuar la apropiación para gastos de funcionamiento en su artículo 2°, “…no previó aumento salarial para todos los servidores públicos, sino para quienes devengaran menos de dos (2) salarios mínimos” (fl. 87).
En ejercicio del control de constitucionalidad, la H. Corte Constitucional mediante sentencia del 23 de octubre de 2000, declaró la exequibilidad del artículo 2° de la Ley 547 de 1999, excepto “en lo relativo al ajuste salarial de los servidores públicos por el año 2000, en lo cual es inexequible” (fl. 87), ordenando al gobierno nacional realizar los reajustes salariales correspondientes para todos los servidores públicos antes de terminar la vigencia del año 2000 y con retroactividad al 1° de enero del mismo año
En cumplimiento de dicho fallo, se realizaron las apropiaciones presupuestales respectivas y se dispuso el pago del aumento salarial de los demandantes, “…el cual se hizo efectivo en el mes de enero de 2001, pero este pago no comprendió la indexación de los dineros que por concepto de incremento salarial fueron recibidos en forma tardía…” (fl. 87).
El pago extemporáneo de este estipendio, “…les causó un perjuicio, pues al no poder disponer de esos recursos en forma oportuna, su poder adquisitivo se vio ostensiblemente reducido, máxime si tenemos en cuenta que nos encontramos frente a sociedad que tiene una economía inflacionaria, tal y como expresamente lo reconoce nuestra Carta Política en sus artículos 373 y 53” (fl. 88).


  1. NORMAS VIOLADAS

Los demandantes invocan como normas infringidas los artículos 1, 2, 4, 13, 23, 48, 53, 90, 187 y 334, de la Constitución Política, los artículos 86 C. C. A., las Leyes 446 de 1998 y 4 de 1992.




  1. ADMISION Y TRAMITE

Enmendadas las informalidades que en su momento el Tribunal señaló, por auto del 28 de mayo de 2003, se dio curso a la demanda por el trámite ordinario previsto en el artículo 58 de la Ley 446 de 1998, modificatorio del numeral 5º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el artículo 164 de la citada ley.


Las notificaciones y traslados se surtieron de conformidad con el ordenamiento legal.


  1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El apoderado de la parte demandada contestó la demanda, sin embargo como lo hizo vencido el término de fijación en lista del proceso (fls. 120 y 121), se tiene por no respondida.




  1. LA PRUEBA

A instancia del Tribunal se allegó al proceso el Oficio número DRH-0736 del 26 de noviembre de 2004 de la División de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de la ciudad, remitiendo en forma individual los certificados correspondientes a la prestación de servicios y sobre los factores salariales pagados a los demandantes en el año 2000, excepto el de CARLOS GUSTAVO TOVAR ARIAS, como servidores judiciales de Neiva (fls. 144 a 354).




  1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante no alegó de conclusión.


La parte demandada en escrito presentado oportunamente solicita se nieguen las pretensiones de los demandantes, pues después de mencionar las causas de reparación directa encuentra que la actuación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en este caso ha estado enmarcada por las normas superiores y por ende no ha causado ningún daño a los demandantes.
Refiere que en el proyecto de ley de presupuesto para la vigencia 2000 presentado por el gobierno nacional y aprobado por el Congreso de la República, el aumento salarial de los servidores del Estado se estableció con base en las disponibilidades de recursos y en coherencia con los planes macroeconómicos. En ese orden y buscando mejorar la remuneración mínima vital y móvil de los trabajadores de menores ingresos, el Decreto 182 del 11 de febrero de 2000 estableció incrementos del orden del 9.23% y 9.00% para quienes devengaban menos de 1 y 2 salarios mínimos legales mensuales, respectivamente.
Al declarar la H. Corte Constitucional en Sentencia C­-1433/2000 la inexequibilidad parcial del artículo 2° de la Ley 547 de 2000, por incumplimiento del deber jurídico emanado de los artículos 53 y 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política y del artículo 4 de la Ley 4 de 1992, relativo al ajuste salarial de los servidores públicos por el año 2000, el Congreso Nacional expidió la Ley 626 de 2000 adicionando el Presupuesto General de la Nación del mismo año y, a su vez, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2720 del 27 de diciembre de 2000, incrementando el salario de los servidores públicos en 9.23%, correspondiente al IPC de 1999.


  1. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

Solicitan los demandantes que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público les cancele una indemnización debido al daño y perjuicio económico ocasionado a su patrimonio al retardar injustificadamente el pago del incremento salarial dispuesto para el año 2000 para los servidores públicos en general por el Decreto 2720 del 27 de diciembre de 2000, cuya cancelación se realizó en el mes de enero de 2001.


La Ley 547 del 23 de diciembre de 1999, "por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre del 2000", congeló los salarios de los servidores públicos, excepto aquellos que devengaran 1 o 2 salarios mínimos legales, para quienes se incrementó en 9.36% y 9.00%, respectivamente, mediante Decreto 182 del 11 de febrero de 2000.
La Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-1433/00, declaró la inexequibilidad parcial del artículo 2 de la mencionada ley, en cuanto omitió el ajuste salarial de todos los servidores públicos para el año 2000, porque:
Tanto el Gobierno al presentar el proyecto del presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del año 2000, como el Congreso al aprobarlo, mediante la ley acusada, violaron la Constitución, debido a que desconocieron el deber jurídico constitucional y legal de incrementar los salarios de todos los servidores públicos, a partir del 1 de enero de dicho año.
Establecido el incumplimiento de dicho deber, con el fin de asegurar el imperio de la supremacía y de la integridad de la Constitución, la Corte se pronunciará de la siguiente manera:
- Declarará que en el artículo 2 de la ley 547 de 2000 se incurrió por el Congreso en el incumplimiento de un deber jurídico, emanado de las normas de la Constitución señaladas en la parte motiva de esta sentencia y, específicamente, de los artículos 53 y 150, numeral 19 literal e), así como del artículo 4º de la ley 4ª de 1992. En consecuencia, declarará la exequibilidad del mencionado artículo, salvo en cuanto se omitió el mencionado deber jurídico, en lo relativo al ajuste salarial de los servidores públicos por el año 2000, en lo cual es inexequible.
- Ordenará poner en conocimiento del señor Presidente de la República y del H. Congreso de la República la decisión contenida en la presente sentencia, para que dentro de la órbita de sus competencias constitucionales, cumplan con el deber jurídico omitido, antes de la expiración de la presente vigencia fiscal, con arreglo a los siguientes parámetros que aparecen señalados en pronunciamientos de la Corte Constitucional que han hecho tránsito a cosa juzgada, según las consideraciones precedentes, así:
- El último aumento salarial a todos los servidores públicos ocurrió y se hizo efectivo entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1999. Por esta razón, al tenor de lo dispuesto en el artículo 4º de la ley 4ª de 1992 y en las sentencias C-710/99 y C-815/99, y con el fin de garantizar la igualdad frente a los servidores a quienes se les aumentó el salario, a partir del 1 de enero de 2000, los incrementos salariales que se decreten con el fin de cumplir con el deber omitido, necesariamente deben hacerse en la misma forma, esto es, desde la misma fecha.
- Así mismo, con arreglo a la jurisprudencia contenida en la sentencia C-815/99, los aumentos salariales deben corresponder, por lo menos al monto de la inflación del año anterior, porque sólo de esta manera se cumple a cabalidad con los mandatos constitucionales que exigen conservar el poder real de los salarios de los trabajadores”.
En desarrollo de esta decisión el Congreso de la República emitió la Ley 626 del 26 de diciembre de 2000, “por la cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto de rentas y recursos de capital y en la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de 2000”, y el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2720 del 27 de diciembre de 2000 estableciendo un ajuste salarial para el año 2000 del 9.23%, igual al índice de precios del consumidor del año 1999, para todos los servidores públicos, incremento que de acuerdo con el “listado histórico de devengados” emitido por la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Seccional de Administración Judicial de la ciudad, en el caso de los demandantes fue pagado en forma acumulada el 30 de diciembre de 2000 (fls. 147 a 354).
Sobre la presunción de legalidad y efectos de los fallos de inexequibilidad de normas jurídicas, la Honorable Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de referirse, indicando en torno a este aspecto:
En el caso de la sentencia C-527 de 1994 la Corte en uso de sus facultades indicó expresamente que los efectos del fallo sólo se cumplirían hacia el futuro. Y lo hizo por razones elementales de seguridad jurídica, principio que esta Corporación busca siempre tutelar al indicar los efectos que atribuye a sus fallos.
También por razones de seguridad jurídica, en el tema de los efectos de los fallos de inexequibilidad, se ha elaborado por la doctrina el principio de presunción de legalidad, en virtud del cual se respetan los efectos que ya surtió la ley y las situaciones establecidas bajo su vigencia. La necesidad de garantizar la seguridad jurídica de los asociados, es sin duda la razón de ser de estos principios básicos que dominan el ejercicio del control de constitucionalidad. Los mismos argumentos que imponen, en principio, la irretroactividad de la ley, imponen, en principio, la irretroactividad de los fallos: "La seguridad jurídica es requisito para la configuración del orden público. Si no hay una estabilidad en cuanto a la consecuencia jurídica, obviamente no pueden los destinatarios de la ley estar gozando del derecho a la seguridad", ha dicho esta Corporación refiriéndose a la irretroactividad de las normas jurídicas, en sentencia C- 549 de 1993. (M. P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
Luego, salvo excepciones expresas señaladas por la misma Corte, en principio los fallos de inconstitucionalidad tienen efectos pro-futuro y respetan la presunción de legalidad de los actos cumplidos al amparo de la norma declarada inexequible”1.
En consecuencia, si reparamos que la Ley 547 del 23 de diciembre de 1999, "por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre del 2000" y el Decreto 182 del 11 de febrero de 2000, a través de los cuales se congelaron los sueldos de los servidores públicos que devengaban más de 2 salarios mínimos legales, tuvieron vigencia y aplicabilidad hasta tanto se declararon inexequibles por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado2, respectivamente, es claro para la Sala que hasta entonces no había surgido derecho alguno en torno al incremento salarial para el año 2000 de estos trabajadores, el que solo nació a la vida jurídica el 27 de diciembre de 2000 cuando se emitió el Decreto 2720 de la misma fecha reconociendo un incremento general para todos los servidores del sector oficial del 9.36%, después que el Congreso Nacional efectuara las apropiaciones presupuestas necesarias a través de la ley mencionada.
Sobre esta base el pago del reajuste salarial de los servidores de la Rama Judicial correspondiente a la vigencia fiscal del año 2000, realizado el 30 de diciembre del mismo año, no comporta ningún daño antijurídico, pues no solo se realizó dentro del contexto de la respectiva vigencia sino también inmediatamente después de su reconocimiento legal. El hecho de que el incremento se retrotrajera al 1° de enero de 2000, no significa que el derecho surgiera en esa fecha como quizá se interpretó por los demandantes, sino a partir del momento en que expresamente se reconoció.
Eso de una parte, de otra, la propia Corte Constitucional en sentencia C-1064 de 2001 mediante la cual se declaró la exequibilidad del Artículo 2° de la Ley 628 de 2000, que decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2001, hizo algunas precisiones a los criterios fijados en la sentencia C-1433 de 2000, entre ellas que el derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario no es absoluto, indicando en lo pertinente:
El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo real del salario no es un derecho absoluto, como no lo es ningún derecho en un Estado Social y Democrático3. La conceptualización del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario como derecho limitable es un desarrollo específico de la doctrina según la cual los derechos, incluso los fundamentales, no son absolutos, de lo que se deriva la posibilidad de armonizarlos para asegurar en la práctica su ejercicio efectivo.

(…)

4.2.2.4. El respeto a los derechos adquiridos. Se podría argumentar que con la decisión de limitar el derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario se vulneran o desconocen los derechos adquiridos (art. 58 C.P.) de los servidores públicos. Al respecto basta enfatizar que es necesario distinguir entre desconocimiento o vulneración de derechos y limitaciones legítimas de los mismos. No toda limitación de los derechos constitucionales constituye su desconocimiento o vulneración.
4.2.2.5. La distinción entre la desmejora de un derecho y su carácter absoluto. Por último, la Corte advierte que los derechos sociales de los trabajadores no pueden ser desmejorados ni siquiera en estados de emergencia (art. 215 inciso final C.P.) y mucho menos pueden serlo en tiempos de normalidad. En este caso no hay desmejora de tales derechos, lo que está en juego es en qué grado, en qué forma y a qué ritmo estos deben mejorar. A este respecto, considera la Corte importante insistir en la distinción entre la naturaleza limitable del derecho, consustancial a todos los derechos constitucionales en un Estado Social de Derecho, de un lado, y el desmejoramiento de los derechos sociales, de otro. La prohibición de desmejora de los derechos sociales de los trabajadores no convierte a dichos derechos en absolutos, ni implica que el derecho a un reajuste para responder a la inflación que afecta a la población en general deba ser reconocido en forma absoluta a todos los servidores públicos, independientemente de su nivel de ingresos”.
En el mismo fallo, al preguntarse cuándo debe hacerse el aumento salarial y de cuánto debe ser, precisó sobre el primer aspecto lo siguiente:
La respuesta a la primera cuestión surge de la norma demandada y de lo pedido por el demandante. La ley de presupuesto es anual4 y la vigencia fiscal que ésta regula es la comprendida entre el 1 de Enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2001. Los incrementos salariales en el sector público también tienen una dimensión temporal anual en virtud de lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 4 de 1992 (Ley marco de salarios).5 Además, esta Corte en la sentencia C-710 de 1999, anteriormente analizada, definió el derecho a la movilidad salarial como un derecho que comprende por lo menos reajustes anuales, así estos no se efectúen integralmente dentro de los primeros días del año calendario respectivo”.
En estas circunstancias para la Sala es claro que el pago del incremento salarial del año 2000 realizado a los actores el 30 de diciembre de 2000, se hizo dentro de la oportunidad temporal correspondiente y por tanto no comporta ningún daño reparable, por cuya razón se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Primera de Decisión, Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley:


F A L L A :

Deniéganse las pretensiones de la demanda.


Notifíquese y archívese.

JOSE MARCELINO TRIANA PERDOMO RAMIRO APONTE PINO

Magistrado Magistrado
JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRIGUEZ

Magistrado





1 Sentencia T-401/96, Magistrado Ponente Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA.

2 El Consejo de Estado, mediante sentencia del 15 de agosto de 2002, C. P. Dr. ALBERTO ARANGO MANTILLA, declaró nulo el Decreto 182 de 2000 en cuanto omitió reajustar las asignaciones básicas mensuales de los empleados y funcionarios públicos del orden nacional.


3 Corte Constitucional, Sentencia C-475 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: “Si el sistema constitucional estuviese compuesto por derechos ilimitados sería necesario admitir (1) que se trata de derechos que no se oponen entre sí, pues de otra manera sería imposible predicar que todos ellos gozan de jerarquía superior o de supremacía en relación con los otros; (2) que todos los poderes del Estado, deben garantizar el alcance pleno de cada uno de los derechos, en cuyo caso, lo único que podría hacer el poder legislativo, sería reproducir en una norma legal la disposición constitucional que consagra el derecho fundamental, para insertarlo de manera explícita en el sistema de derecho legislado. En efecto, de ser los derechos “absolutos”, el legislador no estaría autorizado para restringirlos o regularlos en nombre de otros bienes, derechos o intereses constitucionalmente protegidos. Para que esta última consecuencia pueda cumplirse se requeriría, necesariamente, que las disposiciones normativas que consagran los “derechos absolutos” tuviesen un alcance y significado claro y unívoco, de manera tal que constituyeran la premisa mayor del silogismo lógico deductivo que habría de formular el operador del derecho.

Sin embargo, el sistema constitucional se compone de una serie de derechos fundamentales que se confrontan entre sí. Ello, no sólo porque se trata de derechos que han surgido históricamente como consecuencia de la aparición de valores contrarios, sino porque, incluso, los que responden a sistemas axiológicos “uniformes” pueden verse enfrentados o resultar opuestos a objetivos colectivos de la mayor importancia constitucional. Así, para sólo mencionar algunos ejemplos, el derecho a la libertad de expresión (C.P. art. 20) se encuentra limitado por el derecho a la honra (C.P. art. 21), al buen nombre y a la intimidad (C.P. art. 15) y viceversa; el derecho de asociación sindical no se extiende a los miembros de la fuerza pública (C.P. art. 39); el derecho de huelga se restringe en nombre de los derechos de los usuarios de los servicios públicos esenciales (C.P. art. 56); el derecho de petición esta limitado por la reserva de ciertos documentos para proteger intereses constitucionalmente valiosos (C.P. art. 23 y 74); el derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra limitado por “los derechos de los demás y el orden jurídico” (C.P. art. 16), etc.”



4Capítulo 3, del Título XII de la Constitución Política.

5 Ley 4 de 1992, Artículo 4.- Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2° el Gobierno Nacional, dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año, modificará el sistema salarial correspondiente a los empleados enumerados en el artículo 1° literal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones.

Igualmente, el Gobierno Nacional podrá modificar el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de los mismos empleados.



Los aumentos que decrete el Gobierno Nacional conforme a este artículo, producirán efectos fiscales a partir del primero de enero del año respectivo. (se subrayan las expresiones declaradas inexequibles en la C-710 de 1999).



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