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Nº 64-09 consejo superior del poder judicial


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Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, autorizar la participación de los servidores de la lista transcrita, para que participen del taller denominado “Jubilación y Trabajo”, a realizarse el 31 de julio próximo, de las 13:00 a las 16:30 horas. Lo anterior en el entendido de que no se afecte sustancialmente el servicio público a cargo de los servidores a quienes se les autoriza a participar, lo cual implica que en caso de que tengan diligencias programadas no podrán alterar en modo alguno la fecha de su realización y deberán atenderlas, asimismo de presentarse algún asunto urgente  suspenderán su participación para conocerlo.

El Departamento de Personal y el Servicio de Salud para Empleados, tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara este acuerdo firme.

ARTÍCULO XVII

El licenciado Jorge Rojas Vargas, Director General del Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 673-DG-09/ID-4916 de 12 de junio en curso, presentó la siguiente gestión:

“… me dijo a ustedes, a fin de hacer de su estimable conocimiento, la invitación cursada por el señor Francisco Javier Velásquez López, Director General de la Policía y Guardia Civil de España, para que un servidor nuestro, participe en el Foro Iberoamericano de Encuentros de Ciberpolicías, “FIEC´09” a realizarse en Madrid-España del 28 de setiembre al 04 de octubre del año en curso.
Por la temática de la capacitación, se ha estimado conveniente la participación del servidor Joaquín Morales González, Investigador de la Sección de Delitos Informáticos de OIJ, para que reciba tan importante formación, la cual no tiene costo alguno para el Poder Judicial, por cuanto es auspiciada por el Ministerio del Interior de la Embajada de España en nuestro país.
Dado lo anterior, se solicita el visto bueno respectivo, para que el señor Morales participe en el evento, asimismo, de aprobarse la gestión, se hace necesario el trámite del pasaporte oficial, y se le autorice viajar desde el 26 de setiembre, regresando el 06 de octubre del presente año, debido a los horarios de vuelo.”

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Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia: 1.) Conceder permiso con goce de salario del 26 de setiembre al 6 de octubre del año en curso, al señor Joaquín Morales González, a fin de que participe en el “Foro Iberoamericano de Encuentros de Ciberpolicías, FIEC-09”, a realizarse en Madrid, España. 2.) En razón de la importancia del contenido de la capacitación a recibir, deberá don Joaquín coordinar lo necesario con la jefatura inmediata, a fin de transmitir los conocimientos adquiridos a los demás servidores de la oficina, ya que podrían ser de gran utilidad en las labores que realizan. 3.) La Secretaría General de la Corte tramitará lo correspondiente al pasaporte de servicio.

La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial y el Departamento de Personal tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

ARTÍCULO XVIII

El señor Erik Sandí Corrales, Auxiliar Supernumerario 2, con el visto bueno de la licenciada Kattia Morales Navarro, Jefe del Área de Informática de Gestión del Segundo Circuito Judicial de San José, en nota de 17 de junio en curso, solicitó:

“… se me amplíe el período sin goce de salario del 19-06-09 al 19-12-09. Cabe destacar que vengo gozando permiso por los seis meses anteriores por encontrarme disfrutando de un nombramiento en plaza de profesional en Psicología en DINADECO (Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad) específicamente en la jefatura del Departamento de la Niñez y la Adolescencia, entidad que pertenece al Gobierno de Costa Rica, Ministerio de Justicia.
Adjunto constancia de nombramiento despachada por el Departamento de Recursos Humanos.
Para notificaciones al correo electrónico: carisma_rema@yahoo.es.”

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De conformidad con el artículo 44 párrafo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó: Acoger la gestión anterior y prorrogar el permiso sin goce de salario al señor Erik Sandí Corrales, del 19 de junio al 19 de diciembre del año en curso, para que labore como Profesional en Psicología, específicamente como Jefe del Departamento de la Niñez y la Adolescencia, en la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO).

El Departamento de Personal y el Área de Informática de Gestión del Segundo Circuito Judicial de San José, tomarán nota para lo que a cada uno corresponda. Se declara este acuerdo firme.



ARTÍCULO XIX

La máster Rosario González Brenes, Jefa interina del Departamento de Trabajo Social y Psicología, en oficio N° DTSP-437-2009 de 12 de junio en curso, manifestó lo siguiente:

“… Les solicito analizar la posibilidad de conceder permiso con goce de salario a los y las profesionales de la siguiente lista para que puedan asistir al: I Simposio Interdisciplinario de Investigación en Familia y Políticas Sociales en América Latina, a realizarse en la Cuidad de La Investigación de la Universidad de Costa Rica, los días 27, 28 y 29 de julio del 2009, de 8 AM a 5 PM.
Oficina de San José

Cruz Porras Bolaños

Carlos Ledezma Mora

Jenny López Rodríguez

Alba Gutiérrez Villalobos, Subjefe
Oficina de Hatillo

Roxana Mesen Fonseca


Oficina de Desamparados

Adriana Villalta Vindas

Haydee Castro Chavarría

Liliana Solano Mora


Oficina de Goicoechea

Carmen Marín González

Sonia Rodríguez Guevara
Oficina de Limón

Silvia Salas Chavarría. Oficina de Limón.

María de los Ángeles Bustamante Blanco
Oficina de Quepos

Carmen Chinchilla Fallas


Se tomarán las previsiones necesarias para no afectar la atención de las personas usuarias. Adjunto el programa del Simposio.”

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Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1.) Autorizar la participación, sin sustitución, a los servidores de la lista transcrita, para que asistan al “I Simposio Interdisciplinario de Investigación en Familia y Políticas Sociales en América Latina” a realizarse el 27, 28 y 29 de julio en curso, de las 8:00 a las 17:00 horas, en la Ciudad de La Investigación de la Universidad de Costa Rica. Lo anterior en el entendido de que no se afecte sustancialmente el servicio público a cargo de los servidores a quienes se les autoriza a participar, lo cual implica que darán prioridad a la atención de los asuntos urgentes relacionados con sus funciones en el Poder Judicial. 2.) En virtud de la importancia de la capacitación a recibir, deberán los citados profesionales coordinar lo necesario con la jefatura inmediata, a fin de transmitir los conocimientos adquiridos a los demás compañeros, ya que podrían ser de gran utilidad en las labores que realizan.

Los Departamentos de Personal y Trabajo Social y Psicología tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.



ARTÍCULO XX

La máster Rosario González Brenes, Jefa interina del Departamento de Trabajo Social y Psicología,  en oficio N° DTSP-436-2009 de 11 de los corrientes, presentó la siguiente gestión:

“… Elevo ante ustedes la solicitud de la Máster Jessica Gamboa Ramírez, donde solicita permiso con goce de salario para asistir a una capacitación sobre la Entrevista Forense, que se realizará en Chicago, organizada por el Nacional Children Advocacy Center de los Estados Unidos.

La participación de la MSc. Gamboa R., en dicha capacitación será de gran valor para este Departamento, en momentos en que nos encontramos analizando procesos de intervención para hacer nuestra labor más efectiva según las necesidades de las personas usuarias y como tal, de la Administración de Justicia; razón por la cual la Máster Gamboa se compromete a compartir los conocimientos que adquiera, con los y las profesionales de este  Departamento.

No omito manifestar que Jessica está tomando las previsiones  necesarias para que no se vea afectada su labor como supervisora del área de Psicología, por lo que no se requiere su sustitución.

Adjunto la solicitud de la Máster Gamboa Ramírez.”

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En la citada gestión, la máster Gamboa Ramírez, informó que la mencionada capacitación se efectuará del 3 al 7 de agosto del año en curso.



Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1.) Conceder a la máster Jessica Gamboa Ramírez permiso con goce de salario, sin sustitución, del 3 al 7 de agosto del año en curso, para que participe en la capacitación sobre la “Entrevista Forense” a realizarse en Chicago, organizada por el Nacional Children Advocacy Center de los Estados Unidos de América. 2.) En virtud de la importancia del contenido de la capacitación a recibir, deberá doña Jessica coordinar lo correspondiente con la jefatura inmediata, a fin de transmitir los conocimientos adquiridos a los demás servidores del despacho, ya que podrían ser de gran utilidad en las labores que realizan.

Los Departamentos de Personal y Trabajo Social y Psicología tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.



ARTÍCULO XXI

En sesión N° 08-09 celebrada el 29 de enero del año en curso, artículo XXV, de conformidad con lo que establece el artículo 44, párrafo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se prorrogó el permiso sin goce de salario otorgado al licenciado Roy Alexánder Murillo Rodríguez, Juez de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de Alajuela, para que continuara con los estudios de doctorado, en la Universidad Carlos III de Madrid, España.

El licenciado Roy Alexander Murillo Rodríguez, en su expresado carácter, en correo electrónico de 15 de junio en curso, presentó la siguiente solicitud:

“…prórroga de mi licencia sin goce de salario por un plazo de 3 meses más, sea del 1 de agosto al 31 de octubre del 2009, toda vez que a la fecha me encuentro finalizando mi tesis doctoral y se proyecta que la defensa correspondiente se fijará para finales del mes de septiembre o principios de octubre.


Igualmente me resulta muy importante disfrutar de esta licencia toda vez que he obtenido en España una especia de beca para realizar una pasantía en la Universidad de Londres, en el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, misma que proyectaba realizar en los meses anteriores pero que por razones ajenas al suscrito podré realizar a partir del mes de julio próximo, conforme la constancia que adjunto.
Agradeciendo sinceramente la oportunidad que se me brinda al autorizarme a realizar mis estudios doctorales y esperando retornar a mis funciones como Juez de ejecución a partir del mes de noviembre del 2009.”

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De conformidad con lo que establece el artículo 44, párrafo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó: Prorrogar el permiso sin goce de salario concedido al licenciado Roy Alexánder Murillo Rodríguez, del 1° de agosto al 31 de octubre del año en curso, a fin de que concluya el doctorado, en la Universidad Carlos III de Madrid, España, en el entendido que deberá suscribir el correspondiente addendum al contrato respectivo.

El Despacho del Presidente, el Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de Alajuela, el Consejo de Personal y el Departamento de Personal, tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.



ARTÍCULO XXII

El señor José Joaquín Mongrio Calero, Auxiliar de Servicios Generales del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, en nota de 22 de junio en curso, solicitó lo siguiente:

“… me concedan permiso por dos semanas para ausentarme del despacho con goce de salario de carácter URGENTE, por la siguiente razón; el día diecinueve de junio del año en curso en horas de la tarde, mi padre José del Carmen Mongrio Picado, 2-188-807, que cuenta con 72 años de edad, y vive en Los Chiles, Frontera Norte, le dio un paro cardio respiratorio y fue atendido en el Hospital de Los Chiles, Frontera Norte, pero debido a que mi padre siguió mal, decidieron los médicos de esa localidad trasladarlo al Hospital Calderón Guardia, mismo que se encuentra ahí internado en cama número 33, pero según se me informó el día de hoy veintidós de junio de los corrientes, lo van a trasladar al Hospital México en donde permanecerá internado hasta que el Médico le de alta.- Quiero indicar que a principio de este año, a mi papá le diagnosticaron cáncer de próstata y está pendiente para recibir radioterapia. Dicha gestión es con la finalidad de estar al lado de mi padre, ya que mi madre no lo puede hacer en razón de la distancia además de que padece de mucho dolor en la piernas y cuenta con 63 años de edad.- De esta situación es conocedora la Representante de los Trabajadores de este Circuito, señora Iria María Herrera Hernández, ya que incluso es la asistente judicial del Juzgado Penal de San Carlos en donde laboro.-
Mucho les agradecería su comprensión.”

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De conformidad con la resolución de la Sala Constitucional Nº 2005-11262 de las 15:00 horas del 24 de agosto del 2005, se acordó: 1.) Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, conceder permiso con goce de salario y sustitución al servidor José Joaquín Mongrio Calero, por el plazo de 10 días hábiles a partir del 24 de junio en curso, para los fines indicados. 2.) Recomendar a don José Joaquín que de persistir la situación descrita, acuda a la Caja Costarricense del Seguro Social, para que tramite una licencia que se le pueda conceder para este tipo de situaciones.

El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela y el Departamento de Personal, tomarán nota para lo que corresponda a cada uno. Se declara acuerdo firme.



ARTÍCULO XXIII

La señora María del Rocío Quesada Zamora, Auxiliar Judicial 2 del Juzgado Notarial, en nota recibida el 22 de junio en curso, solicitó lo siguiente:

“La presente es para solicitarles de la manera más respetuosa posible que me concedan permiso sin goce de salario para los días 24 al 30 de junio próximo, lo anterior por cuanto la Jefatura del Despacho en que laboro -Juzgado Notarial- se niega a concederme el permiso sin motivo que lo justifique, pues tengo aproximadamente cinco años de estar realizando nombramientos en ascenso y la persona que ha ocupado mi puesto cuenta con experiencia en la tramitación de procesos, amén de que se ha desempeñado muy bien en el puesto y tiene muchos años de laborar en el Juzgado. El permiso es de suma urgencia e importancia para mí, ya que debo trasladarme a la ciudad de Limón, donde fui nombrada en propiedad a partir del 01 de julio próximo, a fin de ubicar una casa de alquiler para vivir y trasladar algunas pertenencias, además de que debo practicarme algunas pericias médicas en estos días.”

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Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, conceder permiso sin goce de salario a la servidora María del Rocío Quesada Zamora, del 24 al 30 de junio en curso, por los motivos indicados.

El Departamento de Personal y el Juzgado Notarial tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

ARTÍCULO XXIV

En sesión N° 2-09 celebrada el 8 de enero del año curso, artículo XIV, se autorizó a la licenciada Kattia Salas Abarca, para que colaborara con la Comisión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a partir del 9 de enero de este año y hasta por seis meses.

El doctor Óscar Eduardo González Camacho, Magistrado Coordinador de la Comisión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en nota enviada el 22 de junio en curso, expuso lo siguiente:

“… adjunto el informe de funciones elaborado por la licenciada  Katia Salas, en el que da cuenta de sus acciones y pendientes durante los meses en los que se ha desempeñado como asesora de esta Comisión y como analista en diversos tópicos de la jurisdicción.

Como se puede observar, han sido múltiples los logros, pues se han detectado los orígenes de diversos problemas en el área de gestión, lo cual ha permitido suprimirlos o reducir los riesgos. Su desempeño, a más de óptimo, se ha reflejado en las áreas de capacitación y en lo administrativo. En este campo, por ejemplo, ha tomado un rol   determinante en la organización y planeamiento en detalle de todo el traslado de la jurisdicción al anexo A del Segundo Circuito Judicial.

Las mediciones y análisis se han enfocado, esencialmente, al área de tramitación (tanto a los auxiliares como a los jueces tramitadores). No obstante, resta por reproducir esta tarea, en los Tribunales de Juicio, así como en el Juzgado, y en el Tribunal encargado de lo escrito. En este último despacho, no puedo ocultar mi preocupación por el rendimiento apenas aceptable de algunos juzgadores, que de continuar, prolongaría en exceso el período de transición y extinción de los procesos escritos tramitados bajo la Ley Reguladora. Este y otros diversos aspectos deben ser analizados con urgencia y con agudeza profesional, en los próximos meses.

En razón de lo anterior, atendiendo a la evidente necesidad que representan en el área contenciosa, los servicios de la indicada funcionaria, me permito solicitar a las señoras y señores miembros del Consejo, se sirvan prorrogar el nombramiento de la señorita Katia Salas por el segundo semestre del año en curso, a fin de concluir y ejecutar muchas de las tares y recomendaciones pendientes a esta altura. ”

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Por las razones expuestas, se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, autorizar a la licenciada Kattia Salas Abarca, para que continúe como asesora de la Comisión de lo Contencioso Administrativo, durante el segundo semestre del año en curso.

La Comisión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el Programa Poder Judicial BID, la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Personal tomarán nota para lo que corresponda a cada uno. Se declara acuerdo firme.



ARTÍCULO XXV

El Magistrado Román Solís Zelaya, en su condición de Presidente de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, CONAMAJ, mediante oficio N° 135-CNAMAJ-09 de 22 de junio en curso, solicitó lo siguiente:

“…El 26 de junio del 2009 se realizará en Los Chiles de la Zona Norte del país una reunión para presentar el “Informe de Resultados del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Sistema de Justicia” y discutir sobre el “Proyecto Binacional Bajos de Chilamate-Los Chiles de Aguas Zarcas: consideraciones sobre el impacto para el sector justicia en la zona”.
La actividad se realizará en el Salón Iglesia Asamblea de Dios de Los Chiles de la zona norte del país a partir de las 14:00 horas. Estará dirigida por representantes de la Dirección Ejecutiva de la Conamaj, y contará con la participación de la Ministra de Justicia, el presidente del Colegio de Abogados, el Contralor de Servicios del Tribunal Supremo de Elecciones, don Jorge Rojas, director del OIJ, doña Marta Asch del Depto, de Planificación, servidoras y servidoras judiciales del II Circuito Judicial de Alajuela, funcionarias/os públicos y ciudadanas/os de Los Chiles.
Considerando la importancia de dicha actividad queremos solicitar la autorización de que el personal de los despachos judiciales de Los Chiles pueda asistir a dicha actividad. Se adjunta la lista de servidoras/es judiciales para el debido permiso de asistencia a dicha sesión.”


1. José Abad Obando Z.

Fiscalía

2. Óscar Rodríguez Varela

Fiscalía

3. Elizabeth Ugalde Cortés

Fiscalía

4. Pedro Mejía Romero

Fiscalía

5. Andrea Mora Villalobos

Defensa Pública

6. Adrián Alpízar Villalobos

Defensa Pública

7. Ana Lucía Mata Castro

Juzgado

8. Clary Palacios

Juzgado

9. Jimmy Rocha Calvo

Juzgado

10. Ángela Rodríguez Rodríguez

Juzgado

11. Maynor Reyes Miranda

OIJ

12. Juan Ángel Carmina Jiménez

OIJ

13. Luis Diego Araya Jiménez

OIJ

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Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, autorizar la participación de los servidores de la lista transcrita, en la reunión que se da cuenta, a realizarse el 26 de junio en curso. Lo anterior, en el entendido de que no se afecte sustancialmente el servicio público a cargo de los servidores a quienes se les autoriza a participar, lo cual implica que deberán dar prioridad a la atención de los asuntos urgentes relacionados con sus funciones en el Poder Judicial y que por ningún motivo se podrán suspender audiencias ni debates previamente señalados.

La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia y el Departamento de Personal, tomarán nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.



SUSTITUCIONES

ARTÍCULO XXVI

El licenciado Minor Mendoza Cascante, Administrador del Juzgado de Tránsito del Primer Circuito Judicial de San José, Hatillo, Pavas y Desamparados, con el visto bueno de la licenciada Leda Román Matamoros, Jueza de Tránsito de Pavas, en oficio N° 301-2009 de 18 de junio en curso, solicitó lo siguiente:

“… la sustitución del Auxiliar de Servicios Generales 2 Kattia Fallas Espinoza cédula 1-808-038 por el señor Walter David Mestayer Bustamante cédula 1-1264-056, meritorio de este Despacho, durante los días del 18 al 21 de mayo en curso por concepto de vacaciones.
La señorita Fallas Espinoza atiende todas las labores misceláneas, así como la custodia de los expedientes solicitados para fotocopias, es la encargada de la remisión y recepción de comisiones y toda documentación del Juzgado, entre otras labores.
La finalidad de la sustitución consiste en cubrir el puesto para no afectar la limpieza de las áreas comunes de público y personal, mantener al día la tramitación de la correspondencia, aunado a ello, la ausencia de Conserje desmejora el tiempo de respuesta en el servicio de fotocopias…”

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Se dispuso: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, autorizar la sustitución de la servidora Kattia Fallas Espinoza, por vacaciones del 18 al 21 de mayo último y en su lugar designar al señor Walter David Mestayer Bustamante. No obstante se le advierte al licenciado Minor Mendoza Cascante que a futuro debe ajustarse a las políticas de sustituciones emitidas por este Consejo; previendo en su organización las medidas necesarias para atender las ausencias temporales de los servidores, cuando esos períodos no permitan el nombramiento de un sustituto como en el caso que se presenta.

El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.



VALORACIONES MÉDICAS

ARTÍCULO XXVII

En sesión Nº 28-09 celebrada el 24 de marzo del año en curso, artículo XXXIV, se tomó el acuerdo que literalmente dice:



“Las doctoras Leslie Solano Calderón, Zarela Abarca Villalobos, y el doctor Allan Chaves Moreno, Jefa, Médico Residente y Médico Forense del Departamento de Medicina Legal, respectivamente, en oficio N° J.D.M.L. 2009-0109D de 6 de marzo en curso, remiten el resultado de la valoración médica practicada a la licenciada Sandra Lucrecia Castro Caamaño, Fiscal Auxiliar del Segundo Circuito Judicial de San José, en que concluyen que doña Sandra Lucrecia se encuentra incapacitada de manera absoluta y permanente para realizar  su actividad laboral habitual en el Poder Judicial.
Por su parte, el Consejo Médico Forense, integrado por la doctora Mayra Rodríguez Calvo y los doctores Mario Roberto Masís Figueroa, Jorge Mario Roldán Retana, en oficio N° DML-2009-0666 de 11 de este mes, concluyen que la señora Castro Caamaño, NO está incapacitada para laborar de manera absoluta y permanente dentro del Poder Judicial.
Sobre el particular, la licenciada Sandra Castro Caamaño, en su citada condición, en escrito de 17 de marzo en curso, recibido el 23 de este mes, manifestó lo siguiente:
“Desde hace aproximadamente un año y medio yo vengo sufriendo de un deterioro general de mi salud, lo que me ha impedido desplegar mi labor en forma normal y eficiente, tal y como lo he hecho a través de los dieciocho años que he laborado para el Poder Judicial.
He sido tratada e incapacitada por distintos profesionales médicos, sobre todo de la Caja Costarricense del Seguro Social, entre ellos la Dra. María Emilce Pessoa Gómez, Psiquiatra y también por médicos particulares, entre ellos el Dr. Danilo Medina, y el Dr. Diego Umaña, etc.
He estado incapacitada por dolencias de tipo psicológico a raíz de depresión grave y últimamente mi más reciente dolencia, ha sido el sometimiento a una operación general de histerectomía, junto a la extirpación de-un tumor en el vientre que ameritó una herida de veinticuatro puntadas. Como puede observarse, mi estado de salud y de lo cual hay copias en el expediente en este momento se encuentra realmente comprometido sobre todo para una persona de mi edad, pues el ocho de febrero de este año cumplí cincuenta y cinco años de edad. También padezco de hipertensión para lo cual tomo el respectivo tratamiento médico diario.
El historial médico psiquiátrico de la suscrita que es muy amplio y el cual se encuentra en el Hospital Clínica Ricardo Jiménez Núñez, está debidamente acreditado en lo conducente en mi expediente médico personal, que es parte de estas diligencias. Resumidamente lo expongo de la siguiente manera: En el año dos mil fue cuando empecé a sufrir una fuerte depresión, motivada por varios factores, exceso de trabajo, jornadas laborales excesivas y extenuantes, incluso nocturnas de diez de la noche a ocho de la mañana, escasez de personal, enormes filas de usurarios, etc, etc.
También me vieron e incapacitaron diferentes médicos de la Clínica Ricardo Jiménez Núñez de la Caja Costarricense del Seguro Social, así como médicos particulares y los médicos de empresa (Poder Judicial). Lejos de mejorar mi salud, se fue deteriorando a pasos agigantados, y a pesar de ello nunca descuidé mis laborales en forma alguna, claro a costa de mi salud. Mis notas siempre fueron sobresalientes, a pesar de lo anterior.
A mediados del año dos mil siete y tal y como consta en el historial médico cuyos dictámenes rolan en el expediente, hubo un incremento general en el deterioro de mi salud, al punto de que debí ser ya tratada por una médico psiquiatra, quien repetidamente me trató y también me incapacitó por períodos. Posteriormente soy remitida a los Psiquíatras y Psicólogos de la Caja del Seguro, quienes efectivamente encontraron un grave deterioro en mi salud, de tipo psicológico, pero también traducido en el aspecto físico. Entre los médicos que me atendieron en este último período fue la Dra. María Emilce Pessoa, la licenciada en Psicología Ana Sáenz, la Psicóloga Espinoza, la MSC. Nuria Chaves, etc, quien como repito, me sometieron a diferentes tratamientos, pruebas y exámenes, tanto en la Clínica Jiménez Núñez como en otros hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social (Hospital Calderón Guardia).
En enero de este año, la Dra. Pessoa Gómez al ver el resultado de las pruebas psicológicas, Unidad Psico-diagnóstica del Hospital Calderón dictaminó “depresión severa con deterioro cognitivo” y recomendó iniciar tramites de pensión. El trámite de pensión no lo inicié de inmediato, porque precisamente el día siete de enero de este año, fui internada de emergencia en el Hospital Clínica Católica, en donde fui intervenida quirúrgicamente por el Ginecólogo Dr. Danilo Medina, a raíz de una cirugía de un tumor en vientre de gran tamaño, y que ameritó incluso una histerectomía general, que ameritó una operación de veinticuatro puntos de sutura, y por supuesto un período de recuperación con grave peligro para mi salud, puesto que se me practicaron dos fases de resucitación respiratoria. Es decir, que ya no solamente a principios de este año ameritaba incapacidad desde el punto de vista psicológico, si no que además, en el plano físico mi salud está gravemente comprometida aún al día de hoy, cuando les estoy remitiendo estas consideraciones. No esta demás indicarles que también en este período a pesar de mi grave estado de salud debí de acudir en dos ocasiones a la Medicatura Forense, en donde primero fui examinada por el Departamento de Medicina Legal, ello a solicitud del Departamento de Personal y posteriormente en el Consejo Médico Forense.
Efectivamente, fui remitida al Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial el día tres de marzo, en donde incluso adjunté un dictamen suscrito por la Dra. Pessoa Gómez, en el cual se recomienda que inicie los trámites para una pensión debido a la magnitud del deterioro de mi salud, trámites que como es patente todavía no he iniciado y el informe de la Licda. Ana Sáenz donde consta que se me realizaron diversas pruebas especializadas durante dos meses en el Hospital Calderón Guardia. Ese día tres de marzo fui examinada por dos médicos del Departamento de Medicina Legal, por los doctores Allan Chaves Moreno y la medico psiquiatra Zalera Abarca Villalobos, y quedé en espera de que se me pusiera en conocimiento el respectivo dictamen sobre el particular.
A pesar de haber dejado los teléfonos y la dirección en donde se podría notificarme tal y como me lo solicitaron, no recibí ninguna notificación al respecto, y antes de una semana después sorpresivamente y con clara violación al Principio del Debido Proceso, me convocaban sin notificación, para otra nueva cita o segunda instancia de hecho, pero para ante el Consejo Médico Legal, a donde acudí el día diez de marzo. Sin tener el dictamen inicial de primera instancia fui sometida en ese Consejo a un trato descortés por parte de una de las doctoras que se encontraban presentes, a pesar de que como indiqué en líneas atrás, en el expediente, constan las intervenciones quirúrgicas a que fui sometida en enero de este año, y los trastornos de tipo conductual y psicológico rechazados por la Dra. Pessoa Gómez, Psiquiatra de la Caja del Seguro y la Licda. Ana Sáenz del Hospital Calderón Guardia, así como el dictamen médico del Dr. Rodrigo Ramírez Calvo.
El día de la última cita me enteré que mi caso iba a ser trasladado al Consejo Administrativo del Poder Judicial, y este es el motivo de la presente manifestación y formulación de Recursos que estoy planteando en este acto.
Al día de hoy tampoco se me ha puesto en conocimiento el resultado del dictamen del Consejo Médico, y mi temor es que nuevamente sin ninguna intervención o posibilidad de defensa de mi parte, ese Consejo Administrativo vaya a tomar una decisión apresurada o incompleta sobre mi caso que no refleje la realidad de mi situación.
Al respecto y como prueba para mejor resolver y mayor ilustración de ese Consejo, me permito aportar en este acto copia certificada de la solicitud de internamiento en el área de psiquiatría del Hospital Calderón Guardia, que extendió el Dr. Manuel Trimiño Vázquez, médico psiquiatra el día veinte de marzo, en donde se refleja la realidad de mi estado mental y psicológico. Yo entiendo que la médico psiquiatra del Consejo Médico de la Medicatura Forense al ser a su vez empleada del Poder Judicial, sienta que tiene la obligación de enfocar los casos favorables al patrono o empleador en este caso, y contrarios a los intereses del asalariado o empleado judicial.
Es doloroso que los empleados del Poder Judicial después de haberle dado a la Corte lo mejor de nuestras vidas productivas, al final nos veamos sometidos a este tipo de procedimientos como me sucedió en la Medicatura, todo por defender nuestros derechos injustamente puestos en entredicho.
REVOCATORIA Y RECONSIDERACIÓN SOBRE EL DICTAMEN MEDICO LEGAL EMANADO DEL CONSEJO MEDICO FORENSE DE FECHA ONCE DE MARZO DE DOS MIL NUEVE. NÚMERO: DM1 2009-0721, SUSCRITO POR LOS DRS. MARIO MASIS, JORGE ROLDAN RETANA Y MAYRA RODRÍGUEZ.
Tal y como lo indiqué líneas atrás, el día diez de marzo de este año fui remitida al Consejo Médico Forense compuesto por los médicos indicados, para una entrevista, a raíz de la cual se vertió el dictamen médico legal 2009-0721 ya indicado, componente de dos folios únicamente, y en donde sin ningún tipo de argumentación o fundamentación, este Consejo emite una conclusión absolutamente improcedente y carente de toda legalidad, objetividad, y en clara violación de los Principios de Razonabilidad y Racionalidad.
Es un Principio General del Derecho que toda resolución debe ser fundamentada, y precisamente una Ley Costarricense de orden supletorio en estos casos, como lo es el Código Procesal Penal en su artículo 142 indica que, será ineficaz toda resolución que carezca de la necesaria fundamentación y que no haya sido realizada conforme a las Reglas de la. Sana Crítica Racional; situación que se presentó típicamente en este caso, en donde tres médicos dictan un dictamen sin ninguna consideración, argumento o razón, indicando simplemente una conclusión sin que haya manera de averiguar para el interesado en qué fundamento se basaron para arribar a dicha determinación, sobre todo cuando tuvieron a la vista, el dictamen médico legal realizado escasos días antes por el Departamento de Medicina Legal y que pone de relieve mis graves padecimientos.
DICTAMEN MÉDICO LEGAL DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL
NÚMERO: JDMI.. 2009-0109D, DE FECHA 6 DE MARZO DE 2009.
Efectivamente en dicha ocasión la suscrita funcionaria fue ampliamente examinada en el Departamento de Medicina Legal por la Dra. Psiquiatra Zarela Abarca Villalobos y el Dr. Allan Chaves Moreno, médico forense.
En ese dictamen correcta y ampliamente fundamentado, según se puede observar y con una extensión de ocho páginas, dichos doctores concluyeron en lo siguiente:
Conclusión: “la funcionaria Sandra Lucrecia Castro Caamaño, cédula de identidad número: 1-506-062, es portadora de depresión severa con ineficiencia en funciones neuropsicológicas específicas, productividad ideática disminuida, y un estado de alteración significativa que interfiere con la valoración lógica del entorno. Por dicha patología ha tenido control médico psiquiátrico especializado. En la actualidad, la señora Sandra Castro se encuentra incapacitada totalmente y permanentemente para realizar su actividad laboral habitual en el Poder Judicial”. (el subrayado no es del original). Dicho dictamen lo refrendó la Dra. Leslie Solano Calderón, Jefe del Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial
Resulta realmente increíble y así con mucho respeto lo digo que el Consejo Médico desconociera este dictamen suscrito por los anteriores tres colegas, en una clara violación del Debido Proceso, del Principio de Defensa, y de todos los Principios que conforman la Sana Crítica Racional y que hayan pretendido en escasos dos folios, rebatir o mediatizar el dictamen anterior del Departamento de Medicina Legal vertido ampliamente como se dijo en ocho páginas. Para desconocer el dictamen anterior del Departamento de Medicina Legal, cualesquier Consejo Médico debió exponer con toda amplitud las graves y poderosas razones que habrían de incidir en el desconocimiento de otra pericia legal anterior. Sólo así podría entenderse que se le enmiende la plana a un ente jerárquicamente inferior, si el Superior con razones poderosas encuentra vicios o errores de tal magnitud que hagan necesaria revocar o desvirtuar el dictamen del Tribunal a-quo.
En el caso presente como se repite el Consejo Médico no emitió una sola razón para poner en entredicho el dictamen anterior, y por el contrario concluyen «que es criterio de los integrantes del Consejo Medico Forense que la señora Sandra Castro Caamaño, cédula 1-506-062, no está incapacitada para laborar de manera absoluta y permanente dentro del Poder Judicial”.
Al respecto es necesario plantearse lo siguiente: ¿De dónde tomaron o cogieron esta conclusión los señores integrantes del Consejo, no se sabe?; puesto que si se lee ese dictamen segundo de repetida cita, no se vertió ni siquiera una coma en apoyo de la conclusión a que arribaron. Un dictamen así es absolutamente nulo, Ineficaz, e incapaz de producir ninguna consecuencia jurídica válida entre otras cosas, por su falta de fundamentación. Lo anterior a pesar de que los médicos del Consejo, tuvieron a la vista mí expediente personal, y en donde diversos médicos generales y psiquíatras ya citados tales como la Dra. Pessoa Gómez y la Psicóloga Ana Sáenz y el Dr. Rodrigo Ramírez Calvo de la Caja del Seguro vertieron dictámenes acerca de mis padecimientos, y en donde se permite incluso recomendar a la suscrita que inicie de Inmediato los trámites para una pensión en virtud de mi estado de salud. O sea, que a los médicos del Consejo no es que les faltaran las pruebas para determinar mi estado, las que abundan en el expediente, es que sencillamente no quisieron o no pudieron verlas, sólo así se explicaría su dictamen carente absolutamente de ninguna razón o fundamento.
FORMULACIÓN DE RECURSO Y PETICIONES SUBSIDIARIAS.
Ante la total ausencia de fundamentación que presenta el dictamen emanado del Consejo Médico, y siendo por demás evidente que mi estado de salud alterado ha sido correctamente expuesto en el dictamen emanado por el Departamento de Medicina Legal, es que estoy reclamando con este escrito y recurso, ante ese Consejo Superior Administrativo, pues considero que como ente Superior absoluto en estos casos, debe revocar o anular la pericia médica del Consejo Médico por las razones dichas, y en su lugar darle validez únicamente al dictamen del Departamento de Medicina Legal que sí fue debidamente fundamentado, o en su caso como petición supletoria, ordenar una reconsideración de parte del Consejo Médico Forense, pero no por los mismos médicos obviamente que ya vertieron criterio, sino por otros profesionales que en forma objetiva y de conformidad con los artículos 6, 63, y 180 del Código Procesal Penal, emitan una nueva experticie conforme a derecho.
PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.
Como prueba para mejor resolver, ofrezco mi expediente clínico que se encuentra en la Clínica Ricardo Jiménez Núñez de Goicoechea, y copia certificada del dictamen médico emanado del Dr. Manuel Trimiño Vázquez, Médico Cirujano y Psiquíatra de Profesión, en donde también se ponen de relieve la gravedad de mis padecimientos.
Hago de conocimiento este documento en este momento antes del día veinticuatro, que es el día en que será conocido en ese Consejo mi caso, según se me informó en esa misma Secretaria.

Sin otro particular y con las muestras de mi mayor respeto y consideración dejo formuladas estas consideraciones para que sean tomadas, en cuenta el día referido.”

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Previamente a resolver lo pertinente, se acordó: Trasladar la gestión de la licenciada Castro Caamaño al Consejo Médico Forense, a fin de que indique a la brevedad lo que corresponda  sobre  los argumentos de objeción planteados por ella.”



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En atención al acuerdo anterior, los doctores Mario Roberto Masís Figueroa, Franz Vega Zúñiga y Mayra Rodríguez Calvo, por su orden, Coordinador e Integrantes del Consejo Médico Forense, en oficio Nº DML 2009-1649 de 12 de junio en curso, recibido el 16 de este mes, cuya conclusión indica que no está imposibilitada para realizar labores renumeradas.

Por su parte, la servidora Noemí Acuña Segura, Asistente Judicial del Ministerio Público, en nota de 22 de este mes, con instrucciones de la licenciada Lilliam Gómez Mora, Fiscal Adjunta de la Fiscalía General, solicita se valore la posibilidad de que este Consejo reciba en forma personal a la licenciada Sandra Castro Caamaño, para que se refiera a su estado de salud respecto al dictamen médico que se da cuenta.

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