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Neiva, Mayo Diecisiete (17) de Dos mil seis (2006)


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República de Colombia



Rama Judicial

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Sala Tercera de decisión

Neiva, Mayo Diecisiete (17) de Dos mil seis (2006)

DEMANDANTE : ENRIQUE CABRERA PASCUAS y OTROS

DEMANDADO : NACION –POLICIA NACIONAL

ACCION : REPARACIÓN DIRECTA

DECISIÓN : SENTENCIA.

PONENTE : Dr. ENRIQUE DUSSAN CABRERA



RADICACIÓN : 41 001 23 31 003-2000 03968 00
Aprobado en Sala de la Fecha. Acta No. 0047.-

1. LA DEMANDA



1.1. Pretensiones.
Los señores ENRIQUE CABRERA PASCUAS y JAYSSON CORREA PANCHO, mayores de edad y vecinos de Neiva actuando en su propio nombre mediante apoderado y en ejercicio de la acción de Reparación Directa demandan a la Nación, Ministerio de Defensa –Ejército- para que se le declare responsable de los perjuicios materiales y morales derivados de lesiones causadas por el estallido de una granada de uso privativo de las fuerzas armadas abandonada por miembros de la institución en los campos de entrenamiento del Batallón Tenerife de Neiva y que les generó discapacidades.
Que en consecuencia se le condene a pagarles como indemnización por perjuicios morales el equivalente en pesos a un mil gramos oro puro a cada uno; por perjuicios materiales, por el lucro cesante, las sumas de dinero que ganarían en la más mínima actividad laboral dada sus condiciones de bachilleres y exmilitares, como sería de vigilantes, hasta la fecha de vida probable y por el daño emergente las sumas de dinero gastadas en honorarios médicos, de droga, honorarios de abogado; en subsidio que se condene ésta indemnización conforme al 107 del Código Penal; y que tales sumas devenguen intereses debidamente actualizados y que el fallo se cumpla de conformidad con lo dispuesto por el C.C.A.
1.2. Los hechos.
En síntesis son:
Enrique Cabrera Pascuas y Jaysson Correa Pancho alumnos de la Academia Militar “General José Antonio Anzoategui” de la ciudad de Neiva, el 21 de Octubre de 1998 a eso de las 6:45 P.M., fueron afectados por esquirlas que le causaron múltiples lesiones, al pisar, el último de los mencionados, un artefacto explosivo abandonado por miembros del ejército Colombiano en el área de instrucción dentro de las instalaciones del Batallón Tenerife de Neiva.
1.3. Fundamento de Derecho.
Cita como fundamentos jurídicos los artículos 2, 58 y 90 de la C.P., y expone que hay responsabilidad de la entidad demandada por Falla del servicio
2. ADMISIÓN, TRAMITE Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. Por reunir los requisitos formales, la demanda se admitió y se ordenó su trámite por el procedimiento ordinario así como el que se notificara dicho auto y corriera traslado de la demanda al Ministro de Defensa y al Agente del Ministerio Público, lo que efectivamente se hizo.
2.2. La Nación Ministerio de Defensa- Ejército-, dejó vencer el término de fijación en lista sin contestar la demanda (f.29).

3. Alegatos de conclusión.
Practicadas las pruebas, las cuales se analizarán más adelante se llamó a las partes a que presentaran sus alegatos finales.
3. 1. Parte actora. No presentó.
3. 2. Parte demandada.
La Nación- Ejército Nacional- por medio del apoderado expone que no se hallan probados los supuestos de hecho ni de derecho en que se sustentó la acción.
Argumenta que los directos responsables de la seguridad de los alumnos es la Academia militar “José Antonio Anzoategui”, la cual no pertenece al Ministerio de Defensa.
Que como lo expuso el Teniente Coronel William Fernando Pérez L., comandante para la época del Batallón Tenerife ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito, -dentro de la acción de tutela- las directivas de la institución educativa cambiaron inexplicablemente el horario de instrucción sin previo aviso ni coordinación con dicho Comando a efectos que los predios estuvieran en condiciones de ser utilizados.
Expone que se presenta la causal exonerativa de responsabilidad por el hecho de un tercero como son las directivas de la institución académica.
3.3. Ministerio Publico. No emitió concepto.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA:
4.1. Asunto jurídico a resolver.
Corresponde determinar si la Nación –Ministerio de Defensa- Ejército nacional- es responsable por el daño antijurídico sufrido por los demandantes como consecuencia de la falla en el servicio al abandonar un artefacto explosivo que generó las lesiones padecidas por ellos, en hechos ocurridos en el Batallón Tenerife de Neiva el 21 de octubre de 1998.
4.2. De la existencia de los elementos de la responsabilidad.
4.2.1. Del daño.
"El daño es requisito indispensable pero no suficiente para que se declare la responsabilidad....El daño es un elemento indispensable para la existencia de la responsabilidad, pero cuya sola presencia no convierte de suyo, a quien lo sufre en acreedor de una indemnización"1. Criterio que la Sala comparte por lo que pasa a establecerse su existencia y su característica.
Según la valoración médico laboral realizada en Neiva el 20 de octubre de 2000, por el galeno Francisco H., Escobar, allegada con la demanda, respecto de cada uno de los demandantes, expresa:
De JYSSON CORREA PANCHO:
ESTADO ACTUAL: Paciente que presenta labilidad de su estado emocional, con deformidad de Septum-Nasal, cicatrices en cara, dificultad para los movimientos masticatorios de la articulación temporamaxiliar con desviación hacia la izquierda, en mano izquierda se encuentra tercer dedo en anquilosis de 45 grados, quinto en anquilosis neutra, segundo y tercero con limitaciones de la flexión y extensión, limitación para el agarre a mano llena; pérdida de sustancia a nivel de prepucio en pene, deformidad ambas piernas por secuela de fracturas múltiples, amputación de falange distal de grueso artejo derecho, con anquilosis, 2,3,4 y 5 dedos de pié derecho se encuentran con limitación casi total de la movilidad, limitación de la eversión-inversión del mismo pie, limitación de los movimientos de extensión y flexión de 2,3,4 y dedos del pie izquierdo, múltiples cicatrices por heridas de esquirlas generalizados.
CONCLUSION: Presenta DEFICIENCIAS, DISCAPACIDADES Y MINUSVALIAS, que de acuerdo con el Decreto 917 del 28 de Mayo/99 ó MANUAL UNICO PARA LA CALIFICACION DE LA INVALIDEZ, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le ocasionan un (sic) pérdida de la capacidad laboral en un CINCUENTA Y SEIS PUNTO CERO (56.0) POR CIENTO” (f.13)

En relación con ENRIQUE CABRERA PASCUAS:


ESTADO ACTUAL: Paciente que presenta labilidad de su estado emocional, con imposibilidad para los movimientos activos de M.S.D., sensibilidad parcialmente conservada y monoparexia del mismo, disminución de la masa muscular del M.S.D., al igual que la región escapular e infracapular derecha, disminución de los movimientos del pie derecho, con hernia muscular en el tercio inferior de los músculos peroneros, múltiples cicatrices en Tórax, Abdomen, periné y MM.II
CONCLUSION: Presenta DEFICIENCIAS, DISCAPACIDADES Y MINUSVALIAS, que de acuerdo con el Decreto 917 del 28 de Mayo/99 ó MANUCAL UNICO PARA LA CALIFICACION DE LA INVALIDEZ, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le ocasionan un (sic) pérdida de la capacidad laboral en un SESENTA Y DOS PUNTO CERO CINCO (62.05) POR CIENTO” (f.14)
Tal valoración por ser documentos privados que emanan de un tercero y dada su naturaleza declarativa, para la Sala tienen pleno valor probatorio de conformidad con el numeral 2 del artículo 252 del C.P.C., y dado que la parte demandada no pidió su ratificación, lo declarado se tiene como hecho probado, a la luz de la sana crítica y conforme se sigue exponiendo.
En efecto, dicho valor probatorio se da en un análisis en conjunto con las demás pruebas y al hallarse demostrado el hecho generador de tales secuelas en la versión testimonial recibida al Teniente Coronel William Fernando Pérez Laiseca comandante para la época del Batallón Tenerife, rendida ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva dentro de la acción de Tutela del señor Enrique Cabrera Pascuas en contra de la Nación –Ejército nacional- Batallón Tenerife-, testigo que allegó parte de la investigación interna realizada por dicha institución y en donde se hallan expuestos los hechos en que, por explosión de un artefacto dentro del Batallón Tenerife, el 21 de octubre de 1998, sufrieron heridas los aquí demandantes Enrique Cabrera Pascuas y Jaysson Correa Pancho.
Igualmente por la versión testimonial del señor Víctor Manuel López Granados, Rector del Colegio Militar Academia General José Antonio Anzóategui; y Blas Cuesta Pedreros coordinador militar de dicha academia, y el dictamen pericial rendido por perito forense respecto de Enrique Cabrera Pascuas en dicha actuación constitucional (C.2 fs, 40, y ss) se infiere tales hechos y su secuela.
Por tanto éste primer elemento de la responsabilidad se halla probado.
Sobre su cuantificación, se hará una vez se determine la existencia de los demás elementos de la responsabilidad, si a ello hay lugar.
4.2.2. El hecho causante del daño.
Se halla constituido por el estallido de un artefacto explosivo mientras los demandantes participaban y desarrollaban una actividad escolar por ser estudiantes de la Academia General José Antonio Anzóategui en las instalaciones del Batallón Tenerife, el 21 de octubre de 1998. Situación y hecho debidamente demostrados con la prueba trasladada del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, como se ha indicado, dentro de la acción de Tutela del señor Enrique Cabrera Pascuas en contra de la Nación –Ejército nacional- Batallón Tenerife-.
Blas Cuesta Pedreros, oficial en retiro y educador de la Academia militar General José Antonio Anzoategui de Neiva, expresó en su declaración ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva: “El día de los hechos, en referencia, se estaba desarrollando la instrucción en el Batallón de acuerdo a los horarios y a las autorizaciones recibidas del Comando del Batallón, creo que ahí están los horarios y la autorización. Tenemos instrucción nocturna de tiro y como la munición se agotó se ordenó por parte de Mi Mayor el Rector Militar, se adelantara la siguiente instrucción militar que era técnica o Táctica y Operaciones, Técnicas de Escuadra, taréa N° 32 ejecutar una incursión. Esto en vista de que la munición se agotoó. El cambio de horario fue mediante un oficio que envió la Academía al Batallón y los cual fue autorizado por el comando del mismo y le ordenó al S3 que verifique, el oficio fue dirigido al Comandante del Batallón Tenerife de esta ciudad y de su puño y letra lo autorizó…” –sic-. (f.54 C. de prueba)
Dado que el hecho causante del daño lo produjo un artefacto explosivo, cuya custodia y cuidado necesariamente radicaba en la institución militar –Batallón Tenerife- y más aún cuando ocurrió dentro del propio Batallón, la responsabilidad en la entidad demandada se presume por tratarse del manejo de un elemento propio de una actividad peligrosa como es el uso de explosivos y armas convencionales y en un espacio propio y baja la custodia de la entidad castrense.
En consecuencia éste segundo elemento se halla plenamente establecido.
4.2.3. Imputabilidad del hecho dañoso.
"Para poder imputar un daño a un ente público, lo que interesa es ...que el ente tenga la titularidad del servicio o de la actividad desarrollada por sus funcionarios." En este entendimiento, la imputación del daño al Estado depende, en este caso, de que su causación obedezca a la acción o a la omisión de las autoridades públicas en desarrollo del servicio público o en nexo con él, excluyendo la conducta personal del servidor público que, sin conexión con el servicio, causa un daño”.2
Conforme la prueba documental allegada y la presunción legal establecida de haberse originado el daño por actividad peligrosa y en predios del Batallón Tenerife la imputación en la entidad demandada se tiene por establecida.
Así las cosas éste elemento de la responsabilidad se da por demostrado.
4.3. De la eximente de responsabilidad aducida por la entidad demandada en sus alegatos.
Expresa el apoderado de la entidad demandada que como se demostró y adujo en la Acción de tutela, la responsabilidad no radica en la Nación Ministerio de Defensa -Ejército Nacional- sino en la Academia militar “José Antonio Anzoategui” por lo que debe ser exonerada de la responsabilidad que se pretende en éste proceso, por la culpa de dicho tercero.
El Coronel William Fernando Pérez Laiseca en su declaración ya referida, expone que se adelantó una investigación interna y que “…como resultado de esa investigación se pudo establecer que no había lugar a responsabilidad, por parte del personal orgánico del Batallón Tenerife, y en particular por las siguientes razones: Primero: la responsabilidad de la instrucción militar, del colegio corresponde directamente al mismo, en cabeza de su rector militar, y de los instructores militares, todos ellos militares retirados que trabajan para el mismo colegio. 2°. en el momento de ocurrir el accidente, los alumnos se encontraban desarrollando una instrucción que no correspondía a la hora establecida en el horario de instrucción, por cuanto esa instrucción debía iniciarse a partir de las 8 de la noche, y fue iniciada a partir de las 18:15 horas, por orden expresa del rector militar, del colegio mayor retirado Angel Guillermo Pulido Guevara, contraviniendo lo establecido en el horario de instrucción aprobado por el comando del Batallón. 3° por iniciar la instrucción en el horario indebido y sin ninguna coordinación con el Batallón Tenerife, ingresaron a un área restringida de la unidad presentándose los hechos conocidos, 4° … 7° El Batallón Tenerife como unidad directora, de la instrucción dio cumplimiento estricto a todas las normas sobre instrucción militar, supervisando la elaboración de los documentos correspondientes y la preparación de las áreas para la instrucción. Por tal razón a esa hora debería estar realizando un ejercicio de polígono y no una instrucción que estaba desarrollando sin la debida autorización. Por lo anterior, la responsabilidad compete a las directivas del Colegio Militar José Antonio Anzoategui” –sic- (f.40 C. de Prueba)
Por su parte el señor Angel Guillermo Pulido Guevara, oficial en retiro y Rector militar expresó en declaración rendida dentro de la investigación interna adelantada por el Ejército Nacional –Batallón Tenerife: “Como Rector Militar y cumpliendo las directrices que emana el Reglamento 3-20 de funcionamiento de los Colegios Militares y PIE 001/93 sobre funcionamiento de los Colegios Militares los cambios de la instrucción se deben autorizar por parte de la Unidad Directora en este caso el Batallón Tenerife, cumpliendo con esta norma se elevo solicitud en virtud que la Academia para los días viernes y sábados tenía programado la celebración del Día del Cadete y las primeras comuniones, razón por la cual se solicita que la instrucción programada para esos días se se adelante los dia martes, miércoles y jueves de las 14:00 a las 18:00 horas y el dia miércoles hasta las 20:00 para adelantar la instrucción nocturna y así compensar las horas de instrucción de acuerdo al PINE/98, esta Solicitud fue autorizada por el Comandante del Batallón escrita en el oficio que fue entregado a la Sección Tercera y donde fui informado verbalmente de que estaba autorizado” –sic-. (f.50 C. de prueba)
De las anteriores versiones si bien no se desvirtúa la responsabilidad establecida en la entidad demandada como quiera que el daño devino por explosión de un artefacto dentro de las instalaciones del Batallón Tenerife, lo cual significa que se trataba de un arma convencional propias de las utilizadas por esta entidad castrense, pues no se ha demostrado que no fuera una de ellas y por tanto se presume la responsabilidad, no puede endilgársele de manera absoluta a la institución militar la misma.
En efecto, los lesionados estaban bajo la custodia de las directivas de la Academia militar “General José Antonio Anzoateguí” y en una actividad propia de la formación que recibían y dado que las autoridades de dicha institución educativa cambiaron el horario de la instrucción –según las versiones ya anotadas- contraviniendo el aprobado por el comando del Batallón lo cual conllevó a una discordancia que concurrió al hecho dañoso, lo que genera que las lesiones sufridas por los actores, no pueda radicarse de manera absoluta en la entidad Castrense pues si bien dicho cambio del horario de la institución educativa no fue determinante sí contribuyó a la producción del daño y por tanto la responsabilidad no se pueda radicar con exclusividad en el Ejército.
En consecuencia la Sala concluye que conforme lo allegado al proceso y sólo para efectos del análisis de ésta excepción, y con consecuencias exclusivas para éste proceso, que hay presencia de responsabilidad del tercero a que alude la parte demandada (Academia militar “General José Antonio Anzoateguí”) que hace que su responsabilidad no sea del cien por ciento y que conforme se ha expuesto, en criterio de la Sala se determina en un equivalente a un cuarenta por ciento (40%), significando que la demandada debe responder por el sesenta por ciento (60%), por lo que la excepción prospera parcialmente y en el porcentaje expresado.
4.4. De la cuantificación del Daño.
4.4.1. Material.
4.4.1.1. Daño emergente.
No se halla demostrado. En efecto en el proceso no hay evidencia ni prueba cierta que los demandantes hayan tenido que sufragar de su peculio gasto alguno. Y como se trasluce de la documentación allegada, para la época de los hechos eran estudiantes y no tenían ingresos económicos.
4.4.1.2. Lucro cesante.
Como la valoración médica allegada al proceso, establece que los demandantes presentan deficiencia, discapacidades y minusvalías, que de acuerdo con las definiciones legales establecidas en el artículo 7 del Decreto 917 de 1999, indican lo siguiente:
a) DEFICIENCIA: Se entiende por deficiencia, toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, que pueden ser temporales o permanentes, entre las que se incluyen la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura del cuerpo humano, así como también los sistemas propios de la función mental. Representa la exteriorización de un estado patológico y en principio refleja perturbaciones a nivel del órgano.
b) DISCAPACIDAD: Se entiende por Discapacidad toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, producida por una deficiencia, y se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento en una actividad normal o rutinaria, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, y progresivos o regresivos. Representa la objetivación de la deficiencia y por tanto, refleja alteraciones al nivel de la persona.
c) MINUSVALÍA: Se entiende por Minusvalía toda situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que lo limita o impide para el desempeño de un rol, que es normal en su caso en función de la edad, sexo, factores sociales, culturales y ocupacionales. Se caracteriza por la diferencia entre el rendimiento y las expectativas del individuo mismo o del grupo al que pertenece. Representa la socialización de la deficiencia y su discapacidad por cuanto refleja las consecuencias culturales, sociales, económicas, ambientales y ocupacionales, que para el individuo se derivan de la presencia de las mismas y alteran su entorno.
Y como tal calificación le determina una pérdida de la capacidad laboral para JAYSSON CORREA PANCHO del Cincuenta y seis punto cero (56.0) por ciento (f.13) y para ENRIQUE CABRERA PASCUAS del sesenta y dos punto cero cinco (62.05) por ciento (f.14) la Sala estima que dicho porcentaje es el que se tendrá en cuenta para liquidar éste daño partiendo del hecho que si bien al momento de producirse el mismo no se hallaban produciendo económicamente, bajo una perspectiva lógica, al ser mayores de edad lo harían, lo que les generaría al menos el salario mínimo legalmente establecido. Así lo ha expresado el Consejo de Estado:
Para efectos de liquidación, el tiempo a indemnizar será el comprendido entre la fecha en la cual el menor cumplirá su mayoría de edad, época en la que se supone iniciaría su vida laboral y económica independiente, hasta la fecha de vida probable de acuerdo con la tabla colombiana de mortalidad. Se tomará como salario base el mínimo vigente a la fecha de los hechos actualizado a la de esta sentencia y no el salario mínimo proyectado a la fecha en que el menor cumplirá 18 años, ya que el monto de la indemnización se calcula a la fecha de ocurrencia del hecho con la correspondiente actualización a fin de que la reparación sea integra”3.
Así las cosas se tiene que el Salario mínimo legal mensual vigente para cuando los actores cumplieron los 18 años son los siguientes:
Según la documentación allegada –prueba trasladada, específicamente la tarjeta de identidad (f. 33 C prueba)- Enrique Cabrera Pascuas nació el 8 de marzo de 1981, lo que significa que los 18 años de edad los cumplió el 8 de marzo de 1999. Por su parte, y conforme el poder allegado por Jayson Correa Pancho, se tiene que, pese a ser mayor de edad en ese momento portaba y presentó su tarjeta de identidad de donde se infiere que nació el 28 de septiembre de 1982, y por tanto los 18 años de edad los cumplió el 28 de septiembre de 2000.
El salario mínimo legal mensual vigente para 1999 era de $236.460.004 que actualizado con la fórmula de la matemática financiera utilizada por ésta jurisdicción siguiente:
If

VP = Vh-------

Ii
Donde VP es el valor presente que se busca, Vh es el valor del Salario mínimo establecido para 1999, If es el índice de precios al consumidor establecido por el DANE a la fecha e Ii el mismo índice establecido para marzo de 1999 época cuando cumplió los 18 años de edad.
En consecuencia actualizado dicho valor da:
164.98

V¨P= $236.460.00 ---------- = $371.818.25

104.9200
El salario mínimo legal mensual vigente para el 2000 era de $260.100.005 que actualizado con la fórmula de la matemática financiera ya descrita nos da:
164.98

V¨P= $260.100.00 ---------- = $364.643.90

117.68
Como los anteriores salarios mínimos son inferiores al actualmente vigente, que se halla en $408.0006 se tomará éste valor, al que descontado el 40% en que se estimó la responsabilidad del tercero, para los efectos de la cuantificación que se va a realizar se toma el valor de $244.800.00
Como para JAYSSON CORREA PANCHO la pérdida de la capacidad laboral es del Cincuenta y seis punto cero (56.0) por ciento significa que del anterior valor, el salario a tener en cuenta es el 56% de dicha suma, lo cual da $137.088.00.-
Y para ENRIQUE CABRERA PASCUAS del sesenta y dos punto cero cinco (62.05) por ciento significa que el salario a tener en cuenta es el 62.05% de dicha suma, lo cual da $151.898.40.-
Liquidando la indemnización debida, que es la que corresponde desde la fecha en que cumplieron los 18 años hasta la de ésta Sentencia, se liquida con la siguiente fórmula de la matemática financiera:

(1+i)n -1

S= Ra ----------

i

Donde:



S = La suma que se busca (indemnización debida);

Ra= Renta actualizada

i = Interés legal (0.004867% mes)

n = número de meses transcurridos entre la fecha de haber cumplido los 18 años y la de la sentencia.


Para ENRIQUE CABRERA PASCUAS. Quien cumplió los 18 años el 8 de marzo de 1999 a abril del 2006 son 7 años 1 mes para un total de 85 meses.
(1+0.004867)85 - 1

$151.898.40 -------------------- = $15.944.459.80

0.004867
Son Quince millones novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos con ochenta centavos.
Para JAYSSON CORREA PANCHO Quien cumplió los 18 años el 28 de septiembre de 2000, a abril del 2006 son 5 años 7 mes para un total de 67 meses.
(1+0.004867)67 - 1

S= $137.088.00 -------------------- = $10.828.548.90

0.004867
Son Diez millones ochocientos veintiocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos con noventa centavos.
En cuanto a la indemnización futura o anticipada se liquida con base en la siguiente fórmula de la matemática financiera:
(1+i)n -1

S= Ra ----------

i(1+i)n

Donde:


S = La suma que se busca (indemnización futura);

Ra= Renta actualizada

i = Interés legal (0.004867% mes)

n = número de meses transcurridos entre la fecha de la sentencia y el de la vida probable.


Enrique Cabrera Pascuas nació el 8 de marzo de 1981, y a la fecha tiene una edad de 25 años dos meses, según las tablas de mortalidad tiene una esperanza de vida de 51.5418 años (618.50 meses). Por su parte, Jaysson Correa Pancho, nació el 28 de septiembre de 1982 y a la fecha tiene 23 años 7 meses, lo que significa que a la fecha tiene una esperanza de vida de 53.46 años (641.52 meses).
Así las cosas, desarrollando la anterior fórmula da lo siguiente:
Para ENRIQUE CABRERA PASCUAS:
(1+0.004867)641.52 - 1

S= $151.898.40 -------------------------------- = $29.824.405.70

0.004867(1+0.004867)641.52
Son Veintinueve millones ochocientos veinticuatro mil cuatrocientos cinco pesos con setenta centavos.
Para JAYSSON CORREA PANCHO:
(1+0.004867)618.50 - 1

S= $137.088.00 -------------------------------- = $26.768.607.30



0.004867(1+0.004867)618.50
Son Veintiséis millones setecientos sesenta y ocho mil seiscientos siete pesos con treinta centavos.
4.4.2. Daño moral.
La Sala estima que dada la minusvalía en que quedaron los actores, considera que éste daño se determina en el equivalente a la pérdida de su capacidad laboral en salarios mínimos legales mensuales vigentes, menos el 40% de la responsabilidad del tercero.
En consecuencia la Sala estima éste perjuicio en cincuenta y seis salarios mínimos legales para Jaysson Correa Pancho, esto es la suma de Veintidós millones ochocientos cuarenta y ocho pesos ($22.848.000)7 menos el 40% de este valor, da una suma de Trece millones setecientos ocho mil ochocientos pesos ($13.708.800) m/cte; y en sesenta y dos salarios mínimos legales para Enrique Cabrera Pascuas, esto es Veinticinco millones doscientos noventa y seis mil pesos ($25.296.000) menos el 40% de este valor, da una suma de Quince millones ciento setenta y siete mil seiscientos pesos ($15.177.600) m/cte.
5. Conclusión.
La parte actora logra demostrar que la Nación –Ministerio de Defensa- Ejército nacional- es responsable por el daño antijurídico sufrido por ellos como consecuencia de la explosión de artefacto que generó las lesiones padecidas, –en un sesenta por ciento (60%) dada la responsabilidad del tercero en un 40%- en hechos ocurridos en el Batallón Tenerife de Neiva el 21 de octubre de 1998, por lo que deben ser indemnizados en la forma establecida.
6. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley:

FALLA:



PRIMERO: Declarar la Responsabilidad de la Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional- en un sesenta por ciento (60%), dado que la responsabilidad de un tercero prospera en un cuarenta por ciento (40%), por el daño antijurídico padecido por los señores ENRIQUE CABRERA PASCUAS y JAYSSON CORREA PANCHO en hechos ocurridos el en el Batallón Tenerife de Neiva el 21 de octubre de 1998, conforme lo motivado.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se condena a la Nación – Ministerio de Defensa –Ejército Nacional- a pagar a título de indemnización, las siguientes sumas y por los siguientes conceptos:
Para ENRIQUE CABRERA PASCUAS por Daño material en su modalidad de lucro cesante: Por indemnización debida la suma de Quince millones novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos con ochenta centavos ($15.944.459.80); indemnización futura o anticipada la suma de Veintinueve millones ochocientos veinticuatro mil cuatrocientos cinco pesos con setenta centavos ($29.824.405.70), lo que suma un total de Cuarenta y cinco millones setecientos sesenta y ocho mil ochocientos sesenta y cinco pesos con cincuenta centavos ($45.768.865,50) m/cte.
Por perjuicios morales la suma de Quince millones ciento setenta y siete mil seiscientos pesos ($15.177.600) m/cte.
Valor total a indemnizar SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($60.946.465.50)
Para JYSSON CORREA PANCHO, por Daño material en su modalidad de lucro cesante: Por indemnización debida la suma de Diez millones ochocientos veintiocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos con noventa centavos ($10.828.548.90); por indemnización futura o anticipada, la suma de Veintiséis millones setecientos sesenta y ocho mil seiscientos siete pesos con treinta centavos ($26.768.607.30); lo que suma un total de Treinta y siete millones quinientos noventa y siete mil ciento cincuenta y seis pesos con veinte centavos ($37.597.156,20).
Por perjuicios morales la suma de Trece millones setecientos ocho mil ochocientos pesos ($13.708.800) m/cte
Valor total a indemnizar: CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VENTE CENTAVOS ($51.305.956,20)
TERCERO: Denieganse las demás peticiones.
CUARTO: La presente sentencia deberá cumplirse dentro del término establecido en el artículo 176 del C.C.A. y conforme al 177 ibídem en consecuencia, por Secretaría se expedirá una copia autentica con destino a cada uno de los actores, conforme al articulo 115 del CPC., a la parte demandada y al Agente del Ministerio público.
En firme la presente sentencia archívese el expediente previa devolución del saldo de lo consignado para gastos del proceso a la parte actora, si lo hay.
Notifíquese y cúmplase.

ENRIQUE DUSSAN CABRERA GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA


Magistrado. Magistrado.

JOSÉ MARCELINO TRIANA PERDOMO
Magistrado



1 Juan Carlos Henao en su obra El Daño. Universidad Externado de Colombia 1998

2 Consejo de Estado Sala de la Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de octubre de 1999. MP. Magistrado Ponente Alier Eduardo Hernández Enríquez. Rad.10948-11643

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera Consejero ponente: Ricardo Hoyos Duque. Senencia de septiembre 25 de 1997. Radicación número: 10421. Actor: Maria Edelmira Cano Y Otro. Demandado: Municipio De Medellín.

4 Decreto 2560 de 1998

5 Decreto 2647 de 1999

6 Decreto 4686 de 2005

7 El Decreto número 4686 de 2005 fijó el Salario mínimo legal mensual en $408.000 a partir del 1° de enero de 2006.



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