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Miembros de la aldea de chichupac y comunidades vecinas del municipio de rabinal


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NFORME No. 6/14

CASO 12.788

FONDO

MIEMBROS DE LA ALDEA DE CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL



GUATEMALA

I. RESUMEN 1

B. Análisis de Derecho 46

1.Cuestiones previas 46

V. CONCLUSIONES 79



INFORME No. 6/14

CASO 12.788

FONDO

MIEMBROS DE LA ALDEA DE CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL



GUATEMALA

2 de abril de 2014




I. RESUMEN





  1. El 13 de diciembre de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una petición presentada por la Asociación Bufete Jurídico Popular (en adelante "los peticionarios"), en la cual se alegó la responsabilidad internacional de la República de Guatemala (en adelante “el Estado”, “el Estado guatemalteco” o “Guatemala”) por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de los indígenas maya achí de la aldea Chichupac y comunidades vecinas (Xeabaj, Chijom, Coyojá, El Tablón, Toloxcoc y El Apazote), municipio de Rabinal, a través de una serie de actos entre 1981 y 1986.




  1. Según los peticionarios, el Ejército de Guatemala y sus colaboradores, a través de una política estatal determinada, ejecutaron una masacre en la aldea Chichupac el 8 de enero de 1982, donde fueron torturadas y asesinadas 32 personas. Asimismo, entre agosto de 1981 y 1986 cometieron actos tales como ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, omisiones de auxilio, detenciones ilegales, y trabajos forzados en perjuicio de 54 pobladores de la aldea Chichupac y comunidades vecinas.




  1. El Estado no controvirtió los hechos alegados por los peticionarios. En sus primeras comunicaciones, señaló que la denuncia comprende una multiplicidad de casos cuyo trámite conjunto sería improcedente. Posteriormente, el Estado aceptó su responsabilidad internacional “por las violaciones alegadas y fundamentadas por los peticionarios, a partir de la ejecución de los hechos hasta la presente fecha, respecto de las víctimas plenamente identificadas cuya violación de derechos se comprueba mediante los expedientes abiertos ante las instituciones de justicia nacional, y respecto a las víctimas individualizadas que se encuentren documentadas en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico”.




  1. Tras analizar la información disponible la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 y 25  de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, así como del artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de las personas que se indican en cada una de las secciones del presente informe.


II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN POSTERIOR A LA APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMISIBILIDAD No. 144/10


  1. El 13 de diciembre de 2007 se presentó la presente petición, cuyo trámite hasta la decisión sobre admisibilidad se encuentra explicado en detalle en el informe de admisibilidad emitido por la CIDH el 1 de noviembre de 20101. En dicho informe la Comisión declaró la admisibilidad de la petición e indicó que los hechos alegados podrían caracterizar violación de los derechos establecidos en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 24 y 25  de la Convención Americana en conexión con el artículo 1.1 del mismo instrumento y del artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Además, en aplicación del principio iura novit curia la Comisión concluyó que la petición es admisible por la presunta violación de los derechos establecidos en los artículos 3 y 23 de la Convención, ambos en conexión con el artículo 1.1 del mismo instrumento.




  1. El 29 de noviembre de 2010 la CIDH envió una comunicación a las partes comunicándoles sobre la aprobación del informe de admisibilidad y se puso a su disposición a fin de llegar a una solución amistosa. Asimismo, conforme al Reglamento entonces vigente, le solicitó a los peticionarios que presentaran sus observaciones adicionales sobre el fondo en un plazo de dos meses. El 28 de febrero de 2011 los peticionarios presentaron sus observaciones adicionales sobre el fondo e indicaron que no tenían interés en un proceso de solución amistosa. El Estado presentó observaciones el 22 de marzo, 17 de junio y 29 de julio de 2011.




  1. Posteriormente, los peticionarios presentaron observaciones el 24 de septiembre, 1 y 7 de noviembre y 19 de octubre de 2011; 22 de marzo, 29 de junio y 19 de octubre de 2012; 13 de septiembre y 11 de diciembre de 2013; y 10, 19 y 20 de marzo de 2014. Por su parte, el Estado presentó observaciones el 25 de enero, 16 de marzo, 28 de junio y 26 de octubre de 2012; y 24 de julio, 24 de septiembre y 11 de diciembre de 2013.




  1. Todos los escritos fueron debidamente trasladados entre las partes.


III. POSICIÓN DE LAS PARTES


      1. Posición de los peticionarios




  1. Los peticionarios describieron la masacre sucedida en la aldea de Chichupac el 8 de enero de 1982, donde habrían sido torturadas y asesinadas 32 personas. Asimismo, narraron que entre agosto de 1981 y diciembre de 1986, se cometieron actos tales como ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, omisiones de auxilio, detenciones ilegales y trabajos forzados en perjuicio de pobladores de la aldea Chichupac y comunidades vecinas.




  1. Según los peticionarios, todos los hechos se produjeron bajo una política nacional de persecución y exterminio por parte del Estado de Guatemala ejecutada por el Ejército Nacional, bajo la dirección de distintos gobiernos militares contra miembros del pueblo indígena maya. Resaltaron que el modus operandi de los miembros del Ejército Nacional y sus fuerzas aliadas fue igual al que aplicaron durante la perpetración de otras masacres en diversas partes del país. Ello se caracterizaba por reunir a las víctimas en espacios cerrados, torturarlos y asesinarlos a través de machetazos, degollamientos o disparos. Asimismo, indicaron que quemaban los cadáveres y/o los enterraban en cementerios clandestinos. Con respecto a las mujeres, sostuvieron que eran violadas y luego forzadas a cocinar para los militares. Finalmente, señalaron que esta política se caracterizaba por saquear las aldeas y proceder a quemarlas, para posteriormente establecer “aldeas modelos” a fin de controlar a los habitantes de las comunidades.




  1. Indicaron que dicha política se replicó en contra de la población maya achí del municipio de Rabinal, Departamento de Baja Verapaz, quienes fueron acusados de colaborar o pertenecer a la guerrilla.




  1. El detalle de los hechos y los procesos internos será referido en el análisis fáctico de la Comisión, con base en la información aportada por ambas partes. En esta sección se efectúa un resumen de los principales argumentos de derecho esbozados por los peticionarios.




  1. Los peticionarios reconocieron la aceptación de responsabilidad internacional del Estado. En relación con la masacre de 8 de enero de 1982, alegaron que el Estado violó el derecho a la vida de las presuntas víctimas al ser asesinadas. Debido a la privación arbitraria de sus vidas, también señalaron que se violó su derecho a la honra y dignidad. Los peticionarios sostuvieron que se vulneró su derecho a la integridad física puesto que fueron objeto de actos de tortura mientras estaban en la clínica de la aldea Chichupac donde fueron reunidos. Asimismo, indicaron que antes de ser asesinados padecieron angustia y sufrimiento. Alegaron que el Estado violó su derecho a la libertad personal en tanto fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria en la clínica durante al menos seis horas.




  1. Adicionalmente, los peticionarios alegaron que se vulneró el derecho a la vida de las presuntas víctimas que fueron ejecutadas y desaparecidas en los hechos comprendidos entre 1981 y 1986. Agregaron que el Estado violó el derecho a la integridad de las presuntas víctimas que fueron torturadas, desaparecidas y violadas sexualmente.




  1. Los peticionarios manifestaron que los hechos alegados destruyeron el tejido social de la aldea Chichupac y las comunidades vecinas. Resaltaron que las presuntas víctimas y sus familiares no pudieron practicar su religión y sus creencias de manera individual o colectiva debido a la persecución y temor que tenían. Asimismo, señalaron que al estar controlados en una colonia militar que se estableció en 1984 no pudieron practicar su espiritualidad y creencias mayas. De esta forma, indicaron que se generó la pérdida de su identidad cultural y dinámica social.




  1. Con respecto al derecho de asociación, indicaron que los miembros de la aldea Chichupac y del caserío Xeabaj fueron obligados a participar en las Patrullas de Autodefensa Civil (en adelante “PAC”) desde fines de 1981. Resaltaron que si se rehusaban a formar parte de dicho grupo eran perseguidos, ejecutados o desaparecidos y acusados de ser miembros de la guerrilla.




  1. En relación con el derecho a la familia, los peticionarios sostuvieron que el Estado incumplió su deber de proteger a las familias de las aldeas. Por el contrario, indicaron que no se respetó la vida de sus habitantes.




  1. Respecto del derecho a la propiedad, alegaron que el Estado les privó de sus bienes cuando quemó sus casas, cortó y destruyó sus siembras, y robó su ganado y otros animales. En relación con el derecho a la igualdad ante la ley, los peticionarios indicaron que los hechos alegados suponen una discriminación en contra de los indígenas.




  1. Adicionalmente, los peticionarios alegaron que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Indicaron que a pesar de presentar las denuncias correspondientes por los hechos alegados, lo cual incluyó brindar declaraciones y gestionar peticiones administrativas por certificaciones de partidas de nacimiento y defunción ante la Registradora Civil de la Municipalidad de Rabinal, no se han evidenciado mayores avances en los mismos. Al respecto, señalaron que no se han realizado mayores diligencias a fin de esclarecer lo sucedido e identificar a los autores intelectuales y materiales, a pesar de que se tendría información sobre los mismos.




  1. Los peticionarios sostuvieron que la denegación de justicia se ha prolongado hasta la fecha lo cual constituye una situación de impunidad. En ese sentido, señalaron que el retraso en los procesos constituye una violación continuada y que afecta de manera severa a las presuntas víctimas y sus familiares.




  1. Informaron que las presuntas víctimas y sus familiares son personas que viven en estado de pobreza y que continúan afectados psicológicamente puesto que continúan viviendo bajo amenazas e intimidaciones por los “ex-judiciales” y ex-miembros de las PAC, quienes siguen viviendo en las mismas comunidades del municipio de Rabinal.




  1. Los peticionarios sostuvieron que los pagos económicos que realiza el Programa Nacional de Resarcimiento (en adelante “el PNR”) no constituyen una reparación digna, justa e integral y no compensa ni constituye restitución i) del daño material causado a las comunidades; ii) del dolor y sufrimiento psíquico y moral que los familiares de las víctimas continúan sufriendo; y iii) del daño a la espiritualidad y la cultura ocasionado por la ruptura de su cultura maya achí. Indicaron que el procedimiento que contempla es lento e irregular.




  1. Los peticionarios manifestaron que únicamente ocho familiares de todas las presuntas víctimas habrían iniciado el trámite ante el PNR y que los montos recibidos no incluyen todas las violaciones cometidas ni se refieren a todas las víctimas por las cuales se les debería haber indemnizado. Agregaron que la manera en la cual el PNR está compensando a las personas está causando divisionismos y daños adicionales en los miembros de las familias y en las comunidades. En ese sentido, resaltaron que en diversos casos quedan excluidos hermanos consanguíneos cuando se trata de resarcimiento económico de violaciones cometidas contra los padres. Asimismo, señalaron que el PNR excluye a algunas presuntas víctimas cuyos nombres aparecen registrados en la base de datos de las ex-PAC. Indicaron que los familiares de dichas personas tampoco han sido indemnizadas por la Oficina de Atención a ex-PAC.




  1. Finalmente, agregaron que el Estado se rehusó a reconstruir las más de cien viviendas destruidas en Chichupac, Xeabaj y comunidades vecinas. Indicaron que el Estado sólo construyó 31, de las cuales diez corresponden a familiares de las presuntas víctimas, y que ello ha generado tensiones en las comunidades entre las personas que sus viviendas fueron reconstruidas y las que no recibieron nada.


B. Posición del Estado


  1. EL Estado no controvirtió los hechos alegados por los peticionarios. Por el contrario, el Estado aceptó su responsabilidad internacional en el presente caso en los términos que se indican infra.




  1. Sin perjuicio de ello, sostuvo que se adelantan las investigaciones judiciales a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Respecto del plazo transcurrido en los procesos, sostuvo que “se continuará indagando sobre las causas que ocasionan el retardo en el diligenciamiento”. En relación con los supuestos de desaparición forzada, el Estado resaltó que durante la época en que ocurrieron los hechos no estaba tipificado el delito de desaparición forzada. Por ello, indicó que conforme a su Constitución no puede perseguir penalmente los hechos de desaparición forzada alegados por los peticionarios bajo dicha tipificación penal.




  1. Agregó que las presuntas víctimas y sus familiares pueden acceder al Programa Nacional de Resarcimiento, el cual “tiene como misión dignificar a las víctimas civiles del conflicto armado interno, en el marco de su identidad cultural, para contribuir a la reconciliación de la sociedad”. Resaltó que los familiares de las presuntas víctimas pueden acceder al PNR en tanto los hechos denunciados se fundamentan principalmente en el Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica. Sostuvo que el PNR cuenta con catorce sedes regionales, siendo una de ellas instalada en el municipio de Rabinal, donde se encuentra la aldea Chichupac y comunidades vecinas. Resaltó que hay 52 expedientes ante el PNR tramitados por personas de la aldea Chichupac. Indicó que los familiares de las presuntas víctimas que ya recibieron un monto de dinero bajo del PNR no podrán recibir una nueva indemnización ya que “no es posible realizar dos pagos por el mismo concepto”.




  1. Asimismo, señaló que el PNR establece que los ex integrantes de las PAC no pueden recibir ningún tipo de compensación en tanto “constituyeron durante el conflicto armado interno (…) una especie de colaboradores del Ejército Nacional para someter a las comunidades al control que se ejercía sobre la población civil”. Indicó que se han realizado indemnizaciones a través de un programa de pago a ex integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil.




  1. Adicionalmente, el Estado se comprometió a “hacer las consultas necesarias para verificar si se han recuperado o identificado osamentas, en los lugares señalados por los peticionarios”.




  1. En sus dos últimos escritos el Estado presentó alegatos respecto a un eventual sometimiento del caso a la Corte Interamericana, particularmente: i) la falta de competencia contenciosa de la Corte para conocer el presente caso; y ii) la falta de competencia de la Corte para interpretar y aplicar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada en el presente caso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL FONDO
A. Reconocimiento de responsabilidad del Estado de Guatemala


  1. El 28 de julio de 2011, el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad internacional en los siguientes términos:

El Estado de Guatemala manifiesta que en el presente caso acepta su responsabilidad internacional por las violaciones alegadas y fundamentadas por los peticionarios, a partir de la ejecución de los hechos hasta la presente fecha, respecto a las víctimas plenamente identificadas, cuya violación de derechos se comprueba mediante los expedientes abiertos ante las instituciones de justicia nacional, y respecto a las víctimas individualizadas que se encuentren documentadas en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.




  1. La Comisión valora positivamente el reconocimiento efectuado por el Estado guatemalteco. De la revisión del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y el respectivo cotejo con los hechos del presente caso, la Comisión constata que el reconocimiento de responsabilidad del Estado incluye, al menos, los siguientes aspectos:




  • la masacre en la Aldea Chichupac de 8 de enero de 1982 (infra párrs. 72-82);

  • la detención y desaparición de Lorenzo Depaz Siprian (o Florencio Depaz Cipriano) y la detención de Ciriaco Galiego López de 8 y 9 de enero de 1982 (infra párrs. 103-104);

  • la desaparición de Leonardo Cahuec González de 18 de enero de 1982 (infra párrs. 110-111);

  • la detención y ejecución de Gorgonio González González, Gabino Román Yvoy y Eustaquio Ixtecoc de 26 de noviembre de 1982 (infra párrs. 125-127); y

  • la ejecución de Rosa González Tecú, Enriqueta Tecú, Luciano Alvarado Xitumul, Héctor Rolando Alvarado García, Adela Florentina Alvarado García, Luciana Xitumul Ixpancoc, María Concepción Xitumul Xitumul y una niña de nombre desconocido entre 0 y 3 meses de edad de 2 de marzo de 1983 (infra párr. 128).




  1. Del lenguaje utilizado en el reconocimiento de responsabilidad, la Comisión observa que el mismo incluye también aquellos casos respecto de los cuales existe un expediente abierto en “las instituciones de justicia nacional”. En ese sentido, además del listado señalado en el párrafo anterior, la Comisión se remite a la determinación fáctica que se efectúa a continuación sobre los casos en los cuales se han presentado denuncias y existe un expediente abierto, a fin de incorporarlos también dentro del reconocimiento de responsabilidad.




  1. En virtud de lo anterior, la Comisión otorga efectos jurídicos al reconocimiento de responsabilidad del Estado.




  1. Teniendo en cuenta la necesidad de contribuir a la recuperación de la verdad, así como el efecto reparador del esclarecimiento de los hechos para los familiares, la Comisión procede a continuación a efectuar una determinación del contexto, de los hechos del caso y de sus consecuencias jurídicas a la luz de la Convención Americana. En la determinación de los hechos, además de la prueba disponible, la Comisión tomará en especial consideración el reconocimiento de responsabilidad del Estado.


B. Hechos probados
1. Antecedentes y contexto
1.1. Conflicto armado en Guatemala: Causas y política estatal


  1. En Guatemala, entre los años 1962 y 1996 hubo un conflicto armado interno. Entre las causas de dicho conflicto identificadas por la CEH en su informe “Guatemala: Memoria del Silencio” (en adelante “informe de la CEH” o “Memoria del Silencio”), se encuentra la injusticia estructural imperante, el racismo y la exclusión institucional de amplios sectores de la sociedad2.




  1. El conflicto armado en Guatemala significó grandes costos humanos, materiales, institucionales y morales. Durante este período se ha estimado en más de doscientas mil las víctimas de ejecuciones arbitrarias y desaparición forzada3. Asimismo, el 91% de las violaciones registradas por la CEH se produjo entre los años 1978 y 1983, bajo las dictaduras de los generales Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-1983), convirtiéndose en el período más violento del conflicto armado4. En términos étnicos los miembros del pueblo indígena maya representaron el 83% de las víctimas del conflicto5.




  1. Durante el conflicto armado interno se aplicó la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional6, la cual fue adoptada desde fines de los años sesenta por los gobiernos y fuerzas armadas de distintos países de las Américas, como respuesta a la acción y el discurso de movimientos insurgentes. Durante el período del enfrentamiento armado en Guatemala, la noción de “enemigo interno”, un componente central de dicha doctrina, se amplió cada vez más. En su investigación, la CEH concluyó que en aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional las fuerzas del Estado y grupos patrulleros afines fueron responsables del 93% de las violaciones de derechos humanos documentadas durante el conflicto armado7.




  1. Cabe resaltar que en marzo de 1982, como resultado de un golpe de Estado, se instaló una Junta Militar de Gobierno presidida por José Efraín Ríos Montt e integrada por los vocales Horacio Egberto Maldonado Schaad y Francisco Luís Gordillo Martínez. Dicha Junta Militar conformó la máxima autoridad de la República de Guatemala hasta el 8 de junio del mismo año, fecha en la que Ríos Montt8 asumió los cargos de Presidente de la República y Ministro de la Defensa Nacional. Ríos Montt permaneció como Presidente de facto hasta el 31 de agosto de 19839.




  1. La Junta Militar y el Alto Mando diseñaron y ordenaron la implementación de un plan de campaña militar llamado “Victoria 82”, utilizando nuevas definiciones estratégicas dentro del marco de la contrainsurgencia y los objetivos del Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo10.




  1. El Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo y el Plan de Campaña Victoria 82 fueron implementados por el Ejército en 1982 y dirigidos especialmente contra los frentes guerrilleros del noroeste y norte del país. En el apéndice H del Plan Nacional de Seguridad mencionado se expresa la necesidad de negar el acceso a los subversivos a la población que constituye su base social y política y entre las tácticas a emplearse contra la guerrilla se señalan: engañarlos, encontrarlos, atacarlos y aniquilarlos. La CEH concluyó que “la misión es aniquilar a la guerrilla y organizaciones paralelas”11. Así pues, el mencionado plan de campaña militar ordenó el aniquilamiento de los considerados “subversivos” o “enemigo interno”12.




  1. La política contrainsurgente en Guatemala se caracterizó, especialmente durante la época más violenta del conflicto, por acciones militares destinadas a la destrucción de grupos y comunidades como tales, a través de matanzas de población indefensa, las llamadas masacres13 y las operaciones de tierra arrasada14. La CEH registró 626 masacres cometidas por las fuerzas del Estado durante el conflicto armado15, apoyado por estructuras de patrulleros, tales como los Comisionados Militares16 y los Judiciales17 y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC)18.




  1. Respecto de las PAC, cabe resaltar que a fines de 1981, el régimen militar de facto del General Ríos Montt preparó una estrategia contrainsurgente para involucrar de modo activo a la población civil, especialmente a las comunidades mayas. Es así como las PAC surgieron como grupos de hombres civiles organizados coercitivamente por el Ejército como fuerza paramilitar complementaria, con la intención de causar una desintegración social19. Al respecto, la CIDH en su Informe Especial de 1985 documentó que las PAC “cumplen en sus aldeas, principalmente, labores de patrullaje, defensa y control [y] se encuentran reguladas por diversos dispositivos legales, reglamentos y órdenes superiores de carácter militar” 20.



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