Página principal

N de los registros panel sobre mejoramiento de los registros electorales


Descargar 66.4 Kb.
Fecha de conversión22.09.2016
Tamaño66.4 Kb.
DEPURACIÓN DE LOS REGISTROS

PANEL SOBRE MEJORAMIENTO DE LOS REGISTROS ELECTORALES

Por Rafael López Pintor

Ciudad de México, 19 de noviembre del 2008, 10:15 – 11:30



Aclaraciones previas

Primera, aunque con frecuencia se utilizan indistintamente los términos registro electoral y padrón electoral, aquí se adopta la distinción clásica haciendo referencia a realidades diferentes. El registro electoral es el listado de personas con derecho a voto y que se hayan inscritas mientras que el padrón es el producto de aquel listado, una vez sometido a la revisión que mande la ley y cerrado para los efectos de una elección concreta. En palabras de un autor clásico, ese listado es lo que constituye el padrón electoral, censo electoral o nómina de electores (Urruty 2007, 468).

Segunda, como tema de investigación científica y técnica, el registro electoral sigue siendo un asunto de escaso interés para el mundo académico, pero viene recibiendo una atención creciente por parte de los profesionales de las elecciones (consultores, administradores, agencias de cooperación etc.). La bibliografía básica adjunta contiene referencias a investigaciones patrocinadas desde la década de 1980 por organizaciones como OEA, IFES, PNUD o IDEA Internacional.


  1. Recordatorio sobre estándares de calidad democrática y técnica de los registros electorales

Los estándares democráticos se aplican tanto al sistema electoral considerado en sentido restrictivo (fórmula de representación, tipo y tamaño del distrito y tipo de papeleta) como a la estructura institucional y capacidad de gestión de las autoridad electoral (lo que incluye registro y padrón, organización de la votación y el escrutinio, transmisión de resultados y resolución de quejas y recursos). Los medidores de buena práctica giran en torno a ocho requisitos contenidos en el Artículo 24 de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, como instrumento legal internacional ratificado por casi todos los países del mundo: 1) elecciones periódicas; 2) por sufragio universal; 3) e igual para todos; 4) derecho a postularse como candidato; 5) derecho a votar; 6) voto secreto; 7) en una elección genuinamente democrática; 8) que permita la libre expresión de la voluntad popular.

En la práctica, estos ocho estándares se traducen en una serie de criterios operativos de calidad democrática y eficacia técnica. Por cuanto se refiere al registro y padrón de electores, dichos criterios serían los siguientes:

No excluir de la inscripción, ya sea legalmente o en la práctica, a ningún sector de la población en edad de votar. La exclusión de poblaciones vulnerables sigue siendo frecuente en muchos países (campesinos, mujeres, analfabetos, ciertos grupos étnicos) para no hablar de la exclusión basada en criterios meramente partidarios o políticos.

Facilitar los procedimientos de inscripción y no alterarlos por negligencia o con engaño. Se incluye aquí la actualización periódica o continua de los registros así como su exhibición pública antes de cada elección que permita modificaciones, correcciones e inclusiones.

Actuación transparente en la logística del registro (su formación, revisión y uso en la organización electoral), abierta a los observadores externos, sobre todo los representantes de los partidos políticos y de los candidatos, dado que se trata de los actores centrales en la contienda, ante quienes la autoridad electoral debe sistemáticamente dar cuenta e información.

Organización del padrón o listas de electores que resulte accesible y de fácil uso para los votantes y los miembros de las mesas de votación el día de las elecciones.



  1. Desafíos en la depuración del registro electoral y medidas para hacerles frente

La distinción conceptual entre actualización y depuración del registro electoral tiene un interés meramente clasificatorio analítico, pues actualización y depuración son actividades que en la práctica van íntimamente relacionadas. En realidad, un registro electoral debe considerarse actualizado no solo cuando incluye a todas las personas con derecho a voto, sino también cuando está limpio de inscripciones de personas que, por razones diversas, ya no pueden votar o no pueden hacerlo donde legalmente les correspondería. A efectos de la división del trabajo en este panel, dichas categorías se han separado a fin de ofrecer una mayor profundización en cada uno de las dimensiones temáticas relevantes.

Los desafíos para la depuración del registro electoral emergen de tres fuentes diversas de problemas. Las ordenaré de menor a mayor dureza para su tratamiento técnico y político.

En primer lugar, hay desafíos ligados a los factores directos y más visibles, o en todo caso más citados, relativos a inscripciones innecesarias o improcedentes (personas sin edad para votar, privadas del ejercicio del sufragio, difuntos); localización del votante (cambios de residencia); inscripciones erróneas (mal uso de patronímicos) y múltiples (negligentes o dolosas).

En segundo lugar, existen desafíos de carácter más estructural, originados en la estructura y funcionamiento del orden legal (sistema registral electoral) y de instituciones que son instrumentales para la producción del registro electoral, principalmente los registros civiles (politización y falta de modernización), la judicatura y los servicios de identificación de las personas (ambos con idénticos problemas).

Finalmente, están los desafíos derivados de la cultura del país o sectores del mismo (cambios de nombre a lo largo de la existencia de una misma persona, indocumentación absoluta de determinadas minorías, no declaración de las defunciones), así como de la práctica política (control político partidista de los registros civiles, la producción y distribución de documentación ciudadana, traslado de poblaciones en tiempo electoral).

II.1. Desafíos por factores directos de depuración

Personas inscritas sin tener aún edad para votar, que en las Américas, como en casi todo el resto del mundo es 18 años excepto en Brasil, Cuba y Nicaragua donde se vota desde los 16. EL hecho no es estadísticamente significativo en el conjunto nacional, pero puede serlo políticamente en una determinada circunscripción donde la elección se decida por pocos votos. Tales inscripciones se suelen producir por interferencia partidaria en el procedimiento de registro o por el uso de documentos de otra persona diferente a la que se registra sin tener la edad y cuya inscripción debe ser anulada.

Fallecimientos registrados en origen, pero que no son notificados a la autoridad registral electoral en tiempo oportuno o no son notificados en absoluto, por negligencia o ineficacia de la autoridad registral civil municipal u otra autoridad (médica, policial, funeraria, etc.). Todo se complica cuando los registros civiles están a cargo de las municipalidades y no existe un Registro Central o, existiendo, carece de capacidad para uniformar datos y procedimientos (Urruty, 2007, 480).

Fallecimientos que no fueron registrados en ningún lugar y por tanto no fueron notificados a la autoridad registral electoral. Suele ser el caso de poblaciones vulnerables: minorías étnicas, campesinos, mujeres, marginados urbanos, discapacitados, etc. Aunque el hecho no sea causal de depuración propiamente dicha, merece ser recordado ya que guarda relación con los desafíos para un registro completo y limpio, que he considerado de índole estructural así como también con aquellos enraizados en la cultura.

En general, es difícil cuantificar las defunciones no notificadas al registro electoral. Sin embargo, hay países donde por razones culturales y de marginación social, su número es muy elevado. Una aproximación puede obtenerse partiendo del supuesto de que los fallecimientos no documentados son al menos tan numerosos como los nacimientos no registrados. Normalmente la cifra de difuntos será más elevada, pues existen mayores razones para registrar a un recién nacido que a un difunto. Los siguientes porcentajes de subregistro de nacimientos en algunos países de Centroamérica y el Caribe, según estimaciones del año 2000, pueden ayudarnos a calibrar la magnitud del problema que tratamos (IIN/OEA, 1991, 3):

Haití 30,3 % El Salvador 9,8 %

Honduras 20,0 Rep. Dominicana 9,3

Nicaragua 16,8 Guatemala 5,0

Personas privadas del ejercicio del sufragio, temporal o definitivamente, por sentencia judicial basada en condena por delito o por encarcelamiento en espera de juicio. La autoridad judicial, penitenciaria o policial suele tener bajo su responsabilidad la notificación de estos cambios al registro electoral. Cosa distinta es que lo haga y lo haga eficazmente.

Privación del derecho al sufragio por incapacidad mental, normalmente declarada judicialmente. En este caso como en el anterior, la autoridad judicial o administrativa competente debe comunicar el hecho al organismo encargado del registro electoral.

Suspensión del derecho al sufragio del personal de las fuerzas armadas y de seguridad en algunos países. La autoridad de seguridad debe comunicar al registro las listas del personal afectado, lo que no siempre sucede con eficacia.

Cuadro 1.- Causas de inhabilitación para el registro electoral y el ejercicio del sufragio por países



Tipo de restricción

América Continental

Caribe

Encarcelamiento



Bolivia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guayana, Paraguay, Uruguay, Venezuela

Anguilla, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Dominica, San Vicente y Granadinas

Condena previa

Chile, Guayana Francesa

Guadalupe, Martinica

Detención

Guayana, Paraguay, Surinam

Bahamas, Bermuda, Santa Lucía

Incapacidad mental



Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guayana Francesa, Guayana, Paraguay, Surinam, Uruguay, Venezuela

Anguilla, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Dominica, Guadalupe, Martinica, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas,

Servicio militar

Ecuador, Paraguay, Venezuela




Ciudadanía múltiple

Chile



Otras restricciones



Bolivia, Ecuador, Paraguay, Surinam, Uruguay

Belice, Bermuda, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas,


Fuente: El autor con información del Proyecto ACE (La relación de países no es exhaustiva, incluyendo solo a los que respondieron el cuestionario ACE).
Cambio de domicilio o residencia legal por residencia en país extranjero. Si la nueva residencia es legal y se halla inscrita en el consulado del país de origen, la autoridad registral electoral puede acceder a esa información y proceder a la anulación registral electoral correspondiente. Cuando, como es la mayoría de los casos, la residencia extranjera es ilegal o no es notificada al consulado correspondiente, la anulación registral se hace prácticamente imposible. Este desafío no tiene otra respuesta técnica de costo razonable y eficacia probada que la confección de un registro paralelo provisional de las personas que habitualmente no votan o que no votaron en varias elecciones seguidas hasta tanto no declaren a la autoridad electoral su disponibilidad para ejercer de nuevo el derecho al sufragio. Para ello no se necesita cambios en la legislación pues se trata de un mero procedimiento administrativo en la regulación el ejercicio de un derecho sin afectar al derecho mismo. Así lo han entendido las autoridades electorales de diversos países, que practican con éxito dicha medida.

Cambio de residencia dentro del país en el mismo o en diferente distrito electoral de la residencia anterior. En el primer caso, si no se notifica el cabio, solo se trataría de un error sin implicación para el ejercicio del sufragio. Si el cambio de residencia afecta al distrito electoral, entonces la notificación es absolutamente necesaria para situar al votante en el centro de votación correcto. De otra forma tendrá que votar en el distrito de su residencia anterior.

El cambio de domicilio es uno de los factores que plantea mayor cantidad de modificaciones en el registro, Requiere de una movilización del elector individual, que debe dar cuenta y demostrar el cambio. Sobre todo en países donde el registro electoral no está vinculado automáticamente a otra clase de registros como el documento de identidad. Aún en estos casos, el cambio de domicilio no siempre va acompañado de la solicitud de una nueva cédula de identidad, a menos que un requerimiento legal práctico obligue a ello al ciudadano. Por otro lado, el problema de las inscripciones por cambio de residencia o simplemente por adquisición del tiempo de residencia necesario para votar se puede magnificar en todos aquellos países donde aparte de la ciudadanía, se puede votar tras un cierto período de residencia en el país. En el continente, es el caso de USA, Chile, Paraguay y Surinam. También en las Islas Malvinas. En el Caribe, se trata de una situación prácticamente común: Anguilla, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Cuba, Dominica, Islas Caimán, Granada, Guyana, Jamaica, San Vicente y Granadinas, y Trinidad/ Tobago.

El cambio de domicilio plantea problemas similares tanto si la inscripción en el registro electoral es obligatoria como si es voluntaria siendo este último el caso de países como Canadá y Estados Unidos en América del Norte: Chile y Venezuela en América del Sur y, en el Caribe: Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, y Saint Kitts y Nevis.

Notificaron un cambio de residencia que en realidad no corresponde a la realidad ya sea porque no hubo tal cambio o porque no se cambió de residencia efectiva. Hay países, como recientemente en Panamá, donde por reforma legal de 2007 se restringe el concepto de Residencia Electoral al lugar donde realmente uno vive y se penaliza como delito electoral el registro en un distrito diferente al de la residencia habitual. Se castiga con multa e incluso prisión si la multa no se cancela en tiempo oportuno. En opinión experta, este endurecimiento de la ley responde a que ¨los cambios de residencia en su gran mayoría se llevan a cabo para prestar el apoyo a un candidato de elección popular o bien a un partido político¨ (Santamaría Castrellón 2008, 44). Así sucede en un buen número de países de la región por constatación de las propias autoridades y observadores electorales.



Inscripciones erróneas (patronímicos inexactos). La persona puede aparecer en el centro de votación con una cédula cuyo número se halla inscrito correctamente, pero con algunos datos personales registrados de manera diferente a como van en el documento de identidad.

Inscripciones múltiples por negligencia o dolo de una misma persona con idénticos o diferentes datos personales; es decir, doble y falsa inscripción. Son tres situaciones: doble inscripción con los mismos datos personales, doble inscripción con datos diferentes y doble inscripción con uso de la identidad de otra persona incluido (usurpación de personalidad). En la identificación y eliminación de las inscripciones múltiples de una misma persona con idénticos datos de identificación, normalmente se anula la primera inscripción y se mantiene la segunda o última.

La identificación y eliminación de las inscripciones múltiples de una misma persona con diferentes datos de identificación, unos propios y otros relativos a otra persona (usurpación de personalidad) o simplemente de alguien que nunca estuvo inscrito (apócrifos) es más difícil de llevarse a cabo. Normalmente se utilizan los datos y documentos de alguien que falleció o que emigró y que no estaba inscrito en el registro electoral. En este caso la base de datos no denuncia la duplicidad patronímica.

Detectar las falsas y las múltiples inscripciones solo es posible con un registro centralizado y eficazmente informatizado (con software disponible que permita verificaciones de elementos varios). La existencia de un registro dactiloscópico o con otros datos biométricos es fundamental para poder detectar falsas o múltiples inscripciones tanto si la persona inscripta ha utilizado los mismos datos patronímicos (múltiples inscripciones) como si ha utilizado datos diferentes (falsas). En este sentido, la información biométrica que permiten recoger las nuevas tecnologías debe ser utilizada.

Abstencionistas recurrentes, personas inscritas pero que generalmente no votan ¿Deben mantenerse en el registro electoral de manera sistemática? En un buen número de países, incluidos algunos latinoamericanos, estas personas pasan a un padrón paralelo pasivo hasta que manifiestan su intención de votar en la próxima elección.

Como se ha mencionado más arriba, una buena parte de los factores específicos de depuración registral puede controlarse mediante la existencia de una base de datos central, debidamente informatizada y eficazmente manejada con las modernas tecnologías de la información y comunicación así como con la existencia de un registro paralelo pasivo. En caso de optar por este tipo de padrón como medida auxiliar de otras ya mencionadas, merece la pena consultar la experiencia e países que así lo practican, como Panamá, España e Italia entre otros. De nuevo, no se trata de negar el derecho al sufragio, sino de racionalizar su ejercicio y la organización del proceso electoral (centros de votación, materiales electorales, estadísticas fiables de participación, etc.). Debe darse publicidad a la lista paralela en tiempo y forma para que las personas afectadas tengan la oportunidad de activar su inscripción para el día de la votación. Decimos activar por tratarse de una medida administrativa o de regulación en el ejercicio de un derecho y en modo alguno de privación del mismo.

II.2. Desafíos enraizados en factores estructurales

Las posibilidades de un registro electoral limpio no solo dependen de las medidas técnicas que coyunturalmente la autoridad electoral pueda adoptar, sino que también están en función de factores estructurales como los siguientes:



El sistema de registro electoral

La práctica de un registro específico para cada elección fue predominante en las Américas durante el siglo XIX y ha persistido hasta hace poco en algún país como Canadá o Chile. EN tal caso, todo lo que hay que cuidar es evitar la inscripción múltiple cada vez que se abre el registro. Por su estado, los difuntos no pueden acuden a inscribirse ni tampoco los reclusos o los no residentes en el distrito o en el país. Por el contrario, cuando el registro es permanente requiriéndose de una primera presencia del elector, la necesidad de depuración adquiere todo su vigor. Si el registro es permanente y además es automático a partir de otro hecho registral o identificativo (registro civil, cédula ciudadana), los problemas de depuración se plantean igualmente en toda su crudeza.

En casi la mitad de los países americanos continentales el registro es automático: Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Es por solicitud del elector en Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y todos los países del Caribe excepto Cuba. Cuando el registro es permanente y automático, la depuración, al menos en teoría, se lleva a cabo de manera continua o cada un cierto tiempo. Hay países, como Costa Rica, donde el registro electoral está ligado directamente al registro civil y se actualiza y depura mensualmente por notificación de fallecimientos, sentencias de inhabilitación para el sufragio, y naturalización de ciudadanos extranjeros. Pero en la práctica, la depuración efectiva no depende tanto de si el registro es automático o por solicitud como de la eficacia y modernización tecnológica de las instituciones relacionadas dichas operaciones así como de la voluntad política de las autoridades y de la no interferencia partidaria. En este sentido, la experiencia de la mayoría de los países centroamericanos, con un registro electoral automático ligado a la cédula nacional de identidad es ilustrativa de las deficiencias mencionadas.

En los países del Caribe se dan ciertas características comunes, que pueden plantear problemas específicos de depuración: el hecho de que en muchos países el registro sea voluntario; su actualización, aún siendo sistemática no se hace de manera continuada, sino anual (Dominica, Guayana Francesa, Guadalupe o Martinica) o solo antes de cada elección (Bahamas, Belice, Guyana, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas); existe la posibilidad de votar sin necesidad de tener la ciudadanía, pero tras un cierto periódico de residencia en el país. ¿Cómo afectan estas características las posibilidades de depuración del registro? La investigación disponible por países es escasa, pro una respuesta genérica a esta pregunta remite a la consideración anterior de que mucho depende del grado de modernización tecnológica, diligencia funcionarial, eficacia profesional y voluntad política en las instituciones responsables de operaciones ligadas al registro electoral. En este sentido, cabe mencionar que en los últimos años, la OEA ha desarrollado acuerdos y programas de asistencia técnica en materia de registro civil y electoral con una serie de países caribeños. Por ejemplo, el reciente (2007) para la extensión del registro civil y mejoras del electoral con Dominica, un proyecto para la automatización del registro civil en Trinidad/Tobago o el apoyo al registro electoral en Haití. En este último país, las deficiencias de los registros civiles ya eran extremas hace una década con un déficit total de 158 oficinas de registro y carencias de materiales e instrumental necesario en todas las demás (IIN/OEA 1991, 3).



Autoridad responsable del registro y el padrón electoral

El registro y el padrón electoral están generalmente encomendados al organismo supremo de la administración electoral ya sea una Comisión, Consejo o Tribunal (en toda Centroamérica, Uruguay) ya sea al órgano ejecutivo de una autoridad electoral con distintos órganos (México, Colombia, Ecuador, Chile, Perú). Así mismo, con la mayor frecuencia el registro civil y la cedulación ciudadana son competencias de la autoridad electoral. En un número menor de países el registro está encomendado a órganos del poder judicial (Argentina, Brasil. Paraguay). Como hipótesis de trabajo debe sostenerse que el tipo de institución responsable del registro así como el hecho de estar dicha responsabilidad unida o separada de la administración electoral es irrelevante para la eficacia en la formación del registro y su calidad técnica (completud, exactitud, actualización y depuración). Esta hipótesis vale tanto para las Américas como para el resto del mundo. En otros términos, no es el enclave y forma institucional per se lo que determina la calidad de un registro, sino su grado de modernización tecnológica, profesionalización, eficacia técnica e independencia del poder ejecutivo y de los partidos políticos. Dichos elementos –generalmente como carencias- permean toda la problemática de actualización y depuración de los registros electorales, tanto a nivel central como regional y municipal.

Cuadro 2.- Países con registro electoral automático y por solicitud del votante


Registro electoral automático

Registro por solicitud

Argentina

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador


El Salvador

Honduras


Nicaragua

Panamá


Perú

Venezuela



Antigua y Barbuda (de 7 días a registro continuo)

Anguilla, Aruba, Bahamas, Barbados (casa por casa)

Belice (casa por casa), Bermuda, Bolivia

Brasil, Canadá, Chile, Dominica

Estados Unidos, Guadalupe, Guatemala

Guayana (unidades móviles)

Guayana Francesa, Haití, Islas Caimán

Jamaica, Martinica, México, Paraguay

Puerto Rico, República Dominicana

San Vicente y Granadinas (casa por casa)

Santa Lucia (casa por casa)

Trinidad y Tobago, Uruguay


Fuente: El autor con datos sobre la mayor parte de los países latinoamericanos continentales en Urruty, Carlos Alberto. (2007).¨Los registros electorales¨. En Dieter Nohlen et al. (compiladores). Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. México: Fondo de Cultura, pp. 474-476. La información sobre los demás países procede de las autoridades electorales respectivas y especialmente del proyecto ACE en http://aceproject.org/epic-en/vr

Como problemas principales de modernización cabe mencionar los siguientes: a) Localización institucional y estructura interna de los registros civiles (clave de su independencia de los partidos políticos así como respecto del poder ejecutivo); b) profesionalización del personal permanente (capacitación para el ingreso y actualización de capacidades); c) calidad funcionarial del personal (civil service status); d) equipamiento técnico, especialmente IT; e) mecanismos institucionalizados de relación con otros organismos (concretamente en lo que nos ocupa, la autoridad responsable del padrón electoral). Los problemas más serios de politización son: a) la dependencia del registro civil de ejecutivos políticos en lo que se refiere a nombramiento y gestión del personal del registro (alcaldes municipales y, a nivel central, directores del registro nombrados con criterios esencialmente partidistas; y b) la intromisión sistemática de los partidos políticos a todos los niveles de la administración registral civil, incluyendo la manipulación directa en la producción de inscripciones, producción y distribución de cédulas de identidad cando esta tarea depende del registro civil etc. Al igual que sucede con el registro de la propiedad o la administración de justicia, un registro civil dependiente y politizado representa un obstáculo mayor no solo para la eficaz y transparente organización del padrón electoral y la administración de elecciones, sino para la buena marcha del conjunto de la economía y la gestión pública del país.

Una relación eficaz, fluida y transparente entre Registros Civiles y Registros Electorales no requiere que ambos registros estén bajo la misma autoridad. Tampoco lo contrario garantiza o facilita que dicha relación se produzca. Ejemplos notorios son la mayor parte de los países centroamericanos donde la politización y atraso técnico de los registros civiles constituye un obstáculo permanente para la buena organización del registro electoral. Hay ejemplos para todo. Así en Nicaragua y Panamá ambos registros están integrados pero con resultados muy diferentes a favor del caso panameño. En Guatemala, El Salvador y Honduras se optó por la separación sin que parezca haber mejorado sustancialmente la calidad del padrón electoral. También en el Perú de Fujimori se separaron y hasta hoy se mantienen separados pero con muy diferente impacto técnico y político sobre el proceso electoral. No es por tanto garantía de la calidad de un padrón electoral automático que el registro de identidad de las personas (cédulas) esté a cargo del organismo que administra el Registro Electoral, como sugiere algún analista. El problema es mucho más complejo que la mera ubicación institucional de uno u otro registro y tiene que ver con la modernización de los registros civiles y su despolitización efectiva (sacándolos de las manos del los partidos y los alcaldes municipales). Sin lugar a dudas, es de fundamental importancia que ¨el registro electoral sea administrado, custodiado, actualizado y depurado por un órgano público independiente del poder político¨ (Urruty 2007, 485); pero es igualmente fundamental que lo estén los registros civiles de donde emanan los documentos básicos de identificación de las personas y de su condición vital (matrimonio, defunción, etc.). Las deficiencias de los registros civiles fueron puestas de manifiesto desde que se hizo el Primer Diagnóstico del Registro Civil Latinoamericano en 1980 y en muchos países se siguen encontrando al paso de los años (IIN/OEA 1991, Urruty 2007, Tello Castro 2007).

La admisión legal del voto observado (tender ballot)

Donde está permitido, ello resta trascendencia a los errores u omisiones que pueda contener el padrón de votantes (Urruty 2007, 470). Así ocurre sobre todo donde existe un padrón central informatizado que permita cotejar la propiedad del voto observado a la hora del escrutinio definitivo, suponiendo que la autoridad electoral efectivamente realiza dicho cotejo. Se trata de verificar que no hay doble voto ni un voto de personas no inscritas en el padrón. Cuando éste no es el caso, el voto observado constituye un factor más de incertidumbre sobre la calidad del sufragio (ejemplo, la aplicación del Artículo 41 de la Ley Electoral de Nicaragua, que permite votar a personas que no se encuentran en el padrón siempre que la mesa atestigüe que viven en la comunidad donde se ejerce el voto).



El voto en el extranjero

Puede repercutir en la depuración el padrón. Puesto que se requieren dos padrones, hay que asegurar que no existen inscripciones múltiples, lo que demanda especial diligencia y colaboración entre oficinas consulares y el registro electoral central. En los países americanos continentales, no se permite votar en el extranjero en Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay. Casi una misma proporción de países admiten el voto en el exterior: Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, Panamá, Perú, Venezuela, México desde 2006, Estados Unidos y Canadá; siempre bajo ciertas condiciones de residencia e inscripción. En Bolivia, Nicaragua y República Dominicana la legislación establece la posibilidad de regular el voto en el exterior, pero no se ha hecho por el momento. Aparte de la especial situación de la República Dominicana, la inmensa mayoría de los países del Caribe no admiten el voto en el exterior con excepción de Barbados y Guayana (solamente para el personal diplomático) y más ampliamente Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica y Puerto Rico. También las Islas Malvinas permiten el voto en el exterior.

II.3. Desafíos procedentes de la cultura y la práctica política

Los mayores desafíos para la depuración del registro electoral enraizados en la cultura provienen del subregistro de defunciones (consecuente con el de nacimientos y emparejamientos conyugales); la irrelevancia social del domicilio sobre todo entre los varones ligados a unidades familiares múltiples de hecho (no se notifica el cambio o no se recuerda el domicilio registrado originalmente); los cambios de nombre a lo largo de la vida de una misma persona (ciertas minorías indígenas); o el uso de los patronímicos con cambios en su deletreo según el nivel cultural de la persona (muy común en los estratos sociales más pobres. Todos estos factores se suelen concentrar en las áreas rurales o urbanas donde se acumulan factores múltiples de marginación o exclusión social.

De lo anterior se desprende que el remedio a dichos males no es fácil ni se produce en tiempos cortos. Los gobiernos y la agencias sociales de apoyo tienen un rol principal en remover este tipo de obstáculos mediante la promoción del desarrollo social y, más a corto plazo, la realización de campañas de distinto alcance según los públicos objetivo de las mismas. Entrar en mayor detalle sobre esta problemática excede con mucho el alcance de esta comunicación.

En cuanto a los desafíos procedentes de la práctica política, se mencionarán los que consideramos más relevante, incluso cruciales: a) la interferencia sistemática del poder ejecutivo y los partidos políticos en el funcionamiento de los registros civiles, la producción y distribución de cédulas de identidad y la formación de registro electoral; b) la resistencia de los mismos actores para aceptar programas de reforma legal que faciliten la modernización, eficacia y transparencia de estos procesos; y c) la relativa complacencia o tolerancia con el statu quo por parte de sectores sociales bien instalados e influyentes (empresariado, sindicatos, iglesias, mundo de la práctica legal, medios de comunicación entre otros). Tal es la esencial sociedad civil, junto a las denominadas ONGs no son sino movimientos de mayor o menor impacto en la opinión. Se convive con instituciones registrales ineficaces, anticuadas e incluso recesivas de la misma manera que se convive sin resistencia con judicaturas, registros de la propiedad o un sistema bancario y financiero de similares características. Sobra decir que no se está haciendo referencia a todos los países americanos, sino a aquellos donde los desafíos se presentan. Por ejemplo, con la mayor severidad en algunos países centroamericanos y del Caribe y con solo imperfecciones de grado en los tres países de América del Norte y los tres del Cono Sur.

Conviene mencionar aquí la suprema importancia que, como garantía de limpieza del registro electoral, tiene la publicidad del mismo en tiempo y forma y el acceso periódico de los partidos políticos al registro actualizo. De esta forma, no solo se asegura la transparencia y se permiten correcciones, observaciones y modificaciones, sino que se utiliza un mecanismo de vigilancia recíproca entre los púgiles de los comicios. Dependiendo de las legislaciones, puede darse el acceso permanente de los partidos al registro, la entrega periódica del mismo o bien antes de cada elección. Como ejemplos de mecanismos permanentes de acceso al registro cabe citar la Junta de Vigilancia en El Salvador o las Comisiones de Vigilancia en México.

III. Epílogo: sobre los beneficios de un registro electoral bien depurado y actualizado

Por el siguiente orden, las principales ventajas de un registro electoral actualizado y limpio serían:

Evitar o minimizar el voto múltiple eliminando las inscripciones varias de una misma persona y dificultando el uso de identidades diversas por un mismo individuo.

La buena planificación de los procesos electorales, especialmente en lo que concierne a la organización de los distritos, los centros de votación y las mesas así como la correcta cuantificación para la producción y distribución de los materiales electorales, muy especialmente las papeletas de votación.

La elaboración de estadísticas de participación correctas. Este factor tiene importancia no solo analítica formal, sino también política como factor de legitimidad tanto de los electos como del sistema electoral (incluida la administración electoral) y el régimen democrático mismo.

Su aceptación por los partidos políticos y candidatos como contendientes electorales; lo que constituye un indicador adicional de legitimidad.

La disciplina ciudadana por el impulso a los electores hacia una actitud vigilante de su permanencia en la lista correcta de votantes si desean ejercer el sufragio.

La diligencia de los magistrados y funcionarios electorales, pues la práctica de un registro limpio favorece la sensibilidad institucional para calibrar periódicamente el tamaño y características socio-demográficas del demos o cuerpo político efectivo.



IV.Conclusiones

Los bueyes delante de la carreta o la política antes que la técnica

En la era de la información y la comunicación apoyadas por la continuada asistencia financiera y técnica internacional para los países necesitados y, salvo causa de guerra o catástrofe natural, no existen razones técnicas de peso que impidan la consecución a medio plazo de un registro electoral completo, actualizado y bien depurado. Cundo éste no es el caso, hay que buscar primero razones de orden político y solo en un segundo lugar las carencias técnicas y financieras.



Las panaceas no existen

La separación del registro civil y el registro electoral en instituciones diferentes no garantiza una mejor actualización y depuración del registro electoral; ni tampoco lo contrario, que ambos registros se mantengan bajo la autoridad electoral. Lo mismo cabe aplicar a la institución encargada de producir y distribuir las cédulas de identidad ciudadana, si es diferente de las anteriores.

Con independencia de la localización institucional del registro electoral y los soportes que le sirven de base (normalmente cédulas de identidad o asientos en registros civiles), la adecuada depuración del registro electoral requiere del funcionamiento eficaz de otras instituciones del estado, normalmente los registros civiles, la autoridad judicial, el ejército o la policía y, ciertamente, la colaboración directa de los ciudadanos sobre todo en cuanto a los cambios de domicilio. Hacen falta instituciones eficaces y no politizadas que hagan efectiva la responsabilidad legal de registrar y comunicar los cambios oportunamente.

En todos estos casos, la clave del problema y de sus soluciones posibles radica en la existencia, modernización y despolitización de ciertos aparatos del estado. No es posible un estado y una economía moderna sin aislar una serie de instituciones de la influencia política directa del poder ejecutivo, legislativo y de los partidos políticos; fundamentalmente, y por el orden en que históricamente se desarrollaron, una autoridad monetaria no dependiente del poder ejecutivo (banco central); el registro de la propiedad; el registro civil; la administración de justicia; los cuadros de la administración civil del estado, el ejército y la policía; el padrón electoral; la comisión reguladora del mercado de valores; una comisión reguladora de los medios de comunicación, etc.

Se hace imprescindible la existencia de un registro central, tanto electoral como civil, que concentre los asientos individuales en una base de datos única y permita aplicar todos los controles técnicos disponibles hoy día para la depuración de inscripciones múltiples, falsas o incorrectas, de los difuntos, los cambios de residencia, las personas privadas del derecho al sufragio etc.

La aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación si bien no garantiza una adecuada depuración en tiempo y forma del registro electoral, sin embargo su uso facilita enormemente dicha depuración e incluso puede hacerse imprescindible. Hoy puede considerarse como una condición necesaria aunque no suficiente.

Finalmente, la práctica administrativa de un registro paralelo o pasivo se da demostrado muy conveniente.

Las reformas son difíciles de hacer y su aplicación no se hace efectiva de un día para otro

A este respecto, hay que tener objetivos claros y trabajar a mediano y largo plazo por conseguirlo; es decir, caminar en la dirección correcta. Es un falso objetivo, por ejemplo, abogar sin más por la separación del registro civil y el registro electoral.

El personal técnico de las administraciones electorales debe tratar de influir en el estrato político por una doble vía. Por un lado, los gobernantes, legisladores y la sociedad civil organizada (partidos políticos, sindicatos, empresarios, organismos de derechos humanos, organizaciones profesionales sobre todo del ámbito legal y docente –magisterio, universidades y centros de investigación). Por otro, trabajar con la opinión pública a través de los medios de comunicación, tratando no solo de llevar el tema a la agenda política nacional, sino de mantenerlo en la misma hasta lograr avances concretos e irreversibles.

La problemática aquí planteada nos remite a la complejidad de la gestión electoral. Por una parte, se trata de garantizar el ejercicio de un derecho individual, el derecho al sufragio, que tiene un valor supremo para el votante qua individuo. Por otra, hay que asegurar que el agregado estadístico de los votos refleja fielmente la libre expresión de la voluntad popular; y aquí unos votos más o menos no hacen generalmente la diferencia. Se trata, o así debería ser siempre, de una tensión agónica para los gestores de la voluntad popular entre la necesidad de garantizar el ejercicio de un derecho y la de obtener un agregado estadístico correcto y que, por definición, está sujeto a márgenes de error. En minimizar dicha tensión por reducción del error estadístico radica la gloria y la miseria de las administraciones electorales.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ACE, Proyecto Administración y Costo de Elecciones. (Versión 2005). Consultar las diferentes secciones del Índice del Registro de Electores. Búsqueda en



http://aceproject.org/epic-en/vr
Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL. (1997). Registro Civil y Electoral de América. Memoria del III Seminario para Técnicos Gestores de la Administración Electoral de los Países de Iberoamérica. San José: Programa de Alta Gerencia.
IIN/OEA y Plan Internacional. (1991). Diagnóstico del Registro de Nacimientos en El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Buenos Aires: IIN/OEA y Plan Internacional (Taller Latinoamericano sobre Estrategias para Acelerar el Mejoramiento de los Sistemas de Registro Civil y Estadísticas Vitales). Se puede bajar un excelente resumen ejecutivo en www.iin.oea.org/resumen_ejecutivo_diagnstico_registro_nacimientos.htm
International IDEA. (2006). Electoral Management Design: The International IDEA Handbook. Stockholm: IDEA (puede bajarse de la página web www.idea.int).
Lopez Pintor, R. and Fischer, J. (2006). Getting to the CORE. A Global Survey on the Cost of Registration and Elections. New York: UNDP (puede bajarse de la página web del PNUD).
Lopez Pintor, R. and Gratschew, M. (2002). ¨Voter Registration and Inclusive Democracy: Analysing Registration Practices Worldwide¨, and also ¨Voter Registration Today: A Gateway to Enfranchisement¨. En Lopez Pintor, R. and Gratschew. M. (Eds.). (2002). Voter Turnout since 1945. A Global Report. Stockholm: International IDEA, pp. 23-35. Este informe incluye una investigación sobre sistemas de registro electoral en 124 países de las distintas regiones del mundo y algunos estudios de caso, entre otros y para las Américas, Estados Unidos y Guatemala (puede bajarse de la página web www.idea.int).
Rial, J. (1999). ¨El Registro Electoral como Herramienta para la Consolidación Democrática.¨ En Seminario Internacional sobre Legislación y Organización Electoral: Una Visión Comparada. Lima: Organización de Estados Americanos/ Transparencia.
Santamaría Castrellón, Ana Raquel. (2008). ¨El Cambio de Residencia como Delito Electoral¨. Mundo Electoral. Año 1, No. 3. Ciudad de Panamá: Tribunal Electoral de Panamá, pp. 43-44.
Tello Castro, Ana María (compiladora). (2007). Proyecto de Estudio Comparado Sobre las Reformas al Sistema de Registro Civil e Identificación de las Personas en: Colombia, El Salvador, Nicaragua, Panamá. Managua: IFES.
Urruty, Carlos Alberto. (2007).¨Los registros electorales¨. En Dieter Nohlen et al. (compiladores). Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. México: Fondo de Cultura, pp. 463-486 (primera edición de 1998).



La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje