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Maria margarita ricardo gonzalezrubio


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Rad. 22110. Casación.

MARIA MARGARITA RICARDO GONZALEZRUBIO

República de Colombia




Corte Suprema de Justicia


Proceso No 22110


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente


JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS


Aprobado acta N° 057

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil seis (2006).



V I S T O S

Se pronuncia la Corte en sede de casación respecto de la eventual transgresión de una garantía fundamental de la procesada MARÍA MARGARITA RICARDO GONZÁLEZRUBIO, relacionada con el quantum de la pena accesoria que le fuera impuesta por el Tribunal Superior de Montería, según sentencia condenatoria fechada el 17 de octubre de 2003.



H E C H O S

El juzgador de segunda instancia los sintetizó de la siguiente manera:


Del instructivo se extrae, que a eso de las siete de la noche del día 8 de marzo de 2000, un taxi con varias personas abordo entró a la Finca el Diamante ubicada en el municipio de Buenavista – Córdoba-, vereda Mejor Esquina, lugar en donde se encontraba el señor EDGAR FABIO CARO DÍAZ y lo interrogaron por la finca Cartago, a lo que éste contestó que la habían dejado atrás, inmediatamente encendieron las luces del vehículo con el fin de reconocerlo, luego de lo cual, se bajaron del mismo cuatro sujetos armados con escopetas, lo amarraron, lo introdujeron en el maletero del carro y se lo llevaron junto con el campero Chevrolet Samurai de placas BXB-070 de Sabaneta, que usaban para movilizarse.
Posteriormente, el secuestrado CARO DÍAZ fue trasladado al campero, en donde estuvo hasta cuando llegaron a una vía sin pavimentar, debiendo luego caminar por varios potreros para llegar al sitio donde permaneció en cautiverio por trece días.
La Fiscal 25 Seccional de Plante Rica, una vez tuvo conocimiento del plagio del señor EDGAR FABIO CARO DÍAZ, comisionó al GAULA con sede en Medellín para que realizara las primeras diligencias tendientes a dar con el paradero del secuestrado a la individualización del autor o autores del plagio y a la recuperación del campero hurtado.
En cumplimiento a lo ordenado por la Fiscalía, el Grupo Gaula N° 2 de Medellín inició sus labores, se entrevistó con familiares y amigos del secuestrado e interceptaron los teléfonos a través de los cuales los plagiarios se estaban comunicando para hacer sus exigencias de dinero a cambio de la liberación de EDGAR CARO D.

Luego de varias conversaciones telefónicas entre la familia y los secuestradores, se logró que por la liberación del plagiado se cancelarían quince millones de pesos ($15.000.000), los cuales debían ser entregados el día 21 de marzo de ese mismo año 2000 entre las 10 y 11 de la mañana, en la carretera que del municipio de Caucasia – Antioquia conduce al de Buenavista- Córdoba, en el sitio comprendido entre el puente sobre el Río San Jorge y la entrada a la Vereda El Burro.


Llegado el día, la hora y en el sitio acordado previamente, se realizó la entrega del Dinero, pero el receptor del mismo fue capturado por miembros del Grupo GAULA que estaban en ese sitio, cuando pretendía alejarse del lugar.
Hasta ese sitio ubicado en la vereda EL Dividí en el municipio de Sahagun – Córdoba se desplazaron los miembros del Grupo Gaula y cuando llegaron al lugar indicado encontraron al señor CARO DÍAZ custodiado por JAIRO ANTONIO RIVERA MENDOZA, quien estaba armado con una escopeta, por ello esta persona al igual que GARCÍA PINTO fue capturada así como fueron decomisadas 2 escopetas, 13 cartuchos para las mismas y otros elementos tales como un candado, un pasamontañas, una chaqueta camuflada y un sombrero color café.
De haber participado en el plagio también se sindica a MARÍA MARGARITA RICARDO, JORGE POLO PINTO, CAYETANO JOSÉ SAENZ y HUMBERTO MANUEL MERCADO HOYOS”.

ACTUACIÓN PROCESAL


El Fiscal Especializado ante el Gaula Urbano de Medellín, el 23 de marzo de 2000, ordenó la apertura de la instrucción.


Vinculadas a la investigación otras personas y capturada María Margarita Ricardo Gonzálezrubio, fue escuchada en indagatoria, resolviéndosele la situación jurídica, el 27 de marzo de 2001, por la Fiscal Primera Especializada de Montería, que ya conocía del trámite del proceso, con medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado y fabricación y tráfico de armas de fuego o municiones -de defensa personal-.
La investigación se clausuró el 23 de enero de 2002, y el 15 de marzo siguiente se calificó el mérito del sumario con resolución de acusación en contra de María Margarita Ricardo Gonzálezrubio, Jorge Eliécer Polo Pinto, Cayetano José Sáez Martínez y Humberto Manuel Mercado Hoyos como presuntos coautores de las conductas punibles de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado y fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones –de defensa personal-, decisión que cobró ejecutoria el 17 de junio de 2002, fecha en la cual la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Montería, lo confirmó.
El expediente pasó al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Montería que luego de tramitar el juicio, el 28 de febrero de 2003, dictó sentencia de primera instancia, en la que absolvió a María Margarita Ricardo Gonzálezrubio de los cargos formulados en la resolución de acusación.
En la misma providencia, condenó a Jorge Eliécer Polo Pinto, Cayetano José Sáez Martínez y Humberto Manuel Mercado a las penas principales de 25 años y 6 meses de prisión y multa de 171 salarios mínimos mensuales legales vigentes y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por el lapso de 20 años, como coautores de las conductas punibles de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado y fabricación y tráfico de armas de fuego o municiones –de defensa personal-.
Apelado el fallo, por la fiscal y el Procurador Judicial, el Tribunal Superior de Montería, el 17 e octubre de 2003, revocó los numerales primero y segundo y, en su lugar, condenó a María Margarita Ricardo Gonzálezrubio a las penas principales de 306 meses de prisión y multa de 100 salarios mínimos mensuales, a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso de 20 años y al pago de perjuicios, como coautora de los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado y tráfico de armas y municiones. En lo demás, lo confirmó.
Contra esta determinación, el defensor de la procesada María Margarita Ricardo Gonzálezrubio interpuso el recurso extraordinario de casación y presentó la correspondiente demanda.

2. La Sala de Casación Penal, mediante providencia fechada el 13 de julio de 2006, inadmitió la demanda de casación. No obstante, como advirtió que en la sentencia condenatoria proferida contra María Margarita Ricardo Gonzálezrubio se le impuso la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena privativa de la libertad, esto es, 20 años, quantum punitivo que podría eventualmente desbordar el máximo señalado por el legislador al respecto, circunstancia que comportaría la violación de los derechos y garantías de la sentenciada, dispuso surtir al Ministerio Público el traslado establecido en la ley para que conceptuara sobre dicha posible transgresión.


Por consiguiente, como el presente pronunciamiento no se ocupa de la demanda de casación presentada por el defensor de la procesada, la cual, como se dijo, fue inadmitida, no se hace necesaria su síntesis en esta providencia.

CONCEPTO DE LA PROCURADORA TERCERA


DELEGADA PARA LA CASACIÓN PENAL
Destaca que los hechos que se le atribuyen a la procesada se realizaron en vigencia de la legislación anterior. En esas condiciones, luego de reseñar jurisprudencia de la Corte sobre este tópico, sostiene que examinada la sentencia de segunda instancia en la que se revocó la dictada en primera instancia se condenó a la procesada a la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso de 20 años.

Por consiguiente, acota que “surge evidente que la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas que le fue impuesta – a la procesada – por un lapso de 20 años, excedió los 10 que sobre dicha sanción contemplaba el artículo 44 del Decreto 100 de 1980, norma esta última vigente para la época de ocurrencia de los hechos juzgados y aplicable por ser más favorable”.


De esa manera, teniendo en cuenta lo reglado en el artículo 29 de la Constitución Política, en lo que respecta al principio de legalidad de las penas, y demás normas pertinentes, que reseña, sugiere a la Corte casar la sentencia impugnada y, en su lugar, condenar a la procesada a la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por el lapso de 10 años.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Examinada la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Superior de Montería, el 13 de octubre de 2003, en la que se condenó a María Margarita Ricardo Gonzálezrubio, violó el principio de legalidad de las penas respecto de la pena accesoria, toda vez que la pena de inhabilitación de derechos y funciones públicas que le fue impuesta por un lapso igual de 20 año, excedió los diez años que sobre dicha sanción contemplaba el artículo 44 del Decreto 100 de 1980, norma esta última vigente para la época de ocurrencia de los hechos juzgados y aplicable por ser más favorable.

Ante esa situación y teniendo en cuenta que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 29 de la Constitución Política, “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”, norma que contempla el principio de legalidad de las penas y, por lo mismo, protege la libertad individual frente a la arbitrariedad de los funcionarios judiciales y garantiza los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley,1 surge claro que la pena accesoria que se le impuso a María Margarita Ricardo Gonzálezrubio lesiona el citado principio de legalidad.
En efecto, el artículo 52 del Código Penal de 1980, norma aplicable, como se dijo, por ser más favorable que la consagrada en la Ley 599 de 2000, establecía que la pena de prisión implicaba la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un período igual al de la pena principal, pero, a su vez, el artículo 44, ibidem, señalaba que su duración máxima era de diez (10) años.
En otros términos, la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas debía ser igual a la de prisión, pero si ésta era superior a diez (10) años, la de interdicción no podía franquear ese límite, parámetro este último que sin duda fue desconocido por el juzgador de segunda instancia, conllevando así a la violación del principio de legalidad de dicha pena.
Por lo tanto, compartiendo el criterio de la Procuradora Delegada, la Sala, haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal, casará oficiosa y parcialmente el fallo de segundo grado y, en consecuencia, disminuirá a diez (10) años la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, hoy llamada inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, impuesta a la citada procesada.
Ahora bien, la Sala extenderá los efectos del fallo de casación a los procesados Jorge Eliécer Polo Pinto, Cayetano José Sáez Martínez y Humberto Manuel Mercado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 229 de la Ley 600 de 2000, toda vez que a ellos también se les vulneró el principio de legalidad de las penas.
En efecto, esta vez el Juzgado Único Especializado del Circuito Especializado de Montería condenó a los citados procesados a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, en providencia fechada el 28 de febrero de 2003 y que fue confirmada por el Tribunal.
Por consiguiente, como se anunció, el fallo de casación se hará extensivo a éstos, razón por la cual se condenará a los procesados Jorge Eliécer Polo Pinto, Cayetano José Sáez Martínez y Humberto Manuel Mercado Hoyos a dicha sanción accesoria por el lapso de 10 años.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E

1. CASAR oficiosa y parcialmente la sentencia impugnada y, en consecuencia, condenar a María Margarita Ricardo Gonzálezrubio, Jorge Eliécer Polo Pinto, Cayetano José Sáez Martínez y Humberto Manuel Mercado Hoyos la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de diez (10) años, conforme a lo expuesto en esta providencia.


2. PRECISAR que las restantes decisiones adoptadas en el fallo impugnado se mantienen incólumes.
3. Contra esta decisión no procede ningún recurso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
MAURO SOLARTE PORTILLA

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

Salvamento de voto

EDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER ZAPATA ORTÍZ

TERESA RUÍZ NUÑEZ



Secretaria

SALVAMENTO DE VOTO
Con el respeto que siempre profeso por las decisiones de la Sala, presento a continuación las razones de mi disenso con la determinación adoptada por la mayoría en el asunto de la referencia, pues considero que con ello se violentó la estructura del proceso y se desconocieron los institutos que le están anejos, por cuanto se dictó fallo de casación a pesar de que la demanda respectiva, había sido inadmitida.
Así es, la casación, tal y como quedó concebida en las disposiciones que por razón de la inexequibilidad de la ley 553 de 2000 y las pertinentes de la ley 600 del mismo año, recobraron vigencia –decreto 2700 de 1991-, es un medio extraordinario de impugnación llamado a cumplir las finalidades constitucionales de la prevalencia del Estado Social de Derecho, el imperio de la ley, la realización del derecho sustancial y la unificación de la jurisprudencia nacional, según se desprende de lo preceptuado en el numeral 1º del artículo 235 de la Constitución Política, por lo que no puede confundírsele con los recursos de la vía ordinaria.
De igual manera, la casación, como un juicio de legalidad que se emite sobre la sentencia, tampoco puede entenderse como una instancia adicional, ni como potestad ilimitada para revisar el proceso en su totalidad, en sus diversos aspectos fácticos y normativos, sino como una fase extraordinaria, limitada y excepcional del mismo.
La pretensión impugnativa en casación siempre tiene un objeto preciso y diferente al de las instancias; regido por causales específicas señaladas por la ley, con cargos que han de adecuarse a estas y que se deciden por una nueva sentencia. Por lo tanto, es diferente y diversa en objeto y contenido de la que se profirió por los falladores de primero y segundo grado en el proceso respectivo.
La configuración de la casación como recurso extraordinario no es campo vedado para que, reconociéndose el influjo que el proceso penal recibe de los principios y valores que emanan de la Carta Política, que para todos los efectos de la actividad estatal, incluida la jurisdiccional, estatuyó el modelo de Estado social y democrático de derecho para Colombia, la Corte también propenda por la salvaguarda de los derechos esenciales de las personas, la tutela del debido proceso, la prevalencia del derecho sustancial y la garantía del acceso a la administración de justicia, que tan caros resultaron en la decisión de cuyo contenido me aparto.
Pero alcanzar esos loables propósitos no justifica el empleo de cualquier medio, porque aún dentro de ese contexto toda función está sometida a muy precisos límites y se desarrolla con arreglo a determinadas competencias.
No cabe duda que el legislador y la jurisprudencia de esta Corte, de modo paulatino, han venido flexibilizando los rigores para acceder a la casación, ejemplo de lo cual es la introducción de institutos como la casación oficiosa y la excepcional, circunstancia que, sin embargo, no sustrae la naturaleza extraordinaria de este medio de impugnación.
También es cierto que la doctrina de la Corte venía entendiendo, hasta ahora, que para entrar a casar de oficio una sentencia debía mediar una demanda en forma, esto es, que hubiese superado el examen formal y, por ende, el trámite subsiguiente, el del traslado al Procurador Delegado, y que a pesar de desestimar sus fundamentos, por advertir la presencia evidente del quebranto a una garantía, se allanaba el camino al quiebre del fallo. Un ejemplo de esa tendencia lo constituye el siguiente pronunciamiento de la Sala:
La Corte adquiere competencia para conocer de la casación, sólo a partir de la presentación de una demanda en debida forma y de la existencia de un interés jurídico para recurrir -artículo 213 de la ley 600 de 2000-, siendo ilegítima cualquier intervención suya sin el cumplimiento de dichos presupuestos, los cuales no pueden ser obviados con los enunciados genéricos de disposiciones constitucionales que la harían procedente.
Aceptar -sin más- la tesis propuesta a partir de la prevalencia del derecho material, la vigencia de un orden justo como fin esencial del estado y del principio de preeminencia de las normas y valores constitucionales que irradian al universo jurídico interno, ni más ni menos sería desquiciar el ordenamiento jurídico cuya defensa se propugna, pues por esa vía cualquier sujeto procesal entendería encontrarse frente a una violación de sus garantías, que obligaría a la Corte a contrariar el orden que se quiere proteger y a desvirtuar la naturaleza de la casación que en nuestro medio es esencialmente un juicio de legalidad.
Repárese en que la intervención oficiosa de la Corte, permitida por el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal para declarar nulidades requiere que la demanda, háyase o no invocado la causal tercera del artículo 207 no prospere, pero aún así se advierta la irregularidad sustancial a corregir, como quiera que la limita a tener en cuenta únicamente las causales ‘expresamente alegadas por el demandante’. Pero asimismo, prevé la posibilidad de casar la sentencia cuando sea ostensible que la misma afecta las garantías fundamentales. (Sentencia del 8 de julio de 2004, radicación 20.323).
Incluso, poco antes fue más allá y al constatar que respecto de un procesado que no había recurrido la sentencia de primera instancia, ni tampoco interpuso casación, se le habían vulnerado sus garantías fundamentales, hizo uso de la potestad de casación oficiosa consagrada en el artículo 216, pero de todos modos, después de haberse surtido la plenitud del trámite presupuesto de la sentencia de casación. (Cfr. sentencia del 12 de mayo de 2004, radicación 20.114).
Cabe decir que en tales ocasiones y en algunas otras en las cuales esta Corporación dio lugar a casar de oficio una sentencia, lo hizo con plena competencia, en ejercicio cabal de sus atribuciones que como Corte de Casación le confiere el numeral 1º del artículo 235 de la Constitución y la ley.
Pero al haberse inadmitido la demanda y, sin embargo, ordenado el trámite casacional, que culminó con la casación en forma oficiosa del fallo emitido el 17 de octubre de 2003 por una de las Salas de Decisión Penal del Tribunal Superior de Montería, el pronunciamiento quedó por fuera del ámbito dentro del cual la corte podía ejercer de manera legítima su atribución como Corte de Casación.

El Capítulo IX del Título V del Código de Procedimiento Penal, dedicado a la casación, integrado con las normas del Decreto 2700 de 1991 que revivieron en virtud de la declaratoria de inexequibilidad de algunos preceptos de la Ley 553 de 2000, así como de la Ley 600 de ese año (sentencia C-252/01), atinentes al recurso extraordinario, conforman unidad secuencial, lógica y racional.


De esa forma, señala los eventos en los que procede la casación (artículo 205), fija las causales susceptibles de ser invocadas (artículo 207), prevé quiénes están legitimados para presentar la demanda (artículo 209), se ocupa del trámite que opera una vez interpuesto el recurso (artículos 224 del Decreto 2700 y 211 Ley 600), especifica los requisitos que debe contener el libelo (artículo 212), estatuye el efecto que se deriva de no superarse el examen formal de la demanda al momento de su calificación o lo que ocurre si está presentada en debida forma (artículo 213), establece el principio de limitación y la posibilidad de casación oficiosa (artículo 216), y traza los derroteros a seguir en caso de que la Corte acepte como demostrada alguna causal (artículo 217).
A despecho de que lo que sigue pueda llegar a ser tachado de puro formalismo, cabe destacar que en punto de la demanda de casación, la Corte tiene contacto en dos ocasiones: la primera, cuando la califica, esto es, al momento de verificar si satisface los condicionamientos para su admisibilidad; frente a esta oportunidad, puede ocurrir que la admita y que, en consecuencia, le de traslado al Procurador Delegado para que emita su opinión sobre el mérito del libelo; o, al contrario, puede suceder que por no reunir alguno de los requisitos legales que la hagan viable, la inadmita y, en consecuencia, ordene la devolución del expediente al tribunal de origen.
El otro momento se contrae al estudio de fondo del problema propuesto en la respectiva censura, si la demanda ha sido admitida y después de conocerse el criterio del Ministerio Público sobre el particular.
Si nos detenemos en el instante en que la Corte sopesa la capacidad formal de la demanda, cabe reflexionar sobre el efecto de la decisión que no la encuentra ajustada a las exigencias formales de ley. El canon 213 del Estatuto Adjetivo de manera clara establece que en tal caso se inadmite el escrito y se devuelve el expediente al despacho de origen.
¿Qué fenómeno se produce en tal situación? Que hasta allí llega el trámite de la casación y lo que tenía carácter suspensivo, esto es, la sentencia demandada, adquiere firmeza y, por tanto, el carácter de cosa juzgada.
Otro interrogante ¿puede la Corte conservar la competencia para examinar una sentencia o todo el proceso a pesar de que inadmitió una demanda de casación? No. La atribución que tiene como Corte de casación, conferida por el artículo 235, numeral 1º, de la Carta Política, dirigida a cumplir las elevadas finalidades que traza el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal, se desarrolla, de un lado, de conformidad con los fines y principios que inspiran la Constitución y, por otro, de acuerdo con los parámetros legales.
Siendo eso así, al prorrogar su injerencia –que no competencia- en el asunto, después de que ha inadmitido una demanda, ya no actúa como órgano de casación y mal podría, entonces, pretender corregir algún entuerto, por más protuberante que sea, por medio de una sentencia de casación, así se invoque la potestad oficiosa consagrada en el artículo 216.
Expresado de otro modo, en tal escenario la Corte ya no actúa de conformidad con la facultad que le difiere el numeral 1º del artículo 235 constitucional, y ni siquiera como una tercera instancia, sino como una corporación de plena jurisdicción, quizá a la manera del grado de consulta, el cual hoy no opera en el proceso penal, con lo cual la determinación que se adopta, como acontece en este evento, no tiene el carácter de sentencia –menos de una de casación- ni puede incidir en algo que ya ha tomado la fuerza de cosa juzgada material. Esto equivale a solucionar una evidente vía de hecho (fenómeno que tendría solución a través de otros mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico) –el supuesto desconocimiento del principio de favorabilidad-, con otra vía de hecho: una decisión sin competencia del órgano que la produce.
Lo que se acaba de señalar no significa que la Corte deba permanecer indiferente a hipótesis como la concretada en la sentencia a que se refiere la decisión de la que me aparto. En tales casos lo que se debe buscar es una solución que no acarree el rompimiento de las instituciones jurídico procesales, en orden a que prevalezca el derecho sustancial sobre lo formal y a salvaguardar las garantías de los sujetos procesales, entre ellos las víctimas.
Por eso, nada se oponía a que, no obstante la ineptitud formal de la demanda y al detectarse de modo objetivo que la sentencia rompió con el orden jurídico y reportó agravios no reparables de otra manera en virtud de un yerro que no fue denunciado en ella, pero que constituye motivo de casación, fuesen salvados los defectos técnicos, se ajustara el libelo, se corriera traslado al Procurador Delegado y luego, ahora sí en ejercicio de su natural competencia, la Corte entrase a hacer uso de la facultad de casar oficiosamente el fallo, luego de desestimar el contenido de la censura.
Y no se diga, con el prurito de la defensa de los derechos y garantías fundamentales, que esa es la razón suficiente y valedera para la intromisión en un proceso del que se ha culminado cualquier hálito de competencia, pues ello sería igual a que si por cualquier otro medio –derecho de petición, por ejemplo-, la Sala conociera de la presunta conculcación de derechos y garantías fundamentales, dentro de una actuación que ni siquiera llegó por demanda de casación a la Corte y con similar propósito se pidiera el expediente y se corriera traslado al Ministerio Público, para luego entrar a decidir. Creo que no es posible, como tampoco lo es en la forma expresada en la decisión de la que me aparto.
En síntesis, como la Corte no tenía competencia para casar un fallo después de que por razones de forma había inadmitido la demanda de casación, la decisión de la que discrepo no es legal.

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Magistrado
Fecha ut supra.


1 Casación 23491 del 8 de junio de 2005.



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