Página principal

Mauricio alvarez quevedo


Descargar 26.54 Kb.
Fecha de conversión21.09.2016
Tamaño26.54 Kb.
Exp: 98-200856-275 PE

Res: 000392-99

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuatro minutos del nueve de abril de mil novecientos noventa y nueve.

Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra MAURICIO ALVAREZ QUEVEDO, costarricense, mayor de edad, casado, técnico en computación, vecino de San José, hijo de William Alvarez Prada y de Cecilia Quevedo Acosta, cédula de identidad número 1-758-524; JOSE ALFREDO CASTILLO UMAÑA, costarricense, mayor de edad, casado, comerciante, vecino de San José, hijo de Alfredo Castillo Rodríguez y de Betina Umaña Rodríguez, cédula de identidad número 1-582-278; MAURICIO BERROCAL PIZARRO, costarricense, mayor de edad, soltero, guía de turismo, vecino de San José, hijo de José Antonio Berrocal Vargas y de María de los Angeles Pizarro M., cédula de identidad número 7-109-806; y en contra de JORGE ISAAC MOLINA ALFARO, costarricense, mayor de edad, soltero, guía de turismo, vecino de San José, hijo de Jorge Molina Cortés y de Lucía Alfaro Zaparolli, cédula de identidad número 7-136-273; por el delito de POSESION DE COCAINA PARA EL TRAFICO cometido en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. Intervienen en la decisión del recurso los Magistrados Daniel González Alvarez, Presidente, Jesús Alberto Ramírez Quirós, Mario Alberto Houed Vega, Alfonso Chaves Ramírez y Rodrigo Castro Monge. Intervienen además en esta instancia, los Licenciados Luis Felipe Martínez Obando, como defensor particular del co encartado Castillo Umaña, y Daniel González Saborío como representante del Ministerio Público.



RESULTANDO:

1.- Que mediante sentencia Nº 907-98 de las quince horas del veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y ocho, el Tribunal de Juicio de San José, resolvió: "POR TANTO: En virtud de lo antes expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 360 a 365, 367, 370 a 375, 452, 453, 459, 460, 130 a 133, 136, 141, y 142 del Código Procesal Penal en relación de los numerales 22, 23, 30 inciso d), 311 inciso d), 312, 213 y 340 ibídem, ordinales 1361 de la Ley número 7786 LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO Y ACTIVIDADES CONEXAS, numerales 1, 30, 31, 45, 71 a 74, 59, 60 del Código Penal se declara a MAURICIO ALVAREZ QUEVEDO, JORGE ISAAC MOLINA ALFARO Y A JOSE A. CASTILLO UMAÑA , autores responsables del delito de POSESION DE COCAINA PARA EL TRAFICO en daño de LA SALUD PUBLICA.- En tal carácter se le impone a los dos primeros una pena de TRES AÑOS DE PRISION, concediéndoseles en este acto el BENEFICIO DE EJECUCION CONDICIONAL DE LA PENA , por un período de prueba de CINCO AÑOS, haciéndoseles las advertencias que conlleva dicho beneficio, de lo que quedaron entendidos. En ese mismo carácter se le impone a CASTILLO UMAÑA una pena de CUATRO AÑOS DE PRISION, que deberá descontar conforme lo establezca Adaptación Social, previo abono de la prisión preventiva que hubiere guardado. Se les condena al pago de ambas costas y son los gastos del proceso a cargo de los setenciados. Una vez firme el fallo, se inscribirá en el Registro Judicial y se remitirán los testimonios de estilo a Adaptación Social y el Juez de Ejecución de la Pena para lo de sus cargos. Asimismo se SOBRESEE a MAURICIO BERROCAL PIZARRO por el precitado delito, que se le siguió cometido en daño de La Salud Pública. Cesen las medidas cautelares decretadas en su contra. Quedan las costas del proceso a cargo del Estado. Por lectura Notifíquese.- LICDA. JEANNETTE CASTILLO MESEN LIC. JORGE MORALES G. LIC. GERARDO SEGURA R. JUECES DE JUICIOS (sic).

2.- Que contra el anterior pronunciamiento el defensor particular del co sentenciado José Alfredo Castillo Umaña, Licenciado Luis Felipe Martínez Obando, interpuso recurso de casación por la forma. Como único agravio de esa naturaleza, el recurrente alega que debido a su “... falta de experiencia en el manejo del nuevo texto legal...” el a-quo violentó la normativa legal aplicable, así como preceptos procesales que devienen en la nulidad del fallo de instancia. Por lo antes expuesto, solicita se anule la resolución de mérito y se ordene la nueva sustanciación de proceso con arreglo a Derecho. En su subsidio, pide se establezca con claridad cuál es el tanto de pena privativa de libertad que ha de sufrir su patrocinado.

3.- Que verificada la deliberación respectiva, la Sala se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.

4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

CONSIDERANDO:



I.- El Licenciado Luis Felipe Martínez Obando, defensor particular del sentenciado Alfredo Castillo Umaña, con fundamento en los artículos 375 in fine, 443 a 447, 449 a 451 del Código Procesal Penal, reclama que accedió a la abreviación del procedimiento porque el Fiscal encargado le informó que tenía en su poder el dictamen de laboratorio que certificaba que la droga decomisada era clorhidrato de cocaína con un alto grado de pureza y porque, según le comunicó el mismo Fiscal, los otros acusados se habían acogido al convenio a que hace referencia el artículo 13 de la ley # 7.786. Señala que: “... Si este artículo 13 ibídem informa que el Ministerio Público podrá ofrecer los beneficios citados hasta antes de celebrarse la audiencia preliminar, ¿cómo es que se ocultó a la Juez y a esta representación en dicha audiencia la existencia de un convenio con los coimputados Alvarez Quesada y Molina Alfaro?...” (confrontar folio 226). Agrega que en la audiencia preliminar no accedió a la solicitud del Fiscal, porque aún no constaba el dictamen criminalístico. Ya en el debate, a pesar de que el representante del Ministerio Público solicitó aplicar el procedimiento abreviado, el Tribunal por mayoría de votos declinó tal petición y ordenó continuar el debate, argumentando que la etapa procesal en que podía hacerse la mencionada gestión, había precluído. La oposición de la defensa consistió en hacer ver al a-quo que lo procedente era: “... retrotraer el expediente hasta antes del auto de apertura juicio visible a folio 132, porque entonces sí habría oportunidad de solicitarle al juez de la etapa intermedia la aplicación del procedimiento abreviado...” (confrontar folio 228). Estima como violados los principios de economía procesal, de control y de indisponibilidad. Conforme se verá, el reclamo debe ser desestimado. Para ello es oportuno remitirse a las constancias que se registran en la sumaria respecto a las diversas gestiones de las partes relativas a la aplicación de alguna vía alterna para solucionar el conflicto, diferente al debate. Así, resulta que en la audiencia preliminar, después de leerse la acusación por el delito de posesión de cocaína para el tráfico, agravada la conducta por la existencia de un grupo organizado de tres o más personas (artículos 61 y 71 inciso f) de la Ley 7.786, sobre sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas), el representante del Ministerio Público manifestó su: “... anuencia a la aplicación de otra medida alternativa si las partes están de acuerdo ...” (confrontar folio 123, líneas 21 a 22). Por su parte, en esa etapa, los defensores combatieron tanto la acusación como las diligencias policiales que le daban sustento, por estimar – en esencia - que en la especie había un “delito provocado”, razón por la cual, en su criterio, no debía llevarse a juicio a sus patrocinados. Oportunamente, dichas críticas fueron desestimadas por la juez respectiva mediante resolución de las 11:00 horas del 7 de julio de 1.998 (visible entre folios 132 y 143). Luego, en el debate, quien presidía la audiencia inquirió a las partes si alguna tenía interés en que se aplicara una solución alterna (folio 196, líneas 15 a 17). Ante lo cual, los señores defensores solicitaron aplicar el procedimiento abreviado. El Tribunal ordenó un receso. Al constituirse nuevamente en la sala respectiva, por mayoría de votos rechazó la gestión de la defensa, bajo el argumento de que la petición era extemporánea, ya que según lo dispone el artículo 373 del Código Procesal Penal, la solicitud debió haberse formulado en la audiencia preliminar. Aclaró el a-quo, que erróneamente se creyó que la causa era una iniciada con el Código anterior, en la que además era procedente aplicar el Transitorio IV de la Ley de Reorganización Judicial. Por su parte, el Licenciado Gerardo Segura Ruiz, salvó su voto y expuso que si había acuerdo de partes: "... no se causa perjuicio alguno al orden procesal ni mediaría interés en objetarlo. En este sentido priva el valor de la no restricción eventual a la libertad de los imputados y la oportunidad de resolver el conflicto social del modo indicado, que la disposición adjetiva en que se basa la mayoría, que por lo demás no es preclusiva ni imperativa...” (confrontar folio 198). El Licenciado Martínez Obando solicitó retrotraer el proceso a la etapa intermedia para no causar indefensión. Esta propuesta fue avalada por el representante del Ministerio Público, quien solicitó al Tribunal analizar: “el acta que hizo”, en la que el ofrecimiento de la alternativa se hizo en forma genérica. (confrontar folio 199, líneas 10 a 17). El Licenciado Mario Gonzalo Soto Baltodano manifestó además, que según la razón de recibido de folio 22 vuelto, no se aportó prueba material y no constando tal evidencia, ellos no podían “lanzar” a sus clientes a una medida de esa especie. (confrontar folio recién citado, in fine). Ante estas manifestaciones, el a-quo ordenó otro receso y resolvió que de acuerdo al numeral 179 párrafo segundo del Código de rito, la remisión a una etapa anterior era improcedente. Sin embargo, considerando que: “...los defensores no entendieron como funcionaban las nuevas alternativas ni cuando proponerlos...” y que “... sus representados no tuvieron un asesoramiento idóneo...”, en aplicación de los artículos 15 y 179 inciso a) del código citado, el Tribunal enderezó el procedimiento revocando la resolución anterior. De esta forma dio la palabra al Fiscal para que procediera: “... a ser la propuesta de la medida alternativa solicitada...”(sic., folio 200 in fine). Así, el Fiscal gestionó la aplicación del procedimiento abreviado, de modo que a los justiciables Alvarez Quevedo y Molina Alfaro se les impusiera pena de tres años de prisión y a José Alfredo Castillo Umaña el tanto de cuatro años y dos meses. A su vez, respecto al encartado Mauricio Berrocal Pizarro, solicitó que: “... se desista de la acción penal y se dicte su respectivo sobreseimiento ya que no hay elemento objetivo que lo vincule con el delito...” (confrontar folio 201, líneas 10 a 12). Los defensores estuvieron de acuerdo con la petición así expuesta y cada imputado aceptó los cargos (ver folio 202).

II.- Por lo expuesto, conviene apuntar que fue momentos antes de dar inicio el juicio oral, donde se propuso abreviación del procedimiento y si bien el trámite no fue el idóneo, porque la etapa procesal para incoar tal gestión había precluído, no siendo de recibo en consecuencia el desconocimiento de la forma en que funcionan los nuevos institutos procesales, porque, en todo caso, el argumento central por el que - según lo expusieron los señores defensores - no se aceptó el abreviado en la audiencia preliminar, no era esencial a fin de formar su voluntad. En efecto, la citada ausencia de los estudios criminalísticos que acreditaran que lo incautado era droga, se suplía – al menos con la probabilidad mínima necesaria para fundar la acusación – con las pruebas de campo realizadas en las sustancias que dieron resultado positivo por clorhidrato de cocaína. Antes de que cada imputado fuera debidamente intimado, el informe policial de folio 8 ya estaba agregado al expediente. De ahí que el dato mencionado era de sencillo conocimiento tanto para los justiciables, como para sus defensores. Por otra parte, el convenio suscrito entre el representante del Ministerio Público y los encartados Alvarez Quevedo y Molina Alfaro, para que estos declararan en plenario respecto a todas las circunstancias útiles para esclarecer los hechos (confrontar folios 186 y 186), a cambio de que el Fiscal solicitara la pena de tres años de prisión y el beneficio de condena de ejecución condicional de la pena, no tenía por qué serle comunicado a los otros acusados antes del debate, pues por razones de seguridad, el acuerdo debe resguardarse bajo estricta confidencialidad. Sobre este documento conviene hacer dos acotaciones: En primer lugar y en lo que se refiere al recurso, es claro que la determinación del ente acusador de negociar los beneficios a que alude la ley de Psicotrópicos, con unos u otros acusados, constituye una manifestación especial – en razón de la materia tutelada- del principio dispositivo, que al igual que el principio de oportunidad, faculta al Ministerio Público a ofrecer determinadas ventajas a distintos sujetos a cambio de una colaboración eficaz con la Administración de Justicia en la persecución de los delitos relacionados con el tráfico de drogas. En la medida en que la elección realizada por el acusador responda estrictamente a razones de interés público, centradas en la conveniencia procesal de la persecución penal, ninguna desigualdad procesal se ocasiona a los otros justiciables, pues la distinción fundada en parámetros de razonabilidad, es plenamente válida. De ahí que las pruebas que resulten de los convenios fiscales, siempre que se incorporen por los medios legalmente previstos por la ley procesal, deben ser valorados por el Tribunal en estricta conformidad con las normas del correcto entendimiento humano. No obstante, a pesar de que el documento en que conste lo pactado constituye el instrumento idóneo para acreditar la negociación, por sí mismo no puede desplegar eficacia alguna en el plenario, pues su valor queda sujeto a la efectividad de la colaboración esperada. En la especie, la consideración que hizo el Tribunal del citado acuerdo, fue a todas luces impertinente. Primero porque, al no realizarse el debate, los encartados no pudieron declarar todas las circunstancias útiles para esclarecer los hechos y por lo tanto, si el Fiscal no demostró la efectividad de la colaboración, aquellos no estaban en condiciones de beneficiarse de ninguna ventaja sustantiva. Debe recordarse, que en estos supuestos el órgano jurisdiccional ha de ser un activo garante de la legalidad, que caso a caso y sin que pueda sustituir al Fiscal en la apreciación de la conveniencia de la persecución penal, debe constatar que - al menos para la Fiscalía respectiva - el convenio ha cumplido las expectativas programadas. En otros términos, en los casos en que pueda aplicarse un acuerdo a los que alude la Ley de Psicotrópicos, el Tribunal debe previamente informarse a través del Ministerio Público, acerca de los resultados de la negociación, sin que resulte lícito discrepar sobre la utilidad reportada, pues por mandato del principio acusatorio, tal calificación corresponde al ente acusador. En el sub-lite, es evidente que el convenio nunca surtió efecto, pues en vez de realizar el debate, las partes acordaron –extemporáneamente- abreviar el proceso. Es claro que la sanción impuesta a cada justiciable derivó de las negociaciones preliminares con el ente acusador. En el caso concreto, la diversa penalidad encuentra sustento en la misma aquiescencia de las partes. Por último, debe resaltarse que los supuestos en los que el Fiscal ha de aplicar una salida alterna o pretenda hacer valer una ventaja a la que se ha comprometido, debe exponer con suficiente claridad las razones de su solicitud y sobre todo, cuál es la sanción pretendida, de modo que se eviten confusiones innecesarias que puedan afectar el derecho de defensa de las partes. Por lo expuesto, y como el vicio reclamado carece de interés, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.

POR TANTO:


Se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto. NOTIFIQUESE.

Daniel González A.
Jesús Alb. Ramírez Q. Mario Alb. Houed V.

Alfonso Chaves R. Rodrigo Castro M.

imp. dig. ccr Exp. Nº 1031-5-98


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje