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N° 24-2012 Sesión extraordinaria de Corte Plena celebrada a las nueve horas del dieciséis de julio del dos mil doce, con la asistencia inicial de los Magistrados Mora, Presidente


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N° 24-2012

Sesión extraordinaria de Corte Plena celebrada a las nueve horas del dieciséis de julio del dos mil doce, con la asistencia inicial de los Magistrados Mora, Presidente; Rivas, Solís, León, Escoto, Aguirre, Villanueva, Varela, Vega, Camacho, Ramírez, Pereira, Arias, Calzada, Armijo, Jinesta, Rueda y el Suplente Ricardo Guerrero Portilla, en sustitución del Magistrado Cruz por vacaciones.



ARTÍCULO I

Documento 7477-2012

Se aprobó el acta de la sesión celebrada 11 de junio en curso, N° 21-2012.

Los Magistrados Mora, Rivas, Aguirre, Vega, Arias, Calzada, Rueda y el Suplente Guerrero Portilla se abstuvieron de votar por no haber asistido a esa sesión.

ARTÍCULO II

ENTRA EL MAGISTRADO CASTILLO.

Documento 10836-11, 12844-11, 1004-2012

En sesión N° 32-10 celebrada el 8 de noviembre del 2010, artículo XI, se tuvo por presentado el Proyecto de Reforma Constitucional preparado por la Comisión de Reforma Judicial, que literalmente dice:



"Reforma constitucional.
Artículo 1°.- Se reforman los artículos 39, 43, 48, 121 incisos 9 y 20, 152, 154, 155, 157, 160 inciso 4°, 166, 167; se adiciona un párrafo 4° al 100 y se agregan los artículos 39 bis, 154 bis, 167 bis y ter, de la Constitución Política, para que se lean así:

Artículo 39.- A nadie se le hará sufrir pena sino por delito o contravención, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, con ejercicio debido de su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad.

Desde el momento mismo de su detención o apremio, los detenidos tienen derecho a saber la causa de su pérdida de libertad y a ser asistidos por un defensor.

El Estado dispondrá de defensa pública para las personas que no contaren con recursos económicos para ejercer su defensa en materia penal. La ley determinará en qué otras materias se dará asistencia legal gratuita.

Las personas sin capacidad de pago condenadas a multa, deben tener opciones de penas alternativas para su cancelación.

El Estado organizará un sistema penitenciario, con el objeto de garantizar la legalidad en la ejecución de las penas y, procurar a los detenidos oportunidades de estudio y trabajo de manera que se les facilite una vida futura sin delinquir.

Artículo 39 bis. Se someterá a medidas de seguridad a quien sin tener capacidad de culpabilidad, cometiere acciones típicas y antijurídicas. Las medidas serán impuestas por autoridad competente, con resguardo de las reglas básicas del debido proceso. La ejecución de las medidas de seguridad estará regulada por ley y se cumplirán en establecimientos especializados, bajo vigilancia jurisdiccional.

Artículo 43.- Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de la solución alterna de conflictos, aún habiendo litigio pendiente.

En materia laboral no procede la cláusula compromisoria previa al conflicto.



Artículo 48.- Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales y al de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como a los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República. Ambos recursos serán de competencia de la jurisdicción establecida en el artículo 10 de esta Constitución.

No procede el amparo contra resoluciones judiciales.



Artículo 100.



Cuando de la sanción de revocatoria del nombramiento se trate, el régimen disciplinario de los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones será ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia, según las reglas establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.



Artículo 121.



9).- Admitir o no las acusaciones que se Interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros Diplomáticos, declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia para su juzgamiento.



20).- Crear los organismos para el servicio nacional, con excepción de los Tribunales de Justicia..

Título XI
EL PODER JUDICIAL


Capítulo único

Artículo 152.- El Poder Judicial esta constituido por el Tribunal Supremo de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley, los que ejercerán su función en nombre de la República.

Al Tribunal Supremo le corresponde únicamente la función de gobierno; otros órganos tendrán a cargo las funciones relacionadas con la carrera judicial, la disciplina de los jueces y la administración general del Poder Judicial.



Artículo 153.- Corresponde a los Tribunales del Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución les señala, conocer de las causas en que la ley les otorgue competencia, cualquiera sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario. Es obligación de las Instituciones del Estado prestar la colaboración requerida por los jueces en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

En los casos que deban conocer los jueces dispondrán sobre la inaplicabilidad de las leyes y de cualquier otra norma que estimen contraria a la Constitución Política, o la legislación internacional de los derechos humanos aplicable en la República; cuando tengan duda sobre la constitucionalidad de esas normas, consultarán a la Sala Constitucional.



Artículo 154.- Los Jueces son independientes en el ejercicio de la actividad jurisdiccional y sólo están sometidos a la Constitución, los instrumentos internacionales aplicables en Costa Rica y la ley. Deben resolver con objetividad los conflictos sometidos a su conocimiento en procura de contribuir a restaurar la armonía social.

Las resoluciones que dicten en los asuntos de su competencia no les imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos.

Serán inamovibles, su nombramiento debe hacerse conforme a las reglas de la Carrera Judicial y sólo se les podrá separar o suspender de su cargo por causa establecida en la ley, con cumplimiento del debido proceso.

La ley deberá asegurar a los jueces protección para que ejerzan sus funciones con libertad, en forma imparcial y sin influencias indebidas.

Se debe garantizar a los jueces una remuneración justa y un nivel de vida acorde a la responsabilidad de sus cargos. Su sistema jubilatorio será administrado por el Poder Judicial.

Artículo 155.- La administración de justicia es un servicio público y las personas usuarias tienen derecho a que se les brinde en los más altos niveles de oportunidad, probidad, eficiencia, transparencia, calidad y respeto.

Como garantía de las personas usuarias del sistema de administración de justicia y de transparencia del accionar de los jueces, las sentencias y demás resoluciones deberán ser debidamente motivadas.

Los procesos deberán ser preferiblemente orales. Las formalidades innecesarias a los fines del proceso deben ser eliminadas y, en todo caso, los jueces aplicarán el principio pro sentencia.

Las sentencias no podrán fundamentarse en pruebas no autorizadas por la ley; se entenderá que son ilegítimas las que afecten derechos y principios establecidos en esta Constitución, el Derecho Internacional o Comunitario..



Artículo 156.- La Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la organización y funcionamiento de este Poder de la República. También regulará la jurisdicción y competencia de los tribunales.

Una ley especial regulara lo concerniente a la Carrera Judicial, con el fin de garantizar la independencia e idoneidad de los jueces.

Ningún tribunal puede avocar el conocimiento de causas pendientes ante otro.

Artículo 157.- Corresponde al Tribunal Supremo disponer sobre la creación de los tribunales necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia; así como fijarles su competencia material y territorial.

El Tribunal Supremo tendrá iniciativa legislativa respecto de los asuntos propios del Poder Judicial.



Artículo 160.- …



4). Ser mayor de cuarenta años.



Artículo 166.- Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial deberá la Asamblea Legislativa consultar al Tribunal Supremo de Justicia; para apartarse del criterio de éste, se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea.

Artículo 167.- En el presupuesto de la República se le asignará al Poder Judicial, para su función jurisdiccional una suma no menor al seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año económico; y por separado los recursos necesarios para atender las funciones auxiliares de la administración de justicia, que se le atribuyan por mandato de ley.

Los dineros derivados de la administración de justicia por el pago de tasas para litigar o venta de otros servicios relacionados con la actividad del Poder Judicial, se incorporarán al presupuesto de este Poder fuera del porcentaje establecido en el párrafo anterior.



Artículo 167bis.- El Ministerio Público es una institución auxiliar de la Administración de Justicia, adscrita al Poder Judicial. Tiene absoluta independencia funcional en el desempeño de sus labores y desconcentración administrativa.

Es además el encargado en forma exclusiva del ejercicio de la acción penal pública, así como de las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes. Lo anterior sin perjuicio de las modalidades de la titularidad de la acción penal de que goza cualquier ciudadano, ni de la posibilidad de accionar como querellante en los casos y forma que establezca la ley.

La política de persecución penal estará a cargo del Fiscal General de la República y vincula a todos los funcionarios del Ministerio Público y entes auxiliares.

El Poder Ejecutivo al formular el proyecto de presupuesto asignará al Poder Judicial como un plus de su presupuesto, las partidas necesarias para el cumplimiento de las funciones y la ejecución de la política de persecución penal a cargo del Ministerio Público.



Artículo 167 ter.- El Ministerio Público está a cargo del Fiscal General de la República y en sus ausencias del Fiscal General Adjunto. Ambos funcionarios serán nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia por períodos de ocho años; pueden ser reelectos y gozarán de las inmunidades y prerrogativas de los Magistrados de ese Tribunal. Las vacantes serán llenadas por períodos completos de ocho años.

No pueden ser electos Fiscal General ni Fiscal General Adjunto, los que durante los seis años anteriores a la elección, haya sido miembros de los Supremos Poderes; tampoco quienes durante el mismo período hubieran tenido pública y notoriamente militancia política, o quienes hubieran sido condenados por delito doloso mediante sentencia firme.

El Fiscal General y el Fiscal General Adjunto responden ante el Tribunal Supremo por el cumplimiento de sus funciones y pueden ser removidos por este, mediante votación no menor de tres cuartas partes del total de sus miembros, si se demuestra que han incurrido en las faltas o conductas indebidas tipificados por la ley.

Artículo 2°.- Se deroga el párrafo segundo del artículo 177.

Transitorio I.- A la entrada en vigencia de esta reforma constitucional quienes sirvan los cargos de Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto, continuarán en su ejercicio por el período para el que fueron nombrados y podrán ser reelegidos.

Transitorio II.- Los Magistrados que a la fecha de vigencia de esta reforma constitucional, no tuvieren la edad señalada en el artículo 160 inciso 4°, mantendrán sus cargos.

Transitorio III.- En el proyecto de Presupuesto de la República, siguiente a la entrada en vigencia de esta reforma, se le asignará al Poder Judicial un quince por ciento del costo total de los órganos y servicios auxiliares y el restante ochenta y cinco por ciento, lo financiará el Poder Judicial dentro del mínimo del seis por ciento constitucional. En el año siguiente la asignación adicional será de un veinticinco por ciento, de manera que el total asignado para ese año, sea del cuarenta por ciento del costo total; en los años siguientes la asignación adicional será de un veinte por ciento, hasta alcanzar el cien por ciento."

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El licenciado Jorge Chavarría Guzmán, Fiscal General de la República, en nota de 30 de enero del año en curso, manifestó:

“Reciba un cordial y respetuoso saludo. En relación a los oficios No. 9465-2011 del 3 de noviembre de 2011 y No. 123-2010 del 11 de enero de 2012 que me han sido enviados, ambos referidos al acuerdo tomado por Corte Plena en sesión No. 32-10, celebrada el 8 de noviembre de 2010, articulo XI, en la que se presenta el proyecto de Reforma Constitucional, con fundamento en lo discutido en la sesión N° 30-10 celebrada el 25 de octubre último, artículo XVII, sobre el Proyecto de Reforma Constitucional, a la organización del Poder Judicial, me permito hacer las siguientes observaciones de carácter general:

1. En relación a las modificaciones propuestas a los Artículos 39, 39bis, 43, 48,100, 121 incisos 9 y 20, 100, 152, 154, 155, 157, 160 inciso 40 y 166, 167 de la Constitución Política, no tenemos ningún comentario que hacer.

2. En lo que respecta a los Artículos 167 bis y 167 ter, nos permitimos someter a su consideración un texto alternativo que contiene algunas modificaciones al texto original, que consideramos importantes para reforzar la institucionalidad del Ministerio Público. El fundamento de las modificaciones sugeridas es el siguiente:

Art. 167 bis

a. Se precisa la naturaleza del Ministerio al indicarse que “Es una institución adscrita al Poder Judicial y complementaria a la administración de justicia penal; dirige y controla funcionalmente la investigación de la policía y garantiza la imparcialidad de los tribunales mediante el ejercicio de su función acusatoria. Tiene absoluta independencia funcional en el desempeño de sus labores y desconcentración administrativa máxima.” Con ello se pretende dejar plasmado a nivel constitucional el principio acusatorio como garantía de la imparcialidad del juez, lo que incide en una modificación del carácter de órgano auxiliar al de órgano complementario de la administración de justicia. Considero que al respecto la doctrina aplicable es pacífica y que además, el carácter que se le da a la institución, se inserta perfectamente en el principio democrático al cual se corresponde de mejor manera, como sabemos, el sistema acentuadamente acusatorio vigente y el rol que en él debe jugar la institución, por lo que además se explicita su función de director funcional de la investigación. Coherente con el principio acusatorio se afirma su carácter de órgano de desconcentración máxima.

b. En el párrafo tercero se sugiere la frase “entes auxiliares a su función” a efectos de una mayor precisión.

Artículo 167 ter:

a. En el párrafo primero se agrega la condición de ser mayores de cuarenta años al Fiscal General y al Fiscal general Adjunto, pues consideramos que ambos funcionarios deben tener una madurez adecuada al puesto.

b. En el párrafo segundo no se introduce ninguna modificación pero se sugiere esta nueva redacción.

c. Se agrega un párrafo quinto en el que se propone el procedimiento para la investigación de denuncias sobre delitos de acción pública interpuestas contra el Fiscal General y el Fiscal General Adjunto.

TEXTO PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 167 bis.- El Ministerio Público es una institución adscrita al Poder Judicial y complementaria a la administración de justicia penal; dirige y controla funcionalmente la investigación de la policía y garantiza la imparcialidad de los tribunales mediante el ejercicio de su función acusatoria. Tiene absoluta independencia funcional en el desempeño de sus labores y desconcentración administrativa máxima.

Es el encargado del ejercicio de la acción penal pública, así como de las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes. Lo anterior sin perjuicio de las modalidades de la titularidad de la acción penal de que goza cualquier ciudadano, ni de la posibilidad de accionar como querellante en los casos y forma que establezca la ley.

La política de persecución penal estará a cargo del Fiscal General de la República y vincula a todos los funcionarios del Ministerio Público y entes auxiliares de su función.

El Poder Ejecutivo al formular el proyecto de presupuesto asignará al Poder Judicial como un plus de su presupuesto, las partidas necesarias para el cumplimiento de las funciones y la ejecución de la política de persecución penal a cargo del Ministerio Público.

Artículo 167 ter.- El Ministerio Público está a cargo del Fiscal General de la República y en sus ausencias del Fiscal General Adjunto. Ambos funcionarios serán nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia por períodos de ocho años. Deberán ser mayores de cuarenta años, pueden ser reelectos y gozarán de las inmunidades y prerrogativas de los Magistrados de ese Tribunal. Las vacantes serán llenadas por períodos completos de ocho años.

No pueden ser electos Fiscal General ni Fiscal General Adjunto, quienes hubieran sido condenados por delito doloso mediante sentencia firme ni los que durante los seis años anteriores a la elección, haya sido miembros de los Supremos Poderes; tampoco quienes durante el mismo período hubieran tenido pública y notoriamente militancia política

El Fiscal General y el Fiscal General Adjunto responden ante el Tribunal Supremo por el cumplimiento de sus funciones y pueden ser removidos por este, mediante votación no menor de tres cuartas partes del total de sus miembros, si se demuestra que han incurrido en las faltas o conductas indebidas tipificados por la ley.

Las denuncias por delitos de acción pública dirigidas contra el Fiscal General o el Fiscal General Adjunto de la República serán conocidas por el Consejo Fiscal, en sesión privada, convocada y presidida por el Fiscal Adjunto decano del Ministerio Público. De proceder el trámite, el Consejo designará por votación de tres cuartas partes de la totalidad de los presentes, a uno o varios integrantes de esa cámara para que lleven adelante la investigación.

El Fiscal o Fiscales Adjuntos designados deberán continuar en el ejercicio de la acción penal hasta la finalización del caso, conforme al procedimiento establecido para el juzgamiento de los miembros de los supremos poderes.”
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Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: “Es conveniente recordar que esta propuesta tiene como base unos talleres que se realizaron en la Corte con los servidores y servidoras judiciales hace un poco más de 10 años y también otros que se realizaron en el Colegio de Abogados y Abogadas. Las conclusiones de ambos fueron tomadas en consideración para hacer esta propuesta y también la modificación de las leyes orgánicas. En aquella oportunidad hubo discusión sobre la organización y funcionamiento del Poder Judicial, por lo cual nosotros, los que tuvimos el encargo de redactar esta propuesta, hemos puesto el mayor empeño por cumplir con el cometido que nos señaló la Corte. Desde luego, que es muy posible que entre todos podamos mejorarla, habrá criterios en uno y otro sentido y es conveniente que en todo caso los tomemos en consideración. Las directrices que nos dio la Corte también las tomamos en cuenta. Sabemos que en algunos casos la propuesta seguramente es polémica, pero esperamos que con la intervención que ustedes le den, se tenga un mejor contenido y sustento en lo que definitiva vayamos a aprobar. La Constitución nos marca una ruta de lo que luego vendrá el resto de la reforma y por ello es que debemos poner el mayor esfuerzo por lograr un consenso en la propuesta para luego poder analizar de nuevo las propuestas relacionadas con las leyes orgánicas. Nosotros estimamos que debemos superar los viejos moldes que nos señala como una justicia napoleónica y darle un contenido republicano y democrático al sistema, y eso es lo principal que se toma en consideración al momento del análisis que hicimos en relación con el capítulo de la Constitución correspondiente al Poder Judicial, pero además aprovechamos para plantear algunas reformas de la parte de la constitución que se refiere a los derechos y deberes del ciudadano que creímos que era indispensable tomar en cuenta, y en algunos casos para actualizar la nomenclatura, pero sobre todo para darle el contenido correspondiente a estas normas. Con esto estimamos estar cumpliendo con lo que nos ordenó la Corte al disponerse que antes de analizar nuestra propuesta de reforma a las leyes orgánicas, hiciéramos la de la Constitución, de la manera más abarcante, para suscitar discusión en relación con todos los puntos. Vamos a discutir artículo por artículo según la propuesta, en el mes de noviembre, cuando la habíamos entregado a la Corte, se solicitó que hicieran llegar observaciones a la Comisión, pero no se nos envió ninguna, muy probablemente ahora al iniciarse las discusiones vamos a tener múltiples observaciones, pues como digo en muchos casos la propuesta puede ser que cause criterios en sentido contrario y deberíamos tratar de analizarlos de la mejor forma para que logremos una propuesta que esté de acuerdo al criterio de la mayoría y ojalá que se mejoren sustancialmente las normas, sobre todos aquellas que se refieren a organización y funcionamiento del Poder Judicial”.

Expresa el Magistrado Aguirre: “En términos generales esta es la línea que seguimos a la hora de hacer estas propuestas, se tuvo en cuenta las sugerencias que se habían hecho en los talleres, a efectos de proponer una reforma en los términos que están expuestos en este proyecto. Yo sí quiero decir que personalmente en algunos aspectos en los cuales de forma puntual haré referencia en su momento, no estuve de acuerdo. Por ejemplo, el simple cambio de nombre de Corte Suprema de Justicia por el de Tribunal Supremo. En realidad no soluciona nada y más bien podría traer o llevarnos a confusiones en el sentido de que tenemos otros Tribunales Supremos, entonces podríamos pecar de exceso en esa denominación. Quiero decirles que desde otro punto de vista hubo una discusión en el seno de la Comisión en torno a si es conveniente o no, en estos momentos, pues cuando hacíamos esta redacción pensábamos en el momento de entonces, ahora habría que pensar en el momento de ahora, porque eso tiene bastante tiempo, si realmente conviene aventurarnos en una propuesta como la que contiene el proyecto, ¿por qué? porque hay algunos cambios que son importantes y que de seguro van a generar una amplia discusión a nivel político, porque esto tiene que ver con reformas del sistema jurídico a nivel constitucional, por supuesto que aparte de las pasiones que puede despertar una discusión a este nivel, pues obviamente abre un panorama para que otras ideas puedan ponerse en la mesa de discusión y como se dice popularmente: “nosotros sabemos con lo que vamos, pero en realidad no sabemos con lo que vamos a salir” Este es un aspecto que debemos discutir en primer término, si vale la pena, si es oportuno aventurarnos en un proyecto de reforma con las ambiciones que contiene este proyecto o por el contrario es un momento no oportuno para poner a discusión estos temas”.

Señala el Presidente, Magistrado Mora: “Vamos a conocer la modificación de algunos artículos que nos pareció conveniente en la parte de derechos y deberes de la Constitución Política. El primer artículo que propusimos fue la modificación al artículo 39, ahí sobre todo era para actualizar la nomenclatura que se hace referencia de “cuasidelito o falta” que es una terminología ya abandonada por nosotros y hemos tomado en consideración la “contravención.” Después una frase que con anterioridad dio mucha discusión que era el “previa oportunidad concedida al indiciado para ejercer su defensa” en que puede interpretarse la garantía en sentido restrictivo. Antes de que la Sala Constitucional se preocupara por este tema, en muchos casos la Corte había señalado que era la simple oportunidad de que se diera la defensa y a nosotros nos pareció que lo que realmente había que garantizar en la Constitución Política es el ejercicio debido de la defensa. Aprovechando este tema, también se metió un párrafo segundo en la propuesta que dice:

Desde el momento mismo de su detención o apremio, los detenidos tienen derecho a saber la causa de la pérdida de libertad y a ser asistidos por un defensor.”

La frase entendemos que tiene garantías en el derecho internacional, y si no fuera necesario podría eventualmente suprimirse. Nos pareció que es conveniente que en el marco constitucional estuviera dispuesta la defensa pública conforme a los criterios que hiciera la Convención Americana de Derechos Humanos y que se señalara ahí, que la ley determinará en qué otras materias se dará asistencia legal gratuita, y también señalar en la Constitución que las personas sin capacidad de pago condenadas a multa deben tener opciones de penas alternativas para su cancelación.

Nuestra Constitución Política no tiene absolutamente ninguna norma que se refiera al sistema penitenciario y por eso agregamos un último párrafo en el que se dispone que:

El Estado organizará un sistema penitenciario, con el objeto de garantizar la legalidad en la ejecución de las penas y procurar a los detenidos oportunidades de estudio y trabajo de manera que se les facilite su vida futura sin delinquir”.

Cada uno de los principios que aparecen en este párrafo tiene sustento ya sea en el derecho internacional, o en la doctrina y por eso estimamos que resultaba conveniente ponerlo. El tema de que no constituye violación este artículo a los dos anteriores, el apremio corporal en materia civil o de trabajo, ya es una norma que esta absolutamente superada con lo que indica la convención americana de Derechos Humanos de que el apremio corporal solamente procede entratándose de pensiones alimentarias, según lo ha interpretado nuestra Sala Constitucional. Entonces, ese párrafo viene totalmente en desaplicación por la evolución que ha tenido la garantía en relación con el apremio.”

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