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Martha lucia tibruza primera instancia corte suprema de justicia


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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia

TUTELA 29073

MARTHA LUCIA TIBRUZA

PRIMERA INSTANCIA



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISION DE TUTELAS

Magistrado Ponente:

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No. 144

Bogotá, D.C., doce (12) diciembre de dos mil seis (2006).




VISTOS:

Se pronuncia la Sala en relación con la demanda de tutela presentada por la ciudadana MARTHA LUCIA TIBRUZA, contra la Fiscalías 2ª. Local de Sopó y 4º. de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, por haber incurrido en vías de hecho, dentro del proceso penal que se adelantó en contra de José María Romero Prieto, por el presunto delito de inasistencia alimentaria.


ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

1. Dentro del proceso de investigación de paternidad adelantado en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá, se declaró mediante sentencia de 19 de octubre de 2004 que José María Romero Prieto era el padre de la menor Sandra Milena.


2. Con fundamento en la sentencia proferida, la señora MARTHA LUCIA TIBRUZA denunció penalmente al padre de la menor, por el delito de inasistencia alimentaria, con la pretensión de obtener el pago de los alimentos adeudados desde el nacimiento de la menor, hasta la fecha en que fue declarado legalmente como padre.
3. De la querella correspondió conocer a la Fiscalía 2ª. Local de Sopó, autoridad que mediante resolución de 12 de diciembre de 2005 profirió preclusión de la investigación a favor del señor José María Romero Prieto. El fundamento de la decisión lo constituyó el que el sindicado probó “a través de las respectivas consignaciones realizadas” no estar incurso en el mencionado ilícito, decisión que notificada, fue recurrida por la Apoderada de la Parte Civil.

4. La Fiscalía Cuarta de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, a través de decisión del 22 de mayo de 2006, resuelve el recurso interpuesto confirmando la decisión de la fiscalía a-quo.


DE LA DEMANDA


La señora MARTHA LUCIA TIBRUZA, interpone la presente acción de tutela, asegurando que las autoridades accionadas incurrieron en vías de hecho, toda vez que la ley establece que los alimentos se deben a los hijos desde que son engendrados, siendo ella la razón por la cual denunció a José María Romero Prieto para que pague los alimentos que le debe a su hija desde que nació y hasta cuando empezó a consignar por órdenes del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá.


TRAMITE DE LA ACCION
Admitida la demanda de tutela se ordenó dar aviso de la iniciación de la misma a las autoridades accionadas para que ejercieran el derecho de contradicción y aportaran las pruebas que estimaran necesarias, sin que para el momento de la proyección del presente fallo se hubiera recibido respuesta.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o existiendo cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.
2. Tratándose de decisiones judiciales, la solicitud de amparo resulta viable si se logra determinar que los funcionarios accionados se han apartado de manera ostensible de los parámetros legales durante el desarrollo de la actuación que se reprueba y que por lo tanto, las providencias que han proferido, son el resultado de su capricho y voluntad.
Por ello, no es la simple inconformidad del actor en relación con las determinaciones que lo desfavorecen lo que da lugar a la intervención del juez constitucional, a quien le está vedado invadir otras competencias.
3. En el caso de estudio, el motivo de tutela recae en no estar de acuerdo con el punto de vista jurídico expresado por los funcionarios accionados en las decisiones de 12 de diciembre de 2005 y 22 de mayo de 2006, por considerar que se incurrió en vías de hecho.
4. Para la Corte resulta claro que tanto la Fiscalía 2 Local de Sopó, como la 4ª. Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, de manera objetiva, clara, precisa, coherente y ordenada señalaron y fundamentaron los hechos y pruebas que los llevaron a proferir la resolución de preclusión y la confirmación de tal decisión, cumpliéndose en un todo con los parámetros legales que debe contener la misma.
5. Así, en relación con la decisión proferida por la Fiscalía 2ª Local, se aprecia que la mencionada autoridad tuvo en cuenta el contenido de la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia el 19 de octubre de 2004, en la cual se declaró al sindicado como padre de la menor Sandra Milena y se le ordenó cancelar una cuota alimentaria del 33% sobre el salario mínimo a partir del mes de noviembre de 2004, habiendo probado el procesado a través de los soportes de consignación, el cumplimiento a la obligación alimentaria, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal se imponía precluir la investigación a su favor, al haberse demostrado que la conducta punible no ha existido.
6. Igual situación se predica de la decisión proferida el 22 de mayo de 2006 por la Fiscalía Cuarta de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, cuando concluye que hasta el 19 de octubre de 2004 estuvo en entredicho la paternidad del señor Romero Prieto, fecha en la cual el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá lo declaró legalmente padre de la niña Sandra Milena, disponiendo allí mismo que: “…la mesada precisada en el punto anterior sea consignada a partir del mes de noviembre de 2004, inclusive, dentro de los primeros cinco días de cada mes, a nombre de la representante legal de la menor, señora Martha Lucía Tibaduiza (sic) en la cuenta de depósitos de este juzgado en el Banco Agrario, sucursal Zipaquirá…”.
Por ello, lo que era una mera expectativa, se consolidó en algo real y palpable con el fallo de declaración de paternidad, con lo que nació legalmente el correlativo deber obligación de suministrar alimentos a la ahora joven Sandra Milena, fecha desde la cual también se podía hablar de sustracción injustificada. Sin embargo, al haber aportado el sindicado las fotocopias de los títulos de depósito judicial, que fueron contrastados con los originales, se estableció que éste se encontraba al día con el deber legal, razón por la cual era procedente la preclusión de la investigación a su favor; hecho que conllevó la confirmación de la decisión, observando la Sala que la conclusión a la que arriba es el resultado de un análisis sereno y ponderado de la ley, así como de los medios de persuasión que obraban en el expediente, y por tanto ajustadas en un todo a la legalidad, situación que conlleva a descartar que sea consecuencia de la voluntad o del capricho de la Fiscalía.
7. Si se admitiera que el Juez de tutela verifique la juridicidad de los trámites, o los supuestos desaciertos en la apreciación de las pruebas o en la interpretación de las normas jurídicas por los funcionarios judiciales, no solo se desconocerían los principios que disciplinan la actividad de los jueces ordinarios, de independencia y sujeción exclusiva a la ley, previstos en los artículos 228 y 230 de la Carta Política, sino además los del juez natural, y las formas propias del juicio penal contenidos en el artículo 29 Superior.
8. Una vez más recuerda la Corte que la acción pública no constituye un mecanismo adicional ni alternativo a los consagrados en la legislación ordinaria; por el contrario, se trata de un instrumento residual, preferente y sumario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales ante su menoscabo actual o una amenaza inminente por la acción u omisión antijurídica de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos previstos en la ley; y en este orden de ideas, procede cuando el afectado no dispone de otro medio eficaz de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, conjunto de hipótesis que en el caso que se examina no convergen.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la ciudadana MARTHA LUCIA TIBRUZA, con fundamento en las razones expuestas en precedencia.



2. Notificar de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión de este fallo, en caso de no ser recurrido.


CUMPLASE

MAURO SOLARTE PORTILLA


JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ
Teresa Ruiz Núñez

Secretaria






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