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Nº 64-09 consejo superior del poder judicial


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Por otro lado, se reitera que para el presente año, se crearon o se especializaron  los siguientes despachos jurisdiccionales, para los cuales se está en proceso de búsqueda y adecuación de una planta física para que inicien operaciones;

  • Juzgado Contravencional y Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Guanacaste (Para atender Pensiones Alimentarias)[26]

  • Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Parrita (Para atender Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica)

  • Juzgado Contravencional y Pensiones Alimentarias de Santa Cruz (Para atender Pensiones Alimentarias)

En el caso de que los despachos indicados, inicien operaciones en sus propios locales antes del periodo de vacaciones colectivas de medio año (julio), les corresponderá realizar de la apertura efectiva para brindar la atención respectiva en sus competencias.

(…)


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Se acordó: 1) Aprobar el Anexo I del informe anterior, en el que se detallan los despachos que deben atender mediante la modalidad de apertura efectiva durante el período de vacaciones colectivas del 13 al 17 de julio del año en curso. 2) Hacer de conocimiento de los jefes de los despachos judiciales del país que deben laborar durante el cierre por vacaciones colectivas, así como aquellos que atenderán disponibilidad, que tienen la obligación de remitir un informe al Departamento de Planificación, en la fórmula que les hará llegar ese Departamento, en que indicarán en detalle los asuntos que fueron atendidos y que en ausencia de asuntos nuevos que atender, el personal que trabaje durante esos períodos, debe dedicarse a los casos pendientes de resolver en el despacho. 3) Los jefes de oficina velarán por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Plan de Vacaciones 2008-2009, en cuanto a que los servidores que ingresaron en propiedad a partir del 7 de agosto del 2006 y no hayan tenido relación laboral con el Estado a esa fecha, podrán disfrutar de vacaciones durante los días otorgados en los cierres colectivos, por el tiempo proporcional que les corresponda; los días restantes deberán laborarlos en las oficinas que se mantengan abiertas durantes los citados cierres. Para lo demás deberán estarse a lo dispuesto en el Plan de Vacaciones 2008-2009 aprobado en sesión N° 77-08 del 14 de octubre del 2008, artículo XXVIII. 4) Corresponderá a los juzgados penales resolver la situación jurídica durante el citado cierre, de los menores de edad aprehendidos y los detenidos por contravenciones. 5) La Secretaría General de la Corte tomará nota para la publicación de los avisos respectivos.

La Sala Constitucional, la Dirección Ejecutiva, los Departamentos de Personal, Planificación, Financiero Contable, de Servicios Generales, de Tecnología de Información y de Seguridad, y las Jefaturas del Ministerio Público, Defensa Pública y del Organismo de Investigación Judicial, tomarán nota para lo que a cada uno corresponda.

ESCUELA JUDICIAL

ARTÍCULO XLVI

El licenciado Mateo Ivankovich Fonseca, Subdirector de la Escuela Judicial, en oficio N° EJ-DIR-145-2009 de 16 de junio en curso, solicitó lo siguiente:

“La Escuela Judicial prepara una videoconferencia sobre el “Derecho Penal de Riesgos” Intercambio Costa Rica-Alemania, a cargo del Prof. Dr. Cornelius Prittwitz, catedratico en Derecho Penal de la Universidad Frankfurt am Main, Alemania; y el Prof. Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Juez de Casación Penal del II circuito judicial de San José.
Dicha actividad se realizará el día 6 de agosto de los presentes a las 9:00 a.m. en el auditorio Miguel Blanco Quiros, del edifico del OIJ.
Por este medio se solicita autorización para la asistencia del Dr. Chirino, así como permiso a los funcionarios y funcionarias de los circuitos judiciales cercanos, en el entendido de que no se afecte sustancialmente el servicio público a cargo de los servidores a quienes se les autoriza a participar, lo cual implica que en caso de tener diligencias programadas no podrán alterar en modo alguno la fecha de su realización y deberán atenderlas, asimismo de presentarse algún asunto urgente suspenderán su participación para atenderlo.”

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Se dispuso: Acoger la gestión anterior, en consecuencia: 1.) Aprobar la asistencia del doctor Alfredo Chirino Sánchez, como expositor en la videoconferencia sobre el “Derecho Penal de Riesgos”, a realizarse el 6 de agosto próximo, a partir de las 9:00 horas, en el Auditorio Miguel Blanco Quirós, con transmisión a los circuitos judiciales que cuenten con el sistema de videoconferencia. 2.) Autorizar la participación de los(as) funcionarios(as) judiciales de los Circuitos en que se transmite dicha actividad. Lo anterior en el entendido de que no se afecte sustancialmente el servicio público a cargo de los servidores a quienes se les autoriza a participar, lo cual implica que en caso de tener diligencias programadas no podrán alterar en modo alguno la fecha de su realización y deberán atenderlas, asimismo de presentarse algún asunto urgente suspenderán su participación para conocerlo.

La Escuela Judicial y el Departamento de Personal tomarán nota para lo que a cada uno corresponda. Se declara acuerdo firme.



ARTÍCULO XLVII

En sesión N° 60-09 celebrada el 9 de junio en curso, artículo LXVI, se comunicó a la licenciada Rocío Pérez Montenegro, Jueza Coordinadora del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, que en el momento que inicie el juicio contra Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, deberá la máster Rosaura García Aguilar, incorporarse a ese Tribunal y entrar a conocerlo.

El licenciado Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N° EJ-DIR-144-2009 de 15 de junio en curso, manifestó lo siguiente:

“En relación con el acuerdo adoptado por ese honorable Consejo en sesión número 60-09, de 09 de junio de 2.009, artículo LXVI, en el cual textualmente se dispone: “Comunicar a la licenciada Rocío Pérez Montenegro que en el momento que inicie el juicio que da cuenta deberá la máster Rosaura García Aguilar incorporarse a ese Tribunal y entrar a conocerlo.”, de la manera más atenta y respetuosa interpongo recurso de reconsideración, por las razones que de seguido expondré.


En la actualidad, la señora García Aguilar se desempeña como integrante del equipo de trabajo del Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ), que actualmente se encuentra en etapa de microdiseño y producción, puesto que el diseño macro, en todas sus partes, ya ha sido presentado formalmente a Corte Plena para su discusión.
Los pasos dados hasta ahora para desarrollar el FIAJ son parte de un proceso en el que las etapas no solo se han ido construyendo una a una, sino que se interrelacionan y se integran al punto de tornarse indispensable su manejo global para poder abordar las tareas que requiere la siguiente etapa. Esta metodología no es original de la Escuela Judicial, sino que así lo establecen los protocolos sobre formación en competencias de la OIT y por ello, es fundamental la continuidad de quienes están a cargo, para poder darle seguimiento, coherencia y finalización a esta etapa de diseño y que de ese modo, se pueda garantizar el éxito del programa.
El diseño del FIAJ ha sido un proceso en el que uno de los primeros pasos fue la capacitación y formación de las tutoras y los tutores en el tema de competencias (enfoque que se eligió pues responde a las necesidades institucionales para el mejoramiento del perfil profesional de las personas que aspiran a la judicatura), en el uso del método de casos, así como en temas transversales (género, inteligencia emocional, derechos humanos, etc.) Doña Rosaura ha recibido durante un año y medio esa formación y es una de las personas clave que dirige el proceso de diseño. Su capacidad y experiencia resultan imprescindibles para cumplir satisfactoriamente con la meta que nos hemos propuesto de iniciar la ejecución del FIAJ en 2.010, tal y como lo aprobó el pleno de la Corte Suprema de Justicia la semana anterior.
La institución ha invertido en una especialista como doña Rosaura, una importante suma de dinero, y su trabajo en la Escuela Judicial ha estado dedicado principalmente al diseño del FIAJ, lo que implicaría que si doña Rosaura sale súbitamente del equipo, esa inversión no solo se estaría perdiendo, sino que tendríamos que invertir una cantidad similar de recursos y de tiempo en capacitar y entrenar a otra persona en tema muy específicos y complejos, como los mencionados.
Uno de los encargos institucionales en el tema del Control Interno, ha sido el trabajo en el análisis de riesgos. En documento referido al Equipo Institucional de Riesgos, el pasado 27 de mayo se especificó como uno de los principales riesgos y amenazas para el FIAJ, la desintegración del equipo de trabajo. Como fuentes del riesgo se identificaron las siguientes: Factor humano: pérdida del recurso humano especializado e identificado con la metodología de trabajo del FIAJ.// Cambios en el entorno: modificación de políticas institucionales y que generen traslados, sustituciones inadecuadas, entre otros. Entre los efectos de la materialización de este riesgo se definió: Retroceso en la especialización del equipo; deterioro en la ejecución del FIAJ; deterioro en la calidad del programa. Las alarmas detectadas para este riesgo fueron las siguientes: Surgimiento de proyectos que puedan requerir de la participación de alguna de las personas del equipo de trabajo; solicitud de reincorporación de alguna de las juezas y los jueces a su cargo por un requerimiento institucional. Ascenso de alguna de las personas que integran el equipo. Problemas de salud. Como el riesgo se ha materializado, es nuestra obligación como equipo de trabajo, hacer ver las implicaciones de esta decisión.
La Escuela Judicial tomó previsión para mantener un equipo de trabajo estable, solicitando el nombramiento de las personas especialistas en contenido, hasta el 31 de diciembre del año en curso. Truncar el nombramiento de la jueza García, significaría poner en riesgo el buen desarrollo del proceso de diseño del FIAJ. En diversas ocasiones hemos aceptado que en el grupo de especialistas de la Escuela debe darse una rotación; esto ha llevado a que perdiéramos recientemente algunos valiosos colaboradores para regresarlos a la función jurisdiccional. Esta alternancia la comprendemos y acatamos, pero consideramos que debe ser llevada a cabo a través de un proceso gradual, que permita tener siempre dentro del equipo, una cantidad suficiente de personas con experiencia suficiente en el diseño de programas de formación basados en competencias.
Comprendemos que por su gran calidad profesional, capacidad y probidad demostradas, se estime conveniente la presencia de la jueza García Aguilar para la ejecución de un juicio tan complejo y relevante. No obstante, la institución puede considerar que hay muchos jueces y juezas penales que estarían legalmente y técnicamente habilitados para asumir la integración del Tribunal para ese juicio, pero no existe en la institución otro juez o jueza penal que esté formado en el tema de competencias y que pueda por lo tanto asumir las funciones que doña Rosaura ha tenido en el equipo de trabajo del FIAJ. Las presentaciones que hasta ahora hemos realizado del programa a las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia, han demostrado que la propuesta que se ha planteado por parte de la Escuela Judicial, es seria y va a venir a revolucionar la forma en que el Poder Judicial realiza sus procesos de selección para la judicatura, así como la calidad de las jueces y juezas que vamos a nombrar a futuro.
Este momento, en que se inicia el microdiseño y producción de cada uno de los módulos que conforman el FIAJ, perder a doña Rosaura como integrante del equipo de especialistas en una etapa tan temprana, comprometería drásticamente el logro de los objetivos que nos hemos trazado, y que la institución y el país claman desde hace mucho tiempo.
Es por las anteriores razones que atentamente les solicito reconsiderar el acuerdo citado, y así permitir la continuación de la jueza Rosaura García Aguilar al menos hasta la conclusión de la etapa de microdiseño y producción del Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura.”

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Previamente a resolver lo que corresponda, se dispuso: En razón del planteamiento expuesto por el doctor Marvin Carvajal Pérez, solicitar a la máster Rocío Pérez Montenegro, Jueza Coordinadora del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, indique si puede con los jueces disponibles en el Tribunal, lograr otra integración para que conozcan del citado juicio.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

ARTÍCULO XLVIII

El licenciado Marlon Schlotterhausen Rojas, Secretario General del Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 1077-SEC-09 de 12 de junio en curso, solicitó lo siguiente:

"… me permito detallarles que al amparo del Convenio Suscrito entre el Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) y la Corte Suprema de Justicia en fecha 14 de febrero del 2005, el Organismo de Investigación Judicial ha solicitado en préstamo un vehículo a la primera institución con el fin de solventar la carencia de automotores para destinarlos a la investigación de asuntos de drogas.

En sendos acuerdos firmes del Consejo Directivo del ICD número 011-02-2006 de fecha 27 de febrero del 2005 y 056-09-2005 de fecha 30 de agosto del 2005, se acordó facilitar en calidad de préstamo una cantidad de vehículos al O.I.J. para lo cual nos hicieron entrega de un automotor cuyas características se dirán y que será para uso estipulado en el convenio citado. El vehículo está debidamente asegurado, posee la revisión técnica y el marchamo al día, además ha sido revisado por nuestros técnicos del Taller Mecánico y considerado apto para ser utilizado por la Institución. De todos estos documentos le acompaño fotocopia par su mejor ilustración.

Por tal motivo, como encargados de la "Oficina Única Institucional" les solicito respetuosamente se autorice la facilitación de tal automotor, autorizando el suministro de combustible con cargo a nuestro presupuesto, al igual que aquellas reparaciones básicas que sean necesarias según estipula en convenio de cita. Para ello el vehículo citado tendrá su número interno de identificación, según se describe a continuación:


Vehículo N°

1181

Marca

Toyota

Estilo

Tacoma SR5

Modelo

1999

N° de Placa

(…)

Color

Blanco

Para los anteriores efectos acompaño copia de las "Actas de Entrega de Bienes Vehículos Cedidos en Préstamo-Ley 8204.  Préstamo Gratuito en Comodato de Bienes entre el Instituto Costarricense Sobre Drogas y el Poder Judicial."

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Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia, autorizar el suministro de combustible y las reparaciones necesarias para el vehículo citado, según el convenio suscrito por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), la que será utilizada por el Organismo de Investigación Judicial. Es entendido que dicho automotor fue revisado por parte del Taller Mecánico del indicado Organismo.

La Dirección Ejecutiva y la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.



ARTÍCULO XLIX
La doctora Leslie Solano Calderón, Jefa del Departamento de Medicina Legal, en oficio Nº J.D.M.L. 2009 -1208 de 11 de junio en curso, expuso lo siguiente:

“… Con el fin de hacerlo de conocimiento de los miembros del Honorable Consejo Superior y para lo que corresponda, adjunto remito solicitud presentada por el Dr. Randall Ulate Piedra, cédula de identidad número 1-832-254, Médico Cirujano, quien ofrece sus servicios para laborar como médico consultor en Oftalmología para el Departamento de Medicina Legal.


Esta Jefatura Departamental considera que los servicios que ofrece el doctor Ulate Piedra contribuirán a la resolución de los asuntos que se tramitan en el Departamento en procura de una justicia pronta y cumplida.”

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La solicitud del doctor Randall Ulate Piedra, Médico Cirujano Oftalmólogo, literalmente dice:

“Sirva la presente para saludarle y a la vez ofrecerle respetuosamente a usted y a la institución a la que usted sirve, de mis servicios profesionales de Médico Oftalmólogo, como de Perito Médico Especialista Consultor del departamento a su cargo.


En caso de que esta oferta sea de su interés, podría yo valorar las personas que ustedes envíen a mi consultorio, los días lunes y jueves de 10:00 am a 12:00 pm o de 3:00 pm a 6:00 pm o los días martes y viernes de 10:00 am a 12:00 pm.
Le informo además que estaría yo de acuerdo en recibir como remuneración por estas valoraciones la suma que ustedes tengan como tarifa preestablecida.”

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Se acordó: Tomar nota de las comunicaciones anteriores y designar al doctor Randall Ulate Piedra, como médico consultor en Oftalmología para el Departamento de Medicina Legal.

ARTÍCULO L
En sesión Nº 47-08 celebrada el 24 de junio del 2008, artículo XLIX, se autorizó a la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, para que nombrara interinamente como Jefe del Servicio Policial de Intervención Inmediata (S.P.I.I.), a partir del 1° de julio de ese año, al licenciado Fernando Antonio Montalbán Fallas, quien se desempeña como Asesor Legal y Oficial Operativo de la Unidad Especial de Intervención (U.E.I.) del Ministerio de la Presidencia.

El licenciado Allan Fonseca Bolaños, Jefe de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial, con el visto bueno del Director General de ese Organismo, en oficio N° 0195-OPO-09 de 10 de junio en curso, recibido el 16 de este mes, manifestó lo siguiente:

“Como es de su estimable conocimiento el año pasado la Dirección General de este Organismo dispuso tomar una serie de medidas tendentes a iniciar un proceso de reestructuración organizacional del Servicio Policial de Intervención Inmediata (S.P.I.I.), todo esto con la finalidad de potenciar al recurso humano y mejorar las funciones táctico-policiales que le corresponde realizar a dicha dependencia.
Para efectuar esta reestructuración se estimó necesario nombrar en la jefatura de esa unidad de trabajo a una persona con suficiente experiencia y capacidad profesional para orientar debidamente dicho proceso, nombramiento que recayó en el Lic. Fernando Antonio Montalbán Fallas, quien posee una trayectoria de aproximadamente catorce años en la Unidad Especial de Intervención (U.E.I.) del Ministerio de la Presidencia, cuyas funciones técnico operativas son iguales a las que se cumplen en el Servicio Policial de Intervención Inmediata (SPII).
Dado que el Lic. Montalbán cumplía con todos los requisitos para el puesto establecidos en el Manual de Puestos del Poder Judicial, con excepción del Curso Básico de Investigación Criminal, se solicitó autorización a ese Honorable Consejo para poder efectuar dicho nombramiento sin ese requisito por tratarse de una unidad táctico operativa, autorización que fue concedida en sesión N° 47-08 del 24 de junio 2008, Artículo XLIX.
En razón de lo anterior y ya que por diferentes motivos de orden administrativo el Curso Básico de Investigación Criminal dará inicio hasta el próximo 01 de julio 2009, extendiéndose hasta el mes de febrero del 2010, muy respetuosamente me permito solicitar por la presente su autorización para prorrogar el nombramiento del Lic. Montalbán Fallas, como Jefe de Investigación 2, a partir del 01 de julio y por un plazo máximo de nueve meses, tiempo en el que se estima podrá cumplir con todo el programa de estudios del curso básico y por consiguiente solventar el único requisito que le hace falta para desempeñarse en tan delicada labor.
No omito manifestar que, por la experiencia y conocimientos que reúne el Lic. Montalbán, así como el buen desempeño que ha demostrado y el éxito alcanzado en el proceso de reestructuración del Servicio Policial de Intervención Inmediata (SPII), para esta oficina a mi cargo y por consiguiente para todo el Organismo de Investigación Judicial, es sumamente importante que se autorice la prórroga de este nombramiento, ya que con ello lograríamos consolidar los objetivos que nos hemos propuesto en beneficio del servicio público que nuestra institución cumple para la sociedad.”

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Se acordó: Acoger la anterior solicitud, en consecuencia: Prorrogar el nombramiento interino del licenciado Fernando Antonio Montalbán Fallas, como Jefe del Servicio Policial de Intervención Inmediata (S.P.I.I.), a partir del 1° de julio del año en curso y hasta por nueve meses. Lo anterior en el entendido de que don Fernando Antonio deberá cumplir en ese plazo el requisito del Curso Básico de Investigación Criminal.

La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, el Servicio Policial de Intervención Inmediata (SPII), la Oficina de Planes y Operaciones de ese Organismo y el Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda a cada uno. Se declara acuerdo firme.



AUDITORÍA JUDICIAL

ARTÍCULO LI

El licenciado Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, en oficio N° 581-43-ATI-2009 de 16 de junio en curso, comunicó lo siguiente:

“Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito recordar la importancia de que sea analizado por Corte Plena, el informe de Auditoría No. 955-85-ATI-2008 “Evaluación de la ubicación jerárquica del Departamento de Tecnología de Información en función del desarrollo tecnológico institucional”,  remitido el 22 de octubre del 2008, el cual se refiere a la importancia de que el Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones no continuara subordinado a la Dirección Ejecutiva, dado su papel estratégico y por su calidad de ente asesor en esta materia de los altos niveles de toma de decisiones del Poder Judicial, conforme la normativa de la Contraloría General de la República.

Cabe señalar que, dicho informe fue conocido en sesión No. 4 del Comité Gerencial de Informática del 19 de noviembre 2008, Artículo II, donde se acordó: “tener por rendido el informe de la Auditoría Judicial y resolver lo que correspondiera en una próxima sesión”. En esa misma sesión del Comité Gerencial de Informática, se conoce el Oficio No. 8397-DE-2008, del 3 de noviembre del 2008, mediante el cual el Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, solicitó a Corte Plena lo siguiente:

“Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos recomendar a la Corte Plena que no acoja la propuesta de la Auditoría tantas veces comentada y en su lugar, se disponga que se realice la contratación de la consultoría de comentario que permita tomar la mejor decisión en cuanto la ubicación y dependencia jerárquica no sólo del Departamento de Tecnología de Información sino en general de los departamentos que conforman el ámbito administrativo del Poder Judicial.”

Con anterioridad, en sesión de Consejo Superior No. 78-08, celebrada el 16 de octubre del 2008, artículo XXXIII, se dispuso “solicitar a la Dirección Ejecutiva procure los recursos presupuestarios suficientes para autorizar el próximo año la contratación de los servicios profesionales de consultoría para evaluar, revisar y determinar una nueva estructura organizativa y funcional del ámbito administrativo del Poder Judicial”.

Asimismo, en sesión de Consejo Superior No. 088-08 del 18 de noviembre del 2008, artículo LIV, se conoció Oficio de la Dirección Ejecutiva N° 8560-DE-2008, de 6 de noviembre 2008, en el cual se indicaba:

“El Consejo Superior, en el artículo XLVIII de su sesión N° 71-08, celebrada el veintitrés de setiembre del año en curso, dispuso acoger la recomendación formulada por la Auditoría Judicial en el informe N° 418-37-ATI-2007, en el sentido de girar instrucciones a la Dirección Ejecutiva para que se gestione la contratación de una empresa especializada que realice un estudio independiente, con el fin de obtener como producto una propuesta justificada de la estructura que debe regir en el Departamento de Tecnología de Información, de manera tal que se elimine la redundancia de funciones y se encuentren bien establecidas las líneas de mando, procurando el mejor aprovechamiento de los recursos, con el propósito de garantizar, con el menor margen de riesgo, que las actividades van a ser distribuidas respetando lo que dictan las normas y buenas prácticas. […]”

“[…] En virtud de que el Departamento de Tecnología de Información es parte del ámbito administrativo, el estudio recomendado por la Auditoría estaría comprendido dentro de las labores a realizar por esta consultoría, con lo cual se le estaría dando cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo Superior en el acuerdo arriba citado.”

Sobre el particular, en esa sesión se acordó:

“Tomar nota de la comunicación anterior y por mayoría disponer que en la consultoría a  contratar se incluya un apartado que analice y recomiende lo que corresponda en cuanto la estructura y organización del  Departamento de Tecnología de la Información, sin perjuicio de lo que se resuelva en relación a la ubicación del referido Departamento, según los informes pendientes elaborados por la Auditoría Judicial.

El licenciado Martínez Fernández votó por no acoger la propuesta hasta tanto la Corte Plena decida lo que corresponda en cuanto a la ubicación jerárquica que tendrá el Departamento de Tecnología de la Información, según ha recomendado la Auditoría Judicial, ya que esa decisión podría incidir en la estructura que deberá tener ese departamento”.

Sobre el tema, esta Auditoría solicitó a la Dirección Ejecutiva, mediante oficio No. 486-30-ATI-2009, del 22 de mayo del 2009, remitir la información referente al estado en que se encuentra la contratación mencionada, ante lo que dicha dependencia contestó en oficio No. 4021-DE-2009, del 25 del mismo mes, lo siguiente:

“En relación con su oficio 486-30-ATI-2009 de 22 del presente mes, en donde solicita informar sobre la contratación de servicios profesiones de consultoría para evaluar, revisar y determinar una nueva estructura organizativa y funcional del ámbito administrativo del Poder Judicial, me permito hacer de su conocimiento que aún no se ha logrado ubicar recursos para proceder a realizar esta contratación”.(El resaltado es nuestro.)

En virtud de que a la fecha la Administración Superior no ha resuelto en relación con la ubicación jerárquica del Departamento de Tecnología de Información, esta Auditoría considera importante destacar lo que estipula la “Ley General de Control Interno” en su artículo 37, con respecto a la obligación del Jerarca de atender lo indicado en los informes de Auditoría, tal como se transcribe a continuación:

Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente”. (El subrayado es nuestro).

Asimismo, el artículo 12 inciso   “b” de la misma Ley con respecto a los deberes del jerarca y los titulares subordinados, indica:

“Analizar e implementar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que corresponde.” (El subrayado es nuestro).

Cabe indicar que el objetivo de esta Auditoría con el informe de referencia, es contribuir con el Poder Judicial en cuanto a la función que ejercen las Tecnologías de Información y Comunicaciones en la Institución, para apoyar la modernización de la administración de justicia, de conformidad con las “Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información” (N-2-2007-CO-DFOE), emitidas por la Contraloría General de la República.

En vista de lo anterior, mucho le agradeceré interponer sus buenos oficios, a fin de que se tomen las acciones del caso, con respecto a lo indicado en el informe de Auditoría No. 955-85-ATI-2008.”

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Posteriormente, en correo electrónico de 22 de los corrientes, dirigido al señor Presidente Magistrado Mora, el licenciado Ramos Gutiérrez, en su expresa carácter, adicionó lo siguiente:



“Asimismo, en sesión de Consejo Superior No. 088-08 del 18 de noviembre del 2008, artículo LIV, se conoció Oficio de la Dirección Ejecutiva N° 8560-DE-2008, de 6 de noviembre 2008, en el cual se indicaba:

 “El Consejo Superior, en el artículo XLVIII de su sesión N° 71-08, celebrada el veintitrés de setiembre del año en curso, dispuso acoger la recomendación formulada por la Auditoría Judicial en el informe N° 418-37-ATI-2007, en el sentido de girar instrucciones a la Dirección Ejecutiva para que se gestione la contratación de una empresa especializada que realice un estudio independiente, con el fin de obtener como producto una propuesta justificada de la estructura que debe regir en el Departamento de Tecnología de Información, de manera tal que se elimine la redundancia de funciones y se encuentren bien establecidas las líneas de mando, procurando el mejor aprovechamiento de los recursos, con el propósito de garantizar, con el menor margen de riesgo, que las actividades van a ser distribuidas respetando lo que dictan las normas y buenas prácticas. […]”

 “[…] En virtud de que el Departamento de Tecnología de Información es parte del ámbito administrativo, el estudio recomendado por la Auditoría estaría comprendido dentro de las labores a realizar por esta consultoría, con lo cual se le estaría dando cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo Superior en el acuerdo arriba citado.”

 Sobre el particular, en esa sesión se acordó:

 “Tomar nota de la comunicación anterior y por mayoría disponer que en la consultoría a  contratar se incluya un apartado que analice y recomiende lo que corresponda en cuanto la estructura y organización del  Departamento de Tecnología de la Información, sin perjuicio de lo que se resuelva en relación a la ubicación del referido Departamento, según los informes pendientes elaborados por la Auditoría Judicial.

 El licenciado Martínez Fernández votó por no acoger la propuesta hasta tanto la Corte Plena decida lo que corresponda en cuanto a la ubicación jerárquica que tendrá el Departamento de Tecnología de la Información, según ha recomendado la Auditoría Judicial, ya que esa decisión podría incidir en la estructura que deberá tener ese departamento”.”

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Manifiesta el licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo que en la búsqueda de diferentes alternativas de financiamiento del estudio ordenado por este Consejo sobre la estructura administrativa del Poder Judicial, entre los que debe estar el Departamento de Tecnología de la Información, conversó con el señor Presidente de la Corte y éste realizó gestión ante el Señor Ministro de Hacienda, a fin de explorar la posibilidad de financiarlo con sobrantes del presupuesto vigente, lo que será incluida en la modificación a tramitar en el mes de agosto próximo


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