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Medio siglo de alumbrado público y privado en la ciudad de Córdoba (Argentina), 1895-1930


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Medio siglo de alumbrado público y privado

en la ciudad de Córdoba (Argentina), 1895-1930
Beatriz R. Solveira

CONICET-CEH-UNC-UCC(*)



1. Introducción

Desde fines del siglo XIX y mientras la provincia de Córdoba experimentaba un importante y sostenido proceso de crecimiento económico fundamentalmente basado en la expansión de la producción agropecuaria, su ciudad capital fue protagonista de un considerable aumento de la población y de una paulatina expansión de la industria, y al compás de esas transformaciones económicas y demográficas también se produce en ella un rápido proceso de urbanización que a su vez fue acompañado por la modernización de algunos servicios públicos urbanos, tales como el alumbrado, el transporte y el abastecimiento de agua.

El complejo mundo de la electricidad y los avances tecnológicos a ella asociados así como la incapacidad financiera y de gestión de los municipios y/o la escasez o el desinterés del capital nacional para hacer frente a las fuertes inversiones fijas del sector eléctrico, hicieron que los servicios de electricidad de las grandes ciudades argentinas de fines del s. XIX y comienzos del XX ofrecieran un amplio campo de actuación para la iniciativa privada que vino a suplir el desinterés por o la imposibilidad de la gestión pública directa. Se recurrió entonces a las empresas privadas por medio de concesiones, porque esas empresas eran capaces de movilizar recursos y de gestionar los servicios, según se creía, en mejores condiciones que los municipios y porque además al menos una parte de nuestra clase política fue firme partidaria de los mecanismos de mercado para la consecución del bien público. De este modo, a falta de empresas públicas, la iniciativa privada nacional y extranjera fue el verdadero impulsor de las empresas de servicios públicos municipales, pues ellas hicieron posible que a partir de la última década del s. XIX la electrificación se difundiera rápidamente para atender las necesidades de alumbrado público y particular de los centros urbanos argentinos, como es el caso de la ciudad de Córdoba.

Los servicios públicos municipales, que surgen en el contexto de la vida en comunidades urbanas para satisfacer las necesidades provocadas por la concentración de población, se encargan de la provisión de bienes y servicios que requieren la adopción de diversos sistemas técnicos así como de recursos económico-financieros y de distintas formas de gestión, y por lo general constituyen un sector caracterizado por un rápido proceso de crecimiento y diversificación en cuya evolución la iniciativa pública y la privada interactúan y cooperan, aunque no siempre en forma voluntaria. Ahora bien, pese a su importancia, no hace mucho que esos servicios se han convertido en objeto de estudio para la historiografía.

En España, diversos autores se han ocupado de estudiar la provisión de los servicios públicos, tanto desde el punto de vista tecnológico, como desde la óptica de la asignación de su iniciativa y control. Núñez (1996b) ha destacado el papel de las ciudades como centros de innovación y difusión tecnológica, mientras que Antolín (1991) llamó la atención acerca de las diversas formas en la provisión de los servicios urbanos. Para el caso de los transportes urbanos López Gómez (1983) y Monclús y Oyón (1996) ofrecen a su vez interesantes estudios, lo mismo que el de Matés Barco (1998) dedicado a historiar el servicio público municipal de abastecimiento de agua desde la perspectiva del cambio institucional. En el caso específico del servicio eléctrico, la misma Antolín (1991) orientó su análisis hacia la descripción de su funcionamiento, la determinación teórica de lo que hubiera sido su trayectoria ideal y una valoración crítica de las realizaciones frente a estas posibilidades. Salort Vives (2000), por su parte, relaciona la capacidad financiera del municipio de Alicante para satisfacer la provisión del alumbrado público y sus repercusiones sobre el proceso de industrialización, y lo hace analizando las normas reguladoras del servicio, sus modalidades de gestión y el impacto tecnológico de la industrialización.

En nuestro país, el interés suscitado por estos temas ha sido hasta ahora más limitado que en el caso español, aunque se cuenta con algunos trabajos reveladores de la necesidad de estudios detallados, tanto descriptivos como téoricos, sobre unos bienes y unas instituciones que se resisten tenazmente a análisis simplistas. La gestión y calidad de los servicios municipales de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es una cuestión a la que Pírez ha dedicado varios trabajos (1991, 1994, 1995, 1999), mientras que entre los servicios municipales que han sido objeto especial de estudio, el abastecimiento de agua es el que cuenta con mayor cantidad de estudios; algunos producidos a iniciativa de las empresas que proveen ese servicio (Collado, Muller y Butano, 1999; Gutiérrez, 2001; Radovanovic y Tartarini, 1999), otros por las propias municipalidades (Herz, 1979), pero también por algún historiador como el de Bordi de Ragucci (1997). Los tranvías, por su parte, han merecido especialmente la atención de García Heras (1994, 1995, 1996) quien ha investigado exhaustivamente este tipo de transporte en la ciudad de Buenos Aires. Los servicios eléctricos, también de esta ciudad, han despertado asimismo el interés de Pírez (2000) cuyo análisis acerca de las relaciones de poder y de los modelos de gestión imperantes en la capital argentina entre 1900 y 1960 constituye un marco de referencia ineludible para cualquier estudio del servicio eléctrico urbano.

En cuanto a la ciudad de Córdoba, hasta el momento no se cuenta con ningún estudio dedicado específicamente a los servicios públicos municipales de manera que la investigación que sobre esta cuestión vengo desarrollando, lo que busca es comenzar a llenar ese vacío. En ella parto de la idea según la cual la organización más adecuada de un servicio público y las formas institucionales a través de las que se presta pueden ser muy variadas según los casos y las épocas y según los costes tecnológicos y de distribución, organización y regulación a los que deba enfrentarse. En ese marco, el propósito principal es analizar la evolución de la provisión de uno de los servicios públicos de la ciudad de Córdoba –el eléctrico– desde la perspectiva de la acción municipal y centrando la atención en la demanda social de tal servicio, en las normas reguladoras de su provisión, en las modalidades de gestión y en la capacidad financiera de la hacienda municipal para su satisfacción, sin descuidar por cierto las iniciativas privadas que acompañaron la gestión municipal, con la intención de observar cómo, durante la primera mitad del siglo XX, el crecimiento económico y la modernización se reflejan en un incremento del bienestar general de la población que hace posible el no fácil tránsito de una ciudad escasamente provista de servicios públicos a otra en la que esos servicios han ganado en complejidad y que comienza a adquirir las características de una ciudad moderna y progresiva. El recorte temporal (1896-1953) y la perspectiva escogida permiten enmarcar esa investigación dentro del proceso de institucionalización del régimen liberal y su posterior evolución hacia un modelo de Estado que, a través de su intervención directa en el sector eléctrico, busca asegurar la satisfacción de las demandas económicas y sociales de la población, en este caso el de la provisión de un servicio público esencial para su bienestar.

Ahora bien, dado el estadio en que se encuentra la investigación, esta ponencia constituye apenas un primer acercamiento a la temática abordada en ella y sólo recoge algunas conclusiones provisorias de las cuestiones que se han podido documentar hasta ahora en relación con los diversos contratos suscriptos por la municipalidad para la provisión del alumbrado público –plazos en que se otorgaron los contratos, condiciones de renegociación de los mismos, modificaciones de precio y calidad de las prestaciones–, con el nivel de eficiencia en la provisión del servicio y con los mecanismos de control del cumplimiento de las empresas. El período trabajado es también más acotado pues abarca desde que se celebra el primer contrato para la provisión del alumbrado público eléctrico en 1895 y concluye en 1930, cuando en la provisión del servicio de alumbrado ya tienen participación las dos empresas eléctricas actuantes en el municipio de Córdoba.

Una rápida alusión a las fuentes. Al no disponer de los fondos documentales de las empresas, la única documentación de que se dispone para estudiar el servicio público de electricidad es la que se conserva en el archivo municipal de la ciudad, pero aquí tampoco es posible encontrar toda la información necesaria como para hacer un análisis completo del tema. Ese archivo cuenta con tres series documentales: en la A) se conservan las actas de las sesiones del concejo deliberante, en la B) los documentos relacionados con las cuestiones tratadas por ese cuerpo y en la C) los documentos del tribunal de cuentas municipal, pero de esas tres secciones por el momento he podido acceder solamente a las dos primeras, en tanto que la tercera probablemente esté en condiciones de ser consultada hacia fines del presente año; la documentación contenida en esta última serie seguramente será muy útil para estudiar las relaciones económico-financieras de la municipalidad con las empresas eléctricas. En cuanto a la documentación correspondiente al departamento ejecutivo, la misma no ha sido aún incorporada a ese archivo y tampoco se sabe exactamente si se conserva en alguna dependencia municipal; es verdad que tanto el Digesto como el Boletín municipales ofrecen información acerca de los decretos y resoluciones dictados por el intendente, pero los antecedentes de las cuestiones en ellos resueltas debieran consultarse entre ese material que hoy no está disponible. Es evidente que con estas limitaciones cualquier análisis que se haga es siempre incompleto.

La ponencia está dividida en cuatro partes. La primera es la introducción, donde se presentan los antecedentes históricos y el soporte teórico de la investigación. En la siguiente se alude a los antecedentes de las empresas eléctricas actuantes en el municipio cordobés durante el período estudiado. La tercera parte, la más extensa, se ocupa de analizar los contratos de alumbrado público firmados por el municipio entre 1895 y 1927, con algunas referencias ocasionales a su cumplimiento y a las reglamentaciones más importantes dictadas por la municipalidad en relación con el servicio eléctrico. En la última parte se incluyen algunas consideraciones finales.



2. Las empresas prestatarias del servicio de electricidad

Durante el período trabajado en esta ponencia, en la ciudad de Córdoba actuaron dos empresas eléctricas que gozaban de concesiones otorgadas por el gobierno provincial, la Compañía Luz y Fuerza Motriz de Córdoba (en adelante CLyF), que inicia sus actividades en 1896, y la Compañía General de Electricidad de Córdoba (en adelante CG), que se establece en 1909. En forma muy breve, pues la cuestión ya ha sido suficientemente explicitada en otros trabajos (Solveira, 2001, 2002 y 2007a), se indicará a continuación las principales estipulaciones de esas concesiones y la evolución seguida por cada una de las empresas, prestando en ambos casos especial atención a aquellos aspectos que adquieren mayor relieve en relación con la temática aquí trabajada.

La primera concesión de que gozó la CLyF, otorgada por ley provincial Nº 1293 del 23 de septiembre de 1893 y cuyo término era por 25 años, fue la primera de este tipo que dio el gobierno provincial. Por ella se autorizó a Federico Mackinlay y Cía. para usar de las aguas del río Primero con el objeto de suministrar fuerza motriz para talleres, tranvías, fábricas u otros destinos industriales y también el suministro de alumbrado eléctrico público y privado. El contrato respectivo se firmó el 16 de mayo de 1895 y poco después, en la ciudad de Portland (Estado de Maine - Estados Unidos de América) se constituyó, el 30 de marzo de 1896, una corporación denominada The Cordoba Light and Power Company (en Córdoba actuó como Compañía Luz y Fuerza Motriz de Córdoba) entre cuyos fines figuraba el de producir, suministrar y distribuir electricidad para luz y fuerza motriz y a cuyo favor la firma Mackinlay y Cía. transfirió a comienzos de octubre del mismo año, con autorización del gobierno provincial, la concesión que se le otorgara en 1893. Por ley Nº 2042 del 2 de enero de 1909, la legislatura provincial derogó la ley Nº 1293 y otorgó una nueva concesión a la CLyF que sería válida hasta el 31 de diciembre de 1948.1 Es oportuno señalar que cuando se otorga esta segunda concesión ya se habían efectuado importantes alteraciones en la condición social de la compañía pues el 24 de setiembre de 1908 la misma se había fusionado en Londres con la Cordoba Electric Tranways Construction Company Limited y juntas habían pasado a depender de la Cordoba Light, Power and Traction Company Limited. Esta transferencia colocó a la compañía dentro de la tendencia que caracterizó a muchas de las empresas eléctricas, las que no sólo atendían el mercado de iluminación y de fuerza sino también y simultáneamente el de tracción.

Según la ley Nº 1293, las tarifas que la empresa concesionaria podría cobrar por el servicio de luz y fuerza a particulares serían fijadas de común acuerdo con el poder ejecutivo provincial. El contrato de concesión era al respecto más explícito pues establecía un máximo para esas tarifas, cuya escala iba de 0,15$ a 030$ para el servicio de alumbrado por medio de lámparas incandescentes con poder de 16 bujías cada una y durante ocho horas diarias,2 en tanto que para el servicio de alumbrado por medio de lámparas de arco con poder de 1200 bujías cada una y durante ocho horas diarias la escala iba de 0,40$ a 1,40$.3 El pago de esos servicios se haría mensualmente y de acuerdo con las tarifas que estableciera la empresa.4 La ley Nº 2042 no solo amplió el objeto y el término de la concesión sino que también introdujo modificaciones en las tarifas por el servicio de alumbrado las que se determinarían por una doble vía: el artículo 15 fijó el precio máximo inicial que ahora sería de 0,15$ oro por kWh, con un descuento proporcional al consumo y al número de lámparas instaladas, según un cuadro incorporado al texto de la ley, en tanto que el artículo 17 ordenó que “cada año en que las entradas brutas de la compañía, una vez deducido el porcentaje que corresponda al gobierno, … excedan del 15% de su capital reconocido las tarifas vigentes se reducirán en un 10%. Excediendo las entradas de 20% la reducción será de 20%”. Además, esta segunda ley de concesión prestó atención a diversas cuestiones técnicas y las novedades que ella introduce en este aspecto se refieren a: 1) instalación, uso y conservación de los medidores de luz; 2) obligación de la compañía de mantener en las conexiones de las líneas de los diversos consumidores la tensión fijada de común acuerdo entre ella y el poder ejecutivo provincial; 3) creación de una oficina técnica de control; y 4) obligación de la empresa de efectuar la canalización subterránea de los cables de distribución en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba.

Durante más de una década la CLyF ejerció un monopolio de hecho, pero a partir de 1909, y por expresa intención del gobierno provincial, se vio obligada a trabajar en un régimen de competencia con la nueva compañía eléctrica que se instala en Córdoba: la CG. Esta empresa se constituyó en la ciudad de Buenos Aires por escritura pública del 9 de enero de 1909 y a mediados de ese mismo año el poder ejecutivo provincial autorizó la transferencia a su favor de la concesión otorgada por ley Nº 1961 del 3 de diciembre de 1907, luego modificada por la ley Nº 2041 del 31 de diciembre de 1908,5 que comprendía la instalación de usinas hidroeléctricas “en terrenos contiguos o situados alrededor del Dique San Roque” y de usinas a vapor y el transporte de energía eléctrica desde ese dique hasta la ciudad de Córdoba; la energía generada en esas usinas debía ser aplicada, por partes iguales, en la fabricación de productos químicos, alcalinos y salinos en general, y para “el alumbrado y fuerza motriz, pública y particular, de la ciudad de Córdoba”, en tanto que el término de la concesión era por cuarenta años. Al mismo tiempo, y también con la aprobación del gobierno provincial, la compañía recibió de Alfredo Molet la transferencia de la concesión, sin término, que se le había otorgado por decreto provincial del 3 de mayo de 1899 para aprovechar la fuerza hidráulica del Río Primero a fin de establecer una fábrica de carburo de calcio y otras industrias destinadas a elaborar productos naturales del país, pero que también le autorizaba a emplear la energía hidráulica sobrante para la producción de electricidad destinada al servicio público y particular del municipio de Córdoba.

De lo dispuesto por la ley Nº 2041 nos interesan especialmente dos cuestiones, una referida a las tarifas y la otra a las instalaciones y transporte de energía. En relación con las primeras se estableció: a) una tarifa máxima de 0,15$ oro por cada kWh para el servicio de alumbrado particular y de 0,04$ oro para el de fuerza motriz u otras aplicaciones; b) esos precios se pagarían a oro o su equivalente en moneda nacional y sin perjuicio de los descuentos que la empresa acordase según la cantidad y continuidad del servicio y de conformidad a la escala de reducción que regía en Buenos Aires; c) las tarifas serían renovadas cada cinco años, de acuerdo con el poder ejecutivo, y debían ser rebajadas conforme a la escala que la ley establecía, pero si al revisarlas el promedio de las tarifas de la ciudad de Buenos Aires fuese inferior del que resultase de la aplicación del porcentaje de rebaja, deberían reducirse al valor de aquel promedio;6 d) el servicio de alumbrado eléctrico para todas las oficinas públicas, provinciales o municipales, debería hacerse con una rebaja no menor del 50% de las tarifas ordinarias. En todo lo relativo a instalaciones y transporte de energía eléctrica los concesionarios se sujetarían a las prescripciones de reglamentación que se dieren por el poder ejecutivo provincial, a las ordenanzas municipales y a los decretos que se dictasen para garantir la vida e intereses públicos y privados que en cualquier forma pudiesen resultar lesionados por la empresa.

Como se puede observar, al otorgar estas concesiones la legislatura provincial había avanzado en cuestiones que eran casi diría de estricta incumbencia municipal: la fijación de las tarifas del alumbrado y la forma en que se efectuarían las instalaciones de transporte y distribución de energía dentro del municipio, lo que inevitablemente habría de producir roces con los poderes públicos municipales.

En lo relativo a tarifas la cuestión fue debatida en el concejo deliberante en 1902 con motivo de dos proyectos de ordenanza presentados por el concejal David Linares. Por el primero se autorizaba al intendente para que gestionase ante el gobierno de la provincia la cesación de la cláusula del contrato celebrado por el gobierno provincial con la empresa Mackinlay y Cía., de modo que en adelante fuese la municipalidad la que interviniese en la fijación de las tarifas del alumbrado público y privado que suministraba la CLyF. Durante la discusión del proyecto, los concejales y el propio intendente avalaron el pedido argumentando que era indudable “que tratándose de un servicio doméstico y que afecta a la seguridad pública y el bienestar del vecindario, es al poder municipal a quien correspondería naturalmente intervenir en todo lo concerniente a tarifas e instalaciones”. Es decir, se trataba de “pequeñas obligaciones” que “propiamente corresponden a la municipalidad”, de “un ramo que es de orden comunal según los términos expresos de la constitución y de la ley orgánica de las municipalidades”. Ahora bien, aunque el proyecto fue aprobado por unanimidad en la sesión del 21 de octubre de ese año, las gestiones encomendadas al intendente no obtuvieron respuesta favorable de las autoridades provinciales.



El segundo proyecto se refería al nombramiento de un inspector de medidores del alumbrado particular e intentaba responder a los insistentes reclamos del vecindario siempre preocupado “porque esos aparatos por su propia naturaleza, son susceptibles de deficiencias y errores frecuentes”. Pero, además de eso a los concejales les preocupaba la cuestión porque el servicio de alumbrado era “un servicio doméstico en cuya intervención le corresponde indudablemente a la municipalidad el primer puesto, especialmente si se tiene en cuenta la seguridad pública que también puede afectar de una manera directa”.7 Como vemos, nuevamente aquí aparece latente el conflicto entre las autoridades provinciales y las municipales y esto me permite explicar por qué, al menos esta ponencia, no entro en el estudio del papel jugado por las tarifas y las estructuras tarifarias como núcleo de interés en las relaciones entre las empresas y los poderes públicos municipales.

En lo que se refiere a instalaciones el problema se presentó cuando, en enero de 1910, la CG pidió permiso a la intendencia para dar comienzo a los trabajos de la red subterránea y ésta le exigió la presentación los planos detallados de las canalizaciones a realizar. Los pormenores de esta tramitación son largos y quedan fuera de los objetivos perseguidos por esta ponencia, pero lo que sí me interesa destacar es que esa exigencia provocó de José María Aldao, representante de la empresa, una dura respuesta en la que advirtió que si la legislatura provincial dejó a la municipalidad el acordar “la forma del revestimiento de los cables” y el derecho de “determinar en cada caso la forma de la canalización subterránea”, no había sido “por reconocerlos como asuntos de jurisdicción privativa de la municipalidad”, sino como delegación de la administración provincial, para la ejecución de obras de interés de aquélla, de conformidad al art. 85 inc. 28 de la Ley Orgánica de Municipalidades.8 Es indudable que la argumentación de Aldao lo que hacía era poner en evidencia el inevitable conflicto de jurisdicciones entre la provincia y la municipalidad, consecuencia lógica de la interferencia de la primera, al dictar la ley de concesión, respecto de las facultades que eran propias de la segunda en lo que se refiere tanto al otorgamiento cuanto a la reglamentación de un servicio urbano. Pese a todo, el representante de la CG adjuntó la documentación que se le había solicitado,9 y en esta ocasión se dio participación al asesor letrado del municipio quien en su dictamen no eludió entrar en la cuestión de fondo y al respecto sostuvo que las leyes de concesión contenían claras disposiciones a favor de la institución municipal porque “la legislatura no ha querido que la municipalidad sea en este punto, esencialmente de interés comunal, la convidada de piedra, a que la reduce una resolución que aprueba los planos y especificaciones de las instalaciones subterráneas y aéreas de la ciudad”. La ley había establecido la concurrencia tanto del ejecutivo provincial como del municipal, “pero no en una órbita común sino en esferas diferentes y exclusivas, cada uno dentro de su lugar propio, de su radio jurisdiccional, aquél fuera y éste dentro del municipio”, conciliando de este modo los diversos intereses que la explotación del servicio eléctrico afectaba y reconociendo al mismo tiempo que la municipalidad tenía la facultad de reglamentar dentro de la ciudad la red de distribución aérea y subterránea.10 Por eso el asesor letrado indicó la conveniencia de proceder de inmediato a reglamentar por ordenanza la colocación de los cables en la ciudad, porque la municipalidad debía sostener sus facultades a favor y en interés de la comuna, “muy especialmente con motivo de una concesión en que la ciudad de Córdoba constituye el objetivo y el aliciente primordial de su explotación”.11 Este “luminoso” dictamen fue aplaudido por el concejal Henoch D. Aguiar, quien también sostuvo que todo lo relativo a la seguridad pública era del resorte exclusivo del poder municipal.
Cuadro 1

Compañía Luz y Fuerza Motriz de Córdoba

Potencia instalada (en kW), años 1910-1930




Años

Generación hidráulica


Generación térmica

Total


Usina

Casa Bamba



Usina La Calera

Total


Usina

La Tablada



1910-1911

3.280

---

3.280

1.480

4.760

1912-1922

3.280

4.000

7.280

2.280

9.560

1923

3.280

4.000

7.280

4.280

11.560

1924-1927

3.000

4.000

7.000

4.280

11.280

1928

3.000

4.000

7.000

6.280

13.280

1929-1930

3.000

4.000

7.000

5.980

12.980
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