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Miquel Bofill Abelló y Pere Muñoz Hernández y Josep Maria Esquerda Segués. Propuesta de veto núM. 1 De Don Miquel Bofill Abelló (gpecp) y de Don Pere Muñoz Hernández


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El Senador Pere Muñoz Hernández (GPECP), el Senador Josep Maria Esquerda Segués (GPECP) y el Senador Miquel Bofill Abelló (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 1 propuesta de veto al Proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
Palacio del Senado, 7 de julio de 2011.-Miquel Bofill Abelló y Pere Muñoz Hernández y Josep Maria Esquerda Segués.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

De Don Miquel Bofill Abelló (GPECP) y de Don Pere Muñoz Hernández (GPECP) y de Don Josep Maria Esquerda Segués (GPECP)

El Senador Pere Muñoz Hernández (GPECP), el Senador Josep Maria Esquerda Segués (GPECP) y el Senador Miquel Bofill Abelló (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.

El presente Proyecto de Ley contiene una serie de medidas que empequeñecen la protección social que habían conquistado las generaciones anteriores y que se habían ido consolidando desde la Transición, configurando un pilar básico de este Estado del Bienestar. De hecho, en el año 2007 el Gobierno ya recortó las pensiones al restar las pagas extras para el cálculo del tiempo cotizado de acceso a la pensión.
El resultado de los recortes sociales es un sistema que progresivamente va perdiendo esa eficacia que se espera de un sistema de redistribución de la riqueza.

Paradójicamente, la salida de la crisis se ha convertido en la necesaria coartada para la reforma de las pensiones. Sin embargo es una falacia porque si hay beneficios reales, se producirán dentro de 25 años.


Algunas de los recortes sociales que se perpetran en este Proyecto de Ley son:

- Se limitan los complementos a mínimos para aquellos que están por debajo de la pensión mínima de forma que el máximo de complemento será el importe de las pensiones no contributivas para cada año. Consecuencia: la pensión mínima será más baja.


 - La exención de cotización para mayores de 65 años a las empresas y autónomos sólo se podrá practicar por aquellos trabajadores con 67 años y 37 de cotizados o 65 y 38,5 años cotizados. Consecuencia: encarecimiento de cuotas a la seguridad social para empresas y autónomos.


- Para el cálculo de la pensión de jubilación, la cotización de los meses en que no se ha cotizado, se computará por cero, cuando hasta ahora, y computaba como mínimo por la base mínima del sistema. Consecuencia: recorte en el importe de las pensiones.


- La jubilación anticipada no podrá producirse, con carácter general, antes de los 63 años. Consecuencia: retraso también de la edad de jubilación anticipada que ahora era a los 60 o 61.


- Se crea un sistema centralizado estatal de administración tributaria única. Consecuencia: además de tener un modelo de caja única de Seguridad Social, habrá unificación centralizadora de todas las entidades existentes hasta ahora en una sola con una mayor concentración de poder (INSS, TGSS, etc, excepto INEM y la Inspección de Trabajo).


- Finalmente, se amplía la edad de jubilación de 65 a 67 años. Más allá de otras consideraciones respecto al impacto de ampliar la edad de jubilación en las personas mayores, es una paradoja pretender aumentar la vida activa cuando la tasa de paro juvenil del Estado español es la más alta de la Europa de los Veintisiete. De hecho, la tasa de paro juvenil española, con más del 40%, duplica a la europea, que está alrededor del 20%. Es decir, más de 4 de cada 10 jóvenes del Estado que intentan trabajar, no pueden hacerlo.
El Gobierno ha utilizado argumentos exclusivamente de carácter demográfico para justificar lo pretendido, obviando otros parámetros como son el mismo incremento de las cotizaciones incrementando las bases para homologar el salario mínimo a la media europea, la incorporación de las mujeres y los inmigrantes al sistema laboral, la mejora de la productividad, etc.
La edad de jubilación de 65 años es un derecho conquistado, razón por la cual no hay que confundir nuestra voluntad de incentivar la prolongación de la edad laboral más allá de esta edad con la fijación de los 67 años como umbral de acceso a la jubilación.
Con este Proyecto de Ley no sólo se incrementan las dificultades de acceder a la jubilación, sino que se concretan menos prestaciones al incrementarse también el periodo de cálculo, etc. Todo ello sin abordar el grave problema de cómo debe resolverse el pago de las pensiones y complementos no contributivos que, según nuestro criterio, debería correr a cargo de la imposición general y no de la Seguridad Social.
Todas estas medidas tienen unas consecuencias negativas no sólo para la clase trabajadora, sino para la arquitectura y esencia del propio Estado del Bienestar.
Por todos estos motivos se propone el rechazo del texto del Proyecto de Ley y su devolución al Gobierno.

El Senador Joan Saura Laporta (GPECP) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 1 propuesta de veto al Proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.


Palacio del Senado, 7 de julio de 2011.-Joan Saura Laporta y Jordi Guillot Miravet.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De Don Joan Saura Laporta (GPECP) y de Don Jordi Guillot Miravet (GPECP)

El Senador Joan Saura Laporta (GPECP) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.



La crisis económica por la que atravesamos nada tiene que ver con nuestro sistema de pensiones ni con su futuro. La sostenibilidad del sistema, tal y como está configurado, está asegurada a medio plazo y cualquier reforma que pretenda mejorarlo debería realizarse en un contexto no condicionado por una profunda crisis económica y por la presión de movimientos especulativos en los mercados financieros.
Sin embargo, a comienzos de 2010 el Gobierno ya se comprometió a articular un recorte estructural en las prestaciones del sistema y posteriormente procedió a la congelación de la mayoría de las pensiones para el año 2011. Estas actuaciones desestabilizaron las discusiones en el marco del Pacto de Toledo alimentando un clima de desconfianza y desconcierto sobre el futuro de nuestras pensiones, al justificar drásticos recortes por la teórica inviabilidad del sistema.
Este Proyecto de Ley introduce algunas de las recomendaciones reflejadas en la nueva reformulación del Pacto de Toledo e incorpora los compromisos recogidos en el Acuerdo social y económico suscrito entre el Gobierno y los interlocutores sociales en febrero de este año. Si bien es cierto que dicho Acuerdo, por la actuación de los sindicatos, ha conseguido matizar y mitigar algunos de los planteamientos iniciales del Gobierno, no lo es menos que el resultado final del conjunto de medidas es un recorte en las expectativas futuras de las pensiones.
El contenido de este Proyecto de Ley supone que las futuras pensiones van a sufrir un recorte medio que puede estimarse en el entorno del 20% respecto de los derechos actuales. El grueso del recorte se produce al alargar gradualmente la edad ordinaria de jubilación a los 67 años, aumentar el periodo de cómputo para el cálculo de las prestaciones de 15 a 25 años, elevar a 37 años la cotización necesaria para tener derecho al 100% de la pensión a los 67 años, o necesitar 38,5 años cotizados para jubilarse con el 100% a los 65 años.
En conjunto, el objetivo de la reforma es reducir 3 puntos porcentuales del PIB el gasto en pensiones para el año 2027, año en el que culmina su aplicación progresiva.
Y todo ello cuando las pensiones en nuestro país son relativamente reducidas y el gasto en pensiones en proporción del PIB es de los menores de la UE-15. La pensión contributiva media española se sitúa aproximadamente en el 70% de la pensión media de la UE-15 y dedicamos el 9% del PIB al gasto en pensiones frente al 12% de promedio en la UE-15. Además, la Seguridad Social es la única administración pública con superávit, incluso en una situación de profunda crisis y de destrucción de empleo. El Fondo de Reserva supera los 65.000 millones de euros y se prevé su crecimiento en los próximos años.
Para justificar el recorte, el Gobierno destaca como argumento principal las tendencias demográficas que harán necesario asumir el pago de más pensiones durante más tiempo. La evolución demográfica ha de considerarse, pero el determinismo en esta materia no es buen consejero, sobre todo cuando se utiliza para justificar recortes ante una teórica imposibilidad de financiación futura de las prestaciones. Porque se barajan porcentajes de gasto con relación al PIB a muy largo plazo como insostenibles, cuando esos porcentajes son hoy una realidad en varios países europeos. Otras variables que afectan también al futuro de las pensiones se subestiman: tasa de empleo, y en particular de los trabajadores de más edad, tasa de actividad femenina y políticas para la atención de personas dependientes, evolución de los salarios y su participación en la renta, o incremento de la productividad.
En este sentido, el Proyecto de Ley introduce un “factor de sostenibilidad” según el cual, a partir de 2027 y con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones, se revisarán con una periodicidad quinquenal los parámetros fundamentales del sistema en función de la evolución de la esperanza de vida a los 67 años, lo que puede provocar, siguiendo la lógica con la que se concibe esta reforma, recortes automáticos en las prestaciones por apreciaciones subjetivas.
Queda clara la pretensión del Gobierno de hacer depender básicamente de la variable demográfica el futuro de las pensiones, renunciando a otras medidas a desarrollar que eviten alarmismos y no recorten derechos. Se trata de propuestas centradas en la evolución del empleo y su calidad, en los ingresos y en la voluntariedad del retraso en la edad de jubilación.
Cualquier planteamiento en materia de pensiones no puede aislarse de las medidas precisas para permitir un contexto adecuado para la creación de empleo de calidad. Es preciso aumentar la inversión en educación y formación, el desarrollo de la investigación y potenciar la inversión en infraestructuras sostenibles, sociales, de transporte o energéticas. Estas inversiones representan oportunidades de empleo cualificado que contribuye a la financiación de la protección social y al desarrollo económico.
La efectiva separación de fuentes de financiación es una prioridad que debería llevarse a cabo antes que cualquier otra reforma que pretenda mejorar la sostenibilidad del sistema. Además de la definitiva asunción con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de la financiación de los complementos a mínimos, otros costes pueden financiarse también con cargo a la imposición general, siendo en todo caso indispensable abordar una reforma fiscal en profundidad que garantice la suficiencia de nuestro sistema tributario para financiar el desarrollo de la protección social.
De igual forma puede actuarse, en su caso, modificando los tipos de cotización para orientarlos a salvaguardar la sostenibilidad del sistema, e incrementar las bases de cotización para mejorar los ingresos. Sin embargo, con esta reforma corremos un riesgo a la tendencia opuesta, a que se retiren de forma indirecta ingresos del sistema mediante reducciones y bonificaciones de las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Se abre la puerta a que el incremento de los ingresos que recibirá el sistema a base de alargar los años trabajados no acabe sirviendo para la sostenibilidad del mismo, sino para reducir las cuotas empresariales.
Por último, frente al retraso obligatorio de la edad de jubilación, es factible seguir acercando la edad real a la ordinaria o legal, compaginando los estímulos para alargar voluntariamente la edad de jubilación con la revisión de los coeficientes reductores para la jubilación anticipada, aprovechando el margen que existe en términos de equilibrio financiero.
Este Proyecto de Ley incide en el gasto sin medidas efectivas sobre los ingresos del sistema. Y los colectivos que se incorporan al mercado de trabajo en situaciones más precarias, serán los mayores afectados por las reformas paramétricas que incorpora.
Es también una reforma con un fuerte elemento de inequidad generacional al recortar las expectativas de futuro de toda una generación de personas jóvenes. Además de estar afectadas por una elevada tasa de desempleo, quienes se han incorporado al mercado de trabajo en los últimos años sufren una elevada inestabilidad laboral por la precariedad y temporalidad fruto de las sucesivas reformas del mercado de trabajo. Este es un Proyecto de Ley injusto para esta parte tan importante de la ciudadanía que sufren una situación precaria sin visos de recuperación y que ahora, para obtener una pensión medianamente digna, no tendrán otra alternativa que incrementar sustancialmente sus años trabajados y retrasar su edad de jubilación.
Una reforma que, en suma, ni está justificada desde el punto de vista económico, ni es equitativa desde el punto de vista social.
Por todos estos motivos se propone el rechazo del texto del Proyecto de Ley y su devolución al Gobierno.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 9 enmiendas al Proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
Palacio del Senado, 7 de julio de 2011.-El Portavoz, Ramón Aleu i Jornet.

ENMIENDA NÚM. 1

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1.



ENMIENDA
De supresión.
Se suprime el artículo 1.
JUSTIFICACIÓN:
La nueva redacción que se contempla del artículo 50 de la Ley General de la Seguridad Social altera sustancialmente la institución de la pensión mínima, configurada hasta ahora como el límite que anualmente el legislador considera mínimo adecuado y suficiente para la cuantía de las pensiones contributivas en su función de sustitución de rentas y que, hasta ahora, por razón de su naturaleza, ha sido diferente del importe establecido como garantía de subsistencia propio de las pensiones no contributivas. Con esta modificación legal ya no habría una, sino diversas pensiones mínimas cuya asignación y evolución se liga y condiciona a las cuantías de las de naturaleza no contributiva.
Por tanto, de prosperar la regulación propuesta por el Proyecto de Ley en este punto, ya no existirá la garantía de una pensión mínima contributiva, puesto que en último término lo que operará será el suelo de subsistencia no contributivo.
Esta modificación, por la que queda afectado uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el sistema, la garantía de mínimos para quienes han contribuido al sistema en el tiempo y con la intensidad exigidos por éste, debe ser reconsiderada para, en todo caso, evaluar previamente sus efectos.
Las nuevas exigencias y condiciones en las que se accede a las prestaciones de jubilación y el nuevo régimen de integración de los vacíos de cotización para el cálculo de la base reguladora de las prestaciones de incapacidad y jubilación, deben ser tenidas en cuenta para valorar las consecuencias a corto, medio y largo plazo de la modificación adicional del artículo 50 de la LGSS; modificación que, por otro lado, ni siquiera ha sido debatida con los interlocutores sociales.
La norma traslada solo uno de los aspectos de la recomendación decimoquinta de la Comisión del Pacto de Toledo en materia de solidaridad y garantía de suficiencia, por lo que el efecto de esta aplicación parcelada resulta contradictorio con los objetivos buscados por el conjunto de medidas contemplados en la citada recomendación. Pero además, esta incorporación parcial y automática, puede producir, así lo entendemos, efectos no deseados por la Comisión.
Uno de estos efectos puede ser el impacto claramente negativo en materia de género. Los datos señalan que, en agosto del 2010, el número de pensionistas con complemento a mínimos ascendía a 2.406.421, de los cuales 1.491.229 son mujeres y 915.192 varones. Por clases de pensión, la incidencia por género no es solo superior en la pensión de viudedad, donde 705.938 de los beneficiarios de complementos a mínimos son mujeres frente a los 13.955 beneficiarios hombres; ocurre en prácticamente todas las demás clases y modalidades, salvo cuando se trata de la modalidad de cónyuge a cargo, donde también resulta afectada la mujer que forma parte de la unidad familiar, y en las modalidades de gran invalidez o invalidez absoluta.

En el Régimen especial de Empleadas de Hogar (donde el 92,31% son mujeres) el 66,42% de las altas de pensiones de jubilación y el 50% de las altas de pensiones de incapacidad tienen complementos a mínimos, en contraposición con el 11,02% y 8,18% en las mismas pensiones, respectivamente, en el Régimen General.


Nada indica que esta realidad pueda corregirse en un futuro próximo, de ahí que las futuras pensiones con complementos a mínimos afectadas por la nueva limitación serán devengadas mayoritariamente por mujeres. Este sesgo de género evidencia la falta de neutralidad de la medida lo que constituye una razón más para su supresión.
Asimismo, tal y como se manifiesta en el Dictamen del CES al Anteproyecto de Ley para la actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad social, la limitación a los complementos a mínimos que se contempla en el apartado 2 del artículo 50 proyectado, entra en clara contradicción con su primer apartado, puesto que, bajo la limitación contemplada, la cuantía de una pensión con complemento a mínimo podría no llegar a alcanzar la pensión mínima establecida legalmente, contradiciendo, por tanto, lo establecido en el apartado primero del precepto en cuestión.
En todo caso, lo inaceptable de este artículo, obviamente, no son las deficiencias técnicas, sino su contenido, ya que, insistimos, en la práctica hace desaparecer la institución misma de la pensión mínima, tradicional en las prestaciones contributivas. De forma que habrá quién, reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos por el sistema para acceder a una prestación contributiva, por avatares profesionales o personales, sólo alcance a percibir, de hecho, la cuantía de una pensión no contributiva.
ENMIENDA NÚM. 2

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5. Uno.



ENMIENDA
De modificación.
Se modifica la letra d) del subapartado A) del apartado 2 del artículo 161 bis modificado en el apartado uno del artículo 5, en los siguientes términos:
“d) Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una situación de crisis o cierre de la empresa que impida objetivamente la continuidad de la relación laboral. A estos efectos, las causas de extinción del contrato de trabajo que podrán dar derecho al acceso a esta modalidad de jubilación anticipada serán las siguientes:
a. El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, autorizado por la autoridad laboral conforme al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
b. El despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores.
c. El despido objetivo conforme a lo previsto en el artículo 52.e) del Estatuto de los Trabajadores.
d. La extinción del contrato por resolución judicial, conforme al artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
e. La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, o la extinción de la personalidad jurídica del contratante.
f. La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor.
(…).”
JUSTIFICACIÓN:
La situación de crisis en la empresa que puede dar lugar a la extinción del contrato de trabajo no se origina exclusivamente por causas económicas sino que, como refleja nuestra legislación laboral, puede derivarse de causas técnicas, organizativas o de producción, tal y como quedan descritas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Estas otras causas pueden conducir a las dificultades que autorizarían las decisiones extintivas, tanto a nivel colectivo, conforme al artículo 51del Estatuto de los Trabajadores, como a nivel individual, conforme a su artículo 52.
El precepto establece un derecho subjetivo a la jubilación anticipada por pérdida del trabajo derivada de crisis en la empresa y restringe a la causa económica la razón de dicha crisis sin que se encuentre ninguna justificación a ese trato diferenciado entre los despidos por causas económicas y los efectuados por causas técnicas, organizativas o de producción. Esta distinción resulta aún más injustificada cuando las demás consecuencias que el ordenamiento jurídico anuda a estas extinciones no se diferencian por razón de la causa, siempre que se trate de alguna de las cuatro citadas. Como señala el Dictamen del CES esta acotación introduce un importante factor de distorsión en las relaciones laborales en la empresa, además de generar una diferenciación injustificada entre los trabajadores, a la hora de acceder a la jubilación, en función de la causa de la crisis que da lugar a la extinción de sus contratos.
Por otro lado, resulta adecuado incorporar igualmente la causa prevista en la letra e) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. La insuficiencia de consignación presupuestaria para el mantenimiento de los contratos para la ejecución de planes y programas públicos determinados, conforme señala dicho precepto, justifica los despidos por causas objetivas de los trabajadores afectados por razones de la misma naturaleza que las previstas en el precepto para acceder a esta modalidad de jubilación anticipada.
ENMIENDA NÚM. 3

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5. Uno.

ENMIENDA
De supresión.
Se suprime la letra b) del subapartado A) del apartado 2 del artículo 161 bis modificado en el apartado uno del artículo 5.
JUSTIFICACIÓN:
La nueva regulación de la jubilación anticipada mantiene, para la modalidad de jubilación por cese involuntario en el trabajo, la exigencia de la inscripción y permanencia como demandante de empleo del beneficiario durante, al menos, 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación.
Este requisito, que ya podría ser cuestionado en la regulación actualmente vigente por no exigirse en todos los casos de jubilación anticipada, no cumple en la regulación proyectada función alguna relevante para el sistema y no debe exigirse como así ocurre con la modalidad de jubilación anticipada voluntaria.
ENMIENDA NÚM. 4

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6.

ENMIENDA
De supresión.
Se propone la supresión del artículo 6 del Proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, relativos a la modificación de la jubilación parcial prevista en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social.
JUSTIFICACIÓN
Se propone la modificación por cuanto se endurecen los requisitos de acceso a este tipo de jubilación cualificada sin que exista, igualmente como se propuso para el caso de la edad ordinaria, elementos objetivados de suficiente entidad para emprenderlos, y más cabe, cuando el resultado para los beneficiarios puedes ser tan negativo. Además, este tipo de prestaciones han sido un importante instrumento para fomentar las transiciones laborales en las empresas, aprovechando el conocimiento experto de los trabajadores de mayor edad. Cualquier medida que repercuta en un empeoramiento de esta prestación, impactará negativamente en ello.
En este artículo se introducen modificaciones en la regulación de la jubilación parcial (artículo 166 RDL 1/1994) para ajustarla al aumento de la edad ordinaria de jubilación y se suprimen las actuales referencias a los supuestos en que, debido a los requerimientos específicos del trabajo realizado por el jubilado parcial, el puesto de trabajo no pueda ser el mismo o uno similar que el que vaya a desarrollar el trabajador relevista.
Se establece, además, la obligación de mantener la cotización que hubiera correspondido a empresa y trabajador jubilado parcialmente, de continuar éste trabajando a jornada completa. Esto significa a efectos prácticos que la jubilación parcial, con la celebración simultánea de un contrato de relevo, quedará reducida a una mínima expresión, porque es difícil pensar que un empresario cotice por horas que no se trabajan en la empresa.

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