Página principal

Medina, Nilda Beatriz c. Telecom Argentina S. A. y otro s/part accionariado obrero


Descargar 150.32 Kb.
Página1/5
Fecha de conversión21.09.2016
Tamaño150.32 Kb.
  1   2   3   4   5
Medina, Nilda Beatriz c. Telecom Argentina S.A. y otro s/part. accionariado obrero

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en pleno


TEXTO COMPLETO:
Buenos Aires, febrero 14 de 2012.

Cuestión: “¿Cuál es el plazo de prescripción que corresponde a la acción por los créditos en favor de los trabajadores que establece el art. 29 de la ley 23.696?”.

Abierto el acto por el señor Presidente, el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Dr. Eduardo O. Álvarez, dijo:

Una vez más esta Cámara se enfrenta a un interrogante de formulación atípica, porque, a diferencia de lo que en alguna oportunidad llamamos la “tradición plenaria”, la pregunta no está redactada sobre la base de una proposición afirmativa, para ser respondida por “sí o por no”, como lo exige el art. 294 del C.P.C.C., en su último párrafo, y, lo cierto es que corresponde precisar cuál es la norma que establece el plazo de prescripción de la obligación que emerge del art. 29 de la Ley 23.696, concerniente a los bonos de participación en las ganancias para el personal, que se ordena emitir al “ente a privatizar”.

Pero la redacción del temario está lejos de ser reprochable y no es la ortodoxia procesal la que me lleva a destacar esta circunstancia, que ya se ha dado en instancia plenaria (ver, Fallo Plenario Nro. 297 en autos “Veloso, Roberto c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ part. accionariado obrero”), sino simplemente la pongo de relieve porque es ilustrativa de las perplejidades que existen para encuadrar, en las disposiciones genéricas que fijan el plazo de prescripción, a una deuda tan singular y novedosa que hizo que en los pronunciamientos judiciales se invocara la confluencia de diversas normas ya sea el art. 256 de la L.C.T., o el art. 4023 del Código Civil, o alguna otra que suscite un ejercicio de analogía interpretativa.

No es la primera vez que emito opinión sobre el tema que nos reúne, y luego de una nueva reflexión, a la luz del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia dictada el 12/08/2008 en autos “Gentini, Jorge Mario y otros c/ Estado Nacional — Ministerio de Trabajo y Seguridad s/ part. accionariado obrero” he de ratificar la tesis expuesta en numerosos casos similares al presente (ver, entre muchos otros, Dictamen Nro. 35.922 del 19/04/2003 en autos “Ciminari, Jorge Ricardo y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos”; íd. Dictamen Nro. 36.991 del 31/10/2003 en autos “Encina, Ramón Fidel y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otros s/ art. 29 de la Ley 23.696”; etc.) y he de propiciar que se afirme la vigencia del plazo decenal, al que alude el art. 4023 del Código Civil.

En efecto, el Alto Tribunal en el considerando 23 del precedente mencionado, aclaró con precisión que no debían trasladarse al régimen de privatizaciones y, en especial, a lo previsto por el art. 29 de la Ley 23.696, las normas del Derecho Privado, y sostuvo que las disposiciones que subyacen en la génesis de todo procedimiento privatizador como las tendientes a su concreción son necesariamente de Derecho Público. Asimismo, resaltó que los programas de participación difieren de los institutos comerciales y de los contratos individuales, ya que reconocen su origen en decisiones de carácter legislativo, que se proyectan sobre la política social y economía, más allá de su vinculación con la relación laboral.

Este razonamiento es coherente con la posición asumida por esta Fiscalía General en los precedentes mencionados, ya que, como se dijo en dichas oportunidades, la obligación, cuyo cumplimiento se pretende, concierne a un sistema muy específico, emergente del proceso privatizador, que tiene por fundamento una normativa particular, referida a la genérica reforma del Estado, cuya implementación concreta no es asimilable a los supuestos comunes.

Adviértase que el ordenamiento que sirve de causa fuente de la obligación, como bien lo señala la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desborda el ámbito de la relación laboral, que sólo aparecería como un elemento más generador de derecho, que no se sustenta en disposiciones legales de nuestra disciplina.

El art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, al que alude la Sala II en la sentencia que da origen a la convocatoria, se limita a “... los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y, en general, de disposiciones de convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo...”.

Desde esta perspectiva de análisis, no podría sostenerse, al menos de manera dogmática, que el derecho que se pretende ejercer está incluido en el marco legal descripto, y recuerdo que este Ministerio Público, desde antiguo y en sus diversas composiciones, ciñó el alcance del art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo a su expresión literal y, en coherencia con esa línea interpretativa, sostuvo que no era aplicable el plazo de prescripción de la mencionada norma a aquellos sistemas autónomos que sólo presentaban una vinculación mediata con la relación laboral (ver, Dictamen Nro. 9.125 del 16/6/87 por mi ilustre antecesor, el Dr. Jorge Guillermo Bermúdez, en los autos “Acebedo, Agustín y otro c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales”, etc.).

No dejo de advertir, obviamente, que el tema es opinable y presenta aristas dudosas, porque los bonos tienen por sujeto pasivo a la empleadora y encuadran en una de las formas retributivas previstas, tanto por el ordenamiento legal, como por el marco constitucional, pero este aspecto carecería de la trascendencia que se le atribuye, porque el art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, reiteradamente mencionado, establece una pauta muy especial en materia de prescripción, que sólo se vincula con la esencia de la fuente normativa, y nadie podría sostener, como bien lo deja traslucir la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente citado, que la Ley 23.696 es una disposición legal o reglamentaria del Derecho de Trabajo Privado.

Pero existe un matiz en el reclamo singular que nos convoca de particular relevancia, y digo esto porque, el derecho que los trabajadores reclaman, exige el dictado de un pronunciamiento jurisdiccional previo que desactive el Decreto 395/92, que fuera descalificado por el Máximo Tribunal de la Nación en el referido expediente “Gentini, Jorge Mario y otros c/ Estado Nacional — Ministerio de Trabajo y Seguridad Social s/ part. accionariado obrero” y, por lo tanto, no podríamos sostener, desde una perspectiva dogmática, que nos encontramos ante una acción de cobro de remuneraciones pura y simple, ni encuadrar la pretensión como si fuese el incumplimiento de una obligación contractual o legal admitida sin discusión.

Por otra parte, y tal como lo he sostenido en diversas oportunidades, cualquier duda o vacilación que podría suscitar una cuestión de prescripción, debe ser resuelta a favor del plazo más extenso. Esta ha sido la clásica postura del Alto Tribunal que sostuvo, con énfasis y desde antiguo, que la prescripción debe ser analizada con criterio sumamente restrictivo porque “...si bien es una defensa legítima no debe olvidarse que podría contrariar algunos principios de equidad...” y afectar el derecho de propiedad (Fallos J.A., 67:724; etc.). En el mismo sentido se ha pronunciado la doctrina civil, que ha sido terminante al expresar que la procedencia de la prescripción debe ser excepcional, y que toda inquietud en torno al plazo o a la existencia de la acción debe ser interpretada a favor del término mayor y de la subsistencia de la posibilidad de reclamar (ver Luis María Rezzónico, “Estudio de las obligaciones en el Derecho Civil”, págs. 320 y sgtes.; Manuel Argañaraz, “La prescripción extintiva”; Jorge Joaquín Llambías, “Tratado de Derecho Civil - Obligaciones”, Tomo III, págs. 310 y sgtes.; etc.).

En síntesis, y como ya lo adelantara, propongo establecer que las obligaciones emergentes del art. 29 de la Ley 23.696 prescriben a los diez años de acuerdo con lo previsto por el art. 4023 del Código Civil, en coherencia con la doctrina sentada por esta Cámara en el ya referido Fallo Plenario Nro. 297 en autos “Veloso, Roberto c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ part. accianariado obrero”.

Por el plazo previsto en el art. 4023 del Código Civil, votan los doctores: González, Fernández Madrid, Ferreirós, Rodríguez Brunengo, Corach, Vázquez, Cañal, Brandolino, Pasten de Ishihara, Stortini, Catardo, Balestrini, Pompa, Raffaghelli y Pinto Varela.

La doctora González, dijo:

La discusión que motiva la presente convocatoria se ciñe a la determinación del plazo de prescripción que debe aplicarse en relación a los bonos de participación en las ganancias previsto por el art. 29 de la ley 23.696.

En dicho contexto, considero conveniente señalar que el mencionado tópico fue instituido a favor de los trabajadores que tuviesen derecho a formar parte del “Programa de Propiedad Participada” creado en el capítulo III de la Ley de Reforma del Estado 23.696, respecto de las “empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas `sujetas a privatización´ (art. 21 ley cit.). Cabe memorar que el art. 1º de dicha ley declaró en “estado de emergencia la prestación de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económica financiera de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades anónimas con participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, Servicios de Cuentas Especiales, Obras Sociales del Sector Público bancos y entidades financieras oficiales, nacionales y/o municipales y todo otro ente en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias”. La reseña efectuada evidencia con nitidez que el cuerpo normativo en que se sustenta la obligación es ajeno al derecho del trabajo.

En dicha inteligencia, comparto la remisión efectuada por el Fiscal General a las consideraciones formuladas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Gentini, Jorge Mario y otros c/ Estado Nacional Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” (12-8-2008; G. 1326. XXXIX), en el cual, si bien se dejó en claro que “...la emisión del bono de participación en las ganancias, las disposiciones de la ley 23.696 remiten, en algún aspecto, a la regulación contenida en la ley 19.550... tal remisión sólo puede concebirse circunscripta a las disposiciones en materia de ‘bonos de participación’ contenidas en el régimen del capital de las sociedades anónimas (arts. 229 y sgtes.) en virtud de que los entes privatizados deberían revestir esa figura societaria, mas, de modo alguno puede considerarse que implicó la sujeción al derecho privado de todos los operadores e institutos involucrados en el proceso de privatización. Justamente ‘privatizar’ importa ‘transferir una empresa o actividad pública al sector privado’ (Diccionario de la Real Academia Española, 220 Edición) por lo que las instituciones y las normas existentes en la génesis de todo procedimiento privatizador como las tendientes a su concreción son necesariamente de derecho público. En particular, los programas de propiedad participada han sido diseñados como novedosos mecanismos cuya naturaleza se asemeja a la de un núcleo de interés económico o centro de interés patrimonial constituido sobre la base jurídica de los institutos comerciales y de los contratos de derecho privado, pero que difieren de esas figuras en razón de reconocer su origen en decisiones de carácter legislativo, de alto contenido social, cuyo objetivo es fomentar la inclusión productiva de los empleados en la empresa” (considerando 23).

Ahora bien, aunque debido a la particularidad con que ha sido formulada la presente convocatoria, pues, como apunta el Dr. Eduardo O. Álvarez, al no haber sido redactada ésta última en sentido afirmativo ha quedado abierto el interrogante acerca de cuál es el plazo de prescripción que corresponde a la acción por los créditos establecidos por el art. 29 de la ley 23.696, lo que —obviamente— obliga a su vez a establecer la norma aplicable, no puede soslayarse que el punto crítico del debate reside en la aplicación —o no— del plazo común de prescripción que prevé el art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Desde dicha perspectiva de análisis, cabe señalar que si bien es cierto que la naturaleza jurídica de la obligación de abonar “participación en las ganancias” es remuneratoria, a poco que se repare en que dicho modo de retribución está expresamente contemplada por el art. 104 de la LCT e incluso por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, ello no implica —a mi modo de ver— que deba aplicarse necesaria e inexorablemente el plazo previsto por el art. 256 de la LCT para el cómputo de la prescripción, ya que éste —cabe memorar— se refiere a “...las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y, en general, de disposiciones de convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias de derecho del trabajo”; presupuesto legal que —a mi criterio— no comprende la causa fuente según el marco de la normativa comprendida en el debate de esta convocatoria.

Ello así por cuanto considero que la referencia a los “créditos provenientes de las relaciones individuales del trabajo” no alude a toda obligación que derive del contrato de trabajo, sino únicamente a aquellas emergentes del contrato individual de trabajo; conclusión a la que arribo como consecuencia de aplicar un método lógico y sistemático de interpretación de la referida norma, a poco que se repare en que seguidamente a tal presupuesto, ésta agrega como pauta general a las —valga la reiteración— “...disposiciones de convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias de derecho del trabajo”; previsión que carecería de toda trascendencia si se aceptase una premisa genérica que involucre a cualquier crédito debido con motivo del contrato de trabajo, independientemente de la fuente normativa que lo sustente. Al respecto, memoro que el maestro Couture, al explicar los métodos de interpretación de la ley, ha sostenido que la tarea interpretativa no debe contravenir el cúmulo de preceptos que la lógica ha señalado al pensamiento humano, agregando que son, en cierto modo, preceptos de higiene mental que conducen el razonamiento hasta su justo punto de llegada (COUTURE, Eduardo J.: “Estudios de Derecho Procesal Civil”. Tomo III, pág. 18. Ediciones Depalma. Tercera edición, 1979. Buenos Aires).

Asimismo, considero que el criterio de interpretación que vengo sosteniendo, coincide con el que primó en el Fallo Plenario Nº 297 de esta Cámara en autos “Veloso, Roberto c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA” (1/9/00), en el que se dispuso que “El plazo de prescripción que corresponde a la acción por los créditos a favor de los trabajadores que establece el artículo 13 de la ley 24.145 es el previsto en el artículo 4023 del C.C.”. Ello así por cuanto si bien no ignoro la diferente naturaleza jurídica de los créditos involucrados, considero que lo jurídicamente relevante y determinante radica en que ambos son emergentes del contrato de trabajo, pues la existencia de éste es condición necesaria para que los trabajadores accedan a las prestaciones previstas por las respectivas normas que les dan nacimiento; las cuales, vale remarcar, en ninguno de los dos casos son propias del derecho del trabajo.

En mérito a todo lo argumentado, es que reafirmo el criterio que reiteradamente he sostenido y que expuse al expedirme en las actuaciones que motivan esta convocatoria, en cuanto a que en este tipo de reclamos el plazo de prescripción que debe aplicarse es el de diez años que prevé el art. 4023 del Código Civil, pues la pretensión se vincula con un sistema de participación muy específico, propio del proceso de privatización y que tiene por fundamento una normativa particular y atípica, derivada de la denominada reforma del Estado (leyes 23.696 y 23.697). Así, el ordenamiento que sirve de causa fuente de la obligación, excede el ámbito del nexo contractual por lo que, no obstante que los créditos reclamados tienen estrecha vinculación con la condición de “trabajador dependiente”, lo relevante a los efectos de la prescripción es que, el derecho invocado no emerge de una norma laboral. Por ello, a mi criterio, no resulta aplicable el plazo particular establecido en el art. 256 de la L.C.T. (entre otros ver: SD Nro. 93.460 del 29/4/2005, in re “Crespo, Alejandro Hugo y otros c/ YPF S.A. y otro s/ art. 29 ley 23696”; SD Nro. 92.267 del 30/12/2003, in re “Encina, Ramón Fidel y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos s/ art. 29 ley 23.696” y SD Nro. 94.404 del 25/8/2006, in re “Altamirano, Carlos Adrián y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otro s/ art. 29 ley 23.696”).

Por último, es pertinente tener presente para analizar este tipo de cuestiones que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que “la prescripción es una institución de orden público” destinada a consolidar situaciones pendientes en aras de preservar la seguridad jurídica, evitando la incertidumbre que el transcurso del tiempo puede proyectar en las relaciones jurídicas, cuando quien resulta titular de un derecho ha omitido ejercerlo, por lo que la finalidad se centra en velar para que las relaciones de derecho no se mantengan indefinidamente sin solución, por lo que transcurrido un plazo prudencial que la norma legal determina, debe considerarse consolidada la obligación original.

En tal ilación, reiteradamente se ha sostenido que configura una institución que debe interpretarse con carácter restrictivo, lo que lleva en caso de duda, a inclinarse por la subsistencia del derecho (conf. CNFed. Civil y Com., Sala II, septiembre 30-991 autos “Prosperi, Enrique M. c/ Estado Nacional-Ministerio de Defensa”) por lo que resulta una premisa esencial que siempre se opte por la aplicación al caso concreto, del régimen más favorable al acreedor y por la conservación de los actos y negocios jurídicos (CNCiv., Sala A, mayo de 1985 autos “Fryd, Abraham y otro c/ Impulso S.A.I.F.A.”, LA LEY, 1986-D, 653 - 37.374-S-).

Por tales razones y, por compartir los argumentos expuestos por el Dr. Eduardo O. Álvarez, considero que incluso cuando pueda convenirse que la cuestión podría llegar a presentar algún tipo de duda acerca del plazo de prescripción que debe aplicarse, ésta debe ser resuelta a favor del término más extenso.

Con fundamento en todo lo expuesto, concretamente propongo que se declare el plazo de prescripción más beneficioso para el acreedor y que resulta aplicable a toda pretensión personal de crédito exigible, que no tenga un término expreso fijado por la normativa aplicable, esto es el plazo decenal que prevé el art. 4023 del Cód. Civil.

El doctor Fernández Madrid, dijo:

En el presente caso, y conforme lo dispone el artículo 295 del C.P.C.C.N., nos convoca el siguiente interrogatorio: “¿Cuál es el plazo de prescripción que corresponde a la acción por los créditos en favor de los trabajadores que establece el art. 29 de la ley 23.696?”.

El art. 29 de la referida norma establece que: “En los Programas de Propiedad Participada, el ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las ganancias para el personal, según lo previsto en el art. 230 de la ley 19.550. A tal efecto el Poder Ejecutivo Nacional podrá hacer uso de las facultades que le otorga esta ley. Cada empleado, por su mera relación de dependencia recibirá una cantidad de bonos de participación en la ganancia determinada en función de su remuneración, su antigüedad y sus cargas de familia”.

He sostenido respecto a la cuestión, que debe estarse al plazo decenal previsto por el art. 4023 del Código Civil, en orden a la vinculación mediata del derecho que se alega con el contrato de trabajo y porque se relaciona con un sistema de participación muy específico, propio del proceso de privatización regulado por una normativa particular (Ley 23.696).

Al respecto, me expedí en autos “Fonzo, Armando Lucio y otros c/ Telecom Argentina S.A. y otros s/ diferencias de salarios” S.D. 62.472 del 20 de octubre de 2.010, donde sostuve que teniendo en cuenta el rubro que nos convoca, en definitiva, se vincula con una normativa muy particular referida a la reforma del Estado y todo matiz dudoso, de existir, debería ser resuelto a favor del plazo de prescripción más extenso y en una hermenéutica favorable a la subsistencia de la acción, por lo que en el caso corresponde la aplicación el plazo decenal previsto en el art. 4023 del Código Civil.

Por lo expuesto precedentemente voto por la aplicación del plazo decenal previsto en el art. 4023 del Código Civil.

La doctora Ferreirós, dijo:

En esta ocasión y de acuerdo a lo dispuesto por el art. 295 del C.P.C.C., nos convoca el siguiente interrogante: “¿Cuál es el plazo de prescripción que corresponde a la acción por los créditos en favor de los trabajadores que establece el art. 29 de la ley 23.696?”.

Esta Sala que integro ya ha tenido oportunidad de expedirse en relación al tema (ver “Torres, Juan Carlos y otros c/ Y.P.F. S.A. y otro”, sent. 38.366 del 30-03-2005, entre otros) en el sentido de señalar que el presente reclamo se vincula a un sistema de participación muy específico propio del proceso de privatización regulado por una normativa particular, atípica, concerniente a la genérica reforma del Estado, emitida en el marco de las leyes 23.696; 23.697 cuya reglamentación no es asimilable a la hipótesis prevista por el art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo. El ordenamiento que sirve de causa fuente de la obligación desborda el ámbito de la relación laboral en sí, que sólo aparece como un elemento generador de un derecho que no se sustenta en disposiciones legales arquetípica de nuestra disciplina (ver, entre otros “Imanoni, José María y otros c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro”; sent. 39.509 del 29-08-06; “Gotelli, Jorge Luis y otros c/ Telefónica de Argentina S.A. y otros “, sent. int. 30.552 del 19-05-09).

Por lo demás, debe tenerse en cuenta el antecedente del Fallo Plenario de esta Cámara N° 297, dictado en autos “Veloso, Roberto c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.”, del 01-09-2000, que —más allá de la atipicidad del rubro por que se demanda también vinculado a la privatización—, lleva a coincidir con el Sr. Fiscal General en el sentido de que todo matiz dudoso, de existir, debe ser resulto por un plazo de prescripción más extenso que, en la especie, cuadra con el decenal establecido en el art. 4023 del Código Civil, conforme ya resolvió esta Sala en “Turdo, Alberto César y otros c/ Ministerio de Economía y otro”; sent. 24.754 del 12-08-03; “Cantero, Antonio y otros c/ Y.P.F. S.A.”; sent. 38.789 del 04-10-05; entre otros.

Por lo que he dejado expresado la respuesta al interrogante formulado es la siguiente: El plazo de prescripción que corresponde a la acción por los créditos a favor de los trabajadores que establece el art. 29 de la ley 23.696 es el que prevé el art. 4023 del Código Civil.

El doctor Rodríguez Brunengo, dijo:

En esta oportunidad y con arreglo a lo que dispone el art. 295 del C.P.C.C.N., nos convoca el siguiente interrogante: “¿Cuál es el plazo de prescripción que corresponde a la acción por los créditos en favor de los trabajadores que establece el art. 29 de la ley 23.696?”.

En primer lugar debo destacar que el presente tema guarda total similitud con diversos precedentes pertenecientes a la Sala VII que integro donde, compartiendo la opinión del Sr. Fiscal General por ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Dr. Eduardo Álvarez, tuve oportunidad de expedirme en el sentido de que el reclamo se vincula a un mecanismo de participación muy específico derivado de un sistema de privatización enmarcado en una serie de leyes especiales (Leyes 23.696, 23.697 y 24.145) que a mi juicio, no resulta asimilable a la hipótesis que prevé el art. 256 L.C.T., en tanto el derecho que se invoca reconoce su causa fuente en dicha normativa particular, específica y propia de reforma del Estado que excede su simple vinculación con el contrato de trabajo (ver Sala VII, in re, “Torres, Juan Carlos y otros c/ Y.P.F. S.A. y otro s/ art. 29 Ley 23.696”, sent. def. nro.: 38.366 del 30/03/2005; “Teruel, Juan Carlos y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otro s/ art. 29 Ley 23.696”, sent. def. nro.: 38.507 del 19/05/2005; “Lauquen, Héctor Casimiro y otros c/ Y.P.F. S.A. s/ art. 29 Ley 23.696”, sent. def. nro.: 38.531 del 24/05/2005, entre muchos más).

  1   2   3   4   5


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje