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Medidas provisionales respecto de el salvador ampliacion de medidas provisiones


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RESOLUCIÓN DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

DE 27 DE ENERO DE 2007

MEDIDAS PROVISIONALES

RESPECTO DE EL SALVADOR
AMPLIACION DE MEDIDAS PROVISIONES

A FAVOR DE RICARDO ALBERTO IGLESIAS HERRERA

EN RELACION CON LAS MEDIDAS PROVISIONALES

A FAVOR DE GLORIA GIRALT DE GARCIA PRIETO Y OTROS

CASO GARCIA PRIETO Y OTROS

VISTOS:


  1. El escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”) en el caso García Prieto Giralt y otros, el 26 de mayo de 2006, mediante el cual ofrecieron dentro de la prueba testimonial y pericial a varios testigos y peritos, entre los que se encuentra el señor Ricardo Alberto Iglesias Herrera, propuesto como perito.

2. La Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “el Tribunal”) de 26 de septiembre de 2006, mediante la cual requirió a la República de El Salvador (en adelante “El Salvador” o “el Estado”) que adoptara de forma inmediata las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de Gloria Giralt de García Prieto, José Mauricio García Prieto Hirlemann, María de los Ángeles García Prieto de Charur, José Benjamín Cuellar Martínez, Matilde Guadalupe Hernández de Espinoza y José Roberto Burgos Viale.


3. La comunicación de los representantes de 29 de noviembre de 2006, mediante la cual informaron que el señor Ricardo Alberto Iglesias Herrera, “quien fuera [ofrecido] por esta representación como perito en el [presente] caso[,] sufrió un atentado contra su vida e integridad personal”. Los representantes señalaron que los hechos ocurrieron el 5 de noviembre de 2006, aproximadamente a las 17:45 horas, en la colonia Santa Elena, Municipio de Antiguo Cuscatlán, cuando el señor Iglesias Herrera conducía su automóvil, junto con varias personas, entre ellas tres niñas. Según dichos hechos, un sujeto desconocido, quien conducía un vehículo todo terreno, modelo reciente, color blanco y con vidrios polarizados, sobrepasó el automóvil que conducía el señor Iglesias Herrera por el carril derecho y trató de interceptarlo, atravesándole el vehículo a lo largo del carril izquierdo para cerrarle el paso. El señor Iglesias Herrera inicialmente pudo eludir ese vehículo. Sin embargo, por segunda vez, el sujeto que conducía el vehículo extraño, realizó nuevamente la misma maniobra, logrando que el señor Iglesias Herrera detuviese la marcha de su automóvil. Seguidamente, el sujeto desconocido se bajó del vehículo portando un arma corta, y realizó varios disparos hacia el suelo y después realizó dos disparos más, directamente contra los ocupantes del vehículo del señor Iglesias Herrera. Uno de los disparos impactó el parabrisas delantero, sin que lesionara a ninguna persona. Posteriormente, el señor Iglesias Herrera pudo huir. Por último, según los representantes el señor Ricardo Alberto Iglesias Herrera presentó una denuncia ante la sede policial en la ciudad de Santa Tecla, y los referidos hechos fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos de El Salvador.
4. Lo manifestado por los representantes en el sentido de que las características del atentado, “que denotan la capacidad operativa en su ejecución”, coinciden con la naturaleza de otros hechos intimidatorios, amenazas y seguimientos de los que han sido objeto los miembros de la familia García Prieto, y que han llevado a la Corte a la adopción de medidas provisionales a su favor. Dado lo anterior, solicitaron a la Corte que valore la situación planteada, e inste al Estado a garantizar la seguridad de las personas ofrecidas como testigos y peritos en el presente caso, para permitir su participación en este proceso y en particular, se garantice la comparecencia de las personas que sean citadas para participar en la audiencia pública correspondiente.

  1. La Resolución del Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) de 3 de diciembre de 2006, mediante la cual resolvió:

1. Requerir al Estado que adopte, sin dilación, las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal del señor Ricardo Alberto Iglesias Herrera.
2. Requerir al Estado que realice todas las gestiones pertinentes para que las medidas de protección ordenadas en la presente Resolución se planifiquen e implementen con la participación de los beneficiarios de las mismas o sus representantes, de manera tal que estas medidas se brinden de forma diligente y efectiva y que, en general, los mantenga informados sobre el avance de su ejecución.
3. Requerir al Estado que investigue los hechos que motivan la adopción de estas medidas urgentes, identifique a los responsables y, en su caso, les imponga las sanciones correspondientes.
4. Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 18 de diciembre de 2006, sobre las medidas que haya adoptado en cumplimiento de la presente Resolución.
5. Solicitar al Estado que, con posterioridad al informe señalado en el punto resolutivo cuarto, continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada dos meses sobre las medidas urgentes adoptadas, juntamente con los informes respecto de las medidas provisionales ordenadas a favor de Gloria Giralt de García Prieto y otros.
6. Solicitar a los beneficiarios de estas medidas o sus representantes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presenten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las observaciones que estimen pertinentes a los informes del Estado, juntamente con las observaciones respecto de las medidas provisionales ordenadas a favor de Gloria Giralt de García Prieto y otros. Para la presentación de dichas observaciones los beneficiarios de estas medidas o sus representantes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuentan con un plazo de cuatro y seis semanas, respectivamente, contado a partir de la notificación de los informes del Estado.

  1. La Resolución del Presidente de 14 de diciembre de 2006, mediante la cual, en lo conducente, resolvió:

1. Requerir, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 47.3 del Reglamento, que los testigos José Mauricio García Prieto Hirlemann, Gloria María de los Ángeles García Prieto, Ile del Carmen García Prieto, Lourdes García Prieto de Patuzzo, Alina Isabel Arce, María Julia Hernández, David Ernesto Morales Cruz y Oscar Castro, así como los peritos Ricardo Alberto Iglesias Herrera y Mauricio Gaborit, propuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por los representantes de las presuntas víctimas, y por el Estado, presten sus testimonios y sus peritajes, según corresponda, a través de declaración rendida ante fedatario público (affidávit).
[…]
PERITOS
Propuestos por los representantes
1. Ricardo Alberto Iglesias Herrera, quien rendirá peritaje sobre el supuesto contexto de impunidad en El Salvador y la situación de la administración de justicia en el caso de la muerte de Ramón Mauricio García Prieto Giralt, así como sobre la actuación de la Fiscalía General de la República en las diligencias de investigación iniciadas por las supuestas amenazas en perjuicio de la familia García Prieto Giralt, en razón de su búsqueda de justicia en este caso.

[…]


7. El escrito de 18 de diciembre de 2006 del Estado, mediante el cual se refirió a la Resolución de 3 de diciembre de 2006 (supra Visto 5) e informó que para dar cumplimiento a dicha Resolución ha tomado las siguientes medidas a favor del señor Ricardo Alberto Iglesias:


  1. la Fiscalía General de la República abrió el expediente 3087-UDV-06, con el fin de que la Unidad de Delitos Relativos a la Vida de la Subregional de Santa Tecla, iniciando la investigación con el acta de inspección en el lugar de los hechos, de donde se ha recolectado evidencia, posteriormente se solicitó la ratificación de secuestro del vehículo del señor Iglesias y actualmente se está tramitando la dirección funcional de las diligencias solicitadas;

  2. la Fiscalía General solicitó las medidas de protección urgentes ordinarias y extraordinarias para el señor Iglesias a la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, en la cual se solicita la aplicación de las mismas, por ser éste el organismo administrador del Programa de Protección de Víctimas y Testigos;

  3. el señor Iglesias manifestó que no quería protección a través de agentes policiales, que lo único que requería es que se le proporcione el nombre de una persona al interior de la Policía Nacional Civil y un número de teléfono donde él pueda contactarlo en caso de ser necesario; y

  4. se designó a la Subcomisionada Alicia Orbelina Méndez Benítez, Jefe de la División de víctimas y testigos, para atender cualquier solicitud del señor Ricardo Iglesias.

8. La comunicación de la Secretaría de la Corte de 21 de diciembre de 2006 mediante la cual informó, siguiendo instrucciones del Presidente, a los representantes de los beneficiarios de las medidas y a la Comisión Interamericana, de acuerdo a lo dispuesto en el punto resolutivo sexto de la Resolución de 3 de diciembre de 2006, que cuentan con un plazo de cuatro y seis semanas, respectivamente, para que presenten las observaciones que estimen pertinentes al informe estatal presentado el 18 diciembre de 2006.

9. El escrito de los representantes de 12 de enero de 2007, mediante el cual presentaron las declaraciones de Alina Isabel Arce, María Julia Hernández y los peritajes de Ricardo Alberto Iglesias Herrera y Mauricio José Ramón Gaborit Pino, todos rendidos ante notario público. El escrito de la Comisión de ese mismo día, mediante el cual remitió la declaración rendida ante fedatario público de David Ernesto Morales Cruz, quien fue ofrecido como testigo tanto por los representantes como por la Comisión.

10. El escrito de los representantes de 18 de enero de 2007 mediante el cual indicaron que:

a) el señor Ricardo Alberto Iglesias Herrera, como lo señaló el Estado, decidió “no aceptar el otorgamiento de protección por consistir ésta en acompañamiento de agentes estatales, por considerar que la misma supondría una invasión de privacidad”. En razón de ello, expresó su conformidad de contar únicamente con un contacto directo con una persona con capacidad de mando al interior de la Policía Nacional Civil, que pueda reaccionar de inmediato en caso de urgencia, la cual ya designó el Estado;

b) en cuanto a lo señalado por el Estado respecto a la investigación abierta en el expediente No. 3087-UDV-06, de la Unidad de Delitos relativos a la Vida de la Subregional de Santa Tecla, que el señor Iglesias Herrera no ha sido informado sobre la realización de diligencias ni el resultado de las mismas. La Fiscalía General de la República no ha realizado avances en las investigaciones tendientes a establecer el origen y motivación de los supuestos hechos contra dicho señor, ni identificado a sus responsables. El caso se encuentra en total inactividad, lo que hace evidente el desinterés del Estado por cumplir con la adopción de las medidas; y

c) se refirieron a las medidas provisionales adoptadas a favor de los demás beneficiarios. Al respecto señalaron que hicieron una propuesta sobre la implementación de las medidas de protección, la cual no fue respondida por el Estado el 7 de diciembre de 2006 como se había acordado, en razón de que se les informó que no podían dar la respuesta en dicha fecha. A partir de esa fecha no se ha recibido ninguna comunicación del Estado acerca de la propuesta, ni se ha implementado ningún mecanismo de protección. Los beneficiarios y sus representantes “aceptaron asumir los riesgos de no tener protección mientras no se aprobara la propuesta”, bajo el entendido que el Estado cumpliría el plazo acordado para contestarla, razón por la cual, a partir de esa fecha “es responsabilidad exclusiva del Estado […] los riesgos a la vida e integridad personal de la personas sujetas a medidas de protección”.

11. La declaración rendida por el señor Pedro José Cruz Rodríguez en la audiencia pública celebrada el 24 de enero de 2007 en la sede del Tribunal, en la cual manifestó que reside en la Ciudad de Guatemala y que sentía “temor por […] encontrarse declarando ante […] la Corte”.

12. El Tribunal se encuentra a la espera de la remisión de las observaciones de la Comisión, cuyo plazo para la presentación vence el 1 de febrero de 2007.



CONSIDERANDO:

1. Que El Salvador es Estado Parte en la Convención Americana desde el 23 de junio de 1978 y, de acuerdo con el artículo 62 de la misma, reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 6 de junio de 1995.


2. Que el artículo 63.2 de la Convención Americana dispone que, en “casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas”, la Corte podrá, en los asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, a solicitud de la Comisión, ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes.

3. Que en relación con esta materia, el artículo 25 del Reglamento establece que:

1. En cualquier estado del procedimiento, siempre que se tratare de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes, en los términos del artículo 63.2 de la Convención.
[…]
6. Los beneficiarios de medidas provisionales o medidas urgentes del Presidente podrán presentar directamente a la Corte sus observaciones al informe del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá presentar observaciones al informe del Estado y a las observaciones de los beneficiarios de las medidas o sus representantes.

4. Que la presente solicitud de medidas provisionales ha sido presentada directamente por los representantes de las presuntas víctimas en un caso que se encuentra bajo conocimiento de la Corte, por lo que dicha solicitud se encuentra conforme a lo estipulado en el artículo 25 del Reglamento.



5. Que el artículo 1.1 de la Convención establece la obligación general que tienen los Estados Partes, de respetar los derechos y libertades en ella consagrados y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. En ese mismo sentido se resalta la posición del Estado como garante de los derechos de las personas bajo su custodia. Estas obligaciones se tornan aún más evidentes en relación con quienes estén vinculados en procedimientos ante los órganos de supervisión de la Convención Americana1.
6. Que el caso al que se refiere la solicitud de los representantes se encuentra en conocimiento del Tribunal en cuanto al fondo y que, no obstante, la adopción de medidas provisionales no implica una decisión sobre el fondo de la controversia existente entre el peticionario y el Estado. Al adoptar medidas provisionales, esta Corte está garantizando únicamente que el Tribunal pueda ejercer fielmente su mandato conforme a la Convención en casos de extrema gravedad y urgencia que requieren medidas de protección para evitar daños irreparables a las personas2.
7. Que el Estado informó que ha adoptado determinadas medidas para dar cumplimiento a la Resolución del Presidente de 3 de diciembre de 2006 (supra Visto 5 y 7). Los representantes en sus observaciones al informe estatal coincidieron con el Estado en señalar que éste ya designó a una persona de la Policía Nacional Civil para atender cualquier solicitud de urgencia del señor Ricardo Iglesias Herrera (supra Visto 10.a).
8. Que la situación descrita por los representantes (supra Vistos 3, 4 y 10) revela prima facie la existencia de una situación de extrema gravedad y urgencia, que hace necesario evitar daños irreparables a los derechos a la vida e integridad personal del señor Ricardo Alberto Iglesias Herrera, quien fue ofrecido por los representantes para actuar como perito en el presente caso y de acuerdo al punto resolutivo primero de la Resolución del Presidente de 14 de diciembre de 2006 presentó su peritaje a través de declaración rendida ante fedatario público (affidávit) el día 12 de enero de 2007 (supra Vistos 6 y 9). El estándar de apreciación prima facie de un caso y la aplicación de presunciones ante las necesidades de protección, han llevado a esta Presidencia y a la Corte a ordenar medidas en distintas ocasiones3.


  1. Que esta Corte estima necesaria la protección del señor Ricardo Alberto Iglesias Herrera a través de medidas provisionales de protección. Lo anterior permitirá que el señor Ricardo Alberto Iglesias Herrera pueda mantenerse en condiciones de seguridad y sin ningún tipo de coacción o amenaza, luego de haber rendido su peritaje mediante affidavit y presentado ante este Tribunal el 12 de enero de 2007 (Visto 11).

10. Que en consideración de lo manifestado, inter alia, por los representantes en su escrito de 29 de noviembre de 2006 respecto a su preocupación por la seguridad de las personas ofrecidas como peritos y testigos para participar en el caso de referencia y que en la Resolución de 14 de diciembre de 2006 se ordenó que David Ernesto Morales Cruz, Alina Isabel Arce, María Julia Hernández y Mauricio José Ramón Gaborit Pino prestaran sus testimonios y peritajes, según corresponda, mediante declaraciones rendidas ante fedatario público, las cuales fueron presentadas el 12 de enero de 2007 (Visto 9), esta Corte solicita a los representantes que le informen, en un plazo de quince días contado a partir de la notificación de la presente Resolución, de manera específica y detallada sobre la necesidad de la adopción de medidas provisionales a su favor.


11. Que en lo que respecta a Pedro José Cruz Rodríguez, quien manifestó que reside en Guatemala (Visto 11), este Tribunal solicita a los representantes que le informen, en un plazo quince días, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, sobre su situación actual.
12. Que el Estado debe realizar todas las gestiones pertinentes para que las medidas de protección ordenadas en la presente Resolución se planifiquen y se apliquen con la participación de los beneficiarios de las mismas o sus representantes, de manera tal que las referidas medidas se brinden en forma diligente y efectiva.
13. Que el Tribunal estima necesario que en el próximo informe que deberá remitir El Salvador, de conformidad con la presente Resolución, se refiera a las medidas que está adoptando para proteger la vida o la integridad personal de todos los beneficiarios de las presentes medidas, es decir, Gloria Giralt de García Prieto, José Mauricio García Prieto Hirlemann, María de los Ángeles García Prieto de Charur, José Benjamín Cuellar Martínez, Matilde Guadalupe Hernández de Espinoza, José Roberto Burgos Viale y Ricardo Alberto Iglesias Herrera.
14. Que el Estado tiene la obligación de investigar los hechos que dieron origen a estas medidas provisionales, identificar a los responsables y, en su caso, imponerles las sanciones pertinentes.

POR TANTO:
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
en uso de las atribuciones que le confieren el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 25 del Reglamento,
RESUELVE:
1. Ratificar la Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de diciembre de 2006.


  1. Requerir al Estado que mantenga las medidas que hubiese adoptado, y que adopte, de forma inmediata, las medidas que sean necesarias para proteger la vida y la integridad del señor Ricardo Alberto Iglesias Herrera.




  1. Requerir al Estado que mantenga las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de Gloria Giralt de García Prieto, José Mauricio García Prieto Hirlemann, María de los Ángeles García Prieto de Charur, José Benjamín Cuéllar Martínez, Matilde Guadalupe Hernández de Espinoza y José Roberto Burgos Viale.




  1. Requerir a los representantes de los beneficiarios de las medidas provisionales que informen en un plazo de quince días, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, a la Corte Interamericana de manera específica y detallada sobre la necesidad de la adopción de medidas provisionales a favor de las personas mencionadas en el considerando décimo, y sobre la situación actual de Pedro José Cruz Rodríguez, de conformidad con el considerando décimo primero.




  1. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Estado que en un plazo de siete días, contado a partir de la recepción de la información solicitada en el punto resolutivo cuarto, presenten las observaciones que estimen pertinentes al respecto.

6. Requerir al Estado que realice todas las gestiones pertinentes para que las medidas de protección ordenadas en la presente Resolución se planifiquen e implementen con la participación de los beneficiarios de las mismas o sus representantes, de manera tal que estas medidas se brinden de forma diligente y efectiva y que, en general, los mantenga informados sobre el avance de su ejecución.


7. Requerir al Estado que investigue los hechos que motivan la adopción de estas medidas provisionales, identifique a los responsables y, en su caso, les imponga las sanciones correspondientes.
8. Solicitar al Estado que continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada dos meses sobre las medidas provisionales adoptadas, juntamente con los informes respecto de las medidas provisionales ordenadas a favor de Gloria Giralt de García Prieto y otros.
9. Solicitar a los beneficiarios de estas medidas o sus representantes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos las observaciones que estimen pertinentes a los informes del Estado, juntamente con las observaciones respecto de las medidas provisionales ordenadas a favor de Gloria Giralt de García Prieto y otros. Para la presentación de dichas observaciones los beneficiarios de estas medidas o sus representantes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuentan con un plazo de cuatro y seis semanas, respectivamente, contado a partir de la notificación de los informes del Estado.


  1. Solicitar a la Secretaría que se notifique la presente Resolución a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de los beneficiarios de estas medidas y al Estado.

Sergio García Ramírez

Presidente

Cecilia Medina Quiroga

Manuel E. Ventura Robles

Leonardo A. Franco

Margarette May Macaulay





Rhadys Abreu Blondet

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

Comuníquese y ejecútese,


Sergio García Ramírez

Presidente
Pablo Saavedra Alessandri

Secretario



 El Juez Diego García-Sayán se excusó de participar en la adopción y firma de las presentes medidas provisionales.

1 Cfr. Caso Gloria Giralt de García Prieto y otros. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de septiembre de 2006, considerando cuarto; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2006, considerando quinto; y Caso de los 19 Comerciantes. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de julio de 2006, considerando séptimo.



2Cfr. Caso Giraldo Cardona. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de noviembre de 2006, considerando sexto; Caso de las personas privadas de libertad de la Penitenciaria "Dr. Sebastião Martins Silveira" en Araraquara, São Paulo. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de septiembre de 2006, considerando sexto; y Caso Gloria Giralt de García Prieto y otros. Medidas Provisionales, supra nota 1, considerando quinto.


3Cfr. Caso de las personas privadas de libertad de la Penitenciaria "Dr. Sebastião Martins Silveira" en Araraquara, São Paulo. Medidas Provsionales, supra notra 2, considerando vigésimo; Caso Gloria Giralt de García Prieto y otros. Medidas Provisionales, supra nota 2, considerando décimo; y Caso María Leontina Millacura Llaipén y otros. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de julio de 2006, considerando noveno.





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