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Medidas urgentes respecto de el salvador a favor de ricardo alberto iglesias herrera


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RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

DE 3 DE DICIEMBRE DE 2006

MEDIDAS URGENTES

RESPECTO DE EL SALVADOR

A FAVOR DE RICARDO ALBERTO IGLESIAS HERRERA

EN RELACION CON LAS MEDIDAS PROVISIONALES

A FAVOR DE GLORIA GIRALT DE GARCIA PRIETO Y OTROS

CASO GARCIA PRIETO Y OTRO

VISTO:


  1. El escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”) en el caso García Prieto y otro, el 26 de mayo de 2006, mediante el cual ofrecieron dentro de la prueba testimonial y pericial a varios testigos y peritos, entre los que se encuentra el señor Ricardo Alberto Iglesias Herrera, propuesto como perito.

2. La Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “el Tribunal”) de 26 de septiembre de 2006, mediante la cual requirió a la República del El Salvador (en adelante “El Salvador” o “el Estado”) que adoptara de forma inmediata las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de Gloria Giralt de García Prieto, José Mauricio García Prieto, María de los Ángeles García Prieto de Charur, José Benjamín Cuellar Martínez, Matilde Guadalupe Hernández de Espinoza, y José Roberto Burgos Viale.


3. La comunicación de los representantes de 29 de noviembre de 2006, mediante la cual informaron que el señor Ricardo Alberto Iglesias Herrera, “quien fuera [ofrecido] por esta representación como perito en el [presente] caso sufrió un atentado contra su vida e integridad personal”. Los representantes señalaron que los hechos ocurrieron el 5 de noviembre de 2006, aproximadamente a las 17:45 horas, en la colonia Santa Elena, Municipio de Antiguo Cuscatlán, cuando el señor Iglesias Herrera conducía su automóvil, junto con varias personas, entre ellas tres niñas. Según dichos hechos, un sujeto desconocido, quien conducía un vehículo todo terreno, modelo reciente, color blanco y con vidrios polarizados, sobrepasó el automóvil que conducía el señor Iglesias Herrera por el carril derecho, y trató de interceptarlo, atravesándole el vehículo a lo largo del carril izquierdo para cerrarle el paso. El señor Iglesias Herrera inicialmente pudo eludir ese vehículo. Sin embargo, por segunda vez, el sujeto que conducía el vehículo extraño, realizó nuevamente la misma maniobra, logrando que el señor Iglesias Herrera detuviese la marcha de su automóvil. Seguidamente, el sujeto desconocido se bajó del vehículo portando un arma corta, y realizó varios disparos hacia el suelo y después realizó dos disparos más, directamente contra los ocupantes del vehículo del señor Iglesias Herrera. Uno de los disparos impactó el parabrisas delantero, sin que lesionara a ninguna persona. Posteriormente, el señor Iglesias Herrera pudo huir. Por último, según los representantes el señor Ricardo Alberto Iglesias Herrera presentó una denuncia ante la sede policial en la ciudad de Santa Tecla, y los referidos hechos fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos de El Salvador.
4. Lo manifestado por los representantes en el sentido de que las características del atentado, “que denotan la capacidad operativa en su ejecución”, coinciden con la naturaleza de otros hechos intimidatorios, amenazas y seguimientos de los que han sido objeto los miembros de la familia García Prieto, y que han llevado a la Corte a la adopción de medidas provisionales a su favor. Dado lo anterior, solicitaron a la Corte que valore la situación planteada, e inste al Estado a garantizar la seguridad de las personas ofrecidas como testigos y peritos en el presente caso, para permitir su participación en este proceso y en particular, se garantice la comparecencia de las personas que sean citadas para participar en la audiencia pública correspondiente.

CONSIDERANDO:

1. Que El Salvador es Estado Parte en la Convención Americana desde el 23 de junio de 1978 y, de acuerdo con el artículo 62 de la misma, reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 6 de junio de 1995.


2. Que el artículo 63.2 de la Convención Americana dispone que, en “casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas”, la Corte podrá, en los asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, a solicitud de la Comisión, ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes.

3. Que en relación con esta materia, el artículo 25 del Reglamento establece que:

1. En cualquier estado del procedimiento, siempre que se tratare de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes, en los términos del artículo 63.2 de la Convención.
[...]
5. Si la Corte no estuviere reunida, el Presidente, en consulta con la Comisión Permanente y, de ser posible, con los demás jueces, requerirá del gobierno respectivo que dicte las providencias urgentes necesarias a fin de asegurar la eficacia de las medidas provisionales que después pueda tomar la Corte en su próximo período de sesiones.
6. Los beneficiarios de medidas provisionales o medidas urgentes del Presidente podrán presentar directamente a la Corte sus observaciones al informe del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá presentar observaciones al informe del Estado y a las observaciones de los beneficiarios de las medidas o sus representantes.

4. Que la presente solicitud de medidas urgentes ha sido presentada directamente por los representantes de las presuntas víctimas en un caso que se encuentra bajo conocimiento de la Corte, por lo que dicha solicitud se encuentra conforme a lo estipulado en el artículo 25 del Reglamento.

5. Que el artículo 1.1 de la Convención establece la obligación general que tienen los Estados Partes, de respetar los derechos y libertades en ella consagrados y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. En ese mismo sentido se resalta la posición del Estado como garante de los derechos de las personas bajo su custodia. Estas obligaciones se tornan aún más evidentes en relación con quienes estén vinculados en procedimientos ante los órganos de supervisión de la Convención Americana1.
6. Que el caso al que se refiere la solicitud de los representantes se encuentra en conocimiento del Tribunal en cuanto al fondo y que, no obstante, la adopción de medidas urgentes no implica una decisión sobre el fondo de la controversia existente entre el peticionario y el Estado. Al adoptar medidas urgentes, esta Presidencia está garantizando únicamente que el Tribunal pueda ejercer fielmente su mandato conforme a la Convención en casos de extrema gravedad y urgencia que requieren medidas de protección para evitar daños irreparables a las personas2.
7. Que la situación descrita por los representantes (supra Visto 3 y 4) revela prima facie la existencia de una situación de extrema gravedad y urgencia, que hace necesario evitar daños irreparables a los derechos a la vida e integridad personal del señor Ricardo Alberto Iglesias Herrera, quien ha sido ofrecido por los representantes para actuar como perito en el presente caso. El estándar de apreciación prima facie de un caso y la aplicación de presunciones ante las necesidades de protección, han llevado a esta Presidencia y a la Corte a ordenar medidas en distintas ocasiones3.


  1. Que esta Corte estima necesaria la protección del señor Ricardo Alberto Iglesias Herrera a través de medidas urgentes de protección. Lo anterior permitirá que el señor Ricardo Alberto Iglesias Herrera pueda, si así fuere convocado por la Corte o su Presidente, rendir su peritaje en condiciones de seguridad y sin ningún tipo de coacción o amenaza.

9. Que el Estado debe realizar todas las gestiones pertinentes para que las medidas de protección ordenadas en la presente Resolución se planifiquen y se apliquen con la participación de los beneficiarios de las mismas o sus representantes, de manera tal que las referidas medidas se brinden en forma diligente y efectiva.


10. Que el Estado tiene la obligación de investigar los hechos que dieron origen a estas medidas urgentes, identificar a los responsables y, en su caso, imponerles las sanciones pertinentes.

POR TANTO:
EL PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
en uso de las atribuciones que le confieren el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 25 del Reglamento, y en consulta con los Jueces de la Corte,
RESUELVE:
1. Requerir al Estado que adopte, sin dilación, las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal del señor Ricardo Alberto Iglesias Herrera.
2. Requerir al Estado que realice todas las gestiones pertinentes para que las medidas de protección ordenadas en la presente Resolución se planifiquen e implementen con la participación de los beneficiarios de las mismas o sus representantes, de manera tal que estas medidas se brinden de forma diligente y efectiva y que, en general, los mantenga informados sobre el avance de su ejecución.
3. Requerir al Estado que investigue los hechos que motivan la adopción de estas medidas urgentes, identifique a los responsables y, en su caso, les imponga las sanciones correspondientes.
4. Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 18 de diciembre de 2006, sobre las medidas que haya adoptado en cumplimiento de la presente Resolución.
5. Solicitar al Estado que, con posterioridad al informe señalado en el punto resolutivo cuarto, continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada dos meses sobre las medidas urgentes adoptadas, juntamente con los informes respecto de las medidas provisionales ordenadas a favor de Gloria Giralt de García Prieto y otros.
6. Solicitar a los beneficiarios de estas medidas o sus representantes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presenten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las observaciones que estimen pertinentes a los informes del Estado, juntamente con las observaciones respecto de las medidas provisionales ordenadas a favor de Gloria Giralt de García Prieto y otros. Para la presentación de dichas observaciones los beneficiarios de estas medidas o sus representantes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuentan con un plazo de cuatro y seis semanas, respectivamente, contado a partir de la notificación de los informes del Estado.
7. Solicitar a la Secretaría que se notifique la presente Resolución a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de los beneficiarios de estas medidas y al Estado.

Sergio García Ramírez

Presidente

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

Comuníquese y ejecútese,


Sergio García Ramírez Presidente

Pablo Saavedra Alessandri



Secretario

1 Cfr., inter alia, Caso María Leontina Millacura Llaipén y otros. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de julio de 2006, considerando cuarto; Caso Mery Naranjo y otros. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de julio de 2006, considerando sexto; Caso Guerrero Gallucci y Martínez Barrios. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de julio de 2006, considerando cuarto.



2Cfr. Caso Mery Naranjo y otros. Medidas Provisionales, supra nota 1, considerando séptimo; Caso Guerrero Gallucci y Martínez Barrios. Medidas Provisionales, supra nota 1, considerando decimocuarto; y Caso Del Centro Penitenciario Región Capital Yare I Y Yare II (Cárcel De Yare). Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 Marzo de 2006, considerando séptimo.


3Cfr. Caso Gloria Giralt de García Prieto y otros. Medidas Provisionales, supra nota 2, considerando décimo; Caso María Leontina Millacura Llaipén y otros. Medidas Provisionales, supra nota 2, considerando noveno; Caso 19 Comerciantes. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de julio de 2006, considerando decimotercero.





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