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Menem, Eduardo


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Menem, Eduardo

Buenos Aires, octubre 20 de 1998. - Visto los autos Menem, Eduardo s/querella por calumnias e injurias. Imputado: Tomás Sanz.




Considerando: 1° Que Ediciones de La Urraca, S.A. publicó en el mes de julio de 1991 el ejemplar Nº 294 de la revista Humor, en cuyas págs. 43 a 58 se incluyó un artículo titulado: Informe especial - 2 años de corrupción. La nota en cuestión comenzaba con una aclaración general dirigida al lector que advertía acerca de cuál era su contenido. En tal sentido, en la pág. 43 se señalaba que en el informe estaba condensada ...casi toda la corrupción detectada entre julio de 1989 y julio de 1991. Gobernantes, funcionarios y políticos implicados. También empresarios, artistas y periodistas. Todos los casos han sido denunciados ya y son conocidos. Los 100 acumulados en este informe constituyen un documento contundente y desolador....




Uno de esos acumulados, el Nº 32, se refería al entonces senador de la Nación, doctor Eduardo Menem, en los siguientes términos:




...El semanario uruguayo Brecha publicó en marzo de 1990 el recibo de un depósito bancario que habría realizado Eduardo Menem, su esposa Susana Valente y Armando Gostanián, amigo de los Menem, dueño de la fábrica de camisas Rigards y director de la Casa de Moneda. Sus nombres aparecen como presuntos titulares de un contrato de depósito bancario a plazo fijo sobre una entidad financiera de Punta del Este: el Banco Pan de Azúcar.... Importe del depósito 214.558 dólares. Fecha del depósito: 12 de febrero de 1990 coincidente con una de las tantas corridas del dólar (que entonces se cotizaba a 3.100 australes)...Eduardo Menem negó toda relación con el hecho: Ese documento es apócrifo... El periodista uruguayo Samuel Blixen que investigó para Brecha especificó: La cuenta a plazo fijo en la sucursal de Punta del Este asciende a 1.700.000 dólares, contabilizando el depósito del 12 de febrero...A pesar de la publicación del documento todo quedó en una nebulosa. No fue investigado... (lo transcripto en negrita corresponde al original).




El texto precedentemente transcripto fue acompañado por la reproducción de una fotografía del citado legislador nacional con la siguiente frase puesta al pie: ...Eduardo Menem con el depósito lleno.... Ese retrato y frase era uno de tantos reproducidos en las paginas 50 y 51, en las cuales, asimismo, fue incluido un recuadro que, bajo el título general CARISIMAS, contenía por su parte el siguiente pasaje Algunos fueron encarcelados. Otros acusados, apresados o liberados. Unos resultaron separados de sus cargos públicos. A otros se los procesó y aún hay fallos pendientes. Sobre un puñado planea la sospecha. Algunos no son responsables. Pero los dueños de estas caras han tenido relación (directa o indirecta) con hechos de corrupción. Estas caras no son necesariamente culpables. Pero en todos los casos más que caras son carísimas.




2º Que el doctor Eduardo Menem querelló al director de la revista Humor, señor Tomás Miguel Sanz, y a los periodistas firmantes del artículo Informe Especial - 2 años de corrupción, Pablo Alonso, Fernando García, Rosalía Iturbe, Sergio Nuñez, Ricardo Parrota y Fernando Sánchez, en orden al delito de calumnias y/o injurias y/o reproducción de injurias vertidas por otro (arts. 109 y/o 11 y 113, cód. penal). A fin de abonar la procedencia de la acción penal, se sostuvo en el escrito inicial, entre otros conceptos, que la especie referida a Eduardo Menem había sido vertida o reproducida con conciencia de la falsedad de la imputación, desde que el episodio se describió incompleto, sin referencia alguna a los desmentidos institucionales que oportunamente tuvieron lugar, y con una intencionalidad evidenciada en las características del contenido y composición del libelo, que excluyen la posibilidad de calificar la nota como un aséptico trabajo de investigación periodística (fs. 5 vta.). En este sentido, se afirmó que resultaba decisivo para tener por configurado el dolo, la circunstancia de haberse propalado la especie injuriante meses después que, tras haber sido difundida por otros medios, había sido objeto de las aclaraciones pertinentes y demostrada la falsedad de la versión, incluso a través de certificaciones, y no simplemente mediante negativas dogmáticas o voluntaristas (fs. 7).




3º Que, en lo que aquí interesa recordar, el señor juez federal de primera instancia condenó a Tomás Miguel Sanz como penalmente responsable del delito de calumnias (art. 109 y 113, cód. penal), a la pena de un año de prisión en suspenso por considerarlo autor del mismo en su carácter de director/editor, con costas (fs. 249/253).




4º Que ese fallo fue apelado por la parte querellante, que requirió la elevación del monto de la condena y su publicación a costa del condenado (fs. 279/289), y también por este último, a fin de obtener un pronunciamiento absolutorio (fs. 290/300).




Conoció en ambos recursos la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Este tribunal, mediante los votos concurrentes de los jueces que lo integran, decidió confirmar parcialmente la sentencia de la instancia anterior, sustituyendo la calificación legal asignada por el juez, por la de infracción al art. 113, en función del art. 110, ambos del cód. penal, reduciendo en consecuencia el monto de la condena a un mes de prisión en suspenso. con costas (fs. 303/314).




5º Que los defensores de Tomás Miguel Sanz interpusieron el recurso extraordinario federal que obra a fs. 331/345, el que fue concedido por el tribunal a quo a fs. 368, previo traslado a la querella (fas. 351/363) y vista al fiscal ante la Cámara (fas. 365/366). La concesión alcanzó tanto a los agravios fundados en la cuestión federal alegada, como en la arbitrariedad de sentencia invocada por su carácter inescindible con lo anterior.




6º Que con las excepciones que se señalaran en los consids. 20 y 21, los restantes agravios vertidos en la apelación federal son formalmente admisibles, pues mediante ellos se controvierte el alcance otorgado por el tribunal a quo a la garantía constitucional de la libertad de prensa, habiendo sido la decisión apelada contraria al derecho fundado en aquélla (art. 14, inc 3º, ley 48).




7º Que, ante todo, corresponde advertir que la tarea de esta Corte no se encuentra limitada a la elaboración de principios constitucionales, pues debe además, en los casos que corresponda, revisar la prueba para confirmar que esos principios han sido constitucionalmente aplicados.




Ello es particularmente procedente a los fines de verificar si la sentencia constituye o no una intrusión indebida en el campo de la libre expresión.




8º Que las características especiales del caso, en tanto vinculadas a una actividad periodística que se encaminó a poner de relieve presuntos hechos de corrupción, obligan a destacar, una vez más, el principalísimo papel que cumplen los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción, a fin de desbaratar un flagelo que evidentemente se mueve en las sombras y a espaldas del ciudadano común, el que sólo soporta sus nefastas consecuencias.




En muchos casos, en efecto, es la prensa la que descubre la existencia de prácticas corruptas tanto en el ámbito de la actividad gubernamental, como en el ámbito de lo privado. Inclusive la actividad jurisdiccional actúa bajo el estímulo de la denuncia periodística sobre la existencia de hechos de esa naturaleza; la persistencia y reiteración de la noticia por los medios impide que tal denuncia caiga en el olvido, y sirve de acicate para aquellos que tienen una responsabilidad en orden a la buena marcha de los procesos administrativos o judiciales que se inicien en consecuencia; a la vez, la prensa, cuando es seria y responsable, controla el desenvolvimiento de los procedimientos, explica, en forma llana y simple, sin los tecnicismos propios de jueces y abogados, los pasos cumplidos en las causa, etc., todo lo cual brinda la necesaria transparencia que cuestión tan seria impone.




Al respecto, en estos tiempos en los cuales el fenómeno de la corrupción no es ya propio de los países periféricos sino que abraza también a los países centrales, la prensa tiene una responsabilidad histórica que cumplir, que de ningún modo puede ser coartada y, antes bien, debe ser facilitada por el Estado y especialmente por el Poder Judicial en el ámbito de su incumbencia (causa G. 88.XXXI Gesualdi, Dora Mariana c. Cooperativa Periodistas Independientes Limitada y otros [ED, 171-515], sentencia del 17 de diciembre de 1996, consid. 8º del voto del juez Vázquez).




9º Que, empero, ni aun la alegación del cumplimiento de tan alta responsabilidad, exime a los periodistas, editores o directivos de los medios informativos de ser sujetos de las sanciones penales o civiles que el ordenamiento jurídico prevé para los casos de transgresión ilegítima a otros bienes jurídicos, tales como el honor, el prestigio, la fama, etc., no menos tutelados por la Constitución Nacional que la propia libertad de prensa.




Dicho con otras palabras, el hecho de que la actividad del medio periodístico se relacione con la denuncia o la investigación de presuntos hechos de corrupción, no hace que sus responsables gocen de un ámbito protectorio infranqueable o inmune a las acciones penales o civiles.




En ese sentido, la necesidad de que la sociedad cuente con una prensa libre, capaz de denunciar eficazmente la corrupción estatal o privada, no sirve por sí misma, aisladamente considerada, como argumento para negar la debida protección a cualquier individuo que pueda ser sujeto de una denuncia falsa, distorsionada, tendenciosa o inclusive mordaz en grado tal que cause una verdadera lesión a valores tan preciados como la integridad moral y el honor.




Por el contrario, la gravedad del material que la prensa maneja en tales casos, con indudable potencialidad para menoscabar los referidos valores, tanto más si se trata de medios de amplia difusión social que de suyo otorgan a la noticia un notorio efecto multiplicador, justifica un actuar especialmente profesional de los periodistas, editores, etc. Ello significa que, en estos casos como, tal vez, en ningún otro, resulte posible exigir a los nombrados una conducta claramente responsable en medida tal que no existan vacilaciones acerca de que han obrado acorde a las circunstancias, y no con actitudes facilistas o teñidas de despreocupación por la consecuencias que, a la postre, pretendan encontrar justificativo en el falso velo del cumplimiento de una misión superior.




10. Que, en suma, aun cuando la actividad periodística se encamine a la denuncia de hechos de corrupción, ello no garantiza el irresponsable ejercicio del derecho de libertad de prensa pues, conforme lo ha señalado esta Corte, no existen en nuestra Constitución derechos absolutos en mengua de otros también reconocidos y de igual jerarquía, sin que quepa aislar unos de otros so riesgo de perder la armonía que asegure la convivencia en sociedad. En este sentido, la verdadera esencia de la libertad de prensa radica fundamentalmente en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas sin censura previa, esto es, sin el previo control de la autoridad sobre lo que se va a decir; pero no en la subsiguiente impunidad de quien utiliza la prensa como un medio para cometer delitos comunes previstos en el código penal (Fallos, 269:195, consid. 5º).




En consecuencia, como lo ha destacado el Tribunal Constitucional español, a la hora de aplicar los tipos penales que suponen un límite al ejercicio de las libertades de expresión e información, el órgano jurisdiccional deberá, no estimar preponderantemente en todo caso uno de los derechos en cuestión (protegiendo siempre la buena fama afectada, o el derecho a informar o a expresarse libremente), sino, habida cuenta de las circunstancias, ponderar si la actuación del informador se ha llevado a cabo dentro del ámbito protegido constitucionalmente, o, por el contrario, si se ha transgredido ese ámbito. Pues, en tanto la labor del informador se atenga a los fines y objetivos constitucionalmente previstos, no podrá considerarse que han afectado legítimamente la buena fama o el honor de una persona, o el prestigio de una institución de modo que quepa una sanción penal al respecto (conf. Tribunal Constitucional de España, sala Primera, sentencia Nº 105/1990. del 6 de junio de 1990, punto 3 de los fundamentos jurídicos, reg. PUYOL MONTERO y GENEROSO HERMOSO, Manual Práctico de doctrina constitucional en materia de derecho al honor, a la intimidad y derecho de rectificación, Madrid, 1991, pág. 871).




11. Que, aclarados los anteriores conceptos, cabe precisar que el querellado plantea, como primer agravio que le provoca la sentencia del a quo, el siguiente: sostiene que en el pronunciamiento condenatorio no se ponderó debidamente que la nota publicada en el Nº 294 de la revista Humor puso en juego el ejercicio de la libertad de opinión y no el ejercicio de la libertad de información que, como se sabe, son expresiones distintas de la prensa: y al haber obrado así, discurrió el tribunal indebidamente sobre si la noticia era falsa o verdadera, extremo este último cuya dilucidación sería sólo admisible tratándose de la generación de información o reproducción de ella, pero no cuando se trata de meras opiniones, que por ser tales no son susceptibles de juicio ponderativo alguno sobre su verdad o falsedad.




Que, así expuesto, el agravio mueve a examinar las siguientes cuestiones:




a) si lo publicado constituyó, como se pretende, una nota de opinión y no de información.




b) Si el a quo estaba o no habilitado para internarse, como lo hizo, en el ámbito de la veracidad o falsedad de la noticia a los efectos de juzgar la conducta del querellado.




12. Que, con relación al primer punto indicado, debe ser señalado que aun cuando por hipótesis pudiera ser admitido que el Informe Especial - 2 años de corrupción fue redactado con la finalidad de formular una opinión crítica del gobierno por una supuesta falta de respuesta frente a diversos episodios considerados configurativos de hechos de corrupción (así lo afirma la defensa del querellado a fs. 337 vta.), lo cierto es que el acumulado Nº 32 referente al doctor Eduardo Menem, no mostró una mera opinión sino que, por el contrario, describió un hecho fáctico concreto consistente en la colocación por aquél, su esposa y otro funcionario, de una cantidad considerable de divisas en el exterior con ánimo de obtener un beneficio económico derivado de las variaciones cambiarias experimentadas por la economía nacional en los primeros meses de 1990.




En tales condiciones, tratándose de la descripción de hechos puntuales, nada hay de opinión en el caso de que aquí se trata. La opiniones, por definición, no contiene afirmaciones fácticas como las aquí enjuiciadas, ni son verdaderas ni falsas. Son, precisamente, eso: opiniones, que podrán ser respetadas a la luz de la necesaria aceptación de la diversidad ideológica propia de las sociedades democráticas. Sin embargo, no es este el caso en el que, como se dijo, sólo medió una descripción de hechos que presuntamente concernían al querellante.




13. Que, definido lo anterior, cabe indagar ahora el otro aspecto ya adelantado, o sea, el de si estaba habilitada la cámara para internarse en la consideración de la veracidad o falsedad de la información publicada para juzgar acerca de la responsabilidad penal del querellado. En este sentido, cabe recordar que los votos concurrentes de los tres jueces del tribunal a quo coincidieron en reprocharle a Tomás Miguel Sanz el haber consentido la publicación del episodio que involucraba al doctor Eduardo Menem con total desinterés o despreocupación por la veracidad de lo relatado, más aun cuando la existencia de dicho evento había sido desmentida públicamente.




14. Que en el orden de ideas indicado, y con ánimo de clarificar la exposición, cabe remarcar que el caso sub examine tiene relación con una publicación que, en principio, reprodujo lo dado a conocer por otro medio o fuente. Por otra parte, ya ha quedado expuesto que lo publicado no se trató en un comentario de opinión, sino de una información que refería hechos fácticos concretos.




Para supuestos que observan las características indicadas (reproducción de informes de terceros que describen hechos fácticos y no opiniones), esta Corte ha señalado que un enfoque adecuado a la seriedad que debe privar en la misión de difundir noticias que puedan rozar la reputación de las personas impone, cuando la noticia reitera lo expresado por otro, propalar la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de modo potencial o dejando en reserva la identidad de los implicados en el hecho ilícito in re: Campillay, Julio César c. La Razón, Crónica y Diario Popular [ED, 118-305], Fallos, 308:789, consid. 7º).




Tal doctrina fue reafirmada en los autos Granada, Jorge Horacio c. Diarios y Noticias, S.A. [ED, 157-379] (Fallos, 316:2394), aclarándose allí -en lo que aquí interesa que la atribución de la noticia a una fuente debe ser sincera (consid. 6º).




Por su parte, los alcances con que debe cumplirse esa atribución sincera de la noticia a una fuente, fueron debidamente precisados en el caso Triacca, Alberto Jorge c. Diario La Razón y otros [ED, 157-367] (Fallos, 316: 2416), y más tarde en el precedente Pedro Francisco Espinosa c. Ernestina Herrera de Noble y otros [ED, 161-606] (Fallos, 317: 1448). En estos últimos fallos, el Tribunal señaló que para obtener la exención de responsabilidad del informador, es menester que éste hubiera atribuido directamente la noticia a una fuente identificable y que se trate de una transcripción sustancialmente fiel o idéntica de lo manifestado por aquélla.




15. Que del criterio que acaba de ser reseñado resulta que quien reproduce la noticia expresada por otro con indicación de la fuente, transcripción sustancial y fiel de ella, o utilizando un tiempo de verbo potencial, no puede ser responsabilizado por la inexactitud o falsedad de lo que publica, bastándole -para obtener una liberación de responsabilidad civil o penal acreditar la veracidad del hecho de las declaraciones del tercero, pero no la veracidad del contenido de ellas. Por la falsedad del contenido de la noticia será responsable el tercero que la generó, pero no quien se limitó a reproducirla con sujeción estricta a los recaudos indicados. La veracidad que debe acreditar quien reproduce la noticia dada por otro, se refiere únicamente al hecho de la declaración -no a lo declarado y ha de ser, en esa medida, sinónima de la verdad objetiva.




Esta es la conclusión que se desprende por necesaria inferencia del criterio desarrollado por esta Corte a partir del citado caso Campillay, siendo además el especialmente adoptado por el Tribunal Constitucional español (conf. sentencia 232/1993, del 12 de julio de 1993, punto 3 de los fundamentos jurídicos, registrada en Jurisprudencia Constitucional - Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1994, pág 950 y sigtes.).




16. Que sin embargo, lo precedentemente referido no puede ser objeto de generalizaciones o simplificaciones interpretativas.




Ello es así, en primer lugar, porque en muchos casos, la reproducción de lo publicado por otro, va acompañada de apostillas colocadas por el propio medio que repite la noticia. En tal caso, es evidente que el informador que formula esas apostillas -que no son reproducción se hace responsable de su contenido, quedando el supuesto lógicamente marginado de la doctrina esbozada a partir del caso Campillay.




Y, en segundo lugar, porque la protección del denominado reportaje neutral es decir, aquel en que el informador meramente transcribe o reproduce lo expresado por otro con sustancial fidelidad, sólo se da frente a ...la ausencia de indicios racionales de falsedad evidente de los datos transmitidos, para evitar que el reportaje neutro sirva indebidamente de cobertura para meras suposiciones o rumores absolutamente injustificados para cualquier sujeto mínimamente atento... (conf. Tribunal Constitucional de España, sala Primera, sentencia Nº 41/1994, del 15 de febrero de 1994, punto 5 de los fundamentos jurídicos, registrada en Jurisprudencia Constitucional - Boletín Oficial del Estado, t. 38, Madrid, 1995, págs. 458/466).




Dicho con otras palabras, si quien se dispone a reproducir la información dada por otro cuenta con indicios racionales de que lo que va a difundir es falso, la mera cita de la fuente de información o la utilización del modo potencial de los verbos no alcanzan para descartar una conducta antijurídica. Por el contrario, la divulgación de noticias que conciernen a episodios sobre los cuales pesa un indicio vehemente de inexactitud o falsedad, obligan al informador a actuar equilibradamente, lo que en los hechos significa, ni más ni menos, que asumir el deber de reproducir la noticia con las aclaraciones necesarias relativas a la sospecha de inexactitud que pesa sobre ella, o bien abstenerse de difundir lo que, en las condiciones expuestas, no serían más que rumores o suposiciones.
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