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Margarita cabello blanco


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL


Magistrada Ponente:


MARGARITA CABELLO BLANCO


Bogotá, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil doce (2012).


Discutido y aprobado en Sala de 04-12-2012
REF. Exp. T. No. 08001-22-13-00-2012-00578-01
Se decide la impugnación interpuesta contra la sentencia de 22 de octubre de 2012 y aclarada en proveído de 31 del citado mes y año, por medio de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla Sala Civil-Familia, negó la tutela impetrada por Liliana Zapata de la Cruz, quien se presentó como agente oficioso de Jhonatan Iván Ferrer Vergara, frente al Juzgado Segundo de Familia de la misma ciudad, actuación a la que fueron convocados Gisella del Carmen Bertel Ortega y Karen Milagros Muñoz en representación de sus menores hijos “Dilan José Ferrer Bertel y Nahomi Ferrer Muñoz” respectivamente.


ANTECEDENTES

1.- La peticionaria, abogada de profesión, demandó la protección constitucional de los derechos fundamentales de su agenciado al mínimo vital, trabajo, salud y debido proceso, presuntamente vulnerados por el Juzgador encartado, en el juicio de investigación de paternidad iniciado por la señora Gisella del Carmen Bertel Ortega, en representación de su hijo.


2º Arguyó, como fundamento del reclamo, en síntesis, que mediante sentencia proferida por el Juzgado acusado, el 24 de octubre de 2011 dentro del pleito referenciado, fue condenado Jhanathan Iván Ferrer Vergara a pagar alimentos a favor del menor “Dilan José Ferrer Bertel.”
3º Que la decisión fue comunicada el 30 de noviembre de 2011 al Pagador de la Policía Nacional para que realizara los correspondientes descuentos por nómina, los que no pudieron realizarse por ser la información incompleta.
4º Suministrados los datos adecuados, la entidad pagadora contestó que “en cumplimiento al oficio No 1542 de fecha 26 de noviembre de 2011, en el cual se ordena el embargo del salario del señor Jhonatan Iván Ferrer Vergara” empezará a realizar los descuentos a “partir de la nómina del mes de marzo de 2011” sobre el 30% del salario mensual y “primas (junio y navidad), así mismo, se registra el embargo sobre el 30% de las cesantías, como garantía de alimentos futuros…”
4º Que mediante proveído de 9 de abril de 2012 el Juez atacado ordena oficiar a la “Dirección General – Talento Humano” de la reseñada Institución, haciéndole saber que tales deducciones debían efectuarse a partir del mes de “noviembre de 2011”, decisión que viola los derechos invocados, por cuanto, la acreedora alimentaria, debe iniciar para el cobro de las cuotas demanda ejecutiva.
5.- Demandó, en consecuencia, se ordene al Despacho Judicial censurado emitir comunicación al “jefe de talento humano de la Dirección General de la Policía Nacional” para que suspenda “el descuento del 30% del salario que devenga el patrullero Jhonatan Iván Ferrer Vergara” por concepto de retroactivo respecto de las mesadas de noviembre y diciembre de 2011 y enero a mayo del año en curso.

LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ACCIONADA Y DE LOS CONVOCADOS.
La autoridad requerida, se pronunció diciendo que el monto de la mesada “se fijó con fundamento en las necesidades del alimentario y la capacidad económica de” Jhonatan Iván Ferrer Vergara como miembro activo de la “Policía Nacional.”

Que una vez se hicieron las aclaraciones respectivas, mediante el auto cuestionado dispuso oficiar al “Jefe de Talento Humano de la Policía Nacional” para que los descuentos se hicieran desde el mes de noviembre de 2011.


La convocada, Giselle Bertel Ortega, reseña que la abogada accionante, no pude actuar como agente oficiosa puesto que no se encuentran reunidos los requisitos para éste fin consagrados en el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil. Añadiendo que no se dan los elementos fácticos para que prosperen las pretensiones.


LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
El Tribunal negó el amparo, porque “la doctora LILIANA ZAPATA DE LA CRUZ, no tiene poder para actuar en nombre y representación…” de “FERRER VERGARA, ni este se encuentra antes condiciones de indefensión, o de imposibilidad física o mental que le impidan solicitar en nombre propio la protección de sus derechos.” Agregó que ante la ausencia del mandato, se carece de legitimidad para formulación la protección de los derechos fundamentales de los que es titular “Jhonatan Iván.”

LA IMPUGNACION
La interpuso la querellante, insistiendo que puede actuar como agente oficiosa debido a la ausencia de Jhonatan Iván Ferrer Vergara, de conformidad con lo previsto en “el artículo 47 del Estatuto Procesal Civil.”
Así mismo, en el curso de esta instancia presentó un escrito, diciendo que el Juez Constitucional, una vez calificó el mérito de la acción de tutela, no hizo ningún reparo sobre la ausencia del poder, por tanto, debió pronunciarse, manteniendo en secretaría el expediente por el término de ley, para que se aportara el respectivo mandato; incurriéndose en error grave a darle curso a la demanda en esas condiciones.
De igual manera, recalcó que cuando fue notificada del auto que aclaró el fallo, ya había impugnado la sentencia, aportando el poder otorgado por el suplicante subsanando la presunta ilegitimidad. Agregó, que quiso referirse a la aclaración de la sentencia pero el escrito no fue recibido en la secretaría del Tribunal. Por ende, solicita se decreta la nulidad de todo lo actuado y en su lugar se amparen los derechos fundamentales conculcados.

CONSIDERACIONES
1º La acción de tutela es una herramienta jurídica de tramitación breve y preferente, concebida para la protección de los derechos fundamentales cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas y, en veces, de los particulares. En ese sentido, tratándose de providencias y actuaciones judiciales este mecanismo procede de manera excepcional y sólo ante la presencia de un ostensible quebranto que no pueda ser remediado por las vías comunes previstas por el legislador, a menos que se interponga de modo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Señala la Sala, de entrada, que la carencia de legitimación del agente oficioso, invocada en el fallo impugnado para denegarlo, es asunto a estas cotas solventado en virtud al poder que le fuera conferido por Jhonatan Iván Ferrer Vergara (fl. 56, del cuaderno de la primera instancia), el cual fue allegado al proceso en data ulterior a tal pronunciamiento.

2º En el caso sometido a estudio y una vez analizada la documental aportada, concretamente la contestación del juzgador acusado (folios 24 y 25), reiterando que después del fallo, y de haber hecho las aclaraciones del caso, en proveído del 9 de abril de 2012 ordenó oficiar “a la jefe del Grupo de Novedades de Nómina de la Policía Nacional – Dirección de Talento Humano”, haciéndole saber que la sentencia que condenó al pago de alimentos a “Jhonatan Iván Ferrer Vergara” se profirió el “24 de octubre de 2011 y el oficio se remitió en el mes de noviembre de 2011 (las) cuotas deben cancelarse desde” el mes y año citado. Remarcando que nunca ordenó descuento del “30% por concepto de retroactivo”; apreciaciones que son coincidentes con la “inspección judicial” que hiciera el “Juez Constituciona”l al proceso de investigación de paternidad, seguido en el Despacho inculpado (folios 28 y 29)

Infiriéndose que tales decisiones fueron proyectadas en argumentos que de ninguna manera se apartan de consultar reglas mínimas de razonabilidad jurídica, y que efectivamente obedecen a la labor hermenéutica propia del operador judicial, quien, dotado de la libertad de interpretación que la misma Carta Política le otorga, actuó dentro del ámbito de su competencia.
Así las cosas, a pesar de las explicaciones esgrimidas por el actor, se descartan cualquier actuación arbitraria o caprichosa por parte del accionado y, en cambio, se pone de manifiesto el principio de la autonomía de los Jueces, consagrado en los artículos 228 y 230 de la Carta Superior. Así que, la aclaración que en su momento hizo el funcionario Judicial, en relación a que los descuentos debían efectuarse desde el mes de noviembre del año 2011, fecha a partir de la cual cobró ejecutoria el fallo de “investigación de paternidad”, no desborda el límite de lo razonable y por consiguiente, la simple divergencia interpretativa no constituye una vía de hecho.

Ahora, la circunstancia de que el actor no coincida o no comparta con la determinación del Juzgador, de ninguna manera invalida su actuación y mucho menos la hace susceptible de ser modificada por esta senda, cuando de lo que trata, es la protección del interés superior del menor, reiterando que la tutela no es una tercera instancia mediante la cual se pueda acudir a efectos de obtener una solución a los conflictos de mero rango legal, o para debatir tesis jurídicas.


5º - En este orden de ideas se ratificará el fallo impugnado por las razones antes expuestas y no por las que tuvo el Tribunal Ad-quo.

DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se CONFIRMA el fallo cuestionado.
Comuníquese lo resuelto en este fallo a los interesados por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese


FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

MARGARITA CABELLO BLANCO



RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ

JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ




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