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Medidas para evitar el clientelismo y el acoso laboral en la Administración. «Hace más ruido un árbol al caer que todo un bosque creciendo»


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Medidas para evitar el clientelismo y el  acoso laboral en la Administración.

«Hace más ruido un árbol al  caer que todo un bosque creciendo». Eso es lo que sucede en  la Administración pública, donde la tupida red de intereses  privados, clientelismo, y contratos «a dedo» lleva años extendiéndose  ante la indiferencia general. Ha tenido que llegar la crisis para  que nos resulte intolerable el despilfarro en automóviles oficiales,  mobiliario, viajes, restaurantes, y el creciente  número de asesores, directivos y puestos de  confianza. Los ciudadanos nos damos cuenta de lo podridas que están  algunas raíces y reclamamos con urgencia la regeneración de la  democracia y de la  Administración.

Según cifras oficiales de enero de 2008,  el número de empleados públicos en nuestro país ascendía a  2.582.846, un millón más que hace 25 años. La Administración  General del Estado ocupa a un 21% del personal, frente al 50% largo de las CC.AA, y un 24% en las administraciones locales. Sin embargo, este aumento de empleados públicos (uno por cada siete personas  ocupadas) no se ha traducido en una mayor eficacia de  los servicios públicos, antes al contrario, en mayor descoordinación y más despilfarro.

En junio de 2007, el entonces Ministro de  Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, presentaba en el Congreso el proyecto de Estatuto del Empleado  Público. Se trataba de «un hito  histórico», según R. Zapatero, para «transformar la Administración que nos ha  quedado en la Administración que necesitamos». El borrador fue  elaborado sobre un informe externo por  el que se pagaron 54.480,72 euros. ¿Acaso no le gustó al gobierno la opinión de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de  la Administración Civil del Estado (FEDECA)?

En su dictamen leemos: «la categoría  “empleado público” (incluyendo el personal laboral) resulta  desconocida por nuestro derecho positivo, y la  Constitución obliga a dictar un Estatuto de los funcionarios públicos, ya que la función de la legislación estatal «no es  la de servir como regulación supletoria de las normas  autonómicas.» Señalaban además la necesidad de garantizar estabilidad y confianza en el puesto de trabajo a través  de la reducción de decisiones políticas y libre designación».

Lo cierto es que la Ley  resultante, la EBEP, deja mucho que desear a pesar de  que insiste en que el texto  «ha sido elaborado por una Comisión de expertos constituida al  efecto tras un intenso período de estudio y reflexión». ¿Tanto  experto y tanta reflexión para acabar anunciando que la Ley se  tendrá que desarrollar por otra ley estatal y por 17 leyes  autonómicas? Claro que no debería  extrañarnos; éste es otro bosque en el que andamos perdidos: permitir 17 legislaciones distintas sobre la misma  materia.  

José  Antonio Olmeda, profesor de Ciencia de la Administración en la UNED explica cómo el cliententismo ha llegado a  institucionalizarse: «Cuando los políticos llegan  al poder, crean instituciones paralelas y sitúan al frente de ellas  a personas cercanas, porque desconfían de los funcionarios de  carrera. Las agencias, consorcios y fundaciones externas les  ofrecen, además, mayor libertad de movimientos. Cada nuevo gobierno  supone nuevos organismos y nuevos nombramientos, que se yuxtaponen a  los que ya existían.» Para colmo, «muchas veces se escogen  personas mediocres que no le hagan sombra al dirigente».

Por su parte, el Diario de Mallorca publicaba que «los partidos cobran a sus  altos cargos hasta un tercio de su salario», desde un 2% hasta un 30%.  De esta forma «los comisionistas logran  una financiación extraordinaria que justifica el número siempre  creciente en las instituciones y empresas públicas de cargos  "eventuales", como los denomina la eufemística  institucional.»

De nada sirve que los tribunales  insistan en que la designación de eventuales  («a  dedo») o la  promoción de funcionarios («afines») de libre designación ha  de ser excepcional, estar justificado y explicado. O que el  artículo 103 de la Constitución establezca un estatuto ineludible de  acceso a la función pública de acuerdo con los principios  de  igualdad  mérito y capacidad.

Claro que, no hay que ser ingenuos; para regenerar la democracia también es necesario  regenerar la sociedad y acabar con la cultura del  «enchufismo» tan arraigada en España. El nepotismo  necesita no sólo de un gobernante carente de ética dispuesto a  repartir favores, sino también del pariente o amigo ávido de  recibirlos. Como cuenta Joaquín Leguina en su estupendo libro  Los ríos desbordados, cuando en 1979 fue nombrado concejal  de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, alguien le dijo:  Desengáñate, nadie pensará que pintas algo en el Ayuntamiento hasta  que no coloques de conserje a uno de tu  pueblo.»  


Lamentablemente, 30 años más tarde, todo  sigue igual; en realidad, mucho peor, porque no hablamos del sueldo  de conserje, sino de los elevados salarios y dietas que pagamos con  dinero público a los directivos y consejeros del entramado de  sociedades mercantiles consorcios y fundaciones dependientes del Estado y, sobre todo,  de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, cuyos nombramientos y retribuciones se caracterizan por su opacidad. ¿Acaso es esta  « la  Administración que necesitamos»?

Del programa  electoral de UPyD, «Regeneración Democrática»  en la página 17 entresacamos las siguientes medidas:

-  Retribuir los altos cargos de libre designación de modo que nunca  superen un porcentaje dado de los ingresos previos y demostrables  del candidato

- Limitar el porcentaje de cargos de libre  designación o fuera de convenio y del tiempo en que una misma  persona puede ocupar tales cargos.



- Prohibición de que los  aumentos retributivos de los cargos electos que superen el doble  del IPC del último año puedan entrar en vigoren el mandato vigente y  de que haya más de un aumento por mandato.
Francisco Aznar.


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