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Mario iguarán arana fiscal general de la nacióN


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CODIGO: F-RP-02

VERSION: 01

FECHA: 12/02/07

Bogotá D.C., julio de 2009


Doctor


MARIO IGUARÁN ARANA

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

E. S. D.



REFERENCIA: DENUNCIA PENAL CONTRA GUSTAVO LARREA Y JOSÉ IGNACIO CHAUVIN COMO AUTORES DEL DELITO DE TERRORISMO

ABELARDO DE LA ESPRIELLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 11.004.242 de Montería y Tarjeta Profesional número 111.289 del Consejo Superior de la Judicatura, me dirijo a usted de la manera más respetuosa para presentar denuncia penal contra los ciudadanos ecuatorianos GUSTAVO LARREA y JOSÉ IGNACIO CHAUVIN, de acuerdo a las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas que pasan a exponerse a continuación:
I. FUNDAMENTOS FÁCTICOS.
1. El día veintinueve (29) de febrero de 2008 se presentó una operación militar del Ejército Nacional Colombiano en territorio ecuatoriano, cuyo saldo fue la muerte del líder guerrillero LUIS ÉDGAR DEVIA SILVA, alias “Raúl Reyes”, segundo en el Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).
2. De dicha operación militar, además de la baja del citado guerrillero, se obtuvieron sendas pruebas de incursión y mantenimiento de operaciones clandestinas en Ecuador por parte de las FARC.
3. Entre otras pruebas, se hallaron computadores de uso privativo y personal del guerrillero “Raúl Reyes”, donde fueron detectadas por los organismos de inteligencia del gobierno colombiano, cartas, documentos, comunicaciones e informaciones, que posteriormente fueron puestas en conocimiento de la opinión pública por el señor Director de la Policía Nacional, General ÓSCAR NARANJO.
4. Tales pruebas (que fueron evaluadas pericialmente por miembros de la INTERPOL) vienen a demostrar las indistintas y estrechas relaciones existentes entre las FARC y los gobiernos de la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela. Pueden sintetizarse dichos hallazgos, de la siguiente manera:
a. Carta de enero 18 de 20081, escrita por alias “Raúl Reyes” y dirigida al Secretariado de las FARC, del siguiente tenor:
(…)
2) Atendimos visita del ministro de Seguridad del Ecuador, GUSTAVO LARREA, en adelante JUAN, quien a nombre del presidente CORREA trajo saludos para el camarada MANUEL y el Secretariado. Expuso lo siguiente:
i) El interés del Presidente de oficializar relaciones con la dirección de las FARC por conducto de JUAN.
ii) Disposición de coordinar actividades sociales de ayuda a los pobladores de la línea fronteriza. Intercambio de información y control de la delincuencia paramilitar en su territorio.
iii) Está dispuesto a cambiar mandos de fuerza pública de comportamiento hostil con las comunidades civiles de la zona, para lo cual solicitan nuestro aporte con información.
iv) Ratifican su decisión política de negarse a participar del conflicto interno de Colombia con apoyos al gobierno de URIBE. Para ellos las FARC son organizaciones insurgentes del pueblo con propuestas sociales y políticas que entienden.
v) Preguntan si políticamente nos interesa el reconocimiento de beligerancia. Comparten los planteamientos de Chávez en este tema.
vi) Demandarán al Estado y gobierno de Colombia ante la Corte Internacional por los dañinos efectos de las fumigaciones del Plan Colombia.

vii) El próximo año cancelan la licencia gringa sobre la base Manta.
Se proponen incrementar sus relaciones comerciales y políticas con Asia: China, Vietnam y Corea del Norte principalmente.
viii) Su programa de gobierno se orienta a la creación de las bases socialistas, para lo cuan dan especial importancia a la Asamblea Nacional Constituyente.
ix) Ofrecen su ayuda en la lucha de las FARC por el intercambio humanitario y las salidas políticas. Tienen claro que URIBE representa los intereses de la Casa Blanca, las multinacionales y las oligarquías, lo consideran peligroso en la región.
x) Solicitan de nuestro jefe y del Secretariado un aporte que impulse su gestión a favor del canje, que puede ser entregarle al presidente CORREA el hijo del profesor MONCAYO o algo que permita dinamizar su labor política.

.

xi) Darían documentación y protección a uno nuestro, para que adelante en su país trabajo de relaciones, que en su criterio debe ser discreta por riesgos de una captura o asesinato por parte de agentes de URIBE.
xii) Dejamos establecidas formas de comunicación y la posibilidad de volver a vernos en uno o dos meses para darles seguimiento a los temas y profundizar más sobre ellos”.
b. Carta de febrero 28 de 20082, escrita por alias “Raúl Reyes” y dirigida al Secretariado de las FARC, donde se lee:
2) Resumo reciente conversación con emisario del presidente CORREA:
i) Solicita conversar personalmente con el Secretariado en Quito, Ofrece garantías y transporte desde la frontera hasta el lugar de encuentro.
ii) Espera nuestra respuesta en el menor tiempo posible, indicando fecha.
iii) Nos pregunta si queremos hacerlo apoyado en los militares o en su ministro de seguridad estatal.
iv) Desea hablar con las FARC del acuerdo humanitario, la política de fronteras, la solución política, Íngrid y el papel de CHÁVEZ. Desea establecer coordinaciones con nosotros sobre la frontera binacional.
v) Quiere explicar los propósitos del Plan Ecuador con el que pretende contrarrestar los dañinos efectos del Plan Colombia, que aplicará en la línea fronteriza.
vi) Para el Plan Ecuador nos piden cursos de organización de masas para nativos de la frontera. Los que luego serán encargados por el gobierno de coordinar con las FARC el trabajo fronterizo. Con la ventaja de que una gente de ésta es parte del Partido Clandestino o participan del Comité Binacional orientado por el Frente 48.
vii) Insiste en su interés de contribuir con el intercambio de prisioneros, para lo cual pide la liberación del hijo de MONCAYO u otro prisionero”.
5. En nota de prensa del día 5 de febrero de 2009 del diario “HOY. COM. EC” manifestó “José Ignacio Chauvín, detenido por presuntas relaciones con la red de narcotráfico de los hermanos Ostaiza, reveló que tenia acuerdos con el jefe de las FARC Raúl Reyes, abatido en Ecuador en 2008 tras una incursión del Ejército colombiano”.
De igual forma, en la misma nota de prensa el diario “HOY. COM. EC” publico que el Señor José Ignacio Chauvín es un “-ex dirigente de AP- fue detenido la tarde de ayer por presuntos nexos con los hermanos Edison, Miguel y Jeffeson Ostaiza, quienes actualmente son procesados por dirigir una red de tráfico de estupefacientes en alianza con la guerrilla colombiana de las FARC”(negrilla fuera de texto).
Por su parte, en nota de prensa del periodico “El TIEMPO” se aseguro “a menos de un mes de la captura del ex subsecretario del Interior, el fiscal ecuatoriano Jorge Solórzano lo acusó de vínculos con la red dirigida por los hermanos Jefferson, Miguel y Edison Ostaiza. Junto con Chauvín otras 25 personas fueron señaladas de "cómplices" por el delito de narcotráfico en el caso conocido como "huracán de la frontera".

Así mismo, Chauvín estaba recluido en un penal de máxima seguridad de Quito, y tiene abierta otra indagación en la fiscalía por un delito ''Contra la Seguridad del Estado''. Según reconoció el ex subsecretario, se reunió en siete ocasiones con el jefe guerrillero 'Raúl Reyes' pero ha defendido que -aunque tenía amistad con uno de los hermanos Ostaiza.


6. El Señor GUSTAVO LARREA era Ministro de Seguridad de Ecuador, y se encontraba como Viceministro el Señor JOSÉ IGNACIO CHAUVIN. Así mismo, se debe señalar que dentro de este periodo donde ambos fungían como funcionarios públicos se desarrollaron las diferentes actuaciones que son constitutivas del delito de terrorismo.
7. Por último, es menester dejar claro, tal y como se hizo en el acápite anterior, que el relato fáctico acá expuesto está soportado por el informe de la INTERNATIONAL POLICE – INTERPOL –, intitulado “Informe forense de INTERPOL sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisados por Colombia”, presentado a la opinión pública y al Gobierno Nacional en el mes de mayo del presente año3. De igual manera, las demás evidencias y material probatorio que especifica dicho informe en torno a las relaciones, contactos y acercamientos existentes entre las FARC y el Gobierno Ecuatoriano.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
1. EL DELITO DE TERRORISMO COMO ATENTATORIO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.
La definición del tipo penal de terrorismo aceptado por la comunidad internacional es el acogido por la Corte Suprema de Justicia de Chile, al referirse al delito de la siguiente forma: “El delito de terrorismo se caracteriza por tener conductas y actos graves que lesionan indiscriminadamente bienes jurídicos importantes,-como la vida, la integridad física, bienes materiales, sustracción de personas, etc. –con el objeto de causar temor o terror en la población, para juzgarla y llevar a cabo los planes o propósitos de los terroristas y de su organización”.
Para el derecho internacional es muy importante la distinción entre terrorismo interno y terrorismo internacional. El terrorismo nacional se sanciona, generalmente, con relativa facilidad, recurriendo a la legislación penal interna del Estado. El internacional, en cambio, presenta aspectos mucho más complejos. Hay terrorismo nacional cuando el acto terrorista se perpetra dentro de un Estado por uno o más actores de la nacionalidad de ese mismo Estado y cuando la víctima o víctimas son nacionales de ese Estado y las consecuencias del acto se encuentran limitadas a ese Estado sin afectar a otros.
En el terrorismo internacional, por el contrario, hay elementos que complican seriamente la represión del delito. El autor o autores pueden ser de nacionalidades diferentes a la del Estado donde se comete el acto, o a la de las personas o bienes afectados por dicho acto. También las consecuencias del mismo pueden extenderse a dos o más países. ¿Cuál es la legislación que se aplica?. ¿La del Estado donde se cometió el crimen? ¿La de la víctima o víctimas?. ¿O tal vez la de un tercer Estado donde el terrorista se refugió y se encuentra actualmente?. Más complejo aún, ¿cómo se distingue entre un acto de rebelión legítimo contra un poder tiránico o ilegal y un acto terrorista que debe sancionarse, no obstante el objetivo probablemente idealista o altruista de sus autores?. El derecho internacional busca – en lo principal- establecer normas que eviten dejar sin sanción los actos terroristas de características internacionales, pero también existe la tendencia más moderna de privilegiar la prevención de conductas terroristas, aún en el caso de delitos estrictamente nacionales.
Se debe resaltar que dentro de las diferentes formas de comisión del delito de terrorismo esta el denominado “terrorismo de Estado”, que es aquel “ejercido o instigado por autoridades de un Estado. Inicialmente se definía como el ejercido por el Estado contra sus propios ciudadanos. Se ha ampliado progresivamente y ya no es un asunto interno. Así, cuando este terrorismo estatal se dirige contra personas o bienes que están en el extranjero”.
El delito de Terrorismo tiene las siguientes características: 1. violencia indiscriminada: extiende sus efectos a la totalidad de la población. 2. Su imprevisibilidad: actúa con sorpresa infundiendo terror. 3. Su inmoralidad produce sufrimiento innecesario: golpean las áreas más vulnerables. 4. Es indirecto: desvía la mirada de la población a un punto, que no es el blanco que se proponen. 5. El escape de la religión y en alguna medida del nacionalismo y sus conceptos básicos, producto de la Globalización que desconoce fronteras. 6. El auge de la toma de rehenes y escudos humanos. Por ejemplo: Los serbios de Bosnia tomaron de rehenes a cascos azules de Naciones Unidas, para evitar el bombardeo de la O.T.A.N. 7. El Terrorismo por cuenta propia que tiene como blanco a la población civil. 8. Participación creciente de militares, ex – militares, y miembros de los servicios de inteligencia.

Ahora bien, es importante resaltar que dentro del marco de las Naciones Unidas se ha creado el mecanismo jurídico de la extradición, como una forma de cooperación entre los países para la lucha de este delito, por su connotación internacional, esta consideración ha tenido precedente dentro de diferentes sentencia de la Corte Penal Internacional entre ellas el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 14 de febrero de 2002, es que considerada como la sentencia hito, en esta materia4.


El fenómeno del terrorismo, si bien tiene un correlato en nuestra legislación penal interna (artículos 144 y 343 de la Ley 599 de 2000), no ha gozado de amplio desarrollo a nivel de la legislación internacional. No obstante, en aras de protección de la población civil, los convenios de Ginebra y sus protocolos incluyen el rechazo y desaprobación al fenómeno del terrorismo por todas las partes de un conflicto.
Así, el artículo 13 del Protocolo II, título II del Convenio de Ginebra sobre la protección de la sociedad civil en tiempo de guerra, prohíbe los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil. Esta disposición comprende no sólo los actos dirigidos contra las personas, sino, también los actos contra las instalaciones que puedan provocar colateralmente víctimas (por ejemplo, los ataques por parte de las FARC desde Ecuador a territorio colombiano).
Cabe destacar que los actos o las amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil constituyen una forma particular de terrorismo y son objeto de una prohibición específica dentro del citado artículo 13, pues los ataques destinados a sembrar terror son una forma de agresión particularmente condenable. La intención de la comunidad internacional desde siempre ha sido que se prohíban este tipo de ataques, cuya práctica es corriente y que infligen sufrimientos particularmente crueles a la población civil.
En conclusión, una de la cuestión que impone colegir, por medio de una interpretación exegética y teleológica, que si bien el Estatuto de Roma no consagra dentro de su competencia el juzgamiento del Delito de Terrorismo, por integración de normas y tratados internacionales sobre la materia (como el reseñado Convenio de Ginebra – Protocolo II), en especial sobre el ataque y la puesta en estado de zozobra a la población civil, es permitido acudir a instancias judiciales internacionales como la CPI con el fin de juzgar crímenes de terrorismo, tanto a sus autores como a partícipes.
2. VIABILIDAD DE LA DETENCIÓN O ARRESTO CONTRA MINISTROS DE UN GOBIERNO POR PARTE DE UN ESTADO.
La emisión de una orden de captura contra un Ministro de despacho de otro país y su circulación internacional constituyen, en principio, una violación de la inmunidad de la jurisdicción criminal e inviolabilidad que gozan los Ministros bajo el derecho consuetudinario internacional. De acuerdo al derecho consuetudinario internacional, la Corte Internacional de La Haya ha sostenido que los Ministros de Exteriores, los Primeros Ministros y los Jefes de Estado gozan de inmunidad ante una orden de detención cursada por tribunales extranjeros por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el desempeño de su cargo. Ahora bien, la Corte ha admitido tres excepciones a este principio, a saber:
a. Un Ministro en activo puede ser llevado ante las cortes de lo criminal en su propio país y de acuerdo con la ley del mismo5.
b. Su inmunidad puede ser levantada, en un caso particular, por las autoridades nacionales en favor de una jurisdicción extranjera y cuando el proceso se sustancia ante un tribunal internacional en el caso de que sus estatutos fundacionales así lo prevean6.
c. Cuando cese en su actividad de Ministro perderá totalmente la inmunidad frente a cortes extranjeras competentes sobre actos cometidos antes o después de su mandato o incluso por los actos cometidos durante éste pero en su capacidad privada.

Ahora bien, La inmunidad absoluta de los altos cargos en activo del Estado se ha atacado desde distintos sectores doctrinales que han defendido la existencia de ciertos límites y excepciones, así ha sido denominado este asunto por la Corte Penal Internacional en fallo del principal órgano judicial de las Naciones Unidas del día 14 de febrero de 2002, declarando que la emisión de la orden de arresto y su difusión jurídica que se deriva del privilegio de la inmunidad jurisdiccional absoluta. Según esta concepción, acogida por Bélgica en la defensa del proceso en mención, que actualmente no puede sostenerse que los Ministros de Asuntos Exteriores en activo disfruten de una inmunidad de jurisdicción absoluta que llegue hasta impedir su persecución procesal cuando se trate de supuestos que impliquen la presunta comisión de crímenes de guerra o de crímenes contra la Humanidad. Esta afirmación Bélgica la fundamentó en las previsiones de los Estatutos de los Tribunales Internacionales Penales para la Ex-Yugoslavia y para Ruanda, así como de la Corte Penal Internacional, al igual que en las decisiones adoptadas por órganos judiciales nacionales en los asuntos Pinochet y Qaddafi. A diferencia de ello, en opinión de la CIJ, no puede deducirse de esta práctica la existencia de ninguna excepción a la regla que acuerda la inmunidad de jurisdicción penal y la inviolabilidad del Ministro de Asuntos Exteriores en casos de crímenes de guerra o crímenes contra la Humanidad ante tribunales de justicia nacionales, ya que las reglas que tratan de las cuestiones de competencia de los tribunales nacionales son distintas de aquéllas que regulan las inmunidades de jurisdicción7.

Aún así, no se puede deducir que la inmunidad de jurisdicción penal suponga la impunidad jurídica de los Ministros de Asuntos Exteriores en activo respecto de los crímenes alegados. Se trata de dos cuestiones radicalmente distintas, tal y como establece la CIJ, al afirmar:

Por ello, la inmunidad de jurisdicción penal no supone impunidad jurídica, ya que el Ministro de Asuntos Exteriores en activo podrá ser perseguido procesalmente en determinadas circunstancias para esclarecer su posible responsabilidad penal. Estos límites a la inmunidad de la jurisdicción penal lo son también a la impunidad jurídica de estos altos cargos del Estado. Según la CIJ, la inmunidad de jurisdicción penal absoluta no supondrá un límite a las actuaciones judiciales en contra de un Ministro de Asuntos Exteriores durante un proceso penal en los siguientes cuatro supuestos:

1) Cuando en el Estado de su nacionalidad no disfrute del privilegio de inmunidad de jurisdicción penal absoluta. En estos supuestos, el Ministro de Asuntos Exteriores en activo podrá ser juzgado por los tribunales internos de este Estado según su Derecho interno;

2) Cuando su propio Estado haya decidido retirarle la inmunidad de jurisdicción de que disfruta;

3) Cuando  se produzca el cese del Ministro en cuestión en su cargo. En este supuesto, y siempre que se tenga competencia según el Derecho Internacional, en opinión de la CIJ, los tribunales de cualquier Estado podrán juzgar a un antiguo Ministro por los actos cometidos antes o después de su mandato, o por aquéllos cometidos durante su mandato pero en su condición privada.

De esta forma, dentro del precedente abierto por el Juez Baltasar Garzón en fallo del asunto de Pinochet, puntualizo que cuando ocurre el cese del Ministro en su cargo se abre la posibilidad de la exigencia de responsabilidades penales, tanto por los actos realizados antes como después de la duración de su mandato. La CIJ incluso ha admitido que, en esta situación, también se podría juzgar a un antiguo Ministro por los actos cometidos durante su mandato.

Al respecto en fallo de La Haya de 14 de febrero del 2002 preciso que “este último requisito no deja de ser llamativo ya que, en la práctica, es precisamente en los actos realizados bajo esta condición en los que se pueden llegar a cobijar la comisión de los mayores crímenes contra el Derecho Internacional Humanitario. Es normalmente en el ejercicio de una actividad oficial en la cual los altos cargos del Estado ponen en marcha conductas horrendas como genocidios, crímenes de guerra y demás actos reprobables que no pueden lograrse sin un apoyo logístico importante, apoyo que sólo es posible cuando se actúa a través de la maquinaria estatal. Por lo tanto, esta limitación no deja de ser crítica en la práctica”.

Como conclusión, debe tenerse en cuenta que, en este supuesto, se afirma expresamente que los Tribunales de Justicia de cualquier Estado podrían juzgar al antiguo Ministro de Asuntos Exteriores siempre y cuando tengan competencia para ello “según el Derecho Internacional”.



Como el régimen vigente no es el de la territorialidad absoluta, pues este postulado es objeto de complementación con los de personalidad, real o de defensa, y extraterritorialidad absoluta o jurisdicción mundial, debe colegirse que la ley penal nacional se aplica también a las conductas punibles cometidas en territorio de otras naciones por nacionales y extranjeros, cuando se den las circunstancias del artículo 16 del Código Penal.
Al respecto, esta disposición señala en el numeral 1º el principio real o de defensa, al ordenar la aplicación de la ley penal tanto a nacional como a extranjero que cometan delitos – una de las modalidades de conducta punible que dice prever la ley penal en el artículo 18 – en el exterior, en detrimento de los bienes jurídicos del Estado colombiano taxativamente indicados en la disposición, así la persona haya sido absuelta o condenada a una pena menor de la prevista en la legislación penal nacional; dentro de esas hipótesis contempladas en el numeral 1º del artículo del artículo 16 (Extraterritorialidad) se encuentra: “A la persona que cometa en el extranjero delito contra la existencia y seguridad del Estado… o incurra en el delito de financiación de terrorismo…”.
El Señor GUSTAVO LARREA y el Señor JOSÉ IGNACIO CHAUVIN según los hechos puesto en conocimiento por los diferentes medios de comunicación, señalan que los ciudadanos ecuatorianos tienen nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De esta forma, se configura el delito de terrorismo, que fue cometido contra la población civil del Estado colombiano por parte de ex servidores públicos del Ecuador y fue a título de autores o partícipes (prevaleciéndose de la autoridad irrogada por el cargo que ostentan, siendo el fin de dicho cargo, precisamente, servir y proteger a los mismos que están agrediendo) sean, de ahora en adelante, juzgados siempre por cortes de lo criminal de cualquier nación.
Se debe señalar que el Estatuto de la INTERPOL en su artículo 3 dentro de la parte emotiva señala que “Está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”. En este caso en concreto, los Señores GUSTAVO LARREA y JOSÉ IGNACIO CHAUVIN son autores del delito del Terrorismo Internacional, este hecho no esta sujeto a ningún tipo de consideración política o militar, pues lo que se investiga es la comisión del delito que esta consumado en la modalidad de coautores del tipo penal de Terrorismo.
III. PETICIÓN.
Solicito que sean investigados los hechos puestos en su conocimiento a través de la presente denuncia, en la medida en que los mismos, constituyen una infracción a la ley penal colombiana.
Resulta urgente una explicación clara del papel que jugaba GUSTAVO LARREA y JOSÉ IGNACIO CHAUVIN, que han sido señalados como posibles miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dentro de la campaña de Alianza País y en el mismo Gobierno, sobre todo en su relación con el ministro Larrea, del cual fue su subsecretario.
Esta solicitud encuentra su amparo normativo en la cláusula del Estatuto Real o De Defensa8 consagrado en el artículo 16 inciso 1 “Extraterritorialidad. La ley penal colombiana se aplicará: Inciso 1. A la persona que cometa en el extranjero delito contra la existencia y la seguridad del Estado, contra el régimen constitucional, contra el orden económico social excepto la conducta definida en el Artículo 323 del presente Código, contra la administración pública, o falsifique moneda nacional, documento de crédito público, o estampilla oficial, aun cuando hubiere sido absuelta o condenada en el exterior a una pena menor que la prevista en la ley colombiana. En todo caso se tendrá como parte cumplida de la pena el tiempo que hubiere estado privada de su libertad.
En virtud de lo expuesto, le solicito siguiendo los lineamientos del 306,307 y 308 de la ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) que se SOLICITE AL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍA PROFERIR UNA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CON LOS SEÑORES GUSTAVO LARREA Y JOSÉ IGNACIO CHAUVIN, puesto que se encuentran cumplidos los requisitos para decretar la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad9, en razón de su necesidad y procedencia, los cuales a su vez están amparados en el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia.


IV. NOTIFICACIONES.
El suscrito recibirá notificaciones en la Carrera 13 No. 82-91, Piso Cuarto, Edificio Lawyers Center de la ciudad de Bogotá.

Del Señor Fiscal General de la Nación, con distinción y respeto,

Atentamente,

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

C.C. 11.004.242 de Montería



T.P. 111.289 del C.S.J.


1 Nota de prensa. Revista Semana. Edición Extraordinaria. Marzo 4 de 2008. P. 10 y 11.

2 Nota de prensa. Revista Semana. Edición Extraordinaria. Marzo 4 de 2008. P. 13.

3 http://www.interpol.int/public/ICPO/speeches/2008/SGbogota20080516ES.asp

4 Constituye violación de una obligación legal del Reino de Bélgica a la República Democrática del Congo, ya que no respetó la inmunidad de jurisdicción penal y la inviolabilidad que el Ministro de Relaciones Exteriores República Democrática del Congo que gozan en virtud del derecho internacional. Traducción del original «ont constitué des violations d’une obligation juridique du Royaume de Belgique à l’égard de la République démocratique du Congo, en ce qu’elles ont méconnu l’immunité de juridiction pénale et l’inviolabilité dont le ministre des affaires étrangères en exercice de la République démocratique du Congo jouissait en vertu du droit International.

5 Respecto a este supuesto, debemos resaltar que el fundamento de la inmunidad de jurisdicción de los órganos del Estado, como sería el caso de un Ministro de Seguridad en activo, se basa en el principio básico del Derecho Internacional que afirma la igualdad soberana de todos los Estados y que se concretó en el aforismo par in parem imperium non habet. Es decir, que la inmunidad de jurisdicción actúa frente a los Tribunales de Justicia de Estados terceros, no necesariamente frente a la competencia jurisdiccional de los Tribunales de Justicia del Estado nacional de este Ministro, lo cual dependerá exclusivamente de lo que soberanamente disponga el Derecho interno de cada Estado y no del Derecho Internacional. No obstante, un análisis de Derecho Comparado permite afirmar que este supuesto no es nada frecuente en la práctica, teniendo además en cuenta que, en la mayoría de los casos, un Ministro podría alegar ante sus Tribunales de Justicia nacionales tanto la inmunidad de jurisdicción como órgano del Estado, como la inmunidad de jurisdicción de la que probablemente disfrutará en su condición de parlamentario y, por lo tanto, de persona aforada.

6 Por su parte, será también excepcional en la práctica, si es que alguna vez llega a producirse, el supuesto en el que el Estado de su nacionalidad decida retirar la inmunidad de jurisdicción penal absoluta del Ministro de Asuntos Exteriores en activo, ya que éste actúa como una representación directa de su propio Estado. Este acto se convertiría en una asunción de responsabilidad por parte del Estado, y en el actual status quo esta posibilidad es bastante remota, sino imposible, máxime si se tiene en cuenta, como la propia CIJ indica al analizar la naturaleza de las funciones que desarrollan los Ministros que, entre las mismas, se encuentra la de conceder cartas de credenciales a quienes van a disfrutar de inmunidades de jurisdicción en el extranjero, por ser personal diplomático, consular, etc.

7 que l’immunité de juridiction dont bénéficie un ministre des affaires étrangères en exercice ne signifie pas qu’il bénéficie d’une impunité au titre de crimes qu’il aurait pu commettre, quelle que soit leur gravité. Immunité de juridiction pénale et responsabilité pénale individuelle sont des concepts nettement distincts. Alors que l’immunité de juridiction revêt un caractère procédural, la responsabilité pénale touche au fond du droit. L’immunité de juridiction peut certes faire obstacle aux poursuites pendant un certain temps ou à l’égard de certaines infractions; elle ne saurait exonérer la personne qui en bénéficie de toute responsabilité pénale.


8 Como el régimen vigente no es el de la territorialidad absoluta, pues este postulado es objeto de complementación con los de personalidad, real o de defensa, y extraterritorialidad absoluto o jurisdicción mundial, debe colegirse que la ley penal nacional se aplica también a las conductas punibles cometidas en el territorio de otras naciones por nacionales extranjeros, cuando se den las circunstancias del artículo 16 del Código Penal.

9 El artículo 308 de la Ley 906 de 2004, consagra los siguientes requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento “(i) evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, bien sea mediante la destrucción de las pruebas o la amenaza de testigos; (ii) que el imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima; o que (iii) el imputado no comparecerá al proceso. Además el juez deberá tener en cuenta para decretar la medida, la probabilidad que la personas sea autor o partícipe del hecho que se imputa, en concordancia con los elementos materiales”.


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