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Nº 64-09 consejo superior del poder judicial


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II.- El órgano disciplinario da por concluida la investigación el 16 de octubre de 2007 (folio 74); el 23 de noviembre de 2007 dictó la resolución final Nº 1066-2007, en la que imponía al acusado la sanción de revocatoria de nombramiento (folio 97 a 105). Resolución que fue anulada por el Consejo Superior en sesión 63-2008 del 27 de agosto de 2008, para que el a quo realice un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (folio 166). El expediente disciplinario fue recibido por el Tribunal de la Inspección Judicial para emitir un nuevo pronunciamiento final el 3 de setiembre de 2008 (razón de recibido folio 166 vuelto).

III.- El Tribunal de la Inspección Judicial, dicta una nueva resolución final, Nº 843-2008 a las 14:10 horas del 27 de octubre de 2008, en la que tuvo por demostrado los siguientes hechos: “…1).- Con base en información confidencial recibida por este despacho el día doce de octubre del año dos mil seis, mediante la cual se indicaba que en el Juzgado Civil de Menor Cuantía de Puntarenas, el Juez Lic. José Daniel Durán Artavia acostumbraba reportar casos como fallados sin haber dictado las sentencias, se remitió esta denuncia al área de investigación con el fin de realizar la investigación preliminar correspondiente y determinar o no el inicio de un proceso disciplinario contra el señor Durán Artavia ( ver reporte a folio diez). 2).- El día 22 de noviembre del año dos mil seis, dicha oficina en oficio No 159-IJ-06 rindió un informe de investigación, donde se determinaron efectivamente varias irregularidades que había cometido el señor Durán Artavia como Juez Civil y de Menor Cuantía de Puntarenas. (ver informe a folios 1 a 26 del expediente). 3).- Así constató que en los expedientes 05-300060-0432-LA, 05-300122-0432-La, 05-300027-0432-LA, 06-300145-0432-La se consignaron datos falsos en ellos, pues contaban con número de sentencia, sin que materialmente existiera tal resolución en cada uno de ellos. (ver informe de Investigación a folios 1 y siguientes rendido por los señores José Eduardo González Bonilla y Javier Vargas Araya, Oficial de Inspección e Inspector Coordinador del Área de Investigación de este Tribunal). 4).- De igual manera se constataron datos falsos en el informe de labores del mes de septiembre del año dos mil seis, donde se consignaron sentencias reportadas por usted que no existen (ver misma prueba). 5).- El expediente No 04-300348-0418-La le fue pasado para fallo el dieciséis de enero del año dos mil seis, el cual vencía el veinte de ese mismo mes y según el libro de registro de sentencias, aparece como fallado el treinta de marzo de ese mismo año, contabilizado en ese mismo mes en el informe mensual y sin embargo dicho expediente no fue fallado en la fecha dicha, sino el veintiuno de julio del año dos mil seis y notificado el veintiséis de ese mismo mes. (Ver mismo fundamento del hecho anterior). 6).- En el expediente No 05-300151-0432-LA, le fue pasado para fallo el dieciséis de enero del año dos mil seis y vencía el día veinte de ese mismo mes, y según el libro de registro de sentencias se le asignó el número de sentencia veintiuno y aparece como fallado el treinta de marzo del año dos mil seis y contabilizado para ese mes; sin embargo dicho expediente fue fallado el día diecinueve de julio de ese mismo año (mismo fundamento probatorio del hecho anterior). 7).- En el informe de labores del mes de marzo del año dos mil seis, se reportaron ocho sentencias dictadas pero en realidad las dictadas efectivamente fueron seis (mismos fundamentos probatorios). 8).- En el expediente No 05-100729-0432-CI, le fue pasado a fallo el día dieciséis de enero del año dos mil seis y vencía el día veinte de ese mismo mes; este expediente tiene asignado el número de sentencia nueve, fallado el día veintinueve de marzo del año dos mil seis y contabilizado como tal para ese mes pero fue resuelto no en la fecha antes dicha, sino hasta el veinticuatro de abril de ese mismo año (mismo fundamento probatorio del hecho anterior). 9).- En el informe de labores del mes de marzo del año dos mil seis, aparecen datos falsos, pues se registran en materia civil doce sentencias y son once las dictadas (mismo fundamento probatorio del hecho anterior). 10).- Se comprobó la existencia de un atraso en la tramitación de los siguientes expedientes: 05-100926-0432-CI, 05-100919-0432-CI, 05-100950-0132-CI, 06-100008-0432-CI, 05-100567-0642-CI, 05-100675-0432-CI, 05-100668-0432-CI, 05100471-0432-CI, 05-100949-0432-CI, 05-100608-0432-CI, 05-100838-0432-CI, 05-100856-0432-CI, 05-100734-0432-CI, 06-100153-0432-CI, 05-100840-0432-CI, 05-100143-0432-LA, 05-300007-0432-LA, 05-300135-0432-LA, 05-300161-0432-LA.”

IV.- Inconforme con la resolución Nº 843-2008 dictada por el Tribunal de la Inspección Judicial, el acusado interpone recurso de apelación contra dicho acto, alegando los siguientes agravios: 1) Prescripción de la Potestad Sancionadora. 2) Violación al Debido Proceso por prescripción del mes para el inicio de la causa disciplinaria. 3) Violación al debido proceso por nulidad del traslado de cargos de las 16:22 horas del 18 de diciembre de 2006. 4) Incorporación y uso de prueba ilícita e inconstitucional, violatoria de los derechos fundamentales de intimidad, de defensa y del debido proceso. 5) Errónea fundamentación fáctica de la sentencia. 6) Errónea fundamentación de la sanción impuesta. 7) Desproporcionalidad de la sanción impuesta.

V.- Analizados los agravios expuestos por el recurrente, a la luz del expediente administrativo disciplinario Nº 06-001046, este Consejo considera que el punto fundamental se refiere a la prescripción de la potestad sancionadora de la Administración. Sobre el particular el artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial le fija a la Administración plazos para iniciar la investigación, para la conclusión de ésta y para imponer la sanción una vez concluida la investigación; en relación con esta última, la norma le confiere al órgano disciplinario un mes para el dictado de la sentencia final, al señalar que “…la sanción que corresponda deberá imponerse dentro del mes siguiente a contar del momento en que quien deba hacerlo esté en posibilidad de pronunciarse.”; por lo que en caso de requerirse de un nuevo pronunciamiento por parte del Tribunal de la Inspección Judicial, el plazo del mes corre nuevamente.

Conviene aclarar, que es a partir de la fecha en que el Tribunal de la Inspección Judicial recibe de nuevo el expediente disciplinario, que comienza a correr el término señalado, por ser desde ese momento en que el Tribunal está en condiciones para resolver el fondo del asunto, conforme a la norma citada.

En el caso en estudio, se da por demostrado que posterior a que este Consejo decretara la nulidad del primer pronunciamiento final emitido por el Tribunal de la Inspección Judicial, tanto el acuerdo como el expediente disciplinario es remitido y recibido por este Tribunal el 3 de setiembre de 2008 (razón de recibido folio 165 y 166 ambos vueltos); fecha en que empieza a correr el plazo del mes para que el órgano disciplinario se pronuncie nuevamente; sin embargo, este procedimiento administrativo disciplinario fue concluido por el Tribunal de la Inspección Judicial hasta el 27 de octubre de 2008, con la resolución Nº 843-2008 de las 14:10 horas (folio 167 a 176), más del plazo del mes establecido para imponer la sanción, el cual venció el 3 de octubre de 2008. Cabe agregar, que desde el momento que reingresó el expediente al Tribunal, no fueron agregadas nuevas gestiones o actuaciones, que justificaran al menos postergar por un tiempo mayor al mes que corresponde el dictado de la resolución final.

Al respecto, es dable indicar que en resguardo del equilibrio entre la eficiencia de la Administración y el respeto al principio de seguridad jurídica, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido en su jurisprudencia la prescripción de la potestad sancionadora durante la tramitación del expediente, cuando éste se encuentre paralizado injustificadamente por más de un mes, por causa no imputable al funcionario inculpado (resoluciones N° 97-91 de las 10:000 horas del 21 de junio de 1991; 2001-149 de las 10:40 horas del 28 de febrero de 2001; 311-2002 de las 10:43 horas del 11 de setiembre de 2002); asimismo, dispone que:

“…El fundamento del que se nutre esta forma de extinción es precisamente el principio de seguridad jurídica y la garantía del encausado frente a la pasividad e inercia de la Administración, la que no puede conservar indefinidamente el ejercicio de la potestad sancionadora.” (Resolución 2005-000938 de las 9:50 horas del 11 de noviembre de 2005).
Por tanto, se acoge la prescripción de la potestad sancionadora alegada por el recurrente; y en razón a la forma en que se resuelve este proceso, se omite pronunciamiento sobre los demás agravios presentados.

Con base a las anteriores consideraciones, se acordó: Declarar la prescripción de la potestad sancionadora y ordenar el archivo del expediente.

Comuníquese al Departamento de Personal y tome nota el Tribunal de la Inspección Judicial de lo señalado en el considerando quinto.

PERMISOS

ARTÍCULO XVI

El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 4655-DE-2009 de 16 de junio en curso, remitió nota 258-SALAM-2009 suscrita por la máster Yadira Fonseca Jiménez, Trabajadora Social del Servicio de Salud para Empleados, que literalmente dice:

“Para que por su medio sea conocido y aprobado por los integrantes del Consejo Superior, remito lista de empleados y empleadas que han asistido a los diferentes Programas de Prejubilados y que continúan laborando en la institución con el fin de que se les autorice a participar en una sesión de actualización en la que personeros de la Caja Costarricense del Seguro Social expondrán el tema “Jubilación y Trabajo”.

Esta actividad esta programada para el próximo 31 de julio de 1:00 a 4:30 de la tarde y se llevaría a cabo en el Mini Auditorio del Anexo A. El Departamento de Personal y Gestión Humana aportará el dinero correspondiente para ofrecerles a los asistentes un refrigerio.



De esta manera, se solicita permiso con goce de salario para las personas anotadas en la lista adjunta, el día 31 de julio de 1 a 4:30 de la tarde.

Nombre

Apellido

Oficina

Puesto

JORGE LUIS

ZAMORA SANTANA

BIBLIOTECA JUDICIAL

AUXILIAR  ADMINISTRATIVO

GIANNINA

ARONNE LAURITO

BIBLIOTECA JUDICIAL

JEFA BIBLIOTECA JUDICIAL

GILBERT

GARRO ARAYA

CENTRO DOCUMENTACIÓN JURISPRUDENCIAL

PROFESIONAL EN DERECHO

M° DEL ROCÍO

JIMÉNEZ PADILLA

DEFENSA PÚBLICA

DEFENSORA PÚBLICA

MANUEL GERARDO

BRENES CARRILLO

DPTO. DE INVESTIGACIONES CRIMINALES

JEFE INVESTIGACIÓN

SONIA MARÍA

SALAS JIMÉNEZ

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

SECRETARIA

JOSHUE GUILLERMO

GUIDO VILLALOBOS

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

AUX. SERVICIOS GENERALES

MIGUEL MARÍA

BONILLA VILLEGAS

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

AUX. SERVICIOS GENERALES 

ROLANDO

QUESADA SABA

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

AUXILIAR JUDICIAL

MARITZA

FONSECA SALAZAR

DPTO. DE TRAB. SOCIAL Y PSICOL.

PSICÓLOGA

MARITZA MARÍA ISABEL

CALDERÓN RETANA

JUZGADO CONTRAV. Y MENOR CTÍA. SAN SEBASTIÁN

AUXILIAR JUDICIAL

MARCO AURELIO

PORRAS BONILLA

JUZGADO CONTRAV. Y MENOR CUANTÍA ESCAZÚ

AUX. SERVICIOS GENERALES

FRANCISCO

ROJAS CORDERO

JUZGADO CONTRAV. Y MENOR CUANTÍA ESCAZÚ

ASISTENTE JUDICIAL

LEDA MARÍA

BOZA ACOSTA

JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL

AUXILIAR JUDICIAL

JORGE ALBERTO

ROJAS ROJAS

JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL

AUXILIAR JUDICIAL

HILDA MARÍA

AZOFEIFA CHAVES

JUZGADO ESPECIALIZADO DE COBRO II CIRCUITO JUD.

ASISTENTE JUDICIAL

MARCO ANTONIO

CORDERO COTO

JUZGADO PENAL II CIRCUITO JUDICIAL

JUEZ 3

FAEZ ALBERTO

ABDALLA ARRIETA

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA

ASISTENTE JUDICIAL

MAYNOR FRANCISCO

CHAVES ULATE

JUZGADO SEXTO CIVIL DE MENOR CUANTÍA

AUXILIAR JUDICIAL

LUIS ÁNGEL

RETANA ROJAS

OFICINA DE COMUNICACIONES OIJ

AUX. SERVICIOS CALIFICADOS

MARCO ANDRÉS

BRENES DURÁN

OFICINA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS

ASISTENTE DENUNCIAS

WALTER

ALFARO RODRÍGUEZ

PRIMERA FISCALÍA ADJUNTA

FISCAL ADJUNTO













FRANCISCO

BOLAÑOS MOREIRA

SALA PRIMERA

NOTIFICADOR

MARÍA ISABEL

MORA ZÚÑIGA

SEC. DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

PERITO JUDICIAL

JUAN JOSÉ

OBREGÓN VEGA

SEC. DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

AUDITOR SUPERVISOR

LEONEL


VARGAS DURÁN

SEC. DELITOS VARIOS

INVESTIGADOR

DAVID ORLANDO

GÓMEZ REY

SEC. LICITACIONES

PROFESIONAL

ARMANDO

RIVERA SALAS

SEC. MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

AUX. SERVICIOS CALIFICADOS

BERNAL

AZOFEIFA AGUILAR

SEC. MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

AUX. SERVICIOS CALIFICADOS

EDGAR

MADRIGAL SÁNCHEZ

SEC. TRANSPORTES

AUX. SERVICIOS GENERALES 

ADOLFO GERARDO

PALMA VILLALOBOS

SEC. TRANSPORTES

AUX. SERVICIOS GENERALES

CARLOS JAVIER

ROJAS VILLALTA

SEC. TRANSPORTES

AUX. SERVICIOS GENERALES 

JOSÉ LUIS

TENORIO CASTRO

SEC. TRANSPORTES

AUX. SERVICIOS GENERALES

VÍCTOR ANTONIO

BLANCO SÁNCHEZ

SEC. TRANSPORTES

AUX. SERVICIOS GENERALES

SALOMÓN

BRENES RAMÍREZ

SEC. TRANSPORTES

AUX. SERVICIOS GENERALES

JOSÉ ASDRÚBAL

MORA MAYORGA

SEC. ROBO DE VEHÍCULOS

OFICIAL DE INVESTIGACIÓN

GILBERT

ELIZONDO DELGADO

SECRETARÍA DE LA CORTE

PROSECRETARIO GENERAL

SANDRA MARÍA

AGUILAR PIEDRA

TRIB. DE TRAB. DE MENOR CUANTÍA II CIRCUITO JUD.

JUEZ 1

JUAN RAMÓN

CORONADO HUERTAS

TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL

JUEZ 4

MARÍA DEL PILAR

MORALES CUBERO

TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL

AUXILIAR JUDICIAL

GUISELLE MARÍA

ROJAS VARGAS

TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL

AUXILIAR JUDICIAL

CARLOS MANUEL

CHACÓN DURAN

UNIDAD DE ANTECEDENTES

OFICIAL DE INVESTIGACIÓN

JUAN CARLOS

MORA VALVERDE

UNIDAD DE ANTECEDENTES

OFICIAL DE INVESTIGACIÓN

MARIO ALBERTO

GARCÍA ÁLVAREZ

UNIDAD DE HURTOS

JEFE DE INVESTIGACIÓN

ROSIBETH

UGALDE MIRANDA

UNIDAD DE JUBILACIONES Y PENSIONES

PROFESIONAL

ROGER ENRIQUE

FLORES BARAHONA

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO CORTE-BID

PROFESIONAL”

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