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Nº 64-09 consejo superior del poder judicial


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Se acordó: 1) Tener por hechas las manifestaciones de la licenciada Conejo Aguilar y acoger la gestión del Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica.  2) Reiterar a la señora Ministra de Obras Públicas y Transportes, licenciada Karla González Carvajal,  la solicitud anterior."

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El licenciado Carlos Ávila Arquín, Jefe interino de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Transporte Público, en nota de 12 de marzo en curso recibida el 19 de este mes, manifestó lo siguiente:
"Para lo pertinente se les comunica formalmente que en la Sesión Ordinaria 70-2008 del 30 de setiembre del 2008, la Junta Directiva adoptó el acuerdo que en lo conducente se indica:

ARTÍCULO 3.5- Se conoce por medio del oficio DE-084151 de la Dirección Ejecutiva el oficio DING 08- 1418 del Departamento de Ingeniería de Transportes de fecha 22 de agosto del 2008, a través del cual informa sobre estudio necesario para dotar de un servicio de autobús al nuevo edificio de los Tribunales de Justicia en Guápiles de Pococí, que le permita a los usuarios el traslado eficiente desde el centro de Guápiles hasta el edificio que albergará las oficinas de la Corte en ese cantón.


CONSIDERANDO
1.- Que en atención a la gestión presentada ante el Despacho de la Señora Ministra de Obras Públicas y Transportes Karla González Carvajal, por el Doctor Luis Paulino Mora Mora, Presidente de La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, donde solicita se le realice el estudio necesario para dotar de un servicio de autobús al nuevo edificio de los Tribunales de Justicia en Guápiles de Pococí, que le permita a los usuarios el traslado eficiente desde el centro de Guápiles hasta el edificio que albergará las oficinas de la Corte en ese cantón.
2.- Que en la visita realizada a dicho lugar se pudo determinar que existe un servicio de transporte urbano autorizado que puede ser modificado unos 600 metros de su recorrido actual y podrá cumplir con el traslado de los usuarios que necesiten realizar gestiones en el nuevo edificio de Los Tribunales de Justicia de Guápiles.
3.- Que la Ruta establecida es la Ruta N 733 descrita como Guápiles — Aeropuerto — Toro Amarillo — La Emilia, perteneciente a la Empresa TRACASA, y que en su recorrido pasa por un sector de la Carretera Nacional Nº 32, y es en ese sector donde puede ser desviado 200 metros Sur, y 200 metros Este, donde llega al edificio nuevo de la Corte, y luego 200 metros al Norte Hasta llegar nuevamente a la Carretera Nº 32 a su recorrido habitual, tras haber cubierto un recorrido de 600 metros por lo que se debe realizar la aprobación de un ajuste de recorrido de la Ruta N 733, y así poder brindar un servicio de autobús a los usuarios del nuevo edificio de los Tribunales de Justicia de Guápiles.
POR TANTO ACUERDAN EN FIRME
Se acogen las recomendaciones del Departamento de Ingeniería de Transporte y por ello:
1- Se Autoriza una modificación del recorrido de 600 metros en el recorrido de la Ruta Nº 733 descrita como Guápiles — Aeropuerto — Toro Amarillo — La Emilia, para que en su recorrido por el sector de la carretera N 32, ingrese a la zona donde se ubica el nuevo edificio de los Tribunales de Justicia de Guápiles, y realice su entrada por la Agencia distribuidora "Kenworth" y continúe 200 metros Sur, gire al Este 200 metros, realice la parada frente al nuevo edificio de los Tribunales de Justicia de Guápiles para luego girar al Norte por 200 metros y continúe con su recorrido autorizado sobre la Carretera
2- Comunicar a la Empresa TRACASA (Fax: 2710-6109).
3- Comunicar a la Dirección General de Policía de Tránsito.
4- Comunicar a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito.
5- Comunicar al Doctor Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la Corte Suprema de Justicia."

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Se acordó: 1) Tomar nota de la comunicación anterior y agradecer al Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes la colaboración prestada en este caso. 2) Solicitar atentamente a la licenciada Karla González Carvajal, Ministra de esa cartera, se sirva informar a este Consejo sobre la forma en que se solucionará el paso peatonal elevado o subterráneo en la ruta 32 y a qué plazo se estima se concluirá la obra, a fin de garantizar la integridad física de las personas."

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Mediante oficio DM 1622-2009 de 23 de abril en curso, la señora Ministra de Obras Públicas y Transportes, Karla González Carvajal, expresó lo siguiente:
"Reciba un cordial saludo. A la vez, me es grato informarle que en la Sesión Ordinaria No. 653-09 celebrada el pasado jueves 16, el Consejo de Administración del Consejo Nacional de Viabilidad mediante acuerdo firme (oficio adjunto) adjudicó la contratación para realizar el diseño y construcción del puente peatonal sobre la Ruta Nacional No. 32, sección Guápiles-Siquirres, específicamente en las inmediaciones del Circuito Judicial.
En estos momentos, se están gestionando todos aquellos trámites de orden administrativo y legal, necesarios para poder iniciar con la ejecución de dicho proyecto, el cual es un aporte importante en materia de seguridad vial."

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Se acordó: Tomar nota de la comunicación remitida por la licenciada Karla González Carvajal y agradecerle las diligencias realizadas para le ejecución del proyecto que informa, el que concluido será de gran utilidad para las personas que deben trasladarse a pie del centro de Guápiles al edificio de los Tribunales de Justicia de esa localidad.”

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En relación con lo anterior, los licenciados Acosta Chavarría y Solís Jiménez, en su expresado carácter, en oficio N° 51-CAIICJZA-09 de 4 de junio en curso, solicitaron lo siguiente:

“Se reitera el oficio No. 43-CAIICJZA-08, de fecha 30 de octubre del 2008, en el que se solicita la intervención de sus buenos oficios para que se conmine a la Ministra de Obras Públicas y Transportes, a fin de que ordene la colocación de un semáforo en el cruce entre la ruta 32 y la entrada al edificio de los Tribunales de Justicia de Pococí y la Escuela Green Valley.


No omitimos indicar que la Administración Regional del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, mediante oficios No. 1101-ARIICJZA-08 y No. 1102-ARIICJZA-08 dirigidos al Consejo de Seguridad Vial y Ministerio de Obras Públicas y Transportes, gestionó el seguimiento al voto número 2008-003164 de las 15:00 horas del 06 de marzo del 2008, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Además del oficio No. 371- ARIICJZA-09 dirigido al Consejo Nacional de Vialidad, con el afán de dar seguimiento al proceso de licitación abreviada número 2008LA-000036-0DI00, “Diseño y construcción de puente peatonal sobre la Ruta Nacional No. 32, sección: Guápiles (inmediaciones del Circuito Judicial) –Siquirres.”

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Se acordó: 1) Hacer de conocimiento de la licenciada Mylene Acosta Chavarría el acuerdo adoptado por este Consejo en sesión N° 41-09 celebrada el 28 de abril del año en curso, artículo LXXXVII. 2) Hacer atenta instancia a la licenciada Karla González Carvajal, Ministra de Obras Públicas y Transportes a fin de que los proyectos de instalación de semáforos para circulación vehicular y la construcción del puente peatonal sobre la Ruta Nacional N° 32, sección Guápiles-Siquirres, sean realizados en el menor tiempo posible.

ARTÍCULO LXI

Las señoras Lilliam Brenes Vargas y Xiomara Morales Solano, Auxiliares Judiciales del Juzgado Penal Juvenil de Cartago y Juzgado de Ejecución de la Pena de Cartago, respectivamente, con el visto bueno de la licenciada Rocío Fernández Ureña, Jueza Penal Juvenil de Cartago y del licenciado Rodolfo Chaves Cordero, Defensor Público de Cartago, en nota de 5 de junio en curso, solicitaron lo siguiente:

“… como estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Libre de Costa Rica nos dirigimos muy respetuosamente a ustedes, con la finalidad de contar con la autorización para tener acceso a las causas Penales Juveniles tramitadas en el Juzgado Pena Juvenil de Cartago que se encuentran acusadas por delito contra la propiedad, a las cuales se les aplicó una Suspensión de Proceso a Prueba.
Para realizar nuestro Proyecto de Tesis requerimos revisar los expedientes, a los cuales se les aplicó una Medida Alterna en el plazo que abarca del primero de enero de dos mil ocho al treinta de junio de dos mil nueve.
El Proyecto de Tesis pretende investigar la efectividad que produce la Suspensión de Proceso a Prueba en las personas menores de edad sujetas a la Ley de Justicia Penal Juvenil; vista la Medida Alterna como un instrumento de apoyo en la reinserción de esta población a la sociedad. La investigación no pretende enunciar los datos personales de las partes, ni abordar a las personas menores de edad en el supuesto delito acusado, sino analizar las características personales, familiares y sociales que presentaban los jóvenes, antes de haber sido acusado, como después de haberse sometido al cumplimiento de condiciones dentro de una Medida Alterna, como es la Suspensión de Proceso a Prueba.
La Licda. Rocío Fernández Ureña, Jueza Coordinadora del Juzgado Penal Juvenil de Cartago esta de acuerdo en permitir nuestro acceso, tanto al despacho, como a los expedientes requeridos y estadísticas judiciales, a efecto de realizar nuestra investigación. El Lic. Rodolfo Chaves Cordero, Defensor Público Penal Juvenil de Cartago también está anuente a permitir nuestro acercamiento a sus representados, en los términos ya enunciados.
Nos comprometemos a guardar la confidencialidad de la materia y los datos personales que involucra cada expediente. La intervención es meramente investigativa y ambos Profesionales consideran de interés, para la labor del despacho, el que se lleve a cabo el estudio.”

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Se dispuso: Acoger la solicitud de las servidoras Lilliam Brenes Vargas y Xiomara Morales Solano, en consecuencia, autorizarlas para que realicen el trabajo de investigación que dan cuenta, en el entendido que deberán guardar la confidencialidad de la información a que tuvieren acceso y  en ningún caso podrán divulgar la identidad de las personas. Asimismo el uso que hagan de esa información quedará bajo su exclusiva responsabilidad.

Los Juzgados de Ejecución de la Pena y Penal Juvenil, así como la Defensa Pública de Cartago tomarán nota para lo que a cada uno corresponda.



ARTÍCULO LXII

La licenciada Grace Hernández Herrera y el licenciado José Daniel Durán Artavia, Jueces del Juzgado Notarial, con el visto bueno del licenciado Juan Federico Echando Salas, Juez Coordinador de ese despacho, en oficio Nº 2851 de 12 de junio en curso, informan lo siguiente:

“… a) En el artículo XV de la sesión N° 28-09 del 24 de marzo del 2009, su estimable Consejo aprobó el nombramiento en propiedad del funcionario Martín Castillo Alvarado, cédula de identidad N° 1-725-439, como Auxiliar Judicial 2 del Juzgado Notarial, plaza N° 96620, quien entró en funciones dentro del puesto el día 13 de abril del 2009.
b) El servidor Castillo Alvarado venía de la plaza N° 47581 de Auxiliar de Servicios Generales 2 de la Dirección Nacional de Notariado, la cual luego fue traslada al Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles a partir del 16 de febrero de este año, según acuerdo del Consejo Superior N° XXXVII de la sesión N° 16-09 del 24 de febrero del 2009.

c) Que estando el señor Martín Castillo Alvarado dentro del período de prueba de tres meses de conformidad con los artículos 33 y 34 del Estatuto de Servicio Judicial, se les comunica que este no ha logrado pasar con éxito este período, si bien es cierto resaltamos las cualidades humanas y personales de dicho servidor, éste no ha logrado cumplir con las exigencias que el puesto demanda. Antes de tomar la decisión se ubicó a don Martín en tres puestos diferentes, primero únicamente como enlistador, elaborando las listas de entrega y devolución del expedientes para notificar, luego como auxiliar proveedor y por último como auxiliar manifestador, empero, en ninguno de los tres ha sido posible que cumpla a satisfacción la labor encomendada, se han detectado errores en asuntos sencillos, bajos niveles de producción y recargo de funciones en el restante personal del Despacho para poder evitar atrasos y cumplir adecuadamente con la atención a los y las usuarias. Es por ello que, a razón de lo anterior esta Jefatura prescinde de los servicios del señor Castillo Alvarado a partir del día de hoy 12 de junio del 2009 en este Despacho. Se adjunta copia de la nota dirigida al señor Castillo.”

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Por su parte el servidor Martín Castillo Alvarado, Auxiliar Judicial 2 del Juzgado Notarial, en nota de 15 de junio en curso, manifestó lo siguiente:

“Por este medio me permito informarles a ustedes de que el día doce de junio del presente año, se me indica en la segunda audiencia a la altura de las quince horas se me comunica que prescindo de laborar en el puesto de Auxiliar Judicial dos del Juzgado Notarial, en el cual fui nombrado en propiedad en el artículo XV de la sesión N 28-09 del 24 de marzo de 2009, el cual fue aprobado, e inicio a partir del 13 de abril del año en curso. En el cual no se medio la capacitación necesaria, debido a que yo preguntaba en algunas veces a los compañeros sobre el trabajo y colaboraban solo cuando podían, porque en la oficina hay demasiada cantidad de trabajo correspondiente al puesto al que laboré, por lo que puse mi mayor esfuerzo e incluso trabaje hasta horas fuera de horario. En razón que el Juzgado me avisa el viernes por la tarde de prescindir de mis servicios como funcionario de ese despacho, yo como persona y funcionario del Poder Judicial, me traslado a mi plaza de Auxiliar de Servicios 2, Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles de San José, me presento a trabajar en forma de (sic) muy responsable, ya que él Juzgado Notarial el viernes se me da a conocer del traslado y entrar al otro despacho el lunes por la mañana, presentando responsablemente para que no se tome un malentendido de abandono de trabajo.”

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Se acordó: Tomar nota de las comunicaciones anteriores.

ARTÍCULO LXIII
Los licenciados Alejandro Vargas Chavarría, Gaudy Quesada Rodríguez, Doris Matamoros Taylor, José Salazar Monge, Manuel Toledo Mendoza, Francisco Campos Morera, Miguel Machado Barquero, Marcos Bonilla Murillo, Gladys Chi Chang, Ivette Azofeifa Quesada, Fabián Leandro Marín, Alonso Quesada Brenes, Elizabeth Fallas Camacho y Dielka Ramírez Carvajal, Defensores Públicos del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en nota de 4 de junio en curso, recibida el 11 de este mes, manifestaron lo siguiente:

“… con fundamento en un interés legítimo actual y directo en el asunto sometido a su conocimiento, por ser poseedores en precario del parqueo interno del edificio de éste Circuito, venimos a referirnos a los recursos de Revocatoria y Apelación en Subsidio que presentaron las Licenciadas Desireé Sandí Murcia, María Mercedes Jiménez y Fiscales del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica en contra de los acuerdos del Consejo de Administración Local de sesiones del ocho de marzo del dos mil nueve y siete de mayo del presente del año, Articulo XV. Al respecto manifestamos:


PRIMERO: Incorrecta identificación del acuerdo concreto y lesivo. La referencia del escrito de presentación de los recursos de revocatoria y apelación, señalan contra los acuerdos tomados por el Consejo de Administración de este Circuito, los días "ocho de marzo del 2009", y "siete de mayo del presente año". debemos aclarar al Consejo Superior, que no existe acuerdo tomado por el Consejo de Circuito con fecha "ocho de marzo del 2009", como se demuestra con la constancia adjunta; por ello debe de rechazarse de plano la impugnación planteada por no identificar debidamente contra un acuerdo concreto y lesivo.
SEGUNDO: Improcedencia de la impugnación. El REGLAMENTO DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE CIRCUITOS aprobado por Corte Plena, en sesión del veintidós de enero del año dos mil uno, en su artículo 16, establece que contra los acuerdos tomados, solo se admite recurso de reconsideración, presentado antes de la aprobación del acta; es decir, los acuerdos tomados por los Consejos de Circuitos, no tienen recurso de revocatoria ni de apelación, como el presentado por los fiscales. En el presente el caso, la gestión de los fiscales fue rechazada por mayoría de votos del Consejo de Circuito, el día cinco de mayo del dos mil nueve, momento en que quedó en firme su rechazo, encontrándose presente el representante de los fiscales, el Licenciado Mainor Zumbado Calvo, Fiscal Adjunto, y no presentó dentro del plazo, la impugnación idónea, es decir el recurso de reconsideración, de modo que el acto quedó firme. Debe rechazarse la impugnación planteada, por ser extemporánea y por no utilizarse el recurso de reconsideración.
TERCERO: La gestión planteada por los Fiscales a los miembros del Consejo de Circuito, para modificar elPROTOCOLO DE DISTRIBUCIÓN DE DE LAS ESPACIOS DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE FUNCIONARIOS EN EL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE POCOCÍ”, pretende fundamentarse en el acuerdo aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 14-95, de las trece horas y treinta minutos del ocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco; donde la Corte regula la asignación de espacios para estacionamiento de vehículos en los sótanos de los edificios de los Tribunales de Justicia de San José, y no resulta vinculante para regulación del parqueo de los edificios de este Circuito, amén de que los Consejos de Administración de cada Circuito Judicial, por reglamento, están autorizados para tomar las decisiones administrativas de su competencia, y en este caso específico, puede tomar decisiones relacionadas con la asignación de los espacios de parqueo de los edificios que lo conforman.
CUARTO: La creación y aprobación del “PROTOCOLO DE DISTRIBUCIÓN DE DE LAS ESPACIOS DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE FUNCIONARIOS EN EL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE POCOCÍÍ”, se hizo conforme a derecho, con la participación y aporte de todos los funcionarios y servidores judiciales del circuito, fue aprobado por unanimidad de todos los integrantes del Consejo, mediante el acuerdo del dos de julio del dos mil ocho, contando con el voto afirmativo del miembro Lic. Mainor Zumbado Calvo, representante de los Fiscales, y acordando comunicarlo a todo el personal como efectivamente se hizo, cumpliéndose el requisito de publicidad contenido en el acuerdo de Corte Plena.
QUINTO: Volviendo a los argumentos contenidos tanto en el escrito de solicitud de modificación, y del recurso de revocatoria y apelación, referente a que el “PROTOCOLO DE DISTRIBUCIÓN DE DE LAS ESPACIOS DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE FUNCIONARIOS EN EL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE POCOCÍ”, debe modificarse para ponerlo a tono con el contenido del acuerdo de Corte Plena No. 14-95, con relación a que el parámetro para establecer el orden de prioridad en la designación de espacios en el parqueo, debe ser a partir del monto de los salarios percibidos por los funcionarios que tienen derecho al parqueo; debe de aclararse que el parámetro acordado en la Sesión Corte Plena No. 14-95, fue para regular el orden de acceso al uso del parqueo, entre “funcionarios”, es decir, Jueces, mediante el salario se establecía la jerarquía entre Jueces. Este acuerdo no pretendía regular la situación relativa a Fiscales ni Defensores y ocurre dentro del contexto de un momento en que los Consejos de Circuito no existían, siendo que en la actualidad, son estos órganos quienes tienen la potestad de regular esta materia. Además, nuestro Protocolo reproduce y respeta este acuerdo, otorgando la prioridad de uso del parqueo a los jueces, y distribuye el espacio restante entre los demás servidores profesionales, equitativamente, entre Fiscales y Defensores, tomando como parámetro la antigüedad de servicio en el Poder Judicial, todo de conformidad con este acuerdo y los Votos de la Sala Constitucional, pues así dice nuestro protocolo:
“ARTÍCULO 4: Atendiendo los diversos pronunciamientos de la Sala Constitucional en la materia, los espacios que se pondrán a disposición de los funcionarios judiciales serán distribuidos y asignados de acuerdo con el siguiente orden descendiente de prioridad y exclusión:
a.- Jueces que se desempeñen como jefes o coordinadores de despacho.

b.- Jefes de despachos que no pertenecen a la judicatura.

c.- Los demás jueces. Con prioridad y exclusión descendiente de acuerdo con su categoría (4, 3, 2 y 1).

d.- Subjefe del Organismo de Investigación Judicial.

e.- Defensores y Fiscales en forma equitativa y alternada de conformidad con las reglas del artículo 7 de este protocolo.
f.- Otros según criterio del Consejo de Administración.”
PETITORIA
Que se declare la incompetencia del Consejo Superior del Poder Judicial para conocer y resolver los recursos planteados por las Licenciadas Desireé Sandí Murcia, María Mercedes Jiménez y Fiscales del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica en contra de los acuerdos del Consejo de Administración Local de sesiones del ocho de marzo del dos mil nueve y siete de mayo del presente del año, Articulo XV, por ser estos solo del conocimiento del Consejo Administrativo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica.
Subsidiariamente, solicitamos se rechacen de plano y por la forma, los recursos planteados por las Licenciadas Desireé Sandí Murcia, María Mercedes Jiménez y Fiscales del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica en contra de los acuerdos del Consejo de Administración Local de sesiones del ocho de marzo del dos mil nueve y siete de mayo del presente del año, Articulo XV, por improcedentes, por no estar autorizados expresamente en el Reglamento de Circuitos Judiciales, y además por haberse planteado en forma extemporánea, y por el fondo, por no existir violación al “PROTOCOLO DE DISTRIBUCIÓN DE DE LAS ESPACIOS DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE FUNCIONARIOS EN EL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE POCOCÍÌ”, ni a los Votos de la Sala Constitucional dictados en esta materia.
NOTIFICACIONES
Para recibir notificaciones señalamos el fax No. 27 11 19 46 de la Defensa Pública de Guápiles.”

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Por su parte la licenciada Desiré Sandí Murcia, Fiscal Auxiliar de Pococí, en facsímil recibido el 17 de junio en curso, manifiesta lo siguiente:

“Dentro del emplazamiento me apersono ante este Digno Órgano Colegiado para solicitar se revoque la resolución del Consejo de Administración del III Circuito Judicial del Atlántico, pues al asignar los parqueos se apartan del Reglamento emitido por Corte Plena, ya que al conocer recurso de revocatoria interpuesto en sesión N° 09-2009, celebrada en fecha dos de junio del presente año, en su ARTÍCULO IX acordaron “Se rechaza recurso de revocatoria, toda vez que desde antes que finalizara la construcción del edificio se comunicó a cada uno de los/as servidores/as, funcionarios/as judiciales, incluyen do las interesadas, ( a nosotras no se nos consultó) para que participaran en la redacción del protocolo de asignación de espacios en el parqueo, e hicieran las observaciones pertinentes, las cuales fueron incluidas en la decisión final; además se consideraron todos los pronunciamientos de la Sala Constitucional en este mismo tema. (no dice cuales)

Para ante el Consejo Superior se admite el Recurso de Apelación. Por existir partes interesadas en el fondo de este asunto se emplaza a los/as funcionarios/as de la Defensa Pública de Pococí. Se declara en firme.

La decisión del Consejo de Administración recurrido resulta abiertamente arbitraria, pues no aplica las reglas establecidas por Corte Plena para la asignación de espacios de parqueo, con sustento en un criterio objetivo, claro, preciso y específico, libre de cualquier otra consideración ajena, como lo es: LA CATEGORÍA SALARIAL, así reglamentado por Corte Plena en sesión ordinaria número 14-1995, celebrada a las trece horas y treinta minutos del ocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

Sobre el particular, es importante traer a colación y cuestionarnos acerca del VALOR JURÍDICO, de LAS DECISIONES DE CORTE PLENA, y sus facultades para reglamentar la actividad jurisdiccional, judicial y administrativa a través de Reglamentos vinculantes para los administrados desde su aprobación y emisión, conforme tal accionar, constantemente nos encontramos con acuerdos de Corte Plena que reglamentan la actividad del Poder Judicial, ejemplo de lo anterior, es el reglamento de Organización de Competencias para los casos de Flagrancia, que aclara cómo deben computarse los plazos en este tipo de Tribunales, como lo reconoce la jurisprudencia en que aplica un acuerdo de Corte Plena, como consta en antecedente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 2009-000367, de las 10:58 horas, del 28 de marzo del 2009: “La Corte Plena en sesión extraordinaria número 28-2008, aprobó el Reglamento De Organización y Competencias de los Funcionarios Penales de San José a cargo del Trámite de Delitos y Contravenciones en Flagrancia, normativa que, en lo que interesa, estipula lo siguiente:

c-Oficinas de Trámites de flagrancias: Aquellas oficinas que desarrollan sus labores todos los días del año, en dos jornadas comprendidas de 7:30 a 16:30 y de 17:00 a 23:00 (según propuesta de creación de juzgados y tribunales especializados para la atención de contravenciones y delitos en las que el imputado es detenido en flagrancia)” En otras palabras, el Tribunal de Flagrancia es un despacho que funciona todos los días del año, ergo todos los días resultan hábiles.” Lo anterior no deja la menor duda sobre el carácter de reglamento de los acuerdos de Corte Plena a los fines de darse su propia administración.

Conforme tales facultades, Corte Plena ya reglamentó el modo y parámetros objetivos a seguir, a la hora de resolver sobre la asignación de espacios a los operadores jurisdiccionales, judiciales y administrativos desde el año 1995, a través del acuerdo referido, lo que permite aplicar pautas objetivas claras y permanentes, no libradas al arbitrio de los decisores, sobre los parámetros a respetar, a la hora de adjudicar un espacio de parqueo en cualquiera de sus instalaciones, parámetro dado por las autoridades de Corte Plena en la categoría salarial, como criterio de objetividad, por ende, legalmente no es posible sustentar un criterio distinto a los fines de conceder el beneficio del parqueo a los administrados, otros parámetros diversos al de la categoría salarial de los funcionarios, indistintamente si se tratan de funcionarios jurisdiccionales, judiciales o administrativos implica una vulneración del acuerdo de referida cita, que hasta la fecha mantiene su vigencia pues se reitera parte de criterios objetivos, como es la categoría salarial en el Reglamento emitido por Corte Plena desde hace tantos años.

Con sustento en lo expuesto solicitamos la revocatoria del acuerdo del Consejo de Administración del II Circuito Judicial del Atlántico, pues se apartan de lo mandado en el acuerdo de Corte Plena irrespetando la categoría salarial de los administrados, sin justificación legal alguna para inaplicar el reglamento de Corte Plena sobre el particular, pues conforme al mismo, por la categoría salarial, debemos ser considerados dentro de la asignación de los parqueos, no siendo de recibo las razones de los miembros del Consejo, pues los antecedentes jurisprudenciales de a Honorable Sala Constitucional, no resultan atinentes, en el tanto y cuanto, tales antecedentes resuelven la situación particular del interesado, sea, resuelve el caso particular de quien instó ante la Honorable Sala Constitucional, más hasta la fecha, no se ha cuestionado el valor de Reglamento del Acuerdo de Corte Plena a los fines de establecer como criterio objetivo para la asignación del área de parqueo la categoría salarial, como expresamente lo estamos instando.

Con sustento en la categoría salarial, nos corresponde la asignación de un parqueo, en ese tanto solicitamos acoger el recurso y disponer se disponga la asignación de los espacios de parqueo en estricto apego a la categoría salarial recién publicitada por Corte Plena.

Rogamos resolver de conformidad.

Para notificaciones señalamos fax 2710-38-48 Fiscalía de Pococí

En mi casa 200 este Ferretería El Pipiolo, Casa 1766, sea en Avenida 22 tope Calle 17 Bis, casa Número 1766, identificadas para la Licda. Descree Sandí Murcía.”

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