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Naciones Unidas

CCPR/C/ALB/2



Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos


Distr. general

17 de noviembre de 2011

Español

Original: inglés


Comité de Derechos Humanos

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el
artículo 40 del Pacto


Segundos informes periódicos de los Estados partes

Albania*

[25 de agosto de 2011]

Índice

Párrafos Página

Abreviaturas 3

I. Introducción 1–6 4

II. Información de carácter general 7–12 5

III. Aplicación de los artículos 1 a 27 del Pacto 13–617 6

Artículo 1 El derecho a la libre determinación 13–24 6

Artículo 2 Los derechos humanos, su protección y la no discriminación 25–43 8

Artículo 3 Igualdad entre el hombre y la mujer 44–96 12

Artículo 4 Los derechos en los estados de excepción 97–98 25

Artículo 5 Restricción de derechos 99–103 26

Artículo 6 El derecho a la vida 104–125 27

Artículo 7 Prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos


o degradantes 126–172 33

Artículo 8 Prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso 173–177 43

Artículo 9 Derecho a la libertad y la seguridad de la persona 178–194 45

Artículo 10 Los derechos de las personas privadas de libertad 195–214 48

Artículo 11 Prohibición del encarcelamiento por el solo hecho de no poder
cumplir una obligación contractual 215 51

Artículo 12 Derecho a circular libremente y a escoger libremente el lugar de


residencia 216–228 52

Artículo 13 Expulsión de extranjeros 229–239 54

Artículo 14 Igualdad de todas las personas ante los tribunales 240–321 56

Artículo 15 Irretroactividad de las leyes penales 322–325 69

Artículo 16 Derecho al reconocimiento por ley de la personalidad jurídica 326 70

Artículo 17 Derecho al respeto a la vida privada y la familia 327–369 70

Artículo 18 Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 370–380 78

Artículo 19 Libertad de expresión 381–404 80

Artículo 20 Prohibición de la propaganda en favor de la guerra y de la
incitación al odio nacional, racial y religioso 405–409 84

Artículo 21 Derecho de reunión pacífica 410–412 85

Artículo 22 Libertad de asociación 413–419 86

Artículo 23 El matrimonio y la familia 420–436 88

Artículo 24 Derechos del niño 437–498 92

Artículo 25 Derecho a participar en los asuntos públicos 499–525 100

Artículo 26 Derecho sin discriminación a igual protección ante la ley 526–588 110

Artículo 27 Derechos de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas 589–617 121

IV. Aplicación de las conclusiones y recomendaciones del Comité
(CCPR/CO/82/ALB) 618–666 128

Abreviaturas

CEDAW Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

OIT Organización Internacional del Trabajo

ONG Organización no gubernamental

OSCE Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer

I. Introducción

1. La República de Albania se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por Ley Nº 7510, de 8 de agosto de 1991. El Pacto entró en vigor respecto de ella el 4 de enero de 1992. De conformidad con el artículo 40 del Pacto, Albania presentó en 2004 su informe inicial al Comité de Derechos Humanos, que contenía información general acerca de la aplicación de los artículos del Pacto. El Comité examinó ese informe en sus sesiones Nos. 2228, 2229 y 2230, celebradas en los días 19 y 20 de octubre de 2004, y aprobó las conclusiones correspondientes en su 2245ª sesión, celebrada el 1º de noviembre de 2004.

2. El segundo informe periódico fue preparado de conformidad con las directrices del Comité de Derechos Humanos sobre la preparación de informes periódicos.

3. El segundo informe periódico contiene información actualizada sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de Albania con arreglo al Pacto para cumplir las obligaciones que impone el artículo 40. En él se indican los avances realizados en el período 2004-2010 y, más específicamente, las modificaciones introducidas en las disposiciones legales y administrativas para aplicar los primeros 27 artículos del Pacto. El informe inicial y las medidas de aplicación indicadas en las conclusiones y recomendaciones del Comité de Derechos Humanos han servido también de referencia para la preparación del presente informe. A los efectos de proporcionar la información más completa acerca de la aplicación de los artículos del Pacto, así como de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, en el presente informe se hace referencia a disposiciones de leyes aprobadas antes de 2004 (según la materia específica de que se trate), que no se indicaron en el informe inicial. Igualmente, se indican leyes o disposiciones concretas que estaban en vigor antes de este período y durante él pero han dejado de estarlo por haber sido revisadas o modificadas.

4. En virtud del Decreto Nº 201 del Primer Ministro, de 5 de diciembre de 2007, relativo al establecimiento del Grupo de Trabajo para la preparación de informes nacionales en el contexto de los tratados internacionales en que es parte la República de Albania, se encomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores que, en cooperación con instituciones del Estado, preparase los informes periódicos de manera que en ellos se expusieran la situación actual, los progresos realizados y los problemas en el campo de los derechos humanos. El presente informe fue preparado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en cooperación con instituciones centrales e independientes según su ámbito de competencia en las cuestiones a que se refiere el Pacto. Con arreglo al Decreto del Primer Ministro, se estableció un Grupo de Trabajo Interinstitucional con participación de representantes de instituciones centrales (Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de Turismo, Cultura, la Juventud y el Deporte, Ministerio de Economía, Comercio y Energía, Ministerio de Defensa, Ministerio de Medio Ambiente, Silvicultura y Protección del Consumidor, Dirección General de Policía del Estado, Dirección General de Cárceles), instituciones del Estado (Consejo Nacional de Radio y Televisión, Comité de Culto, Instituto de Estadística, Comité del Estado para las Minorías) e instituciones independientes (Defensor del Pueblo, Comisionado para la Protección de los Datos Personales, Comisión Electoral Central), que ayudaron a proporcionar la información necesaria para el presente documento.

5. En el presente informe se presta especial atención a los problemas planteados por el Comité de Derechos Humanos en los documentos preparados después de la presentación del informe inicial por el Gobierno de Albania. Así, pues, el informe incluye también respuestas a las observaciones y recomendaciones de ese Comité.

6. El segundo informe periódico sobre la aplicación del Pacto fue aprobado por el Consejo de Ministros en decisión de fecha 22 de junio de 2011.

II. Información de carácter general

7. Albania ha demostrado y sigue demostrando en todo momento su compromiso de mejorar continuamente las normas relativas a la protección y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La adhesión a prácticamente todos los convenios y convenciones internacionales de derechos humanos o su ratificación constituye una expresión clara de ese compromiso. Albania se ha adherido también, por Ley Nº 9725, de 7 de mayo de 2007, al primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, por Ley Nº 9726, de la misma fecha, al segundo Protocolo Facultativo del Pacto, destinado a abolir la pena de muerte.

8. La Constitución de la República de Albania, así como los tratados internacionales ratificados que forman parte del ordenamiento jurídico interno, las leyes y otros actos normativos del Consejo de Ministros y otros instrumentos de rango inferior garantizan en la práctica la observancia de los derechos humanos. La legislación de Albania, que se perfecciona continuamente, garantiza el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y refleja asimismo el espíritu del Pacto.

9. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, tras haber sido ratificado con arreglo a la Constitución de la República de Albania, forma parte de la legislación nacional, constituye la base de la adopción de medidas para respetar los derechos que en él se definen.

10. En el período a que se refiere el presente informe, la política del Gobierno ha asignado prioridad a la integración de Albania en las estructuras euroatlánticas, el apoyo al cumplimiento de las normas europeas a través de la observancia y la protección de los derechos humanos, los procesos de transformación en los campos político, social y económico, la alineación de la legislación de Albania con el acquis communautaire y otras cuestiones. El mayor grado de observancia de los derechos humanos constituye también un componente del proceso de integración en las estructuras europeas. Las negociaciones para la firma del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y Albania comenzaron oficialmente el 31 de enero de 2003 y, finalmente, el Acuerdo fue firmado el 12 de junio de 2006 y entró en vigor el 1º de abril de 2009, tras su ratificación por los Estados miembros de la Unión Europea. Albania presentó el 28 de abril de 2009 su solicitud de ingreso en la Unión Europea y en abril de 2010 presentó sus respuestas al Cuestionario de la Comisión de la Unión Europea. Las cuestiones comprendidas en el Cuestionario se refieren en forma detallada a la situación actual en el país en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones en el contexto de la aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación, el compromiso de cumplirlas en el futuro y la expectativa de acatar las normas pertinentes. Albania se ha dedicado a hacer efectivas las recomendaciones de la Comisión Europea y cumplir las obligaciones que le incumben en el marco de la integración del país en Europa, parte de las cuales consiste también en la protección y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

11. El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Acción Nacional para la Aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación (decisión Nº 463 del Consejo de Ministros, de 5 de julio de 2006, que es actualizada cada año). Los elementos importantes del Plan consisten en la introducción de reformas legales e institucionales y de reformas en el sistema judicial para reconocer y hacer realidad los derechos humanos y las libertades fundamentales en cumplimiento de las normas internacionales. En ese documento se definen también las prioridades a corto y mediano plazo del Gobierno de Albania con respecto a la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

12. Gracias a las reformas introducidas para cumplir sus obligaciones internacionales, en abril de 2008 Albania fue invitada a ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y un año más tarde, en abril de 2009, pasó a ser miembro de pleno derecho de esa Organización. Ello constituye un nuevo estímulo para introducir reformas en todos los campos en cumplimiento de los compromisos internacionales del país.

III. Aplicación de los artículos 1 a 27 del Pacto

Período comprendido: 2004 a 2010

Artículo 1
El derecho a la libre determinación

13. Párrafo 1: La Constitución de la República de Albania, los instrumentos internacionales en que el país es parte y los instrumentos normativos que forman parte de la legislación interna son los medios de asegurar y observar el derecho de libre determinación del pueblo albanés en la República.

14. Párrafo 2: El aspecto económico del derecho de libre determinación, el derecho de disponer libremente de la riqueza y recursos naturales. Para asegurar los derechos de propiedad, el 29 de julio de 2004 se aprobó la Ley de restitución de bienes e indemnización (Nº 9235), en su forma modificada. Esta ley obedece al propósito de regular el derecho consagrado en el artículo 41 de la Constitución en lo que respecta a las cuestiones de derecho de propiedad dimanadas de expropiaciones, nacionalizaciones o confiscaciones realizadas en virtud de leyes, otros instrumentos normativos, fallos penales de tribunales o decisiones adoptadas de alguna otra manera incorrecta por el régimen comunista a partir del 29 de noviembre de 1944 y al pago de una indemnización cuando la restitución de bienes con arreglo a esta ley sea imposible. Según la ley, se restituirá el bien al propietario sin restricción alguna y, si la restitución es imposible, se pagará una indemnización adecuada de acuerdo con sus propias disposiciones.

15. Con arreglo a la ley mencionada, el único organismo competente para decidir que se proceda a una expropiación o se imponga una restricción al ejercicio del derecho de propiedad será el Consejo de Ministros; el cual lo hará previa solicitud del organismo o institución del Estado en cuyo beneficio se pida y previa propuesta del Ministro competente. La expropiación o la restricción en el ejercicio del derecho de propiedad se basa en el principio de la transparencia, la igualdad entre los ciudadanos y la protección de sus propios derechos e intereses. La expropiación puede tener lugar en favor del Estado, de personas jurídicas públicas o privadas y de extranjeros o nacionales para llevar a cabo por su propia cuenta un proyecto, una inversión o un objetivo que, según la ley, sean de interés público.

16. El derecho a la libre posesión de bienes por ciudadanos albaneses y el derecho de propiedad están también garantizados en el caso de las tierras agrícolas, con arreglo a las disposiciones siguientes:

a) La Ley de protección de las tierras agrícolas (Nº 9244), de 17 de junio de 2004, que apunta, entre otras cosas, a armonizar los derechos y beneficios dimanados de la propiedad de tierras agrícolas con las obligaciones a que dan lugar su protección y utilización sostenida (art. 1);

b) La Ley de utilización y explotación de las tierras agrícolas no cultivadas (Nº 10263), de 8 de abril de 2010, en que se definen las normas y los procedimientos para la utilización y explotación de tierras agrícolas no cultivadas a fin de asegurar su función económica, sin perjuicio del derecho de propiedad y de la función que le cabe, según la ley, en el contexto del desarrollo agrícola sostenible (art. 1).

17. Otro aspecto del derecho de libre determinación, entendido como el derecho de los ciudadanos albaneses de poseer libremente recursos naturales, está incorporado en los tratados internacionales que Albania ha ratificado o a los que se ha adherido de conformidad con los principios constitucionales. La Constitución consagra el principio del derecho a información sobre la situación ambiental y la protección del medio ambiente (art. 56), del cual dimana también el derecho de los ciudadanos albaneses a poseer libremente recursos naturales.

18. Habida cuenta de lo que antecede, se ha aprobado una serie de leyes y reglamentos sobre el medio ambiente en que se estipulan expresamente los aspectos jurídicos relativos al medio ambiente, se específica el derecho de los ciudadanos a ser informados de la situación en ese contexto y de las medidas adoptadas para su buena ordenación y se hace referencia al papel de la sociedad, a la utilización del medio ambiente por los ciudadanos y a otras cuestiones.

19. Las organizaciones públicas y las que no tienen fines de lucro se mantienen al corriente de la situación ambiental mediante la información publicada por organismos públicos y personas naturales o jurídicas o pueden también solicitar datos de los órganos pertinentes. El Ministro del Medio Ambiente determina las normas que rigen la publicación y distribución de datos sobre medio ambiente por parte de los organismos encargados de su protección.



Instrumentos legales e internacionales de carácter ambiental

20. En primer lugar hay que mencionar la Ley de protección del medio ambiente (Nº 8934), de 5 de septiembre de 2002, cuyo objetivo principal consiste en "mejorar las condiciones ambientales relacionadas con la calidad de la vida y la protección de la salud humana". Con respecto a los principios básicos de la protección del medio ambiente, se especifica el de "la participación de la población en la adopción de decisiones ambientales y la conciencia pública de la cuestión". Estos dos importantes elementos aseguran a los ciudadanos albaneses la libre utilización de los bienes y recursos naturales. La sociedad, al estar bien informada sobre el medio ambiente, las disposiciones de la ley, las iniciativas legales y las decisiones de los gobiernos central y municipales, queda en condiciones de hacerse parte en el proceso de adopción de decisiones sobre la utilización del medio ambiente para fines comerciales, de investigación y de otra índole.

21. En el contexto de la posesión de los recursos naturales, en la mencionada ley se dispone que "todos tienen derecho a denunciar a los órganos ambientales del Estado actividades en que se use, amenace, dañe o contamine el medio ambiente y pedir que se les ponga término en caso de peligro". En este marco, la ley especifica el derecho del público a interponer una acción judicial contra el organismo público o la persona natural o jurídica que dañe el medio ambiente o amenace con hacerlo (art. 81).

22. En cuanto a la expresión "use", la sociedad tiene el derecho de usar el medio ambiente con arreglo a la legislación vigente y sin infringir las obligaciones impuestas en tratados y convenciones internacionales. Cabe mencionar como ejemplo el derecho a la pesca, que constituye un medio real de usar recursos naturales o cursos de agua en que diversas empresas establecen una actividad comercial o emplean a otros pescadores que ganan así el sustento de su familia. El derecho a pescar o a usar las aguas del país está regulado en el texto modificado de la Ley de pesca y acuicultura (Nº 7908), de 5 de abril de 1995, en la que se definen los criterios para usar los recursos de agua, las formas en que se pueden usar y las personas autorizadas para hacerlo, de manera que la actividad sea más productiva para quienes la realizan (pescador, conservero u otros). Al mismo tiempo, la ley apunta a proteger esos bienes para que no se usen indebidamente o sean dañados y permite atender a las obligaciones impuestas por tratados internacionales como el de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, al que Albania se adhirió por Ley Nº 9822, de 29 de octubre de 2007.

23. Otro elemento igualmente importante de la legislación ambiental es el marco jurídico de la silvicultura y los bosques. Albania es rica en bosques y tierras de pastoreo y hay igualmente un gran número de disposiciones legislativas que rigen su preservación, ordenación y utilización. La población desempeña un importante papel en la administración y utilización del fondo para la silvicultura, al que pueden recurrir empresas madereras o empresas que realicen actividades en esos lugares. Estas actividades se autorizan de manera de servir mejor a los beneficiarios, pero en armonía con las normas establecidas para proteger estos bienes de manera que no sufran daños.

24. Los tratados bilaterales y multilaterales que ha firmado o ratificado Albania y el marco jurídico interno incorporan el principio de no privar de sus medios de subsistencia a los ciudadanos albaneses que dependen de las actividades de este tipo. En todo caso, sin dejar de cumplir este principio, se ha previsto también la posibilidad de prohibir o limitar tales actividades1, lo cual sirve de puente entre los derechos humanos y los derechos de protección del medio ambiente.



Artículo 2
Los derechos humanos, su protección y la no discriminación

25. Albania considera que el principio de la no discriminación constituye una obligación dimanada de las grandes orientaciones del país con respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y su protección. Estos derechos están garantizados por la Constitución de la República de Albania y por la legislación vigente, que se ajusta a las normas internacionales. Albania está empeñada en realzar continuamente las normas relativas al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida la igual protección ante la ley, así como a la prevención de la discriminación y la protección respecto de ella, de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La política del Estado se basa en las garantías legales y en la aplicación en la práctica de un trato no discriminatorio para asegurar el pleno disfrute de todos los derechos humanos, así como de los derechos civiles y las libertades políticas que la Constitución y la legislación de Albania reconocen a sus ciudadanos.

26. El derecho internacional tiene en la República de Albania una situación de privilegio con respecto a la legislación interna. El artículo 5 de la Constitución establece la obligación del Estado de hacer aplicable el derecho internacional. El artículo 22 de la Constitución complementa esa disposición al establecer que todo acuerdo internacional ratificado por la Asamblea pasa a formar parte del derecho interno tras su publicación en la Gaceta Oficial. Esos acuerdos se aplican directamente salvo que, para aplicarlos, sea necesario promulgar una ley. Los tratados internacionales ratificados por ley prevalecen sobre la legislación interna en caso de incompatibilidad.

27. Sobre esta base, forman parte de la legislación interna los instrumentos internacionales de derechos humanos que disponen el ejercicio de los derechos que en ellos se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de nacionalidad, origen étnico o racial, sexo, raza, color, idioma, religión, credo, opinión política o de otra índole, posición económica, nacimiento, discapacidad o edad y cualquier otro instrumento al que la República de Albania se haya adherido o que haya ratificado. El Estado está empeñado en respetar y observar sin discriminación alguna los derechos humanos y las libertades fundamentales definidos en esos tratados internacionales en los ámbitos económico, social, cultural, político o de cualquier otra índole.



Tratados internacionales de derechos humanos

28. Albania es parte en los siguientes tratados de derechos humanos:



En el contexto de las Naciones Unidas:

  • Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (adhesión en virtud de la Ley Nº 9725, de 7 de mayo de 2007).

  • Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que apunta a la abolición de la pena de muerte (adhesión por Ley Nº 9726, de 7 de mayo de 2007).

  • Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (adhesión por Ley Nº 9834, de 22 de noviembre 2007).

  • Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (adhesión por Ley Nº 9833, de 21 de diciembre de 2007).

  • Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (adhesión por Ley Nº 9703, de 2 de julio de 2007). Albania se compromete a aplicar esta Convención durante todo el proceso de migración y a todos los trabajadores migratorios y a sus familiares sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.

29. En el contexto del Consejo de Europa:

  • Convención Europea sobre Nacionalidad (firmada en 1999, ratificada el 11 de febrero de 2004, entró en vigor el 1º de junio de 2004).

  • Convención sobre la participación de los extranjeros en la vida pública a nivel local (firmada el 9 de junio de 2004, ratificada el 19 de julio de 2005, entró en vigor el 1º de noviembre de 2005).

  • Protocolo Adicional del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, relativo a la tipificación de actos de carácter racista o xenófobo cometidos mediante sistemas informáticos (firmado el 26 de mayo de 2003, ratificado el 26 de noviembre de 2004, entró en vigor el 1º de marzo de 2006).

  • Protocolo Nº 12 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (ratificado por la Ley de prohibición de la discriminación (Nº 9264), de 29 de julio de 2004).

  • Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de personas (ratificado por Ley Nº 9642, de 20 de noviembre de 2006). Al aplicar lo dispuesto en este Convenio, Albania debe garantizar la adopción de medidas para proteger y promover los derechos de las víctimas sin discriminación alguna, en particular basada en el sexo, la raza, el color, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de otra tipo, el origen nacional o social, la pertenencia a una minoría étnica, la situación económica, el nacimiento o cualquier otra condición.

30. En el contexto de la UNESCO:

  • Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales (ratificada en septiembre de 2006).

31. En el contexto de la OIT:

  • Convenio Nº 168 sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988 (ratificado por Ley Nº 9547, de 1º de junio de 2006). En su calidad de parte en este Convenio, Albania adoptará medidas apropiadas para coordinar su sistema de protección contra el desempleo y su política de empleo de manera de garantizar la igualdad de trato o todas las personas protegidas, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, nacionalidad, origen étnico o social, invalidez o edad.

  • Convenio Nº 143 sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (adhesión por Ley Nº 9564, de 19 de junio de 2006). Albania, en su calidad de parte de pleno derecho en este Convenio y en la estructura de derechos humanos y libertades fundamentales para todos los trabajadores migrantes, debe adoptar todas las medidas necesarias, en su propia jurisdicción y, de ser necesario, en cooperación con otros miembros, para determinar sistemáticamente si en su territorio se encuentran trabajadores migrantes empleados ilegalmente y si existen movimientos migratorios con fines de empleo provenientes o con destino a su territorio, o en tránsito por este, en los cuales los migrantes se vean sometidos durante el viaje, a su llegada o durante su permanencia y empleo, a condiciones que infrinjan los instrumentos internacionales o acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes o la legislación nacional.

  • Convenio Nº 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (ratificado por Ley Nº 9773, de 12 de julio de 2007). Las disposiciones introductorias de este Convenio establecen la obligación de los Estados partes de crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras a fin de que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. Igualmente, con arreglo a esas disposiciones, por "discriminación" se entenderá la discriminación en materia de empleo y ocupación tal como se define en los artículos 1 y 5 del Convenio Nº 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.

  • Convenio Nº 147 sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 (ratificado por Ley Nº 9809, de 27 de septiembre de 2007).

  • Protocolo 147 relativo al Convenio sobre la Marina Mercante (normas mínimas), 1996 (ratificado por Ley Nº 9809, de 27 de septiembre de 2007). Albania, en su calidad de país miembro, adoptará medidas para promulgar una legislación que prevea para los buques matriculados en su territorio normas de seguridad, incluidas normas de capacidad de la tripulación, horas de trabajo y dotación, a fin de garantizar la seguridad de la vida humana a bordo de los buques evitando cualquier discriminación, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.
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